Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02975-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02975-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-02975-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C, treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02975-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo.
Entidades excluidas del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. Defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente. REVOCA- CONCEDE AMPARO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 21 de mayo de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
El Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC), promovió acción de tutela con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados con ocasión del
auto del 20 de marzo del 2025 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal mediante el cual se negó el mandamiento de pago y la medida cautelar
solicitada dentro del proceso ejecutivo adelantado bajo el radicado n.º 85001-33-33-
001-2024-00241-00/01, y del auto del 16 de octubre de 2025 proferido por el
Tribunal Administrativo de Casanare, que confirmó dicha decisión al resolver el
recurso de apelación interpuesto.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que presentó demanda ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria, contra el señor Neffer
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Carlos Arturo Rueda Vega, con base en el pagaré No. 4117118. - Archivo Central.
Que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, mediante auto del 22 de marzo
de 2018, libró mandamiento de pago por el capital adeudado, esto es, la suma de
$8.012.194, más intereses moratorios. No obstante, el 21 de octubre de 2024
declaró la falta de jurisdicción y ordenó la remisión del proceso a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
Que el proceso fue repartido al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Yopal, el cual, mediante auto del 20 de marzo de 2025, avocó conocimiento, estudió
nuevamente el mandamiento de pago y lo negó, así como la medida cautelar
solicitada, argumentando que no se aportó el contrato de mutuo escrito que
permitiera integrar el título ejecutivo complejo. Contra dicha decisión interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación. El primero fue negado mediante auto
del 2 de mayo de 2025 y el Tribunal Administrativo de Casanare, al resolver la
apelación, mediante auto del 16 de octubre de 2025 confirmó la decisión.
Que fundamentó la decisión en que, del pagaré y de su carta de instrucciones no
era posible establecer con certeza la existencia del contrato de mutuo que
respaldaba la obligación y, que el titulo valor referido debió aportarse en original y
no en copia digitalizada. En consecuencia, consideró necesario aportar el contrato
estatal suscrito entre el IFC y el obligado, pues, tratándose de un proceso ejecutivo
contractual, su existencia debía acreditarse en los términos de la Ley 80 de 1993.
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO
El accionante considera que al contrato de mutuo que celebra el IFC en desarrollo
de su actividad comercial de crédito, que es propia de su objeto social, no le es
aplicable la normativa de la Ley 80 de 1993 y, en ese sentido, no se encuentra
sometido a la formalidad de constar por escrito en los términos del artículo 39 de la
referida ley.
Que, en ese orden, el mutuo corresponde a un contrato regido por el derecho
privado y, a la luz del artículo 2222 del Código Civil, se perfecciona con la entrega
de la cosa, que en el giro ordinario de la actividad del IFC corresponde al
desembolso del crédito.
Agregó que la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos (por ejemplo, los
Autos 2014 de 2024 y 1455 de 2025) determinó que la competencia en este tipo de
asuntos está en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues el
proceso ejecutivo se origina en un título valor (pagaré), suscrito en el marco de un
contrato estatal regido por el derecho privado (de mutuo); asuntos en los que no es
necesario que medie un contrato escrito, porque el título contiene una obligación
clara, expresa y exigible.
Relató que, desde el 30 de enero de 2025, fecha en que se profirió la primera
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decisión de negar el mandamiento de pago por el Tribunal Administrativo - Archivo Central.
de
Casanare, al 15 de julio de 2025 (fecha de corte en la solicitud de tutela), dicha
Corporación se ha pronunciado en el mismo sentido en 257 providencias, lo que ha
implicado que se reste la exigibilidad a los pagarés y, en consecuencia, se ha
transformado un título ejecutivo simple en uno complejo.
Que a la anterior situación se debe sumar que aproximadamente 2190 procesos se
encuentran en situación similar y que, por el cambio de jurisdicción, se están
remitiendo por parte de los juzgados civiles a los administrativos; trámites que
representan para el IFC un patrimonio de aproximadamente $29.885.438.000.
Afirmó que hubo exceso ritual manifiesto, pues exigieron, de un lado, allegar el
contrato de mutuo elevado a escrito, con apego a interpretaciones contrarias al
régimen civil, y, de otro, aportar el pagaré en original y no en copia digitalizada,
contrariando la Ley 2213 de 2022, en cumplimiento a las reglas de implementación
de las tecnologías de la información.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados y se dejen sin efectos el auto del
20 de marzo de 2025, proferido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Yopal, así como el auto del 16 de octubre de 2025, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Casanare resolvió el recurso de apelación dentro del proceso con
radicado n.º 85001-33-33-001-2024 00241-00/01
En consecuencia, pidió ordenar al Juzgado Primero Administrativo de Yopal que
libre mandamiento de pago y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este
tipo de procesos.
Finalmente, solicitó que el fallo tenga efecto inter comunis o, en su defecto, se
extienda a los procesos ejecutivos que cursen en los juzgados administrativos de
Yopal en los que sea demandante el IFC y se desconozca el pagare como título
ejecutivo autónomo, siempre que concurran supuestos fácticos y jurídicos similares.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El magistrado sustanciador, el 21 de abril de 2026, admitió la acción de tutela; negó
la solicitud de estudiarla según lo contemplado en el art. 271 del CPACA; vinculó a
las partes e intervinientes del proceso con radicado 85001-33-33-001-2024 00241-
00/01; y ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que la presente acción no
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reúne los requisitos para que se estudie de fondo, principalmente el de- Archivo Central.
relevancia
constitucional, puesto que no se plantea un asunto que evidencie la existencia de
una afectación real de derechos fundamentales, y que simplemente la parte actora
formula un debate de naturaleza legal en el que cuestiona el criterio jurídico aplicado
por las entidades judiciales.
Afirmó que se pretende utilizar la tutela como una tercera instancia, reabriendo una
discusión jurídica ya resuelta. Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción.
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal dijo que la tutela contra providencias
judiciales es un mecanismo excepcional, y que en el caso presente no se logra
acreditar la configuración de las irregularidades específicas de procedibilidad, como
tampoco la vulneración de las garantías fundamentales.
Que la decisión de primera instancia está debidamente motivada, tanto fáctica,
normativa y jurisprudencialmente, atendiendo a las pruebas allegas, además que el
auto fue objeto de recurso, y en sede de apelación la decisión fue confirmada. Y,
que la negativa de librar mandamiento de pago obedeció a la indebida conformación
del título.
Afirmó que en el Auto A-2014 de 2024, expuesto como argumento de la parte actora,
la Corte Constitucional se limitó a definir la competencia para el conocimiento de
procesos ejecutivos derivados del incumplimiento de un contrato estatal,
atribuyendo el estudio a la jurisdicción contencioso administrativo, y que el análisis
no se centró en el título base de ejecución. Además, que la decisión no constituye
un precedente judicial de carácter vinculante.
Solicitó negar el amparo constitucional.
SENTENCIA IMPUGNADA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 21 de mayo de
2026, declaró improcedente la acción al considerar que no se superó el requisito de
relevancia constitucional.
Afirmó que, previamente ya había resuelto tutelas similares, en las que se
«recurrieron» providencias en las que los Juzgados Administrativos de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare se negaron a librar mandamiento de pago, por
cuanto no se allegó el contrato de mutuo que respaldara el pagaré y en los referidos
casos concluyó que el mecanismo constitucional se estaba usando como una
instancia adicional, pues lo que se cuestionaba era el criterio jurídico de las
autoridades judiciales.
Reiteró el criterio de las providencias anteriores, y manifestó que no advirtió una
actuación arbitraria o irracional en la decisión cuestionada, que denote una
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afectación a las garantías fundamentales y que, en todo caso, lo que se- Archivo Central.
observaba
era que la parte actora pretendía usar la acción de tutela como una instancia
adicional para que se realizara una valoración del caso distinta a la concluida por el
juez natural.
Concluyó que, siguiendo el criterio trazado por esa Sección y de acuerdo con el
principio de predictibilidad del derecho, declaraba improcedente el amparo.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión y considera que sí se cumple con el requisito
de relevancia constitucional; que no se trata de una diferencia sobre la interpretación
aplicada, sino de una vulneración real y sistemática de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, lo cual se evidencia en un exceso
de ritual manifiesto y en la trasgresión a la naturaleza misma del título valor, puesto
que las autoridades judiciales hicieron exigencias ajenas al contrato de mutuo y a la
naturaleza del régimen contractual dada la naturaleza de la entidad.
Reitera los argumentos expresados en el escrito inicial, consistentes en que la
providencia, i) efectúa una indebida exigencia del título valor objeto de ejecución,
que resta el mérito ejecutivo a una obligación clara, expresa y exigible; ii) Ignora la
naturaleza del proceso, esto es el ejecutivo derivado del incumplimiento de un
contrato estatal regido por reglas de derecho privado; y, iii) Desconoce los
precedentes verticales de la Corte Constitucional que definen el problema jurídico y
que son aplicables al caso de estudio.
Insistió en que el asunto no se centra en una controversia de contenido
estrictamente económico con connotaciones privadas, y que, por el contrario, con
este tipo de decisiones de los juzgados de Yopal y de los Tribunales de Casanare
se han visto afectadas tres entidades públicas del departamento. Que en su caso
hay 2.190 procesos perjudicados.
Solicitó que se revoque la sentencia objeto de recurso y en su lugar se amparen los
derechos vulnerados, accediendo a las pretensiones incoadas.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A efectos de decidir la impugnación planteada la Sala se ocupará de los siguientes
aspectos: 1. generalidades de la acción de tutela; 2. las exigencias generales y
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y 3. se
abordará el estudio del caso concreto a partir del análisis de los hechos, las
pretensiones y los derechos invocados.
Generalidades de la acción de tutela
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• Archivo Central.
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela para que toda
persona pueda reclamar ante las autoridades judiciales, en todo momento y lugar,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Se trata,
pues, de un mecanismo expedito que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, se caracteriza por ser subsidiario, inmediato, sencillo, específico,
eficaz e informal1.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Según la doctrina constitucional vigente, para aceptar la procedencia de la acción
de tutela contra providencias, el juez debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales que se enuncian en la Sentencia C-590 de 20052, cuya
transcripción parcial se realiza a continuación:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)».
Sobre los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
• Relevancia constitucional
Contrario a lo definido en primera instancia, esta Subsección encuentra satisfecho
el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
Para determinar el cumplimiento de este requisito la Corte Constitucional ha
señalado que se debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
1 Al respecto, Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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a derechos fundamentales3. - Archivo Central.
El asunto sometido a consideración reviste relevancia constitucional, en la medida
en que la parte accionante alega la posible vulneración de derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales
constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados. En ese sentido, el
debate no se circunscribe a una simple discrepancia frente a la interpretación del
derecho aplicable, sino que se plantea la posible afectación de garantías
fundamentales derivadas de la actuación de las autoridades judiciales accionadas.
Además, la controversia trasciende el interés particular de la entidad accionante,
pues esta afirma que el criterio adoptado podría incidir en un número considerable
de procesos ejecutivos de similares características promovidos por el IFC,
circunstancia que refuerza la necesidad de verificar, desde una perspectiva
constitucional, si las decisiones cuestionadas respetaron las garantías
fundamentales invocadas.
• Inmediatez y subsidiariedad en la acción de tutela
La inmediatez se refiere al estudio de la razonabilidad y oportunidad del término
transcurrido entre la ocurrencia de la lesión o amenaza del derecho fundamental y
la solicitud de amparo, teniendo en cuenta que la finalidad del mecanismo
constitucional reside en la protección inmediata de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad. Para el
cumplimiento de ese cometido, es indispensable que quien sufra la lesión o
amenaza o los terceros previamente definidos hagan uso de la acción con la misma
prontitud con la que el juez debe atenderla4. En términos de la Corte Constitucional:
«La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la inmediatez es una
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación
temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es
improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso
del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control
constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela»5.
En el caso concreto, el accionante manifestó que se cumple con este presupuesto
porque «(...) se agotó el recurso de reposición y el de apelación contra la decisión
que determinó negar el mandamiento de pago del pagare 4117118; sin que existan
más recursos ni medios de defensa judicial, [y] (...) no han transcurrido 6 meses
desde la última decisión».
3 Véase, entre otras: Corte Constitucional, Sentencias T-859 de 2003; T-222 de 2004 y T-401 de 2004.
4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-578 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-189 de 2009 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva y T-879 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Reiteradas en la Sentencia SU-
148 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos (en las providencias se aborda en términos generales el requisito de
inmediatez y, luego, se alude a que su exigencia es más estricta cuando la solicitud de amparo se dirige en
contra de una providencia judicial).
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-148 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Con fundamento en lo anterior, la Sala observa que el auto mediante - Archivo
el cualCentral.
el
Tribunal Administrativo de Casanare resolvió la apelación en contra del auto que
resolvió el mandamiento de pago se profirió el 16 de octubre de 2025 y fue notificado
el 17 del mismo mes y año.
Por su parte, la solicitud de amparo constitucional se radicó el 16 de abril de 2026.
De manera que la pauta jurisprudencial conforme a la cual se ha considerado el
lapso de 6 meses como término razonable para acudir a la acción de tutela se
satisface en el presente caso.
Por otro lado, cabe destacar que la acción de tutela es fundamentalmente
subsidiaria, lo que quiere decir que su procedencia se encuentra condicionada a
que no existan otros medios de defensa judicial para amparar los derechos
fundamentales invocados, o en su defecto, a que se invoque como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo que impone al
juez el deber de analizar si quien acciona cuenta o no con mecanismos ordinarios
para discutir la situación que motiva la solicitud de tutela y, de acreditar su
existencia, evaluar si aquellos resultan o no idóneos para la protección de los
derechos invocados6.
En el caso concreto, la Sala encuentra satisfecho este requisito, pues no existen
otros mecanismos judiciales ordinarios que garanticen los derechos invocados
tratándose de una decisión judicial con carácter definitivo y la irregularidad relativa
a la exigencia de la conformación del título fue alegada por el accionante en el
trámite del recurso de apelación en contra del auto proferido por el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal, ocasión en la cual destacó las decisiones en las que la
Corte Constitucional resolvió conflictos de competencia entre jurisdicciones, en
asuntos similares, y asignó la competencia a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Lo referente a la aportación del título en original, que también fue una de las
consideraciones que tuvieron las autoridades judiciales para no seguir adelante con
la ejecución esta no fue la razón principal de la decisión y en esa medida el actor no
la alegó lo cual es comprensible; sin embargo, el Tribunal también tuvo esa
consideración en la decisión, razón por la cual se tiene por satisfecho el requisito.
6 Cfr. Sentencia SU-1070 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta providencia se indicó que el juez de
tutela debe analizar i) si este es idóneo y eficaz; y, de ser así, ii) si se presente una amenaza de perjuicio
irremediable, que amerite la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, sin que la
determinación sea respecto de cuál mecanismo puede resolver con mayor prontitud del asunto, porque de ese
modo, la acción de tutela desplazaría los demás mecanismos de defensa, teniendo en cuenta que los principios
que la rigen hacen que sea siempre la más rápida. Por ello se concluyó que el estudio de la subsidiariedad
impone tomar en cuenta si el juez o la autoridad a quien correspondería el conocimiento del caso, estaría en la
capacidad de brindar al conflicto una solución clara, definitiva y precisa, “(…) pudiendo ordenar también
remedios adecuados según el tipo y la magnitud de la vulneración” (esta sentencia se reitera en la SU-772 de
2014.
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Además, se encuentra que no procede el recurso extraordinario de revisión- Archivo Central.
pues,
este «procede contra las sentencias7 ejecutoriadas» en los términos del artículo 250
del CPACA.
Así, aun cuando la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare dio por
terminado el proceso no se trata de una providencia que encaje en la norma citada
en el párrafo anterior, por lo que no puede ventilar el yerro que trae en tutela por
esta vía.
• Alcance de la irregularidad alegada
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, cuando el accionante se
refiere a la configuración de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta resulta decisiva o determinante en la decisión cuestionada y que afecta los
derechos fundamentales del extremo activo.
Ello es así, porque no todo yerro de tipo procesal tiene el alcance de viciar una
providencia judicial, ni genera por su sola configuración una afectación de las
garantías de quien obtiene de la jurisdicción la resolución desfavorable en un
litigio8.
En el asunto que se estudia, la decisión de no seguir adelante con la ejecución en
el proceso objeto de las decisiones judiciales partió de considerar que el IFC no
contaba con un título completo, pues el pagaré aportado debía acompañarse de
un contrato escrito, por tratarse de una entidad estatal y, que debía aportarse el
pagaré en original y no en copia digitalizada; asunto que constituye (i) el motivo
determinante de la decisión adoptada; y (ii) una restricción de su derecho de
acceso a la administración de justicia, pues la jurisdicción de lo contencioso adopta
tal determinación luego de que la jurisdicción ordinaria le remitiera la actuación
porque también se consideró incompetente para su conocimiento.
• Identificación del derecho vulnerado y de las causas de la vulneración
Para la Corte Constitucional, a diferencia de otras hipótesis de procedibilidad de
la acción de tutela, cuando esta se interpone contra una sentencia judicial es
carga del actor identificar con claridad tanto la acción como la omisión judicial
7 Según el artículo 278 del CGP, son sentencias: «(...) las que deciden sobre las pretensiones de la demanda,
las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente
de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás
providencias».
8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-022 de 2023. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera: «32. No
cualquier error u omisión en el curso del proceso ordinario constituye un defecto que vulnere el debido proceso
[Corte Constitucional. Sentencia T-586 de 2012]. Las acciones de tutela contra providencia judicial, en las que
se alega que las vulneraciones a los derechos fundamentales del accionante son producto de irregularidades
procesales en el curso del proceso ordinario, deben demostrar que la irregularidad alegada ”tiene un efecto
decisivo o determinante en el fallo que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”
[Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005]. Para que el amparo proceda, las irregularidades deben tener
una magnitud significativa [Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, SU-061 de 2018 y T-470 de 2018,
entre otras], afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido efectivamente en la providencia
que se cuestiona».
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que pudo dar lugar a la vulneración, así como el derecho vulnerado, sin -que Archivo
seaCentral.
exigible una argumentación especializada y exhaustiva de lo ocurrido9. También
se ha dicho que siempre que ello hubiere sido posible, los argumentos que
fundamentan la solicitud de tutela deben haber sido planteados previamente
dentro del proceso judicial ordinario.
En la solicitud de amparo se indica que los hechos generadores tienen que ver
con el trámite impartido a la demanda ejecutiva que el IFC interpuso, con
fundamento en el pagaré n°. 4117118, pues las autoridades de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo resolvieron negar el mandamiento de pago tras
considerar que el ejecutante no contaba con un título completo, en la medida en
que el pagaré debía acompañarse del contrato estatal de mutuo escrito, y que el
título valor debía allegarse en original. Tales planteamientos permiten tener por
satisfecho este requisito de procedencia.
• Constatación de que la solicitud de amparo no versa sobre una
providencia de tutela
El máximo órgano constitucional ha señalado que la providencia cuestionada no
puede dirigirse en contra de (i) una sentencia de tutela; (ii) una decisión proferida
con ocasión del control abstracto de constitucionalidad que adelanta esta
Corporación; (iii) una sentencia que resuelve el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado; ni (iv) las decisiones
judiciales adoptadas por órganos de la JEP, que tengan exclusivamente un
carácter abstracto, general e impersonal10.
La acción de tutela de la referencia se presenta contra providencias judiciales
proferidas en primera y segunda instancia en el trámite de un proceso ejecutivo
en la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Por tanto, se satisface esta
exigencia.
En los anteriores términos, la Sala concluye que la solicitud de amparo satisface
todos los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela contra
providencias judiciales y, en consecuencia, procederá a delimitar el asunto
objeto de decisión a las causales específicas de procedibilidad que serán
estudiados en el caso concreto.
Sobre los requisitos específicos de la acción de tutela contra providencias
judiciales
En la Sentencia C-590 de 2005, previamente citada, se establecieron los requisitos
específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo cual implica que la sentencia censurada debe presentar al menos uno
de los siguientes vicios o defectos:
9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 2024. M.P. Juan Carlos Cortés González.
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 2026. MP. Miguel Polo Rosero.
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• Archivo Central.
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución»11.
El IFC plantea la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, porque considera que las autoridades
judiciales incurrieron en: (i) un defecto sustantivo por desconocimiento de los
artículos 297 y 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y del artículo 422 del Código General del Proceso (CGP);
(ii) violación directa de la Constitución por desconocimiento de los artículos 29 y 229
y porque ignoraron el criterio fijado por la Corte Constitucional en los autos mediante
los cuales se resolvieron conflictos de competencia entre jurisdicciones por este
asunto; (iii) un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir el contrato
de mutuo escrito cuando se trataba de uno de carácter consensual, y que el título
valor debía allegarse en original y no en copia digitalizada; y (iv) un defecto fáctico
por una indebida valoración probatoria respecto del pagare n°. 4117118 y la carta
de instrucciones.
A continuación, la Sala abordará el análisis del caso concreto a partir de los
requisitos específicos de procedibilidad invocados por el accionante en el orden
antes señalado, para determinar si alguno de ellos se configuró y, por tanto, resulta
procedente amparar los derechos fundamentales invocados.
Análisis del caso concreto
Esta Sala precisa que se abordará el estudio de la alegada vulneración a partir del
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
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análisis del contenido de las disposiciones que definen: (i) qué conoce la- jurisdicción
Archivo Central.
de lo contencioso administrativo, (ii) qué asuntos están excluidos; (iii) cuál es la
naturaleza jurídica del IFC; y (iv) cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos
que celebra el IFC.
De conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo conoce, entre otros, de los siguientes asuntos:
«Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo
dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias
y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
(...)
2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea
parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del
Estado» (subrayados fuera del texto original).
Por su parte, el artículo 105 de la mencionada codificación expresa qué está
excluido de su conocimiento:
«Artículo 105. Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no
conocerá de los siguientes asuntos:
1. Las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los
contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de
instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o
intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando
correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo
los procesos ejecutivos» (subrayados fuera del texto original).
Lo anterior significa que existe una regla general de competencia, que asigna a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de aquellos procesos
que se refieran a contratos, independientemente de su régimen, con la condición de
que en ellos sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones
del Estado. En paralelo, se establece como excepción la controversia de tipo
contractual en la cual la entidad pública sea de aquellas instituciones de naturaleza
financiera, que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Financiera, cuando
el litigio verse sobre los asuntos propios de su giro ordinario, inclusive si este es de
tipo ejecutivo.
En esa línea, resulta necesario determinar si el IFC se encuentra comprendido
dentro de la referida excepción, para lo cual deberá determinarse su naturaleza
jurídica y verificar si está sometido a la inspección o vigilancia de la
Superintendencia Financiera.
El IFC es una entidad descentralizada del nivel departamental, creada mediante el
Decreto 107 del 27 de julio de 1992 y reorganizada a través del Decreto 0073 de 30
de mayo de 2002, como empresa de gestión económica de carácter departamental
y sometida al régimen jurídico de las EICO, en los términos de la Ley 489 de 1998.
12
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• Archivo Central.
Luego de verificarse la página web de la Superintendencia Financiera con el fin de
establecer si la tutelante es sujeto de inspección y vigilancia se constata en la tabla
de entidades vigiladas con corte a 1 de junio de 2026, el IFC no hace parte de las
entidades vigilades por esa unidad administrativa.
De manera que el IFC no es de aquellas instituciones financieras cuyas
controversias contractuales, originadas en el giro ordinario de sus negocios, se
excluyen de los asuntos que son de conocimiento de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Llegados a este punto, es pertinente analizar la naturaleza y régimen jurídico
aplicable a los contratos que celebra el IFC, pues la exigencia o no de determinadas
formalidades dependerá, necesariamente, de su sometimiento o no a las reglas
contenidas en el EGCAP.
Previamente se precisó que el IFC está sometido al régimen jurídico de las EICO.
Al respecto, el EGCAP (Ley 80 de 1993) establece en su artículo 32 un criterio
orgánico para definir cuándo se está ante un contrato estatal:
«ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos
los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las
entidades a que se refiere el presente estatuto, (...)» (negrillas y subrayas
fuera del texto original).
«ARTÍCULO 2.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos.
Para los solos efectos de esta Ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital
y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, (...)»
(subrayado y negrilla fuera del texto original).
En ese sentido, se observa que los contratos celebrados por las EICO, dada la
naturaleza de entidad estatal deben considerarse de naturaleza estatal. Sin
embargo, debe ponerse de presente que una es la naturaleza del contrato y otro el
régimen aplicable a este.
Así, la Ley 489 de 1998, que establece el régimen propio de las EICO, respecto de
cuyos contratos prescribe:
«ARTÍCULO 93.- Régimen de los actos y contratos. Los actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su
actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a
las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el
cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General
de Contratación de las entidades estatales» (subrayado fuera del texto original).
De manera que, en principio, podría afirmarse que a estas entidades les resulta
aplicable la Ley 80 de 1993. Sin embargo, en virtud del artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, las EICO se someten al régimen de derecho público, salvo cuando
13
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desarrollan actividades en competencia con el sector privado o actúan en - Archivo Central.
mercados
regulados; supuesto que constituye, precisamente, la finalidad principal de este tipo
de entidades, en especial de aquellas como la que es objeto de análisis en esta
ocasión, que corresponde a una institución financiera.
En consecuencia, puede afirmarse que el régimen de sus contratos es mixto, pues,
aunque pueden aplicar las normas de derecho privado en su actividad contractual,
deben observar los principios de la función administrativa (artículo 209 de la
Constitución Política (CP)), de la gestión fiscal (artículo 267 CP) y el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades (Ley 80 de 1993).
«ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE
ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades
entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al
cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se
regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
13 de la presente ley» (subrayado fuera del texto original).
Precisado lo anterior, corresponde analizar el régimen jurídico aplicable al contrato
de mutuo que sirvió de fundamento a la obligación cuya ejecución se pretendió por
parte de la IFC en el proceso ejecutivo, pues el principal cuestionamiento de las
autoridades judiciales accionadas consistió en exigir el contrato escrito para integrar
el título.
A partir de ello, será posible establecer si, tratándose de una operación celebrada
por el IFC en desarrollo del giro ordinario de sus negocios, el mentado contrato se
regía por las normas del derecho privado y si, conforme a estas, realmente se
requería o no que constara por escrito para ejecutarse la obligación derivada de él,
contenida en el pagaré n°. 4117118.
Al tenor del artículo 1500 del Código Civil el contrato es «real cuando, para su
perfeccionamiento, es necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere; es
solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de
manera que sin ella no produce ningún efecto civil: y es consensual cuando se
perfecciona con el solo consentimiento». A su vez el artículo 2222 señala que «[n]o
se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el
dominio». Con ello, es posible establecer que el negocio jurídico se perfecciona
mediante la entrega de la cosa sin que se requiera ningún acto adicional.
En ese sentido, si los contratos que el IFC celebra para desarrollar su objeto social
se encuentran excluidos de la aplicación de la normativa del EGCAP y, por esa vía,
14
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ha de remitirse a la normativa civil y comercial, para la Sala es posible -afirmar
Archivo Central.
que
el negocio de mutuo, subyacente al pagaré objeto del trámite ejecutivo, es de
aquellos que, conforme a lo dicho en el párrafo previo, se perfeccionan con la
tradición de la cosa y, por tanto, es de tipo real.
Esta afirmación, desde la óptica del proceso ejecutivo, tiene una consecuencia
adicional: contrario a las conclusiones vertidas en las providencias del Juzgado
Primero Administrativo de Yopal y del Tribunal Administrativo de Casanare, para la
exigibilidad del título no era necesario que este se acompañase de un contrato
escrito.
Este punto se ha tratado por parte de la Corte Constitucional en providencias, en
las que ha resuelto conflictos negativos de competencia entre la jurisdicción
ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respecto de la autoridad
competente para conocer procesos ejecutivos que, como el que es objeto de
análisis, involucran a distintas entidades financieras de Casanare:
• Auto 2014 de 2024 (M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar). Se dirimió el conflicto de
competencia entre el Juzgado 1 Civil Municipal de Yopal y el Juzgado 4 Administrativo
de Yopal para conocer el proceso ejecutivo singular promovido por el Instituto Financiero
Empresarial de Yopal, con base en el título valor representado en el pagaré nro. 473 y
su respectiva carta de instrucciones.
La Corte analizó la naturaleza y régimen jurídico del Instituto Financiero y
Empresarial de Yopal y el régimen de sus contratos. Definió que la entidad está
organizada bajo el régimen de las EICO y desarrolla actividades de tipo financiero,
pero sin ser vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese
sentido, conforme a los artículos 85 de la Ley 489 de 1998, 32, parágrafo 1 de la
Ley 80 de 1993 y 14 de la Ley 1150 de 2007, aplica el derecho privado en el
desarrollo de las actividades propias de su objeto y, por ende, los contratos que
celebra se rigen por las disposiciones del derecho privado aplicables a sus
actividades económicas y comerciales.
En esta decisión se citó como antecedente el Auto 403 de 2021 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger), de acuerdo con el cual, independientemente del régimen
jurídico aplicable, aquellos contratos en los que sea parte una entidad pública son,
por definición, contratos estatales, lo que se acompasa con la jurisprudencia del
Consejo de Estado en la materia12.
También se refirió a las decisiones adoptadas en los Autos 1622 de 2024 (M.P.
Paola Andrea Meneses Mosquera) y 1705 de 2024 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger), en los cuales se definió que la competencia para conocer procesos
ejecutivos promovidos por entidades públicas ante la falta de certeza respecto de
la existencia o no de un contrato estatal es de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, según la regla fijada en el Auto 1209 de 2024 (M.P. Diana Fajardo
12 Cfr. Sección Tercera. Sentencia 26.765 del 13 de agosto de 2014 (cita en el auto de la Corte).
15
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Rivera), la cual se cita a continuación: - Archivo Central.
«§25. De conformidad con los hechos descritos en la presente providencia, los
cuales exponen la causa que dio origen a la controversia de la referencia, y
teniendo en cuenta las consideraciones desarrolladas previamente, la Sala
Plena dirime el presente conflicto de jurisdicciones en el sentido de determinar
que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare, es la
autoridad competente para tramitar el proceso ejecutivo promovido por el IFC.
§26. Lo anterior, en la medida en la que no se cuentan con elementos suficientes
para verificar la existencia o inexistencia de un contrato estatal entre las partes.
De esta forma, la controversia presentada puede involucrar actos o contratos
suscritos por una entidad pública, los cuales se encontrarían sujetos al derecho
administrativo y, por consiguiente, a la competencia de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo».
Hecho este recorrido, en el Auto 2014 de 2024 se determinó que el negocio
subyacente al título ejecutivo que se pretendía ejecutar era un contrato estatal, por
lo que los procesos ejecutivos y controversias que surgieran con ocasión de este
eran competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo:
«En efecto, la obligación insoluta cuyo cumplimiento se persigue en el marco
del proceso ejecutivo está contenida en el pagaré No. 473 el cual al parecer se
emitió como consecuencia de un contrato de mutuo celebrado entre el IFEY y
las personas naturales demandadas, el cual, como indicó la parte actora, no
consta por escrito. Esto último guarda lógica si en cuenta se tiene que las
empresas industriales y comerciales del Estado conforme a los artículos 85 y
93 de la Ley 498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por
el derecho privado en el desarrollo de sus funciones actividades y/o comerciales
y, por ende, en su contratación. De manera que, al momento de autorizar un
crédito, como ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito
pues conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo
comercial conforme a la remisión del artículo 473 del Código de Comercio) basta
con la entrega de la cosa dada en préstamos para el perfeccionamiento del
negocio jurídico.
En atención a las consideraciones de esta providencia, aunque el contrato de
mutuo celebrado entre el IFEY y los demandados se rigen por el derecho
privado, no deja de ser un contrato estatal y, en consecuencia, las controversias
derivadas del mismo son competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, conforme al artículo 104.2 del CPACA. De esta manera, la
competencia para conocer de los procesos ejecutivos resultado de dicho
contrato de mutuo también son competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa conforme al artículo 104.6 del CPACA.
El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA.
El título ejecutivo base de la ejecución fue firmado por los demandados como
consecuencia de un contrato de mutuo celebrado con el IFEY, de manera que
el pagaré No. 473 es un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible
en contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los
documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA».
• Auto 821 de 2025 (M.P. Jorger Enrique Ibáñez Najar). Resolvió el conflicto de
competencia entre el Juzgado 4 Administrativo de Yopal y el Juzgado 1 Civil
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• Archivo
Municipal de Yopal para conocer sobre el proceso ejecutivo singular promovido porCentral.
el Instituto Financiero de Casanare, con base en el pagaré n°. 4119835.
La Corte determinó que la competencia recaía en el juez administrativo, con
fundamento en las decisiones en las que se ha definido la naturaleza jurídica y
el régimen de los contratos del IFC. Indicó que el contrato subyacente al título
ejecutivo era un contrato estatal y agregó:
«22. La Corte advierte que el juez contencioso administrativo concluyó que no
podía tenerse por acreditada la existencia de un contrato estatal entre las
partes, debido a la ausencia de un documento escrito que lo formalizara. Según
su criterio, al tratarse de un contrato estatal, este estaba sujeto a solemnidades
propias del derecho público, cuya observancia es de carácter imperativo, por lo
que la falta de constancia escrita conllevaba la inexistencia jurídica del negocio.
23. Sobre este punto, la Corte Constitucional recuerda que, en su calidad de
juez de conflictos de jurisdicción, no le corresponde pronunciarse de fondo
sobre los aspectos sustanciales del litigio, ya que ello implicaría prejuzgar sobre
materias que deben ser resueltas dentro del proceso correspondiente. No
obstante, esta Sala advierte que, en el presente caso, existe un grado de
certeza suficiente respecto a que el título ejecutivo tiene origen en un contrato
estatal sometido al régimen de derecho privado, tal como lo afirmó la parte
demandante y como se desprende de los documentos obrantes en el
expediente.
24. En ese sentido, las consideraciones del juez administrativo en torno a las
formalidades que debía cumplir el contrato de mutuo y las posibles
consecuencias de su incumplimiento, pertenecen al estudio de fondo del asunto,
el cual deberá abordarse dentro del trámite del proceso ejecutivo respectivo y
no en sede de definición de competencia».
• Auto 1455 de 2025 (M.P. Vladimir Fernández Andrade). Resolvió el conflicto de
competencia entre el Juzgado 1 Administrativo de Yopal y el Juzgado 2 Civil
Municipal de Yopal para conocer sobre el proceso ejecutivo singular promovido por
el IFC, con base en el pagaré n°. 4106782.
La Corte determinó que la competencia recaía en el juez administrativo. En este
caso, la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984, respecto de
lo cual se advirtió que el artículo 82 de dicho estatuto atribuía a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo el conocimiento de las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades estatales. A juicio de la Corte, ello
bastaba para determinar la competencia, sin que resultara relevante el régimen
jurídico aplicable.
Como antecedentes de esta decisión, la providencia se refirió a los Autos 1079
de 2025 (M.P. Lina Marcela Escobar Martínez) y 1235 de 2025 (M.P. Paola
Andrea Meneses Mosquera). En ambas decisiones se indicó que en vigencia del
CCA la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
determinaba por el criterio orgánico, esto es, por la participación de una entidad
pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas.
Con esas referencias, en el Auto 1455 de 2025 se concluyó que el pagaré objeto
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de la controversia fue emitido como consecuencia del contrato de- Archivo mutuoCentral.
celebrado entre el IFC y el demandado. Pese a que el contrato no constaba por
escrito, resultaba razonable afirmar su existencia, porque de acuerdo con los
artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007,
las EICO (como es el caso del IFC) se rigen por el derecho privado en el
desarrollo de sus actividades comerciales y de su contratación:
«Así, al momento de autorizar el crédito, como habría ocurrido en el presente
caso, no era necesaria la existencia de un contrato escrito, ya que conforme a
los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, aplicables al mutuo comercial por
remisión del artículo 822 del Código de Comercio, el contrato se perfecciona
con la sola entrega del dinero prestado, lo cual efectivamente ocurrió en este
caso».
Bajo ese entendido, corresponde determinar si la interpretación acogida por las
autoridades judiciales, consistente en exigir el contrato escrito con fundamento en
los artículos 39 y 75 de la Ley 80 de 1993, constituyen un defecto sustantivo en los
términos de la jurisprudencia constitucional.
La Corte Constitucional ha admitido que este defecto se presenta cuando, por
ejemplo:
«(a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se encuentra dentro del
margen de razonabilidad o proporcionalidad; (b) es adaptada una disposición
de forma contraevidente o contra legem; (c) es evidentemente perjudicial para
los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen;
(d) es manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad y
aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución; o (f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales
pertinentes. “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es pertinente;
(b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es inexistente; (d) se
considera contraria a la Carta Política; y (e) a pesar de estar vigente y [ser]
constitucional, resulta inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de
revisión”; “(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la circunstancia
fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o es manifiestamente
irrazonable; (iv) presenta una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; (v) la interpretación desconoce Sentencias con
efectos erga omnes que han definido su alcance y que constituyen cosa
juzgada; (vi) interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables; (vii) desconoce la normatividad aplicable al caso
concreto; o (viii) a pesar de la autonomía judicial, interpreta o aplica la norma de
manera errónea
(...)
El error judicial debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento
de lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior debido a que
el juez constitucional no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario
tiene que decidir, “pues pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un
caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y
derechos fundamentales de los sujetos procesales”»13 (Subrayado fuera del
texto original).
Así, a juicio de esta Sala, las providencias cuestionadas incurrieron en un defecto
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU 573 de 2017. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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sustantivo, pues efectuaron una lectura aislada de las normas aplicables. - Archivo Central.
En lugar
de integrar el régimen jurídico que gobierna la contratación del IFC, las autoridades
judiciales limitaron su análisis a las previsiones de la Ley 80 de 1993 y omitieron
considerar las normas especiales que regulan la naturaleza de la entidad, su
régimen contractual y la posibilidad de acudir a las formas negociales propias del
derecho privado.
Esta interpretación incompleta condujo a exigir un requisito — un contrato escrito—
que no era legalmente necesario para integrar el título ejecutivo.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la decisión cuestionada también
desconoció la jurisprudencia constitucional, específicamente las pautas de
orientación a los tribunales y jueces para el tratamiento de casos similares,
contenidos en los autos que resolvieron los conflictos negativos de competencia
entre jurisdicciones.
Como se expuso, la Corte Constitucional, en providencias que constituyen
jurisprudencia vinculante para la resolución del asunto, precisó que los procesos
ejecutivos promovidos por el IFC (y otras entidades financieras del mismo
departamento) con fundamento en pagarés derivados de contratos de mutuo
corresponden al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
no resulta exigible la aportación de un contrato escrito de mutuo para integrar el
título ejecutivo cuando la obligación se encuentra incorporada en un pagaré.
Esa interpretación constituía un referente jurisprudencial relevante para resolver el
caso, que no fue considerado por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal ni por
el Tribunal Administrativo de Casanare, ni se ofrecieron razones para apartarse de
él14. Esta situación configura el desconocimiento del precedente, en la medida en
que, si el órgano competente para dirimir el conflicto de competencias dio a las
autoridades jurisdiccionales los parámetros a partir de los cuales se definía su
conocimiento del asunto, estas no podían sustraerse, de manera injustificada, de su
aplicación, en detrimento de los derechos fundamentales del extremo activo de la
litis o de hacerlo, debían cumplir con una carga mínima de argumentación que
justificara por qué se apartaban, lo que se echa de menos en las providencias que
dieron lugar a la solicitud de amparo.
El defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
14 Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha señalado que «(…) Con todo, los jueces de la República pueden
apartarse de los precedentes y jurisprudencia vinculante, siempre que cumplan una carga argumentativa estricta
tendiente a demostrar, adecuada y suficientemente, las razones por las cuales toman tal determinación.
Particularmente, tienen que demostrar que la interpretación alternativa que ofrecen desarrolla y amplía, de mejor
manera, el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección. De no hacerlo,
sus decisiones podrían estar incursas en el defecto por desconocimiento del precedente judicial. Así, resultan
contrarias al debido proceso, entre otras prácticas: (i) el incumplimiento de la carga mínima de argumentación
que, a partir del principio de razón suficiente, justifique por qué el juez se aparta del precedente constitucional;
y (ii) la simple omisión o negativa del juez en la aplicación del precedente, a partir de un erróneo entendimiento
de la autonomía judicial o en un ejercicio abusivo de ella». Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-044 de 2022.
MP. Paola Andrea Meneses Mosquera; decisión en la cual se cita: Corte Constitucional. Sentencia SU-023 de
2018. MP. Carlos Bernal Pulido.
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implicaron, en consecuencia, la lesión de los derechos fundamentales- Archivo Central.
al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. En efecto, la decisión de no
seguir adelante con la ejecución, con fundamento en la sola lectura de la Ley 80
de 1993, sin considerar las aristas de la discusión que ya habían sido objeto de
pronunciamiento por la autoridad a quien le correspondió dirimir los conflictos de
competencia entre las jurisdicciones, representó una limitación injustificada de las
garantías del IFC, representadas en la posibilidad de obtener del juez una decisión
de fondo e, inclusive, una restricción del ejercicio del derecho de acción, en la
medida en que, como se planteó al estudiar el requisito de subsidiariedad, de
descartarse el amparo constitucional, la entidad accionante no contaría con
mecanismos ordinarios ni extraordinarios para discutir sus intereses.
Ahora bien, respecto a la exigencia de las entidades judiciales de allegar el pagaré
original y no una copia digitalizada, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Sobre el valor probatorio de las copias, el Artículo 246 del Código General del
Proceso establece:
«Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este
con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará
mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente».
La ley 2213 de 202215 en su artículo 6° prescribe que las demandas «se presentarán
en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos» y que «contendrá
los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y
enumerados» y que «…no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas
para el archivo del juzgado, ni para el traslado».
De manera que, si la demanda debe radicarse en forma de mensaje de datos,
acompañada de los anexos que exija la ley, y no se exige copia física de los
documentos; el título ejecutivo o los documentos que lo conforman también puede
aportarse de la misma manera, bajo el entendido de que es el original el que soporta
la pretensión ejecutiva y que, de ser necesario, este lo deberá exhibir.
Lo anterior, teniendo en cuenta el contenido del artículo 78 del
CGP, que establece como deberes de las partes y sus apoderados «adoptar las
medidas para conservar en su poder las pruebas y la información contenida en
mensajes de datos que tenga relación con el proceso y exhibirla cuando sea exigida
por el juez».
15 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA VIGENCIA PERMANENTE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 806 DE 2020 Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES, AGILIZAR LOS
PROCESOS JUDICIALES Y FLEXIBILIZAR LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
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De lo relacionado, se concluye que, la negativa de librar mandamiento - Archivo Central.
de pago
debido a la aportación del título valor en copia digital o digitalizada, constituye un
exceso de ritual manifiesto y trasgrede el artículo 229 de la Constitución Política;
puesto que es deber de las autoridades judiciales facilitar el acceso de los
usuarios a la administración de justicia y en tal sentido, deben hacer uso de las
herramientas judiciales que permitan la efectividad del derecho.
Debe aclararse que tal consideración no trasgrede los derechos de la parte
ejecutada, la cual, en todo caso, cuenta también con las herramientas que ofrece el
proceso para la contradicción de la prueba, tales como la posibilidad de exigir que
se exhiban los documentos, en caso de constatar alteración, o falsedad en el
contenido del título.
Llama la atención que el Tribunal hubiera fundamentado la decisión en que «La
parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los términos del
artículo 62416 del Código de Comercio, pues no aportó copia original del título valor,
sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo», y hubiera ignorado la
normatividad y la realidad actual.
Llegados a este punto, la Sala debe precisar que, si bien en pronunciamientos
anteriores ha decidido declarar improcedente la solicitud de amparo constitucional
en acciones de tutela promovidas por el IFC, tras considerar que el estudio sobre la
naturaleza del título, la valoración de las pruebas y la interpretación de las normas
se había realizado por parte del juez natural acorde a los principios de autonomía e
independencia de la actividad judicial17, lo cierto es que, como se ha dicho en esta
providencia, la discusión trasciende la mera divergencia interpretativa y se ubica en
el escenario del acceso efectivo a la administración de justicia; cuestión que justifica
que, satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción y
configurados, como se vio, el defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente como requisitos específicos de procedibilidad, la Sala se decante por
conceder el amparo invocado, sin que resulte necesario abordar el estudio de los
demás defectos alegados.
Por lo anterior, la Sala dejará sin efectos los autos, del 20 de marzo del 2025
proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, y del auto del 16 de
octubre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del
proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-001-2024-00241-00/01.
Como consecuencia de lo anterior, se ordenará al Juzgado Primero Administrativo
16 ARTÍCULO 624. . El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del
mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial
o sólo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el
título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título
conservará su eficacia por la parte no pagada.
17 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de febrero de 2026. Exp. 11001-
03-15-000-2025-07910-00. C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
26 de febrero de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2025-05830-01. C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 14 de mayo de 2026. Exp. 11001-03-15-000-2025-08206-01. C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
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del Circuito de Yopal que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la - Archivo Central.
ejecutoria
de esta providencia, profiera una nueva decisión con estricta observancia de las
consideraciones expuestas en esta sentencia, de la naturaleza del contrato de
mutuo que sirve de negocio jurídico subyacente al pagaré y la jurisprudencia
constitucional aplicable a la materia.
En cuanto a la solicitud encaminada a que el fallo produzca efectos inter communis
o, subsidiariamente, que sus efectos se extiendan a los procesos ejecutivos que
cursan en los juzgados administrativos de Yopal en los que el IFC sea demandante,
la Sala la negará.
Los efectos inter communis de las sentencias de tutela constituyen una excepción
al principio general de relatividad de las decisiones judiciales y solo proceden
cuando resulte indispensable extender la protección a personas que, sin haber
intervenido en el proceso, se encuentren en la misma situación fáctica y jurídica del
accionante y ello sea necesario para garantizar de manera efectiva sus derechos
fundamentales o evitar decisiones contradictorias que los afecten18.
En el presente caso no se acreditan los presupuestos que justifican una decisión de
esa naturaleza. Cada uno de los procesos ejecutivos promovidos por el IFC
presenta particularidades propias en cuanto al título ejecutivo, los documentos
aportados y las decisiones adoptadas por el juez natural, aspectos que deben ser
examinados de manera individual.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, a través de la cual declaró improcedente la
acción y, en su lugar,
Segundo. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del IFC, por las razones antes expuestas.
Tercero. DEJAR SIN EFECTOS los autos, del 20 de marzo del 2025 proferido por
el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, y del auto del 16 de octubre de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del proceso ejecutivo
con radicado 85001-33-33-001-2024-00241-00/01.
Cuarto. Ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal que,
dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera
una nueva decisión con estricta observancia de las consideraciones expuestas en
esta sentencia, de la naturaleza del contrato de mutuo que sirve de negocio jurídico
18 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-349 de 2019. MP. Diana Fajardo Rivera.
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subyacente al pagaré y la jurisprudencia constitucional aplicable a la materia.
Quinto. NEGAR la solicitud de otorgar a la decisión de amparo efectos inter
comunis.
Sexto. NOTIFICAR, por Secretaría, esta providencia a las partes e intervinientes,
en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Séptimo. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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