Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00274-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-00274-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00274-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00274-01
Accionante: ÓSCAR JAVIER ARAQUE GARZÓN COMO GERENTE DEL
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Accionados: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
13 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Óscar Javier Araque Garzón como gerente del Instituto Financiero de
Casanare solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las providencias
de 11 de marzo de 2025 y 24 de julio de 2025, proferidas por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con número de radicación 85001-33-
33-005-2024-00200-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que promovió demanda ejecutiva con número de radicación 85001-40-03-
002-2017-00313-00 contra los señores Brian Andrés Triana Montañez y Eliberto
Triana Ramos, con el fin de que pagaran la obligación crediticia contenida en el pagaré
núm. 8000711 de 30 de diciembre de 2013 por un valor de dos millones doscientos
veinticuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos ($2.224.534) a favor del accionante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00274-01
Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como Gerente del Instituto
Financiero de Casanare
2.2. Agregó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal, autoridad judicial que, mediante providencia de 17 de abril de
2017, libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares a favor del accionante.
Sin embargo, mediante auto de 28 de octubre de 2024, declaró la falta de competencia
para conocer el asunto y remitió a los juzgados administrativos.
2.3. Advirtió que el conocimiento del proceso con número de radicación 85001-33-33-
005-2024-00200-00 le correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal, autoridad judicial que, mediante providencia de 11 de marzo de 2025, se
abstuvo de continuar con la ejecución solicitada por el accionante y levantó la medida
cautelar con sustento en que no se aportó el contrato de mutuo.
2.4. Sostuvo que contra la providencia referida interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. El recurso de reposición fue desestimado mediante auto de 21
de mayo de 2025, providencia en la que también se concedió el recurso de apelación.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Casanare, a través de providencia de
24 de julio de 2025, confirmó la decisión impugnada.
2.5. Expresó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia por haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y en la
causal de violación directa de la Constitución.
2.6. Adujoque el defecto fáctico se presentó por indebida valoración del material
probatorio, en la medida en que el pagaré núm. 8000711 y la carta de instrucciones
resultaban suficientes para exigir la obligación, máxime cuando la actividad de la
empresa se rige por normas de derecho privado.
2.7. Señaló que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo al desconocer que,
conforme al artículo 2222 de la Ley 84 de 26 de mayo de 18731, el contrato de mutuo
se perfecciona con la tradición del bien y no exige formalidad escrita.
2.8. Indicó
que se presentó un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto al privilegiar las formas sobre el derecho sustancial e imponer un
requisito no previsto en la norma aplicable, actuando por fuera del procedimiento
establecido.
2.9. Afirmó que se configuró la causal de violación directa de la Constitución, toda vez
que la autoridad judicial desconoció los artículos 29 y 229 al exigir un documento
jurídicamente improcedente y supeditar la validez de la obligación a su existencia
física, pese al régimen de virtualidad. Además, omitió considerar lo resuelto en los
autos A-2014 de 4 de diciembre de 2024 y A-1455 de 17 de septiembre de 2025 en
los que se precisó que el contrato de mutuo no debía constar por escrito.
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“[…] CÓDIGO CIVIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA […]”.
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Financiero de Casanare
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 11 de
marzo de 2025 y su confirmatorio, emitido el 24 de julio de 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-33-
33-005-2024-00200-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 11
de marzo de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato (sic) la apelación,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 24 de
julio de 2025, dentro del medio de control 85001-33-33-005-2024-00200-00, por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle merito (sic) ejecutivo al pagare (sic) 8000711 y exceso ritual manifiesto
al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar
por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no
aportado el original del pagare (sic), pese a que a la luz de la ley 2213 de 2022
“Es deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones (…) a través
de medios tecnológicos; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del
derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por
esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso
y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar
el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre
mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete
medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE en
contra del (sic) demandados BRIAN ANDRES TRIANA MONTAÑEZ Y
ELILBERTO (sic) TRIANA RAMOS, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-
005-2024-00200-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga
de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis2 o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare (sic) como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido. […]”. [Negrilla del texto].
2
Desde el 30 de enero de 2025 y la fecha de presentación de esta tutela, se han proferido DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE (257) decisiones judiciales de juzgados administrativos de Yopal, confirmadas por el Tribunal en sala mayoritaria, con
similar situación jurídica, donde también se está negando el mandamiento de pago de un pagare, bajo la exigencia del contrato
de mutuo escrito a efectos de integrar un título ejecutivo complejo.
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Financiero de Casanare
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 21 de enero de 2026, el Despacho de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés directo en el resultado del proceso al Banco Caja Social, al Banco
Davivienda, al Banco de Bogotá, al Banco AV Villas, al Banco Popular, a
Bancolombia, al Banco Agrario de Colombia S.A., al Banco de Occidente, al Banco
BBVA, a la Cooperativa Financiera Confiar, al Banco Corbanca, a Bancoomeva, al
Tesorero y/o Pagador del Departamento de Casanare, al Tesorero y/o Pagador de
la Alcaldía Municipal de Yopal y a los señores Brian Andrés Triana Montañez,
Eliberto Triana Ramos, Mónica Tatiana Salamanca González y a los demás
intervinientes dentro del proceso ejecutivo radicado núm. 85001-33-33-005-2024-
00200-00/01. En la misma providencia se negó la medida provisional.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. Confiar Cooperativa Financiera manifestó que los señores Brian Andrés Triana
Montañez, Eliberto Triana Ramos y Mónica Tatiana Salamanca González no tienen
vínculo con la cooperativa y sostuvo que no encuentra evidencia de la supuesta
vulneración de derechos.
5.2. El Banco Popular mencionó que no tiene legitimación en la causa por pasiva y
no está llamado a pronunciarse sobre las pretensiones invocadas por el actor.
5.3. Bancolombia S.A. solicitó la declaratoria de falta de legitimación en la causa por
pasiva y, en consecuencia, su desvinculación del proceso. Además, expresó que no
es competente para pronunciarse respecto a las pretensiones de la acción de tutela
al ser una entidad meramente financiera.
5.4. El Tribunal Administrativo de Casanare se opuso a las pretensiones de la
demanda y, sobre la competencia, mencionó que “[…] el Instituto Financiero de
Casanare es una entidad pública departamental que ejecuta acciones y operaciones
relacionadas con la promoción de proyectos para el desarrollo económico y social
del departamento de Casanare […]”. En ese contexto, sostuvo que ante la duda
sobre la naturaleza del vínculo y existiendo la posibilidad de que se trate de una
actuación administrativa, por tratarse de una entidad pública, se optó por la
jurisdicción contenciosa. Además, que la acreencia del pagaré es compleja por
cuanto proviene de un contrato de mutuo, el cual no fue aportado y sin el cual no
era posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas.
5.5. El municipio de Yopal afirmó que no tiene legitimación en la causa por pasiva,
por lo que se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda y
solicitó la desvinculación del proceso.
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Financiero de Casanare
5.6. El departamento de Casanare expresó que no se encontraba demostrada la
presunta vulneración de derechos fundamentales, por lo que se debería declarar la
improcedencia de este mecanismo constitucional. Agregó que, en cumplimiento de
la medida cautelar, en febrero de 2024 registró el embargo contra el señor Brian
Andrés Triana Montañez y no pudo registrar al señor Eliberto Triana Ramos; sin
embargo, se reportó en el sistema el levantamiento de la medida de embargo.
Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso.
5.7. El Banco Agrario de Colombia S.A. indicó que las pretensiones de la demanda
están dirigidas a autoridades judiciales y no hay legitimación en la causa por pasiva
respecto de la entidad financiera, por lo que solicitó la desvinculación del proceso.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 13 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de
tutela debido a que no se superó el requisito de relevancia constitucional.
7. Al respecto consideró que:
“[…] 42. En este orden de ideas, el Tribunal concluyó: (i) que la acreencia
incorporada en el pagaré núm. 8000711 tenía origen en la celebración de un
contrato de mutuo, negocio jurídico que no fue aportado por la parte
ejecutante, lo cual impedía establecer con certeza el contenido y alcance de
las obligaciones allí pactadas, en los términos de la Ley 80 de 1993; y (ii) que
el referido el (sic) pagaré núm. 8000711 debía allegarse en original y no en
copia digitalizada, conforme a lo dispuesto en el artículo 624 del Código de
Comercio.
[…] 44. No obstante, de los documentos que obran en el plenario se
desprende que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal, en el
acápite “2.- Del título ejecutivo en el caso concreto” del auto del 11 de marzo
de 2025, precisó que “en el caso bajo estudio se pretende que se libre
mandamiento de pago respecto de la obligación derivada del pagaré No.
8000711 suscrito por valor de $2.224.534 el cual fue aportado junto con la
carta de instrucciones y otros documentos en copia simple” 3. Tal afirmación
daba cuenta de que, al momento de decidir, el despacho judicial únicamente
contaba con una reproducción del título.
45. En ese contexto, esta Sala estima que la inconformidad relativa a la
supuesta remisión del título valor en original debió ser planteada
oportunamente a través del recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación interpuesto contra la providencia referida, con el propósito de que
el juez natural se pronunciara de manera expresa sobre dicha circunstancia.
Ello, en atención a que la acción de tutela no puede erigirse en el
escenario para subsanar omisiones argumentativas ni para introducir
debates que pudieron y debieron surtirse dentro del trámite ordinario.
De ahí que esta omisión descarta la relevancia constitucional del asunto, toda
vez que pretende reabrir un debate que dejó pasar y que se abordó en las
instancias del proceso ejecutivo.
46. En este contexto, para esta Subsección, es claro que la tutela ejercida por
la parte accionante busca prolongar el debate ante el juez natural, como si se
3
Folio 4 del auto del 11 de marzo de 2025.
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tratara de un recurso ordinario, situación que claramente escapa de la
competencia del juez de tutela, ya que no hay argumento que identifique la
cuestión debatida como un asunto de genuina relevancia constitucional.
Además, la presente tutela debate un aspecto legal, por lo que no se
evidencia que la demanda entrañe un tema que recaiga sobre el goce de los
derechos fundamentales.
47. Frente a ello, lejos de advertirse una debida sustentación de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo perseguido por la parte accionante es que el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare
realicen una nueva valoración de los documentos aportados al plenario e
interpreten de forma distinta las disposiciones normativas que regulan los
requisitos para los procesos ejecutivos en materia de contratos estatales. […]”
[negrilla fuera de texto].
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
que no se trata de un debate respecto a divergencias en la interpretación o sobre el
derecho sino de una vulneración a los derechos fundamentales que parten de un
exceso ritual manifiesto al transgredir la naturaleza del título valor e imponer
exigencias ajenas al contrato de mutuo y el régimen contractual del Instituto
Financiero de Casanare.
9. Agregó que la jurisdicción contenciosa inobservó actuaciones previas en la
jurisdicción ordinaria, en las que ya se habían adoptado decisiones relacionadas
con el mandamiento de pago y medidas cautelares. Además, que el Instituto
Financiero de Casanare tiene naturaleza de empresa comercial y de gestión
económica que, de acuerdo con la asignación de competencia a la jurisdicción
contenciosa, se vería afectada debido a que habría una denegación sistemática de
derechos por cuanto desde enero a junio de 2025 ya se habían decidido 219
procesos bajo la misma postura y a 5 de diciembre de 2025 ya iban 412 procesos.
10. Al respecto mencionó que así puede suceder también con 2190 procesos que
“[…] cursan en la jurisdicción civil y remitidos a la jurisdicción administrativa, que
representan para el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, un valor
aproximado de VEINTINUEVEMIL (sic) OCHOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE
(29.885.438.000.000.oo). […]”.
11. Manifestó que la controversia no es de carácter meramente económico, en tanto
lo que se reclama es la garantía del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, el cual ha sido desconocido al inaplicar la jurisprudencia
constitucional y al calificar como incompleto un título ejecutivo incorporado en un
título valor, mediante la imposición de requisitos adicionales no previstos en la ley y
de imposible cumplimiento, por exigir una ritualidad ajena a la naturaleza jurídica
del contrato.
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Accionante: Óscar Javier Araque Garzón como Gerente del Instituto
Financiero de Casanare
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20216 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20257, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20198, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20249.
VIII.2. Cuestión previa
13. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación
procesal presentadas por Bancolombia S.A., el municipio de Yopal, el departamento
de Casanare y el Banco Agrario de Colombia S.A.
14. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 200610, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
15. En el caso objeto de estudio, se observa que Bancolombia S.A., el municipio de
Yopal, el departamento de Casanare y el Banco Agrario de Colombia S.A. no fueron
parte dentro del proceso ejecutivo cuestionado por la parte accionante, por lo tanto,
4
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
5
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
6
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
7
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
8
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
9
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
10
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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la Sala considera que no les asiste el interés jurídico para ser vinculados a esta
acción constitucional.
16. Por lo anterior, se aceptarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
17. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a las
providencias de 11 de marzo de 2025 y 24 de julio de 2025, proferidas por el Juzgado
Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 24 de julio
de 2025 vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la litis.
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado11, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
19. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
21. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
11
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
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Financiero de Casanare
22. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
23. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial13, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución14.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”15 que encaje en dichos
parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
26. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
13
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
14
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
15
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
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Financiero de Casanare
VIII.5. El caso concreto
27. El
señor Óscar Javier Araque Garzón16 solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración les atribuyó a las providencias de 11 de marzo de 2025 y 24 de julio de
2025, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
con número de radicación 85001-33-33-005-2024-00200-00/01.
28. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
29. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental17 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones18.
30. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales19, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces20.
31. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación21, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
16
Actuando como gerente del Instituto Financiero de Casanare.
17
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
18
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
19
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
20
Corte Constitucional, sentencia de tutela núm. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
21
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11
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Financiero de Casanare
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202222 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
12
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derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].
33. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202323.
34. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales24.
35. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por haber incurrido, presuntamente, en los defectos
fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y en la causal de violación directa de la
Constitución.
36. Adujo que el defecto fáctico se presentó por indebida valoración del material
probatorio, en la medida en que el pagaré núm. 8000711 y la carta de instrucciones
resultaban suficientes para exigir la obligación, máxime cuando la actividad de la
empresa se rige por normas de derecho privado.
37. Señaló que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo al desconocer que,
conforme al artículo 2222 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873 25, el contrato de
mutuo se perfecciona con la tradición del bien y no exige formalidad escrita.
38. Indicóque se presentó un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto al privilegiar las formas sobre el derecho sustancial e imponer un
requisito no previsto en la norma aplicable, actuando por fuera del procedimiento
establecido.
23
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
25
“[…] CÓDIGO CIVIL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA […]”.
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39. Afirmó que se configuró la violación directa de la Constitución, toda vez que la
autoridad judicial desconoció los artículos 29 y 229 al exigir un documento
jurídicamente improcedente y supeditar la validez de la obligación a su existencia
física, pese al régimen de virtualidad. Además, omitió considerar lo resuelto en los
autos A-2014 de 4 de diciembre de 2024 y A-1455 de 17 de septiembre de 2025 en
los que se precisó que el contrato de mutuo no debía constar por escrito.
40. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional, ii)
la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia,
con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural y iii) la
pretensión guarda relación con un asunto de contenido económico.
41. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
42. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no está
exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que se exigió el contrato
de mutuo por escrito para la verificación del título valor.
43. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Casanare en la providencia cuestionada
así:
“[…] Ahora bien, en lo que concierne a la ejecución de títulos derivados de
relaciones contractuales del estado, el tribunal de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa ha señalado:
“(…) La jurisprudencia de esta corporación ha establecido que cuando se
reclama ejecutivamente el pago de obligaciones derivadas de un contrato
estatal, el título ejecutivo por regla general es complejo y se constituye con el
contrato y con los documentos en los que consta la existencia de una
obligación clara, expresa y exigible a cargo de la parte ejecutada. (…)”26.
En relación con lo anterior la Corporación advierte que, al establecer la
competencia de esta jurisdicción para conocer la ejecución de un título valor de
características similares al analizado, solicitada por el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, la H. Corte Constitucional señaló:
“(…) […] la Sala Plena dirime el presente conflicto de jurisdicciones en el
sentido de determinar que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Yopal, Casanare, es la autoridad competente para tramitar el proceso
ejecutivo promovido por el IFC.
26
CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ. Fecha: 20 de mayo
de 2024. Radicación: 08001-23-33-000-2022-00048-01 (70421). Ejecutante: Donado Arce & Compañía S.A.S. Demandado:
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
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Financiero de Casanare
Lo anterior, en la medida en la que no se cuenta con elementos
suficientes para verificar la existencia o inexistencia de un contrato
estatal entre las partes. De esta forma, la controversia presentada puede
involucrar actos o contratos suscritos por una entidad pública, los
cuáles se encontrarían sujetos al derecho administrativo y, por
consiguiente, se debe asignar la competencia de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
En concreto, si bien la parte demandante anunció en el escrito de
subsanación de la demanda que “(…) estamos ante un contrato de mutuo
o préstamo, el cual está garantizado por un título valor Pagaré (…), lo
cierto es que en los anexos de la demanda solo aportó el título valor
denominado “pagaré”, la carta de instrucciones del mismo, un estado de
cuenta que muestra la trazabilidad de los pagos y valores adeudados por
la demandada al IFC, y la solicitud de crédito de persona natural radicada
por Guerrero Rodríguez. Sin embargo, no se evidencia la existencia de
un contrato estatal, en este caso, de crédito o mutuo, que haya sido
suscrito entre las partes de la demanda, lo anterior, teniendo en cuenta que
los contratos estatales gozan de la solemnidad de constar por escrito de
acuerdo con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993. Por lo tanto, se observa que
la suscripción del pagaré No. 4122965 pudiera tener como causa la existencia
de un contrato entre las partes, el cual, correspondería a un mutuo con
intereses. Sin embargo, no se tiene certeza de la existencia de ese contrato o
de un contrato similar, lo anterior, porque no fue aportado un documento con
dichas características como anexo de la demanda. (…)”27 (negrillas y
subrayado fuera del texto).
[…] De conformidad con lo anterior se establece con claridad que:
a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 8000711 cuya ejecución solicita la
entidad pública recurrente, atañe a la obligación adquirida por la ejecutada de
devolver el dinero recibido tras la concesión de un crédito, descripción que
corresponde a la tipología contractual de mutuo o préstamo de consumo,
plasmada en el artículo 2221 del Código Civil, así: “El mutuo o préstamo de
consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta
cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género
y calidad”.
b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que
regulan el funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del estado
por lo que, de conformidad con lo normado por el artículo 93 de la Ley 489 de
1998 “(…) Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se
sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las
entidades estatales” uno de los cuales es la solemnidad que se traduce en que
deben constar por escrito el artículo 3928 de la Ley 80 de 1993.
c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los términos
del artículo 62429 del Código de Comercio, pues no aportó copia original del
título valor, sino que se limitó a enseñar una digitalización del mismo, lo cual
impide
27
Auto A-1354/24. Magistrada Ponente: DIANA FAJARDO RIVERA.
28
ARTÍCULO 39.- De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por
escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas
legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales
de los contratos estatales. ( ... ).
29
ARTÍCULO 624. <DERECHO SOBRE TÍTULO-VALOR>. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere
la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo
de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el
recibo correspondiente. En caso de pago parcial el titulo conservará su eficacia por la parte no pagada.
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su cobro.
De esta manera fuerza (sic) concluir que, el titulo (sic) que el IFC solicita ejecutar
es complejo pues la acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que
suscribió con la parte ejecutada deviene de la celebración de un contrato de
mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado por la parte ejecutante, sin
el cual no es posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas a
lo que debe sumarse que, la parte ejecutante debió aportar el título valor referido
en original y no a una copia digitalizada del mismo, pues la exhibición de estos
documentos es requisito para su cobro […]” [negrilla del texto y subrayas fuera
de texto].
44. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
45. Así las cosas, la Sala evidencia que la discusión planteada por la parte actora fue
resuelta por la autoridad judicial accionada, la cual fue enfática en señalar que el
contrato de mutuo en físico era necesario para determinar el alcance de las
obligaciones reclamadas en el proceso ejecutivo. Por consiguiente, la demanda de
tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
46. En tal virtud, es pertinente precisar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”30. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”31.
47. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”32.
48. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
30
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
31
Ibid.
32
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
16
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Financiero de Casanare
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR las solicitudes de desvinculación presentadas por
Bancolombia S.A., el municipio de Yopal, el departamento de Casanare y el Banco
Agrario de Colombia S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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