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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07470-00

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-07470-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud presentada por la parte actora consistente en que la acción tutela sea estudiada por la Sala Plena del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas. Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare. Tercero.- Dejar sin efectos el auto de 24 de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare en el marco del proceso ejecutivo identificado con el 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-07470-00 Accionante: Instituto Financiero del Casanare -IFC- radicado 85001-33-33-005-2025-00029-01, de conformidad con las razones aquí expuestas. Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-005-2025-00029- 01, en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas. Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07470-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07470-00
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -IFC-
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Defecto fáctico,
sustantivo, procedimental y violación directa de la Constitución

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el Instituto Financiero del Casanare, por conducto de su
representante legal, contra el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Yopal.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de noviembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Casanare
y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL en auto emitido en fecha 06 de Marzo de 2025 y su confirmatorio, emitido el 24
de Julio de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del
proceso 8500133330022025-00029-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 06 de Marzo
de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL, así como la decisión que desató la apelación, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 24 de Julio de 2025, dentro del medio de
control 8500133330022025 00029-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por
indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4113543 y exceso
ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de
constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado
el original del pagare, pese a que obra en el expediente físico que reposa en el Juzgado
Segundo Civil Municipal; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho

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sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo
de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que
en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre
mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga las
medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE sobre el bien
objeto de Hipoteca y en contra del demandado RAUL RICARDO MIRANDA VARGAS,
dentro del proceso ejecutivo 8500133330022025-00029-00, adelante el proceso hasta
su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda,
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de
Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en
los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares
supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como
ordenar al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento
del fallo de tutela proferido”.

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como relevantes los siguientes:

El Instituto Financiero de Casanare (IFC) radicó demanda ejecutiva ante la
jurisdicción ordinaria contra el señor Raúl Ricardo Miranda Vargas, con la pretensión
de que se ordenara el pago de la obligación crediticia contenida en el pagaré
4113543 del 17 de septiembre de 2012, el cual fue suscrito por el valor de sesenta
millones de pesos ($60.000.000).

El señor Raúl Ricardo Miranda Vargas constituyó hipoteca a favor del Instituto
Financiero del Casanare, mediante escritura pública no. 2464 de 11 de septiembre
de 2012, sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 086-4239.

Inicialmente, la demanda correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal
que, por auto de 20 de febrero de 2017, libró mandamiento de pago a favor del
Instituto Financiero de Casanare por el capital adeudado, así como por los intereses
moratorios y decretó el embargo del inmueble dado en garantía.

El 18 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal declaró su falta
de jurisdicción y ordenó que se remitiera el expediente a los juzgados
administrativos de Yopal y declaró la nulidad de todo lo actuado.

Una vez remitido el proceso a la oficina de reparto de los juzgados administrativos,
el proceso fue asignado al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, y
se le asignó el radicado 85001-33-33-002-2025-00029-00, que, por auto de 6 marzo
de 2025, decidió “ABSTENERSE de continuar con la ejecución solicitada por el INSTITUTO
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FINANCIERO DE CASANARE - IFC, en contra de RAÚL RICARDO MIRANDA VARGAS,
por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo, de conformidad con lo
expuesto en la presente providencia. Como consecuencia de lo anterior, LEVANTAR las
medidas cautelares dispuestas en auto de 20 de febrero de 2017.”, considerando que: “la
parte ejecutante omitió acreditar la existencia del título ejecutivo complejo, pues no aportó
el contrato, sino que únicamente allegó el pagaré y la carta de instrucciones, los cuales por
sí solos no contienen una obligación clara, expresa y exigible y adicional a ello fueron
aportados en copia simple debiendo allegarse en copia auténtica o en original”.

Inconforme con lo anterior, el Instituto Financiero de Casanare presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación, en los que manifestó que el caso trata del
cobro de una obligación que se derivó de un contrato de mutuo con interés, que
corresponde a la normatividad civil, respaldada con el pagaré y la carta de
instrucciones.

De igual modo, sostuvo que la obligación contenida en el pagaré era clara, expresa
y exigible, a lo que agregó que el título no era complejo, debido a que los elementos
del contrato se encontraban plasmados en el pagaré, por lo que, a su juicio, se
trataba de un título singular. Que el contrato de mutuo no requería ser por escrito,
puesto que se perfeccionaba con la entrega y tradición de la cosa.

Añadió que se trata de una empresa de gestión económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado, que, en consecuencia, desarrollaba actividades crediticias
en competencia con el sector privado y su actividad contractual estaba regulada por
las normas civiles y comerciales.

Mediante auto de 8 de mayo de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Yopal no repuso la decisión recurrida, al considerar que el título ejecutivo era
complejo, por lo que además del pagaré y la carta de instrucciones, debía allegar el
contrato de mutuo por ser de naturaleza estatal, que se rige por dicha solemnidad y
el contrato debe ser por escrito; adicionalmente, concedió el recurso de apelación.

El 24 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó la decisión
apelada. Sostuvo que la obligación contenida en el pagaré objeto de ejecución
había sido adquirida a través de un contrato de mutuo que no fue aportado al
proceso, y teniendo en cuenta que el Instituto Financiero de Casanare se regía por
las normas que regulan las empresas industriales y comerciales del Estado,
conforme con los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993, ese
contrato debía constar por escrito, porque de lo contrario no era posible determinar
con certeza las obligaciones contraídas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se debe demostrar “la causa subyacente del
origen público de los recursos y tal como se indicó no se allega el contrato fuente
de la obligación, así las cosas, no se configura el título ejecutivo complejo que
determine el origen público de los recursos que pretende ejecutar”, por lo que el
contrato supone un requisito sine qua non.

Finalmente, indicó que un magistrado que conformó la Sala del Tribunal
Administrativo del Casanare salvó el voto, tras considerar que sí se debió librar
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mandamiento de pago, teniendo en cuenta que la regla de la decisión de la Corte
Constitucional no consagró la necesidad de establecer un título ejecutivo complejo
y el cambio de jurisdicción no podía alterar la naturaleza del título valor1.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante expresó que, en el caso bajo examen, se supera el requisito de
relevancia constitucional porque las autoridades judiciales accionadas al proferir las
decisiones que cuestiona vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, al desconocer la exigibilidad del título valor
objeto de ejecución y restarle mérito ejecutivo al pagaré, pese a contener una
obligación clara, expresa y exigible, agotó todos los medios ordinarios de defensa
judicial, cumple con el requisito de inmediatez, se identifican de manera razonable
los hechos que generaron la vulneración de sus derechos y no se trata de una tutela
contra tutela.

Bajo ese contexto, en su criterio, la sentencia objetada incurre en (i) violación
directa de la Constitución porque las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Agregó que el asunto objeto de debate corresponde a una situación jurídica, de
acuerdo con los autos A-2014 de 2024 y 1455 de 2025 dictados por la Corte
Constitucional, en los que se indicó que el contrato de mutuo no debía constar por
escrito, debido a que de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil,
dicho contrato se perfeccionaba con la entrega de la cosa dada en préstamo, a lo
que agregó que la Corte también había afirmado que ese tipo de pagarés prestaba
2
mérito ejecutivo, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 297 del CPACA .

Añadió que las autoridades judiciales accionadas se sirvieron del referenciado auto
para avocar el conocimiento del asunto, pero desconocieron lo dicho por la Corte

1
A juicio del magistrado disidente la jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer del
proceso ejecutivo, para lo cual se apoyó en pronunciamientos de la Corte Constitucional, a lo que agregó que
“En consideración del suscrito, el pagaré presentado por el IFC cumple con los requisitos mínimos para su
exigibilidad, conforme a los presupuestos de los artículos 62194 y 709 95del Código de Comercio, sin que deba
exigirse formalidad adicional. Si bien podrían encontrarse ciertas incongruencias o falencias en el título (monto,
fecha de vencimiento, errores en la carta de instrucciones), ello no libra al fallador de librar el mandamiento
ejecutivo, pues será en el trámite de excepciones en el que las partes aleguen los defectos y en la sentencia
deberá establecerse si debe o no seguirse adelante con la ejecución, bajo las premisas del Código General del
Proceso. Debo reiterar que no puede soslayarse la independencia, autonomía y literalidad de los títulos valores,
al exigir requisitos que la Ley no contempla para su ejecución y, por tanto, negar la existencia de una obligación
que el deudor sí aceptó con la suscripción del pagaré. Considero pertinente resaltar que, si bien en este
escenario no se ventila un interés declarativo, negar el acceso a la administración de justicia del IFC puede
constituir una afectación del patrimonio público, pues se estaría cercenando para la entidad la posibilidad de
recuperar recursos que fueron puestos a disposición de las personas, en ejercicio y cumplimiento de su objeto
social y legal”.
2
Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: (…) 3. Sin perjuicio
de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito
ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través
del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes
intervinientes en tales actuaciones.
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Constitucional sobre la idoneidad del pagaré como título valor independiente que
prestaba mérito ejecutivo.

Bajo ese contexto, aseguró que las accionadas le restaron mérito ejecutivo al título
valor presentado, le exigieron documentos imposibles de aportar materialmente y
que, por la naturaleza del negocio jurídico, no eran exigibles.

(ii) Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del pagaré no. 4113543 y la
carta de instrucciones aportada al proceso ejecutivo que, según la parte actora,
constituían un título valor con una obligación clara, expresa y exigible, que era
simple y no complejo.

En ese orden de ideas, considera que las autoridades judiciales accionadas se
equivocaron al restarle mérito ejecutivo al mencionado pagaré, pese a que contenía
una obligación clara, expresa y exigible, e imponerle condiciones imposibles de
cumplir como aportar el contrato de mutuo por escrito y exigirle requisitos que la ley
no contempla.

Bajo ese contexto, sostuvo que de conformidad con el numeral 3 del artículo 297
3
del CPACA, así como del numeral 5 del artículo 99 del CPACA , el pagaré sí
constituía un título valor exigible en la jurisdicción contencioso administrativa, debido
a que era un acto proferido con ocasión de la actividad contractual, que provenía
del deudor.

(iii) Defecto sustantivo, al considerar que las autoridades judiciales demandadas
omitieron aplicar el artículo 297 del CPACA, el cual establece de manera expresa
los requisitos y documentos que se deben tener en cuenta al momento de estudiar
el título ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo e insistió en que
no era necesario aportar el contrato de mutuo por escrito para librar mandamiento
de pago.

De igual modo, consideró que no se aplicó el artículo 299 ibídem, que establece que
la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos
celebrados por entidades públicas, se deben observar las reglas establecidas en el
Código General del Proceso para los procesos ejecutivos que deben prestar mérito
ejecutivo.

Alegó que se desconoció que en el proceso ya se había proferido mandamiento de
pago por parte del Juzgado Segundo Civil Municipalde Yopal desde el 12 de
septiembre de 2016 y por medio de proveído de 10 de julio de 2017, ordenó seguir
adelante con la ejecución, desconociendo que lo actuado en la jurisdicción civil
guardaba validez.

“el artículo 2, 29 y 229 constitucional, el artículo 297 numeral 333 de la Ley 1437 de 2011,
el artículo 99 numeral 5 del CPACA, los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998, el artículo

3
Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su
cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:
(…) 5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.
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93 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2221 y 2222 del código Civil, y los artículos 621 y
709 del Código de Comercio”.

(iv) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al considerar que las
decisiones cuestionadas vulneraron su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia sin justificación constitucional, en tanto le exigieron
formalismos que no contempla la ley, teniendo en cuenta que el pagaré no. 4113453
sí prestaba mérito ejecutivo y por ello se debió librar mandamiento de pago.

4. Trámite procesal

Mediante auto de 2 de diciembre de 2025, el despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la parte actora y a las autoridades judiciales accionadas – Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal-. Asimismo, al señor Raúl Ricardo Miranda Vargas como tercero con interés
en las resultas del trámite constitucional, y se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 186474 a 186477
del 5 de diciembre de 2025 y 190727 a 190728 del 15 de diciembre de 2025, con el
fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Casanare

Por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de reproche
constitucional manifestó que se sustentó en el análisis del material probatorio y la
normatividad aplicable al caso concreto, de conformidad con la naturaleza jurídica
del Instituto Financiero de Casanare, que es una “empresa de Gestión Económica
de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998”.

Bajo ese contexto, indicó que los contratos que celebre esa entidad deben estar
sujetos a las disposiciones de la contratación estatal, por lo que deben constar por
escrito y se requiere prueba de su existencia, de conformidad con el artículo 75 de
la Ley 80 de 1993, “pues el escenario corresponde al de un proceso ejecutivo en
sede de la jurisdicción contencioso administrativa”.

Así las cosas, aseveró que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados
en protección por la parte accionante, en tanto la decisión que se cuestiona se
profirió con fundamento en la normatividad y la jurisprudencia aplicable.

5.2. Respuesta del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal

La titular del Despacho solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela,
al considerar que la parte accionante la utiliza como una tercera instancia para
reabrir un debate jurídico que ya fue analizado por el juez natural.

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De igual modo, sostuvo que la providencia que se cuestiona fue debidamente
motivada y explicó de manera clara y específica los motivos por los cuales se
resolvió no dar continuidad con la ejecución.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La parte accionante solicitó que la acción de tutela sea estudiada por la Sala Plena
del Consejo de Estado por importancia jurídica, en virtud a la relevancia económica
y social del asunto objeto de estudio.

La Sala negará dicha solicitud, teniendo en cuenta que el presente mecanismo
constitucional se adelanta conforme a las reglas de reparto contempladas en el
Decreto 333 de 2021 y conforme con los artículos 13 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
-reglamento interno del Consejo de Estado-, por lo que el presente asunto
corresponde decidirlo a la autoridad a quien le haya sido asignada por reparto, en
este caso, a la Sección Cuarta de esta Corporación.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y violación
directa de la Constitución.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del

4
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
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bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii) Defecto
fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi) Decisión sin

6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
8

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motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la
16
Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte Constitucional18.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela goza de relevancia
constitucional, pues debe definirse si las autoridades judiciales accionadas que se
abstuvieron de seguir adelante con la ejecución y ordenaron levantar las medidas
cautelares, al no encontrar constituido en debida firma el título ejecutivo complejo,
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y violación directa de la
Constitución.

Luego, no se observa que los argumentos planteados comporten una discusión
legal o que se acuda a la vía constitucional como una instancia adicional, aun
cuando en ambas instancias del proceso ejecutivo la decisión haya sido la misma,
en tanto las decisiones que se cuestionan que se abstuvieron de continuar con la
ejecución y dispusieron levantar las medidas cautelares, constituyen la etapa inicial
del proceso ejecutivo, que podrían afectar los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por la parte
accionante.

14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
16
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
9

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En relación con los demás requisitos, se encuentran acreditados toda vez que (ii) la
parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso
agotó el recurso de apelación contra la providencia reprochada, y se observa que
no se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario
de revisión y de unificación de jurisprudencia, (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia inicial objetada fue notificada por estado el
25 de julio de 2025 y la acción de tutela se presentó el 25 de noviembre del mismo
año, esto es, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional; (iv) se identificaron de manera razonable los hechos que
generaron la supuesta vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción
no se dirige contra un fallo de tutela.

5.2. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
19
precedente constitucional

El Instituto Financiero del Casanare pidió al juez constitucional la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, supuestamente vulnerados con ocasión de las decisiones adoptadas en los
autos de 24 de julio de 2025 y 6 de marzo de 2025, respectivamente, por medio de
los cuales el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Yopal se abstuvieron de seguir adelante con la
ejecución y ordenaron levantar las medidas cautelares, por no haberse constituido
en debida forma el título ejecutivo, dentro del proceso con radicado no. 85001-33-
33-005-2025-00029-00/01.

En ese orden de ideas, la parte actora considera que las providencias cuestionadas
incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y violación directa de
la Constitución, al negarse a seguir adelante con el proceso ejecutivo que promovió
contra el señor Raúl Ricardo Miranda Vargas y exigir formalidades que no
contempla la ley, por lo que se estudiaran de manera conjunta, en tanto buscan
demostrar que sí se debió librar mandamiento de pago en el proceso con radicado
85001-33-33-005-2025-00029-00/01.

La Sala precisa que aun cuando la entidad demandante invocó los precitados
defectos, el estudio del presente asunto se abordará bajo la caracterización del
desconocimiento del precedente judicial, en tanto en el escrito de tutela se indicó
que la autoridad judicial accionada desconoció los autos A-2014 de 2024 y 1455 de
2025 proferidos por la Corte Constitucional.

De conformidad con las actuaciones que reposan en el expediente digital del
proceso ejecutivo, la Sala observa que el Instituto Financiero de Casanare promovió
demanda contra el señor Raúl Ricardo Miranda Vargas, con el fin de que ordenara
el pago de la obligación contenida en el pagaré no. 4113543 de 17 de septiembre
de 2012, el cual fue aportado junto con la carta de instrucciones.

19
La Sala con el fin de garantizar coherencia en la aplicación del derecho reitera el precedente judicial de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado contenido en la sentencia de 13 de noviembre de 2025, radicado no.
11001-03-15-000-2025-05435-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
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La demanda correspondió, en primera instancia, al Juzgado Segundo Civil Municipal
de Yopal, que por auto de 20 de febrero de 2017 libró mandamiento de pago a favor
del Instituto Financiero del Casanare por el capital adeudado, así como por los
intereses moratorios y decretó el embargo del inmueble dado en garantía.

El 18 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal declaró la falta
de jurisdicción y ordenó que se remitiera el expediente a los juzgados
administrativos de Yopal y declaró la nulidad de todo lo actuado.

El proceso fue asignado al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal -
radicado 85001-33-33-002-2025-00029-00-, que por auto de 6 marzo de 2025
decidió: “ABSTENERSE de continuar con la ejecución solicitada por el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE - IFC, en contra de RAÚL RICARDO MIRANDA VARGAS,
por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo, de conformidad con lo
expuesto en la presente providencia. Como consecuencia de lo anterior, LEVANTAR las
medidas cautelares dispuestas en auto de 20 de febrero de 2017.”, considerando que: “la
parte ejecutante omitió acreditar la existencia del título ejecutivo complejo, pues no aportó
el contrato, sino que únicamente allegó el pagaré y la carta de instrucciones, los cuales por
sí solos no contienen una obligación clara, expresa y exigible y adicional a ello fueron
aportados en copia simple debiendo allegarse en copia auténtica o en original”.

El Instituto Financiero de Casanare presentó recurso de reposición yen subsidio de
apelación, en los que manifestó que el caso gravita en el cobro de una obligación
que se derivó de un contrato de mutuo con interés, que corresponde a la
normatividad civil, respaldada con el pagaré y la carta de instrucciones.

Mediante auto de 8 de mayo de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Yopal no repuso la decisión recurrida, bajo el argumento de que el título ejecutivo
era complejo, por lo que además del pagaré y la carta de instrucciones, debía allegar
el contrato de mutuo por ser de naturaleza estatal.

El 24 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó la decisión
apelada. Sostuvo que la obligación contenida en el pagaré objeto de ejecución había
sido adquirida a través de un contrato de mutuo que no fue aportado al proceso, por
lo que no era posible determinar con certeza las obligaciones contraídas y, por tanto,
no cumplía con los requisitos del artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala advierte que las autoridades judiciales
accionadas desconocieron los autos A-554 de 2023, A-2014 de 2024 y A-1455 de
2025, proferidos por la Corte Constitucional en los que se fijaron las siguientes
reglas:

El auto A-554 del 19 de abril de 2023, esa misma Corte fijó como regla de decisión
que:

“La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las
demandas ejecutivas que se deriven de controversias relacionadas con contratos
celebrados por entidades públicas, siempre que estas no tengan el carácter de
instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y dichos contratos

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no correspondan al giro ordinario de sus negocios. Lo anterior de conformidad con los
artículos 104 y 105 del CPACA”.

Por su parte, en el auto A-2014 del 4 de diciembre de 2024 se resolvió un conflicto
de competencia en el marco de un proceso relacionado con una demanda ejecutiva
presentada por el Instituto Financiero de Yopal contra dos personas naturales, con
base en un título valor representado en un pagaré y su correspondiente carta de
instrucciones, en el que se consideró:

“El negocio jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse es un contrato
estatal, por lo que los procesos ejecutivos y controversias consecuencia del mismo son
competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En efecto, la obligación
insoluta cuyo cumplimiento se persigue en el marco del proceso ejecutivo está contenida
en el pagaré No. 473 el cual al parecer se emitió como consecuencia de un contrato de
mutuo celebrado entre el IFEY y las personas naturales demandadas, el cual, como
indicó la parte actora, no consta por escrito. Esto último guarda lógica si en cuenta se
tiene que las empresas industriales y comerciales del Estado conforme a los artículos 85
y 93 de la Ley 498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por el
derecho privado en el desarrollo de sus funciones actividades y/o comerciales y, por
ende, en su contratación. De manera que, al momento de autorizar un crédito, como
ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito, pues conforme a los
artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo comercial conforme a la
remisión del artículo 473 del Código de Comercio) basta con la entrega de la cosa dada
en préstamos para el perfeccionamiento del negocio jurídico.

(...)

27. El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA. El
título ejecutivo base de la ejecución fue firmado por los demandados como consecuencia
de un contrato de mutuo celebrado con el IFEY, de manera que el pagaré No. 473 es un
documento suscrito por una de las partes del negocio subyacente (mutuo) en el que
consta una obligación clara, expresa y exigible en contra de esta, lo que corresponde a
un título ejecutivo por ser uno de los documentos a los que se refiere el numeral 3 del
artículo 297 del CPACA.

28. Así, como quiera que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para
conocer de los procesos ejecutivos que se adelanten como consecuencia de contratos
suscritos por entidades públicas conforme al artículo 104.6 del CPACA y, por ende, de
los títulos valores emitidos en el marco de los mismos -al margen del régimen legal
aplicable a dichos contratos-, es que se confirma que la Jurisdicción Contencioso
Administrativa es la competente para dirimir en este caso la demanda ejecutiva
presentada por el IFEY.

29. El IFEY no es una entidad pública de carácter financiero vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, de manera que no se configura la excepción
del artículo 105.1 del CPACA, por lo que las controversias derivadas de sus actos y
contratos, incluyendo los procesos ejecutivos, no son competencia de la Jurisdicción
Ordinaria, sino que del Juez Contencioso Administrativo.

30. En este caso existe certeza de que el pagaré No. 473 se expidió en el marco de un
contrato estatal. En consecuencia, no resulta procedente la aplicación de la regla del
Auto 1209 de 2024, tal como se hizo en los Autos 1622 de 2024 y 1705 de 2024, pues a
diferencia de aquellos, en este caso existe certeza sobre el hecho de que el título
ejecutivo se derivó de un contrato estatal regido por las reglas del derecho privado. En
efecto, la parte demandante indicó lo siguiente al subsanar la demanda: “no estamos
frente a un contrato estatal sino ante un contrato de préstamo garantizado por la
normatividad comercial. El eje jurídico al que aplica el título valor es el FINACIERO”; y,
en una segunda ocasión, la parte actora, al contestar el requerimiento hecho por el Juez
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004 Administrativo del Circuito de Yopal mediante Auto del 19 de septiembre de 2024,
manifestó que aportaba la solicitud de crédito firmada por los deudores, la copia del acta
de comité No. 18 del 5 de julio de 2022 a través de la cual se viabilizó el crédito por parte
de la junta directiva del IFEY, precisando que no existía un contrato escrito del que se
hubiera derivado el título valor. Así reiteró que “de conformidad con la naturaleza de la
entidad, y de conformidad al pagaré-título valor objeto de la ejecución, se trata de un
contrato de mutuo o préstamo garantizado con un título valor pagaré No. 473, el cual por
su naturaleza está regulado por la normatividad comercial”.

31. Así las cosas, al originarse el proceso ejecutivo a partir de un título valor-pagaré-
suscrito en el marco de un contrato estatal regido por el derecho privado- contrato de
mutuo- celebrado entre los demandados y el IFEY, empresa industrial y comercial del
Estado que no tiene el carácter de institución financiera vigilada por la Superintendencia
Financiera, le compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo su
conocimiento”.

Ahora bien, se advierte que conforme al Decreto Municipal 0073 de 2002 y el
artículo 83 de la Ley 489 de 1998, el Instituto Financiero de Casanare es una
empresa comercial de gestión económica, bajo el régimen de empresa industrial y
comercial del Estado, con personería jurídica, autónoma administrativa y
presupuestal y vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Gobernación del Casanare y no se encuentra sujeta a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Ahora bien, de conformidad con el citado auto A-2014 del 4 de diciembre de 2024,
el Instituto Financiero de Casanare es una entidad que se rige por el derecho
privado en el desarrollo de las actividades propias de su objeto, por lo que es
posible que los contratos que celebra, pese a tener la calidad de estatales, se rijan
por las disposiciones del derecho privado, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley
489 de 1998, el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de
la Ley 1150 de 2007.

Bajo ese contexto, de conformidad con el régimen jurídico de Instituto Financiero
de Casanare se tiene que sus contratos se rigen por el derecho civil, motivo por el
cual, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, se podría tratar como un contrato
de mutuo, sobre el cual no recae la obligatoriedad de que medie por escrito como
lo exigieron las autoridades judiciales accionadas a la parte actora.

Lo anterior, cobra relevancia teniendo en cuenta que el objeto de la entidad consiste
en “el desarrollo económico y social del Departamento y la región, mediante la
gestión económica, la financiación para la ejecución de obras de infraestructura
básica local, municipal, regional y departamental, a través de servicio de asesoría
integral, financiera y de crédito y la inversión en programas y proyectos de
desarrollo local, municipal, regional y departamental (…)”.

Y como lo ha sostenido esta Sala en otros pronunciamientos, “es una empresa que
no está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Que conforme
con el artículo 85 de la Ley 489 de 19986, el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 y el artículo14 de la Ley 1150 de 2007, esa entidad se rige por el derecho privado en
el desarrollo de las actividades propias de su objeto, en ese orden, los contratos que
celebran, pese a tener la calidad de estatales, se rigen por las disposiciones del derecho
privado”.

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Así las cosas, la obligación que se persigue en el proceso ejecutivo podría tratarse
de un título complejo contenido en el pagaré no. 4113543, el cual se profirió en
razón a un contrato de mutuo celebrado entre el Instituto Financiero de Casanare y
el señor Raúl Ricardo Miranda Vargas, en calidad de deudor, el cual no obra por
escrito, en tanto la entidad ejecutante se rige por el derecho privado en lo
relacionado con el cumplimiento de sus funciones y actividades comerciales.

Bajo ese contexto, era dable que no mediara un contrato de mutuo escrito, puesto
que de conformidad con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, bastaba con la
entrega material de la cosa dada en préstamo.

Con lo anterior, para la Sala resulta claro que el Tribunal Administrativo de Casanare
desconoció los A-554 de 2023, A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025, proferidos por la
Corte Constitucional, los cuales permitían concluir que, de conformidad con la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare, en el asunto objeto de
estudio no era necesario que el contrato de mutuo mediara por escrito, ya que
bastaba con la entrega material de la cosa dada en préstamo para el
perfeccionamiento del contrato.

Así las cosas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero del Casanare y, en
consecuencia, dejará sin efectos el auto de 24 de julio de 2025 proferido por el
Tribunal Administrativo de Casanare en el marco del proceso ejecutivo adelantado
contra el señor Raúl Ricardo Miranda Vargas.

En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro
de los (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión
de reemplazo en el marco del proceso ejecutivo con radicado núm. 85001-33-33-
005-2025-00029-01, en la que atienda las consideraciones expuestas en esta
decisión.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud presentada por la parte actora consistente en que la
acción tutela sea estudiada por la Sala Plena del Consejo de Estado, de
conformidad con las razones expuestas.

Segundo.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare.

Tercero.- Dejar sin efectos el auto de 24 de julio de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare en el marco del proceso ejecutivo identificado con el
14

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radicado 85001-33-33-005-2025-00029-01, de conformidad con las razones aquí
expuestas.

Cuarto.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo
en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 85001-33-33-005-2025-00029-
01, en la que tenga en cuenta las consideraciones expuestas.

Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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