Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01087-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01087-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01087-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
2 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01087-01
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 2 de julio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01087-01
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DEL CASANARE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE Y OTRO
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso ejecutivo. Autos
que no libraron mandamiento de pago. Desconocimiento del
precedente, violación directa de la Constitución, defecto fáctico,
sustantivo y procedimental. Confirma amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por las autoridades judiciales demandadas
contra la sentencia del 20 de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que, entre otras cosas, amparó los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 13 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, el Instituto Financiero del
Casanare, quien actúa a través de su gerente, pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de los autos del 8 de
mayo y del 28 de agosto de 2025, dictados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal
y el Tribunal Administrativo del Casanare, respectivamente, por medio de los cuales no
se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 85001-33-33-004-
2025-00172-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Solicitamos de manera muy respetuosa a los Honorables Magistrados, obtener a través de su justicia la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
de mi representado Instituto Financiero de Casanare, por defecto sustancial, indebida valoración
probatoria, exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, dentro del proceso ejecutivo
de radicado 850013333004-202500172-00 , en que incurren el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, así como otros que sufren la misma suerte
por la misma interpretación.
Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, en auto de
08 de Mayo de 2025, en la cual se dispuso “SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos de fecha 11
de julio de 2022 mediante los cuales el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal, de un lado, dispuso
librar mandamiento de pago, y de otro, decretar medidas cautelares, por lo señalado en la parte motiva.”
(…) CUARTO: NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la EICE INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE (IFC) en contra de ALBEIRO MONTEJO ROJAS y LUIS GABRIEL RAMÍREZ
RODRIGUE, por las razones expuestas.” y la confirmatoria, emitida por el Tribunal Administrativo de
Casanare en providencia de fecha 28 de Agosto de 2025, se desconoce los derechos fundamentales al
debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del Instituto Financiero de Casanare, en
consecuencia solicito comedidamente:
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Demandante: Instituto Financiero del Casanare
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de
Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 08 de Mayo de 2025
y su confirmatorio, emitido el 28 de Agosto de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE dentro del proceso 850013333004-202500172-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 08 de Mayo de 2025 emitido
por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que
desato la apelación, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 28 de
Agosto de 2025, dentro del medio de control 850013333004- 202500172-00, por encontrarse tales
decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4119726
y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar
por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, así como por defecto sustancial dado el
sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía
cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración
de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las
actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar se libre mandamiento de pago a favor del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE en contra de los demandados ALBEIRO MONTEJO ROJAS
Y LUIS GABRIEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, dentro del proceso ejecutivo 850013333004-202500172-00
, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo
de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis 1 o se extienda, respecto de
los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea
demandante el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento del fallo de
tutela proferido.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El Instituto Financiero del Casanare (IFC) promovió demanda ejecutiva contra los señores
Albeiro Montejo Rojas y Luis Gabriel Ramírez Rodríguez para que se ordenara el pago
del capital pendiente por pagar del pagaré 4119726 del 15 de noviembre de 2018, que
había sido suscrito por la suma de $5.400.000, más los intereses corrientes y moratorios.
La demanda, en un principio, se adelantó bajo el radicado 85001-40-03-001-2022-00407-
00 y correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal que, por auto del 11 de
julio de 2022, libró mandamiento de pago.
Por auto separado de la misma fecha, el juzgado decretó el embargo y retención de las
sumas de dinero depositadas en cuentas de ahorro, corrientes, CDTs o cualquier otro
título bancario o financiero de los señores Montejo Rojas y Ramírez Rodríguez en
entidades bancarias, por la suma de $12.000.000.
El 7 de diciembre de 2023, el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal declaró el
desistimiento tácito de que trata el numeral 2.º del artículo 317 del CGP, dio por terminado
el proceso y decretó el levantamiento de las medidas cautelares.
1 Cita del texto original: Desde el 30 de enero de 2025 y la fecha de presentación de esta tutela, se han proferido
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (257) decisiones judiciales de juzgados administrativos de Yopal, confirmadas
por el Tribunal en sala mayoritaria, con similar situación jurídica, donde también se está negando el mandamiento de
pago de un pagaré, bajo la exigencia del contrato de mutuo escrito a efectos de integrar un título ejecutivo complejo.
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Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Inconforme, el Instituto Financiero del Casanare presentó recurso de reposición. Sin
embargo, el 28 de noviembre de 2024, el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal
declaró su falta de jurisdicción y ordenó que se remitiera el expediente a la oficina de
reparto de los juzgados administrativos de Yopal.
El 6 de marzo de 2025, el proceso fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal, y se le otorgó el radicado 85001-33-33-004-2025-00172-00, que, por auto del 8 de
mayo de 2025, avocó conocimiento del asunto; dejó sin efectos los autos del 11 de julio
de 2022 proferidos por el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal en los que se libró
mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares; ordenó el levantamiento de
las medidas cautelares decretadas y no libró mandamiento de pago.
Señaló que le correspondía asumir el conocimiento del asunto en atención a la reiterada
regla de decisión fijada por la Corte Constitucional, en la que se definió que << al no contar
con el material suficiente ante la duda sobre la existencia de un contrato estatal la competencia
se asigna en cabeza del juez contencioso administrativo>>2.
Que lo procedente sería realizar un pronunciamiento sobre el recurso de reposición
presentado contra el auto que declaró el desistimiento tácito, si no fuera porque advirtió
la falta de conformación del título ejecutivo complejo, debido a que no se aportó el
contrato suscrito entre el IFC y los demandados.
Que se había anexado copia del pagaré, junto con su carta de instrucción, más los
certificados de haberse adelantado cobro prejurídicoy copias del plan de pago y de los
estados de cuenta. Que de lo anterior se desprendía que no se había aportado el contrato
de mutuo suscrito entre las partes. Que no era posible en sede judicial presumir la
existencia del contrato, de cara a la obligatoriedad de la solemnidad de los contratos
estatales.
Inconforme, el IFC presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en los que
manifestó que no se trataba de un contrato estatal, sino de un contrato de mutuo o
préstamo regido por el derecho civil, que se perfeccionaba con la entrega de la cosa. Que
el pagaré aportado constituía una obligación clara, expresa y exigible y que el título era
simple y no complejo.
Que era una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que, en
consecuencia, desarrollaba actividades crediticias en competencia con el sector privado
y su actividad contractual estaba regulada por las normas civiles y comerciales.
El 17 de julio de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal no repuso su decisión
y concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación.
Por auto del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó la
decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.
Explicó que la acreencia plasmada en el pagaré objeto de ejecución había sido adquirida
a través de un contrato de mutuo o préstamo de consumo que no había sido aportado,
que el Instituto Financiero de Casanare se regía por las normas que regulan las empresas
industriales y comerciales del Estado, por lo que, de acuerdo con los artículos 93 de la
Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993, ese contrato debía constar por escrito, porque
de lo contrario no era posible determinar con certeza las obligaciones contraídas.
Uno de los magistrados que integra el Tribunal Administrativo del Casanare salvó su voto,
al estimar que sí se debió librar mandamiento de pago, porque no se trataba de un título
complejo y porque el cambio de jurisdicción no podía alterar la naturaleza del derecho.
2 Cita del texto original: Cfr CConst autos: 1474 de 5 de septiembre de 2024; 1652 de 9 de octubre de 2024; 1623 de
2 de octubre de 2024; 1622 de 2 de octubre de 2024, entre otros.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en los siguientes vicios de fondo:
Desconocimiento del precedente fijado en los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025
dictados por la Corte Constitucional, que, según la parte actora, explicaron la forma en
cómo celebran los contratos de mutuo las empresas industriales y comerciales del
Estado, así como que los pagarés prestaban mérito ejecutivo, de acuerdo con el artículo
297 del CPACA.
Adujo que en esas providencias la Corte Constitucional había definido que la
competencia de los procesos ejecutivos relacionados con el cobro de pagarés suscritos
con ocasión de un contrato estatal de mutuo regido por el derecho privado la debía asumir
la jurisdicción contenciosa administrativa. Que en esos procesos no debía mediar el
contrato de mutuo por escrito, conforme con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil,
porque ese contrato se perfeccionaba con la entrega de la cosa dada en préstamo y que
en esos pagarés constaba una obligación clara, expresa y exigible, por lo que constituía
un título ejecutable en la jurisdicción contenciosa administrativa, por ser uno de los
documentos a los que se refería el numeral 3 del artículo 287 del CPACA.
Violación directa de la Constitución porque las autoridades judiciales demandadas
desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Dijo que, de acuerdo con los autos A-2014 de 2024 y A-1455 de 2025 dictados por la
Corte Constitucional, el contrato de mutuo no debía constar por escrito, debido a que ese
contrato se perfeccionaba con la entrega de la cosa dada en préstamo, que la
mencionada corte había afirmado que ese tipo de pagarés prestaba mérito ejecutivo,
conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 297 del CPACA3.
Que las autoridades judiciales demandadas se sirvieron del referenciado auto para
avocar el conocimiento del asunto, pero desconocieron lo dicho por la Corte
Constitucional sobre la idoneidad del pagaré como título valor independiente que
prestaba mérito ejecutivo.
Que las decisiones cuestionadas transgredían el principio de buena fe, debido a que hace
varios años ha otorgado créditos sin constituir contrato de mutuo por escrito, porque los
asuntos judiciales que se presentaron con anterioridad al mencionado auto de 2024
fueron resueltos por los jueces civiles.
Que las autoridades judiciales demandadas le restaron mérito ejecutivo al título valor
presentado, le exigieron documentos imposibles de aportar materialmente y que, por la
naturaleza del negocio jurídico, no eran exigibles.
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del pagaré 4119726 y de la carta de
instrucciones aportada al proceso ejecutivo, que, según la parte actora, constituían un
título valor con una obligación clara, expresa y exigible, que, además, era simple y no
complejo.
3 Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
(…)
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán
mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través
del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la
actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes
en tales actuaciones.
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Señaló que es una empresa industrial y comercial del Estado, regulada por la Ley 489 de
1998, que esa norma, en sus artículos 85 y 93, dispone que sus actividades se regulan
por el derecho privado. Que los créditos que había entregado correspondían a su
actividad propia y al giro ordinario de sus negocios, que, itera, su regulación es conforme
a derecho privado.
Que las autoridades judiciales demandadas se equivocaron al restarle mérito ejecutivo al
mencionado pagaré, pese a que contenía una obligación clara, expresa y exigible. Que
también se equivocaron al imponerle condiciones imposibles de cumplir, como que
aportara el contrato de mutuo por escrito y exigirle requisitos que la ley no contempla.
Que las decisiones de las autoridades judiciales demandadas implicaban que no pudiera
exigir el pago de obligaciones contenidas en pagarés. Que los contratos de mutuo se
perfeccionan con la entrega de la cosa y no resultaba necesario elevarlos por escrito.
Que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 297, así como del numeral 5 del artículo
99 del CPACA4, el pagaré sí constituía un título valor exigible en la jurisdicción
contenciosa administrativa, debido a que era un acto proferido con ocasión de la actividad
contractual, que provenía del deudor.
Defecto sustantivo porque las autoridades judiciales demandadas omitieron aplicar el
artículo 297 del CPACA, que ordenaba que cualquier acto proferido con ocasión de la
actividad contractual constituía un título ejecutivo, como sería el caso del pagaré
4119726.
Manifestó que las decisiones cuestionadas eran una forma de torpedear el proceso
ejecutivo, porque no era necesario aportar el contrato de mutuo por escrito para librar
mandamiento de pago. Que, con lo anterior, las autoridades judiciales demandadas lo
que pretendían era abstenerse de tramitar su demanda ejecutiva.
Que también se inaplicó el artículo 299 ibidem, que ordenaba que se observaran las
reglas del CGP para tramitar los procesos ejecutivos ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. Que las decisiones acusadas dejaron de apreciar que el contrato de mutuo
fue suscrito conforme a derecho privado, debido a su naturaleza jurídica, que esas
providencias no realizaron una interpretación sistemática de las normas aplicables al
caso concreto y contrariaron lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto A-2014
de 2024, lo que, a su juicio, vulnera sus garantías fundamentales reclamadas.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que las decisiones
cuestionadas vulneraron su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia sin justificación constitucional y le exigieron formalismos que no contempla la ley,
puesto que el pagaré 4119726 sí prestaba mérito ejecutivo y por ello se debió librar
mandamiento de pago.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo del Casanare, ponente de la decisión del 28
de agosto de 2025, señaló que se atenía a lo que se decidiera en la presente acción
constitucional.
Que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora y que tampoco se
configuraban los defectos alegados, debido a que la decisión cuestionada fue proferida
conforme al marco normativo, el material probatorio allegado y la jurisprudencia aplicable
al caso concreto.
4
Artículo 99. Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre
que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos:
(…)
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.
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Que el IFC era una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida
al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, previsto en la
Ley 489 de 1998. Que, por lo anterior, los contratos que celebre para el desarrollo de su
objeto se sujetaban al Estatuto General de la Contratación, como, según dijo, lo ordenaba
el artículo 93 ibidem.
Que, en ese orden, los contratos debían constar por escrito, en aplicación a lo dispuesto
el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, porque el negocio jurídico que subyacía al pagaré
que se pretendía ejecutar era un contrato estatal, por lo que se requería prueba de la
existencia de este, en los términos del artículo 75 ibidem.
Que, en las sentencias del 27 de noviembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Primera, en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-06405-00 y
del 28 de enero de 2026, proferida por el Consejo de Estado en la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2025-05581-01, que tenían contornos fácticos y jurídicos
similares, se habían declarado improcedentes las solicitudes de amparo, por incumplir el
requisito de relevancia constitucional.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal pidió denegar las pretensiones de la acción
de tutela, por tornarse improcedente. Manifestó que la parte actora pretendía utilizar la
acción de tutela como una instancia adicional del proceso ejecutivo, por lo que no se
superaba el requisito de relevancia constitucional.
La alcaldía municipal de Yopal indicó que se había configurado la carencia actual de
objeto y su falta de legitimación en la causa por pasiva. Que el asunto no era de su
competencia y que ya se había resuelto la controversia en la sentencia de tutela del 14
de julio de 2016, dictada por el Consejo de Estado, en el radicado 25000-23-42-000-2016-
01493-01.
La gobernación del Casanare solicitó su desvinculación, al estimar que no era la entidad
obligada a satisfacer los derechos fundamentales de la parte actora. Que no estaba
legitimada en la causa por pasiva y que la acción de tutela era improcedente ante la
inexistencia de la vulneración alegada.
La Corporación Fondo de Empleado del Sector Financiero (Corbanca) solicitó que
no se le tuviera en cuenta, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora.
El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) dijo que no se oponía
a la prosperidad de las pretensiones de la parte accionante y que no tenía facultades
legítimas y legales para intervenir en las órdenes proferidas en el proceso objeto de tutela.
El Banco Popular solicitó que se denegara el amparo deprecado, ante la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales alegados por el IFC. Que, además, se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no era la entidad llamada
a pronunciarse sobre las pretensiones de la parte actora.
Bancolombia SA solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que no era la entidad competente para resolver los requerimientos de la parte
actora, por lo que no era posible atribuirle la vulneración de los derechos fundamentales
reclamados.
El banco Av Villas pidió que se despacharan desfavorablemente las súplicas de la
demanda de tutela y que se le desvinculara del trámite constitucional, puesto que no ha
transgredido derecho fundamental alguno.
El Banco Agrario de Colombia pidió declarar improcedente la solicitud de amparo, ante
la falta de vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y porque, a su
juicio, no estaba legitimado en la causa por pasiva.
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6. Sentencia Impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, denegó la solicitud presentada
por la parte actora, relacionada con que la acción de tutela fuera decidida por la sala
plena de la Corporación. Adicionalmente, amparó el derecho fundamental al debido
proceso del Instituto Financiero del Casanare; dejó sin efectos los autos demandados y
ordenó al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal que retomara el proceso en el estado
en el que arribó a la jurisdicción contenciosa administrativa y que respetara la validez de
lo actuado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal.
Explicó que la decisión que dejó sin efectos los autos dictados por el Juzgado Primero
Civil Municipal de Yopal carecía de fundamento y eran contrarias a los principios de
irrevocabilidad y de seguridad jurídica. Que la orden de no librar mandamiento de pago
había desconocido lo actuado previamente en el proceso y la etapa en la que se
encontraba el asunto. Que se desconoció la regla sobre los efectos de la declaratoria de
falta de jurisdicción, fijada en el artículo 138 del CGP, que señalaba que lo actuado
conservaría su validez.
7. Impugnación
Las autoridades judiciales demandadas impugnaron y pidieron que se revocara la
sentencia de primera instancia, para, en su lugar, declarar improcedente la solicitud de
amparo o denegar las pretensiones de la parte actora.
Por un lado, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal indicó que la parte actora
pretendía utilizar la acción de tutela como una tercera instancia del proceso ejecutivo.
Que las providencias judiciales acusadas se encontraban ejecutoriadas, sin que se
desconocieran o vulneraran derechos fundamentales.
Que el asunto no superaba el requisito de relevancia constitucional, porque se
argumentaba una inconformidad sobre la exigencia de la integración del título complejo,
que constituía un simple desacuerdo con lo decidido, sin que se explicara la afectación a
garantías fundamentales y con la intención de que se acogiera una interpretación distinta
a la concluida por los jueces de instancia.
Que las decisiones cuestionadas fueron debidamente motivadas conforme con el artículo
297 del CPACA, en concordancia con el Código General del Proceso, las Leyes 80 de
1993 y 489 de 1998 y la jurisprudencia aplicable, sobre cómo se debía integrar el título
ejecutivo objeto de ejecución.
Que el Consejo de Estado ha dictado sentencias en asuntos con supuestos fácticos y
jurídicos similares, en las que ha declarado improcedente y denegado las acciones de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-05581-00, 11001-03-15-000-2025-05003-00,
11001-03-15-000-2025-04677-00 y 11001-03-15-000-2025-00967-00.
Que se trataba de un proceso judicial que involucraba contratos suscritos por una entidad
pública, que están sujetos al derecho administrativo, de acuerdo con el artículo 39 de la
Ley 80 de 1993.
Que el CPACA contaba con regulación específica sobre los procesos ejecutivos, en los
artículos 297, 298 y 299, en los que, según dijo, el juez debe librar mandamiento siempre
que se acompañen los documentos que presten mérito ejecutivo y en la forma en que se
considere legales.
Que, en el caso objeto de controversia, sí era procedente dejar sin efectos los autos
dictados en la jurisdicción ordinaria, debido a que no se acompasaban con la legalidad
en materia contenciosa administrativa.
Que, si bien la Corte Constitucional en los autos 1957 y 1354 de 2024 le asignaba
competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa en los casos como el discutido
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Demandante: Instituto Financiero del Casanare
en el proceso ejecutivo, lo cierto era que no ordenaba que se librara mandamiento de
pago porque el contrato de mutuo se había suscrito de forma verbal. Que, por el contrario,
la normativa aplicable al sector público ordenaba que los contratos celebrados por
entidades estatales debían constar por escrito.
Que la decisión impugnada resultaba desacertada, porque el CPACA estipulaba el
principio de legalidad que se debía seguir desde el principio de los procesos ejecutivos
adelantados respecto de contratos estatales, que, en ese orden, sí era dable dejar sin
efectos los autos dictados en la jurisdicción civil.
Por otro lado, el Tribunal Administrativo del Casanare sostuvo que la acción de tutela
era improcedente, por lo que no debió estudiarse el fondo del asunto. Que en casos
similares el Consejo de Estado ha definido la tesis de improcedencia por falta de
relevancia constitucional, puesto que se trataba de aspectos de índole económico y
porque se reiteran los argumentos del proceso ejecutivo. En consecuencia, citó las
siguientes providencias:
• Sentencia del 23 de octubre de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la
acción de tutela con radicado 11001031500020250558100.
• Sentencia del 28 de marzo de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado en la acción de tutela con radicado 11001031500020250096700, confirmada por la Sección
Quinta de la Corporación el 19 de junio de 2025.
• Sentencia del 27 de noviembre de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en
la acción de tutela con radicado 11001031500020250640500
• Sentencia del 9 de diciembre de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado en la acción de tutela con radicado 11001031500020250583000.
• Sentencia del 26 de febrero de 2026, dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-06405-01.
• Sentencia del 26 de febrero de 2026, dictada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-05830-01.
• Sentencia del 5 de marzo de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la
acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2026 00393 00
• Sentencia del 5 de marzo de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-07352-01.
• Sentencia del 19 de marzo de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado en la
acción de tutela con radicado 1001-03-15-000-2025-07470-02.
• Sentencia del 7 de abril de 2026, dictada por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2026-00346-01.
Que no se configuraba la vulneración alegada por la parte actora, porque la providencia
del 28 de agosto de 2025 se sustentó en el análisis del material probatorio allegado y en
la normativa aplicable al caso.
Que se atendió a la naturaleza jurídica de la tutelante, como empresa de gestión
económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, previsto en la Ley 489 de 1998. Que, por lo anterior,
los contratos que el IFC celebraba en desarrollo de su objeto se sujetaban a las
disposiciones del Estatuto General de la Contratación, como lo ordenaban el artículo 93
ibidem.
Que, en ese orden, los contratos celebrados por la tutelante debían constar por escrito,
en aplicación al artículo 39 de la Ley 80 de 1993. Que, en el caso bajo estudio, el negocio
jurídico que subyacía al pagaré que pretendía ejecutarse era un contrato estatal y por ello
se requería prueba de su existencia, en los términos del artículo 75 ibidem, debido a que
el escenario correspondía al de un proceso ejecutivo ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.
Que esa tesis fue respaldada en las sentencias del 28 de agosto y del 8 de septiembre
de 2025, proferidas por el Consejo de Estado, en las acciones de tutela con radicado
11001-03-15-000-2025-04677-00 y 11001-03-15-000-2025-05003-00.
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Que no se configuraba el defecto procedimental alegado, porque el título base de
ejecución ante la jurisdicción contenciosa administrativa debía realizarse conforme a las
normas que regulan el contrato estatal que dio origen a la obligación que se pretendía
ejecutar, de acuerdo con los autos 1591 y 1209 de 2024 dictados por la Corte
Constitucional.
Que en el proceso sub examine se encontró probado que el título ejecutivo complejo no
cumplía con los presupuestos ordenados en los artículos 422 del CGP y 297 del CPACA.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
las autoridades judiciales demandadas, se debe confirmar, revocar o modificar la
sentencia de primera instancia que amparó el derecho fundamental al debido proceso de
la parte actora.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, pero por cuanto se inobservó el
precedente constitucional aplicable al caso concreto.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
La relevancia constitucional se encuentra acreditada. Si bien las decisiones de primera
y segunda instancia coinciden en que no era procedente librar mandamiento de pago, lo
cierto es que lo alegado por la parte actora es que las autoridades judiciales demandadas,
al parecer, no tuvieron en cuenta lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA, con lo que
se transgredirían sus derechos fundamentales. Además, de encontrarse acreditados los
cargos alegados por la parte actora, estaríamos ante una genuina afectación al derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, debido a que la entidad no podría
volver a presentar la demanda ejecutiva porque la acción estaría caducada.
Adicionalmente, aunque en principio pudiera afirmarse que el asunto alude a una
discusión de orden legal o económico, lo cierto es que la decisión que se cuestiona no
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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constituye una decisión de fondo, sino una etapa inicial del proceso ejecutivo que, se
insiste, podría afectar el derecho de acceso a la administración de justicia.
Finalmente, se cumple con la carga argumentativa de señalar que, si existieran los
errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus garantías fundamentales
reclamadas.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente del proceso ejecutivo, el auto del 28 de agosto de 2025,
dictado por el Tribunal Administrativo del Casanare, fue comunicado por correo
electrónico del 29 de agosto de 2025, de modo que fue efectivamente notificado el 2 de
noviembre siguiente y la demanda de tutela fue radicada el 13 de febrero de 2026, esto
es, 3 meses y 11 días después, término que no supera los seis meses fijados por la sala
plena de esta Corporación para presentar acciones de tutela.
La parte demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado
que promovió demanda ejecutiva y cuestiona el auto que confirmó la decisión de primera
instancia de no librar mandamiento de pago. Además, tampoco se evidencia la viabilidad
del recurso extraordinario de revisión contra la providencia atacada, puesto que no
parece que pueda encuadrarse en alguna de las causales de procedibilidad previstas en
el artículo 250 del CPACA.
También se identifican los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental; esto es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos
fundamentales invocados proviene de advertir que la autoridad judicial demandada
incurrió en desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución, en
defecto fáctico, sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la parte actora cuestiona
los autos que no libraron mandamiento de pago en un proceso ejecutivo.
4. Análisis del caso concreto
La Sala precisa que estudiará los cargos de manera conjunta porque apuntan a demostrar
que sí se debió librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado
850013333-004-2024-00230-00/01.
Para resolver tales cargos, la Sala estima necesario referirse a las actuaciones del
proceso ejecutivo, a las pruebas aportadas en ese proceso y al análisis realizado en la
providencia acusada.
El Instituto Financiero de Casanare promovió demanda ejecutiva contra Albeiro Montejo
Rojas y Luis Gabriel Ramírez Rodríguez para que se ordenara el pago del capital
pendiente por pagar del pagaré 4119726 de 15 de noviembre de 2018, más los intereses
corrientes y moratorios.
Con la demanda se aportaron como pruebas el pagaré 4119726, la carta de instrucción
de ese pagaré, certificado de gestión administrativa de cobro pre jurídico expedido por la
subgerencia comercial y de crédito del IFC y los Decretos 107 del 27 de julio de 1992,
<<por el cual se crea el Fondo para el Desarrollo de Casanare, se fija su objeto, funciones, su
régimen de administración y se dictan disposiciones relacionada con la mismas>>, y 0073 del
30 de mayo de 2002, <<por medio del cual se reestructura el Fondo para el Desarrollo de
Casanare y se dictan otras disposiciones>>.
La demanda fue conocida, en un principio, por el Juzgado Primero Civil Municipal de
Yopal que, por auto del 11 de julio de 2022, libró mandamiento de pago y por auto
separado de la misma fecha, decretó el embargo y retención de los dineros de los señores
Montejo Rojas y Ramírez Rodríguez depositados en entidades bancarias.
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El 7 de diciembre de 2023, el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal declaró el
desistimiento tácito de que trata el numeral 2.º del artículo 317 del CGP, dio por terminado
el proceso y decretó el levantamiento de las medidas cautelares.
Inconforme, el Instituto Financiero del Casanare presentó recurso de reposición. Sin
embargo, el 28 de noviembre de 2024, el mencionado juzgado declaró su falta de
jurisdicción y ordenó que se remitiera el expediente a la oficina de reparto de los juzgados
administrativos de Yopal.
El 6 de marzo de 2025, el proceso fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal, y se le otorgó el radicado 85001-33-33-004-2025-00172-00, que, por auto del 8 de
mayo de 2025, avocó conocimiento del asunto; dejó sin efectos los autos del 11 de julio
de 2022 proferidos por el Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal en los que se libró
mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares; ordenó el levantamiento de
las medidas cautelares decretadas y no libró mandamiento de pago.
Inconforme, el IFC presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en los que
manifestó que no se trataba de un contrato estatal, sino de un contrato de mutuo o
préstamo regido por el derecho civil, que se perfeccionaba con la entrega de la cosa. Que
el pagaré aportado constituía una obligación clara, expresa y exigible y que el título era
simple y no complejo.
Que era una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que, en
consecuencia, desarrollaba actividades crediticias en competencia con el sector privado
y su actividad contractual estaba regulada por las normas civiles y comerciales.
El 17 de julio de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal no repuso su decisión
y concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación.
Por auto del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó la
decisión apelada. Explicó que el numeral 6.º del artículo 104 del CPACA establecía que
la jurisdicción contenciosa administrativa debía conocer los procesos ejecutivos
derivados, entre otros, de los contratos celebrados por entidades públicas.
Que, de conformidad con el numeral 3.º del artículo 297 del CPACA y el artículo 422 del
CGP, prestaban mérito ejecutivo los contratos y los documentos en que constaban sus
garantías, de los que se desprendiera una obligación clara, expresa y exigible. Que, en
ese orden, se debía verificar si los documentos aportados configuraban un título ejecutivo
y, en caso afirmativo, si resultaba simple o complejo.
Que el IFC pretendía ejecutar el pagaré 4119726 y su carta de instrucciones del 15 de
noviembre de 2018, que consideraba constitutivos del contrato de mutuo celebrado con
los señores Albeiro Montejo Rojas, en calidad de deudor, y Luis Gabriel Ramírez
Rodríguez, como codeudor solidario.
Que el contrato de mutuo era un acuerdo de voluntades en el que debían quedar
plasmadas las obligaciones de las partes, que, al tener el IFC la calidad de entidad
pública, por disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar mandamiento de
pago, se requería que el título estuviera integrado no solo por el pagaré, sino también por
el contrato de mutuo.
Que, no obstante, se había aportado el pagaré, la carta de instrucción y el estado de
cuenta del crédito, pero que esos documentos no correspondían al contrato de mutuo y
de los mismos no se desprendía su existencia ni los términos y condiciones en las que
se obligaban las partes, por lo que para conformar el título ejecutivo se requería del
contrato.
Que la parte ejecutante era una empresa de gestión económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales
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del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998, por lo que los contratos que celebra en
desarrollo de su objeto se sujetaban a las disposiciones del Estatuto General de la
Contratación, de acuerdo con el artículo 93 ibidem, por lo que debían constar por escrito,
en aplicación del artículo 39 de la Ley 80 de 1993, que, justamente porque el negocio
jurídico subyacente al título que pretendía ejecutarse era un contrato estatal, se requería
prueba de su existencia.
Que, si bien el pagaré respaldaba las obligaciones derivadas de un contrato celebrado
por una entidad estatal, lo cierto era que se debía verificar su existencia, con el propósito
de comprobar que las partes del pagaré fueran las mismas del contrato y que las
excepciones fueran oponibles en el proceso ejecutivo.
Que, en aplicación al criterio orgánico, correspondía a la jurisdicción contenciosa
administrativa conocer los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que sea
parte una entidad pública, que por definición constituyen contratos estatales. Que, por lo
anterior, se requería demostrar la causa subyacente del origen público de los recursos,
pero que no se había allegado el contrato fuente de la obligación, por lo que no se
configuraba el título ejecutivo complejo que determinara el origen público de los recursos
que se pretendía ejecutar.
Que, en ese orden, el contrato era un presupuesto sine qua non, que no había sido
aportado, por lo que no resultaba posible determinar la constitución de aquel. Que si bien
en la jurisdicción ordinaria el interesado podía acudir al proceso ejecutivo para obtener el
pago de una obligación contenida en un pagaré, ello no ocurría en la jurisdicción
contenciosa administrativa.
A partir de lo anterior, la Sala encuentra que el tribunal demandado incurrió en
desconocimiento del precedente constitucional aplicable al caso concreto. La Corte
Constitucional en el auto A-403 del 22 de julio de 2021 fijó la siguiente regla de decisión:
En adelante, cuando (i) una entidad estatal (ii) incorpore derechos en títulos-valores (iii) en el marco de
sus relaciones contractuales, y (iv) quien fue parte en ese contrato (v) la demande para hacer efectivo
el pago del derecho incorporado, (vi) la jurisdicción competente será la de lo contencioso-administrativo,
(vii) por tratarse de controversias derivadas del contrato estatal.
Por otro lado, en el auto A-554 del 19 de abril de 2023, esa misma Corte fijó como regla
de decisión que:
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las demandas ejecutivas
que se deriven de controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, siempre
que estas no tengan el carácter de instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera
y dichos contratos no correspondan al giro ordinario de sus negocios. Lo anterior de conformidad con
los artículos 104 y 105 del CPACA.
De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional en el auto A-2014 del 4 de diciembre
de 2024, resolvió un conflicto de competencia entre un juzgado civil municipal de Yopal
y un juzgado administrativo de ese circuito judicial, relacionado con una demanda
ejecutiva elevada por el Instituto Financiero de Yopal (IFEY) contra dos personas
naturales, con base en un título valor representado en un pagaré y su correspondiente
carta de instrucción, en esa ocasión el nombrado tribunal constitucional dijo:
25. El negocio jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse es un contrato estatal, por
lo que los procesos ejecutivos y controversias consecuencia del mismo son competencia de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. En efecto, la obligación insoluta cuyo cumplimiento se persigue
en el marco del proceso ejecutivo está contenida en el pagaré No. 473 el cual al parecer se emitió como
consecuencia de un contrato de mutuo celebrado entre el IFEY y las personas naturales demandadas,
el cual, como indicó la parte actora, no consta por escrito. Esto último guarda lógica si en cuenta se
tiene que las empresas industriales y comerciales del Estado conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley
498 de 1998 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, se rigen por el derecho privado en el desarrollo de
sus funciones actividades y/o comerciales y, por ende, en su contratación. De manera que, al momento
de autorizar un crédito, como ocurrió en el caso concreto, no debía mediar un contrato escrito, pues
conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil (aplicables al mutuo comercial conforme a la
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remisión del artículo 473 del Código de Comercio) basta con la entrega de la cosa dada en préstamos
para el perfeccionamiento del negocio jurídico.
(...)
27. El pagaré No. 473 presta mérito ejecutivo conforme al artículo 297 del CPACA. El título ejecutivo
base de la ejecución fue firmado por los demandados como consecuencia de un contrato de mutuo
celebrado con el IFEY, de manera que el pagaré No. 473 es un documento suscrito por una de las
partes del negocio subyacente (mutuo) en el que consta una obligación clara, expresa y exigible en
contra de esta, lo que corresponde a un título ejecutivo por ser uno de los documentos a los que se
refiere el numeral 3 del artículo 297 del CPACA.
28. Así, como quiera que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer de los
procesos ejecutivos que se adelanten como consecuencia de contratos suscritos por entidades públicas
conforme al artículo 104.6 del CPACA y, por ende, de los títulos valores emitidos en el marco de los
mismos -al margen del régimen legal aplicable a dichos contratos-, es que se confirma que la
Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para dirimir en este caso la demanda ejecutiva
presentada por el IFEY.
29. El IFEY no es una entidad pública de carácter financiero vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia, de manera que no se configura la excepción del artículo 105.1 del CPACA, por lo que las
controversias derivadas de sus actos y contratos, incluyendo los procesos ejecutivos, no son
competencia de la Jurisdicción Ordinaria, sino que del Juez Contencioso Administrativo.
30. En este caso existe certeza de que el pagaré No. 473 se expidió en el marco de un contrato estatal.
En consecuencia, no resulta procedente la aplicación de la regla del Auto 1209 de 2024, tal como se
hizo en los Autos 1622 de 2024 y 1705 de 2024, pues a diferencia de aquellos, en este caso existe
certeza sobre el hecho de que el título ejecutivo se derivó de un contrato estatal regido por las reglas
del derecho privado. En efecto, la parte demandante indicó lo siguiente al subsanar la demanda: “no
estamos frente a un contrato estatal sino ante un contrato de préstamo garantizado por la normatividad
comercial. El eje jurídico al que aplica el titulo valor es el FINACIERO”; y, en una segunda ocasión, la
parte actora, al contestar el requerimiento hecho por el Juez 004 Administrativo del Circuito de Yopal
mediante Auto del 19 de septiembre de 2024, manifestó que aportaba la solicitud de crédito firmada por
los deudores, la copia del acta de comité No. 18 del 5 de julio de 2022 a través de la cual se viabilizó el
crédito por parte de la junta directiva del IFEY, precisando que no existía un contrato escrito del que se
hubiera derivado el título valor. Así reiteró que “de conformidad con la naturaleza de la entidad, y de
conformidad al pagaré-título valor objeto de la ejecución, se trata de un contrato de mutuo o préstamo
garantizado con un título valor pagaré No. 473, el cual por su naturaleza está regulado por la
normatividad comercial”.
31. Así las cosas, al originarse el proceso ejecutivo a partir de un título valor-pagaré- suscrito en el
marco de un contrato estatal regido por el derecho privado- contrato de mutuo- celebrado entre los
demandados y el IFEY, empresa industrial y comercial del Estado que no tiene el carácter de institución
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, le compete a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo su conocimiento.
Al respecto, la Sala destaca que la Corte Constitucional en esas providencias señaló que
las demandas ejecutivas con contornos fácticos como el descrito en esta acción de tutela,
que se originen de controversias relacionadas con contratos suscritos por entidades
públicas que no fueran vigiladas por la Superintendencia Financiera y que esos contratos
no correspondan al giro ordinario de sus negocios serían de competencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa.
De acuerdo con el Decreto Municipal 0073 de 2002 y el artículo 83 de la Ley 489 de 1998,
el Instituto Financiero de Casanare es una empresa comercial de gestión económica,
bajo el régimen de empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica,
autónoma administrativa y presupuestal y vinculada a la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Gobernación del Casanare, que tiene por objeto, entre otros, <<(...)el
desarrollo económico y social del Departamento y la región, mediante la gestión económica, la
financiación para la ejecución de obras de infraestructura básica local, municipal, regional y
departamental, a través de servicio de asesoría integral, financiera y de crédito y la inversión en
programas y proyectos de desarrollo local, municipal, regional y departamental (...)>>, no sujeta
a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de modo que, en principio,
esa regla resulta aplicable al caso de la parte actora.
Siguiendo el desarrollo de la Corte Constitucional hecho en el auto A-2014 del 4 de
diciembre de 2024, el Instituto Financiero de Casanare es una entidad que se rige por el
derecho privado en el desarrollo de las actividades propias de su objeto, por lo que, es
posible que los contratos que celebra, pese a tener la calidad de estatales, se rijan por
las disposiciones del derecho privado, de acuerdo con el artículo 85 de la Ley 489 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01087-01
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
19987, el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 19938 y el artículo 14 de la Ley 1150
de 20079.
Por lo anterior, la Sala advierte que, de acuerdo con el régimen jurídico de la entidad y
debido a que sus contratos se rigen por el derecho privado, era dable concluir, como lo
ha afirmado la Corte Constitucional, que la obligación que pretendía ejecutar la parte
actora se podría tratar de un título complejo integrado por un contrato de mutuo que no
necesariamente debía mediar por escrito.
Lo dicho cobra mayor relevancia si se considera que, de acuerdo con el Decreto Municipal
0073 de 2002 y el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, el Instituto Financiero de Casanare
es una empresa comercial de gestión económica, bajo el régimen de empresa industrial
y comercial del Estado, con personería jurídica, autónoma administrativa y presupuestal
y vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Casanare,
que tiene por objeto, entre otros, <<(...)el desarrollo económico y social del Departamento y la
región, mediante la gestión económica, la financiación para la ejecución de obras de
infraestructura básica local, municipal, regional y departamental, a través de servicio de asesoría
integral, financiera y de crédito y la inversión en programas y proyectos de desarrollo local,
municipal, regional y departamental (...)>>.
Es una empresa que no está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia. Que conforme con el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, el parágrafo 1 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, esa entidad se
rige por el derecho privado en el desarrollo de las actividades propias de su objeto, en
ese orden, los contratos que celebran, pese a tener la calidad de estatales, se rigen por
las disposiciones del derecho privado.
Por lo tanto, la obligación cuyo cumplimiento se persigue en el proceso ejecutivo, podría
tratarse de un título complejo contenido en el pagaré 4119726, el cual se profirió en razón
a un contrato de mutuo celebrado entre el Instituto Financiero de Casanare y los señores
Albeiro Montejo Rojas, en calidad de deudor, y Luis Gabriel Ramírez Rodríguez, como
codeudor, el cual no obra por escrito, pues la entidad ejecutante se rige por el derecho
privado en lo relacionado con el cumplimiento de sus funciones y actividades
comerciales.
Por lo anterior, era dable que no mediara un contrato escrito, puesto que, de acuerdo con
los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, bastaba con la entrega material de la cosa
dada en préstamo para el perfeccionamiento del contrato.
En ese orden, para la Sala, el tribunal demandado no cumplió con los presupuestos
necesarios para apartarse del precedente. Al respecto, se debe precisar que la Corte
Constitucional (Sentencia SU-087 de 2022) reconoció que la fuerza del precedente no
puede ser absoluta y, para apartarse, se impone a la autoridad judicial cumplir con dos
cargas particulares, a saber:
7Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado son
organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial
y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, (…)
8 Parágrafo 1º. Los contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás
entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.
9 Artículo 14. Del Régimen Contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economía Mixta, Sus Filiales y Empresas con Participación Mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del
Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la
Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes.
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Demandante: Instituto Financiero del Casanare
1. Carga de transparencia. Consiste en el deber de reconocer el precedente del que pretende
apartarse, pues no puede ignorar su existencia. En este punto debe exponer: (a) en qué consiste, (b)
las providencias que lo han desarrollado y (c) el modo en que ha tenido lugar su aplicación.
2. Carga de argumentación. Que en palabra de la Corte <<impone el deber de justificar de manera
clara y precisa las razones por las cuales ha decidido separarse del precedente existente. Se trata de
un requerimiento particularmente exigente y proscribe no seguir el precedente a menos que existan
razones para ello. El precedente cumple una función de “descargue” que no impone justificar su
aplicación cuando se cumplen las condiciones para que ello sea posible. Pero cuando el juez desafía
su aplicación, la obligación de fundamentar la separación se encuentra a su cargo. No basta invocar la
autonomía judicial para dejar atrás el precedente>>.
En especial, sobre la carga argumentativa, señaló que el tipo de argumentos admisibles
para separarse del precedente puede ocurrir cuando se demuestran:
(a) cambios en la legislación dado que, de no proceder así, “se estaría contraviniendo la voluntad del
legislador, y por supuesto, ello implicaría una contradicción con el principio de colaboración armónica
entre las ramas del poder (artículo 113) y vulneraría el principio democrático de soberanía popular
(artículos 1o y 3o)”; (b) cambios en la situación social, política o económica de modo “que la ponderación
e interpretación del ordenamiento (...) no resulten adecuadas para responder a las exigencias sociales”;
y (c) ausencia de claridad “en cuanto al precedente aplicable, debido a que la jurisprudencia sobre un
determinado aspecto de derecho sea contradictoria o imprecisa”. Finalmente, la Corte también
consideró posible separarse de un precedente cuando pueda evidenciarse (d) un error de la
jurisprudencia por ser “contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta
el ordenamiento jurídico”.
A partir de esas reglas, se advierte que, en el caso objeto de estudio, el tribunal
demandado no cumplió con ninguna de las reglas fijadas por la Corte Constitucional para
apartarse del precedente, puesto que no identificó la regla jurisprudencial existente y
tampoco cumplió con la carga argumentativa suficiente que justificara su apartamiento.
Finalmente, la Sala debe precisar que las decisiones dictadas en otras acciones de
tutelas relacionadas con supuestos fácticos y jurídicos similares a los estudiados en la
presente acción constitucional y que fueron decididas por otras secciones y subsecciones
del Consejo de Estado, no constituyen un mandato según el cual todas las decisiones
deban proferirse de la misma forma.
En este punto, debe precisarse que, cuando se trata de precedente horizontal, la
observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues es
apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel
funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos.
En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal propio),
la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su criterio, que, en
todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad. Al respecto, la
Corte Constitucional ha dicho que «cuando el término de comparación no está dado por
los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de
independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado
tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar
de conformidad con su criterio».
Por lo expuesto, para la Sala, el tribunal demandado vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, por cuanto
inobservó el precedente constitucional aplicable al caso concreto y no explicó razones
para su apartamiento.
Sin embargo, se precisa que el amparo impone el deber de considerar las reglas fijadas
por la Corte Constitucional en el auto A-2014 de 2024, en especial, lo relacionado con
que la obligación cuyo cumplimiento se persigue en el proceso ejecutivo promovido por
el Instituto Financiero de Casanare se trata de un título valor contenido en el pagaré
4119726, el cual se profirió en razón a un contrato de mutuo celebrado entre la parte
ejecutante y los señores Albeiro Montejo Rojas y Luis Gabriel Ramírez Rodríguez, el cual
no obra por escrito, pues la entidad demandante se rige por el derecho privado en lo
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relacionado con el cumplimiento de sus funciones y actividades comerciales, por lo que
era dable que no mediara un contrato escrito, puesto que, de acuerdo con los artículos
2221 y 2222 del Código Civil, bastaba con la entrega material de la cosa dada en
préstamo para el perfeccionamiento del contrato.
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la
decisión de primera instancia que amparó los derechos fundamentales de la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 10
10Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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