Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-08206-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-08206-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08206-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro
Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Proceso ejecutivo. Niega mandamiento de pago por no aportar
contrato de mutuo y copia auténtica u original de pagaré. REVOCA
SENTENCIA- DECLARA IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare en contra de la
sentencia del 9 de febrero de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante la cual se concedió el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados
con las providencias del 11 de marzo y 19 de junio de 2025, proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, en el proceso ejecutivo con radicado núm. 85001-33-33-005-2024-
00210-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El accionante narró que, conforme a su acto de creación, Decreto 107 de 1992,
modificado por el Decreto 073 de 2002, es una empresa comercial y de gestión
económica del Departamento de Casanare, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal, y el régimen de sus actos y contratos es el dispuesto
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en los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.
Que el 26 de julio de 2024, instauró demanda ejecutiva contra los señores Óscar
Mauricio Alonso Barreto y María Elvia Barreto López, para cobrar el Pagaré núm.
8001328, por valor de cinco millones novecientos treinta y seis mil ciento veintiocho
pesos) M/Cte. ($5.936.128).
Que el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal inadmitió la demanda, luego la
rechazó y la remitió a los juzgados administrativos de Yopal, por competencia.
Que el 11 de marzo de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal
negó mandamiento de pago, con fundamento en que no acreditó la existencia del
título ejecutivo complejo, porque no aportó el contrato de mutuo y el pagaré y la
carta de instrucciones las allegó en copia simple, a pesar de que debía ser auténtica
o ser presentada en original, por lo cual interpuso recurso de apelación y el 19 de
junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la decisión.
Considera que el Juzgado y el Tribunal incurrieron en los siguientes defectos:
i) fáctico, por valorar de forma defectuosa el Pagaré núm. 8001328 y la carta de
instrucciones, los cuales contenían una obligación clara, expresa y exigible, por lo
que constituían un título ejecutivo autónomo; por no tener en cuenta su naturaleza
jurídica y el régimen de derecho privado que rige su actividad comercial; y por exigir
el contrato de mutuo, para configurar un título ejecutivo, sin tener en cuenta que se
trata de una carga desproporcionada, ya que en el ejercicio de su actividad
comercial no se exige la suscripción de dicho documento;
ii) sustantivo, por no realizar una interpretación integral del régimen contractual de
las empresas industriales y comerciales del Estado, tal y como lo disponen los
artículos 99 (numeral 5) y 297 (numeral 3) de la Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la
Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474 de 2011; 2221 y 2222 del Código Civil (en
adelante CC); y 621 y 709 del Código de Comercio (en adelante CCo);
iii) desconocer los autos A-2014/24 y A-1455/25 de la Corte Constitucional, donde
dirimió conflictos de competencias entre dos juzgados de las jurisdicciones ordinaria
y contencioso administrativo, para conocer de procesos ejecutivos similares al
asunto y estableció que el IFC se rige por el derecho privado en el desarrollo de sus
actividades comerciales y en su contratación; de ahí que, al autorizar los créditos
de fomento y educación no debía mediar un contrato escrito, pues, conforme con
los artículos 2221 y 2222 del CC, bastaba con la entrega de la cosa dada en
préstamo para el perfeccionamiento del negocio jurídico.
iv) procedimental por exceso ritual manifiesto, pues exigieron, de un lado, allegar el
contrato de mutuo elevado a escrito, con apego a interpretaciones contrarias a la
Constitución, la ley y la función judicial de administrar justicia, y, de otro, aportar el
pagaré en original y no en copia digitalizada, contrariando el artículo 6 de la Ley
2213 de 2022, y sin requerimiento previo en ese sentido.
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PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se dejen sin efectos los autos del
11 de marzo y 19 de junio de 2025, proferidos, respectivamente, por las autoridades
judiciales accionadas en el proceso con radicado 85001-33-33-005-2024-000210-
00; y, en consecuencia, se ordene a las accionadas librar mandamiento de pago a
favor del Instituto Financiero de Casanare.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 15 de enero de 2026, se admitió la acción; se vinculó a los señores Óscar
Mauricio Alonso Barreto y María Elvia Barreto López, como terceros con interés; y
se ordenó notificar a las partes y vinculados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Casanare indicó que el Instituto Financiero de
Casanare es una empresa de gestión económica de carácter departamental,
sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998; por lo tanto, los contratos que celebre para el
desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la
Contratación de las entidades estatales.
Aludió a la sentencia de tutela 1 de esta corporación donde se estableció que el
debate planteado por el IFC sobre el cobro de una obligación derivada de un
contrato de mutuo con intereses es improcedente, dado el carácter excepcional del
mecanismo constitucional.
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
Los señores Óscar Mauricio Alonso Barreto y María Elvia Barreto López
guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 9
de febrero de 2026, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del accionante; dejó sin efectos la providencia
del 19 de junio de 2025 y ordenó al Tribunal Administrativo de Casanare que emita
una nueva decisión.
Señaló que las empresas industriales y comerciales del Estado que estén en
competencia con los particulares o actúen en mercados regulados están exentas de
contratar bajo el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, pues se
rigen por las reglas del derecho privado.
1 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de noviembre de 2025, radicado 11001 -03-15-000-
2025-06405-00, consejero ponente Carlos Fernando Mantilla Navarro.
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En esa medida, concluyó que el Tribunal inadvirtió los estatutos internos del IFC así
como un análisis integral del marco normativo que regula la actividad contractual de
las empresas industriales y comerciales del Estado, en especial el artículo 93 de la
Ley 489 de 1998.
Que conforme a los artículos 2221 y 2222 del CC con la entrega de la cosa otorgada
en préstamo se tenía por celebrado el contrato de mutuo, es decir, que no debía
constar por escrito.
Con base en lo anterior, la Sala consideró que el Tribunal al confirmar la decisión
que negó el mandamiento de pago incurrió en los defectos sustantivo y
procedimental por exceso ritual manifiesto, por exigir allegar un contrato de mutuo,
de por si inexistente, a partir de una interpretación parcializada y restrictiva del
artículo 93 de la Ley 489 de 1998.
IMPUGNACIONES
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal argumentó que
la decisión del juez constitucional desconoció la tesis del Consejo de Estado sobre
los títulos ejecutivos ante esta jurisdicción y las formalidades que debe cumplir.
Sostuvo que el IFC ha elevado varias acciones de tutela las cuales han sido
declaradas improcedentes, por no satisfacer el requisito de la relevancia
constitucional.
El Tribunal Administrativo de Casanare alegó que la acción de tutela es
improcedente. Además, reiteró los argumentos expuestos en el informe de tutela,
en el sentido de que los contratos que celebre el actor para el desarrollo de su objeto
se deben sujetar al Estatuto General de la Contratación de las entidades estatales,
debido a su naturaleza jurídica.
Citó, entre otras, las sentencias del 28 de agosto 2 y 8 de septiembre 3 de 2025,
mediante las cuales esta corporación o bien avaló el análisis que realizó el Tribunal
en un asunto que guarda identidad fáctica y jurídica con este o declaró improcedente
la acción por incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional o
subsidiariedad, motivo por el cual pidió que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se niegue o se declare improcedente la acción.
Se decidirá previas las siguientes,
2 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejero ponente: Juan Camilo Trujillo. Sentencia del 28 de agosto
de 2025. Radicado: 11001-03-15-000-2025-04677-00.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 8 de
septiembre de 2025, radicado 11001-03-15-000-2025-05003-00.
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CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales 4, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/055. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
4 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
5 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»6
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada7.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”8. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela9.»
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Sentencia SU-074 de 2022.
8 Sentencia SU-074 de 2022.
9 Sentencia SU-072 de 2018.
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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
Las autoridades judiciales accionadas alegaron que la sentencia de primera
instancia desconoció que en asuntos similares al que es objeto de estudio el
Consejo de Estado ha declarado improcedente la acción constitucional, por no
cumplir con los requisitos de relevancia constitucional o subsidiariedad.
Adicionalmente, adujeron que los contratos que celebre el IFC deben sujetarse a
los parámetros que consagra el Estatuto General de la Contratación, ya que es una
empresa industrial y comercial del Estado.
Al respecto, se considera que la acción sí supera la exigencia general de la
relevancia constitucional, puesto que lo pretendido por el actor es lograr la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados con las providencias del 11
de marzo y 19 de junio de 2025, proferidas por las autoridades judiciales
accionadas, por la incursión en los defectos fáctico, desconocimiento del
precedente constitucional, procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo,
mas no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la autonomía e
independencia judicial del juez natural de la causa o convertir esta acción en una
instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a las
providencias controvertidas en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.
Frente al argumento de la accionada de que en otras tutelas 10 interpuestas por el
IFC en contra del Tribunal Administrativo de Casanare, en casos similares, esta
10 Sección Primera, Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta, sentencia del 23 de octubre de 2025,
radicado 11001031500020250558100.
Sección Tercera, Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 28 de marzo de 2025, radicado
11001031500020250096700; la cual fue
confirmada con providencia del 19 de junio del mismo año, proferida por la Sección Quinta, Consejero ponente:
Omar Joaquín Barreto Suárez.
Sección Primera, Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro, sentencia del 27 de noviembre de
2025, radicado: 11001031500020250640500.
Sección Tercera, Consejero ponente: Alberto Montaña Plata, sentencia del 9 de diciembre de 2025, radicado:
11001031500020250583000.
Sección Tercera, Consejero ponente: Alberto Montaña Plata, sentencia de 26 de febrero de 2026, radicado:
11001-03-15-000-2025-06405-01.
Sección Segunda, Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia de 26 de febrero de 2026,
radicado: 11001-03-15-000-2025-05830-01.
Sección Primera, Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro, sentencia del 5 de marzo de 2026,
radicado: 11001 03 15 000 2026 00393 00.
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corporación ha declarado improcedente la acción de tutela por no tener relevancia
constitucional, la Sala observa que las decisiones mencionadas no fueron proferidas
por la Subsección que conoció la primera instancia y esta Sala no comparte dicho
criterio, en los términos previamente expuestos.
Ahora, en cuanto al requisito de subsidiariedad, se observa que no se encuentra
cumplido si se tiene en cuenta que el Juzgado accionado se negó a librar
mandamiento de pago porque i) el demandante no aportó el contrato de mutuo al
que alude el Pagaré y ii) no allegó copia auténtica u original del Pagaré núm.
8001328 y la carta de instrucciones, sino que aportó copia simple, elementos que
estimó necesarios para acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y
exigible. No obstante, en el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
interpuesto por el actor contra el auto del 11 de marzo de 2025 no discutió el
segundo aspecto.
En efecto, el demandante no controvirtió la conclusión del Juzgado sobre la
necesidad de aportar dichos documentos en copia auténtica o en original, como lo
debate en esta sede con fundamento en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, sino
que, al recurrir el proveído, únicamente basó su desacuerdo en que en el caso el
contrato se perfeccionó con la entrega del dinero, debido a que estaba regido por
las normas de contratación del derecho privado, esto es, el primer argumento del
Juzgado antes señalado.
En ese orden de ideas, debe recordarse que el carácter excepcional y residual de
la tutela exige que los solicitantes del amparo agoten todos los mecanismos
judiciales con los que cuentan para lograr la protección de sus derechos, antes de
acudir a esta acción constitucional, lo que no ocurrió en el asunto bajo examen,
imposibilitándose entonces un análisis y pronunciamiento sobre el particular,
máxime cuando el accionante no demostró alguna situación que le hubiere impedido
utilizar los recursos con los que contaba al interior del proceso para exponer su
desacuerdo.
Ahora bien, teniendo en cuenta que no resulta procedente examinar el desacuerdo
planteado y que este constituye uno de los dos argumentos principales que llevaron
a las autoridades judiciales accionadas en esta sede a abstenerse de continuar con
la ejecución pretendida por el Instituto Financiero de Casanare, se observa que
resulta suficiente con el estudio precedente para revocar la decisión de acceder al
amparo pedido, pues al permanecer incólume una de las razones para la negativa
de continuar con la ejecución, no habría lugar a dejar sin efectos el proveído
controvertido.
En consecuencia, se revocará la sentencia del 9 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, se
declarará improcedente la acción por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes, sentencia de 5 de marzo de 2026,
radicado: 11001-03-15-000-2025-07352-01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 9 de febrero de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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