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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03745-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03745-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 17 de julio de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por los motivos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: EXHORTAR al Presidente del Tribunal Administrativo de Casanare para que organice mesas de estudio y trabajo, en las que se aborden los aspectos centrales que concurren este tipo de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la autonomía de cada una de las Salas de esa corporación al momento de resolver los casos que se pongan a su consideración. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03745-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03745-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CONCEDE
AMPARO / configuración de defecto sustantivo - indebida interpretación y aplicación
normativa sobre títulos ejecutivos y títulos valores en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo / Defecto procedimental absoluto – desatención de las
normas procedimentales

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la autoridad accionada
contra la sentencia proferida el 17 de julio de 2026 por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se dispuso la protección de
los derechos fundamentales invocados.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 14 de mayo de 2026, el Instituto Financiero de Casanare, a través de su gerente,

instauró acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, en busca de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia.

2. Sostuvo que tales garantías fueron vulneradas con ocasión de los autos del 21 de

agosto y 4 de diciembre de 2025 proferidos por las autoridades accionadas al interior
del proceso ejecutivo1 que promovió el instituto en contra de Neffer Yamid Gutiérrez
Sandoval y Audrey Pérez Salgado, con el propósito de obtener el pago de un capital
representado en un pagaré suscrito para garantizar un crédito a título de mutuo que
les fue otorgado.

1 Identificado con radicado número 85001-3333-001-2025-00123-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03745-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3. Inicialmente el conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Primero Civil

Municipal de Yopal, el cual, mediante auto del 11 de julio de 2022, libró mandamiento
de pago.

4. En atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto 1354 de 2024, a

través de proveído del 28 de noviembre de ese mismo año, el aludido despacho
declaró la falta de jurisdicción y, en consecuencia, dispuso remitir el expediente a los
juzgados administrativos de Yopal, con la precisión de que todo lo actuado
conservería validez, conforme lo establecido en el artículo 16 del CGP.

5. El proceso fue asignado al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal,

el cual, por auto del 21 de agosto de 2025, avocó conocimiento y decidió no seguir
adelante con la ejecución. Consideró que el título cuya ejecución se pretendía se
trataba de uno complejo, por lo que el pagaré debía estar acompañado del contrato
de mutuo por escrito. Al encontrar que este último no fue aportado, estimó que el
título no se constituyó en debida forma. Por consiguiente, ordenó el levantamiento
de las medidas cautelares decretadas, así como el archivo del expediente.

6. Contra la decisión anterior, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y,

en subsidio, apelación. El primero fue resuelto desfavorablemente a través de auto
del 4 de septiembre de 2025, providencia en la que además se concedió la alzada
ante el Tribunal Administrativo de Casanare.

7. Dicha corporación, mediante auto del 4 de diciembre de 2025, confirmó la decisión

recurrida. Señaló que el Instituto Financiero de Casanare se encuentra sometido al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado. Por lo tanto,
en su criterio, los contratos celebrados para el desarrollo de su objeto se rigen por el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme el cual los
contratos estatales deben constar por escrito. En ese orden, estimó que el
mandamiento de pago solo podía librarse si el título ejecutivo estaba integrado no
solo por el pagaré, sino también por el contrato de mutuo.

8. Como fundamento de la presente acción, la parte accionante sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

9. Violación directa de la Constitución, puesto que, bajo el supuesto de integrar un

título ejecutivo complejo, los falladores realizaron una interpretación arbitraria que
restringió injustificadamente el derecho de acción.

10. Señaló además que dicha conclusión desconoce las reglas fijadas por la Corte

Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, en los que se precisó
que: (i) las empresas industriales y comerciales del Estado, en el desarrollo de sus
actividades comerciales y contractuales, se rigen por el derecho privado y, por tanto,
al momento de otorgar el crédito no es exigible un contrato escrito, pues de
conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil el contrato se perfecciona
con la entrega del dinero; y, (ii) el pagaré incorpora una obligación clara, expresa y

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exigible y constituye un título ejecutivo susceptible de ejecución ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo, en los términos del numeral 3 del artículo 297 del
CPACA. Indicó que ese criterio fue reiterado por el Alto Tribunal en auto 1455 del 17
de septiembre de 2025.

11. Defecto fáctico, al restarle mérito ejecutivo al pagaré aportado con la demanda,

pese a que este constituye un título autónomo que contiene una obligación clara,
expresa y exigible, por lo que no requiere un contrato de mutuo escrito para su
conformación.

12. Arguyó que el Tribunal partió de una premisa equivocada al asumir que todos los

contratos estatales se rigen exclusivamente por la Ley 80 de 1993, sin considerar
que algunos se someten al derecho privado. Explicó que dada la naturaleza jurídica
del Instituto Financiero de Casanare como empresa industrial y comercial del Estado,
su régimen se encuentra previsto en el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 y que el
otorgamiento de créditos, como actividad propia de su objeto, se rige por el derecho
privado, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo
93 de la Ley 1474 de 2011.

13. En ese sentido, afirmó que el contrato de mutuo objeto del proceso se rige por las

normas de derecho privado, en particular por los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, según los cuales dicho contrato se perfecciona con la entrega de la cosa
fungible y no mediante su formalización por escrito.

14.En ese orden, argumentó que las autoridades accionadas desconocieron la
exigibilidad del pagaré e impusieron un requisito no previsto en el ordenamiento
jurídico, al exigir un contrato de mutuo por escrito.

15. Defecto sustantivo, por omitir aplicar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución;

99 y 297 de la Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474
de 2011, 2221 y 2222 del Código Civil; 619 y 709 del Código de Comercio y 16 del
Código General del Proceso.

16. Expuso que tanto el CGP como el CPACA reconocen mérito ejecutivo a los
documentos provenientes del deudor que constituyan plena prueba en su contra.
Añadió que, en particular, este último cuerpo normativo extiende esa fuerza ejecutiva
a cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual que contenga
obligaciones claras, expresas y exigibles.

17. Reprochó, además, que el juez de primera instancia sustentara su decisión en el

hecho de no haberse aportado el pagaré original, sin siquiera efectuar un
requerimiento al despacho que conoció previamente de ese asunto. Aseveró que la
demanda se radicó en el 2022 y, por ende, el proceso fue tramitado de forma inicial
bajo la escrituralidad, por lo que el documento reposaba en el expediente físico.

18. Señaló que al decidir no seguir adelante con la ejecución, el a quo también pasó

por alto que el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal ya había librado

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mandamiento de pago, desconociendo que lo actuado previo a la declaratoria de
falta de jurisdicción conservaba plena validez.

19. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un contrato de

mutuo escrito para integrar un supuesto título ejecutivo complejo, con fundamento
en una interpretación contraria al ordenamiento jurídico. Destacó que la inexistencia
de un contrato escrito no obedeció a una omisión de la entidad demandante, sino al
régimen jurídico que le es aplicable.

20. Resaltó que la decisión del Tribunal no fue unánime. Uno de los magistrados salvó

voto, al considerar que: (i) la regla fijada por la Corte Constitucional no exige la
conformación de un título ejecutivo complejo, (ii) el cambio de jurisdicción no puede
alterar la naturaleza del derecho sustancial y (iii) el título valor es exigible de manera
autónoma en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

B. Sentencia de primera instancia

21. Mediante fallo del 17 de julio de 2026, la Sección Segunda, Subsección A del

Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia de la parte actora, al considerar acreditada la
configuración de un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente.

22. Respecto al primero, estimó que la autoridad accionada realizó una lectura aislada

de las normas aplicables, al limitar su análisis a las disposiciones contenidas en la
Ley 80 de 1993, sin considerar las normas especiales que regulan la naturaleza de
la entidad, su régimen contractual y la posibilidad de acudir a las formas negociales
propias del derecho privado. Explicó que ese ejercicio hermenéutico habría llevado
a concluir que no era necesario aportar el contrato de mutuo por escrito para librar
mandamiento de pago, dado que este se perfeccionó con la entrega de la cosa.

23. Aunado a lo anterior, consideró que el Tribunal se apartó de los criterios fijados

por la Corte Constitucional para el tratamiento de casos similares, a través de los
autos 1609, 1622, 1705, 2014 de 2024 y 821 y 1455 de 2025. En criterio de la Sala,
dichas providencias resultaban de obligatorio cumplimiento para la resolución del
asunto cuestionado, dado que en ellas se determinó que los procesos ejecutivos
adelantados por el IFC con fundamento en pagarés derivados de contratos de mutuo
deben ser conocidos por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sin que sea
exigible allegar el contrato escrito para integrar el título ejecutivo, cuando la
obligación se encuentra incorporada en un pagaré.

24. Con fundamento en lo expuesto, amparó los derechos fundamentales invocados

por la parte accionante y, en consecuencia, ordenó al Tribunal Administrativo de
Casanare que, en el término allí indicado, emitiera una nueva decisión que tuviera
en cuenta el régimen jurídico aplicable a la contratación del IFC, la naturaleza del
contrato de mutuo que sirve de negocio jurídico subyacente al pagaré y la
jurisprudencia constitucional aplicable a la materia.

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C. Impugnación

25. La autoridad accionada arguyó que el juez de primera instancia no debió analizar

el fondo del asunto, toda vez que no satisface el requisito general de relevancia
constitucional. Mencionó que, en casos similares, el Consejo de Estado ha
determinado que la controversia propuesta no supera ese presupuesto, en tanto su
finalidad es emplear el mecanismo de amparo como una instancia adicional al
proceso ordinario, en busca de reabrir un debate estrictamente económico.

26. Sin perjuicio lo anterior, sostuvo que no incurrió en los defectos que le fueron

endilgados, puesto que la decisión que adoptó se fundamentó en el análisis del
acervo probatorio obrante en el plenario, así como en el marco normativo aplicable.

27. Afirmó que en los autos que se tuvieron como desconocidos se resolvieron
conflictos de competencia entre jurisdicciones, pero no se fijó alguna regla sobre el
régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por el IFC. Por tanto, considera
que no constituían precedente para el caso sometido a su consideración.

28. Agregóque en la actualidad no existe una posición uniforme respecto a la
conformación del título ejecutivo en los casos en que se pretende una ejecución
derivada de un contrato de mutuo celebrado por las empresas industriales y
comerciales del Estado, por cuanto la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
han defendido tesis opuestas.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

29. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

30. Se confirmará el fallo impugnado, pero por las razones que se exponen a
continuación.

31. Esta Subsección coincide con el a quo en que el presente asunto satisface los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en particular, el presupuesto atinente a la relevancia constitucional.

32. Lo anterior, no solo porque la demanda cumple con la carga argumentativa
exigida, en tanto identifica de forma clara y concreta los motivos de la violación que
se atribuyen a la providencia objetada, sino también porque el debate propuesto
trasciende la esfera de lo constitucional. La controversia gira en torno a la presunta

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03745-01
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indebida interpretación y aplicación de las disposiciones que regulan las categorías
jurídicas de “título ejecutivo” y “título valor” en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, entendimiento que sirvió de fundamento para abstenerse de
continuar con el trámite ejecutivo y, por ende, impidió que la parte ejecutante
obtuviera un pronunciamiento sobre la satisfacción de la obligación reclamada, lo
que, de llegar a constatarse, tendría la entidad de impactar de forma directa el
ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso de la tutelante. Por lo tanto, la discusión suscitada involucra un
eventual desconocimiento de tales garantías ante una interpretación que determinó
la exigencia de requisitos cuya razonabilidad debe ser valorada por el juez de tutela.

33. Si bien la autoridad accionada pretendía desvirtuar el cumplimiento de dicho
requisito con fundamento en las decisiones referidas en el escrito de impugnación,
ninguna de ellas fue adoptada por esta Subsección y, en esa medida, no resultan
vinculantes para la Sala, ni pueden erigirse como parámetro obligatorio para resolver
la controversia que aquí se examina.

34. Ahora,en cuanto a las causales específicas de procedibilidad, contrario a lo
considerado por el a quo, la Sala encuentra acreditada la configuración de un
defecto sustantivo, más que un desconocimiento del precedente propiamente dicho.

35. Los reparos de la parte accionante se originan principalmente en la interpretación

que efectuaron las autoridades judiciales accionadas sobre las disposiciones que
regulan la ejecución de títulos ejecutivos ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, así como la relativa a los títulos valores.

36. Según se expuso, ese ejercicio interpretativo conllevó a una indebida
caracterización del título cuya ejecución se perseguía, al desconocimiento del
régimen aplicable al contrato de mutuo celebrado por una empresa industrial y
comercial del Estado, a la inobservancia de los criterios fijados por la Corte
Constitucional al resolver conflictos de jurisdicción sobre esta materia y a una
valoración errónea de los documentos aportados con la demanda, al exigir requisitos
adicionales no previstos en el ordenamiento jurídico para reconocerles mérito
ejecutivo.

37. Bajo ese escenario, esta Subsección centrará su análisis en el presunto defecto

sustantivo, pues a partir la interpretación que las autoridades accionadas realizaron
de las normas que regulan los títulos ejecutivos se derivan los demás reproches
formulados por la parte actora.

38. Por lo tanto, el estudio se circunscribirá a establecer si la interpretación efectuada

por el Tribunal2 resulta compatible con las normas cuya inaplicación o entendimiento

2 Si bien la parte actora cuestionó tanto el auto dictado por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de

Yopal, como el proveído por medio del cual el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó esa decisión, el
análisis debe concentrarse en esta última providencia por ser la que resolvió de manera definitiva el asunto.

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errado atribuye la parte ejecutante a las providencias censuradas, en especial, los
artículos 197, numeral 3 de la Ley 1437 de 2011 y 619 del Código de Comercio.

39. A efectos de determinar la configuración de dicho yerro, resulta indispensable

delimitar el marco normativo aplicable al caso concreto, pues solo a partir de las
disposiciones que regulan la materia es posible analizar si la interpretación acogida
por las autoridades judiciales accionadas se ajustó al ordenamiento jurídico o si, por
el contrario, se apartó de su contenido y alcance. Para dicho ejercicio, debe tenerse
en cuenta que la controversia sometida a conocimiento de las autoridades
accionadas se originó en un proceso ejecutivo promovido por el Instituto Financiero
de Casanare (IFC) para obtener el pago de una obligación dineraria representada
en un pagaré.

40. Sobre el particular, el artículo 297 del CPACA establece que los documentos que

constituyen título ejecutivo son, entre otros, “los contratos, los documentos en que
consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare
su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas
y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”. De esa
disposición, se desprende con claridad que el legislador reconoció el carácter
ejecutivo a cualquier acto expedido con ocasión de la actividad contractual que
incorpore una obligación con las características exigidas por ley.

41. Con el fin de desatar el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de
Casanare hizo referencia a dicha norma. A su vez, aludió el artículo 422 del Código
General del Proceso que prevé que “Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante”.

42. A partir de ese marco normativo, el fallador determinó que debía establecerse si

los documentos allegados con la demanda conformaban un título ejecutivo y, en
caso afirmativo, si se trataba de uno simple o complejo.

43. Examinado el acervo probatorio, encontró que la entidad demandante pretendía

ejecutar un pagaré, junto con su carta de instrucciones, los cuales daban cuenta de
una relación derivada de un contrato de mutuo. Bajo esa premisa fáctica, consideró
que el título ejecutivo debía integrarse no solo con el pagaré, sino también con el
correspondiente contrato de mutuo, documento en el que debía constar la
manifestación de voluntad del Instituto Financiero de Casanare.

44. Para tal efecto, precisó que la entidad ejecutante se trataba de una empresa de

Gestión Económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las
empresas industriales y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de
1998. Por ende, estimó que los contratos que celebre para el desarrollo de su objeto
se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación, que imponen
que los contratos estatales deben constar por escrito.

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45. Lo anterior, bajo la consideración según la cual “corresponde a la jurisdicción

contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos en los
que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen contratos
estatales. Por ello, se requiere demostrar la causa subyacente del origen público de
los recursos”.

46. Señaló que si bien en el caso concreto se aportó el título valor y su carta de

instrucciones, dichos documentos no correspondían al contrato de mutuo y de su
clausulado tampoco se desprendía su existencia, ni los términos y las condiciones
en las que se obligaban cada una de las partes.

47.Explicó que aunque el pagaré respaldaba las obligaciones derivadas de un
contrato celebrado por una entidad estatal, era indispensable acreditar la existencia
del contrato para verificar la identidad de las partes y que las excepciones sean
oponibles en el proceso ejecutivo.

48. A partir de esas consideraciones, la autoridad accionada concluyó que, al no

haberse allegado el contrato fuente de la obligación, no se configuraba el título
ejecutivo complejo exigible para promover la ejecución ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, lo que imponía confirmar la determinación de no seguir
adelante con la ejecución.

49. Para esta Sala, ese razonamiento parte de una lectura parcial del marco
normativo aplicable. Si bien el Tribunal acudió al artículo 297 del CPACA para
identificar los documentos que prestan mérito ejecutivo ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, omitió considerar que el numeral 3 de esa misma
disposición no restringe esa calidad a los contratos estatales y a los documentos
que los integran, sino que también reconoce fuerza ejecutiva a “cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual” en el que consten obligaciones
claras, expresas y exigibles. Lo anterior, imponía examinar si el pagaré aportado con
la demanda podía subsumirse en dicho supuesto, antes de concluir que,
necesariamente, debía integrarse con el contrato de mutuo para conformar un título
ejecutivo complejo.

50. A esa omisión se suma que la autoridad enjuiciada no realizó un análisis
específico sobre la normativa en torno al documento cuya ejecución se pretendía.
Pese a que la demanda ejecutiva se fundó en un pagaré, la providencia prescindió
de examinar las disposiciones del Código de Comercio que regulan los títulos
valores, en particular el artículo 619, conforme al cual estos incorporan un derecho
literal y autónomo cuyo ejercicio se legitima mediante el propio documento.

51. En virtud de los principios de incorporación, literalidad, autonomía, abstracción y

circulación que caracterizan esta clase de instrumentos, el derecho incorporado en
el título es independiente de la relación causal que le dio origen, razón por la cual
su exigibilidad no depende de la acreditación del negocio jurídico subyacente.

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52. No obstante, la decisión centró su análisis exclusivamente en la relación
contractual subyacente y en la figura del título ejecutivo complejo, sin valorar la
incidencia que la naturaleza jurídica del pagaré podía tener en la determinación de
su aptitud ejecutiva dentro del proceso.

53. Por consiguiente, la exigencia de la autoridad accionada limita el alcance de los

títulos valores para ser objeto de ejecución en sede judicial y desborda los
parámetros de la razonabilidad jurídica, al acoger una interpretación que
desnaturaliza este tipo de documentos, que, dada su naturaleza, incorporan un
derecho y son autónomos de la relación causal en virtud de la cual fueron creados.

54. Bajo ese escenario, carece de sustento legal la exigencia atinente a que se deba

aportar el contrato de mutuo para que, junto con el pagaré, constituya un título
ejecutivo complejo. Lo procedente era examinar el pagaré a la luz de las
disposiciones que regulan los títulos valores y determinar si, por sí mismo,
incorporaba una obligación clara, expresa y exigible, en los términos previstos en el
artículo 422 del Código General del Proceso y el artículo 297 del CPACA.

55. Esa conclusión encuentra respaldo en el auto A-2014 de 2024, en el cual, al dirimir

el conflicto de jurisdicción suscitado respecto de este tipo de procesos ejecutivos, la
Corte Constitucional examinó la naturaleza jurídica del negocio subyacente al
pagaré y precisó que, aunque este deriva de un contrato estatal, razón por la cual
se asignaba la competencia a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
tratándose de una empresa industrial y comercial del Estado sometida al régimen
de derecho privado, conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y al
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el otorgamiento del crédito no exige la
celebración de un contrato escrito. Explicó que, de conformidad con los artículos
2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por remisión del Código
de Comercio, dicho contrato se perfecciona con la entrega del dinero objeto del
préstamo.

56. En ese mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el pagaré cuya ejecución

se pretendía constituía “un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA”. Así, el
Alto Tribunal reconoció expresamente que ese título valor, por sí mismo, satisfacía
las exigencias legales para servir de fundamento a la acción ejecutiva, sin
supeditarlo a que mediara un contrato de mutuo por escrito.

57. Si bien su finalidad consistió en resolver un conflicto de jurisdicción, en dicha

providencia también se analizó la naturaleza del pagaré y del contrato de mutuo,
consideraciones que merecen especial atención de cara al problema jurídico
planteado en el presente asunto. Allí, se determinó que, en casos como el que ahora
se examina, los pagarés constituían un título ejecutivo, sin que se requiriera para tal

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propósito aportar el contrato de mutuo que le dio origen, máxime cuando no se tenía
certeza de su existencia.

58. Visto lo anterior, no resulta admisible para esta Sala que el criterio fijado por la

Corte Constitucional para definir la competencia en este tipo de controversias sea
acogido por el juez de lo contencioso-administrativo para asumir su conocimiento,
pero, a su vez, se abstenga de continuar con el trámite ejecutivo bajo exigencias
adicionales que la propia Corte indicó que no eran indispensables para la exigibilidad
del título.

59. Entre otras cosas, porque lo que ha indicado el Alto Tribunal es que, si la entidad

estatal es acreedora de una obligación y funda su reclamo en un título valor, lo que
se puede suponer de esa situación es que subyace una relación contractual, que
determina la asignación de la competencia a la jurisdicción contencioso-
administrativa, sin que ello implique una habilitación para hacer exigencias como las
fijadas en la providencia cuestionada.

60. Por lo tanto, no le era dable al juez de la causa exigir un requisito adicional no

previsto en la ley, que, además, posiblemente no exista en razón al giro ordinario de
los negocios de este tipo de entidades y con base en dicha exigencia de imposible
cumplimiento coarte la posibilidad de la parte actora de poder ejecutar vía judicial un
título valor, el cual -como ya se anotó- no requiere de documento adicional en tanto
incorpora per se un derecho.

61. Ese entendimiento al que arribó la autoridad accionada a partir de un ejercicio

interpretativo apartado de las normas sustanciales que regulan la materia, a juicio
de esta Subsección, además, conllevó al desconocimiento a las reglas de
procedimiento aplicables en los eventos en que un proceso es remitido a otra
jurisdicción como consecuencia de la declaratoria de falta de jurisdicción, que
constituyó uno de las objeciones planteadas por la parte actora en el escrito de
tutela.

62. El artículo 16 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, prevé

que cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los
factores subjetivo o funcional, las actuaciones surtidas conservarán su validez, con
excepción de la sentencia que eventualmente se hubiere proferido, la cual deberá
invalidarse.

63. En consonancia con esa disposición, el artículo 138 ibidem establece que, una

vez declarada la falta de jurisdicción, el proceso debe remitirse de inmediato al juez
competente, sin que ello afecte la validez de las actuaciones procesales adelantadas
hasta ese momento.

64. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, para el momento en que el proceso

ejecutivo fue remitido a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ya se había
librado mandamiento de pago.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03745-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

65. No obstante, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal, luego de

avocar conocimiento del asunto, so pretexto de ejercer el control de legalidad, se
abstuvo de seguir adelante con la ejecución con fundamento en la exigencia
previamente censurada por esta Sala y, en consecuencia, ordenó el archivo del
expediente.

66. Si bien no dejó sin efectos de manera expresa la actuación surtida en la
jurisdicción ordinaria, lo cierto es que, al abstenerse de continuar con el trámite, en
la práctica, le restó eficacia al mandamiento de pago. Así, aunque formalmente se
reconoció la validez de tal actuación, materialmente se desconocieron sus efectos
jurídicos, en contravía del mandato contenido en los artículos 16 y 138 del CGP;
irregularidad que terminó siendo convalidada por el Tribunal Administrativo de
Casanare en el auto del 4 de diciembre de 2025.

67. En las condiciones anotadas, la Sala concluye que la providencia adoptada por

el Tribunal enjuiciado no solo concreta un defecto sustantivo, por la interpretación
irracional de las normas sustanciales, sino también un yerro de tipo procedimental
absoluto, al haberse actuado al margen del procedimiento establecido para tales
efectos.

68. En esos términos, se confirmará la sentencia del 17 de julio de 2026 dictada por

la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se
dispuso la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de la parte actora.

69. La Sala considera pertinente llamar la atención al Tribunal Administrativo de
Casanare para que, a futuro, al resolver controversias en las que se pretenda la
ejecución de un título valor a favor de una empresa industrial y comercial del Estado,
tenga en cuenta las decisiones que han sido proferidas por esta Corporación y,
particularmente, por esta Subsección3, en asuntos similares al que se analiza en
esta oportunidad. Ello, con el fin de que, a partir de los criterios que han motivado la
intervención del juez constitucional, efectúe una reflexión más rigurosa acerca de la
forma en que deben ser abordadas este tipo de controversias.

70.En consonancia con lo anterior, se exhortará al Presidente del Tribunal
Administrativo de Casanare para que organice mesas de estudio y trabajo, en las
que se aborden los aspectos centrales que concurren este tipo de controversias. Lo
anterior, sin perjuicio de la autonomía de cada una de las Salas de esa corporación
al momento de resolver los casos que se pongan a su consideración.

3 Al respecto, ver sentencias del 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-02214-00, CP. José Roberto

Sáchica Méndez; 8 de mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-01869-00, CP. Zoranny Castillo Otálora; 8 de
mayo de 2026, exp. 11001-03-15-000-2026-00997-01 CP. Zoranny Castillo Otálora; 28 de mayo de 2026, exp.
11001-03-15-000-2026-00021-01, CP. Zoranny Castillo Otálora; y 9 de julio de 2026, exp. 11001-03-15-000-
2026-04330-00, CP. José Roberto Sáchica Méndez.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03745-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

71. Lo anterior, habida cuenta de la multiplicidad de asuntos de esa misma naturaleza

que, de manera reciente, han sido sometidos a consideración del juez de tutela y en
los cuales se ha concedido el amparo solicitado, precisamente en razón a la manera
en que el Tribunal ha venido dirimiendo ese tipo de conflictos.

72. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 17 de julio de 2026 por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero por los motivos expuestos en
la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al Presidente del Tribunal Administrativo de Casanare
para que organice mesas de estudio y trabajo, en las que se aborden los aspectos
centrales que concurren este tipo de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la
autonomía de cada una de las Salas de esa corporación al momento de resolver los
casos que se pongan a su consideración.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

4 VF

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