Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00967-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00967-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00967-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
19 de junio de 2025
Demandante: Instituto Financiero de Casanare -IFC-
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00967-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00967-01
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -IFC-
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma la declaración de
improcedencia. Falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en
contra de la providencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El Instituto Financiero de Casanare -IFC- (en adelante, IFC), por medio de
apoderado, interpuso acción de tutela el 20 de febrero de 2025 contra las
providencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Yopal (Casanare) y el Tribunal Administrativo de Casanare, el 31 de octubre de
2024 y el 30 de enero de 2025, respectivamente.
Mediante estas decisiones, se negó el mandamiento de pago solicitado en el
proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-003-2024-00134-00/01, por lo que
el IFC consideró vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el tutelante solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE,
que se desconocieron por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal
1
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Demandante: Instituto Financiero de Casanare -IFC-
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00967-01
en auto emitido en fecha 31 de octubre de 2024 y confirmado el 30 de enero de
2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso
850013333003-2024-00134-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 31 de
octubre de 2024 emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Yopal, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare en fecha 30 de enero de 2025, dentro del medio de
control 850013333003-2024-00134-00; por encontrarse tales decisiones
afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare
8000416 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de
mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de
régimen civil, desconociendo el principio de autonomía y circulación de pagares
objeto de recaudo, así como por defectos sustancial dado el sacrificio del derecho
sustancial y el desconocimiento directo de la Constitución al desconocer
precedente judicial vertical y limitar injustamente los derechos fundamentales del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su
competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas,
para que en su lugar el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal,
conforme a lo solicitado libre mandamiento de pago y decrete medidas cautelares
a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de las
demandadas MAIRA ALEJANDRA MORALES CANTOR y PATRICIA CANTOR
LEGUIZAMON, dentro del proceso ejecutivo 850013333003-2024-00134-00 y se
abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de
Casanare, y en los que existan los mismos supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente similares circunstancias, así como ordenar al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que
en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a
la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido1.
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:
El IFC, según el Decreto 107 de 1992, modificado por el 073 de 2022, por medio
del cual se creó, es una empresa comercial y de gestión económica del
departamento de Casanare, con personería jurídica, autonomía administrativa y
1 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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presupuestal y el régimen de sus actos y contratos se rige por lo dispuesto en
los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de 19982.
Este Instituto tiene por objeto el fomento del desarrollo económico y social del
departamento de Casanare, por medio de la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos.
En relación con el giro ordinario de sus negocios y conforme a las reglas de
derecho privado en desarrollo de su actividad comercial, otorga financiación y
créditos para estudio y fomento, los cuales se respaldan con pagarés y cartas
de instrucciones.
Bajo estos presupuestos, el 12 de marzo de 2012, las señoras Maira Alejandra
Morales Cantor y Patricia Cantor Leguízamo suscribieron el pagaré 8000416,
con el IFC, por un valor de dieciocho millones veinticuatro mil setecientos veinte
pesos ($18.024.720), suma de dinero que el IFC reclamó, inicialmente, por
medio de un proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-003-2024-00134-
00/01, ante la jurisdicción ordinaria3.
Mediante el auto del 21 de junio de 2024, el Juzgado Tercero Civil Municipal del
Distrito Judicial de Yopal, Casanare, indicó que, al realizar el control de
admisibilidad de la demanda y sus anexos, carecía de competencia para conocer
del asunto, por lo que remitió la actuación por reparto, a los Juzgados
Administrativos de Yopal4.
El 22 de agosto de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal
advirtió que no contaba con los elementos suficientes para verificar la existencia
o inexistencia de un contrato estatal entre las partes, por lo que era necesario,
previo a avocar conocimiento del asunto, solicitar el contrato de mutuo o
préstamo garantizado por el pagaré que se quería cobrar, junto con la respectiva
carta de instrucciones, por lo que solicitó al IFC allegar dichos documentos.
El 31 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Yopal avocó el conocimiento del asunto, según el artículo 104 del CPACA y los
Autos 403 de 2021 y 1354 de 2024, dictados por la Corte Constitucional, por
medio de los que se indicaba que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la competente para conocer los procesos ejecutivos promovidos por las
entidades públicas, en los casos en lo que el juez no tuviera certeza sobre la
existencia o inexistencia de un contrato estatal que pudiera ser la causa del título
valor que se pretendía ejecutar.
Sin embargo, no libró mandamiento ejecutivo a favor del IFC, al considerar que
el titulo presentado era de aquellos denominados complejos, por lo que era
necesario contar con el contrato de mutuo, pues de este se derivaba el pagaré
objeto de la ejecución como requisito formal y sustancial del título ejecutivo, sin
el cual, no era posible librar dicho mandamiento de pago dentro de la jurisdicción
contenciosa administrativa.
2 Samai, índice 2, escrito de tutela.
3 Samai, índice 3, expediente digital.
4 Ibidem.
3
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El tutelante, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de reposición
y apelación. El 29 de noviembre del 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Yopal resolvió no reponer la decisión del 31 de octubre del 2024 y le
concedió al IFC el recurso de apelación.
El 30 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto
del 31 de octubre de 2024, mediante el cual se negó la pretensión de librar
mandamiento de pago, al considerar que el contrato de mutuo debía constar por
escrito y, adicionalmente, por ser un requisito sin el cual no se podía librar el
mandamiento de pago al tratarse de un título complejo5.
1.4. Sustento de la vulneración
A juicio del accionante, las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues incurrieron en
defecto fáctico por una indebida valoración probatoria, en defecto sustantivo, en
exceso ritual manifiesto y en violación directa de la Constitución Política.
Frente al defecto fáctico, indicó que existe un error grave en la interpretación de
una norma procesal y una indebida valoración probatoria. Manifestó que aportó
el pagaré 8000416 y la carta de instrucciones, que es el título valor que contiene
la obligación clara, expresa y exigible.
Destacó que este es autónomo y, en consecuencia, es un título ejecutivo simple
y no complejo, por lo que se puede reclamar sin la necesidad de suscribir un
contrato de mutuo.
Además, cuestionó que no se haya reconocido el mérito ejecutivo bajo el
argumento de que el acuerdo de voluntades debía someterse a la Ley 80 de
1993, lo cual es incorrecto, pues el régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado lo regula el derecho privado.
Asimismo, señaló que las accionadas realizaron una indebida valoración del
título valor, además de agregarle requisitos innecesarios para su ejecución, e
imponer requisitos imposibles y ajenos a la naturaleza del contrato, lo que
configura la imposición de una carga excesiva e imposible de cumplir, pues el
contrato de mutuo es de naturaleza civil, consensual y para su perfeccionamiento
basta con la entrega del dinero y no con la formalidad de un contrato escrito.
También, argumentó que las decisiones judiciales vulneraron los artículos 621 y
siguientes del Código de Comercio y el 297 del CPACA que reconocen la
exigibilidad de los títulos valores.
En relación con el defecto sustantivo, ante la interpretación restrictiva,
irrazonable y contraria a la Constitución, el accionante afirmó que los juzgadores
5 Ibidem.
4
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exigen un contrato escrito, como si solo así fuere ejecutable o si se tratara de un
proceso contractual.
Explicó que el Consejo de Estado ha establecido que los títulos ejecutivos
derivados de contratos estatales son, por regla general, complejos, pero también
ha reconocido unas excepciones que fueron ignoradas al preferir una
interpretación restrictiva y exigir un contrato de préstamo escrito, cuando este es
consensual.
Insistió en que el CGP y el CPACA establecen que los documentos provenientes
del deudor, que contengan obligaciones claras y exigibles cobran mérito
ejecutivo.
De otra parte, indicó que también hay lugar a un defecto procedimental por un
exceso ritual manifiesto, pues los juzgadores exigieron documentos adicionales
al pagaré, por lo que desconocieron la normativa que rige la creación, circulación
y exigibilidad de este tipo de títulos, lo que configura dicho defecto y conlleva a
una evidente denegación de la justicia.
Por último, la entidad financiera insistió en los argumentos expuestos
previamente para sustentar el defecto por violación directa de la Constitución
Política.
1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 24 de febrero de 2025, la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la magistrada
Aura Patricia Lara Ojeda del Tribunal Administrativo de Casanare y al Juzgado
Tercero Administrativo de Yopal.
1.6 Intervenciones
1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, Casanare
El juez se opuso a la prosperidad de las pretensiones en esta acción pues, en
su criterio, el accionante no argumenta o demuestra la relación entre lo
reclamado y la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Aseguró que la argumentación gira, exclusivamente, en el ámbito abstracto de
los derechos supuestamente vulnerados, lo que conlleva a concluir que se trata
de un asunto económico o de pura legalidad, sin que se involucre una amenaza
de estos.
Afirmó que al ser el IFC una entidad pública, cuenta con el procedimiento de
cobro coactivo del artículo 98 y siguientes del CPACA, pues es una entidad
dedicada al otorgamiento de créditos que se rehúsa a ejercer el cobro coactivo,
circunstancia que, a todas luces, pone en riesgo los derechos e intereses de los
administrados, desconociendo la naturaleza y funciones que desempeña, como
el recaudo de sus créditos que deben ser debe ser eje angular de su gestión.
5
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Frente a la mención que realiza el accionante sobre el Auto A-2014 de 2024,
advirtió que es un auto de definición de competencias, por lo que en dicho caso
no se debatía a profundidad el mérito ejecutivo del título presentado; asimismo,
que los apartes citados por el accionante sobre esta providencia son a título de
obiter dicta, además de existir otros pronunciamientos de la Corte Constitucional
en los que se decide de manera diferente. Por lo anterior, concluyó que esta
decisión no corresponde a un precedente judicial vinculante.
De otra parte, indicó que la argumentación presentada por el IFC gira en torno a
establecer que, al someterse la entidad pública a las reglas del derecho privado,
sus contratos no requieren ser solemnes y constar por escrito, motivo por el cual
no podía exigírsele el documento del contrato para conformar el título ejecutivo.
Sin embargo, afirmó que el accionante olvida que el motivo de la negativa del
mandamiento de pago obedeció a la falta de requisitos formales y a los requisitos
sustanciales del título, que impedían librar el mandamiento de pago, pues frente
al pagaré aportado, era necesario contar con el contrato y los demás
documentos que lo integraran para poder resolver las dudas presentadas.
En esa medida, señaló que el pagaré y la carta de instrucciones aportadas por
el accionante no eran suficientes para configurar el titulo ejecutivo de una
obligación clara, expresa y exigible, lo que motivó la exigencia del contrato para
la configuración del título complejo. No obstante, al no contarse con dicho
documento, se debía negar el mandamiento de pago. Adicionalmente, dispuso
que, si bien es posible la existencia de contratos estatales verbales, los procesos
ejecutivos solo proceden frente a documentos, según lo señalado en el artículo
422 del CGP.
Además, argumentó que la parte accionante solamente busca convertir el
amparo de tutela en una instancia adicional al proceso ejecutivo, por cuanto no
está de acuerdo con la decisión adoptada, a pesar de que la misma fue objeto
de examen por la segunda instancia.
En su concepto, el accionante insiste en manifestar que el pagaré presentado es
suficiente para librar mandamiento de pago, desconociendo el incumplimiento
de los requisitos de forma y sustanciales que se analizaron y estudiaron.
Alegó que también confunde los documentos que sirven como título ejecutivo
para el proceso de cobro coactivo del artículo 99 del CPACA, con los
documentos que tienen el mismo objeto pero para el proceso ejecutivo del
artículo 297 del CPACA, a pesar que la naturaleza de ambos procedimientos es
diferente.
En relación con el defecto fáctico, manifestó que, ante las inconsistencias
encontradas en los documentos presentados como título ejecutivo, se requirió
en una primera oportunidad al accionante para que aportara el contrato que
originaba el título y, al no ser allegado, no pudo determinarse que correspondía
a una obligación, clara, expresa y exigible por lo que se negó el mandamiento
de pago.
6
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Concluyó que las actuaciones del despacho se encaminaron a procurar la
prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal del accionante. Así,
destacó que mediante el auto del 22 de agosto de 2024, se requirió al
demandante para que aportara el contrato, con miras a establecer la
competencia y poder continuar con el estudio del título valor.
Precisó que, dentro del estudio del proceso, se determinó que el pagaré 8000416
de fecha 12 de marzo de 2013 correspondía a la garantía de un contrato de
mutuo que se originaba en dicho contrato estatal, y que no era posible determinar
las características de contener una obligación clara, expresa y exigible con los
documentos presentados, por lo que se determinó que faltaban los documentos
que permitieran una debida integración de un título valor complejo.
Bajo este escenario, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por
cuanto no se cumple el requisito de relevancia constitucional, ni las causales de
procedencia especifica de este mecanismo constitucional en contra de
providencias judiciales.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Casanare
Esta corporación indicó que la providencia de segunda instancia, proferida el 30
de enero de 2025, se sustentó según el análisis del material probatorio allegado
y la normativa aplicable al caso.
Afirmó que, en atención a la naturaleza jurídica del Instituto Financiero de
Casanare, empresa de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de
las empresas industriales y comerciales del Estado, los contratos que celebre
para el desarrollo de su objeto se sujetan a las disposiciones del Estatuto
General de la Contratación Pública, según el artículo 93 de la Ley 489 de 1998.
En esa medida, reiteró que los contratos deben constar por escrito en aplicación
a los dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, porque el negocio jurídico
que subyace al pagaré que pretende ejecutarse es un contrato estatal. Por lo
anterior, en concepto mayoritario del tribunal, se requiere prueba de su
existencia en los términos del artículo 75 ibidem, pues el escenario corresponde
al de un proceso ejecutivo en sede de la jurisdicción contencioso administrativa.
Concluyó que no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante
y tampoco se configuran los defectos alegados, pues la decisión fue proferida
bajo el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto.
1.7 Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 28 de marzo de 2024, la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela al considerar
que el asunto no satisface el requisito de relevancia constitucional.
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Al respecto, consideró que lo que el accionante pretende es revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural, como si la acción de tutela fuera una
instancia adicional al proceso ordinario.
Aseguró que el Tribunal Administrativo de Casanare analizó el artículo 297 del
CPACA, así como las normas del CGP, la Ley 80 de 1993 y la Ley 489 de 1998,
para concluir la existencia de un título ejecutivo complejo, por lo que resultaba
necesario requerir el contrato de mutuo con el propósito de verificar los términos
del acuerdo de voluntades, el cual no fue aportado por la parte actora.
Además, refirió que la autoridad judicial cuestionada solicitó que se adjuntara el
original del pagaré, pero el ejecutante lo allegó en copia simple.
En esa medida, sostuvo que es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una instancia adicional, pues los aspectos
legales atinentes a la naturaleza del título ejecutivo fueron analizados por el juez
natural de la causa.
Adicionalmente, indicó que el accionante no presentó un fundamento legal claro
que demostrara la razón por la que el asunto se enmarca en alguna de las
causales específicas de procedencia, y precisó que el hecho de que se trate de
un título valor no implica que automáticamente esté excluido de las reglas de la
jurisdicción administrativa.
Frente al argumento del accionante de no tener en cuenta el Auto A-2014 de
2024 dictado por la Corte Constitucional, determinó que carece de un sustento
adecuado, pues dicha providencia se limitó a resolver un conflicto de
competencias y no a desatar de fondo una discusión igual a la que se examinó.
Concluyó que, en atención a la autonomía judicial y al carácter excepcionalísimo
que reviste la tutela, no basta con manifestar inconformidades respecto a las
decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los requisitos
especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la discusión queda restringida
a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano constitucional. En
consecuencia, declaró improcedente la solicitud de amparo.
1.8. Impugnación
Mediante escrito del 7 de mayo de 20256, el accionante presentó impugnación
contra el fallo de primera instancia en la que insistió en que las decisiones objeto
de censura incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa la
Constitución Política, por lo que desconocen su derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia.
Aseguró que se trata de un debate sobre la vulneración real y sistemática a los
derechos fundamentales, que parte de un exceso ritual manifiesto y de una
trasgresión a la naturaleza misma del título valor, para negarle al IFC lo más
6 Samai, índice 21, Obra en el certificado 85AA66092075B298 D1569974AA8CE37A
719C88341615FA4 EBA871195D38D910.
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simple que puede pedirse del Estado, que es el acceso a la administración de
justicia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 28 de
marzo de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo emitido en primera instancia por la Sección Tercera, Subsección C del
Consejo de Estado, con base en los argumentos de impugnación presentados.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, reiteración; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) estudio
del caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración7
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:
[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de
2025, expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de
2012, expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
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Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados
hasta el momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela
es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia
sustantiva) o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto
(procedencia adjetiva).
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional: en lo referente al requisito de relevancia
constitucional, cabe señalar que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215
de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «[...]el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
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providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia. los cuales son:
[…] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el presente caso, el accionante le atribuye la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales invocados a la providencia del 30 de enero de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el auto del 31
de octubre de 2024, en el que el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal negó
la pretensión de librar mandamiento de pago.
Frente a estas decisiones, el actor afirmó en la tutela y reiteró en la impugnación
que las autoridades judiciales violaron el derecho fundamental de acceso a la
justicia.
Según, el IFC los juzgadores desconocieron la naturaleza de los títulos valores
al exigirle un contrato de mutuo de manera escrita, lo que es contrario a la
esencia de este en el derecho privado, pues dicho negocio jurídico se
perfecciona con la entrega del bien dado en préstamo, sin necesidad de
solemnidad alguna.
En esa línea, el actor sustentó que las autoridades judiciales restaron mérito
ejecutivo a un título valor autónomo aportado al proceso, que contiene una
obligación clara, expresa y exigible y, al requerir que se aportara un contrato de
mutuo con una solemnidad escrita, que es contrario a la naturaleza de estos, se
concretó un exceso ritual manifiesto.
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No obstante, esta Sala advierte que las autoridades judiciales accionadas ya se
pronunciaron, en primera y segunda instancia, frente a los reparos que expone
ahora en sede constitucional, que no es otra cosa que lo relativo a los requisitos
que, en su criterio, deben ser tenidos en cuenta para librar mandamiento de pago
en el proceso ejecutivo objeto de controversia.
En ese caso, se determinó que el título valor que servía de sustento para la
demanda ejecutiva era de carácter complejo y, por lo tanto, debía ser aportado
el contrato de mutuo que soportaba el negocio y permitía determinar la existencia
de una obligación clara, expresa y exigible, a la luz de lo previsto en los artículos
297 del CPACA, así como las normas del CGP, la Ley 80 de 1993 y la Ley 489
de 1998.
En virtud de lo anterior, las accionadas consideraron procedente requerir a la
parte actora para que aportara tal documento, junto con el original del pagaré
objeto de ejecución, documentos que al no ser aportados por el IFC impidieron
que se librara el mandamiento de pago respectivo.
No obstante, el tutelante insiste por vía constitucional en que el pagaré resultaba
documento suficiente para demostrar la existencia de una obligación clara,
expresa y exigible, motivo por el cual considera que las decisiones adoptadas en
el proceso ejecutivo bajo cuestionamiento desconocen su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia.
En esa medida, en criterio de la Sala, el caso objeto de estudio no es relevante
desde el punto de vista constitucional, pues al revisar el escrito que dio origen a
la acción de tutela y el de impugnación, se puede concluir que la parte actora
pretende reabrir el debate resuelto por el Tribunal Administrativo de Casanare y,
así, utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional al
proceso ordinario para revivir un análisis jurídico, relacionado con la naturaleza
del título ejecutivo que ya fue analizado por el juez natural de la causa, en las
decisiones del 31 de octubre de 2024 y el 30 de enero de 2025.
Por lo mismo, aunque el demandante considera que con estas providencias se
incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de las normas que regulan
los títulos ejecutivos, en realidad se trata de una inconformidad con la
interpretación efectuada por el juzgado y tribunal demandados, que no
trasciende del ámbito legal.
Ahora bien, el IFC, también, manifestó que las autoridades que fallaron no
tuvieron en cuenta lo decidido en el Auto A-2014 de 2024, dictado por la Corte
Constitucional. No obstante, dicha providencia resolvió un conflicto de
competencias entre autoridades de jurisdicciones diferentes y no se pronunció
respecto del fondo de la causa judicial examinada, así que la carga
argumentativa expuesta frente a este punto no resulta adecuada para superar el
requisito de relevancia constitucional, en lo que tiene que ver con un presunto
desconocimiento del precedente.
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Así las cosas, del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro
que los reparos o inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura, respecto a la indebida valoración probatoria realizada por las
autoridades judiciales accionadas, solo demuestran la inconformidad del
accionante con lo resuelto por ser contrario a sus intereses, mas no conducen a
efectuar un estudio sobre el alcance del derecho fundamental presuntamente
invocado, frente a la providencia judicial cuestionada.
En esa medida, la Sala precisa que, en razón al carácter excepcional que reviste
esta acción constitucional, no basta con manifestar inconformidades respecto a
las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la configuración de los
requisitos especiales de procedencia, pues de esa forma, la discusión queda
restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
En consideración a lo anterior, la Sala comparte la posición asumida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en virtud de la cual
declaró improcedente el amparo constitucional solicitado, al considerar que el
interesado no presentó fundamentos legales claros que demuestren que los
cargos a los que este hizo referencia violaran sus derechos fundamentales.
También, se reitera lo indicado en la decisión impugnado, en el sentido de
reafirmar que la acción de tutela en contra de decisiones judiciales es de carácter
residual, por lo que no puede desconocerse la autonomía e independencia
judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
En esa medida, no puede ser concebida como un «juicio de corrección» de la
decisión cuestionada, lo que se opone a que se utilice indebidamente, como una
nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso ordinario.
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión proferida por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la Sentencia del 28 de marzo de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la apoderada del Instituto
Financiero de Casanare.
SEGUNDO: Notifiquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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