Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05581-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05581-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05581-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Instituto Financiero de Casanare
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05581-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La parte accionante presentó demanda ejecutiva contra el señor
Casimiro Betancourth ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal,
con el fin de obtener el pago de la obligación crediticia contenida en el
pagaré No. 4117520 del 27 de junio de 2016, por el valor de $9.600.000.
1.2. El 11 de julio de 2022, el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal
libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares sobre los
bienes del señor Casimiro Betancourth en su condición de ejecutado.
1.3. Posteriormente, el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal,
mediante auto de 28 de octubre de 2024, declaró la falta de competencia
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por jurisdicción y remitió el proceso a los Juzgados Administrativos de
Yopal.
1.4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, mediante
providencia de 27 de febrero de 2025, resolvió i) avocar conocimiento del
proceso ejecutivo; ii) dejar sin efecto los autos de 11 de julio de 2022
proferidos por el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal; y iii) no librar
mandamiento ejecutivo en contra del ejecutado por la falta de
configuración del título ejecutivo complejo, al considerar que no se podía
tener como base para la ejecución el simple pagaré sino que era
necesario presentar el contrato estatal celebrado entre las partes donde
constara la existencia de la obligación de manera clara y expresa.
1.5. Contra la anterior decisión el accionante presentó recurso de
apelación.
1.6. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante decisión de 12 de
junio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar
que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado puede acudir al
proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación contenida en
un pagaré, esto no ocurre en la jurisdicción contenciosa administrativa
donde por regla general corresponde a un título ejecutivo complejo, el
cual no se cumple en el presente caso.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
El accionante manifestó que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, porque junto con la demanda
ejecutiva aportó el pagaré No. 4117520 y la carta de instrucciones que “[…]
además de ser un título valor que contiene una obligación clara, expresa y
exigible, es autónomo y por ende, es un título ejecutivo simple, no complejo,
sin embargo, restando toda posibilidad de mérito ejecutivo, se negó el
mandamiento de pago, por los operadores judiciales accionados […]”.
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Adujo que los accionados partieron de una falacia al considerar que el contrato
estatal por haber sido suscrito por una entidad del Estado debía ceñirse
únicamente por el procedimiento de la Ley 80 de 1993, desconociendo que
también existen contratos del Estado que se rigen por el derecho privado y que
tiene su regulación conforme a esa normatividad.
Advirtió que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo por
interpretación contraria a sus derechos fundamentales, porque a pesar de
tratarse de un pagaré con carta de instrucciones que recoge un crédito, se
empeñaron en solicitar un contrato escrito, no porque se requiriera para librar
mandamiento, sino como una clara forma de entorpecer la acción y de
abstenerse de dar trámite a la misma.
Aseguró que tanto el “[…] el CGP como en el CPCA, al unisonó y con alcance
similar, prestan merito ejecutivo los documentos que provengan del deudor o
de su causante, y constituyan plena prueba contra él, y más allá en el CPACA
también cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual en los
que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, y que, adosado junto
con la demanda, es imperativo para el juez librar mandamiento ordenando al
demandado que cumpla la obligación. […]”.
Sostuvo que se incurrió en defecto procedimental toda vez que las decisiones
cuestionadas contrarían la interpretación del artículo 229 constitucional y con
un formalismo más allá de la ley por lo “[…] encuadra en un excesivo ritual
manifiesto […]” sin justificación por parte de los operadores judiciales.
Aseveró que se incurrió en violación directa de la Constitución por cuanto en
“[…] el auto A-2014/24 proferido por la Corte Constitucional, se determina
respecto del contrato de mutuo que no debía costar por escrito, por cuanto,
conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo
comercial por remisión del artículo 473 del Código de Comercio) basta con la
entrega de la cosa dada en préstamo para el perfeccionamiento del negocio
jurídico […]”.
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3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso
y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE, que se desconocieron por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal en auto emitido en fecha 27 de Febrero de 2025
y confirmado el 12 de Junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Casanare dentro del proceso 85001333300420250009400.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha
27 de Febrero de 2025 emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare en fecha 12 de Junio de 2025, dentro
del medio de control 85001333300420250009400; por encontrarse tales
decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito
ejecutivo al pagare 4117520 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al
expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito,
ajena a este tipo de contratos, así como por defecto sustancial dado el
sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente
judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de
Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo
de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a
partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones
procesales censuradas, para que en su lugar el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal, libre mandamiento de pago y/o ordene seguir
adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los
demandados CASIMIRO BETHANCOURT, dentro del proceso ejecutivo
85001333300420250009400 y se abstenga de exigir requisitos
innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter
comunis o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen
en los Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el
Instituto Financiero de Casanare, y en los que se desconozca el pagare
como título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y
jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al
Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y al Tribunal Administrativo de
Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las
conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido. […]”.
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II. INTERVENCIONES
1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal manifestó que la
presente acción de tutela carece de relevancia constitucional porque lo
pretendido por el accionante es que se surta una tercera instancia en un caso
que ya fue estudiado por el juez natural del asunto.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en el marco del proceso ejecutivo con radicación núm. 85001-33-33-004-2025-
00094-00/01, que resolvieron no librar mandamiento de pago en contra del
ejecutado.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
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Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, las autoridades accionadas desconocieron la obligación clara, expresa y
exigible que surge del pagaré No. 4117520 y la carta de instrucciones
aportados al proceso, circunstancia que se traduce en la reapertura de un asunto
que ya fue resuelto por el juez natural de la causa judicial en la medida de que
implica determinar si las entidades públicas requieren aportar el contrato estatal
como fuente de la obligación para librar el respectivo mandamiento de pago.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Por último, también se observa que las pretensiones de la parte actora resultan
tener una connotación estrictamente económica, toda vez que su objeto es
obtener el pago del valor adeudado por el ejecutado Casimiro Betancourth,
circunstancia que escapa de la competencia del juez de tutela.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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