Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05581-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05581-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-05581-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C. 28 de enero de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05581-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que confirmó la decisión que negó
el mandamiento ejecutivo solicitado por la parte demandante al advertirse la falta de
conformación de un título ejecutivo complejo.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
23 de octubre de 2025, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de septiembre de 2025, Oscar Javier Araque Garzón, actuando
como gerente del Instituto Financiero de Casanare, presentó una acción de
tutela contra el Juzgado 4 Administrativo de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, por la presunta violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de las providencia de 27 de febrero de 2025 y de 12 de junio
de 20253, proferidas por las autoridades judiciales, respectivamente, dentro
del proceso ejecutivo No. 85001-33-33-004-2025-00094-00/01.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva de esta sentencia.”
3 Notificada por mensaje de datos enviado el 13 de junio de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05581-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal en auto emitido
en fecha 27 de Febrero de 2025 y confirmado el 12 de Junio de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso
85001333300420250009400.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 27 de
Febrero de 2025 emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, así
como la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare en fecha 12 de Junio de 2025, dentro del medio de
control 85001333300420250009400; por encontrarse tales decisiones afectadas
por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare
4117520 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de
mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos,
así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su competencia, en
el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del
fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su
lugar el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, libre mandamiento de pago
y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a
favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados
CASIMIRO BETHANCOURT, dentro del proceso ejecutivo
85001333300420250009400 y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este
tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de
Casanare, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo
autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente
análogas circunstancias, así como ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se
abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El Instituto Financiero de Casanare (IFC) presentó demanda
ejecutiva en contra de Casimiro Betancourth, con la pretensión de librar
mandamiento de pago por la suma de $4.800.000, correspondiente al saldo
del capital adeudado representado en el pagaré No. 4117520, más los
intereses corrientes por el periodo comprendido del 27 de junio de 2019 al
27 de junio de 2020 y los intereses moratorios causados desde el 28 de junio
de 2019 hasta el pago total de la obligación.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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5. 2) El Juzgado 1 Civil Municipal de Yopal, mediante Auto de 11 de julio
de 2022, dispuso librar dicho mandamiento de pago, con excepción de lo
pretendido por intereses de mora, y decretó medidas cautelares.
6. 3) El 28 de noviembre de 2024, el Juzgado 1 Civil Municipal de Yopal
declaró la falta de competencia por jurisdicción y remitió la actuación
surtida a los Juzgados Administrativos, correspondiendo, por reparto
efectuado el 10 de febrero de 2025, al Juzgado 4 Administrativo de
Casanare.
7. 4) El 27 de febrero de 2025, el Juzgado 4 Administrativo de Casanare 4
dejó sin efectos el Auto del 11 de julio de 2022, proferido por el Juzgado 1
Civil Municipal, y decidió no librar mandamiento de pago solicitado por la
entidad demandante, debido a que dicha entidad no aportó el contrato
de mutuo suscrito entre la entidad pública IFC y el demandado, sin que
fuese posible, en sede del proceso ejecutivo judicial, presumir la existencia
del mismo ni tener el pagaré como prueba de su existencia, ya que
contrariaba los principios de la contratación estatal. Advirtió que el caso no
era un proceso declarativo sino meramente ejecutivo, y señaló que
tampoco se aportó un acto administrativo a través del cual se declarara el
incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que constataran
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de las partes intervinientes
en tales actuaciones, de tal manera que no se cumplía con los requisitos del
artículo 297 del CPACA y, en consecuencia, dispuso no librar mandamiento
de pago y levantar las medidas cautelares decretadas.
8. 5) La parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación5 contra la decisión anterior, en el escrito alegó que la obligación
provenía de un mutuo con intereses, reglado por la normativa civil,
respaldado en un pagaré y una carta de instrucciones con soporte
mercantil, en los que, según afirmó, el deudor reconoció haber recibido el
dinero a título de mutuo y haberse obligado a restituir capital, intereses y
demás conceptos, por lo que estimó acreditada una obligación clara,
expresa y exigible. Añadió que, aunque no existió un contrato solemne
independiente, el mutuo se perfeccionó con el desembolso, y que el pagaré
y su carta constituían plena prueba y daban cuenta de una obligación
simple, de manera que el juzgado no debió exigir formalidades adicionales,
como el contrato de mutuo escrito, pues a su juicio bastaba con lo previsto
en el artículo 11 del CGP y se estaba trasladando indebidamente una
exigencia propia de contratos estatales.
4 Índice 5 en el aplicativo SAMAI, proceso de Primera Instancia.
5 Índice 9 en el aplicativo SAMAI, proceso de Primera Instancia.
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9. 6) El 24 de abril de 2025, el Juzgado 4 Administrativo de Casanare6
decidió no reponer la decisión de negar el mandamiento de pago y
concedió el recurso de apelación. Reiteró la necesidad de aportar el
contrato estatal de mutuo para constituir el título ejecutivo complejo en
materia de lo contencioso administrativo, el cual debía cumplir la
solemnidad de constar por escrito. Indicó que, para resolver el asunto, se
revisaron integralmente los antecedentes de la actuación y no se halló un
contrato estatal suscrito entre el IFC y la parte demandada, por lo que se
concluyó que el título ejecutivo no se había integrado debidamente para
acceder a lo pretendido, además de que no se identificó la fuente estatal
de la que proviniera la garantía o el pagaré, precisó que, aunque el pagaré
original podía respaldar obligaciones derivadas de un contrato celebrado
por una entidad estatal, el juez administrativo debía verificar la identidad de
las partes y la oponibilidad de excepciones, y que, dada la naturaleza del
IFC, el negocio se sujetó al Estatuto General de Contratación, razón por la
cual debía constar por escrito y aportarse en original para su ejecución.
10. 7) El 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
confirmó la decisión de primera instancia, reiteró que conforme con el
numeral 6 del artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso
administrativa conocía de procesos ejecutivos, entre otros, cuando se
originaban en contratos celebrados por entidades públicas, y que, según el
artículo 297 y el artículo 422 del CGP, debía verificarse que los documentos
aportados conformaran un título ejecutivo claro, expreso y exigible. En esa
medida, precisó que el pagaré y la carta de instrucciones podían respaldar
obligaciones derivadas de un contrato, pero que dada la naturaleza del IFC,
como entidad sometida al Estatuto General de Contratación, el negocio
subyacente debía constar por escrito y aportarse para integrar
debidamente el título ejecutivo, pues solo así era posible acreditar la
existencia del mutuo, sus condiciones, la identidad de las partes y la
oponibilidad de excepciones; sin embargo, como en el expediente
únicamente se allegaron el pagaré, la carta de instrucciones y el estado de
cuenta, sin el contrato, el Tribunal concluyó que no se había conformado el
título ejecutivo complejo exigible y, por ello, mantuvo la negativa de librar
mandamiento de pago.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
decisiones judiciales de primera y segunda instancia incurrieron en defecto
fáctico, defecto sustantivo, defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente judicial, al negar el mandamiento de pago, levantar las
medidas cautelares y exigir un contrato de mutuo por escrito para
6 Índice 11 en el aplicativo SAMAI, proceso de primera instancia.
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conformar un título ejecutivo complejo, sin tener en cuenta la naturaleza
consensual del contrato de mutuo en el régimen de derecho privado
aplicable a la entidad como empresa industrial y comercial del Estado -
E.I.C.E-, la autonomía del pagaré como título valor y lo dispuesto por la Corte
Constitucional en el Auto A-2014/24.
12. Argumentó que el cambio de jurisdicción de lo civil a lo contencioso
administrativo no podía alterar la naturaleza del derecho sustancial, ni
imponer requisitos adicionales a los títulos valores que la ley comercial no
contemplaba. Afirmó que la postura de los jueces desconocía el régimen
de derecho privado aplicable a las empresas industriales y comerciales del
Estado (EICE), en las cuales el contrato de mutuo es consensual y se
perfecciona con la entrega del dinero, sin requerir la solemnidad del escrito
exigida por el Estatuto de Contratación Estatal. Sumado a ello, alegó un
desconocimiento de la exigibilidad del título valor contenida en el artículo
619 del Código de Comercio y una indebida valoración probatoria al
restarle mérito ejecutivo al pagaré.
13. Sostuvo además que lo decidido vulneraba los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, al invalidar actuaciones y títulos que durante
décadas fueron aceptados como idóneos por la jurisdicción ordinaria, y,
además, contrariaban lo dispuesto en el artículo 229 constitucional, ya que
los operadores judiciales, bajo un excesivo ritual manifiesto, exigieron un
contrato de mutuo elevado a escrito para configurar un título ejecutivo
complejo.
1.2. Sentencia de primera instancia7 e impugnación
14. Mediante Sentencia de 23 de octubre de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
acreditarse el requisito de relevancia constitucional. Para ello, señaló que la
parte actora reiteró los mismos argumentos planteados en el proceso
ejecutivo, en particular, la inconformidad frente a la decisión de no librar
mandamiento de pago por la falta de un título ejecutivo complejo y la
exigencia de aportar el contrato estatal, cuestión que ya había sido objeto
de análisis y decisión por los jueces naturales de la causa
15. En consecuencia, consideró que la tutela estaba siendo utilizada
como una instancia o recurso adicional para reabrir un debate de carácter
legal y de contenido estrictamente económico, cuyo fin último era obtener
7 Mediante Auto de 15 de septiembre de 2025, el despacho ponente de la Sección Primera dispuso: (1) admitir la
acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare; (2) tener como accionados al el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare; (3) negar la medida
provisional solicitada por la parte actora y, (4) vincular al trámite al señor Casimiro Betancourth, como tercero con
interés en el resultado del proceso.
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el pago de la obligación dineraria. Frente a la alegada vulneración de
derechos, la Sección precisó que la entidad accionante no justificó
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales ni acreditó que el caso tuviera la entidad de determinar el
alcance de un derecho constitucional, por lo que cualquier intervención del
juez de tutela en tales asuntos de mera legalidad desbordaría sus
competencias y afectaría el principio de independencia del juez natural.
16. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación. Sostuvo que el caso sí revestía trascendencia constitucional,
al involucrar la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso
y acceso efectivo a la administración de justicia, derivada de decisiones
judiciales que, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente judicial vinculante sobre la validez del pagaré como título
ejecutivo autónomo, sin necesidad de contrato de mutuo escrito. Alegó que
el debate no se limitaba a una controversia legal o de contenido
económico, sino que implicaba una afectación sustancial a sus derechos,
toda vez que la exigencia de solemnidades no previstas en la ley para
contratos consensuales regidos por el derecho privado hacía imposible el
recaudo de cartera pública y conllevaba una denegación sistemática de
justicia. Asimismo, manifestó que la tutela no se promovía como una tercera
instancia, sino como un mecanismo de protección ante la postura de los
jueces administrativos de imponer requisitos irrazonables que desconocían
la naturaleza jurídica de la entidad (E.I.C.E.) y la autonomía de los títulos
valores.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1 Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
17. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 12 de
junio de 2025, pues, aunque también se enjuició la decisión adoptada en
primera instancia por el Juzgado 4 Administrativo de Yopal, el 27 de febrero
de 2025, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, fue la
decisión del tribunal la que resolvió en definitiva la controversia. Aunado a
ello, en caso de un eventual fallo favorable, aquel sería la autoridad judicial
competente para cumplir lo que se ordene en sede de tutela.
2.2. Fijación de la controversia
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18. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo,
deberá determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Casanare, con la providencia de 12 de junio de
2025, incurrió en los defectos alegados al negar el mandamiento de pago y
levantar las medidas cautelares con la exigencia de un contrato de mutuo
por escrito para conformar un título ejecutivo complejo. Como
consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o revocará la
decisión de primer grado.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
19. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:
20. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional8.
21. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto9; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
8 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
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ordinario10 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad11.
22. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202312, estableció
que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no
tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.
23. Bajo este entendido, la Sala, al igual que el juez de tutela de primera
instancia, considera que en el presente caso no se acreditó el requisito de
relevancia constitucional, ya que la parte actora reiteró en esta acción los
mismos fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación13 contra la providencia de 27 de
febrero de 202514. Concretamente, que el pagaré constituía un título valor
autónomo que contenía una obligación clara, expresa y exigible sin
necesidad de aportar un contrato de mutuo por escrito, dada la naturaleza
consensual de este negocio jurídico y el régimen de derecho privado
aplicable a la entidad, y que no podía desconocerse el precedente del
Auto A-2014/24 de la Corte Constitucional al respecto. Estos planteamientos
fueron estudiados por el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual se
pronunció de la siguiente manera (se trascribe):
“Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el
que deben quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del
mutuario y que teniendo la contratante la calidad de entidad pública, por
disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar el mandamiento de
pago, se requiere el título ejecutivo integrado no solo por el pagaré sino por el
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
13 “Siguiendo entonces la línea de argumentación expuesta por la Corte Constitucional, sobre que cualquier
contrato celebrado por una entidad del Estado, es un contrato estatal, entonces resulta que un contrato de mutuo
con intereses, que explícitamente tiene un régimen en la normatividad civil, específicamente en el Código Civil y
respaldado con un pagare y una carta de instrucciones que tiene soporte en el Código de Comercio, también es
contrato estatal, no obstante, la jurisdicción contenciosa administrativa tradicionalmente únicamente ha juzgado
las controversias contractuales del Estado entendiendo como ellas, las provenientes de la ley 80 de 1993, o las
provenientes de una sentencia o de un acto administrativo; no de pagares provenientes de contratos de mutuo
con intereses, sin embargo, ello según ha determinado la Corte Constitucional corresponde a su conocimiento, y
por ende es la jurisdicción Contenciosa administrativa la competente para conocer de los procesos que de su
cobro se originan.
(…)
En este orden de ideas, de conformidad con los artículos 85 de la Ley 489 de 1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, la
entidad que represento desarrolla la actividad crediticia en competencia con el sector privado, para efectos
contractuales se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esa actividad económica o
comercial. De igual modo me permito poner de presente, a la consideración de la Corte constitucional en auto
A-2014/249, en el que manifiesta un pagaré suscrito en el marco de un contrato de mutuo con una entidad pública
es un título ejecutivo válido, siempre que: • Sea claro, expreso y exigible. • No sea necesario probar la existencia
de un contrato estatal subyacente.
Recapitulando: 1. Estamos ante un título Simple y no complejo. 2. Se trata de una obligación clara expresa y
exigible contenida en un Pagare. 3. Nos encontramos ante un título autónomo. 4. El Contrato de mutuo se
perfecciona con la entrega de la cosa fungible, para el caso el préstamo otorgado y entregado al beneficiario.
5. El contrato de mutuo se encuentra constituido e implícito en el pagaré.” (Se resalta). Recurso en el proceso
ejecutivo radicado No. 85001-33-33-004-2025-00094-00.
14 Ver párrafo 8 y 9 de la presente providencia.
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contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de Casanare debe expresar
su consentimiento en los términos del contrato
No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor, su
carta de instrucciones a favor del IFC, así como el estado de cuenta del crédito,
pero dichos documentos no corresponden al contrato de muto y del clausulado
de estos no se desprende su existencia, ni los términos y condiciones en las que
se obligan cada una de las partes, razón por la cual para la conformación del
título ejecutivo se requiere el contrato de mutuo.
Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que,
el Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de
carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por
ende, los contrato que celebre para el desarrollo de su objeto se sujetan a las
disposiciones del Estatuto General de la Contratación de las entidades
estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93 ibidem, es decir, que los contratos
deben constar por escrito en aplicación a dispuesto en el artículo 39 de la Ley
80 de 1993, justamente porque el negocio jurídico subyacente al título ejecutivo
que pretende ejecutarse es un contrato estatal se requiere prueba de su
existencia, pues estamos en el escenario de un proceso ejecutivo en sede de
la jurisdicción contencioso administrativa.
Lo anterior porque, aplicando el criterio orgánico corresponde a la jurisdicción
contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos
en los que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen
contratos estatales. Por ello, se requiere demostrar la causa subyacente del
origen público de los recursos y tal como se indicó no se allega el contrato
fuente de la obligación, así las cosas, no se configura el título ejecutivo complejo
que determine el origen público de los recursos que pretende ejecutar.
Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez
administrativo examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito
ejecutivo, es decir que el título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la
fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo que no fue
aportado; claro, las entidades estatales pueden ejecutar las obligaciones
contractuales a su favor, pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos
para ello. En el presente caso si bien el pagaré respalda las obligaciones
derivadas de un contrato celebrado por una entidad con carácter de estatal,
se debe verificar la existencia de este último con el propósito de comprobar
que las partes del pagaré sean las mismas del contrato de mutuo y que las
excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo.
En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción
contenciosa administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no
fue aportado. Tal como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia
5 de octubre de 2020, para conformación del título ejecutivo complejo se
requiere aportar todos los documentos que lo integran, entre ellos el respectivo
contrato con el que se acredite las condiciones allí pactadas para recibir los
pagos. Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta con el contrato
de mutuo no resulta posible determinar la constitución de aquel.
En este punto se advierte que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado
puede acudir al proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación
contenida en un pagaré, esto no ocurre en la jurisdicción contenciosa
administrativa, pues se reitera, conoce de los procesos ejecutivos derivados de
contratos en los que sea parte una entidad pública, los cuales por regla general
corresponden a un título ejecutivo complejo, presupuesto que no se cumple en
el sub examine y por ende los cargos de apelación carecen de vocación de
prosperidad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05581-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________
24. Esta identidad argumentativa revela que el objeto de la presente
acción es reabrir el debate que ya había sido resuelto por el juez natural,
quien determinó que no era procedente librar mandamiento de pago con
base únicamente en el pagaré, tras concluir que se requería la
conformación de un título ejecutivo complejo integrado por el contrato
escrito de mutuo estatal, conforme con la Ley 80 de 1993, desestimando así
la tesis sobre la suficiencia del título valor autónomo y la naturaleza
consensual del negocio jurídico regido por el derecho privado Así, la
inconformidad de la actora obedece a una diferencia interpretativa frente
al tratamiento jurídico que recibió su caso, lo cual permite concluir que no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
25. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional15.
2.4. Conclusión
26. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia,
mediante cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare,
en los términos y por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
15 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05581-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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