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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06403-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06403-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero del Casanare. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS los Autos de 12 de mayo de 2025, proferido por el Juzgado 5 Administrativo de Yopal, y del 12 de febrero de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 85001-33-33-005-2025-00097-00/01. TERCERO. ORDENAR al Juzgado 5 Administrativo de Yopal que, dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión, atendiendo las consideraciones expuestas en esta sentencia, de la naturaleza del contrato de mutuo que sirve de negocio jurídico subyacente al pagaré y la jurisprudencia constitucional aplicable a la materia. CUARTO. NEGAR la solicitud de otorgar a la decisión de amparo efectos inter comunis. QUINTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-06403-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06403-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Título
ejecutivo complejo. Contrato de mutuo. Naturaleza del título.
Contrato estatal. Violación directa de la Constitución. Defecto
fáctico. Defecto sustantivo. Defecto procedimental.

Decisión: Concede solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por el Instituto Financiero de Casanare
contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado 5 Administrativo Yopal.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 13 de agosto de 2026, la parte actora presentó acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales fueron presuntamente
transgredidos por el Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado 5
Administrativo de Yopal.

2. A título de amparo, solicitó que (i) se dejaran sin efectos los Autos de 12 de
mayo de 2025 y 12 de febrero de 2026, proferidos dentro del proceso ejecutivo No.
85001-33-33-005-2025-00097-00/01; (ii) se ordenara dictar una decisión de
reemplazo en la que se librara mandamiento de pago y/o se dispusiera a seguir
adelante la ejecución, con el correspondiente decreto de medidas cautelares; y (iii)
pidió que la decisión de tutela produjera efectos «inter comunis», con el fin de que
se extendiera a los demás procesos ejecutivos en los que fuera parte y se haya
desconocido el pagaré como título ejecutivo autónomo.

3. Como fundamento fáctico de la acción de amparo, la parte actora indicó
que era una empresa comercial y de gestión económica del Departamento de
Casanare, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, cuyas
actuaciones se regían por lo dispuesto en los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de
1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de
2011.

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Demandante: Instituto Financiero de Casanare

4. Explicó que, de acuerdo con su naturaleza jurídica, tenía por objeto
fomentar el desarrollo económico y social del Departamento de Casanare, para lo
cual prestaba servicios financieros y empresariales y gestionaba proyectos. En esa
medida, dentro del giro ordinario de sus negocios y en aplicación de las reglas del
derecho privado, otorgaba créditos de fomento y educativos a personas de escasos
recursos del departamento, los cuales se respaldaban mediante pagarés y sus
respectivas cartas de instrucciones.

5. El 19 de abril de 2021, la parte actora presentó demanda ejecutiva singular
ante la jurisdicción ordinaria contra Yhon Élver Estrada Romero y Carlos Eduardo
Estrada Romero, con el fin de obtener el pago de una obligación crediticia otorgada
a estos. Dicha obligación se encontraba respaldada en el pagaré No. XXX-X448 del
2 de septiembre de 2019, junto con su respectiva carta de instrucciones, por valor
de $5.700.000.

6. El 30 de octubre de 2024, el Juzgado 3 Civil Municipal de Yopal declaró la
falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

7. El 12 de mayo de 2025, el Juzgado 5 Administrativo de Yopal avocó
conocimiento del asunto y se abstuvo de continuar con la ejecución solicitada por la
hoy accionante contra Yhon Élver Estrada Romero y Carlos Eduardo Estrada
Romero, al considerar que el título ejecutivo no se había constituido en debida
forma. Estimó que la parte actora omitió acreditar la existencia de un título ejecutivo
complejo, en tanto no aportó el contrato de mutuo del cual se derivaba la obligación.
Indicó que únicamente se allegó el pagaré y la carta de instrucciones, documentos
que, por sí solos, no contenían una obligación clara, expresa y exigible. Señaló que
estos fueron aportados en copia simple, cuando debían presentarse en copia
auténtica o en original, de conformidad con el requisito formal señalado por el
Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013.

8. El 16 de mayo de 2025, la parte actora interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación, tras considerar que resultaba posible aplicar las normas
del Código Civil, pues al contrato estatal a título de mutuo le eran aplicables los
artículos 2221 y siguientes de dicho estatuto. Estimó jurídicamente posible
apartarse de la exigencia según la cual el contrato de mutuo debía aportarse de
manera individual para integrar el título valor pagaré. Afirmó que dicho título valor
contenía las obligaciones derivadas del contrato, por lo que resultaba necesario
aplicar las normas de carácter civil y, en particular, lo establecido en el artículo 11
del CGP, con el fin de abstenerse de exigir formalidades innecesarias cuando las
circunstancias relevantes se encontraban debidamente probadas, pues exigir el
contrato de mutuo restringía el acceso a la administración de justicia, toda vez que
del título ejecutivo se derivaban las obligaciones propias de dicho contrato.

9. El 23 de enero de 2026, el Juzgado 5 Administrativo de Yopal mantuvo la
decisión adoptada mediante el Auto de 12 de mayo de 2025, al considerar que el

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título ejecutivo no se había constituido en debida forma y, en consecuencia,
concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

10. El 12 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó
el Auto de 12 de mayo de 2025, mediante el cual se negó el mandamiento de pago,
tras concluir que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado podía acudir al
proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación contenida en un pagaré,
ello no ocurría en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues esta conocía
de los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que fuera parte una entidad
pública, los cuales, por regla general, correspondían a un título ejecutivo complejo.
Consideró que dicho presupuesto no se cumplió y, por ende, los cargos carecían de
vocación de prosperidad. Indicó que el contrato constituía un presupuesto esencial
que no fue aportado, máxime cuando el Consejo de Estado, en la Sentencia de 5
de octubre de 2020, consideró que, para la conformación del título ejecutivo
complejo, se requería aportar todos los documentos que lo integraban, entre ellos,
el respectivo contrato, mediante el cual se acreditaban las condiciones pactadas
para efectuar los pagos, razón por la cual, al no contarse en el presente caso con el
contrato de mutuo, concluyó que no resultaba posible determinar la debida
constitución del título ejecutivo.

11. Como fundamentos de derecho, la parte actora sostuvo que las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales dentro del proceso ejecutivo
incurrieron en una violación directa de la Constitución, al afectar sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Explicó
que los operadores judiciales impidieron continuar con la ejecución, bajo el
argumento de que era necesario integrar un título ejecutivo complejo mediante la
aportación de un contrato de mutuo escrito, pese a que el pagaré base de la
ejecución era un título valor autónomo, literal e independiente que contenía una
obligación clara, expresa y exigible. Consideró que dicha exigencia, además de
resultar jurídicamente improcedente, desconocía la naturaleza del derecho de
acción y de la función de administrar justicia y, por tanto, comportaba una
interpretación contraria a los artículos 29 y 228 de la Constitución.

12. Afirmó que también se configuraba un defecto fáctico, pues en la decisión
objeto de tutela existió un error grave en la interpretación de una norma procesal y
una indebida valoración probatoria. Expuso que, junto con la demanda ejecutiva, se
aportó el pagaré No. XXX-X448 de 2 de septiembre de 2019 y la carta de
instrucciones, documentos que, además de constituir un título valor autónomo,
contenían una obligación clara, expresa y exigible, por lo que conformaban un título
ejecutivo simple y no uno complejo. Señaló que, las autoridades judiciales
accionadas les restó mérito ejecutivo y negó la continuación de la ejecución. Agregó
que los juzgadores partieron de la consideración de que, por tratarse de una entidad
estatal, el contrato subyacente se regía necesariamente por la Ley 80 de 1993,
desconociendo que el Instituto Financiero de Casanare desarrollaba su actividad
comercial bajo el régimen de derecho privado y que el contrato de mutuo se
perfeccionaba con la entrega del dinero. Sostuvo que la exigencia de aportar un
contrato de mutuo escrito, pese a que dicha formalidad no resultaba necesaria,

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había supuesto una valoración indebida del pagaré y de los demás elementos
allegados al proceso.

13. Sostuvo que las decisiones objeto de censura se encontraban afectadas por
un defecto sustantivo, derivado de una interpretación restrictiva, irrazonable y
contraria a la Constitución. Señaló que los jueces dejaron de aplicar las
disposiciones que regulaban el régimen jurídico del Instituto Financiero de
Casanare, el mérito ejecutivo de los documentos aportados y la naturaleza del
contrato de mutuo, al exigir que este constara por escrito para integrar el título
ejecutivo. Expuso que el artículo 297 del CPACA contemplaba, además de los
contratos y los documentos en que constaran sus garantías, cualquier acto proferido
con ocasión de la actividad contractual en el que constaran obligaciones claras,
expresas y exigibles, mientras que el régimen aplicable al Instituto determinaba que
sus actividades comerciales se desarrollaban bajo las reglas del derecho privado.
Consideró que la interpretación adoptada por las autoridades judiciales desconoció
la razonabilidad jurídica, la interpretación conforme a la Constitución y el principio
de antiformalismo, al imponer una exigencia que no correspondía a la naturaleza
del negocio jurídico ni del título valor aportado.

14. Afirmó que también se configuraba un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, toda vez que se exigían formalidades adicionales a las previstas
para la ejecución del pagaré y, con ello, se desconoció la prevalencia del derecho
sustancial. Señaló que, pese a que la obligación objeto de ejecución se encontraba
contenida en un pagaré que constituía un título ejecutivo autónomo con una
obligación clara, expresa y exigible, las autoridades judiciales accionadas exigieron
un contrato de mutuo elevado a escrito para configurar un título ejecutivo complejo,
máxime cuando dicha exigencia implicaba aplicar de manera excesivamente
formalista las reglas procesales, pues el contrato de mutuo era consensual, se
perfeccionaba con la entrega de la cosa y la falta de un documento escrito no
obedecía a una omisión de la parte demandante. Sostuvo que exigir documentos
adicionales al pagaré desconocía la autonomía del título valor y configuraba un
exceso ritual manifiesto, con incidencia en sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.

Intervenciones1

15. El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que la providencia de
segunda instancia, proferida el 12 de febrero de 2026, se sustentó en el análisis del
material probatorio allegado y de la normativa aplicable al caso, así como en la
naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare, empresa de gestión
económica de carácter departamental sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, previsto en la Ley 489 de 1998.

1 Mediante Auto de 19 de agosto de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo de Casanare y el Juzgado 5 Administrativo de Yopal y se vinculó a Yhon Élver Estrada Romero
y Carlos Eduardo Estrada Romero.

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16. Explicó que los contratos que celebrara el accionante para el desarrollo de
su objeto se sujetaban a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de
las entidades estatales y, por tanto, debían constar por escrito, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, debido a que el negocio jurídico
que subyacía al pagaré que se pretendía ejecutar correspondía a un contrato
estatal, cuya existencia debía acreditarse, máxime cuando el asunto se tramitaba
como un proceso ejecutivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

17. El Juzgado 5 Administrativo de Yopal envió el enlace del expediente digital
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 85001-3333-005-2025-
00097-00.

18. Yhon Élver Estrada Romero y Carlos Eduardo Estrada Romero, guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

20. La Sala advierte que, en el escrito de tutela, la parte actora atribuyó a los
Autos 12 de mayo de 2025 y de 12 de febrero de 2026, proferidos por el Juzgado 5
Administrativo de Yopal y por el Tribunal Administrativo de Casanare, la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto, así como
una violación directa de la Constitución. En ese orden, y con fines metodológicos,
una vez examinados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, se abordará de manera conjunta el estudio de los 4 cuestionamientos
planteados, toda vez que los argumentos expuestos por la parte actora guardan
estrecha relación entre sí.

21. En efecto, los reparos formulados convergen en un mismo eje de debate,
consistente en determinar si el pagaré allegado al proceso debía ser considerado
un título ejecutivo autónomo o, por el contrario, integraba un título ejecutivo
complejo, de acuerdo con la valoración efectuada por la autoridad judicial en el
proceso ejecutivo adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante Auto de 12 de febrero de 2026 vulneró los

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derechos fundamentales de la parte actora al confirmar el Auto de 12 de mayo de
2025 en el que se abstuvo de continuar con la ejecución, bajo el entendido de que
el pagaré No. XXX-X448 de 2 de septiembre de 2019 no constituía por sí solo un
título ejecutivo autónomo y requería la presentación del contrato de mutuo como
respaldo de la obligación contenida en dicho documento.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, no se trata
de una discusión de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los
argumentos planteados en el trámite ordinario y, en todo caso, los reparos (violación
directa de la Constitución, defecto fáctico, sustantivo y procedimental) fueron
dirigidos concretamente contra la decisión del juez de segunda instancia; (2) se
encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a
que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso
ejecutivo y, por el otro, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió la decisión
que se cuestiona; (3) se encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad,
comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que tenía para
procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 13 de
agosto de 2026, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del Auto
de 12 de febrero de 2026 2 ; (5) se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual
naturaleza.

24. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto

25. La Sala concederá la solicitud de amparo, por las razones que se exponen
a continuación:

26. La Sala advierte que la controversia constitucional no versa, propiamente,
sobre la existencia material de una obligación crediticia a cargo de los ejecutados,
ni sobre la facultad del Instituto Financiero de Casanare para acudir a la jurisdicción
en procura de su satisfacción. El desacuerdo se circunscribe a establecer cuál era
la estructura jurídica del título susceptible de ejecución y, particularmente, si para
conferir mérito ejecutivo al pagaré No. XXX-X448 de 2 de septiembre de 2019
resultaba indispensable acreditar, además, la existencia de un contrato de mutuo
escrito. En ese sentido y con el propósito de dar respuesta a dicha situación se
exigía, entonces, determinar previamente el régimen jurídico aplicable a la

2 Mediante mensaje de datos el 13 de febrero de 2026.

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operación crediticia celebrada por el hoy accionante, pues de ello dependía la
pertinencia de la formalidad que las autoridades judiciales accionadas consideraron
indispensable.

27. En ese sentido, se observa que el Tribunal Administrativo de Casanare
partió de una premisa que incidió de manera determinante en la decisión
cuestionada, pues entendió que, por tratarse el Instituto Financiero de Casanare de
una empresa de gestión económica de carácter departamental sometida al régimen
de las empresas industriales y comerciales del Estado, los contratos que celebraba
para el desarrollo de su actividad económica se sujetaban al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y que, por consiguiente, el contrato de
mutuo que servía de causa al pagaré debía constar necesariamente por escrito, es
decir que, el Tribunal sobre esa base concluyó que el título ejecutivo era complejo
y que, al no haberse aportado el contrato, no podía establecerse una obligación
clara, expresa y exigible.

28. Sin embargo, dicha conclusión no tuvo en cuenta la distinción entre la
naturaleza estatal del contrato y el régimen jurídico al cual se encuentra sometida
su celebración, distinción que resulta decisiva en el presente asunto. El Consejo de
Estado 3 ha explicado que, si bien los contratos celebrados por las empresas
industriales y comerciales del Estado son de naturaleza estatal, ello no significa que
todos ellos se encuentren sometidos, sin excepción, a las formalidades del Estatuto
General de Contratación. En efecto, el régimen aplicable a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado contempla una excepción para aquellas que
desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado o en
mercados regulados, supuesto que comprende la actividad económica desarrollada
por el hoy accionante en materia crediticia.

29. Bajo esa consideración, el contrato de mutuo que subyace a la obligación
objeto de ejecución, por corresponder a una operación realizada por la parte actora
dentro del giro ordinario de su actividad económica y crediticia, se rige por las
disposiciones del derecho privado aplicables a esa actividad, conclusión que no
desnaturaliza el negocio como contrato estatal, sino que permite distinguir
adecuadamente 2 planos jurídicos que no pueden confundirse, ya que una cosa es
la naturaleza estatal del contrato por razón de la entidad que interviene y otra,
diferente, el régimen sustancial que gobierna su celebración y perfeccionamiento,
precisiones expresamente desarrolladas por el Consejo de Estado.

30. Esta diferenciación tiene una consecuencia directa frente al defecto
atribuido a las autoridades judiciales, pues conforme a los artículos 1500 y 2222 del
Código Civil el mutuo se perfecciona mediante la tradición de la cosa, de modo que,
cuando se trata de la operación crediticia desarrollada por el Instituto Financiero de
Casanare, el perfeccionamiento del negocio jurídico se produce con la entrega del

3 Sección Quinta del Consejo de Estado, Sentencia de 4 de junio de 2026, radicado No. 11001-03-15-000-2026-

01039-01. También ver: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sentencia de 24 de julio
de 2026, radicado No. 11001-03-15-000-2026-04693-00; Sentencia de 31 de julio de 2026, radicado No. 11001-
03-15-000-2026-02975-01 y Sentencia de 3 de septiembre de 2026, radicado No. 11001-03-15-000-2026-
06418-00.

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dinero, correspondiente al desembolso del crédito, sin que resulte necesaria una
formalidad adicional para la existencia del negocio. Por ello, la exigencia de que el
mutuo constara necesariamente en un documento escrito, como condición para la
procedencia de la ejecución, no encontraba sustento en el régimen jurídico que
gobernaba esta concreta operación.

31. La relevancia de esta premisa no se agota en la clasificación del contrato,
ya que, desde la perspectiva del proceso ejecutivo, determina también la manera
como debía examinarse el documento aportado como fundamento de la ejecución.
En particular, la Corte Constitucional, en el Auto 2014 de 2024, consideró que en
una operación crediticia de esta naturaleza no era necesaria la existencia de un
contrato escrito y reconoció que el pagaré emitido como consecuencia del mutuo
incorporaba una obligación clara, expresa y exigible susceptible de ejecución ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En esa misma línea, el Auto 1455
de 2025 partió de la posibilidad de afirmar la existencia del mutuo aun cuando no
constara por escrito, precisamente por la aplicación del régimen de derecho privado
propio de la actividad desarrollada por estas entidades.

32. Esta última consideración resulta particularmente importante para resolver
el caso, porque permite advertir que las autoridades judiciales accionadas
confundieron el negocio jurídico causal con el documento que contiene la obligación
susceptible de ejecución. El hecho de que el pagaré hubiera sido expedido con
ocasión de un contrato de mutuo no significa, por sí mismo, que para efectos de su
ejecución deba reconstruirse documentalmente la totalidad de la relación
contractual mediante la incorporación de un instrumento escrito que el régimen
aplicable no exige. Precisamente, en el precedente constitucional se reconoció que
el pagaré constituye un documento suscrito por una de las partes del negocio
subyacente en el que consta una obligación clara, expresa y exigible y que, por ello,
presta mérito ejecutivo en los términos del artículo 297 del CPACA.

33. De ahí que la Sala encuentre configurado los defectos alegados, por cuanto
la irregularidad no radica simplemente en que el Tribunal hubiese escogido, entre
varias interpretaciones jurídicamente posibles, una distinta de la propuesta por el
hoy accionante. El problema se encuentra en que la interpretación adoptada
desarticuló el régimen jurídico aplicable a la entidad y trasladó al contrato de mutuo
una solemnidad propia de un régimen que no gobernaba esa concreta actividad
económica. Como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, las
autoridades judiciales limitaron su análisis a las previsiones de la Ley 80 de 1993 y
omitieron integrar las normas especiales que regulaban la naturaleza del Instituto
Financiero de Casanare, su régimen contractual y la posibilidad de acudir a las
formas negociales propias del derecho privado; de esa lectura incompleta surgió la
exigencia de un contrato escrito que no resultaba legalmente necesario para integrar
el título ejecutivo.

34. El defecto adquiere mayor entidad si se observa que esa premisa normativa
fue utilizada como fundamento inmediato para negar la eficacia ejecutiva del pagaré.
El Tribunal sostuvo expresamente que, ante la ausencia del contrato de mutuo, no

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se había integrado el título ejecutivo complejo y que, por ello, no podía continuarse
la ejecución. Así, la aplicación de una exigencia formal que no resultaba
jurídicamente procedente produjo una consecuencia sustancial, es decir, privó al
documento de la aptitud ejecutiva que, conforme a la interpretación constitucional,
podía ostentar por sí mismo, siempre que incorporara una obligación clara, expresa
y exigible. Por tanto, la falencia interpretativa tuvo incidencia directa en el sentido
de la providencia cuestionada y no constituyó un aspecto accesorio de su
motivación.

35. La Sala considera, entonces, que no se está ante una simple discrepancia
de criterio entre el juez constitucional y el juez natural. La cuestión adquiere
importancia constitucional porque la interpretación acogida por las autoridades
accionadas tuvo como efecto negar la posibilidad de hacer efectivo, mediante el
proceso ejecutivo, un derecho crediticio que se encontraba incorporado en el
pagaré, a partir de una formalidad que el régimen jurídico aplicable a la operación
no imponía. El Consejo de Estado ha precisado, justamente, que cuando la
controversia trasciende la mera divergencia interpretativa y se proyecta sobre el
acceso efectivo a la administración de justicia por la imposición de requisitos no
previstos jurídicamente, se justifica la intervención excepcional del juez
constitucional.

36. En suma, se concluye que el Tribunal Administrativo de Casanare, al
confirmar la decisión del Juzgado 5 Administrativo de Yopal, atribuyó al contrato de
mutuo una solemnidad que no resultaba exigible de acuerdo con el régimen jurídico
que gobernaba la actividad crediticia del Instituto y, a partir de esa premisa,
transformó indebidamente en complejo un título respecto del cual podía predicarse
mérito ejecutivo a partir del propio pagaré. La conclusión adoptada no solo
desconoció las normas que delimitaban el régimen jurídico aplicable a la entidad,
sino que también pasó por alto que la ausencia de un contrato de mutuo escrito no
impedía, por sí sola, la ejecución del pagaré, toda vez que en dicho título valor se
encontraba incorporada una obligación clara, expresa y exigible.

37. Por consiguiente, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia del Instituto Financiero de
Casanare y, en consecuencia, dejará sin efectos los Autos de 12 de mayo de 2025
y 12 de febrero de 2026, proferidos, respectivamente, por el Juzgado 5
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del
proceso ejecutivo No. 85001-33-33-005-2025-00097-00/01, y ordenará al Juzgado
5 Administrativo de Yopal que profiera una nueva decisión en la que observe las
consideraciones expuestas en esta providencia, particularmente aquellas
relacionadas con la naturaleza y régimen jurídico del contrato de mutuo que subyace
al pagaré y con la jurisprudencia constitucional aplicable a la materia.

38. Finalmente, no habrá lugar a impartir la orden de que el fallo produzca
efectos inter comunis. Aunque la controversia examinada guarda similitud con otros
procesos promovidos por el Instituto Financiero de Casanare, se ha considerado
que cada proceso ejecutivo presenta particularidades relativas al título, los

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-06403-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare

documentos aportados y las actuaciones surtidas, por lo que su examen debe
realizarse individualmente. En consecuencia, la protección que aquí se concede se
circunscribirá al proceso ejecutivo objeto de esta acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del Instituto Financiero del Casanare.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS los Autos de 12 de mayo de 2025, proferido por
el Juzgado 5 Administrativo de Yopal, y del 12 de febrero de 2026 proferido por el
Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso ejecutivo con radicado No.
85001-33-33-005-2025-00097-00/01.

TERCERO. ORDENAR al Juzgado 5 Administrativo de Yopal que, dentro de los 20
días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión,
atendiendo las consideraciones expuestas en esta sentencia, de la naturaleza del
contrato de mutuo que sirve de negocio jurídico subyacente al pagaré y la
jurisprudencia constitucional aplicable a la materia.

CUARTO. NEGAR la solicitud de otorgar a la decisión de amparo efectos inter
comunis.

QUINTO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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