República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-07910-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07910-01 (12548)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso ejecutivo. Subtema
2: contrato de mutuo. Subtema 3: defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare (IFC) contra la
sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
1. Síntesis del caso
El Instituto Financiero de Casanare presentó escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias del 3 de febrero de 2025 y el 12 de junio de 2025, proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente, en el proceso ejecutivo con radicado núm. 85001-33-33-005-
2024-00071-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07910-01 (12548)
Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
2.
El Instituto Financiero de Casanare (IFC), según el Decreto 107 de 1992,
modificado por el Decreto 073 de 2002, es una empresa comercial y de gestión
económica del departamento de Casanare, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, cuyo régimen de sus actos y contratos se rige por lo
dispuesto en los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998, el artículo 14 de la Ley
1150 de 2007, modificado y el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
3. La referida institución tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y
social del departamento de Casanare, entre otros, a través de la prestación de
servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos. Así pues, dentro del
giro ordinario de sus negocios y, conforme a las reglas de derecho privado, en
desarrollo de su actividad comercial otorga créditos de fomento y educación a
personas de escasos recursos, los cuales se respaldan con pagarés y cartas de
instrucciones.
4. El IFC presentó demanda ejecutiva contra los señores Angy Katerine Fajardo
Sánchez y Juan de Dios Nocua Solano, con el objeto de obtener el pago de la
obligación crediticia contenida en el pagaré núm. 4120650 del 14 de noviembre de
2019. Adicionalmente, solicitó como medidas cautelares de embargo la retención
de los saldos de dinero de las cuentas corrientes o de ahorro de la parte
demandada.
5. El Juzgado Segundo Municipal de Yopal, mediante auto del 20 de mayo de
2024, inadmitió la demanda y requirió que se informara la naturaleza de la entidad
demandante y se aclarara si el título valor a ejecutar se derivaba de un contrato
estatal, de mutuo o de préstamo.
6. Mediante auto del 15 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal declaró la falta de jurisdicción, rechazó la demanda y ordenó remitir la
actuación a los juzgados administrativos de Yopal, al considerar que la circunstancia
de que el mutuo fuera un contrato comercial no significaba la asignación de
competencia en cabeza del juez civil municipal, pues, aunque no había discusión
sobre su tipicidad contractual, lo cierto era que se trataba de un contrato estatal, en
la medida en que uno de los intervinientes era una entidad estatal, no vigilada por
la Superfinanciera.
7. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, mediante auto del 2 de agosto de
2024, declaró la falta de jurisdicción.
8. La Corte Constitucional, mediante Auto 1619 de 2024 determinó, «DECLARAR
que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal es la autoridad
competente para conocer la demanda ejecutiva (…)».
9. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, en auto del 3 de febrero de 2025,
negó el mandamiento de pago solicitado por el IFC, al considerar que el título
derivado del crédito otorgado al deudor era de carácter complejo y que no se aportó
2
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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
el contrato de mutuo, motivo por el cual no era posible determinar que la obligación
contenida en el título valor fuera clara, expresa y actualmente exigible.
10. El IFC presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
anterior decisión. El juzgado de conocimiento, por auto del 27 de febrero de 2025,
resolvió no reponer la decisión y concedió la apelación ante el superior funcional.
11.
El Tribunal Administrativo de Casanare, a través de providencia del 12 de junio
de 2025, confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
12. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL en auto emitido en fecha 03 de febrero de 2025 y su confirmatorio, emitido el
12 de junio de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del
proceso 85001-33-33-005-2024-00071-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 03 de
febrero de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 12 de junio de 2025, dentro
del medio de control 85001-33-33-005-2024-00071-00, por encontrarse tales
decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al
pagare 4120650 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato
de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de
régimen civil, y tener por no aportado el original del pagare, pese a que a la luz del
artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán en forma de mensaje
de datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por defecto sustancial dado el
sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical
y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y
al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que
en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir
de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas,
para que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL, libre mandamiento de pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra de los demandados ANGY KATERINE FAJARDO SÁNCHEZ
Y JUAN DE DIOS NOCUA SOLANO, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-
2024-00071-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir
requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07910-00, índice 2.
3
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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo
autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en
lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la
presente acción..
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido2.
13.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
providencias objeto de tutela incurrieron en violación directa de la Constitución
porque realizaron una interpretación arbitraria, contraria a los artículos 29 y 228
superiores, al negarse a librar mandamiento de pago, bajo el argumento de la
necesidad de integrar un título complejo.
14. Agregó que las decisiones cuestionadas desconocen los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima, pues el accionante
durante más de dos décadas ha procedido con buena fe a otorgar créditos sin
suscribir contrato escrito de mutuo, por estar acogido a las reglas del derecho
privado que rigen la materia.
15. Por otra parte, consideró que se configuró un defecto fáctico, ya que los autos
acusados efectuaron una valoración defectuosa del material probatorio aportado al
proceso ejecutivo, pues no tuvieron en cuenta que el pagaré núm. 4120650 del 14
de noviembre de 2019 y la carta de instrucciones, contienen una obligación clara,
expresa y exigible. De manera que se constituyen en título ejecutivo autónomo.
16. Asimismo, indicó que las autoridades judiciales omitieron verificar la
naturaleza jurídica de la entidad demandada y el régimen de derecho privado que
rige su actividad comercial.
17. Añadió que los jueces accionados le impusieron la carga probatoria
desproporcionada de configurar un título ejecutivo complejo, consistente en aportar
el contrato de mutuo junto con el pagaré y la carta de instrucciones, sin tener en
cuenta que el ejercicio de esta actividad comercial, con base en la normativa que
rige el derecho privado no exige contrato escrito. De modo, que la negativa de librar
mandamiento de pago es arbitraria e injusta.
18. De otro lado, afirmó que las providencias objeto de tutela incurrieron en un
defecto sustantivo porque no realizaron una interpretación integral del ordenamiento
jurídico que regula el régimen contractual de las empresas industriales y
comerciales del estado, toda vez que no dieron aplicación a los contenidos de las
siguientes normas: el artículo 297 numeral 3, y el artículo 99, numeral 5 del CPACA;
2 Se transcribe incluso con errores
4
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Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998; el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007;
el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, y
los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.
19. Explicó que la Corte Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de
2025, al dirimir un conflicto de competencias entre dos juzgados de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa para conocer un proceso
ejecutivo promovido por el, hoy tutelante, en su parte considerativa determinó que
el IFC se rige por el derecho privado en el desarrollo de sus actividades comerciales
y en su contratación. Así pues, al autorizar los créditos no debía mediar un contrato
escrito dado que, conforme con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, bastaba
la entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del negocio
jurídico.
20. Adicionalmente, precisó que la obligación perseguida en el proceso ejecutivo
estaba contenida en un pagaré, el cual constituye título ejecutivo conforme al
numeral 3 del artículo 297 del CPACA.
21. Destacó que uno de los magistrados del Tribunal, en su salvamento de voto,
realizó un análisis detallado sobre las características del título y la ejecutividad
autónoma del pagaré dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa con los
cuales consideró procedente tramitar el proceso ejecutivo promovido por el IFC.
22. Finalmente, manifestó que las autoridades incurrieron en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir documentos adicionales al
pagaré y omitir la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades
procesales.
2.3. Trámite procesal
23. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 16 de diciembre de 20253, admitió la demanda, ordenó
la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Tribunal Administrativo del
Casanare y al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, vinculó al Juzgado Segundo
Civil Municipal de Yopal y a los señores Angy Katerine Fajardo Sánchez y Juan de
Dios Nocua Solano, en su condición de terceros con interés, y negó la medida
cautelar solicitada por la parte actora.
2.4. Intervenciones
24. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal4 remitió, a esta corporación, el
expediente del proceso ejecutivo, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones
del escrito de tutela.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07910-00 índice 5.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07910-00 índice 9, certificado E213EAECC3FD7CE7
AE465A4C57E1E44E E6D3CB2754657186 A9885F5684DC0427.
5
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25. El Tribunal Administrativo de Casanare5 rindió informe en el que afirmó que la
providencia objeto de tutela se ajustó a lo previsto por las normas y jurisprudencia
aplicables, pues el título que el IFC solicitó ejecutar era de carácter complejo, toda
vez que la acreencia plasmada en el pagaré núm. 4120650, suscrito con la parte
ejecutada, deviene de la celebración de un contrato de mutuo, cuyo acuerdo de
voluntades que no fue aportado por la entidad accionante y sin el cual no era posible
determinar con certeza las obligaciones allí contenidas. Sumado a que la parte
ejecutante tampoco aportó el título valor en original, como se exigía para su cobro.
26. Además, consideró que la solicitud de amparo no reúne los presupuestos de
procedencia contra providencia judicial.
27. Los vinculados en calidad de terceros con interés guardaron silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
28. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia
del 12 de febrero de 20266, negó las pretensiones de la acción de tutela, bajo las
consideraciones que a continuación se relacionan.
29. Indicó que el Tribunal Administrativo de Casanare basó su decisión en una
interpretación razonada del marco normativo aplicable, según el cual, tratándose de
entidades estatales, los negocios jurídicos que respaldan operaciones de mutuo
deben constar por escrito, en virtud de lo dispuesto en los artículos 39 y 75 de la
Ley 80 de 1993.
30. Asimismo, estimó que el Tribunal, al confirmar la decisión de primera instancia,
acudió a una aplicación válida de las disposiciones que rigen la contratación y el
proceso ejecutivo ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, pues señaló
que el numeral 3 del artículo 297 del CPACA prevé que solo constituyen título
ejecutivo los contratos estatales, las garantías que los respalden, el acto que declare
su incumplimiento, el acta de liquidación o cualquier otro acto contractual en el que
consten obligaciones claras, expresas y exigibles.
31. Señaló que el Tribunal sostuvo que, conforme al artículo 422 del CGP
únicamente eran demandables ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y
exigibles contenidas en documentos que provengan del deudor y constituyen plena
prueba contra él, lo que para el caso concreto era el contrato de mutuo por escrito
que respaldaba la garantía plasmada en el pagaré núm. 4120650 del 14 de
noviembre de 2019. Tal razonamiento, a juicio del a quo, no podía catalogarse como
arbitrario ni irrazonable o carente de sustento, sino que constituía el resultado de la
aplicación de las normas pertinente a las circunstancias del caso.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-07910-00 Incide 11, certificado 68740922FD96A354
CD225BBF837B981E 6DF3339DA4D3BAC6 7A20F650B887E501.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07910-00 índice 12, certificado núm. A3276FCD889AD230
F731FCDA2CB96FAC 11B8560FBCD7C99B 4ADF3FBB3837BDC6.
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32. Por lo tanto, adujo que la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación razonada de las disposiciones normativas y de las circunstancias
fácticas del proceso, para proferir el auto del 12 de junio de 2025 que confirmó negar
el mandamiento de pago por no cumplirse los requisitos del título valor complejo,
pues quedó acreditado que solo se aportó con la demanda ejecutiva el pagaré y su
carta de instrucciones sin que estuviera respaldado por un contrato de mutuo, más
si se tenía en cuenta que una de las partes es una entidad de naturaleza pública
para lo cual se le obliga la realización o suscripción de contratos por escrito y no de
forma consensuada como lo manifestó la parte actora.
33. Así las cosas, concluyó que, en virtud del principio de autonomía e
independencia judicial, no le correspondía al juez constitucional sustituir la
interpretación jurídica adoptada por el juez natural en ejercicio de su competencia,
salvo que esta resultara arbitraria, irrazonable o manifiestamente contraria al
ordenamiento.
2.6. Impugnación
34.
La parte actora presentó impugnación7 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Destacó que contra lo afirmado por el juez
de primera instancia, la acción de tutela no se trata de una simple discrepancia
interpretativa, pues las decisiones objeto de tutela son arbitrarias e incurrieron en
defectos fácticos, sustanciales y procedimentales, al imponer exigencias que
desconocen la naturaleza jurídica de la entidad y del negocio subyacente.
35. En particular, cuestionó que los jueces hayan exigido la existencia de un
contrato de mutuo por escrito para otorgar mérito ejecutivo a un pagaré, aplicando
indebidamente reglas de la Ley 80 de 1993. Afirma que el IFC, como empresa
industrial y comercial del Estado que desarrolla actividades en competencia, se rige
por el derecho privado, por lo que el contrato de mutuo es de carácter consensual y
se perfecciona con la entrega del dinero, sin necesidad de formalidades escritas. En
consecuencia, considera irrazonable negar la ejecución de un título valor que
contiene una obligación clara, expresa y exigible.
36. Señaló que esta interpretación desconoce la autonomía y literalidad de los
títulos valores, así como precedentes constitucionales sobre la materia, e impone
cargas imposibles que impiden hacer efectivas las obligaciones crediticias. A su
juicio, ello configura un exceso ritual manifiesto que restringe injustificadamente el
acceso a la justicia y vacía de contenido los derechos fundamentales de la entidad.
37. Por lo demás, insistió en los argumentos expuestos en la solicitud de amparo
en los que sustentó su inconformidad en contra de la providencia cuestionada.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-07910-00, índice 23.
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 12 de
febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa
39. La legitimación en la causa por activa del Instituto Financiero de Casanare está
acreditada porque fue el accionante en el proceso ejecutivo en el que fueron
expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos
fundamentales.
40. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Quinto Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, debido a
que fueron las autoridades que profirieron la providencia, objeto de tutela.
3.3. Cuestión preliminar
3.3.1. La providencia objeto de estudio
41. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso ejecutivo, lo
cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora
guardan unidad de materia y se dirigen en similares términos frente a las dos
decisiones cuestionadas.
42.
En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Casanare, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida por el Instituto Financiero de Casanare en contra de los señores Angy
Katerine Fajardo Sánchez y Juan de Dios Nocua Solano.
3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis
43. Por otra parte, se observa que, el accionante, en el escrito de amparo,
pretende atribuirle a la providencia cuestionada los siguientes defectos: i)
sustantivo, ii) fáctico, iii) violación directa de la Constitución y ii) defecto
procedimental.
8
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44. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad del accionante se concreta en la interpretación
normativa que realizó la autoridad judicial para definir el régimen contractual de la
entidad accionante y el procedimiento que debía acogerse para tramitar el proceso
ejecutivo. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración
de los defectos sustantivo y procedimental.
3.3.3. Particularidad respecto de otro caso similar
45. Adicionalmente, la Sala considera pertinente precisar que, si bien, en un
asunto de similares condiciones fácticas y jurídicas se resolvió negar el amparo de
tutela invocado por el IFC8, lo cierto, es que en esta oportunidad la Subsección
observa que existe un mayor carga argumentativa y probatoria dirigida a demostrar
las posibles irregularidades en las que incurrió la autoridad judicial accionada, lo
cual exige efectuar un análisis más integral de los preceptos normativos y los
criterios jurisprudenciales planteados en el escrito de tutela.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
46. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional10.
47. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
48. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2025, radicado 11001-
03-15-000-2025-05003-00.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare (IFC)
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incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
49. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
50. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
51. Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
52. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
12 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
53. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso ejecutivo en el que se profirió la decisión objeto de tutela.
54. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que el
auto proferido el 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare fue
notificado el mismo día17, y la demanda de tutela se presentó el 11 de diciembre de
202518, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia
constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.
55. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
56. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ejecutivo.
57. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y procedimental
y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la
parte actora.
3.5. Problema jurídico
58. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 12 de febrero de 2026, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela, para lo cual
deberá resolver el siguiente problema jurídico:
59. ¿El Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en los defectos sustantivo, y
procedimental, al proferir el auto del 12 de junio de 2025, que confirmó la providencia
del 3 de febrero de 2025, expedida por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal,
que se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del tutelante?
60. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
y ii) el caso concreto.
17 Samai, exp. 85001-33-33-005-2024-00071-01, índice 10.
18 Samai, exp. 11001-15-000-2025-07910-00 índice 1.
19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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3.5.1. El defecto sustantivo
61. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.
62. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
63. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio
de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por
ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta
labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley,
ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y
principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]22.
64.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
65. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
21 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
22 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)23.
3.5.2. El defecto procedimental
66. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de
la actividad judicial.
67. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
68. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 24.
69. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»25.
70. De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
71. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción
de tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto
procedimental exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
23 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
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afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»26.
3.6. Caso concreto
72. En el asunto bajo estudio, el Instituto Financiero de Casanare (IFC) presentó
acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió
que se deje sin efectos el auto del 12 de junio de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare y, se ordene a la autoridad accionada expedir una
nueva providencia en la que se disponga a librar mandamiento de pago a su favor
y en contra de los señores Angy Katerine Fajardo Sánchez y Juan de Dios Nocua
Solano.
73. Lo anterior, con el propósito de hacer efectivo el pago de la obligación
crediticia contenida en el pagaré núm. 4120650 del 14 de noviembre de 2019 y, se
decreten las medidas cautelares de embargo la retención de los saldos de dinero
de las cuentas corrientes o de ahorro del demandado.
74. Para la parte actora la decisión judicial cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo, pues no interpretó de manera integral el marco legal que regula el
régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del Estado, toda
vez que omitió dar a aplicación al artículo 297 numeral 3; y el artículo 99, numeral
5 del CPACA; los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998; el artículo 14 de la Ley
1150 de 2007; el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos 2221 y 2222 del
Código Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio.
75. Además, expuso que la Corte Constitucional, en autos recientes (A-2014 de
2024 y A-1455 de 2025), estableció que el IFC opera bajo reglas de derecho privado
y que para la perfección de los contratos de préstamo basta la entrega del bien,
según el Código Civil y el Código de Comercio, sin requerir contrato escrito. Así
pues, la obligación en cuestión estaba respaldada por un pagaré y una carta de
instrucciones, los cuales constituyen un título ejecutivo autónomo reconocido por el
CPACA.
76. Adicionalmente, alegó que se configuró un defecto procedimental, pues la
autoridad accionada no solo exigió documentos adicionales al pagaré, sino que
además requirió el original del referido documento, por lo que, a su juicio, se
desconoció que el derecho sustancial prevalece sobre las formalidades procesales.
77. Por su parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
negó la acción de tutela al considerar que el Tribunal Administrativo de Casanare
adoptó una decisión fundada en una interpretación razonada del marco normativo
aplicable, en particular, al exigir que las operaciones de mutuo con entidades
estatales constaran por escrito y cumplieran los requisitos de título ejecutivo. En
ese sentido, concluyó que no era arbitrario negar el mandamiento de pago cuando
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
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solo se aportó el pagaré sin el contrato de mutuo que lo respaldara, y precisó que,
en virtud de la autonomía judicial, el juez constitucional no podía sustituir la
valoración jurídica del juez natural.
3.6.1. Fundamentos de la providencia objeto de tutela
78. Así pues, revisados los documentos aportados al trámite de tutela, la Sala
observa que el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto del 3 de
febrero de 2025, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, mediante
el cual se abstuvo de librar mandamiento de pago a favor del Instituto Financiero
de Casanare (IFC), para hacer efectiva la obligación contenida en el pagaré núm.
4120650 del 14 de noviembre de 2019, en contra de Angy Katerine Fajardo
Sánchez y Juan de Dios Nocua Solano.
79. Al respecto, la autoridad accionada desarrolló el siguiente análisis:
Pues bien, de las pruebas allegadas al proceso se determina que, el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE y los señores ANGY KATERINE FAJARDO SÁNCHEZ
Y JUAN DE DIOS NOCUA SOLANO, suscribieron el pagaré No. 4120650 por la suma
de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($3.700.000) -. ítem 02 c. principal
carpeta J05 índice 03 SAMAI.-.
De conformidad con lo anterior se establece con claridad que:
a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 4120650 cuya ejecución solicita la entidad
pública recurrente, atañe a la obligación adquirida por la ejecutada de devolver el
dinero recibido tras la concesión de un crédito, descripción que corresponde a la
tipología contractual de mutuo o préstamo de consumo, plasmada en el artículo
2221 del Código Civil, así: “El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en
que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo
de restituir otras tantas del mismo género y calidad”.
b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que regulan
el funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del estado por lo que,
de conformidad con lo normado por el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 “(…) Los
contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales” uno
de los cuales es la solemnidad que se traduce en que deben constar por escrito el
artículo 396 de la Ley 80 de 1993.
c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los términos del
artículo 6247 del Código de Comercio, pues no aportó copia original del título valor,
sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo, lo cual impide su cobro.
De esta manera fuerza concluir que, el titulo que el IFC solicita ejecutar es complejo
pues la acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que suscribió con la parte
ejecutada deviene de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades
que no fue aportado por la parte ejecutante, sin el cual no es posible determinar con
certeza las obligaciones allí contenidas a lo que debe sumarse que, la parte ejecutante
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debió aportar el título valor referido en original y no a una copia digitalizada del mismo,
pues la exhibición de estos documentos es requisito para su cobro de forma que,
deberá confirmarse la decisión de no librar mandamiento de pago adoptada por la Juez
de primera instancia mediante proveído del 3 de febrero de 2025, por las razones
señaladas en la parte motiva de esta providencia.
80. De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de
Casanare, al revisar los documentos aportados al expediente, evidenció que el
pagaré núm. 4120650 cuya ejecución solicitó la entidad pública, correspondía a la
obligación que adquirieron los señores Angy Katerine Fajardo Sánchez y Juan de
Dios Nocua Solano de devolver el dinero recibido tras la concesión de un crédito.
Tal descripción corresponde a la tipología contractual de mutuo o préstamo de
consumo, contenida en el artículo 2221 del Código Civil.
81. La autoridad judicial accionada advirtió que para definir el régimen contractual
del IFC era necesario acudir al inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489 de 1998,
el cual establece que: «los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto
se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las
entidades estatales». De este modo, afirmó que en atención al artículo 39 de la Ley
80 de 1993 los actos contractuales deben constar por escrito.
82. Adicionalmente, indicó que la parte demandante no cumplió con el
presupuesto del artículo 624 del Código de Comercio, en la medida en que no
aportó «copia original del título valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización
del mismo».
83. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Casanare
concluyó que no se cumplieron los requisitos necesarios para hacer efectiva la
obligación que la demandante pretendía ejecutar, toda vez que no aportó los
documentos que integran el título valor complejo ni allegó el pagaré en original, por
lo que en, su criterio, no era posible librar mandamiento de pago a su favor.
3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto sustantivo alegado
por la parte actora
84. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare incurrió
el defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar
que al expediente del proceso ejecutivo se acreditó que el Instituto Financiero de
Casanare (IFC) es una empresa comercial y de gestión económica del orden
departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal,
según lo previsto en el Decreto 107 de 1992, modificado por el Decreto 073 de
2002.
85. Acorde con lo mencionado, la Junta Directiva del Instituto Financiero de
Casanare, mediante Acuerdo núm. 009 del 16 de agosto de 2022, modificó los
estatutos del Instituto Financiero de Casanare, en su artículo segundo estableció la
naturaleza jurídica de la entidad en los siguientes términos:
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ARTICULO 2.- NATURALEZA: El Instituto Financiero de Casanare - IFC es una
Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al Régimen
Jurídico de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, contemplado en la
Ley 489 de 1998, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio y vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente.
86. Más adelante, el capítulo VI del referido acuerdo desarrolló el régimen de los
actos, contratos y personal. De esta manera, en lo que concierne a la contratación
del IFC, expuso lo que sigue:
ARTICULO 32.- RÉGIMEN DE CONTRATACION: El Instituto Financiero de
Casanare tendrá como régimen de contratación el derecho privado, los
presentes estatutos, el manual de contratación y los reglamentos internos de la
Entidad; lo anterior por encontrarse en competencia con el sector privado y el
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.
87. Se observa que la Junta Directiva del Instituto Financiero del Casanare
determinó que en materia contractual la entidad estará sometida a la normativa del
derecho privado, debido a que su actividad comercial se encontraba en
competencia con entidades pertenecientes al sector privado, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007.
88. Lo expuesto es una situación que guarda relación con lo previsto en el artículo
93 de la Ley 489 de 1998, el cual establece el régimen de actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado, así: «Los actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad
propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a las
disposiciones del derecho privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento
de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de las entidades estatales».
89. Posteriormente, el artículo 14 de la Ley 1150 del 200727, con el fin de aclarar
la situación planteada en la norma anterior, dispuso que las empresas industriales
y comerciales del Estado estarían sometidas al Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público,
nacional o internacional o en mercados regulados o en mercados monopolísticos,
que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
27 ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
El nuevo texto es el siguiente:> Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y
las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley
29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
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actividades económicas y comerciales.
90. Esta norma fue reproducida por el artículo 93 de la Ley 1474 del 201128, salvo
para aquellas empresas que desarrollan su actividad en mercados monopolísticos,
a las que, nuevamente, se le hizo aplicable el Estatuto de Contratación.
91. Aunado a lo hasta aquí expuesto, cabe mencionar que el artículo 15 de la Ley
1150 de 2007 modificó el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el
sentido de indicar que el régimen contractual de las entidades que prestan sus
servicios en el sector financiero no estará sujetas a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 15. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
ESTATALES. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedará así:
“Artículo 32.
(...)
“Parágrafo 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no
estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de
la presente ley”.
92. En este punto, conviene precisar que el motivo que tuvo el legislador para
establecer dicha excepción en la Ley 1150 de 2007, se fundamentó en lo siguiente:
Los artículos 12 y 13 del proyecto de ley señalan los principios y límites a que debe
someterse la actividad contractual de entidades estatales que por la naturaleza de la
función o de los servicios que prestan, requieren de procedimientos contractuales que
les permitan competir en igualdad de condiciones con los particulares. En ese sentido
el proyecto permite que quienes como entidades públicas tienen objetos de naturaleza
comercial, industrial o financiera, rijan su actividad por las normas de la misma en aras
de su competitividad, pero que ello no sirva de excusa a la aplicación de los fines de
la función pública, ni mucho menos a la universalidad del sistema de inhabilidades e
28 ARTÍCULO 93. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual
quedará así:
Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado
tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas
con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados,
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los
contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
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incompatibilidades para contratar con el Estado.29
93. De esta manera, es posible advertir que la determinación de someter
parcialmente a las empresas industriales y comerciales del Estado al régimen de
derecho privado, se ha justificado por «la necesidad de que en su actividad
industrial y comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares,
ellas actúen en términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades
similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la
igualdad ni estar sujetas a procedimientos administrativos que entraben sus
actuaciones y las pongan en situación de desventaja frente a sus competidores […].
Por ello, la regla general es que en sus actos y contratos rijan las normas de
derecho privado, salvo en cuanto a sus relaciones con la administración [otras
Entidades Estatales – convenios o contratos interadministrativos] y en aquellos
casos en los que por expresa disposición legal ejerzan alguna función
administrativa, puesto que allí sí deberá dar aplicación a las reglas de derecho
público pertinentes [...]» 30.
94. Lo anterior tiene fundamento en el principio de igualdad, ya que, si el Estado
desarrolla actividades similares a los particulares, debe actuar con la misma
eficacia y eficiencia que los sujetos de derecho privado. Al respecto, la
jurisprudencia de la sección tercera de esta corporación, al analizar los alcances
del artículo 93 de la Ley 489 de 1998, dijo lo siguiente:
La razón de ser de la aplicación del régimen de derecho privado a estas entidades
radica en la necesidad de que en su actividad industrial y comercial, tradicionalmente
ajena al Estado y propia de los particulares, ellas actúen en términos equivalentes a
éstos cuando realicen actividades similares, sin tener prerrogativas exorbitantes que
atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a procedimientos
administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situación de
desventaja frente a sus competidores.
Se trata pues, de que sus actividades de explotación industrial o comercial se
desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o desventajas que
las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad
estatal; que puedan actuar como particulares, frente a las exigencias de la economía
y del mercado31.
95. En la misma línea, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado se pronunció sobre el régimen aplicable a los actos y contratos de las
empresas industriales y comerciales del Estado y reiteró lo dicho en la sentencia
29 Gaceta del Congreso núm. 458 de 2005. Exposición de motivos de la Ley 1150 de 2007. Proyecto de Ley 20
de 2005 Senado, «[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos».
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342, actor:
Sociedad Tronix Ltda., reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13.414. De igual
manera, se puede ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de mayo de 2018,
radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00058-00(2335).
31 Ibidem.
19
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del 19 de marzo de 202132 (expediente 51363), sobre la aplicación del régimen de
derecho privado a las referidas entidades estatales, en los siguientes términos:
[l]a Sala destacó que sus inicios las EICE fueron concebidas para desarrollar
actividades de naturaleza industrial o comercial en igualdad de condiciones con los
particulares, por lo cual, cuando están en desarrollo de tales actividades, no están
prevalidas de prerrogativas exorbitantes y, correlativamente, tampoco están
sometidas a procedimientos administrativos que vuelvan engorrosas sus
actuaciones y que las pongan en situación de desventaja frente a sus
competidores33; de ahí que el legislador haya dispuesto que, por regla general, el
régimen legal de sus actos y contratos es el de derecho privado, de manera que
“ninguna prerrogativa les permite a estas entidades superponerse a sus
competidores, pues en el juego económico al que incursionan, el Estado es un
partícipe más, independientemente de que a su gestión le sean aplicables los
principios de la función administrativa y de responsabilidad fiscal”.
La Sala precisó que, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 2 de la Ley 80 de 1993, las EICE están sometidas a las normas que
gobiernan el denominado contrato estatal, esa misma ley, atendiendo al objeto y
naturaleza jurídica de su actividad, estableció en su artículo 14 un trato diferencial
respecto de ellas, al señalar que “en los contratos que tengan por objeto actividades
comerciales o industriales de las entidades estatales (…) se prescindirá de la
utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”, sin que esto desdiga de
su condición de contrato estatal, pues esta categoría no se define por el régimen
legal aplicable, sino por la naturaleza del sujeto que lo suscribe.
Subrayó que en la Ley 489 de 1998 el legislador reiteró que las EICE son
organismos que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial
conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la
ley, e incluyó en tal régimen la actividad de gestión económica de esas empresas;
con base en lo cual se concluyó que las actividades que desarrollan están sujetas a
la ley (derecho civil y comercial), a la norma que las creó o autorizó y a sus estatutos
internos, sin perjuicio de que, además de las actividades o actos allí previstos, están
facultadas para “desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto asignado”34, por lo que, en esa misma línea, dicha normativa
en su artículo 93 dispuso que “[l]os actos que expidan las empresas industriales y
comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o
comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho
Privado.”
La Sala hizo énfasis en la coherencia que existe entre las referidas normas de la
Ley 489 de 1998 y las que fueron introducidas posteriormente al ordenamiento
jurídico a través de la Ley 1150 de 2007 en relación con ese tipo de entidades
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2021, expediente núm.
51363
33
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de agosto de 2004, expediente núm. 12.342., reiterada
en sentencia de 6 de febrero de 2006, expediente núm. 13414 M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
34“ARTICULO 86. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La autonomía administrativa y financiera
de las empresas industriales y comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el
cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos;
no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley
o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”.
20
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públicas, específicamente, en cuanto en su artículo 1435 dispuso que las EICE no se
encuentran sometidas en su actividad contractual al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública cuando quiera que “desarrollen
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional
o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales”, aunque, según lo dispuesto en el artículo 13 ibídem, sí lo están a los
“principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al
estatuto general de contratación de la administración pública”. Al respecto, señaló:
“57. Se observa, entonces, que la regla contenida en la Ley 1150 de 2007 de
manera alguna excluye el principio fijado por la Ley 489 de 1998, en tanto esta
última determina que los actos y contratos de las EICE relacionados con su
actividad propia de gestión económica y/o industrial se sujetan a las reglas
del derecho privado, mientras que la primera es complementaria de ésta, al
establecer que también se sujetará a dichas reglas cualquier actividad
comercial desarrollada en competencia con los particulares o en mercados
regulados.
“58. Lo anterior se explica desde una perspectiva teleológica, en la medida en
que las EICE son la expresión directa de una especial forma de gestión de los
asuntos a cargo del Estado en donde son requeridos mecanismos e
instrumentos jurídicos idóneos y habilitantes para la adecuada realización de
actividades de naturaleza industrial, comercial y de gestión económica, dentro
de los cuales se encuentra la sujeción de sus actos y contratos a las normas
mercantiles y civiles que les permitan competir en las mismas condiciones
que los particulares, sin las estructuras rígidas asociadas a un régimen legal
específico, como corresponde a las reglas contractuales de las entidades
públicas sujetas al estatuto general de contratación del estado”.
Después de dejar sentado que, por regla general, el régimen de los actos y contratos
de las EICE se rigen por el derecho privado, la Sala advirtió que, excepcionalmente,
se gobiernan por el derecho público cuando se encuentran cumpliendo verdaderas
funciones administrativas, bien sea porque tales actos y contratos surjan en virtud
de sus relaciones con los demás entes públicos en cumplimiento del principio de
coordinación36 o cuando lo haga por expresa disposición legal.
96. Con base en lo anterior, es posible advertir que las empresas industriales y
comerciales del Estado, que estén en competencia con los particulares o actúen en
mercado regulados están exentas de contratar bajo el Estatuto de Contratación de
la Administración Pública, pues esta se rige por las reglas del derecho privado, es
decir, la ley civil y la ley mercantil. Distinto es que, en aras de garantizar el interés
general o público, tales entidades estén obligadas a observar los principios de la
función administrativa (igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad), lo cual no significa que deban someterse a sus
procedimientos o modalidades de selección, siempre que garanticen la objetividad.
35 Modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
36 De acuerdo con el artículo 288 de la Constitución, las competencias deberán ejercerse conforme a los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, en los términos que establezca la ley.
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97. Conforme el anterior contexto normativo y jurisprudencial, en el asunto bajo
estudio, es dable colegir que el Instituto Financiero de Casanare (IFC), es una
empresa de gestión económica del orden departamental37 sometida al régimen
jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que por su
naturaleza jurídica, el objeto social que desarrolla y, el régimen contractual definido
en los artículos 5 y 32 de sus estatutos (Acuerdo 009 de 16 de agosto de 2022), se
encuentra en competencia con empresas del sector privado, que se dedican a esa
misma actividad en el «mercado».
98. Así las cosas, es claro que, en materia contractual, el accionante se rige por
las normas del derecho privado propias de su actividad comercial y por las
disposiciones del derecho público relacionadas con los principios de la función
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y la gestión
fiscal de que trata el artículo 267 ibídem.
99. Por lo expuesto, llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo de
Casanare, al proferir el auto del 12 de junio de 2025, se haya limitado a examinar
el inciso inicial del artículo 93 de la Ley 489 de 1998 para concluir que el Instituto
Financiero de Casanare (IFC), por ser una institución de naturaleza pública, su
régimen contractual se sujetaba al Estatuto de Contratación de la Administración
Pública y, en consecuencia, estaba obligada a aportar el contrato de mutuo en el
cual se sustentaba la obligación crediticia que pretendía ejecutar.
100. Lo dicho, da cuenta de que la autoridad judicial accionada no solo pasó por
alto el contenido de los estatutos internos del IFC, sino que además omitió verificar
el marco normativo que regula la actividad contractual de las empresas industriales
y comerciales del Estado. Esto, no le permitió advertir que, el demandante, debido
a su actividad comercial, se regía por las normas de derecho privado, para actuar
en competencia con las demás empresas del sector con las que pugna en el
ejercicio de objeto social.
101.
Sobre el particular, es pertinente mencionar que, según lo dispuesto en los
artículos 222138 y 222239 del Código Civil basta con la entrega de la cosa dada en
préstamo para que se perfeccione el contrato de mutuo. Es decir, que en atención
a las normas del estatuto civil no es necesario que el acuerdo entre las partes
conste por escrito, para que se configure el negocio jurídico.
102. Bajo esta óptica, es claro que la autoridad judicial, omitió efectuar un estudio
integral de la normativa que regula el régimen contractual al que estaba sometido
el IFC, dada su condición empresa de gestión económica de carácter
37 Ley 489 de 1998 – […] ARTÍCULO 85.- Empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas
industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho
Privado […]».
38 ARTÍCULO 2221. <DEFINICIÓN DE MUTUO PRESTAMO DE CONSUMO>. El mutuo o préstamo de
consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo
de restituir otras tantas del mismo género y calidad.
39 ARTÍCULO 2222. <PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO MUTUO>. No se perfecciona el contrato de
mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio.
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departamental, y de los preceptos que regulan el contrato de mutuo, pues definió
la procedencia de la demanda ejecutiva promovida por el accionante, a partir de
una interpretación parcializada y restrictiva del artículo 93 de la Ley 489 de 1998.
103. Así las cosas, se observa que el Tribunal accionado omitió realizar un análisis
sistemático de los artículos 85, 93 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con los
artículos 14 de la Ley 1150 de 2007 y 93 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos
2221 y 2222 del Código Civil, con los cuales hubiese podido advertir que se regía
por las normas del derecho privado en materia contractual para atender la dinámica
fluida de su actividad comercial y competir en similares condiciones con las
empresas del sector. De modo, que no le era exigible la obligación de aportar en
medio escrito el contrato de mutuo que sustentaba el negocio jurídico en el que se
expidió el pagaré núm. 4120650.
104.En efecto, una interpretación armónica de la normativa que regula la materia
permitía inferir que la ausencia del contrato escrito de mutuo no puede constituirse
en un elemento que limite el ejercicio del derecho de acción para reclamar el
cumplimiento de una obligación crediticia insoluta por la vía ejecutiva.
105. En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura
«[…] (vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»40.
106. En consecuencia, la autoridad accionada incurrió en un defecto sustantivo y
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del tutelante, en la medida en que no realizó una
adecuada interpretación integral de las normas que regulan el régimen contractual
de la entidad demandante.
3.6.3. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto procedimental
alegado por la parte actora
107.
La entidad accionante en el escrito de tutela manifestó que la providencia
cuestionada incurrió en un defecto procedimental, al exigir la presentación original
del pagaré, lo cual desconoció que el derecho sustancial prevalece sobre las
formalidades procesales.
108. Al respecto, se debe indicar que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3
del artículo 84 del Código General del Proceso, es un deber de la parte demandante
acompañar la demanda con «las pruebas extraprocesales y los documentos que se
pretenden hacer valer y se encuentren en poder del demandante», respecto de los
cuales se soportan sus pretensiones.
109. Así pues, en el caso de los procesos ejecutivos, se debe adjuntar el título que
pretende hacer valer y sobre el cual se soporta la obligación que se ejecuta. Dicha
40 Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010, criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004
y SU-063 de 2023.
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regla tiene relación con la exigencia prevista en el artículo 624 del Código de
Comercio41, que establece la necesidad de exhibir el título valor cuando se busca
exigir el derecho en el incorporado.
110. En este punto, conviene aclarar que la labor de aportar los documentos que
deben acompañar la demanda antes de la emergencia sanitaria del 2020 (Covid-
19), sin reparo alguno se cumplía de manera física, adjuntándolos al escrito
introductorio del proceso y, de esa manera, se materializaba la exigencia prevista
por el legislador; sin embargo, dicha práctica se modificó con la expedición del
Decreto 806 de 2020, normativa que impulsó el uso de las tecnologías de la
información y comunicaciones.
111. El propósito del legislador con la adopción de la modalidad virtual en el servicio
público de administración de justicia no fue otra que facilitar y flexibilizar la atención
del usuario, así como propender por la celeridad de las actuaciones judiciales, sin
sacrificar los principios rectores que operan en nuestro ordenamiento jurídico.
112. Si bien, es un deber del ejecutante exhibir el título valor que pretende hacer
valer ante la autoridad judicial, tal y como lo establece el artículo 624 del Código de
Comercio, no se puede desconocer que esta labor deberá sujetarse a las
previsiones establecidas en el Decreto 806 de 2020, hoy acogido por la Ley 2213
de 2022, el cual en su artículo 6 modificó la forma en como el escrito de demanda
y sus anexos deben ser presentados al juez, así:
ARTÍCULO 6°. DEMANDA. La demanda indicará el canal digital donde deben ser
notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y
cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. No
obstante, en caso que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser
notificados los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso,
podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión.
Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a
los enunciados y enumerados en la demanda.
Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos
sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la
Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya Iugar a este.
De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni
electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.
[…].
113. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el legislador (i) eliminó
41 ARTÍCULO 624. <DERECHO SOBRE TÍTULO-VALOR>. El ejercicio del derecho consignado en un título-
valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que
el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial
en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su
eficacia por la parte no pagada.
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expresamente la exigencia de aportar de manera física el escrito de la demanda y
sus anexos y, (ii) ninguna excepción a dicha regla hizo dirigida a indicar, por lo
menos, que en los procesos ejecutivos debía allegarse en físico el original del título
ejecutivo siendo aquel requisito indispensable para la admisión de la demanda; por
lo tanto, no existe razón jurídica o sustento normativo que permita advertir que
aquella carga se constituyera como causal de inadmisión o rechazo de la demanda
en caso que el ejecutante se rehusara aportarlo de forma física.
114. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
en la sentencia STC 23922022, de fecha 2 de marzo de 202242, explicó lo siguiente:
En efecto, para cumplir con el deber de aportación de los anexos, dispuesto en el
Código General del Proceso (art. 84), el canon 6° del Decreto Legislativo 806 de 2020
dispuso que los mismos debían ser presentados «en forma de mensaje de datos»
junto con la demanda y que de ellos «no será necesario acompañar copias físicas, ni
electrónicas», de lo que emerge con facilidad que, al menos en la etapa inicial del
ejecutivo, la exhibición física del título valor comporta una ritualidad excesiva que
contraría el precepto legal en comento.
Y es que, en verdad, como la ley exige al ejecutante que presente sus anexos
mediante mensaje de datos, no le queda opción distinta que i). digitalizar su título para
acompañarlo al libelo a fin de demostrar la existencia de la prestación que pretende
efectivizar y, ii). conservar la tenencia del documento físico conforme se lo impone el
numeral 12 del artículo 78 del estatuto adjetivo según el cual es deber de las partes y
sus apoderados «[a]doptar las medidas para conservar en su poder las pruebas y la
información contenida en mensajes de datos que tenga relación con el proceso y
exhibirla cuando sea exigida por el juez (…)» para efectos de la posible contradicción
pedida por el deudor.
[…]
En definitiva, quien pretenda la ejecución de un documento físico que preste mérito
ejecutivo deberá digitalizarlo y adjuntarlo a su demanda. También deberá manifestar
que conservará su tenencia y que lo custodiará hasta el momento en que se realice
el respectivo pago, momento en el que lo entregará a quien honre la prestación. Lo
anterior, sin perjuicio de que deba exhibirlo presencialmente -con el fin de garantizar
el trámite de las eventuales defensas expuestas- a quien corresponda, por orden del
juez, a petición del ejecutado, y dentro del término y forma que la autoridad judicial
estime necesario. Lo anterior, como se dijo, bajo pena de que se frustre la aspiración
judicial de pago ante la falta de tenencia del instrumento originario del crédito.
115. En este contexto, comoquiera que el ordenamiento jurídico procesal,
actualmente, no exige que se aporte de manera física el original del título ejecutivo
o título valor que se hace valer como sustento de la ejecución, resulta claro que la
exigencia de este requisito resulta desproporcionado, dadas las condiciones
actuales en las que se desarrolla la actividad de las personas con la administración
de justicia.
42 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de marzo de 2022, radicado STC2392-
2022 (68001-22-13-000-2021-00682-01).
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116.
Resulta oportuno precisar que el principio constitucional de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal, desarrollado en los artículos 11 y 12 del Código General
del Proceso, establece de manera general las siguientes reglas interpretativas de
las normas procesales:
Artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal,el
juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de
los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la
interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal
garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de
las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se
abstendráde exigir y de cumplir formalidades innecesarias. [Negrilla fuera del texto]
Artículo 12. Vacíos y deficiencias del código. Cualquier vacío en las disposiciones
del presente código se llenará con las normas que regulen casos análogos. A falta
de estas, el juez determinará la forma de realizar los actos procesales con
observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal,
procurandohacer efectivo el derecho sustancial.
117.
El contenido de las citadas normas permite advertir que, con base en el
principio de supremacía de la Constitución (artículo 4), las normas procesales con
las que se rigen las actuaciones judiciales deben interpretarse en consonancia con
los principios constitucionales, entre estos, el principio de prevalencia del derecho
sustancial. Esto es así, por cuanto la finalidad de la ley procesal, en concordancia
con el derecho de acceso a la administración de justicia, no es otra que la garantía
de una verdadera tutela judicial efectiva.
118.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre el
principio de prevalencia del derecho sustancial, como garantía del derecho al
debido proceso, en los siguientes términos:
[…] por disposición del artículo 228 Superior [sic], las formas no deben convertirse
en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender
por su realización. Es decir,que las normas procesales son un medio para lograr la
efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con
fundamento en elderecho de acceso a la administración de justicia y en el principio
de la prevalencia del derecho sustancial, esta corporación ha sostenido que en una
providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual
manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva
evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales43.
119. Ahora, si bien las normas procesales han sido instituidas para garantizar el
derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un límite infranqueable para
la consecución del derecho subjetivo en discusión. Por expresa disposición
constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es
43 Corte Constitucional, sentencia T-154 de 2018.
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una norma rectora, y de obligatoria observancia para las autoridades judiciales. De
manera que, cuando un juez adopta una decisión que desconoce el citado principio
vulnera el derecho fundamental al debido proceso de la parte.
120. En este orden de ideas, la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare
al exigir requisitos sin tener en cuenta que la norma procesal actual flexibiliza la
forma de aportar el título valor al proceso ejecutivo, incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto que lesionó las garantías fundamentales
del accionante.
121. Este defecto encuentra fundamento en los artículos 29 y 228 de la
Constitución, en cuyo contenido no solo se establece la garantía del derecho al
debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia, sino que
además prevé el principio de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones
judiciales. Dicha consideración jurídica ha permitido concluir que las normas
procesales son «un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos»44 y no pueden constituirse en una barrera de acceso a la garantía de
aplicación y protección del derecho sustancial.
122. En línea con lo hasta aquí planteado, la Sala no comparte la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la solicitud de amparo y, por el
contrario, concluye que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante,
en cuanto desconoció la garantía de acceso a la administración de justicia y el
debido proceso.
4. Conclusiones
123. Por las razones anotadas en esta providencia, la Subsección revocará la
sentencia de primera instancia del 12 de febrero de 2026, dictada por la Subsección
A de la Sección Segunda de esta corporación que negó las pretensiones de la
acción de tutela y, en su lugar, amparará los derechos al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare (IFC), y dejará
sin efectos el auto del 12 de junio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo
del Casanare.
124. En consecuencia, ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una nueva
decisión, en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el auto
proferido en el expediente identificado con el radicado núm. 85001-33-33-005-
2024-00071-01, de acuerdo con lo expuesto.
125. Adicionalmente, se exhortará al Tribunal Administrativo del Casanare para
que, en lo sucesivo, al decidir asuntos con similares supuestos, tenga en cuenta las
consideraciones normativas y jurisprudenciales consignadas en esta decisión.
44 Ibidem.
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5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Revocar la sentencia proferida el 12 de febrero de 2026 por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta
sentencia. En su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de
Casanare (IFC), por los motivos expuestos en esta decisión.
Segundo: Dejar sin efectos el auto del 12 de junio de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare, dentro del expediente con radicado núm. 85001-33-33-
005-2024-00071-01, en atención a las razones expresadas en esta decisión.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, en el término de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa
de esta providencia.
Cuarto: Exhortar al Tribunal Administrativo del Casanare para que, en lo sucesivo,
al decidir asuntos de supuestos fácticos similares tenga en cuenta las
consideraciones normativas y jurisprudenciales expuestas en esta providencia.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
29
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