Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05676-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05676-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05676-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05676-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
3 de septiembre de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., 3 de septiembre de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: NATALY RODRÍGUEZ BAUTISTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Auto que denegó medida cautelar.
Defecto fáctico y sustantivo. Improcedencia de la acción de tutela.
Requisito general de subsidiariedad. Proceso en trámite.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Nataly Rodríguez Bautista contra el
Tribunal Administrativo del Casanare.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 17 de julio de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Nataly Rodríguez Bautista pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, al trabajo, a la protección reforzada de la mujer cabeza de familia
y al interés superior de los menores.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
10 de julio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Casanare, que confirmó la
decisión de primera instancia de denegar las medidas cautelares solicitadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-001-2025-
00450-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo y a la
protección reforzada de la mujer cabeza de familia y del interés superior del menor, invocados por la
accionante.
SEGUNDA: Dejar sin efectos la providencia proferida el 10 de julio de 2026 por el Tribunal Administrativo
de Casanare, Despacho 002, que confirmó la negativa de la medida cautelar de suspensión provisional.
TERCERA: Ordenar al Tribunal Administrativo de Casanare que profiera una nueva decisión en la que
se pronuncie expresamente sobre: (i) el memorial de prueba sobreviniente radicado el 25 de junio de
2026 y los documentos que lo acompañan; (ii) el segmento normativo del artículo 2.4.1.4.1.4 del Decreto
1075 de 2015 relativo al plazo máximo de graduación y al requerimiento previo; (iii) la presunción de
represalia establecida en el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, con motivo de la denuncia de acoso
laboral presentada por la accionante el 20 de junio de 2025 y su desvinculación 75 días después; (iv)
los hechos sobrevinientes puestos en conocimiento mediante memorial del 20 de abril de 2026 —
relativos a los derechos de grado, el crédito educativo, la salud del menor y la reclasificación en el
Sisbén IV— ; y (v) la condición de madre cabeza de familia de la accionante bajo el estándar de
protección constitucional reforzada.
CUARTA: Subsidiariamente, y mientras se profiere la nueva decisión, ordenar como medida provisional
el reintegro de la accionante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual jerarquía, dada la
naturaleza continuada del perjuicio alegado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Manifestó la tutelante que, a través de la Resolución 1214 del 17 de noviembre de 2023,
fue nombrada en periodo de prueba como docente de aula en el nivel básico secundaria,
en el área de educación artística – artes plásticas, en la planta global de cargos del
municipio de Yopal.
Que presentó una queja por acoso laboral y una recusación para la evaluación del periodo
de prueba contra la rectora y la coordinadora del instituto educativo Centro Social, que
fue remitida al comité de convivencia laboral de esa entidad.
Que el 26 de noviembre de 2024 le notificaron su calificación satisfactoria del periodo de
prueba.
Mediante la Resolución 0371 del 23 de enero de 2025, se negó su inscripción en el
escalafón docente, por no haber acreditado que cursaba algún pregrado o posgrado en
pedagogía al momento de quedar en firme el periodo de prueba.
Inconforme, la señora Nataly Rodríguez Bautista presentó recurso de reposición y, en
subsidio de apelación. Sin embargo, por medio de las Resoluciones 0809 del 18 de marzo
de 2025 y 7872 del 1 de septiembre de 2025, la Secretaría de Educación del municipio
de Yopal y la Comisión Nacional del Servicio Civil, respectivamente, confirmaron la
decisión del 23 de enero de 2025.
Finalmente, a través de la Resolución 1962 del 3 de septiembre de 2025, la Secretaría
de Educación del municipio de Yopal revocó el nombramiento efectuado a la accionante
el 17 de noviembre de 2023.
3.2. Actuación judicial
La señora Nataly Rodríguez Bautista promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el municipio de Yopal, para
que se declarara la nulidad de las Resoluciones 0371 del 23 de enero de 2025, 0809 del
18 de marzo de 2025, 7872 del 1 de septiembre de 2025 y 1962 del 3 de septiembre de
2025. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara su reintegro al cargo
que desempeñaba, su inscripción en el escalafón docente y el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación y hasta su reintegro.
Con la demanda se pidió que se decretara como medida cautelar la suspensión
provisional de la Resolución 1962 de 2025 y que, en consecuencia, se ordenara su
reintegro al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía.
Explicó que esa resolución se había expedido con falsa motivación y con infracción de
las normas en que debía fundarse. Que había superado satisfactoriamente el periodo de
prueba y que había presentado dentro del término legal la certificación que daba cuenta
de que el plazo máximo para obtener el título de maestría vencía en el mes de julio de
2026.
Que la entidad había desconocido los documentos aportados y los términos aplicables.
Que los efectos de la resolución acusada podrían generarle un perjuicio grave, porque se
encontraba desempleada desde el mes de septiembre de 2025 y no tenía otros ingresos
para satisfacer sus necesidades básicas. Que era madre cabeza de familia,
diagnosticada con trastornos de ansiedad y depresión. Que el reintegro no generaría una
afectación al servicio público de educación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
Por auto del 6 de abril de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal denegó la
solicitud de medida cautelar, al considerar que en esa etapa preliminar no se advertía
violación de las normas invocadas, que la demandante había acreditado
extemporáneamente el requisito de encontrarse en curso sus estudios de posgrado en
educación, por lo que, en principio, la actuación administrativa se ajustaba a la normativa
aplicable.
Que no se encontraba acreditada la vulneración de la estabilidad laboral reforzada por
acoso laboral, su condición de madre cabeza de familia o sus afectaciones a la salud.
Que, además, no se había demostrado la causación de un perjuicio irremediable.
Inconforme, la demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación,
en los que manifestó que se había desnaturalizado el estándar probatorio de las medidas
cautelares, al realizar un análisis propio de la sentencia. Que la providencia recurrida
había resuelto de manera anticipada asuntos de fondo, sin tener en cuenta que solo se
exigía la verificación sumaria de la apariencia de buen derecho y el periculum in mora.
Que persistían las dudas sobre la aplicación del Decreto 953 de 2025 y la configuración
de la falsa motivación. Que hubo indebida valoración sobre su condición de madre cabeza
de familia, el acoso laboral, su estado de salud, su mínimo vital y el de su menor hijo.
El 16 de abril de 2026, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal no repuso su decisión
y concedió el respectivo recurso de apelación.
El 25 de junio de 2026, la demandante allegó memorial con el que decía aportar las
siguientes pruebas: i) el diploma DP016094488277174 expedido por la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, que daba cuenta de que obtuvo el título de magíster en
gerencia de instituciones educativas el 23 de junio de 2026, ii) la correspondiente acta de
grado y, iii) una constancia de radicación de esas documentales ante la secretaría de
educación de Yopal el 24 de junio de 2026.
Por auto del 10 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó la
decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo, pues
consideró que no se acreditaban los presupuestos exigidos en los artículos 229, 230 y
231 del CPACA, debido a que no se advertía la apariencia de buen derecho, la infracción
normativa que habilitara la adopción de la medida pretendida ni la falsa motivación
alegada.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, porque, a su juicio: i) el asunto tiene relevancia constitucional debido a que
involucra su mínimo vital y el de su hijo menor de edad, así como la protección reforzada
de una mujer cabeza de familia; ii) agotó todos los medios de defensa judiciales
disponibles; iii) se cumplía el requisito de inmediatez, porque la acción de tutela fue
presentada en un término razonable; iv) no se trataba de una irregularidad procesal; v)
identificó los hechos que generaron la vulneración y, vi) no cuestionaba un fallo de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto fáctico porque el tribunal demandado omitió valorar las pruebas que radicó el
25 de junio de 2026, con las que acreditaba que había obtenido su título de magíster el
23 de junio de 2026, dentro del plazo de graduación que había certificado ante el
municipio de Yopal.
Dijo que ese título ya había sido puesto en conocimiento de la Secretaría de Educación
de Yopal. Que esas pruebas eran relevantes, porque confirmaban la seriedad y veracidad
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
de la certificación académica que sustentaba su posición y que era el objeto central de la
medida cautelar pretendida.
Que en la providencia cuestionada no se mencionaron esos documentos y se resolvió el
asunto como si no se hubieran aportado.
Defecto sustantivo porque se inaplicó el artículo 2.4.1.4.1.4 del Decreto 1075 de 2015,
que, según la parte actora, en los casos en que el profesional con título diferente al de
licenciado en educación curse un posgrado en educación, debe anexar certificación del
plazo máximo para obtener el título y que, cumplido ese plazo sin que se acredite la
credencial académica, la entidad correspondiente requeriría al profesional para que
demuestre su graduación en el respectivo programa de posgrado.
Manifestó que el tribunal demandado solo se limitó a revisar si la certificación sobre si
cursaba el programa de posgrado había sido radicada antes o después de la firmeza de
la evaluación del periodo de prueba, con lo que desconoció que el plazo máximo
informado no había vencido al momento de su desvinculación y que la entidad territorial
tenía el deber de efectuar el requerimiento previo.
Que la autoridad judicial demandada no se pronunció sobre el fuero de protección
previsto en la Ley 1010 de 2006, que había alegado en la solicitud de medida cautelar y
con fundamento en que había presentado una denuncia por acoso laboral dentro de los
seis meses que el artículo de esa norma presumía como represalia.
Que había sido insuficiente la valoración constitucional sobre la protección reforzada de
una mujer cabeza de familia. Que no contaba con ingresos desde su desvinculación el 8
de septiembre de 2025. Que era la única responsable por el sostenimiento económico y
cuidado de su hijo menor de edad. Que los efectos de la Resolución 1962 de 2025 le
generaban un perjuicio grave y actual sobre su mínimo vital.
5. Trámite procesal
Por auto del 24 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Casanare, y en calidad de terceros con interés, al juez primero
administrativo de Yopal, al presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil y al
alcalde y secretario de educación del municipio de Yopal.
Adicionalmente, se denegó la medida provisional pretendida por la parte actora, que
estaba relacionada con que se ordenara su reintegro al cargo que venía desempeñando
o a uno de igual jerarquía.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 28 de julio de
2026.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo del Casanare, actual titular del despacho que
profirió la decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela
o que, subsidiariamente, se denegaran las pretensiones de la parte actora.
Indicó que la solicitud de amparo no cumplía los presupuestos de procedencia
desarrollados por la jurisprudencia del Consejo de Estado1. Que el asunto no tenía
relevancia constitucional porque no se advertía una afectación real, directa y
desproporcionada de derechos fundamentales, que, por el contrario, se cuestionaba la
valoración probatoria realizada por los jueces naturales.
1 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28
de enero de 2026, expediente: 11001-03-15-000-2025-05581-01. Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
Que, si bien en el memorial 25 de junio de 2026 se hizo alusión a elementos probatorios,
lo cierto era que no fueron aportados y esa era una carga directa de la demandante.
Que la decisión acusada había sido adoptada con estricta observancia de las normas que
regulan la materia, a saber, los artículos 229, 230 y 231 del CPACA, así como la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la suspensión provisional de actos
administrativos.
La alcaldía municipal de Yopal pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
por la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales reclamados.
Señaló que la vulneración alegada recaía sobre el contenido y alcance de una decisión
judicial. Que las actuaciones que desplegó fueron desarrolladas en cumplimiento de sus
competencias legales y con observancia del marco normativo vigente y los
procedimientos establecidos para la verificación del cumplimiento de los requisitos
exigidos para el ingreso y permanencia en la carrera docente.
La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó que se denegaran las pretensiones de
la accionante, porque no estaba legitimada en la causa por pasiva y que, en
consecuencia, se ordenara su desvinculación.
Dijo que los actos administrativos que expidió ostentaban la presunción de legalidad y no
podían ser debatidos a través de la presente acción de tutela. Que no tenía injerencia en
las decisiones judiciales objeto de debate constitucional. Que sus actuaciones se
encontraban ajustadas a derecho y no existía vulneración de los derechos fundamentales
de la demandante.
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal no se pronunció, pese a que, como se
vio, fue debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Legitimación en la causa por pasiva.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional2 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la parte actora cuestiona el auto del 10 de julio de 2026, proferido
por el Tribunal Administrativo del Casanare en el expediente con radicado 85001-33-33-
001-2025-00450-00/01.
Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil pidió su desvinculación, al estimar
que no tenía legitimación en la causa por pasiva.
No obstante, la vinculación de esa entidad no fue como parte demandada, sino en calidad
de tercera con interés, porque funge como parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de tutela. En consecuencia, no hay lugar a acceder
a la solicitud de desvinculación.
2 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Nataly Rodríguez Bautista para dejar sin efectos la providencia del 10 de julio de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo del Casanare que confirmó la decisión de primera
instancia de denegar las medidas cautelares solicitadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-001-2025-00450-00/01.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, por incumplir el requisito
general de subsidiariedad, debido a que se cuestionan asuntos relacionados con un
proceso judicial que se encuentra en trámite.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela
cuando el proceso judicial se encuentra en curso y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso
En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que “si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que “no es dable la intromisión de la
jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo”.
Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual “no
se ha proferido ningún fallo definitivo” y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.
5. Análisis del caso concreto
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, al trabajo, a la protección reforzada de
la mujer cabeza de familia y al interés superior de los menores, con ocasión del auto del
10 de julio de 2026, que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las medidas
cautelares solicitadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 85001-33-33-001-2025-00450-00/01.
De la revisión del expediente aportado por el Tribunal Administrativo del Casanare, así
como de la información registrada en el sistema de gestión judicial Samai, la Sala
encuentra que se trata de un proceso judicial en curso, en el cual no se ha proferido una
decisión definitiva, por lo que no le es dable al juez constitucional entrometerse en la
órbita propia del juez natural del asunto.
3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
La Corte Constitucional ha señalado que las etapas, recursos y procedimiento que
conforman un proceso, configuran el primer espacio de protección de los derechos
fundamentales; por ejemplo, en la sentencia SU-458 de 2010 señaló que las
controversias relacionadas con derechos fundamentales deben ser resueltas, en
principio, por la vía ordinaria y que solo en casos excepcionales se puede acudir a la
acción de tutela.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho5:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho aún se encuentra en trámite, no se ha
proferido una decisión definitiva y la parte demandante tiene la posibilidad de solicitar
nuevamente que se decreten medidas cautelares durante todo el trámite del proceso
judicial.
La Sala observa que la tutelante aportó varias documentales, tales como, declaración
extraprocesal del 27 de enero de 2025, que rindió ante la Notaría Segunda de Yopal, en
la que manifestó que tenía a cargo y respondía económicamente por su hijo; registro civil
del menor, del que se extrae que en la actualidad tiene 17 años y seis meses; acta de
conciliación ante el ICBF, del 29 de abril de 2021, en la que se acordó que los abuelos
maternos del menor le otorgarían la custodia a la progenitora, la señora Rodríguez
Bautista; certificado del 3 de septiembre de 2025, expedido por el rector de la institución
educativa Braulio Gonzáles, en el que se informó que el menor cursaba el grado noveno;
declaración juramentada del 19 de agosto de 2025 rendida por la tutelante ante la
secretaría de gobierno de Bogotá, en la que manifestó que era madre cabeza de familia;
declaración extraprocesal del 25 de septiembre de 2025, rendida por los padres de la
accionante, en la que manifestaron que la señora Nataly era madre cabeza de hogar; un
contrato de arriendo de vivienda urbana del 6 de octubre de 2023 suscrito por la parte
actora; declaración extraprocesal del 23 de octubre de 2025 rendida por la parte
demandante, en la que indicó que desde hacía dos meses no laboraba con ninguna
entidad ni pública ni privada.
Ahora bien, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-388 de 2005, estableció cinco
criterios para acreditar la condición de madre cabeza de familia, a saber: <<Primero, se
debe tener a cargo la responsabilidad de hijos(as) menores u otras personas que no tengan la
capacidad para trabajar. Segundo, la responsabilidad debe ser permanente. Tercero, debe existir
no solo una ausencia o abandono del hogar por parte de la pareja, sino también una auténtica
sustracción de los deberes legales de manutención. Cuarto, la falta de cumplimiento de las
obligaciones parentales puede darse por razones de discapacidad o la muerte. Quinto, no
concurre un apoyo amplio y sustancial de los demás miembros de la familia>>.
Sin embargo, como se vio, las pruebas aportadas por la parte actora corresponden a
documentales de hace por lo menos casi un año, lo que impide que se valore su situación
5 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
actual de presunta vulnerabilidad de su mínimo vital y de su condición de madre cabeza
de familia.
Adicionalmente, para la Sala, esos medios de convicción tampoco acreditan que la
señora Nataly Rodríguez Bautista no cuente con apoyo amplio y sustancial de los demás
miembros de su familia, puesto que, en el acta de conciliación suscrita ante ICBF, los
padres de la accionante afirmaron que <<nosotros como vivimos en la misma casa y estamos
dispuestos a seguir colaborando y apoyándola>>.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que, tal cual lo afirmó el magistrado del
Tribunal Administrativo del Casanare, con el memorial del 25 de junio de 2026 radicado
por la parte actora en el proceso ordinario no se acompañaron las pruebas relacionadas
por la señora Nataly Rodríguez Bautista en ese documento, por lo que no era dable
exigirle a la autoridad judicial demandada que tuviera en cuenta medios de convicción
que no fueron aportados al expediente.
En consecuencia, para la Sala las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo, por no satisfacer el requisito general de
subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de desvinculación propuesta por la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
2. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora, por las
razones expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 6
6 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05676-00
Demandante: Nataly Rodríguez Bautista
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.