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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2025-00166-01

Fecha
20 de marzo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2025-00166-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2025-00166-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

20 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Veinte (20) de marzo dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 85001-23-33-000-2025-00166-01
Accionante: Laura Paola Barreto Angarita
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo de Yopal

Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación interpuesta contra la sentencia del 4 de diciembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se declaró
improcedente la acción por no encontrar configurado el defecto procedimental absoluto.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la providencia judicial del 6 de noviembre de 2025, proferida
en el curso de un proceso ejecutivo, por medio de la cual se repuso el auto del 16 de
mayo de 2025, que resolvió “no continuar con la ejecución solicitada por el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE - IFC, en contra de LAURA PAOLA BARRETO
ANGARITA, por no haberse constituido en debida forma el título ejecutivo, y en su lugar
se dispone: “[…] ORDENAR la devolución inmediata del proceso ejecutivo […] al
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE YOPAL […]”. Se confirma la decisión
que declaró la improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 25 de noviembre de 2025, Laura Paola Barreto Angarita presentó, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Juzgado Quinto
Administrativo de Yopal para obtener protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y el principio de seguridad jurídica de los actos. A su juicio, dichas
garantías constitucionales fueron vulneradas con la providencia proferida el 6 de
noviembre de 2025, por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, en el curso de un
proceso ejecutivo2, por medio del cual se ordenó la devolución del proceso al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Yopal.

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

“PRETENSIÓN PRINCIPAL: Amparar el derecho fundamental al debido proceso / y al

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Auto que resuelve recurso de reposición en proceso ejecutivo / improcedencia /
2
Radicación 85001-33-33-005-2025-00214-00.

Radicado: 85001-23-33-000-2025-00166-01
Accionante: Laura Paola Barreto Angarita
Se confirma la decisión de primera instancia

principio de seguridad jurídica del Accionante.

PRETENSIÓN CONSECUENCIAL 1: Dejar sin efectos jurídicos el Auto proferido por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal el día seis (06) de noviembre del
año dos mil veinticinco (2025).

PRETENSIÓN CONSECUENCIAL 2: En consecuencia, ordenar la firmeza y ejecutoria
del Auto del dieciséis (16) de mayo del año dos mil veinticinco (2025), que ordenó NO
seguir adelante con la ejecución.

PRETENSIÓN CONSECUENCIAL 3: Ordenar al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Yopal abstenerse de remitir el expediente al Juzgado Primero Civil del
Circuito de Yopal y proceder al archivo o terminación del proceso ejecutivo conforme a
la orden del 16 de mayo de 2025.” [Negrillas del texto original].

B. Hechos

3. El Instituto Financiero de Casanare, en adelante, IFC, promovió demanda ejecutiva
hipotecaria en contra de Laura Paola Barreto Angarita, pretendiendo el pago de las sumas
concernientes a capital e intereses causados en virtud del pagaré No. 4115562 suscrito
por valor de $200.000.000, una carta de instrucciones y el estado de cuenta del crédito.
Sostuvo que el título valor constituye una obligación clara, expresa y actualmente exigible
que puede demandarse ejecutivamente. El conocimiento del asunto correspondió por
reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal.

4. El 4 de febrero de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal libró
mandamiento de pago en contra de la señora Barreto.

5. El 14 de abril de 2016, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal ordenó seguir
adelante la ejecución y el 28 de noviembre de 2016 se aprobó la liquidación del crédito.

6. El 20 de febrero de 2025, Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal declaró la falta
de competencia para seguir conociendo del asunto y ordenó remitirlo a la oficina de apoyo
de los Juzgados Administrativos de Yopal porque el IFC es una entidad pública y se
demandan ejecutivamente obligaciones nacidas de un contrato de mutuo o préstamo de
naturaleza estatal.

7. El 16 de mayo de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal profirió auto
mediante el cual avocó conocimiento del asunto, declaró la nulidad de la providencia del
14 de abril de 2016 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, a través
de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y de las actuaciones subsiguientes;
se abstuvo de ordenar seguir adelante con la ejecución por no haberse constituido en
debida forma el título ejecutivo; declaró terminado el proceso y dispuso levantar la medida
de embargo y secuestro que se había decretado.

8. El 22 de mayo de 2025, el IFC interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación
contra la decisión del 16 de mayo de 2025 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo
de Yopal, el cual sustentó, así: i) de la competencia: corresponde a la Jurisdicción
Administrativa; ii) respecto del contrato de mutuo reiteró que IFC actuó en ejercicio de
sus funciones y formalizó el contrato de mutuo con los demandados, lo cual generó una
obligación clara y exigible en sede contencioso-administrativa; iii) que existe un título

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Accionante: Laura Paola Barreto Angarita
Se confirma la decisión de primera instancia

ejecutivo exigible cuyo deudor es la señora Barreto Angarita.

9. El 11 de septiembre de 2025, el IFC adicionó el recurso, con el fin de que se aplicara
el Auto 629 de 2025 proferido por la Corte Constitucional, el cual, según la accionante,
“establece que, cuando un proceso ejecutivo ha avanzado ante la jurisdicción ordinaria
civil hasta la etapa de mandamiento de pago, la posterior variación de competencia hacia
la jurisdicción contenciosa administrativa no debe restringir el mandamiento de pago ni
exigir títulos compuestos, como el contrato de mutuo solemne”.

10. El 6 de noviembre de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, repuso la
decisión y, en su lugar, no avocó conocimiento y ordenó devolver el expediente al
Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La accionante alega que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y el principio de seguridad
jurídica, porque incurrió en un defecto procedimental absoluto.

12. Indicó que se vulneraron los principios de preclusividad y perentoriedad de los
términos, toda vez que el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal, al resolver el recurso
interpuesto contra el auto que declaró la nulidad de la providencia del 14 de abril de 2016
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, tuvo en cuenta los
argumentos presentados por el IFC en el escrito de adición del recurso. A su juicio, dichos
argumentos no podían ser valorados por la autoridad judicial, en la medida en que el
escrito de adición fue presentado por fuera del término para recurrir, por lo cual resultaba
extemporáneo e ineficaz, además de improcedente, dado que pretendía replantear los
argumentos inicialmente expuestos en el recurso.

13. En cuanto a la transgresión del derecho de contradicción y la prohibición de sorpresa
judicial señaló que el juez estaba limitado a resolver el recurso con base en los
argumentos presentados por el IFC en su escrito inicial. Destacó que la solicitud de
aplicar las disposiciones del Auto No. 629 de 2025 fue incorporada al debate en el escrito
de adición, sin que se brindara al ejecutado la oportunidad de controvertir su aplicabilidad
y alcance.

D. Trámite procesal

14. Por auto del 26 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
admitió la demanda y ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo de Yopal para
que informara todo lo relacionado con los hechos de la presente acción constitucional
y, allegara los documentos y anexos que considerara pertinentes.

E. Oposiciones e intervenciones

15. El Juzgado Quinto Administrativo de Yopal solicitó declarar improcedente la acción
de tutela porque no se configura el defecto procedimental absoluto invocado, porque la
decisión fue adoptada en virtud de lo dispuesto en el Auto 629 del 13 de mayo de 2025,

Radicado: 85001-23-33-000-2025-00166-01
Accionante: Laura Paola Barreto Angarita
Se confirma la decisión de primera instancia

proferido por la Corte Constitucional por existir identidad fáctica y jurídica.

F. Fallo impugnado

16.Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Casanare declaró improcedente la demanda en ejercicio de acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

17. Determinó que no se acreditó el defecto procedimental absoluto, en la medida en
que el juzgado demandado no actuó con desconocimiento del procedimiento previsto
para los procesos de naturaleza ejecutiva. Por el contrario, advirtió que la autoridad
judicial actuó en acatamiento de lo dispuesto en los artículos 318 y 319 del Código
General del Proceso, al resolver el recurso de reposición interpuesto por el IFC en
debida forma, esto es, dentro del término legal y debidamente sustentado.

18. Asimismo, consideró apropiado aplicar los parámetros fijados por la Corte
Constitucional en el Auto 629 de 2025, pues en casos de presupuestos fácticos similares
el juzgado lo había aplicado, haciendo efectivo el principio de seguridad jurídica; y, en
consecuencia, el respeto por el derecho constitucional fundamental al debido proceso,
en la medida que se trata de presupuestos fácticos prácticamente idénticos lo cual se
traduce en el respeto por decisiones anteriores emitidas por el Despacho (respecto de
lo cual no existe prueba alguna en contrario),

G. Impugnación

19. En el escrito radicado el 11 de diciembre de 2025, la accionante impugnó la
sentencia del 4 de diciembre de 2025, oportunidad en la que insistió en las pretensiones
de la demanda de tutela y solicitó que se ampare su derecho al debido proceso.

20. Afirmó que, la sentencia impugnada no se basó en un conocimiento autónomo del
Auto 629 de 2025 proferido por la Corte Constitucional, sino en la adición extemporánea
del IFC, la cual no fue notificada a la parte actora, impidiendo su derecho de
controversia.

21. Indicó que la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare hizo alusión al Auto
629 del 2025 proferido por la Corte Constitucional, destacando la tesis del conflicto de
competencia, el cual ya fue resuelto con el auto que ordenó seguir adelante con la
ejecución. Además, en el proceso ejecutivo el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal,
en auto del 16 de mayo de 2025, ya había ordenado la nulidad del mandamiento de
pago por estimar que no se cumplía con las condiciones y/o rigor que exige y amerita
un título compuesto al estar inmersa una entidad estatal como lo es el IFC.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80
de 2019 de esta Corporación.

Radicado: 85001-23-33-000-2025-00166-01
Accionante: Laura Paola Barreto Angarita
Se confirma la decisión de primera instancia

I. Sentido de la decisión

23.La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela por falta de relevancia constitucional.

J. El requisito de relevancia constitucional

24. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.3 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada4, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”.

25. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.5

26. En la sentencia SU-215 de 20226, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar

3 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
4 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina

Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
5 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.

José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

27. Para la Corte Constitucional7, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

28. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 8.

L. El caso concreto

29. La parte accionante reprochó que, en la providencia del 6 de noviembre de 2025
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal dentro del proceso ejecutivo
radicado bajo el núm. 85001-33-33-005-2025-00214-00, se aplicó una regla
jurisprudencial contenida en el Auto 629 del 13 de mayo de 2025 de la Corte
Constitucional. Según indicó, dicha providencia no fue invocada en el recurso inicialmente
presentado por el IFC, sino en su escrito de adición, el cual fue radicado con posterioridad
al vencimiento del término legal para interponer el recurso.

30. A su juicio, la referida providencia debió atender únicamente los argumentos
presentados en el escrito del recurso y no los de la adición.

31.La Sala considera que lo manifestado por la accionante carece de relevancia
constitucional, por lo que pasa a explicarse:

32. Observa la Sala que, mediante auto del 16 de mayo de 2025, el Juzgado Quinto
Administrativo de Yopal i) avocó conocimiento del proceso ejecutivo remitido por
competencia; ii) declaró la nulidad de la providencia del 14 de abril de 2016, a través de
la cual se había ordenado seguir adelante con la ejecución y de las actuaciones
subsiguientes; iii) se abstuvo de ordenar continuar con la ejecución al considerar que el
título ejecutivo no se encontraba debidamente constituido, razón por la cual declaró
terminado el proceso; y iv) dispuso el levantamiento de la medida de embargo y secuestro
que había sido decretada.

7 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
8 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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33. Contra dicha providencia, el Instituto Financiero de Casanare –IFC– interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación el 22 de mayo de 2025, posteriormente
complementado mediante escrito de adición presentado el 11 de septiembre de 2025.

34. En dichos escritos se expusieron, entre otros argumentos: i) la competencia de la
jurisdicción contencioso administrativa para conocer del asunto; ii) que el contrato de
mutuo había sido celebrado por el IFC en ejercicio de sus funciones, lo cual generaba
una obligación clara, expresa y exigible; iii) la existencia del título ejecutivo; y iv) la
pertinencia de aplicar lo decidido por la Corte Constitucional en el Auto 629 del 13 de
mayo de 2025.

35. El recurso de reposición fue resuelto por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal
mediante auto del 6 de noviembre de 2025, providencia en la cual se decidió reponer el
auto del 16 de mayo de 2025 y, en su lugar, abstenerse de avocar conocimiento del
proceso y ordenar la devolución del expediente al juzgado de origen. Para adoptar dicha
decisión, el despacho judicial advirtió que, con posterioridad a la emisión del auto
recurrido, tuvo conocimiento del Auto 629 del 13 de mayo de 2025 de la Corte
Constitucional, mediante el cual esa Corporación se pronunció sobre la inexistencia de
conflicto de competencia entre jurisdicciones en procesos ejecutivos en los que ya se
había ordenado seguir adelante con la ejecución y se habían aprobado las respectivas
liquidaciones.

36. En esa providencia, la Corte Constitucional señaló que, cuando dentro de un proceso
ejecutivo se ha librado mandamiento de pago, se ha ordenado seguir adelante con la
ejecución y se han aprobado las liquidaciones del crédito, la causa judicial que dio origen
al litigio se entiende agotada, razón por la cual no se configura el presupuesto objetivo
necesario para que se estructure un conflicto de jurisdicciones. Esto, en términos
concretos, implica que el proceso ejecutivo adelantado por el IFC en contra de la
accionante debe continuar en la jurisdicción ordinaria, especialidad civil.

37. En efecto, en el caso objeto de estudio, el juzgado accionado consideró que dicha
regla resultaba aplicable, pues el proceso ejecutivo había sido tramitado inicialmente ante
la jurisdicción ordinaria y, además, dentro de ese trámite se había ordenado seguir
adelante con la ejecución y se había aprobado la liquidación del crédito presentada por
la parte ejecutante, circunstancias que coincidían con el supuesto analizado por la Corte
Constitucional en el referido Auto 629 de 2025.

38. La parte accionante cuestiona esa decisión al sostener que el precedente de la Corte
Constitucional no podía ser tenido en cuenta por el juez al momento de resolver el
recurso, en la medida en que dicho pronunciamiento fue mencionado por el IFC
únicamente en el escrito de adición del recurso, el cual, a su juicio, fue presentado de
manera extemporánea.

39. Para la Sala, dicho cuestionamiento no plantea un problema de naturaleza
constitucional que habilite la intervención del juez de tutela. En realidad, el reproche
formulado se limita a expresar una inconformidad con la manera en que el juez natural
resolvió el recurso de reposición y con los fundamentos jurídicos empleados para adoptar
la decisión cuestionada.

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Accionante: Laura Paola Barreto Angarita
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40. Bajo ese entendido, lo que pretende la parte accionante es reabrir el debate jurídico
propio del proceso ejecutivo, con el propósito de que el juez constitucional sustituya el
criterio adoptado por la autoridad judicial accionada acerca de la procedencia del recurso
y de la pertinencia de aplicar el precedente constitucional antes referido.

41. Tal pretensión resulta incompatible con la naturaleza excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. En reiterada jurisprudencia9, la Corte Constitucional
ha señalado que este mecanismo no constituye una instancia adicional ni un instrumento
para revisar la corrección jurídica de las decisiones adoptadas por los jueces de instancia,
pues ello implicaría desconocer la autonomía judicial y el principio de seguridad jurídica.

42. En esa medida, el juez de tutela no actúa como un juez de corrección de las
providencias judiciales, ni puede sustituir el criterio interpretativo del juez natural cuando
este ha actuado dentro del marco de sus competencias y ha ofrecido una motivación
razonable para sustentar su decisión.

43. En el presente asunto, los argumentos expuestos por la accionante no trascienden el
ámbito de la discrepancia interpretativa acerca de cómo debía resolverse el recurso de
reposición dentro del proceso ejecutivo, ni evidencian la existencia de una actuación
arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria al ordenamiento constitucional.

44. Debe recordarse, además, que la debida motivación de una decisión judicial no
depende de que una de las partes haya invocado expresamente el precedente o
argumento jurídico finalmente utilizado por el juez, sino de que la autoridad judicial
fundamente su decisión en la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente. En tal
sentido, nada impide que el juez, en ejercicio de su autonomía judicial, acuda a
precedentes que considere pertinentes para resolver el asunto sometido a su
conocimiento. Por lo tanto, el hecho de que el fundamento jurídico que sustenta una
decisión haya sido o no invocado por alguna de las partes dentro del proceso no invalida,
por sí mismo, la providencia adoptada, máxime si se trata de una providencia dictada por
una alta corte.

45. En consecuencia, la Sala concluye que la demanda de tutela carece de relevancia
constitucional, pues la inconformidad planteada por la accionante se circunscribe a un
desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada por el juez natural dentro del proceso
ejecutivo, pero no a un asunto realmente de carácter superior.

46. Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

9 Sentencia SU-128 de 2021.

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Accionante: Laura Paola Barreto Angarita
Se confirma la decisión de primera instancia

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 4 de diciembre
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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