Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06346-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-06346-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-06346-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
31 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-06346-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Yopal
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
La Sala procede a resolver, en primera instancia, sobre la demanda presentada por el
Instituto Financiero de Casanare contra los autos proferidos el 24 de septiembre de 2025
y el 12 de febrero de 2026 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, en el proceso
ejecutivo con radicación núm. 85001-33-33-001-2025-00239-00/01.
SÍNTESIS1
El accionante enjuició los autos mediante los cuales se dispuso no seguir adelante con
la ejecución promovida para el cobro de una obligación contenida en el pagaré núm.
4117314. En su criterio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defectos
fáctico, sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, al exigir un contrato de mutuo escrito
para conformar un título ejecutivo complejo y al considerar que no se aportó el original
del pagaré. La Sala declarará improcedente el amparo constitucional por falta de
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 11 de agosto de 20262, el Instituto Financiero de Casanare -en adelante el IFC-
presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia. En su criterio, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas con los autos
proferidos el 24 de septiembre de 2025 y el 12 de febrero de 2026 por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y el Tribunal Administrativo de
1 Tema: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / pagaré / título ejecutivo complejo / improcedencia /
falta de relevancia constitucional / reiteración.
2 Samai, índice 1.
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
Casanare, respectivamente, mediante los cuales se dispuso no seguir adelante con la
ejecución promovida contra Minta Imelda Bonilla Galvis.
2. Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcriben):
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE,
que se desconocieron por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 24 de septiembre de 2025 y su
confirmatorio emitido el 12 de febrero de 2026 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-3333-001-2025-
00239-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 24 de
septiembre de 2025 emitido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 12 de febrero de
2026, dentro del medio de control 85001-3333-001-2025-00239-00, por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle merito ejecutivo al pagare 4117314 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito,
ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original
del pagare, pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022 “Las
demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos
sus anexos,”; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho
sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía
cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE -
IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48
horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las
actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, ordene seguir
adelante con la ejecución a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
en contra de la parte demandada MINTA IMELDA BONILLA GALVIS, dentro del
proceso ejecutivo 85001-3333-001-2025-00239-00, adelante el proceso hasta su
finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título
ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se
presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.
2
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Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
B. Hechos
3. El IFC es una empresa comercial y de gestión económica del Departamento de
Casanare, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, cuyo
régimen de actos y contratos se encuentra regulado, entre otras disposiciones, por los
artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998.
3.1. La entidad tiene como objeto el fomento del desarrollo económico y social del
Departamento de Casanare mediante la prestación de servicios financieros,
empresariales y de gestión de proyectos. En desarrollo de su actividad comercial otorga
créditos de fomento y educativos que se respaldan, entre otros documentos, con
pagarés y cartas de instrucciones.
3.2. Debido a la mora de los usuarios de esos créditos, el IFC adelanta gestiones de
cobro y promueve procesos ejecutivos para obtener el pago de las obligaciones.
3.3. El 14 de marzo de 2019, el IFC presentó demanda ejecutiva singular de mínima
cuantía contra Minta Imelda Bonilla Gálvis ante la jurisdicción ordinaria, con fundamento
en el pagaré núm. 4117314 del 16 de diciembre de 2015 y la respectiva carta de
instrucciones. El conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal, que el 27 de junio de 2019 libró mandamiento de pago y decretó medidas
cautelares.
3.4. Mediante auto del 24 de enero de 2025, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal
declaró la falta de competencia por jurisdicción y ordenó remitir el proceso a los juzgados
administrativos de Yopal. El asunto fue repartido al Juzgado Primero Administrativo de
Yopal bajo el radicado núm. 85001-33-33-001-2025-00239-00.
3.5. Por auto del 24 de septiembre de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal
avocó conocimiento y resolvió no seguir adelante con la ejecución. Consideró que no se
encontraba debidamente conformado el título ejecutivo porque, además del pagaré y la
carta de instrucciones, era necesario aportar el contrato de mutuo y los demás
documentos que permitieran establecer una obligación clara, expresa y exigible. En
consecuencia, dispuso levantar las medidas cautelares y archivar el expediente una vez
ejecutoriada la providencia.
3.6. El IFC interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Alegó que el pagaré
contenía una obligación clara, expresa y exigible y constituía un título ejecutivo simple y
autónomo; que el contrato de mutuo se perfecciona con la entrega del dinero y no
requiere constar por escrito; y que, por desarrollar actividad crediticia en competencia
con el sector privado, el régimen contractual aplicable a la entidad es de derecho
privado.
3.7. En sustento del recurso, la entidad invocó, entre otras disposiciones, los artículos
2221 y 2222 del Código Civil y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007. También acudió al
Auto A-2014 de 2024 de la Corte Constitucional para sostener que un pagaré suscrito
3
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Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
en el marco de un contrato de mutuo con una entidad pública podía constituir título
ejecutivo sin que fuera necesario aportar un contrato de mutuo escrito.
3.8. Afirmó que, antes del cambio de jurisdicción, sus procesos ejecutivos se adelantaban
ante los jueces civiles sin que se exigiera un contrato de mutuo escrito para conformar
el título ejecutivo, pues el pagaré era tratado como un título valor autónomo.
3.9. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal
no repuso la decisión y concedió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo de Casanare.
3.10. Por auto del 12 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Casanare, con
salvamento de voto de uno de sus integrantes, confirmó la decisión. La mayoría
consideró que la acreencia provenía de un contrato de mutuo celebrado por una entidad
sometida, en su criterio, a la exigencia de forma escrita prevista en la Ley 80 de 1993 y
que, además, el IFC no había cumplido con la exhibición del título valor en los términos
del artículo 624 del Código de Comercio, porque no aportó su original.
3.11. En la demanda de tutela, el IFC sostuvo que esta interpretación afecta de manera
general su cartera, pues afirma que existen numerosos procesos ejecutivos en una
situación semejante y que la exigencia de un contrato de mutuo escrito pone en riesgo
la recuperación de recursos públicos destinados a su actividad de fomento.
C. Fundamentos de la vulneración
4. El IFC afirma que los autos cuestionados vulneran sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29
y 229 de la Constitución Política.
5.Asegura que el asunto tiene relevancia constitucional porque las autoridades
accionadas restaron mérito ejecutivo al pagaré pese a que, en su criterio, contiene una
obligación clara, expresa y exigible, y porque exigieron un contrato de mutuo escrito
desconociendo el régimen de derecho privado aplicable a su actividad crediticia.
Particularmente, invoca los Autos A-2014 de 2024 y 1455 de 2025 de la Corte
Constitucional. A partir de estos pronunciamientos sostiene que, en los contratos de
mutuo celebrados por entidades sometidas al régimen de derecho privado, no es
necesaria la existencia de un contrato escrito y que el pagaré puede prestar mérito
ejecutivo.
6. Agrega que las providencias cuestionadas incurren en (i) defecto fáctico, (ii) defecto
sustantivo, (iii) exceso ritual manifiesto, (iv) desconocimiento del precedente y (v)
violación directa de la Constitución.
6.1 En cuanto a los defectos fáctico y sustantivo, sostiene que las autoridades judiciales
hicieron una valoración equivocada del pagaré y aplicaron indebidamente las normas
4
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Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
sobre contratación estatal, pues el negocio de mutuo celebrado por el IFC se encuentra
sujeto al derecho privado y se perfecciona con la entrega del dinero.
6.2 Afirma que en el pagaré núm. 4117314 consta que el dinero fue recibido por la
deudora y que allí se determinaron el capital, los intereses y las condiciones de pago,
de modo que, a su juicio, el documento contiene por sí mismo una obligación clara,
expresa y exigible.
6.3 Señala que el título valor es exigible ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo de conformidad con el artículo 297, numeral 3, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA- y las normas
comerciales que reconocen la autonomía de los títulos valores.
6.4 Alega que se incurrió en exceso ritual manifiesto al exigir que el contrato de mutuo,
de naturaleza consensual y sometido al régimen de derecho privado, constara por
escrito para integrar un título ejecutivo complejo.
6.5 También cuestiona que el Tribunal Administrativo de Casanare considerara
incumplida la exigencia de exhibición del original del pagaré. Sostiene que, de
conformidad con la Ley 2213 de 2022, la demanda y sus anexos pueden presentarse
como mensajes de datos y que, en todo caso, el expediente físico provenía de la
jurisdicción ordinaria.
Finalmente, afirma que las decisiones accionadas desconocieron precedentes de la
Corte Constitucional y varias providencias del Consejo de Estado que, según la entidad,
han reconocido la improcedencia de exigir el contrato de mutuo escrito en controversias
semejantes.
D. Trámite procesal
7. Por auto del 12 de agosto de 20263, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo de Yopal y al Tribunal Administrativo
de Casanare. Asimismo, vinculó, en calidad de terceros con interés, a Minta Imelda
Bonilla Galvis y al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal.
E. Oposiciones e intervenciones
8. El magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare que contestó la demanda
solicitó declarar improcedente la acción de tutela4. Sostuvo que el asunto carece de
relevancia constitucional porque el IFC pretende reabrir una discusión de naturaleza
legal previamente resuelta por el juez natural5.
3 Samai, índice 5.
4 Samai, índice 14.
5 Oswaldo Andrés González Barrera, titular del Despacho 002 del Tribunal Administrativo de Casanare.
5
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Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
Explicó que en asuntos de similares contornos el Consejo de Estado ha considerado
improcedente la tutela cuando el IFC reproduce los argumentos expuestos en los
recursos ordinarios, particularmente los relacionados con la autonomía del pagaré, la
naturaleza consensual del contrato de mutuo, el régimen de derecho privado de la
entidad y el Auto A-2014 de 2024 de la Corte Constitucional. Añadió que la acción no
puede utilizarse como una instancia adicional para revisar el criterio jurídico aplicado en
el proceso ejecutivo.
9. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal6 solicitó negar el amparo. Defendió la
decisión del 24 de septiembre de 2025 y sostuvo que la entidad accionante no acreditó
la afectación de sus derechos fundamentales.
9.1 Indicó que el título ejecutivo no se encontraba debidamente conformado porque, para
continuar la ejecución ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no bastaba
el pagaré y era necesario acreditar el negocio jurídico del cual provenía la obligación. A
su juicio, la exigencia obedeció a las reglas procesales aplicables y no constituyó un
exceso ritual manifiesto.
9.2 Agregó que el debido proceso exige el respeto de las formas propias de cada juicio y
que la discrepancia del IFC con la interpretación de las normas aplicables no demuestra,
por sí sola, una vulneración constitucional.
9.3 Porúltimo, destacó que el IFC ha promovido múltiples acciones de tutela con
planteamientos semejantes y que el Consejo de Estado ha insistido en que este
mecanismo no puede emplearse como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o interpretativas definidas por el juez natural.
10. Minta Imelda Bonilla Galvis y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal no
presentaron intervenciones.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y el Reglamento Interno de esta
Corporación (Acuerdo 80 de 2019).
G. Cuestión previa
12. La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las providencias
proferidas en las dos instancias del proceso ejecutivo, el estudio se centrará en el auto
del 12 de febrero de 2026, por ser la decisión que resolvió definitivamente la controversia
6 Samai, índice 13.
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
planteada en el recurso de apelación. No obstante, cuando resulte necesario, se hará
referencia a la providencia de primera instancia para comprender el contexto del asunto.
H. Sentido de la decisión
13. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de acción de tutela porque
advierte que no cumple con el requisito general de relevancia constitucional. En ese
sentido y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de
los demás requisitos generales de procedencia de la acción.
I. El requisito de relevancia constitucional
14. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela puede proceder
excepcionalmente para el amparo de derechos fundamentales cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por una providencia judicial. Al respecto, para
comprobar la procedibilidad de la solicitud de amparo, desarrolló la doctrina de las vías
de hecho judicial; es decir, las «actuaciones arbitrarias imputables al funcionario judicial
que desconozcan o amenacen derechos fundamentales»7.
14.1 Posteriormente, con la sentencia C-590 de 20058, el Alto Tribunal distinguió entre
los requisitos generales que posibilitan la interposición de la demanda y los requisitos
específicos que habilitan el amparo. En cuanto a los requisitos generales, consideró que
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales está sujeta a que «la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional», para evitar que
el juez constitucional se involucre en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones.
En ese orden, la jurisprudencia ha concluido que la tutela no implica un juicio de
corrección de la decisión cuestionada, sino un juicio de validez9.
14.2En suma, el requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
comporta las siguientes finalidades: preservar la competencia e independencia de los
jueces; restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones judiciales por asuntos de mera legalidad10.
14.3 La sentencia SU-215 de 202211 compiló algunos criterios de análisis acogidos por la
jurisprudencia constitucional para determinar si la demanda en ejercicio de la acción de
tutela satisface el requisito de relevancia constitucional, a saber:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
7 Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
8 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
9 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), SU-128 de 2021 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger) y SU-134 de 2022 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022 (M.P. Natalia Ángel Cabo).
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Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto
debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental,
entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las Altas Cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado
una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
14.4 De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando «(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional12».
J. El caso concreto
14.4 En el presente asunto, la Sala advierte que la argumentación expuesta por la parte
actora no logra demostrar la existencia de un problema de naturaleza constitucional que
justifique la intervención excepcional del juez de tutela. En realidad, los reproches
formulados están dirigidos a controvertir la interpretación jurídica y la valoración que
efectuaron las autoridades accionadas sobre la conformación y exigibilidad del título
ejecutivo.
14.5 En efecto, el núcleo de la inconformidad consiste en que, a juicio del IFC, el pagaré
núm. 4117314 constituye un título ejecutivo simple y autónomo, el contrato de mutuo se
perfecciona con la entrega del dinero y se encuentra sometido al derecho privado, por
lo que no era necesario aportar un contrato escrito. También cuestiona que el Tribunal
exigiera la exhibición del original del pagaré.
12 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
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Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
14.6 Estos planteamientos corresponden, en buena medida, a los mismos argumentos
que la entidad expuso dentro del proceso ejecutivo. En el recurso de reposición y en
subsidio apelación sostuvo que el pagaré contenía una obligación clara, expresa y
exigible, que se trataba de un título simple y autónomo, que el mutuo no requería forma
escrita, que el IFC desarrollaba actividad crediticia sometida al derecho privado y que el
Auto A-2014 de 2024 de la Corte Constitucional respaldaba su postura. Tales cuestiones
fueron sometidas al conocimiento del juez natural y resueltas en las providencias ahora
cuestionadas.
14.7 La circunstancia de que la entidad no comparta la respuesta judicial no convierte la
controversia en un asunto constitucional. La tutela no está prevista para que el juez
constitucional determine nuevamente si, a la luz del artículo 297 13 del CPACA, de las
normas civiles y comerciales sobre el mutuo y los títulos valores o de la legislación
contractual, el pagaré era suficiente para continuar la ejecución. Ese es un debate de
legalidad que fue decidido por las autoridades competentes dentro del proceso ordinario.
14.8 Tampoco modifica esa conclusión la invocación de los Autos A-2014 de 2024 y 1455
de 2025 de la Corte Constitucional. Se trata de providencias dictadas para resolver
conflictos de jurisdicción. En particular, el Auto 1455 de 2025 atribuyó el conocimiento
de un proceso ejecutivo a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y ordenó al
juez competente continuar el trámite y adoptar la decisión que considerara pertinente.
Por tanto, la discrepancia acerca del alcance que debe darse a las consideraciones
contenidas en esos autos frente a la conformación del título ejecutivo sigue siendo una
cuestión de interpretación jurídica y no evidencia, por sí sola, una actuación arbitraria o
manifiestamente contraria a la Constitución.
14.9 Lo mismo ocurre con el reproche relativo a la exhibición del original del pagaré. El
Tribunal Administrativo de Casanare sustentó esa conclusión en el artículo 624 14 del
Código de Comercio, mientras que la parte actora considera que la Ley 2213 de 2022 15
13 Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las
que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán
mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través
del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la
actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes
en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el
reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva
autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia
auténtica corresponde al primer ejemplar.
14 Artículo 624. Derecho sobre título-valor. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición
del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los
derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el
recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada.
15 “Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales,
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras
disposiciones”.
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Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
permite satisfacer la carga mediante la presentación digital del documento. La oposición
entre esas dos lecturas plantea un problema de aplicación de normas legales, sin que
la demanda demuestre una afectación iusfundamental autónoma que trascienda la
discrepancia interpretativa.
14.10 En consecuencia, los defectos fáctico, sustantivo, procedimental, el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución invocados por
el IFC se construyen a partir de su desacuerdo con las razones jurídicas que llevaron a
las autoridades accionadas a no continuar la ejecución. La sola formulación de esos
defectos no satisface la carga de explicar por qué la providencia cuestionada produjo
una afectación grave y desproporcionada de un derecho fundamental.
14.11 Deigual manera, el hecho de que la entidad afirme que existen numerosos
procesos ejecutivos sometidos a la misma discusión y que la decisión pueda tener
consecuencias económicas sobre su cartera no transforma la controversia en un
problema constitucional. El propósito inmediato de la actuación sigue siendo obtener el
recaudo de una obligación dineraria y discutir los requisitos legales para su ejecución.
14.12 Esta conclusión coincide con lo resuelto por el Consejo de Estado en asuntos
promovidos por el propio IFC con argumentos sustancialmente semejantes. En una
decisión del 28 de enero de 2026, al examinar una tutela contra providencias que
exigieron un título ejecutivo complejo, se concluyó que la repetición de los mismos
fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en los recursos ordinarios revelaba el
propósito de reabrir el debate definido por el juez natural.16
“23. Bajo este entendido, la Sala, al igual que el juez de tutela de primera instancia,
considera que en el presente caso no se acreditó el requisito de relevancia constitucional,
ya que la parte actora reiteró en esta acción los mismos fundamentos fácticos y jurídicos
expuestos en el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la providencia
de 27 de febrero de 2025. Concretamente, que el pagaré constituía un título valor
autónomo que contenía una obligación clara, expresa y exigible sin necesidad de aportar
un contrato de mutuo por escrito, dada la naturaleza consensual de este negocio jurídico
y el régimen de derecho privado aplicable a la entidad, y que no podía desconocerse el
precedente del Auto A-2014/24 de la Corte Constitucional al respecto. Estos
planteamientos fueron estudiados por el Tribunal Administrativo de Casanare.”
“24. Esta identidad argumentativa revela que el objeto de la presente acción es reabrir el
debate que ya había sido resuelto por el juez natural, quien determinó que no era
procedente librar mandamiento de pago con base únicamente en el pagaré, tras concluir
que se requería la conformación de un título ejecutivo complejo integrado por el contrato
escrito de mutuo estatal, conforme con la Ley 80 de 1993, desestimando así la tesis
sobre la suficiencia del título valor autónomo y la naturaleza consensual del negocio
jurídico regido por el derecho privado. Así, la inconformidad de la actora obedece a una
diferencia interpretativa frente al tratamiento jurídico que recibió su caso, lo cual permite
concluir que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.”
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2026, radicación núm. 11001-03-15-000-2025-
05581-01, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-06346-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Acción de tutela – Improcedencia por falta de relevancia
“25. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren entre la
demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación
para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la
presentación simple de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien
enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra providencia
judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional (…)”.
14.13 En tal medida, esta providencia reitera el criterio según el cual la acción de tutela
no puede utilizarse para obtener una nueva revisión de la suficiencia del pagaré, de la
naturaleza del contrato de mutuo o de las reglas legales aplicables a su ejecución. Por
consiguiente, al no acreditarse una cuestión de verdadera relevancia constitucional, la
acción de tutela es improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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