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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05830-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05830-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. MODIFICAR la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en relación con la discusión sobre el deber de aportar en original el título ejecutivo, y NEGAR el amparo en lo demás, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05830-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05830-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Negativa de continuar
con la ejecución. MODIFICA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El Instituto Financiero de Casanare pretende que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare con los autos proferidos el 1 de abril y el 19 de
junio de 2025, respectivamente, en el proceso ejecutivo, al que se le asignó el
número de radicado 85001-33-33-005-2025-00024-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

El accionante narró que el 20 de abril de 2023 instauró demanda ejecutiva y singular
de mínima cuantía ante la jurisdicción ordinaria en contra de los señores John
Alexander Castillo Pérez y Gladys Pérez Agudelo, con base en el Pagaré núm.
4111155 y la carta de instrucciones respectiva.

Que el 27 de julio de 2023, el Juzgado libró mandamiento de pago y decretó
medidas cautelares; el 16 de septiembre de 2024, dispuso tener por notificados

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personalmente a los demandados y ordenó seguir adelante con la ejecución; y el 12
de noviembre de ese año, declaró la nulidad de todo lo actuado por falta de
jurisdicción y remitió el proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal,
el cual, mediante auto del 1 de abril de 2025, se abstuvo de continuar con la
ejecución solicitada por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo,
al no haberse aportado el contrato de mutuo, por lo que interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación, pero el 21 de mayo de 2025, el Juzgado no
repuso la decisión y el 19 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
la confirmó, con fundamento en los mismos argumentos.

Considera que las autoridades judiciales incurrieron en las siguientes causales
específicas de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial:

i) violación directa de la Constitución porque vulneraron el acceso efectivo
a la administración de justicia, al desconocer el Auto A-2014/24 de la
Corte Constitucional, en el que se determinó que el contrato de mutuo no
debía constar por escrito, conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código
Civil, aplicables por remisión del artículo 473 del Código de Comercio,
pues basta con la entrega de la cosa dada en préstamo para el
perfeccionamiento del negocio jurídico;
ii) defecto fáctico, al restarle mérito ejecutivo al pagaré, a pesar de que
constituía de manera autónoma un título ejecutivo simple, al contener una
obligación clara, expresa y exigible, y exigirle equivocadamente aportar el
contrato de mutuo por escrito, a pesar de que se rige por el derecho
privado, acorde con los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998;
iii) defecto sustantivo, ya que desatendieron los artículos 29 y 229 de la
Constitución; 99 (numeral 5) y 297 (numeral 3) de la Ley 1437 de 2011;
85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474 de 2011; los artículos
2221 y 2222 del Código Civil; y los artículos 621 y 709 del Código de
Comercio, al exigir el contrato de mutuo por escrito, sin tener en cuenta
que los documentos provenientes del deudor y que constituyan plena
prueba contra él, así como cualquier acto proferido con ocasión de la
actividad contractual en los que consten obligaciones claras, expresas y
exigibles presta mérito ejecutivo;
iv) defecto procedimental, pues exigieron, de un lado, allegar el contrato de
mutuo elevado a escrito, con apego a interpretaciones contrarias a la
Constitución, la ley y la función judicial de administrar justicia, y, de otro,
aportar el pagaré en original y no en copia digitalizada, contrariando el
artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, y sin requerimiento previo en ese
sentido.

PRETENSIONES

El accionante solicitó que se dejen sin efectos las providencias del 1 de abril y 19
de junio de 2025 proferidas por las autoridades judiciales accionadas, y ordenar al

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Juzgado Quinto Administrativo de Yopal que, en el término de 48 horas contadas a
partir de la notificación del fallo de tutela, libre mandamiento de pago y/o ordene
seguir adelante la ejecución, decrete medidas cautelares a su favor y, en caso de
requerir el pagaré original en físico, habilite los canales y mecanismos para allegar
e integrar al expediente el documento físico original.

Además, pidió que la decisión se adopte con efectos inter comunis o se extienda
respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de
Yopal, en los que actúa como demandante y en los que se desconozca el pagaré
como título ejecutivo autónomo, y se ordene a las autoridades judiciales que se
abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a la presente acción.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 23 de septiembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a los señores John
Alexander Castillo Pérez y Gladys Pérez Agudelo, como terceros con interés; se
negó la medida provisional solicitada y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal adujo que en el caso
bajo análisis no se planteó un conflicto de jurisdicciones, por lo cual no se adelantó
el respectivo trámite ante la Corte Constitucional, autoridad judicial que, además, se
ha pronunciado únicamente sobre la competencia para conocer los procesos
ejecutivos en los que interviene el Instituto Financiero de Casanare, sin emitir juicio
alguno sobre la idoneidad de los documentos como títulos ejecutivos en la
jurisdicción contenciosa, pues ello correspondía exclusivamente al juez natural del
proceso.

Afirmó que la tutela no constituye una tercera instancia ni un mecanismo adicional
para reabrir el debate sobre decisiones ya adoptadas en el proceso ejecutivo, sino
que se trata de un medio excepcional procedente solamente cuando se han
vulnerado derechos fundamentales, lo que no ocurrió en el caso, máxime cuando la
decisión discutida fue debidamente motivada. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la tutela o, en su defecto, negar el amparo pedido.

El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó su oposición a la prosperidad
de las pretensiones, debido a que, de un lado, no se cumplen los presupuestos
establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra
providencia judicial y, de otro, la decisión controvertida se ajustó a las normas y
jurisprudencia aplicables, en la medida que el título que el Instituto Financiero de
Casanare solicitó ejecutar es complejo, pues la acreencia consignada en el pagaré
devino de la celebración de un contrato de mutuo, el cual no fue aportado, a pesar
de que sin este no era posible determinar con certeza las obligaciones allí
contenidas, sumado a que el ejecutante tampoco aportó el título valor referido en
original.

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POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El señor John Alexander Castillo Pérez solicitó que «no se admita la presente
acción», ya que el accionante pretende utilizarla como una tercera instancia,
desconociendo la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
materia y sin demostrar la vulneración real y concreta de su derecho al acceso a la
administración de justicia, en tanto el hecho de que se exija la presentación de
documentos habilitantes para la ejecución de una obligación no constituye una
barrera arbitraria, sino el cumplimiento del principio de legalidad y del artículo 297
de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que los créditos que el actor busca ejecutar datan de hace más de 15 años
y carecen de los requisitos de exigibilidad actuales, por lo cual no están frente a una
restricción del derecho de cobro, sino frente a la consecuencia natural de la
ausencia de un título ejecutivo idóneo.

La señora Gladys Pérez Agudelo guardó silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, debido a que la justificación expuesta por el actor frente a esa
exigencia no resultaba suficiente para explicar la necesidad de intervención del juez
de tutela, en la medida que sus reparos constituyeron meras discrepancias
interpretativas respecto a lo definido por el juez natural.

Que lo pretendido por el accionante era que se analizaran argumentos que ya
habían sido expuestos en el proceso ordinario, los cuales fueron estudiados y
resueltos por las autoridades judiciales aquí accionadas, lo que impedía al juez
constitucional pronunciarse sobre el particular.

IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que el caso amerita un estudio
constitucional, pues con las decisiones discutidas en esta sede, a través de las
cuales no se dio trámite al proceso ejecutivo, se vulneró su derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia, en tanto las autoridades judiciales le restaron
mérito ejecutivo al pagaré, a pesar de contener una obligación clara, expresa y
exigible, y le exigieron que se aportara el contrato de mutuo por escrito, esto es, con
la ritualidad de los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, sin tener en cuenta que
su naturaleza era consensual y se perfeccionaba con la entrega de la cosa, acorde
con los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.

Que las autoridades judiciales accionadas desatendieron la definición del asunto
realizada en el Auto A-2014/24 de la Corte Constitucional, en el que se refirió a los
contratos de mutuo celebrados por las entidades que tienen la naturaleza de

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empresas industriales y comerciales del Estado, así como del mérito ejecutivo del
pagaré a la luz del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011; posición que reiteró en Auto
1455 del 17 de septiembre de 2025.

Indicó que el Juzgado y el Tribunal también incurrieron en otra arbitrariedad judicial,
al exigirle la copia original del título valor, con lo que contrariaron el artículo 6 de la
Ley 2213 de 2022, que establece el deber de los sujetos procesales de aportar los
documentos digitalizados, máxime cuando la demanda se instauró inicialmente ante
la jurisdicción ordinaria, donde ya se había librado mandamiento de pago, sin que
pueda aceptarse que el cambio de jurisdicción implique la exigencia de requisitos
adicionales y que son ajenos al régimen contractual.

Que el debate se centra en procurar el goce de un derecho fundamental, por lo que
la controversia no se limita a una discusión puramente legal ni económica, sino que
trasciende al plano constitucional, pues requiere la interpretación y aplicación de las
normas superiores, sin que ello implique utilizarla como una tercera instancia.

Adujo que actualmente cursan aproximadamente 2.190 procesos similares que
están siendo remitidos de los juzgados civiles a los administrativos y que, según la
postura discutida, cercenarían sus pretensiones y derechos, e insistió en la
configuración de los defectos expuestos en el escrito inicial.

Con fundamento en los anteriores argumentos, solicitó revocar la decisión recurrida
y, en su lugar, acceder a las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos

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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. [...]

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. [...]

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. [...]

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...] »

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, [...] Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela 6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional, que no se
encontró satisfecho en primera instancia de esta acción, pues solo en ese caso,
habría lugar al estudio de los disensos del accionante.

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por el actor es lograr la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados con los autos del 1 de abril y el 19 de junio de 2025 proferidos por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, por la incursión en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y
violación directa de la Constitución, mas no plantear un asunto de mera legalidad,
desconocer la autonomía e independencia judicial del juez natural de la causa o
convertir esta acción en una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que el auto del
19 de junio de 2025 fue notificado por estado el mismo día y esta acción fue
instaurada el 17 de septiembre de ese año; ii) se está invocando una irregularidad
procesal que podría tener incidencia en la decisión; iii) se identificaron claramente
los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como
transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.

Sin embargo, no ocurre lo mismo frente al cumplimiento de la exigencia de la
subsidiariedad en relación con el argumento consistente en que las autoridades
judiciales incurrieron en un defecto procedimental, al exigir que el pagaré se
aportara en original y no en copia digitalizada, con lo que, a su juicio, se transgredió
el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022, puesto que ese argumento no fue expuesto en
los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra del auto del 1 de abril
de 2025 proferido por el Juzgado accionado, lo que impidió que el Tribunal se
pronunciara sobre el particular.

En ese orden de ideas, debe recordarse que el carácter excepcional y residual de
la tutela exige que los solicitantes del amparo agoten todos los mecanismos
judiciales con los que cuentan para lograr la protección de sus derechos, antes de
acudir a esta acción constitucional, lo que no ocurrió en el asunto bajo examen,
imposibilitándose entonces un análisis y pronunciamiento sobre el particular,
máxime cuando el accionante no demostró alguna situación que le hubiere impedido
utilizar los recursos con los que contaba al interior del proceso para exponer su
desacuerdo, por lo cual frente a este aspecto, se mantendrá la decisión de declarar
improcedente la acción.

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Ahora bien, teniendo en cuenta que no resulta procedente examinar el desacuerdo
planteado y que este constituye uno de los dos argumentos principales que llevaron
a las autoridades judiciales accionadas en esta sede a abstenerse de continuar con
la ejecución pretendida por el Instituto Financiero de Casanare, se observa que
bastaría con el estudio precedente para no acceder al amparo pedido, pues al
permanecer incólume una de las razones para la negativa de continuar con la
ejecución, no habría lugar a dejar sin efectos los proveídos controvertidos.

No obstante, se observa que el estudio sobre la naturaleza del contrato de mutuo y
la condición de título ejecutivo autónomo del pagaré efectuado por el Juzgado y el
Tribunal accionados obedeció a los principios de autonomía e independencia
judicial, así como a la valoración de las pruebas allegadas y a la interpretación de
las normas que rigen la materia, puntualmente de los artículos 39 de la Ley 489 de
1998 y 93 de la Ley 80 de 1993, análisis que no puede ser desconocido en esta
sede, pues de lo contrario se invadiría la órbita de competencia del juez natural de
la causa.

Además, se denota que a través del Auto A-2014/24, la Corte Constitucional se
limitó a dirimir el conflicto negativo de competencia entre dos juzgados de distintas
jurisdicciones, pero correspondía al juez competente definir si se cumplían los
requisitos para seguir con la ejecución, como ciertamente ocurrió.

En consecuencia, se modificará la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, se
declarará improcedente la acción en relación con la discusión sobre el deber de
aportar en original el título ejecutivo, y se negará el amparo en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. MODIFICAR la sentencia del 9 de diciembre de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en relación con la discusión sobre el
deber de aportar en original el título ejecutivo, y NEGAR el amparo en lo demás, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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