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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05830-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05830-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare, de conformidad con los motivos expresados en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 14. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05830-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias mediante las cuales las
autoridades judiciales accionadas se abstuvieron de continuar con la ejecución solicitada
por no haber constituido en debida forma un título ejecutivo.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero
de Casanare, por medio de su representante legal, contra el Juzgado 5
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 17 de septiembre de 2025, el Instituto Financiero de Casanare – IFC,
por medio de su representante legal, presentó una acción de tutela contra
el Juzgado 5 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de los
Autos de 1 de abril y 19 de junio de 2025, proferidos, respectivamente, por la
autoridades judiciales accionadas dentro del proceso ejecutivo No. 85001-
33-33-005-2025-00024-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal en auto emitido

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Decisión: Declara improcedente
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en fecha 1 de abril de 2025 y confirmado el 19 de junio de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Casanare dentro del proceso 85001-33-33-005-2025-00024-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 1 de
abril de 2025 emitido por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, así como
la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare en fecha 19 de junio de 2025, dentro del medio de control 85001-33-
33-005-2025-00024-00; por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida
valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4111155 y exceso
ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la
ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos, así como por
defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Quinto Administrativo de
Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su competencia, en
el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del
fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su
lugar el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, libre mandamiento de pago
y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a
favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados
JOHN ALEXANDER CASTILLO PÉREZ Y GLADYS PÉREZ AGUDELO, dentro del
proceso ejecutivo 85001-33-33-005-2025-00024-00 y se abstenga de exigir
requisitos innecesarios en este tipo de procesos. En caso que el Juzgador
requiera se aporte el pagaré original en físico, ordénese a los accionados,
Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare,
que previo a rechazar la acción, habiliten los canales y mecanismos para
allegar e integrar al expediente el documento físico original.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de
Casanare, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo
autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente
análogas circunstancias, así como ordenar al Juzgado Quinto Administrativo de
Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se
abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 20 de enero de 2025, el Instituto Financiero de Casanare promovió
demanda ejecutiva en contra de John Alexander Castillo Pérez y Gladys
Pérez Agudelo, en la que solicitó el pago de las sumas correspondientes a
capital e intereses causados en virtud del pagaré No. 4111155 suscrito por
valor de $21.462.758. Resaltó que el título valor constituía una obligación
clara, expresa y exigible que podía ser reclamada a través del proceso
ejecutivo.

5. 2) La demanda fue presentada ante la Jurisdicción Ordinaria, por lo
que el Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal asumió el conocimiento del

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Decisión: Declara improcedente
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asunto y decidió librar mandamiento de pago, mediante Auto de 27 de julio
de 2023.

6. 3) Posteriormente, el Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal, mediante
Auto de 16 de septiembre de 2024, ordenó seguir adelante la ejecución
hasta que, por medio de Auto de 12 de noviembre de 2024, declaró su falta
de competencia para seguir con el trámite del asunto, declaró la nulidad
de lo actuado desde la decisión en la que ordenó seguir adelante con la
ejecución y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Yopal.

7. 4) El Juzgado 5 Administrativo de Yopal, mediante Auto de 1 de abril
de 2025, avocó conocimiento del asunto y decidió abstenerse de continuar
con la ejecución solicitada por el Instituto Financiero de Casanare contra
John Alexander Castillo Pérez y Gladys Pérez Agudelo, por no haberse
constituido debidamente el título ejecutivo de acuerdo con los criterios
establecidos en el CPACA para la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

8. 5) Inconforme con esa decisión, el Instituto Financiero de Casanare
presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en el que
argumentó que el título ejecutivo cuyo cobro pretendía era singular y no
complejo, por lo que no era necesario allegar el contrato de mutuo para
determinar su carácter claro, expreso y exigible. Añadió que el acuerdo de
voluntades al que llegó con los demandados era de naturaleza consensual
y se perfeccionaba con la tradición de la cosa mutuada, sin que fuera
necesario elevar tal acuerdo a escrito y que, en todo caso, el Instituto
Financiero de Casanare era un empresa industrial y comercial del Estado,
que desarrollaba actividades crediticias en competencia con el sector
privado, por lo que su régimen de contratación era el derecho privado.

9. 6) Mediante Auto de 21 de mayo de 2025, el Juzgado 5 Administrativo
de Yopal decidió no reponer la decisión cuestionada, tras establecer que
no se pidió ninguna formalidad innecesaria, como lo sostuvo el Instituto
Financiero de Casanare, sino que se limitó a exigir, de conformidad con el
derecho, que allegara el título ejecutivo en debida forma, que para el caso
era complejo puesto que debía estar constituido tanto por el contrato
escrito, como por el pagaré y su carta de instrucciones. En consecuencia,
concedió el recurso de apelación.

10. 7) El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante Auto de 19 de
junio de 2025, confirmó la decisión de primera instancia, luego de
determinar que el título que el IFC solicitó ejecutar era complejo pues la
acreencia que se encontraba plasmada en el pagaré que suscribió con la
parte ejecutada se derivó de la celebración de un contrato de mutuo,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Decisión: Declara improcedente
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acuerdo de voluntades que no fue aportado por la parte ejecutante y sin el
cual no era posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas,
a lo que debía sumarse que la parte ejecutante debió aportar el título valor
referido en original y no mediante una copia digitalizada del mismo.

11. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos de violación
directa de la Constitución, fáctico y sustantivo.

12. Para justificar la configuración del defecto de violación directa de la
Constitución, alegó que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron lo dispuesto por la Corte Constitucional en Auto A-2014/24,
en el que manifestó que el contrato de mutuo no debía constar por escrito
porque de acuerdo con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables
al mutuo comercial por remisión del artículo 473 del Código de Comercio)
bastaba con la simple entrega de la cosa dada en préstamo para el
perfeccionamiento del negocio jurídico y que la obligación perseguida en
el marco del proceso ejecutivo estaba contenida en un pagaré, que
prestaba mérito ejecutivo conforme con el numeral 3 del artículo 297 del
CPACA. En ese sentido, menoscabaron su derecho de acceso a la
administración de justicia, al desconocer no solamente las directrices de la
Corte Constitucional, sino también por restarle mérito ejecutivo a un título
valor y exigir documentos que materialmente era imposible tener.

13. En relación a la configuración de un defecto fáctico, manifestó que
las autoridades judiciales accionadas realizaron una valoración defectuosa
del material probatorio y desconocieron que, junto con la demanda, se
aportó el pagare 4111155 y la carta de instrucciones correspondiente, que
además de ser un título valor que contenía una obligación clara, expresa y
exigible, era autónomo y, por ende, constituía en realidad un título ejecutivo
simple, no complejo.

14. Añadió que el defecto en comento se sustentaba en que no se tuvo
en cuenta la naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare y su
régimen de contratación que, por tratarse de una empresa industrial y
comercial del Estado, dotada con personería jurídica, autonomía
administrativa, patrimonio propio y vinculada a la secretaria de desarrollo
económico, agricultura, ganadería y medio ambiente de la Gobernación
de Casanare, se regía por las normas del derecho civil y mercantil.

15. Por último, señaló que el defecto sustantivo se configuró por la
aplicación indebida del artículo 297 del CPACA, en virtud del cual cualquier
acto proferido con ocasión de la actividad contractual del Estado en el que
constara obligaciones claras, expresas y exigibles, y que, adosado junto con

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Decisión: Declara improcedente
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la demanda ejecutiva debía llevar a que el juez librara mandamiento de
pago a fin de que la parte ejecutada cumpliera con la obligación.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

16. El Tribunal Administrativo de Casanare3 remitió un informe donde
señaló que se oponía a la prosperidad de las pretensiones del escrito de
tutela porque no satisfizo los requisitos de la acción de tutela contra
providencia judicial.

17. Agregó que la decisión enjuiciada se ajustó a lo previsto por las
normas y jurisprudencia aplicables, pues el título que el Instituto Financiero
de Casanare solicitó ejecutar era complejo ya que la acreencia que se
encontraba plasmada en el pagaré No. 4111155 que suscribió con la parte
ejecutada se derivó de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo
de voluntades que no fue aportado por la entidad accionante y sin el cual
no era posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas, a lo
que debía sumarse que la parte ejecutante tampoco aportó el título valor
referido en original sino con una copia digitalizada del mismo, a sabiendas
de que la exhibición de estos documentos era requisito para su cobro.

18. El Juzgado 5 Administrativo de Yopal4 solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela porque el propósito del Instituto
Financiero de Casanare era utilizar este mecanismo constitucional como
una tercera instancia para reabrir un debate que ya se ventiló en el curso
del proceso ejecutivo.

19. John Alexander Castillo Pérez5 allegó un escrito donde solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela porque la parte actora
no logró demostrar una vulneración concreta de su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, puesto que el hecho de que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo exigiera la presentación de
documentos habilitantes para la ejecución de una obligación no constituía
una barrera arbitraria, sino el cumplimiento del principio de legalidad y del
artículo 297 del CPACA.

20. Gladys Pérez Agudelo, a pesar de haber sido notificada en debida
forma6, guardó silencio.

2 Mediante Auto de 23 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió 1) admitir la acción de tutela, 2) tener

como demandado a Juzgado 5 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare y, 3) a John
Alexander Castillo Pérez y Gladys Pérez Agudelo, como terceros con interés en el asunto.
3 Índice 14 de SAMAI.
4 Índices 13 y 16 de SAMAI.
5 Índice 15 de SAMAI.
6 Índice 8 de SAMAI.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación de
defectos y fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.4. Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

21. La Sala se centrará en analizar los reparos expuestos por la parte
actora respecto del Auto de 19 de junio de 2025, proferido por el Tribunal
Administrativo de Casanare, puesto que, a pesar de que también se enjuició
el Auto de 1 de abril de 2025 del Juzgado 5 Administrativo de Yopal, fue la
providencia de segunda instancia la que resolvió el litigio. Aunado a ello,
ante un eventual fallo favorable, sería la autoridad judicial de segunda
instancia la llamada a cumplir con la respectiva orden de tutela.

2.2. Identificación de defectos y fijación de la controversia

22. Se advierte que, a pesar de que la parte actora alegó la
configuración de los defectos de violación directa de la Constitución,
fáctico y sustantivo, sus reparos están verdaderamente encaminados a
justificar la existencia de un defecto sustantivo por la interpretación que del
artículo 297 del CPACA realizó el Tribunal Administrativo de Casanare para
determinar que el título ejecutivo complejo no se conformó
adecuadamente para poder reclamar el pago correspondiente en el
marco del proceso ejecutivo.

23. De esa forma, corresponde a la Sala establecer si el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrió en un defecto sustantivo por aplicación
errónea del artículo 297 del CPACA, al confirmar la providencia de primera
instancia que decidió no continuar con la ejecución solicitada por el Instituto
Financiero de Casanare.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela al
evidenciar que no satisface el requisito de relevancia constitucional.

25. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a

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Decisión: Declara improcedente
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asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional7.

26. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental8. Igualmente, en Sentencia SU-295 de
20239, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

27. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto10; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

28. Con base en lo anterior, se precisa que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque su solicitud se
orientó a obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
trasgredidos por la autoridad judicial accionada al haber confirmado la
providencia de primera instancia que decidió no continuar con la ejecución
solicitada por no haber presentado en debida forma el título ejecutivo para
la reclamación del pago respectivo. Tal situación llevó a que, en su criterio,
se configurara un defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 297
del CPACA.

7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
8 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024
9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
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29. Sin embargo, la Sala observa que tal argumento no resulta suficiente
para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela frente
a la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, pues
se presentó, junto con los demás reparos hechos contra esa decisión, como
meras diferencias o discrepancias interpretativas respecto de lo definido por
el juez natural de la causa.

30. Lo que se evidencia realmente es que la parte actora buscó que se
analizaran argumentos que ya fueron expuestos en el proceso ordinario,
particularmente, en el recurso de reposición y, en subsidio, apelación
interpuesto contra el Auto de 1 de abril de 2025, proferido por el Juzgado 5
Administrativo de Yopal, el cual fue resuelto por la misma autoridad judicial
y por el Tribunal Administrativo de Casanare, tal como pasa a analizarse.

31. En el recurso, la parte actora manifestó su inconformidad con el
análisis que hizo el juzgado sobre la conformación del título ejecutivo de la
siguiente manera (se trascribe)

“Siguiendo entonces la línea de argumentación expuesta por la Corte
Constitucional, sobre que cualquier contrato celebrado por una entidad del
Estado, es un contrato estatal, entonces resulta que un contrato de mutuo con
intereses, que explícitamente tiene un régimen en la normatividad civil,
específicamente enel Código Civil y respaldado con un pagare y una carta de
instrucciones que. tiene soporte en el Código de Comercio, también es contrato
estatal, no obstante, la jurisdicción contenciosa administrativa tradicionalmente
únicamente ha juzgado las controversias contractuales del Estado -
entendiendo como ellas, las provenientes de la ley 80 de 1993, o las
provenientes de una sentencia o de un acto administrativo; no de pagares
provenientes de contratos de mutuo con intereses, sin embargo, ello según ha
determinado la Corte Constitucional corresponde a su conocimiento, y por
ende es la jurisdicción Contenciosa administrativa la competente para conocer
de los procesos que de su cobro se originan.
[…]
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, todo contrato celebrado
por una entidad pública es un contrato estatal, sin importar si su regulación
proviene del derecho privado. En este caso, el IFC actuó en ejercicio de sus
funciones y formalizó el contrato de mutuo con los aquí demandados, lo cual
genera una obligación clara y exigible en sede contencioso-administrativa.

Si bien, el argumento del despacho se basa en que no se acreditó la existencia
del contrato estatal porque el pagaré no es un título complejo ni incorpora
todos los elementos del negocio jurídico, Sin embargo, esta interpretación
resulta restrictiva y contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha
reconocido que un pagaré suscrito en el marco de un contrato de mutuo
celebrado por una entidad estatal sí puede servir como título ejecutivo cuando
la obligación es clara, expresa y exigible1

El artículo 297 del CPACA establece que los contratos estatales y los
documentos que contengan sus garantías pueden servir de base para una
ejecución en sede contenciosa.

En este caso, el IFC aportó el pagaré firmado por las aquí demandados, así
como la carta de instrucciones y otros documentos que allego posteriormente
que tenían como relación la conformación del título complejo que sustentan la

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existencia de la obligación. Por lo tanto, el pagaré tiene mérito ejecutivo y debe
ser admitido en la jurisdicción contencioso-administrativa.
[…]
Frente a un contrato de mutuo o préstamo, las normas citadas en la ley civil son
aplicables conforme a la remisión que trata el artículo 822 del C.Co., no es
posible que se imponga aportar un contrato de mutuo escrito, máxime que ese
tipo de contrato se perfecciona con la entrega de la cosa mutuada y que en
el título valor, objeto de ejecución, se encuentra definido los presupuesto de las
obligaciones del deudor (es) con el acreedor de restituir en obligación de dar
en cuanto a monto, plazo, fecha de inicio de cuotas y fecha de vencimiento,
intereses corrientes y que el incumplimiento a obligaciones dará lugar al
reconocimiento de intereses moratorios, por los que los argumentos que dieron
origen a la decisión de negar mandamiento de pago fue aclarada con los
motivos de inconformidad en este numeral.

En este orden de ideas, de conformidad con los artículos 85 de la Ley 489 de
1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, la entidad que represento desarrolla la
actividad crediticia en competencia con el sector privado, para efectos
contractuales se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a
esa actividad económica o comercial.

De igual modo me permito poner de presente, a la consideración de la Corte
constitucional en auto A-2014/24, en el que manifiesta un pagaré suscrito en el
marco de un contrato de mutuo con una entidad pública es un título ejecutivo
válido, siempre que:
• Sea claro, expreso y exigible.
• No sea necesario probar la existencia de un contrato estatal subyacente.”

32. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante Auto de 19 de junio
de 2025, se pronunció sobre el particular en los siguientes términos (se
trascribe):

“Pues bien, de las pruebas allegadas al proceso se determina que, el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE y los señores JOHN ALEXANDER CASTILLO PÉREZ Y
GLADYS PÉREZ AGUDELO, suscribieron el pagaré No. 4111155 por la suma de
VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS ($21.462.758) -. ítem 03 c. principal archivo J05 índice
03 SAMAI.-.

De conformidad con lo anterior se establece con claridad que:

a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 4111155 cuya ejecución solicita la
entidad pública recurrente, atañe a la obligación adquirida por la ejecutada
de devolver el dinero recibido tras la concesión de un crédito, descripción que
corresponde a la tipología contractual de mutuo o préstamo de consumo,
plasmada en el artículo 2221 del Código Civil, así: “El mutuo o préstamo de
consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo
género y calidad”.

b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que regulan el
funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del estado por lo
que, de conformidad con lo normado por el artículo 93 de la Ley 489 de 1998
“(…) Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran
a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades
estatales” uno de los cuales es la solemnidad que se traduce en que deben
constar por escrito el artículo 397 de la Ley 80 de 1993.

c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los
términos del artículo 6248 del Código de Comercio, pues no aportó copia

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

original del título valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo,
lo cual impide su cobro.

De esta manera fuerza concluir que, el titulo que el IFC solicita ejecutar es
complejo pues la acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que
suscribió con la parte ejecutada deviene de la celebración de un contrato de
mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado por la parte ejecutante,
sin el cual no es posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas
a lo que debe sumarse que, la parte ejecutante debió aportar el título valor
referido en original y no a una copia digitalizada del mismo, pues la exhibición
de estos documentos es requisito para su cobro de forma que, deberá
confirmarse la decisión de no seguir adelante la ejecución adoptada por la
Juez de primera instancia mediante proveído del 1° de abril de 2025, por las
razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.”

33. De lo trascrito, se evidencia que la autoridad judicial accionada
explicó clara y razonadamente los motivos por los cuales decidió confirmar
la providencia de primera instancia, determinó no continuar con la
ejecución solicitada, toda vez que el título ejecutivo aportado al proceso
para reclamar el pago correspondiente no cumplió con los criterios
normativos aplicables.

34. Por lo anterior, es claro que el accionante alegó, vía constitucional,
aspectos que ya habían sido expuestos en el curso del proceso ordinario y
analizados, en su momento, por el juez natural de la causa, lo cual impide al
juez de tutela pronunciarse al respecto. De esta forma, la parte actora no
explicó verdaderamente por qué su litigio revestía trascendencia
constitucional que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional
y, por el contrario, sus argumentos dan cuenta de una inconformidad con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, con base en la
normatividad aplicable

35. Por último, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, en ejercicio de la acción de tutela, no da por cumplido el
requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional13.

2.4. Conclusión

36. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
verificar que no satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-00
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Decisión: Declara improcedente
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por el Instituto Financiero de Casanare, de conformidad con los motivos
expresados en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 14.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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