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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04677-00

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04677-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare, por las razones expuestas en esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04677-00 Demandantes: Instituto Financiero de Casanare SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04677-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04677-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Título
ejecutivo. Defecto fáctico. Defecto sustantivo. Defecto
procedimental.
Decisión: Niega solicitud de amparo.

La Sala decide la acción de tutela formulada por el Instituto Financiero de Casanare
contra el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado 1 Administrativo de
Yopal.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 29 de julio de 2025, la parte actora presentó acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales fueron transgredidos por
el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado 1 Administrativo de Yopal.

2. A título de amparo, solicitó que se dejaran sin efectos los Autos de 14 de
noviembre de 2024 del Juzgado 1 Administrativo de Yopal y 27 de marzo de 2025
del Tribunal Administrativo del Casanare, dentro del proceso ejecutivo identificado
con el radicado No. 85001-33-33-001-2024-00211-00/01. Asimismo, que se
ordenara dictar una decisión de remplazo en la que se librara mandamiento de pago
y/o se dispusiera a seguir adelante la ejecución, con el correspondiente decreto de
medidas cautelares. Finalmente, pidió que la decisión de tutela produjera efectos
«inter comunis», con el fin de que se extendiera a los demás procesos ejecutivos
en los que fuera parte y se haya desconocido el pagaré como título ejecutivo
autónomo.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
indicó que es una empresa comercial y de gestión económica del Departamento de
Casanare con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, cuyas
actuaciones se regían por lo dispuesto en los artículos 85 y 93 de la Ley 498 de
1998.

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4. Explicó que, conforme a su naturaleza jurídica, tenía como objeto el fomento
del desarrollo económico y social del Departamento de Casanare, lo cual realizaba
a través de la prestación de servicios financieros, empresariales y de gestión de
proyectos. En esa medida, dentro del giro ordinario de sus negocios, en aplicación
de las reglas del derecho privado y en desarrollo de su actividad comercial, otorgaba
créditos de fomento y educativos a personas de escasos recursos del
departamento, los cuales estaban respaldados con pagarés y su respectiva carta
de instrucciones.

5. El 15 de septiembre de 2022, presentó demanda ejecutiva singular ante la
jurisdicción ordinaria contra Juan Aldahir Carreño González e Ingri Johanna Carreño
González, con el fin de obtener el pago de una obligación crediticia otorgada a ellos.
Dicha obligación se encontraba respaldada en el pagaré No. XXX-XX79 del 13 de
septiembre de 2017, junto con su carta de instrucciones, por valor de $11.697.189.

6. Posteriormente, el 3 de noviembre de 2022, el Juzgado 3 Civil Municipal de
Yopal libró mandamiento de pago a favor del hoy accionante y en contra de los
deudores mencionados.

7. El 13 de septiembre de 2024, el juzgado declaró falta de jurisdicción y
remitió el expediente a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

8. El 14 de noviembre de 2024, el Juzgado 1 Administrativo de Yopal dejó sin
efectos el auto que había librado mandamiento de pago y, en su lugar, negó tanto
el mandamiento como las medidas cautelares solicitadas. Para sustentar su
decisión, consideró que el título derivado del crédito otorgado a Juan Aldahir
Carreño González e Ingri Johanna Carreño González tenía carácter complejo y que
no se había aportado copia auténtica del contrato de mutuo, sino únicamente el
pagaré No. XXX-XX79 del 13 de septiembre de 2017. En ese sentido, concluyó que
no era posible determinar que la obligación contenida en dicho título valor fuera
clara, expresa y actualmente exigible.

9. El 20 de noviembre de 2024, la parte actora interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación. En esa oportunidad manifestó que si bien no contaba
con un contrato solemne previo a la creación del pagaré, lo cierto era que el contrato
de mutuo se perfeccionaba con la tradición o entrega del dinero objeto del crédito
otorgado. En esa medida, sostuvo que el concepto de título ejecutivo definido en el
artículo 422 del CGP permitía demandar ejecutivamente las obligaciones expresas,
claras y exigibles que constaran en documento proveniente del deudor o de su
causante.

10. El 27 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó el
Auto de 14 de noviembre de 2024 mediante el cual se había negado la pretensión
de librar mandamiento de pago. Argumentó que debía verificarse el cumplimiento
de los presupuestos para que un documento prestara mérito ejecutivo, esto es, que
la obligación fuera clara, expresa y exigible, y debía estar respaldada en un contrato
de mutuo, el cual no se había aportado. En ese sentido, precisó que, si bien el

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pagaré respaldaba las obligaciones derivadas de un contrato celebrado por una
entidad de carácter estatal, era necesario que se comprobara la existencia de dicho
contrato para que se verificara que las partes del pagaré coincidieran con las del
contrato de mutuo, puesto que este último constituía un presupuesto indispensable
dentro del trámite ejecutivo adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.

11. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales dentro del proceso ejecutivo
incurrieron en un defecto fáctico, pues consideró que se realizó una valoración
inadecuada del material probatorio. Explicó que, a pesar de haber aportado el
pagaré y la carta de instrucciones correspondientes, documentos que contenían una
obligación clara, expresa y exigible, las autoridades consideraron que se trataba de
un título complejo y no de un título ejecutivo simple.

12. Agregó que se configuró dicho defecto por haberse impuesto requisitos
adicionales, tales como la exigencia de la copia auténtica del contrato de mutuo
como fuente de la obligación contenida en el pagaré y su carta de instrucciones. A
su juicio, esta exigencia no podía aceptarse, ya que implicaba desconocer que el
contrato de mutuo se había perfeccionado de manera consensual con la entrega del
dinero. En esa medida, que se le haya requerido un contrato escrito constituía un
exceso frente a lo que la ley preveía y conllevaba a que las obligaciones derivadas
de títulos ejecutivos como pagarés, letras de cambio o cheques, e incluso de
contratos no regulados por la Ley 80 de 1993, no pudieran hacerse efectivas
mediante un proceso ejecutivo.

13. Igualmente, afirmó que las autoridades incurrieron en un defecto sustantivo,
pues interpretaron de manera restrictiva, irrazonable y contraria a la Constitución y
a la ley el artículo 297 del CPACA. Dicho precepto, según lo expuso, señalaba
expresamente los documentos y requisitos que podían constituir título ejecutivo,
dentro de los cuales, además de los contratos, se incluían los actos que declararan
el incumplimiento, el acta de liquidación y, en general, cualquier acto proferido con
ocasión de la actividad contractual. No obstante, tanto el juzgado como el tribunal
omitieron este mandato legal y, de manera reiterada, exigieron la existencia de un
contrato escrito, como si solo este pudiera ser ejecutable o como si se tratara de un
proceso estrictamente contractual.

14. Finalmente, consideró que también se configuró un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, ya que se exigieron documentos adicionales al pagaré,
a pesar de que este constituía un título ejecutivo autónomo que acreditaba una
obligación clara, expresa y exigible derivada del crédito otorgado al señor y la
señora Carreño González.

Intervenciones1

1
Mediante Auto de 4 de agosto de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo de
Casanare y el Juzgado 1 Administrativo de Yopal y, se vinculó al Juzgado 3 Civil Municipal de Yopal, a Ingri Johana Carreño
González y a Juan Adahir Carreño González en calidad de terceros con interés en el proceso.

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15. El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que no se habían
vulnerado los derechos fundamentales del accionante ni se configuraban los
defectos alegados, toda vez que la decisión había sido adoptada dentro del marco
normativo y jurisprudencial aplicable al caso. En ese sentido, explicó que el Instituto
Financiero de Casanare, al ser una empresa de gestión económica de carácter
departamental, se encontraba sometido al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, conforme a lo previsto en la Ley 489 de 1998.

16. Aunado a lo anterior, precisó que los contratos celebrados por dicha entidad
para el desarrollo de su objeto estaban sujetos a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de las Entidades Estatales. Por esa razón, concluyó que
el negocio jurídico que daba origen al pagaré cuya ejecución se pretendía
correspondía a un contrato estatal, el cual requería prueba de su existencia
mediante contrato escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley 80 de 1993.

17. El Juzgado 1 Administrativo de Yopal indicó que la decisión de no librar
mandamiento de pago obedeció a la indebida conformación del título ejecutivo.
Precisó que, en la providencia de 14 de noviembre de 2024, se señaló
expresamente la ausencia de los requisitos sustanciales del título, ya que la
obligación, al tratarse de un título de carácter complejo, debía estar integrada no
solo por la garantía, sino también por el contrato de mutuo. En consecuencia,
sostuvo que el pagaré y la carta de instrucciones no eran documentos suficientes
para tener debidamente conformado el título ejecutivo y que, contrario a lo afirmado
por el accionante, ello no constituía un exceso ritual manifiesto.

18. Finalmente, afirmó que la decisión no desconocía la Constitución ni
provenía de una indebida valoración probatoria, pues había sido adoptada con
fundamento en las normas que regulaban el proceso ejecutivo y bajo los principios
de autonomía e independencia judicial. Por lo tanto, no resultaba procedente que,
mediante la acción de tutela, se buscara habilitar una instancia adicional para
controvertir una decisión judicial que ya había sido desfavorable a la parte actora.
En la misma línea, señaló que no se vulneraba el derecho al debido proceso ni al
acceso a la administración de justicia, ya que la entidad actora, al adelantar
actividades crediticias, debía ejercer oportunamente las facultades de cobro
coactivo que tenía a su alcance para proteger su patrimonio y el patrimonio público.
Así, al someter el debate a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, le
correspondía cumplir con los requisitos que la normatividad imponía para la
procedencia del proceso ejecutivo, sin que ello configurara vulneración alguna de
sus garantías constitucionales.

19. El Juzgado 3 Civil Municipal de Yopal, Ingri Johana Carreño González
y a Juan Adahir Carreño González, pese a que fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES
Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

21. La Sala advierte que el accionante, en su escrito de tutela, sostuvo que el
Auto de 27 de marzo de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare,
incurrió en un defecto fáctico, sustantivo y procedimental absoluto. En ese orden de
ideas y con fines metodológicos, superados los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela, se abordará de manera conjunta el estudio de los 3
cuestionamientos, toda vez que los argumentos que expuso por la parte actora
guardan una estrecha relación entre sí.

22. En efecto, los reparos formulados convergen en un mismo punto de debate,
consistente en establecer si el pagaré allegado debía ser considerado como un título
ejecutivo autónomo o, por el contrario, como un título complejo, dentro de la
valoración realizada por la autoridad judicial en el marco del proceso ejecutivo
adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal
Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales de la parte actora
al confirmar el Auto de 14 de noviembre de 2024, en el que se negó librar
mandamiento de pago bajo el entendido de que el pagaré No. XXX-XX79 del 13 de
septiembre de 2017 no constituía por sí solo un título ejecutivo autónomo y requería,
además, la presentación del contrato de mutuo como respaldo de la obligación
contenida en dicho documento.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

24. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, no se trata
de una discusión de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los
argumentos planteados en el trámite ordinario y, en todo caso, los reparos (defecto
fáctico, sustantivo y procedimental) fueron dirigidos concretamente contra la
decisión del juez de segunda instancia; (2) se encuentra satisfecha la legitimación
en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía
la calidad de demandante en el proceso ejecutivo y, por el otro, el Tribunal

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Administrativo de Casanare profirió la decisión que se cuestiona; (3) se encuentra
acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los
mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa de sus derechos; (4) la
acción de tutela se presentó el 29 de julio de 2025, es decir, dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación del Auto de 27 de marzo de 2025 (28 marzo de 2025);
(5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en
los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

25. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

26. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

27. En criterio del accionante, se tiene que el Tribunal Administrativo de
Casanare desconoció la autonomía del pagaré como título valor y, con ello, sus
derechos fundamentales, al supeditar la orden de librar mandamiento de pago a la
acreditación del contrato de mutuo que dio origen a la obligación. Sostuvo que el
pagaré acompañado de su carta de instrucciones satisfacía los requisitos de
ejecutividad previstos en el ordenamiento jurídico y que exigir la presentación del
contrato escrito equivalía a imponer una carga desproporcionada y carente de
sustento legal.

28. No obstante, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Casanare
basó su decisión en una interpretación razonada del marco normativo aplicable,
según el cual, tratándose de entidades estatales, los negocios jurídicos que
respaldan operaciones de mutuo deben constar por escrito, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 39 y 75 de la Ley 80 de 1993. En ese orden, el pagaré allegado
carecía de eficacia autónoma, pues remitía expresamente al contrato de mutuo
como fuente de la obligación, lo que convertía el título valor en un instrumento
incompleto y, por ende, en un título ejecutivo de carácter complejo que requería ser
integrado con dicho contrato para su exigibilidad.

29. Asimismo, al confirmar la decisión de primera instancia, se observa que, en
el Auto de 27 de marzo de 2025, el tribunal acudió a una aplicación valida de las
disposiciones que rigen la contratación y el proceso ejecutivo ante la jurisdicción de
los contencioso-administrativo, pues señaló que el numeral 3 del artículo 297 del
CPACA prevé que solo constituyen título ejecutivo los contratos estatales, las
garantías que los respalden, el acto que declare su incumplimiento, el acta de
liquidación o cualquier otro acto contractual en el que consten obligaciones claras,
expresas y exigibles. A su vez, sostuvo que conforme al artículo 422 del CGP
únicamente eran demandables ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y
exigibles contenidas en documentos que provengan del deudor y constituyan plena
prueba contra él, lo que para el caso concreto era el contrato de mutuo por escrito

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que respaldaba la garantía plasmada en el pagaré No. XXX-XX79 del 13 de
septiembre de 2017. Tal razonamiento no puede ser catalogado como arbitrario, ni
irrazonable o carente de sustento, sino que constituía el resultado de la aplicación
de las normas pertinentes a las circunstancias del caso.

30. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Casanare realizó una
interpretación razonada de las disposiciones normativas y de las circunstancias
fácticas del proceso, para proferir el Auto de 27 de marzo de 2025 que confirmó
negar librar mandamiento de pago por no cumplirse los requisito del título valor
complejo, pues quedó acreditado que solo se aportó con la demanda ejecutiva el
pagaré y su carta de instrucciones sin que estuviera respaldado por un contrato de
mutuo, más si se tiene en cuenta que una de las partes es una entidad de naturaleza
pública para lo cual se le obliga la realización o suscripción de contratos por escrito
y no de forma consensuada como lo manifestó la parte actora. Lo anterior, teniendo
en cuenta que en el pagaré se manifestó que la suma de dinero se entregaba a
título de mutuo, situación que reafirmó la decisión de las autoridades judiciales tanto
en primera como en segunda instancia, pues necesariamente dicha obligación
plasmada en el pagaré debía estar respaldada de un contrato de mutuo suscrito por
las partes intervinientes.

31. Así las cosas, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial,
no le corresponde al juez constitucional sustituir la interpretación jurídica adoptada
por el juez natural en ejercicio de su competencia, salvo que esta resulte arbitraria,
irrazonable o manifiestamente contraria al ordenamiento. En este caso, se advierte
que la decisión fue adoptada con fundamento en la normatividad vigente y en los
hechos del expediente.

32. Por tanto, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Casanare
realizó un estudio razonable de los hechos y del marco normativo. Que la decisión
no haya satisfecho las expectativas de la parte accionante no implica, por sí sola,
que esta haya sido contraria a derecho.

Conclusión

33. La Sala negará la acción de tutela interpuesta, al no acreditarse que la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare haya incurrido en
algún defecto y consecuentemente vulnerado los derechos fundamentales de la
parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero de
Casanare, por las razones expuestas en esta providencia.

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Demandantes: Instituto Financiero de Casanare

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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