Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00346-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00346-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00346-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00346-01
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE SE ABSTUVO
DE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN EN
PROCESO EJECUTIVO. CONTRATO DE MUTUO. TÍTULO
EJECUTIVO COMPLEJO.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades demandadas vulneraron
sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de los autos que resolvieron
abstenerse de seguir adelante con la ejecución solicitada. La Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 26 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo
formulada por la parte actora. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI, índice 34, primera instancia - negrillas y mayúsculas del
original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 21 de enero de 20261, el Instituto Financiero de Casanare (en adelante IFC), a través
de su representante legal, promovió proceso de acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Casanare y del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Yopal, con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del
1 Índice 1, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00346-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Acción de tutela – Impugnación fallo
debido proceso y acceso a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 12 de
Marzo (sic) de 2025 y su confirmatorio, emitido el 31 de Julio de 2025 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-33-
33 005-2025-00021-00
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 12
de Marzo de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desató la apelación, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 31 de Julio de
2025, dentro del medio de control 85001-33-33-005 2025-00021-00, por
encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle merito ejecutivo al pagaré 8000723 y exceso ritual manifiesto al exigir
adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por
escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado
el original del pagare, pese a que a la luz del artículo 6 de la ley 2213 de 2022
“Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo
que todos sus anexos,”; así como por defecto sustancial dado el sacrificio del
derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por
esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido Proceso
y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, se proceda a rehacer las actuaciones procesales censuradas, para
que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
YOPAL, libre mandamiento de pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE en contra de los demandados DILAN ANDRÉS GUERRERO
GARCÍA Y NÉSTOR JOSUÉ FORERO GARCÍA, decrete y efectivice las
medidas cautelares, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-2025
00021-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga de exigir
requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagaré como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de (sic) sucesivo se abstengan
de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 3, primera instancia).
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Acción de tutela – Impugnación fallo
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El IFC presentó demanda ejecutiva en contra de los señores Dilan Andrés Guerrero
García y Néstor Josué Forero García, con el fin de que se librara mandamiento de pago
por valor de $2.560.000, más los intereses corrientes causados del 19 de noviembre de
2015 al 19 de noviembre de 2016 y los respectivos moratorios, representados en el
pagaré 800723 del 31 de diciembre de 20132.
2) Mediante auto del 12 de marzo de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Yopal3 se abstuvo de seguir adelante con la ejecución por indebida
constitución del título ejecutivo, en atención a que no se aportó el contrato de mutuo del
que deriva la obligación del pagaré y la carta de instrucciones que se pretendía cobrar4.
3) Contra la anterior decisión el IFC presentó recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, en los que indicó que, de acuerdo con el artículo 2222 del Código Civil el
contrato de mutuo se perfecciona con la tradición, que para el caso se concretó con la
entrega del dinero.
4) Por auto del 21 de mayo de 2025 el juzgado no repuso la decisión.
5) El 31 de julio de 20255, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la decisión de
primera instancia, con fundamento en que, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 80 de
1993, el contrato de mutuo del que devino el pagaré debía constar por escrito; además,
porque el artículo 75 de la misma norma dispone que para librar mandamiento de pago
se requiere que el título ejecutivo esté integrado por el pagaré y el contrato de mutuo, en
cuyo documento consta el consentimiento del IFC.
2 Ante la mora en el pago del crédito de fomento y educativo.
3 Proceso con radicación no. 85001-33-33-005-2025-00021-00/01.
4 Explicó que el título a ejecutar era complejo porque la obligación que conllevó la firma del pagaré constaba
en el contrato de mutuo que se mencionó en la demanda. Aclaró que, pese a que el IFC como empresa
industrial y comercial del Estado puede celebrar contratos previstos en el derecho privado, como el de
mutuo, debe ser solemne y constar por escrito de conformidad con los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de
1993.
5 Decisión notificada el 1 de agosto de 2025.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
3) El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión
de los autos del 12 de marzo y 31 de julio de 2025 que dispusieron no seguir adelante
con la ejecución, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.
En cuanto al defecto sustantivo, manifestó que las autoridades judiciales demandadas
aplicaron de manera indebida las normas sustanciales por exigir la existencia de un
contrato de mutuo escrito como requisito para la conformación del título ejecutivo, pese
a que, tratándose de una empresa industrial y comercial del Estado que actúa bajo reglas
de derecho privado, dicho contrato es de naturaleza consensual y se perfecciona con la
entrega del dinero.
Desconocieron el régimen jurídico aplicable y el precedente constitucional que reconoce
la suficiencia del pagaré como título ejecutivo autónomo, con lo cual sacrificaron el
derecho sustancial por imponer requisitos no previstos en la ley.
Frente al defecto fáctico, afirmó que se hizo una indebida valoración probatoria, en tanto
los jueces restaron mérito ejecutivo al pagaré y a la carta de instrucciones, a pesar de
que dichos documentos acreditaban una obligación clara, expresa y exigible.
Ignoraron elementos relevantes como la existencia del desembolso del crédito y la
naturaleza del título valor y omitieron la posibilidad de requerir el original del pagaré en
caso de dudas formales para en su lugar optar por negar de plano la ejecución.
Asimismo, incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque
impusieron requisitos formales desproporcionados e innecesarios, como la obligación de
aportar un contrato de mutuo escrito y la exigencia de presentar el pagaré en original o
copia auténtica, en contravía con la normativa vigente sobre actuaciones digitales (Ley
2213 de 2022).
Los jueces privilegiaron formalidades sobre el derecho sustancial, sin permitir la
subsanación o el uso de mecanismos procesales adecuados, con lo cual convirtieron el
proceso en un obstáculo irrazonable para el acceso a la justicia.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
Por último, se invocó una violación directa de la Constitución porque las decisiones
judiciales desconocieron de manera frontal los derechos fundamentales del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia; así como el precedente vinculante de
la Corte Constitucional sobre la materia.
Se negó sistemáticamente la posibilidad de ejecutar los pagarés, con lo cual se impidió a
la entidad acudir efectivamente a la jurisdicción para la protección de sus derechos y se
generó además un impacto patrimonial grave que contrarió los principios de efectividad
de los derechos y prevalencia del derecho sustancial.
4) Actuación de primer grado
Mediante auto de 26 de enero de 20266, la Sección Quinta de esta Corporación admitió
el proceso de acción de tutela y notificó a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Casanare, al titular del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, a los
señores Dilan Andrés Guerrero García y Néstor Josué Forero García y a la Gobernación
de Casanare, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción; asimismo, negó la medida provisional solicitada y rechazó por
improcedente la solicitud de remisión del expediente a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
5) Sentencia de primera instancia
La Sección Quina de esta Corporación, mediante sentencia de 26 de febrero de 20267,
declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, en la medida que los fundamentos de la demanda recaen en la
inconformidad de la parte demandante frente a lo decidido por el operador judicial en el
proceso ejecutivo, sin que explicara de qué forma resultaron vulnerados sus derechos
fundamentales o propusiera un estudio con enfoque constitucional.
6 Índice 5, samai, primera instancia.
7 Índice 34 Samai, primera instancia.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
6) Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 10 de marzo de 20268.
Indicó que se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues, no se trata de
una simple discrepancia interpretativa sino de una vulneración real de los derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuando se
impusieron exigencias ajenas a la naturaleza del negocio jurídico.
Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en interpretaciones arbitrarias del
régimen jurídico aplicable, por exigir un contrato de mutuo escrito y negar el mérito
ejecutivo del pagaré.
El mutuo es un contrato consensual que se perfecciona con la entrega del dinero y que
no requiere formalidades de la Ley 80 de 1993, máxime tratándose de una entidad regida
por derecho privado en su actividad comercial.
El pagaré constituye un título ejecutivo autónomo con obligación clara, expresa y exigible,
por lo cual su desconocimiento implica desechar la normativa procesal y comercial
aplicable, así como imponer requisitos inexistentes en la ley.
Las decisiones judiciales desconocen abiertamente el precedente constitucional y la
seguridad jurídica, especialmente lo definido por la Corte Constitucional sobre la
competencia de la jurisdicción administrativa y la validez del pagaré como título ejecutivo,
incluso sin contrato escrito.
Se impusieron cargas irrazonables, como exigir documentos físicos pese a la normativa
que permite su digitalización, todo lo cual refleja una actuación judicial contraria a la
Constitución y justifica la intervención del juez de tutela para restablecer los derechos
fundamentales vulnerados.
8 Índice 43 Samai, primera instancia.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. Caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y al Tribunal Administrativo
del Casanare con el fin de que se protejan los derechos fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión de los autos proferidos por
las autoridades judiciales demandadas el 2 de marzo y 31 de julio de 2025,
respectivamente, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución.
La Sala considera preciso advertir que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente
contra los autos de primera y segunda instancia, proferidos en el trámite del proceso
ejecutivo, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último por cuanto fue
el que definió la situación jurídica particular.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
En la sentencia de primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
En el escrito de impugnación la parte demandada insistió en que el pagaré constituye un
título ejecutivo autónomo con obligación clara, expresa y exigible, por lo cual no era
procedente que se exigiera un contrato de mutuo escrito para continuar con la ejecución.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento
de los requisitos de relevancia constitucional, por las razones que procederán a
exponerse:
2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
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fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente9, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal10”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
9 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales11”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.12
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Idem.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
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Acción de tutela – Impugnación fallo
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios13” (negrillas adicionales).
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
1) La parte demandante indicó que se aplicaron indebidamente normas de contratación
estatal (Ley 80 de 1993) a un contrato de mutuo regido por derecho privado, con lo cual
se desconoció el precedente constitucional que reconoce el pagaré como título ejecutivo
autónomo; además, se valoraron de forma irrazonable las pruebas y se le restó mérito
ejecutivo al pagaré, pese a contener una obligación clara, expresa y exigible.
2) Asimismo, adujo que se exigieron formalidades no previstas en la ley, como la
existencia de un contrato de mutuo escrito y la aportación en original del título, sin habilitar
mecanismos para su subsanación, situación que restringió de manera sistemática el
acceso a la justicia y generó un impacto patrimonial grave para la entidad.
13 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00346-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Acción de tutela – Impugnación fallo
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación, con miras a que
se libre mandamiento de pago y se continúe con la ejecución, sin que se exija la
aportación de un contrato de mutuo por escrito, pues, a su juicio, no se trata de un título
ejecutivo complejo sino de uno simple que se encuentra plenamente acreditado con el
pagaré, en tanto contiene una obligación clara, expresa y exigible. Sobre el particular, en
la alzada indicó lo siguiente:
“De conformidad con lo anteriormente expuesto, está claro que el título valor
aportado como documento de ejecución, es un título simple y no
complejo como lo hace ver el despacho y por ello no se puede imponer
aportar un contrato adicional, que además ya está implícito en el pagare,
al reconocerse dentro del mismo la deuda a título de mutuo con interés, y
para nuestro caso lo que lo que debe tenerse en cuenta que el IFC “es una
Empresa de Gestión Económica de carácter departamental, sometida al
Régimen Jurídico de las Empresas industriales y Comerciales del Estado,
contemplado en la Ley 489 de 1998” y por parte nuestra ni de la parte
demandada está en duda la existencia de dicho contrato, como lo pretende
hacer ver el despacho.
(…).
En tal sentido a lo manifestado por la Corte podemos extraer que, al no existir
contrato escrito, este no afecta la validez del contrato ya que Porque,
conforme a los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, el contrato de mutuo
se perfecciona con la entrega del dinero y no requiere formalidad escrita,
Además, el artículo 1163 del Código de Comercio, remite al régimen del Código
Civil para regular el mutuo comercial. En consecuencia, en este caso no era
necesario un contrato escrito para que la obligación surgiera y fuera exigible.
De lo que podemos extraer que la exigencia del contrato de mutuo
contradice la naturaleza de los títulos valores y obstaculiza el derecho del
acreedor a ejecutar su crédito, pues si bien, la Honorable Corte
Constitucional ha indicado que no debe imponerse una carga procesal
adicional a los demandantes cuando los títulos valores ya cumplen con
los requisitos de ley.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI, índice 17, primera instancia – negrillas de la Sala).
4) En la providencia del 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
concluyó que no era posible continuar con la ejecución respecto de la obligación derivada
del contrato de mutuo, por considerar necesario aportar dicho contrato para tener por
debidamente constituido el título ejecutivo, en la medida en que, a su juicio, no se trataba
de un título simple, sino de un título complejo derivado de un contrato estatal.
5) En esa medida, sostuvo que el pagaré y la carta de instrucciones no eran suficientes,
por sí solos, para acreditar una obligación clara, expresa y exigible, toda vez que la fuente
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de la obligación provenía de un contrato que debía integrarse con los documentos que lo
conforman. Sobre el particular señaló:
“Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en
el que deben quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como
del mutuario y que teniendo la contratante la calidad de entidad pública,
por disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar el
mandamiento de pago, se requiere el título ejecutivo esté integrado no
solo por el pagaré sino por el contrato de mutuo en el que el Instituto
Financiero de Casanare debe expresar su consentimiento en los términos del
contrato.
No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por los
deudores, su carta de instrucciones a favor del IFC, así como el estado de
cuenta y la solicitud del crédito, pero dichos documentos no
corresponden al contrato de muto y del clausulado de estos no se
desprende su existencia, ni los términos y condiciones en las que se
obligan cada una de las partes, razón por la cual para la conformación del
título ejecutivo se requiere el contrato de mutuo.
(…).
Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez
administrativo examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten
mérito ejecutivo, es decir que el título sea claro, expreso y exigible y aquí,
se reitera, la fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo
que no fue aportado; claro, las entidades estatales pueden ejecutar las
obligaciones contractuales a su favor, pero el título ejecutivo debe reunir
los presupuestos para ello. En el presente caso si bien el pagaré respalda
las obligaciones derivadas de un contrato celebrado por una entidad con
carácter de estatal, se debe verificar la existencia de este último con el
propósito de comprobar que las partes del pagaré sean las mismas del
contrato de mutuo y que las excepciones sean oponibles en el proceso
ejecutivo.
(…).
En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción
contenciosa administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non,
que no fue aportado. Tal como lo explica el Consejo de Estado en la citada
sentencia 5 de octubre de 2020, para conformación del título ejecutivo
complejo se requiere aportar todos los documentos que lo integran, entre
ellos el respectivo contrato con el que se acredite las condiciones allí
pactadas para recibir los pagos. Corolario de ello, como en el sub examine
no se cuenta con el contrato de mutuo no resulta posible determinar la
constitución de aquel (…).”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI, índice 17, primera instancia – negrillas de la Sala).
6) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante presentó similares planteamientos a los expuestos en
el recurso de apelación, dirigidos de manera exclusiva a que se tuviera por acreditado el
título ejecutivo con el pagaré y la carta de instrucciones y no se exigiera el contrato de
mutuo escrito para librar el mandamiento de pago, así:
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“[Q]ue con las decisiones adoptadas por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal el 12 de Marzo de 2025, y ratificada en decisión mayoritaria
por el Tribunal Administrativo de Casanare el 31 de Julio de 2025,
consideramos que se configura una violación flagrante al debido proceso, una
negación al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia por
indebida valoración probatoria, defecto sustancial, un excesivo ritual manifiesto
y desconocimiento directo de la constitución, que corresponde a una
actuación totalmente ajena al deber ser de la administración de justicia, y
que desconoce los derechos fundamentales de la entidad que represento
Instituto Financiero de Casanare, bajo la exigencia de integración de un
título ejecutivo complejo, que para el caso no existe, ni se requiere,
desconociendo la exigibilidad por vía ejecutiva del título valor –pagare-, y
conllevando ello a un alto riesgo fiscal debido al deterioro de las
obligaciones que se persiguen.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI, índice 3– negrillas de la Sala).
7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a dicha
situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la acción de
tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en el recurso de
apelación, los cuales fueron resueltos en la providencia del 31 de julio de 2025 y se
dirigieron de manera exclusiva a que se reconociera que no era necesario que se allegara
el contrato de mutuo por escrito, porque el título ejecutivo era simple y estaba conformado
por el pagaré, el cual contenía una obligación clara, expresa y exigible.
8) Para la Sala resulta claro, como se ha decidido en anteriores oportunidades14, que, de
manera expresa, el juez natural de la causa, en la providencia objeto de tutela, concluyó
que con los documentos aportados al proceso no era posible librar mandamiento de pago,
en atención a que era fundamental que obrara el contrato de mutuo para tener por
debidamente constituido el título ejecutivo.
9) Así pues, resulta claro que, aunque la actora pretende soslayar las conclusiones a las
que arribó la autoridad judicial accionada porque no las comparte, debe decirse que la
acción de tutela no es un instrumento que pueda emplearse como una instancia adicional
del proceso ordinario, con el único fin de rebatir las consideraciones del juez natural de
la causa o proponer una mejor solución al caso.
10) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate meramente legal y probatorio que era propio del trámite del proceso ejecutivo
14 Consejo de Estado, Sección, Tercera, Subsección B. sentencia de 9 de diciembre de 2025, exp. 11001-
03-15-000-2025-05830-00; Consejo de Estado, Sección, Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de
febrero de 2026, exp. 11001-03-15-000-2025-05830-00; Consejo de Estado, Sección, Tercera, Subsección
B, sentencia de 20 de marzo de 2026, exp. 85001-23-33-000-2025-00166-01.
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y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
11) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones hasta aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Ausente con excusa
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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