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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04330-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04330-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-04330-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-04330-01
Accionante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo de
Casanare contra la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. ElInstituto Financiero de Casanare solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración les atribuyó a las providencias de 19 de mayo y 11 de diciembre de
2025, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
con número de radicación 85001-33-33-005-2025-00190-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó
que promovió demanda ejecutiva contra los señores Jorge Leonardo
Saldaña Suaterna y Gloria Enid Suaterna Gutiérrez, con el fin de que pagaran la
obligación crediticia contenida en el pagaré núm. 8001041 de 10 de noviembre de
2014 por un valor de diez millones trescientos setenta y cuatro mil dieciséis pesos
($10.374.016) a favor del accionante.

2.2. Agregó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Tercero Civil
Municipal de Yopal, autoridad judicial que, mediante providencia de 4 de noviembre
de 2021, libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares a favor del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00274-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare

accionante. Sin embargo, mediante auto de 7 de noviembre de 2024, declaró la falta
de competencia para conocer el asunto y remitió a los juzgados administrativos.

2.3. Advirtió que el conocimiento del proceso con número de radicación 85001-33-33-
005-2025-00190-00 le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal, autoridad judicial que, mediante providencia de 19 de mayo de 2025, se
abstuvo de continuar con la ejecución solicitada por el accionante con sustento en que
no se aportó el contrato de mutuo.

2.4. Sostuvo que contra la providencia referida interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. El recurso de reposición fue desestimado mediante auto de 21
de noviembre de 2025, providencia en la que también se concedió el recurso de
apelación.

2.5. Señaló que el Tribunal Administrativo de Casanare, a través de providencia de
11 de diciembre de 2025, confirmó la decisión impugnada.

2.6. Expresó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia por haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y en la
causal de violación directa de la Constitución.

2.7. Adujoque el defecto fáctico se presentó por indebida valoración del material
probatorio, en la medida en que el pagaré núm. 8001041 y la carta de instrucciones
resultaban suficientes para exigir la obligación, máxime cuando la actividad de la
empresa se rige por normas de derecho privado.

2.8. Señaló que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo al desconocer el
régimen de derecho privado en la contratación del giro ordinario de sus negocios, lo
cual afecta los dos mil ciento noventa (2190) procesos que ha presentado por ese
motivo y que representan un valor patrimonial de veintinueve mil ochocientos
ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos ($29.885.438.000)
aproximadamente. Además, que las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012 establecen
que los documentos que provengan del deudor o su causante y constituyan plena
prueba contra él prestan mérito ejecutivo.

2.9. Indicó
que se presentó un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto al privilegiar las formas sobre el derecho sustancial e imponer un
requisito no previsto en la norma aplicable, actuando por fuera del procedimiento
establecido.

2.10. Afirmó que se configuró la causal de violación directa de la Constitución, toda vez
que la autoridad judicial desconoció los artículos 29 y 229 al exigir un documento
jurídicamente improcedente y supeditar la validez de la obligación a su existencia
física, pese al régimen de virtualidad. Además, omitió considerar lo resuelto en los
autos A-2014 de 4 de diciembre de 2024 y A-1455 de 17 de septiembre de 2025 en
los que se precisó que el contrato de mutuo no debía constar por escrito.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 19 de
mayo de 2025 y su confirmatorio, emitido el 11 de diciembre de 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-33-
33-005-2025-00190-00

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 19
de Mayo de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato (sic) la apelación,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 11 de
Diciembre de 2025, dentro del medio de control 85001-33-33-005-2025-00190-
00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración
probatoria al restarle merito (sic) ejecutivo al pagare (sic) 8001041 y exceso
ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la
ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil;
así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el
desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar
injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, se proceda a rehacer las actuaciones procesales censuradas, para
que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL, libre mandamiento de pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra de los demandados JORGE LEONARDO SALDAÑA
SUATERNA Y GLORIA ENID SUATERNA GUTIERREZ, decrete y efectivice las
medidas cautelares, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-2025-
00190-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir
requisitos innecesarios en este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis1 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare (sic) como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente (sic) análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido. […]”. [Negrilla del texto].

1
“[…] Desde el 30 de enero de 2025 y la fecha de presentación de esta tutela, se han proferido DOSCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE (257) decisiones judiciales de juzgados administrativos de Yopal, confirmadas por el Tribunal en sala mayoritaria,
con similar situación jurídica, donde también se está negando el mandamiento de pago de un pagare (sic), bajo la exigencia
del contrato de mutuo escrito a efectos de integrar un título ejecutivo complejo […]”.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 12 de junio de 2026, el Despacho de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso a los señores Jorge Leonardo Saldaña Suaterna
y Gloria Enid Suaterna Gutiérrez.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y terceros
vinculados, se allegó el siguiente informe:

5.1. El Tribunal Administrativo de Casanare se opuso a las pretensiones de la
demanda y adujo que la providencia cuestionada se sustentó en el análisis del
material probatorio allegado y la normativa aplicable al caso. Mencionó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales del accionante por cuanto el negocio jurídico
que subyace al pagaré que pretende ejecutarse es un contrato estatal por lo cual es
necesario un contrato de mutuo, el cual no fue aportado y sin el cual no era posible
determinar con certeza las obligaciones allí contenidas.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 9 de julio de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de someter el asunto al
conocimiento de la Sala Plena de la Corporación, amparó los derechos
fundamentales incoados, dejó sin efectos el auto de 11 de diciembre de 2025
proferido dentro del proceso cuestionado y ordenó proferir una decisión de
reemplazo.

7. Como sustento de lo anterior, indicó que se centró en estudiar la configuración del
defecto sustantivo por cuanto los demás reproches se derivaban de la interpretación
normativa adoptada por la autoridad accionada respecto a la regulación de los
títulos ejecutivos, según la cual el pagaré, por sí solo, carecía de aptitud para
integrar el título ejecutivo exigible ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

8. Al respecto, mencionó que se incurrió en un defecto sustantivo al concluir que el
contrato, como fuente de la obligación incorporada en el título ejecutivo, era
indispensable para promover su ejecución ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, por cuanto tal interpretación resultaba parcial frente al marco
normativo aplicable.

9. Explicó que, si bien el Tribunal acudió al artículo 297 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112, que regula los títulos ejecutivos, omitió considerar que su numeral

2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

5

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

3 reconoce fuerza ejecutiva a los actos expedidos con ocasión de la actividad
contractual en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles.

10. Adujo que la providencia cuestionada omitió examinar las disposiciones del
Decreto 410 de 27 de marzo de 19713 que regulan los títulos valores relativas a los
títulos valores, en particular, el artículo 619, conforme al cual estos incorporan un
derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio se legitima mediante el propio documento.
Por ello, la exigencia del contrato restringe el alcance de los títulos valores para ser
exigidos judicialmente.

11. Agregó que la Corte Constitucional, en el Auto A-2014 de 2024, precisó que,
aunque la obligación derive de un contrato estatal, el otorgamiento de un crédito no
exige necesariamente la celebración de un contrato escrito, pues este se
perfecciona con la entrega del dinero objeto del préstamo.

12. Añadió que se configuró el defecto procedimental absoluto por actuaciones que
van en contravía de lo dispuesto en los artículos 16 y 138 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 20124. Lo anterior debido a que el proceso se adelantó inicialmente ante el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, hasta la expedición del auto que libró
mandamiento de pago. Posteriormente, al advertirse la falta de competencia, el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal avocó conocimiento, se
abstuvo de continuar la ejecución al considerar necesaria la existencia del contrato
para la exigibilidad de la obligación y, finalmente, declaró terminado el proceso.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal Administrativo de Casanare impugnó el fallo proferido en primera
instancia y solicitó se declare su improcedencia debido a que en casos similares el
Consejo de Estado5 ha decidido que el asunto no está revestido de relevancia
constitucional al tratarse de asuntos de índole económico y teniendo en cuenta que
los argumentos del tutelante se ciñen a reabrir un debate que se surtió ante el juez
competente.

14. Agregó que la providencia cuestionada tuvo sustento en el análisis del material
probatorio aportado y la normativa aplicable al caso, atendiendo a que el accionante
es una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, previsto en

3
“[…] Por el cual se expide el Código de Comercio. […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
5
Mencionó las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: i) 23 de octubre de 2025, radicación núm. 11001-
03-15-000-2025-05581-00, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta; ii) 28 de marzo de 2025 y 19 de junio de 2025, radicación
núm. 11001-03-15-000-2025-00967-00/01, C.P. Nicolás Yepes Corrales y Omar Joaquín Barreto Suárez, respectivamente;
iii) 27 de noviembre de 2025, radicación núm. 11001-03-15-000-2025-06405-00, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro; iv)
9 de diciembre de 2025, radicación núm. 11001-03-15-000-2025-05830-00, C.P. Alberto Montaña Plata; v) 26 de febrero de
2026, radicación núm. 11001-03-15-000-2025-06405-01, C.P. Alberto Montaña Plata; vi) 26 de febrero de 2026, radicación
núm. 11001-03-15-000-2025-05830-01, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; vii) 5 de marzo de 2026, radicación núm. 11001-
03-15-000-2026-00393-00, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro; ix) 5 de marzo de 2026, radicación núm. 11001-03-15-
000-2025-07352-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; x) 19 de marzo de 2026, radicación núm. 11001-03-15-000-
2025-07470-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; xi) 7 de abril de 2026, radicación núm. 11001-03-15-000-2026-00346-01,
C.P. Fredy Ibarra Martínez; xii) 17 de abril de 2026, radicación núm. 11001-03-15-000-2026-01285-00, C.P. Nicolás Yepes
Corrales; xiii) 9 de julio de 2026, radicación núm. 11001-03-15-000-2026-02214-01, C.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro;
xiv) 28 de agosto de 2025, radicación núm. 11001-03-15-000-2025-04677-00, C.P. Juan Camilo Trujillo; y xv) 8 de septiembre
de 2025, radicación núm. 11001-03-15-000-2025-05003-00, C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

la Ley 489 de 29 de diciembre de 19986. En consecuencia, afirmó que los contratos
que suscriba se sujetan a las disposiciones de la Ley 80 de 28 de octubre de 19937
y, de conformidad con su artículo 39, deberán constar por escrito.

15. Mencionó que no se configuró el defecto procedimental absoluto por cuanto los
presupuestos del título base de ejecución en esta jurisdicción debían analizarse de
acuerdo con la regulación de contratos estatales, de conformidad con lo establecido
por la Corte Constitucional en los autos A-1209, A-1354, A-1591 y A-1957 de 2024.

16. Finalmente, enfatizó en que no se desconocieron las formas propias del proceso
ejecutivo contractual. Por el contrario, afirmó que fue precisamente a partir del
análisis del marco jurídico aplicable que se determinó que el mandamiento de pago
no satisfacía los presupuestos necesarios para integrar un título ejecutivo complejo.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

17. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 202110 y el Decreto 799 de 9 de julio de 202511, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 202413.

VIII.2. Problemas jurídicos

18. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 19 de mayo y 11 de diciembre de 2025, proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia
de 11 de diciembre de 2025 vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la litis.

19. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado14, la Sala debe establecer:

6
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. […]”.
7
“[…]Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.
8
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
9
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
10
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
11
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
12
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
13
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
14
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

7

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Accionante: Instituto Financiero de Casanare

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

20. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

22. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

23. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

24. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial16, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución17.

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
16
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
17
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00274-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”18 que encaje en dichos
parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

27. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

28. ElInstituto Financiero de Casanare solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración les atribuyó a las providencias de 19 de mayo y 11 de diciembre de
2025, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
con número de radicación 85001-33-33-005-2025-00190-00/01.

29. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

30. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental19 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones20.

Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
18
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
19
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
20
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

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31. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales21, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces22.

32. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación23, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

33. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
21
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
22
Corte Constitucional, sentencia de tutela núm. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
23
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

34. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202325.

35. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucren derechos fundamentales26.

36. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por haber incurrido, presuntamente, en los defectos
25
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y en la causal de violación directa de la
Constitución.

37. Adujo que el defecto fáctico se presentó por indebida valoración del material
probatorio, en la medida en que el pagaré núm. 8001041 y la carta de instrucciones
resultaban suficientes para exigir la obligación, máxime cuando la actividad de la
empresa se rige por normas de derecho privado.

38. Señaló que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo al desconocer el
régimen de derecho privado en la contratación del giro ordinario de sus negocios, lo
cual afecta los dos mil ciento noventa (2190) procesos que ha presentado por ese
motivo y que representan un valor patrimonial de veintinueve mil ochocientos
ochenta y cinco millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos ($29.885.438.000)
aproximadamente. Además, que las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012 prestan
mérito ejecutivo a los documentos que provengan del deudor o su causante y
constituyan plena prueba contra él.

39. Indicóque se presentó un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto al privilegiar las formas sobre el derecho sustancial e imponer un
requisito no previsto en la norma aplicable, actuando por fuera del procedimiento
establecido.

40. Afirmó que se configuró la causal de violación directa de la Constitución, toda vez
que la autoridad judicial desconoció los artículos 29 y 229 al exigir un documento
jurídicamente improcedente y supeditar la validez de la obligación a su existencia
física, pese al régimen de virtualidad. Además, omitió considerar lo resuelto en los
autos A-2014 de 4 de diciembre de 2024 y A-1455 de 17 de septiembre de 2025 en
los que se precisó que el contrato de mutuo no debía constar por escrito.

41. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional, ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia,
con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural y iii) la
pretensión guarda relación con un asunto de contenido económico.

42. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

43. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no está
exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que se exigió el contrato
de mutuo por escrito para la acreditación del título ejecutivo.

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44. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Casanare en la providencia cuestionada
así:

“[…] Para resolver la apelación incoada, la Sala mayoritaria trae a colación el
numeral 6° del artículo 104 del CPACA, en cuanto establece que la jurisdicción
de lo contencioso administrativa está instituida para conocer de los procesos
ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas
por esta jurisdicción, de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad
pública y los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

De conformidad con lo señalado en el numeral 3° del artículo 297 del CPACA
prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus
garantías y si de ellos se desprende una obligación clara, expresa y exigible,
conforme lo dispone el artículo 422 del CGP, que permita librar mandamiento
de pago con fundamento en los mismos. Así las cosas, en el proceso ejecutivo
originado en un contrato celebrado por entidad estatal, se debe verificar si los
documentos aportados configuran título ejecutivo y en caso afirmativo, si este
resulta simple o complejo.

En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré
No. 8001041 y su carta de instrucciones del 10 de noviembre de 2014, suscrito
por los ejecutados a favor del Instituto, los cuales considera ser constitutivos del
contrato de mutuo celebrado con estos.

[…]

Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el
que deben quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del
mutuario y que teniendo la contratante la calidad de entidad pública, por
disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar el mandamiento de
pago, se requiere el título ejecutivo esté integrado no solo por el pagaré sino
por el contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de Casanare debe
expresar su consentimiento en los términos del contrato.

No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor, su
carta de instrucciones a favor del IFC, así como el estado de cuenta, pero dichos
documentos no corresponden al contrato de muto (sic) y del clausulado de estos
no se desprende su existencia, ni los términos y condiciones en las que se
obligan cada una de las partes, razón por la cual para la conformación del título
ejecutivo se requiere el contrato de mutuo.

[…]

el Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de
carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, […] justamente porque el negocio
jurídico subyacente al título ejecutivo que pretende ejecutarse es un
contrato estatal se requiere prueba de su existencia, pues estamos en el
escenario de un proceso ejecutivo en sede de la jurisdicción contencioso
administrativa.

[…] En el presente caso si bien el pagaré respalda las obligaciones derivadas
de un contrato celebrado por una entidad con carácter de estatal, se debe
verificar la existencia de este último con el propósito de comprobar que las
partes del pagaré sean las mismas del contrato de mutuo y que las excepciones
sean oponibles en el proceso ejecutivo.

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[…] En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción
contenciosa administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no
fue aportado. Tal como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia 5
de octubre de 2020, para conformación del título ejecutivo complejo se requiere
aportar todos los documentos que lo integran, entre ellos el respectivo contrato
con el que se acredite las condiciones allí pactadas para recibir los pagos.
Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta con el contrato de mutuo
no resulta posible determinar la constitución de aquel.

En este punto se advierte que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado
puede acudir al proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación
contenida en un pagaré, esto no ocurre en la jurisdicción contenciosa
administrativa, pues se reitera, conoce de los procesos ejecutivos derivados de
contratos en los que sea parte una entidad pública, los cuales por regla general
corresponden a un título ejecutivo complejo, presupuesto que no se cumple en
el sub examine y por ende los cargos de apelación carecen de vocación de
prosperidad. […]” [negrilla del texto].

45. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

46. Así las cosas, la Sala evidencia que la discusión planteada por la parte actora fue
resuelta por la autoridad judicial accionada, la cual fue enfática en señalar que el
contrato de mutuo en físico era necesario para determinar el alcance de las
obligaciones reclamadas en el proceso ejecutivo. Por consiguiente, la demanda de
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

47. En tal virtud, es pertinente precisar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”27. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”28.

48. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”29.

49. Con fundamento en lo anterior esta Sección revocará el fallo impugnado y, en su
lugar, declarará improcedente la acción de tutela, como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.

27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
28
Ibid.
29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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