Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01039-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01039-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01039-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01039-01
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo de
Casanare contra la sentencia del 20 de abril de 2026 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A que accedió al amparo del derecho
fundamental al debido proceso del Instituto Financiero Empresarial de Yopal.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 12 de febrero de 20261, el Instituto Financiero Empresarial
de Yopal (en adelante IFEY), a través de apoderado judicial2, promovió acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare3 y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, con la que pretende el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 29 de enero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare que confirmó el auto del 2 de octubre de 2025 dictado
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, en el que se
negó el mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo iniciado contra la
señora Dilma Leonor López Niño, identificado con el radicado 85001-33-33-004-
1
Acción de tutela promovida por medio de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le
asignó el número de solicitud 21951.
2
Poder debidamente otorgado por el director del instituto a la abogada Yineth Rodríguez Ávila,
mediante mensaje de datos.
3
Magistrados: Aura Patricia Lara Ojeda, Inés del Pilar Núñez Cruz y Leonardo Galeano Guevara.
Demandante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01039-01
2025-00335-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 2 de octubre de 2025 emitido por el
Juzgado CUARTO ADMINISTRATIVO del Circuito de Yopal, así como la decisión
que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en
fecha 29 de enero de 2026, dentro del medio de control 85001333004-2025-00335-
00; por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle merito ejecutivo al pagare 4112441 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito,
ajena a este tipo de contratos de régimen civil, desconociendo el principio de
autonomía y circulación de pagares objeto de recaudo, así como por defectos
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento directo de
la Constitución al desconocer precedente judicial vertical y limitar injustamente los
derechos fundamentales del INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL
– IFEY.
TERCERO: Ordenar a las autoridades accionadas reconocer la validez de la
actuación surtida ante la jurisdicción ordinaria, especialmente el auto que ordenó
seguir adelante la ejecución y proceder al trámite de liquidación y pago.
CUARTO. Que se ordene a los accionados Juzgado CUARTO ADMINISTRATIVO
del Circuito de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su
competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, procedan a dictar una nueva providencia en la que; o
Reconozcan la validez y firmeza de las actuaciones surtidas ante la jurisdicción
ordinaria, específicamente el mandamiento de pago y el auto que ordenó seguir
adelante la ejecución, por tratarse de etapas procesales precluidas y amparadas por
la cosa juzgada. o Apliquen el precedente vertical vinculante de la Corte
Constitucional (Auto A-2014/24), reconociendo que el pagaré aportado es título
ejecutivo suficiente y autónomo, sin que sea exigible un contrato de mutuo escrito
para el perfeccionamiento de la obligación.
QUINTO:.Conceder efectos Inter Communis a este fallo de tutela, con el fin de
proteger de manera uniforme el patrimonio público del IFEY en los más de cincuenta
(50) procesos ejecutivos que se encuentran en situaciones fácticas y jurídicas
idénticas ante la jurisdicción administrativa de Yopal, evitando así la prescripción
masiva de obligaciones y un detrimento patrimonial injustificado en los que sea
demandante el INSTITUTO FINANCIERO EMPRESARIAL DE YOPAL - IFEY, y en
los que existan los mismos supuestos fácticos y jurídicos o que se presente similares
circunstancias, así como ordenar al Juzgado CUARTO ADMINISTRATIVO del
Circuito de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo
se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
SEXTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido4.
4
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01039-01
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC) fue creado mediante el
Decreto 107 de 1992 y modificado por el Decreto 073 de 2002, el cual tiene por
objeto el fomento del desarrollo económico y social del departamento de Casanare,
a través de la prestación de servicios financieros, empresariales y de gestión de
proyectos, por lo cual, dentro del giro ordinario de sus negocios y conforme a las
reglas de derecho privado, en desarrollo de su actividad comercial, otorga créditos
de fomento y educación, a personas de escasos recursos del departamento, los
cuales se respaldan con pagares y cartas de instrucciones.
El IFC le otorgó un crédito a la señora Dilma Leonor López Niño y suscribió el pagaré
4112441 del 1º de agosto de 2011 por la suma de $1´424.910, no obstante, la
usuaria incurrió en mora en el pago de la obligación.
En consecuencia, el 17 de mayo de 2017, el IFC presentó demanda ejecutiva
singular de mínima cuantía ante la jurisdicción ordinaria en contra de la señora
López Niño, con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de $
1´424.910, así como los intereses corrientes pactados y moratorios.
El proceso le correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal5, el cual: i)
libró mandamiento de pago en auto del 26 de mayo de 2017; ii) dispuso seguir
adelante con la ejecución el 30 de octubre de 2020 y, iii) aprobó la liquidación del
crédito el 8 de junio de 2023 y se abstuvo de dar trámite a la solicitud de cesión del
crédito6.
En providencia del 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Yopal, se declaró incompetente por falta de jurisdicción para seguir conociendo
del asunto y ordenó remitir el proceso a los juzgados administrativos de Yopal
(reparto).
El expediente fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal7 que, en auto del 2 de octubre de 2025 avocó conocimiento y dispuso no librar
5
Radicado: 85001-40-03-002-2017-00585-00.
6
El 12 de abril de 2023, el IFEY aportó copia de la cesión de crédito suscrita con el IFC y allegó
poder para actuar en el proceso. Por lo que, en la referida providencia del 8 de junio de 2023, el
juzgado se abstuvo de dar trámite a la solicitud de cesión de crédito por no encontrarse demostrada
la calidad de gerente del IFC, por lo que otorgó un término de 10 días para entregar la documentación
correspondiente, la cual fue remitida dentro del plazo.
7
Radicado: 85001-33-33-004-2025-00335-00.
3
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mandamiento ejecutivo, en atención a que no se encontró dentro del material
probatorio obrante en el plenario el contrato de mutuo suscrito entre la entidad
pública demandante y la señora López Niño, por lo que concluyó que no era posible
presumir la existencia del mismo de cara a la obligatoriedad de la solemnidad de los
contratos estatales, puesto que al tratarse de un título ejecutivo complejo, no se
encontraba integrado.
Inconforme con la decisión, el IFEY8 interpuso recurso de reposición y en subsidio,
apelación. Al respecto, el juzgado decidió no reponer la decisión en auto del 4 de
diciembre de 2025.
El 29 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la
providencia del a quo, tras considerar que, para librar el mandamiento de pago, se
requería el título ejecutivo integrado por el pagaré y el contrato de mutuo en el que
el IFC expresara su consentimiento en los términos del contrato. Además, señaló
que:
Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez
administrativo examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito
ejecutivo, es decir que el título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la
fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo que no fue aportado; claro,
las entidades estatales pueden ejecutar las obligaciones contractuales a su favor,
pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos para ello. En el presente caso
si bien el pagaré respalda las obligaciones derivadas de un contrato celebrado por
una entidad con carácter de estatal, se debe verificar la existencia de este último
con el propósito de comprobar que las partes del pagaré sean las mismas del
contrato de mutuo y que las excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo.
Dicha decisión fue notificada por estado el 30 de enero de 2026.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
los siguientes yerros en las providencias del 2 de octubre de 2025 y 29 de enero de
2026:
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto: Explicó que exigir un contrato
de mutuo por escrito, pese a tratarse de un contrato consensual contrariaba lo
establecido en la ley, puesto que, con la entrega de la cosa fungible en cargo de ser
restituida, se perfeccionaba el contrato que, para el caso concreto, se trataba del
8
Pese a que el juzgado civil no resolvió de manera expresa la solicitud de la cesión del crédito, el
IFEY fue el que continuó adelante con el proceso, controvirtiendo el auto que negó el mandamiento
ejecutivo, en reposición y apelación, momentos procesales en que ninguna de las autoridades
judiciales pertenecientes a la jurisdicción contenciosa administrativa se refirió a ello. Por lo que se
tomó al IFEY tácitamente como la parte ejecutante.
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desembolso del préstamo del dinero realizado por el IFC al deudor.
Por lo tanto, el reclamo de dicho requisito representaba la imposición de una carga
imposible de cumplir.
Aunado a ello, sostuvo que las autoridades judiciales dejaron de aplicar los artículos
2, 29, 229 de la Constitución Política; 99 y 297 del CPACA; 85 y 93 de la Ley 498
de 1998; 93 de la Ley 1474 de 2011; 2221 y 2222 del Código Civil y 621 y 709 del
Código de Comercio.
Defecto procedimental absoluto: Adujo que se dejó sin efecto todo lo actuado en la
jurisdicción ordinaria, con violación de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, puesto
que de acuerdo con el CGP y el CPACA «cuando un proceso cambia de jurisdicción,
la nueva autoridad debe recibirlo en el estado en que se encuentre». Además,
expresó que «al desconocer una sentencia de ejecución previa y en firme para
realizar un nuevo control de legalidad sobre el título, los jueces vulneraron el debido
proceso y la confianza legítima del demandante».
Defecto fáctico: Expuso la configuración de la vía de hecho, en virtud de la
valoración defectuosa del material probatorio, dado que, a su juicio, el pagaré
allegado comportaba un título valor simple, no complejo. Al respecto, indicó que el
Consejo de Estado había reconocido que el título ejecutivo podía ser singular
cuando estuviera contenido por un solo documento, por ejemplo, un título valor.
Además, señaló que se desconoció que no todos los contratos suscritos por
entidades públicas se ciñen al procedimiento de la Ley 80 de 1993, pues de hecho
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado desarrollaban sus actividades
conforme a las reglas del derecho privado, régimen aplicable al IFEY, de acuerdo
con lo consagrado en el artículo 93 de la Ley 489 de 1998.
Asimismo, argumentó que no se debió restar mérito ejecutivo al pagaré, por cuanto
constituía un título autónomo que contenía una obligación clara, expresa y exigible.
Defecto sustantivo: De acuerdo con el artículo 297 del CPACA, cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual, en el que consten obligaciones
claras, expresas y exigibles constituyen título valor.
Desconocimiento del precedente: Manifestó que los despachos accionados
ignoraron flagrantemente la doctrina constitucional fijada por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en el Auto A-2014 de 2024, en la que se estableció que los
contratos de mutuo del IFEY se regían por el derecho privado y se perfeccionan con
la entrega del dinero (tradición), por lo que el pagaré era un título suficiente y
autónomo bajo el artículo 297 numeral 3 del CPACA.
5
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01039-01
1.5. Trámite de la acción de tutela
El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en
providencia del 17 de febrero de 2026, admitió la acción de tutela y ordenó notificar
a la parte demandante9 y, como parte demandada, al Tribunal Administrativo de
Casanare10 y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal11.
Además, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso al IFC12 y a la señora Dilma Leonor López Niño13.
Igualmente, le reconoció personería para actuar a la abogada Yineth Rodríguez
Ávila.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare
En informe recibido el 20 de febrero de 2026, la Magistrada Ponente de la
providencia enjuiciada adujo que la resolución del asunto se sustentó en el análisis
del material probatorio allegado y la normatividad aplicable, atendiendo a la
naturaleza jurídica de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998.
Por consiguiente, los contratos celebrados en el desarrollo de su objeto estaban
sujetos a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación, los cuales
debían constar por escrito en aplicación del artículo 93 de la Ley 80 de 1993,
precisamente porque el negocio jurídico que subyacía al pagaré era un contrato
estatal, el cual requiere prueba
Aunado a lo anterior, expuso apartes de la sentencia de tutela del 27 de noviembre
de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, bajo radicado 11001-
9
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación remitida a los correos electrónicos:
yinethabogada@gmail.com y notificacionesjudiciales@ifey-yopalcasanare.gov.co.
10
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada al buzón web:
sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co.
11
Índice 8 de Samai de primera instancia. Notificación realizada al buzón electrónico:
j04admyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
12
Índice 15 de Samai de primera instancia.
13
Índice 15 de Samai de primera instancia.
6
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Demandante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01039-01
03-15-000-2025-06405-00, en la que se resolvió un caso de similares contornos
fácticos y jurídicos, en la que se declaró la improcedencia tras concluir que el debate
planteado por el IFC constituía una reiteración del proceso ejecutivo.
Igualmente, señaló el fallo constitucional del 28 de enero de 2026, proferido por el
Magistrado Alberto Montaña Plata e identificado con el radicado 11001-03-15-000-
2025-05581-01, en el que se reiteró la improcedencia por falta de relevancia
constitucional en una controversia suscitada por el IFC contra el Tribunal
Administrativo de Casanare con pretensiones similares.
En consecuencia, manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante ni se configuraron los defectos alegados, sin embargo, cuestionó la
legitimación en la causa por activa del IFEY por no haber sido la entidad con la que
la usuaria suscribió el pagaré.
1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
Por medio de informe remitido el 23 de febrero del año en curso, la conductora del
Despacho solicitó negar las pretensiones invocadas, en razón a que no se
encontraban cumplidos los requisitos mínimos de procedibilidad de la acción y, por
el contrario, lo perseguido era una tercera instancia, por lo que no se superaba la
relevancia constitucional.
Al respecto, explicó que en virtud del artículo 297 del CPACA, en concordancia con
el CGP y las leyes 80 de 1993 y 489 de 1998, aunado a la jurisprudencia aplicable,
no se integró un título ejecutivo que permitiera librar orden de pago en la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Puso de presente la sentencia de tutela del 28 de agosto de 2025, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el que se resolvió un caso
con situaciones jurídicas y fácticas similares y se determinó que la controversia
resultaba improcedente por no superar la relevancia constitucional. Asimismo,
recordó que la Corte Constitucional:
[…] ha definido en diversas providencias que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es la competente para conocer de los procesos ejecutivos que se
deriven de controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades
públicas siempre que no tengan el carácter de instituciones financieras vigiladas por
la Superfinanciera y no correspondan al giro ordinario de sus negocios, así como de
las demandas ejecutivas en donde no se tuviere certeza de la existencia o
inexistencia de un contrato estatal que pudiere ser la causa del título valor que se
pretende ejecutar, dando lugar a dirimir conflictos de competencia declarando que
los jueces administrativos son los competentes para conocer los procesos judiciales,
ello ha sido bajo la premisa de que involucrare contratos suscritos por una entidad
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pública los cuales estarían sujetos al derecho administrativo tal y como lo establece
el artículo 39 de la Ley 80 de 1993.
Finalmente, se refirió al argumento señalado por el actor acerca del auto 2014-2024
de la Corte Constitucional, respecto del cual adujo que al ser una providencia que
dirimía un conflicto de competencia, no constituía un precedente judicial de
obligatorio cumplimiento para la jurisdicción contenciosa administrativa, además de
que en otros pronunciamientos se incorporaban una argumentación distinta a la
citada en tal auto.
1.6.3. IFC
Mediante memorial el gerente del instituto solicitó la coadyuvancia en la presente
acción constitucional, tras considerar que las decisiones objeto de censura
contenían una interpretación arbitraria, irrazonable y resultaban contrarias al
ordenamiento, por lo que era procedente un amparo.
Reiteró los fundamentos expuestos por la parte actora acerca de la naturaleza
jurídica de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, del cambio de
jurisdicción, de la exigencia desmedida del contrato de mutuo escrito que
contrariaba la esencia consensual del negocio jurídico y el régimen contractual
aplicable.
Indicó que la postura judicial afectaba tanto al IFC, como al IFEY y el Fondo de
Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul, ya que, a partir de agosto
de 2024, los procesos ejecutivos derivados de créditos otorgados por las citadas
entidades conocidos por la jurisdicción civil pasaron a la jurisdicción contenciosa
administrativa, en la que se empezaron a exigir requisitos inexistentes a un título
valor, constituyendo una afectación desproporcionada a los derechos
fundamentales.
Asimismo, se refirió a la definición de la Corte Constitucional en los autos 2014-
2024 y 1455 de 2025, acerca de la competencia de la jurisdicción contenciosa
administrativa en procesos ejecutivos derivados del incumplimiento de un contrato
estatal regido por derecho privado, así como del mérito ejecutivo del pagaré a la luz
del artículo 297 del CPACA, derivados de los contratos de mutuo celebrados por las
E.I.C.E. Al respecto, adujo que:
La Corte Constitucional definió: i) la competencia en cabeza de la jurisdicción
administrativa al originarse el proceso ejecutivo a partir de un título valor -pagaré-
suscrito en el marco de un contrato estatal regido por el derecho privado -contrato
de mutuo-, así como también ii) clarifico que en este tipo de procesos no debía
mediar un contrato de mutuo escrito, pues conforme a los artículos 2221 y 2222 del
Código Civil (aplicables al mutuo comercial) basta con la entrega de la cosa dada
en préstamos para el perfeccionamiento del negocio jurídico, y iii) concluyó, que en
8
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todo caso, en el pagare consta una obligación clara, expresa y exigible, lo que
corresponde a un título ejecutivo ejecutable en la jurisdicción administrativa, por ser
uno de los documentos a los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA.
La Corte Constitucional determina como lógico que no exista un contrato de mutuo
escrito dada la naturaleza de la entidad, el tipo contractual consensual y su
regulación específica, y aun cuando dicho contrato no conste por escrito es
razonable afirmar su existencia, y también de manera categórica refiere que el
PAGARÉ, es un documento en el que consta una obligación clara, expresa y
exigible, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los documentos a
los que se refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA, es decir que
autónomamente presta merito ejecutivo en la jurisdicción administrativa.
Por último, señaló precedentes de amparos constitucionales en casos de contornos
similares, como los dictados por el Consejo de Estado, Sección Cuarta el 13 de
noviembre de 202514 y el 29 de enero de 202615.
1.6.4. Pese a que la señora Dilma Leonor López Niño fue notificada en debida
forma, guardó silencio.
1.7. Fallo impugnado
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 20 de abril
de 2026, accedió a la solicitud de amparo de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del IFEY.
Previo a analizar el caso concreto, determinó que la entidad accionante sí se
encontraba legitimada en la causa por activa, en calidad de cesionario del IFC,
según lo estipulado en el contrato de cesión de crédito que se aportó al proceso
ejecutivo, al que se acompañó prueba de la calidad en la que actuaron los delegados
de cada entidad y sus facultades.
Explicó que si bien, en el proceso ejecutivo no se aceptó expresamente la cesión
(de derechos litigiosos), era factible entender que esta se aprobó tácitamente, al
darse trámite a los recursos de reposición y apelación que interpuso el IFEY contra
el auto de 2 de octubre de 2025, por medio del cual se negó el mandamiento de
pago. Seguido de ello, le reconoció la coadyuvancia al IFC.
Una vez encontró superados los requisitos de procedibilidad referentes a la
inmediatez y la subsidiariedad, evaluó la relevancia constitucional. Sobre esta
advirtió que, aunque el proceso ejecutivo tuviera naturalmente una finalidad
económica, el asunto discutido versaba sobre el restablecimiento del acceso a la
administración de justicia, el cual se vio cercenado, en criterio del accionante, por la
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Radicado: 11001-03-15-000- 2025-05435-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07470-00.
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exigencia de requisitos adicionales a los que contempla la ley y por el
desconocimiento del procedimiento establecido en los casos en los que se declara
la falta de jurisdicción.
Encontró que la entidad accionante no estaba utilizando el mecanismo como una
instancia adicional ni que se tratara de una reiteración de argumentos, pues se
endilgaban yerros de notable importancia a las providencias cuestionadas que se
debían revisar a efectos de verificar la vulneración de garantías fundamentales.
Ahora bien, en lo referente al defecto procedimental absoluto alegado, expuso que,
una vez revisado el acontecer procesal de la causa ejecutiva, la Sala encontraba
que le asistía razón a la parte accionante, en virtud de la completa desatención de
las decisiones y actuaciones que se surtieron en la jurisdicción civil.
Sobre el tema, indicó que de acuerdo con el artículo 16 del CGP, cuando se declare
de oficio o petición de parte la falta de jurisdicción, lo actuado conservará validez,
salvo la sentencia que se hubiere proferido, la cual será nula y el proceso se enviará
de inmediato al juez competente.
Asimismo, señaló el artículo 138 ibidem, en que se dispuso que cuando se declare
la falta de jurisdicción, lo actuado conservará su validez, puesto que la nulidad solo
comprende la actuación posterior al motivo que la produjo. Además, quedó
establecido que el auto que declarara la nulidad indicaría la actuación que debía
renovarse.
Al respecto adujo que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal aplicó
correctamente las disposiciones, en atención a que declaró la nulidad de lo actuado
a partir del auto que ordenó seguir adelante con la ejecución. No obstante, cuando
el asunto arribó a la jurisdicción contenciosa administrativa se le impartió un nuevo
trámite desde su fase inicial, como si el proceso recién comenzara.
A su vez, argumentó que la decisión que trajo a colación el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal para sustentar la posibilidad de revisar
la constitución del título ejecutivo, no guardaba relación con el caso que se
estudiaba, pues, en esa ocasión, la Sección Tercera, Subsección A se había
ocupado de resolver el recurso de apelación contra la providencia que ordenó seguir
adelante la ejecución, entre otros, por lo resuelto frente a la excepción de
inexistencia del título ejecutivo que se propuso contra el auto que libró mandamiento
de pago, lo que evidentemente implicaba resolver si existía o no el título ejecutivo.
Además, expuso que, en sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Casanare
hizo caso omiso a los reproches del ejecutante, con los que pretendió que se
conservara la validez de las decisiones adoptadas por el juez civil.
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En consecuencia, la Sala consideró que las autoridades judiciales accionadas
inobservaron las reglas sobre los efectos de la declaratoria de la falta de jurisdicción,
lo cual comportaba la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del
IFEY, dado que se había actuado al margen del procedimiento establecido, en una
clara afrenta al principio de seguridad jurídica, a tal punto que se encontraban dos
decisiones vigentes contrapuestas, una que libró mandamiento de pago y la otra
que lo negó.
Recordó que, de las actuaciones surtidas en la jurisdicción ordinaria, únicamente
invalidaron el auto que ordenó seguir adelante la ejecución y el que aprobó la
liquidación del crédito, de modo que se debió conservar la validez del auto que libró
mandamiento de pago, la notificación de esa decisión a la ejecutada y el traslado
durante el cual no se interpuso recurso de reposición ni se propusieron excepciones
de mérito.
Así, al encontrar configurado el defecto procedimental absoluto, la Subsección se
relevó de estudiar los demás cargos de la acción de tutela. Por lo tanto, amparó el
derecho fundamental debido proceso del IFEY, dejó sin efectos los autos del 29 de
enero de 2026 y del 2 de octubre y 4 de diciembre de 2025 en el marco del proceso
ejecutivo y ordenó al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
que retomara el proceso en el estado en el que arribó a la jurisdicción contencioso-
administrativa, respetando la validez de lo actuado ante el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal, y adoptara las decisiones correspondientes.
1.8. Impugnación
Con escrito allegado el 29 de abril de 202616, el Tribunal Administrativo de Casanare
impugnó el fallo, tras considerar que el mecanismo constitucional resultaba
improcedente. Al respecto, indicó que, en casos similares, el Consejo de Estado17
16
El fallo de primer grado fue notificado el 29 de abril de 2026.
17
1). Sección Tercera, Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales, sentencia del 28 de marzo de
2025, radicado 11001031500020250096700; la cual fue confirmada con providencia del 19 de junio
del mismo año, proferida por la Sección Quinta, Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez.
2). Sección Primera, Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro, sentencia del 27 de
noviembre de 2025, radicado: 11001031500020250640500. 3). Sección Tercera, Consejero
ponente: Alberto Montaña Plata, sentencia del 9 de diciembre de 2025, radicado:
11001031500020250583000. 4). Sección Tercera, Consejero ponente: Alberto Montaña Plata,
sentencia de 26 de febrero de 2026, radicado: 11001-03-15-000-2025-06405-01. 5). Sección
Segunda, Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez, sentencia de 26 de febrero de 2026,
radicado: 11001-03-15-000-2025-05830- 01. 6). Sección Primera, Consejero ponente: Carlos
Fernando Mantilla Navarro, sentencia del 5 de marzo de 2026, radicado: 11001 03 15 000 2026
00393 00. 7). Sección Primera, Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes, sentencia
de 5 de marzo de 2026, radicado: 11001-03-15-000-2025-07352- 01. 8). Sección Primera, Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 19 de marzo de 2026, radicado: 1001-03-15-
000-2025-07470- 02. 9). Sección Tercera, Consejero ponente: Fredy Ibarra Martínez, sentencia de
7 de abril de 2026, radicado: 11001-03-15-000-2026-00346-01.
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había defendido la tesis aludida, ante la falta de relevancia constitucional. En
consecuencia, manifestó que existía una línea jurisprudencial.
Igualmente, advirtió que no se configuraba el defecto procedimental absoluto, dado
que el análisis de los presupuestos del título base de ejecución en la jurisdicción
contenciosa administrativa debía realizarse conforme a las normas que regulan el
contrato estatal origen de la obligación que se pretende ejecutar. Por ende, resaltó
que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal no pasó por alto
ninguna de las etapas procesales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el Tribunal Administrativo de Casanare contra la sentencia del 20 de abril de
2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 del 12 de marzo de 201918.
2.2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 20
de abril de 2026 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, para lo
cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
● ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
● ¿El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare vulneraron los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del IFEY al actuar al margen del
procedimiento legalmente establecido para los procesos ejecutivos en los
que se declara la falta de jurisdicción?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) el
18
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) del defecto
procedimental absoluto y, (iv) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia21.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Inmediatez
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
13
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En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche,
en vista de que la última providencia recurrida fue dictada el 29 de enero de 2026
por el Tribunal Administrativo de Casanare, y la acción de tutela fue presentada el
12 de febrero de 2026. Así, sin que sea necesario determinar la fecha de ejecutoria
de la última decisión controvertida, se considera que la acción constitucional se
presentó dentro de un término que la Sala considera razonable para el ejercicio de
la acción de tutela contra providencia judicial.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201422, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200523, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.4.2. Subsidiariedad
Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Casanare que se cuestiona en sede de tutela resolvió el recurso
de apelación contra el auto que avocó el proceso ejecutivo y negó el mandamiento
de pago. Por lo que, frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.
2.4.3. Tutela contra tutela
La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia cuestionada fue
proferida en el trámite ejecutivo instaurado por la parte actora contra la señora Diana
Leonor López Niño.
2.4.4. Relevancia constitucional
Para la Sección es necesario precisar que este requisito se encuentra superado por
cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las
providencias del 2 de octubre y 4 de diciembre de 2025 y 29 de enero de 2026
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
23
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
14
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dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, pues en su sentir, incurrieron en los defectos
fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto y por
desconocimiento del precedente.
En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente
legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho
o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte
actora considera vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto la autoridad
judicial accionada decidió reiniciar el trámite ejecutivo sin tener en cuenta lo
avanzado por la jurisdicción ordinaria.
En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son irrazonables
y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente por las
autoridades judiciales accionadas, desconociendo el alcance y aplicación de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
Al margen de que el proceso ejecutivo tuviera naturalmente una finalidad
económica, el asunto que se discute en esta acción de tutela sí reviste relevancia
constitucional, porque el derecho principal que se busca restablecer es el de acceso
a la administración de justicia, el cual se vio cercenado, en criterio del accionante,
por la exigencia de requisitos adicionales a los que contempla la ley y por el
desconocimiento del procedimiento establecido en los casos en los que se declara
la falta de jurisdicción.
No se observa que la entidad accionante esté utilizando este mecanismo como una
instancia adicional del proceso ejecutivo por una simple diferencia con la
interpretación que acogieron los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa;
más bien, se avizora que se les endilgan a las providencias cuestionadas yerros de
notable importancia, con los que eventualmente se pudieron vulnerar derechos
fundamentales y que, por ende, merecen ser evaluados por el juez constitucional.
Ahora, el hecho de que el IFEY hubiera interpuesto recurso de apelación contra el
auto de 2 de octubre de 2025, con razones similares a las que invoca en esta acción
de tutela, no implica por sí solo que la tutela carezca de relevancia constitucional.
En efecto, de los argumentos de la demanda de tutela se desprende que el IFEY
considera que el Tribunal Administrativo de Casanare también incurrió en sendos
defectos que comprometieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
15
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administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que
el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.
Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el acceso a la administración
de justicia y el debido proceso.
2.5. De las generalidades del defecto procedimental absoluto
La Corte Constitucional24 precisó que se incurre defecto procedimental cuando la
autoridad judicial se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente
para el trámite de un asunto específico, y establece las siguientes posibilidades para
la configuración del cargo en mención: i) el juez se ciñe a un trámite completamente
ajeno al pertinente, esto es, desvía el cauce del asunto; ii) omite etapas sustanciales
del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso y, iii) pasa por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y
contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los
hechos de la demanda o su contestación.
Para que resulte procedente el amparo en sede de tutela de este defecto, la
jurisprudencia constitucional25 ha precisado que deberán concurrir los siguientes
elementos: i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra
vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; ii) que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de
los derechos fundamentales; iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico y, (v) que como consecuencia de lo anterior se
presente una vulneración a los derechos fundamentales.
2.6. Caso concreto
El IFEY presentó acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de los autos del 2
de octubre y 4 de diciembre de 2025 dictados por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Yopal y la providencia del 29 de enero de 2026 proferida por
el Tribunal Administrativo de Casanare, en los que se negó el mandamiento de pago
24
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia del 09.09.13., M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
25
Ibidem.
16
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derivado del pagaré 4112441 del 1º de agosto de 2011 suscrito por la señora Dilma
Leonor López Niño a favor de la entidad.
De las actuaciones procesales relatadas, se sabe que el proceso ejecutivo fue
conocido en primer lugar por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal que: i)
libró mandamiento de pago en auto del 26 de mayo de 2017; ii) dispuso seguir
adelante con la ejecución el 30 de octubre de 2020; iii) dictó sentencia de primera
instancia el 8 de junio de 2023 y, iv) aprobó la liquidación del crédito.
No obstante, por medio de auto del 18 de noviembre de 2024, el juzgado, se declaró
incompetente por falta de jurisdicción para seguir conociendo del asunto y ordenó
remitir el proceso a los juzgados administrativos de Yopal.
En consecuencia, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
avocó conocimiento del expediente el 2 de octubre de 2025 y dispuso negar el
mandamiento de pago al no encontrar probado el título ejecutivo integrado por el
contrato de mutuo y el pagaré.
Al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la referida providencia, el
Tribunal Administrativo de Casanare el 29 de enero de 2026, confirmó la anterior
decisión. Como fundamento de ello, indicó que de acuerdo con el numeral 6 del
artículo 104 del CPACA la jurisdicción de lo contencioso administrativo estaba
instituida para conocer de los procesos ejecutivos originados en los contratos
celebrados por entidades públicas.
Igualmente, de conformidad con el numeral 3º del artículo 297 del CPACA, explicó
que prestaban mérito ejecutivo los contratos y documentos en que constaran sus
garantías, siempre y cuando, de ellos se desprendiera una obligación clara, expresa
y exigible, en concordancia con el artículo 422 del CGP. Por lo tanto, refirió que, en
el proceso ejecutivo originado de un contrato celebrado por entidad estatal, se debía
verificar si los documentos aportados configuraban título ejecutivo y, en caso
afirmativo, si este resultaba simple o complejo.
Así, consideró importante advertir que el contrato de mutuo se trataba de un acuerdo
de voluntades en que debían quedar plasmadas las obligaciones, tanto del
mutuante como del mutuario, por lo que, al tener la parte contratante la calidad de
entidad pública, en aplicación del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar el
mandamiento de pago, se requería el título ejecutivo integrado no solo por el pagaré
sino por el contrato de mutuo en el que el IFC expresara su consentimiento en los
términos del contrato.
Por consiguiente, el tribunal manifestó que, si bien el pagaré respaldaba las
obligaciones derivadas de un contrato celebrado por una entidad de carácter estatal,
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se debía verificar la existencia de este último con el propósito de comprobar que las
partes del mismo fueran las del contrato de mutuo y que las excepciones resultaran
oponibles en el proceso ejecutivo.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial puso de presente que, para el trámite
ejecutivo en la vía contenciosa administrativa, el contrato era un presupuesto sine
qua non que no fue aportado, el cual resultaba obligatorio por tratarse de un título
ejecutivo complejo, presupuesto no encontrado.
Una vez revisado el contenido del último auto proferido en el proceso ejecutivo, se
analizará la configuración del defecto procedimental absoluto argumentado por la
parte actora.
El artículo 168 del CPACA26 consagró que, en caso de falta de jurisdicción, el juez
deberá remitir el expediente al competente, mediante decisión motivada. A su vez,
el artículo 306 del mismo codificado, estableció que «En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
De conformidad con lo advertido, el artículo 16 del Código General del Proceso27
previó que cuando se declarara de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción,
lo actuado conservaría validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que sería
nula, y el proceso se enviaría de inmediato al juez competente.
En línea con lo anterior, el artículo 138 ibidem28, dispuso que, una vez declarada la
falta de jurisdicción, lo actuado conservaría su validez y el auto que advirtiera una
nulidad indicaría la actuación que debía renovarse.
26
«ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCIÓN O DE COMPETENCIA. En caso de falta de
jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al
competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales
se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la
remisión».
27
«ARTÍCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN Y LA
COMPETENCIA. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son
improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta
de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la
sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez
competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia
será nulo».
28
«ARTÍCULO 138. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN O
COMPETENCIA Y DE LA NULIDAD DECLARADA. Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la
falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso
se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.
La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada
por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá
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Ahora bien, observando en perspectiva los anteriores preceptos normativos, se
evidencia que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal aplicó correctamente
las disposiciones, por cuanto declaró la nulidad de todo lo actuado en adelante del
auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, por asemejarse a la sentencia.
No obstante, cuando el expediente arribó a la jurisdicción contenciosa
administrativa, el procedimiento volvió a iniciar, decidiendo si se debía dictar
mandamiento de pago.
Incluso, en el auto del 18 de noviembre de 2024, cuando el juzgado civil en mención
remitió el expediente, puso de presente que «[…] en lo sucesivo, el proceso sea
adelantado en el estado en que se encuentra, conforme es el expreso mandato del
artículo 16 del C.G.P», advirtiendo de manera expresa que la jurisdicción
contenciosa debía seguir adelante con el procedimiento sin desconocer los trámites
previamente surtidos.
En consecuencia, está claro que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto procedimental absoluto, al apartarse del procedimiento establecido
para la resolución de procesos ejecutivos provenientes de la jurisdicción ordinaria,
puesto que el juzgado debió retomar el proceso en el estado en que se encontraba
hasta antes del auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, es decir, sin volver
a analizar los aspectos que ya habían sido advertidos.
Se debe recordar que para librar el mandamiento de pago al juez del proceso
ejecutivo le corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en
el artículo 42229 del Código General del Proceso, esto es, que el título sea claro,
expreso y exigible; por lo que no le es dable exigir formalidades adicionales a las
legalmente previstas, como ocurrió en el caso concreto en el que frente al pagaré,
además de la carta de instrucciones, se solicitó aportar el contrato de mutuo por
escrito, desconociendo así las actuaciones adelantadas por el juez civil que
debieron mantenerse incólumes en atención a las normas expuestas.
Finalmente, esta Sala resalta que contrario a lo expuesto por el Tribunal
Administrativo de Casanare en el escrito de impugnación sobre los casos dictados
eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas
cautelares practicadas.
El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse».
29
«ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante,
y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia,
y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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en sede de tutela por las diferentes secciones de esta Corporación, tales
providencias no constituyen un precedente obligatorio ni vinculante que exija a esta
Sala declarar la improcedencia, que por demás no es una postura pacifica ni se trata
de pronunciamientos de la misma Sección.
Si bien, en la sentencia del 19 de junio de 202530, proferida por esta Sección en
segunda instancia, se invocó la configuración de varios de los defectos reproducidos
en el proceso de la referencia, los reproches solo involucraban la exigibilidad del
contrato de mutuo, sin plantearse el yerro procedimental referente al procedimiento
adelantado por la jurisdicción ordinaria, que resulta ser la vía de hecho avizorada
en el presente caso.
Así las cosas, bajo tal argumentación y en cumplimiento de la carga de
transparencia, esta Sala no advierte vulneración alguna del derecho a la igualdad
planteado por el Tribunal Administrativo de Casanare.
Por las razones expuestas, se confirmará el amparo decidido por el a quo.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 20 de abril de 2026 proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A que amparó el derecho al debido
proceso del IFEY.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
30
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00967-01.
20
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Demandante: Instituto Financiero Empresarial de Yopal
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01039-01
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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