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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06405-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06405-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 27 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare, en los términos y por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06405-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C. 26 de febrero de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que confirmó la decisión que se
abstuvo de seguir adelante con la ejecución solicitada por la parte demandante al advertir
la falta de conformación de un título ejecutivo complejo.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
27 de noviembre de 2025, por medio de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta
de relevancia constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 14 de octubre de 2025, Oscar Javier Araque Garzón, gerente del
Instituto Financiero de Casanare, presentó una acción de tutela contra el
Juzgado 5 Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare,
por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las providencias de
1 de abril de 2025 y 24 de julio de 20253, proferidas por las autoridades
judiciales, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo No. 85001-33-33-
005-2025-00027-00/01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2“DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare contra el

Tribunal Administrativo de Casanare y el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal.”
3 Notificada por mensaje de datos enviado el 25 de julio de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se
desconocieron por el Juzgado Quinto Administrativo de Yopal en auto emitido
en fecha 1 de abril de 2025 y su confirmatorio, emitido el 24 de Julio de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso
8500133330520250002700.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 01 de
Abril de 2025 emitido por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 24 de Julio de 2025, dentro
del medio de control 85001-33-33-005-2025-00027-00 , por encontrarse tales
decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito
ejecutivo al pagare 4114127 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al
expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena
a este tipo de contratos de régimen civil, y tener por no aportado el original del
pagare, pese a que fue adjuntado con la demanda presentada el 01 de
febrero de 2016 ante el Juzgado Segundo Civil Municipal, y por ende, que obra
en el expediente físico que reposa en el citado despacho; así como por defecto
sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de
precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo
de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir
de la notificación del fallo de tutela, rehacer las actuaciones procesales
censuradas, para que en su lugar el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante
en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE y en contra de los demandados ERMIDES GONZALEZ RIOS Y
ADIELA MARULANDA CAÑAS, dentro del proceso ejecutivo 85001-33-33-005-
2025-00027-00 y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.

Subsidiariamente, en caso que el Honorable Consejo de Estado, estime que la
causa judicial debe mantenerse en conocimiento del Juzgado Segundo Civil
Municipal de Yopal, al haberse tramitado en ese despacho el proceso al punto
de haber emitido la orden de seguir adelante con la ejecución y aprobar las
respectivas liquidaciones, se ordene a los accionados JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48
horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las
actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, mantenga mandamiento de pago y
medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y remita el
proceso al JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL, a efectos que el citado
despacho mantenga el mandamiento de pago, la orden de seguir adelante en
la ejecución y las medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, siga conociendo del proceso, y lo adelante hasta su terminación.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo
autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas
que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El Instituto Financiero de Casanare (IFC) presentó demanda
ejecutiva en contra de Ermides González Ríos y Adíela Marulanda Cañas,
con la pretensión de que se librara mandamiento de pago por la suma de
$12.476.577, correspondiente al saldo del capital adeudado representado
en el pagaré No. 4114127, más los intereses corrientes por el periodo
comprendido entre el 24 de marzo de 2014 y el 23 de abril de 2014, así como
los intereses moratorios causados desde el 24 de abril de 2014 y hasta el
pago total de la obligación.

5. 2) El Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal, mediante Auto de 12 de
septiembre de 2016, libró mandamiento de pago.

6. 3) El 10 de julio 2017, el Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal a) siguió
adelante con la ejecución, b) ordenó el remate y avaluó de los bienes
embargados y de los que posteriormente se embargaran, c) practicó la
liquidación de crédito y d) condenó en costas a la parte ejecutada.

7. 4) El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado 2 Civil Municipal de Yopal
declaró la falta de competencia por jurisdicción y, en consecuencia, la
nulidad de todo lo actuado desde la orden de seguir adelante con la
ejecución. En ese medida, remitió el proceso a los Juzgados Administrativos,
correspondiendo, por reparto efectuado el 20 de enero de 2025, al Juzgado
5 Administrativo de Yopal.

8. 5) El 1 de abril de 2025, el Juzgado 5 Administrativo de Yopal4 se
abstuvo de continuar con la ejecución solicitada por la entidad ejecutante
en contra de Emines González Ríos y Adíela Marulanda Cañas, al no haberse
constituido en debida forma el título ejecutivo; toda vez que el IFC, al ser
una entidad descentralizada del nivel departamental, estaba sometida al
régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado. En
ese sentido, debía cumplir con las solemnidades dispuestas en la Ley 80 de
1993 para la celebración de contratos, siendo el caso de estudio, un
contrato estatal objeto de un título ejecutivo complejo. Por tal motivo, dado
que la entidad ejecutante no aportó el contrato, sino que únicamente

4 Índice 7 en el aplicativo SAMAI, proceso de Primera Instancia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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allegó el pagaré y la carta de instrucciones, no se evidenció que existiera
una obligación clara, expresa y exigible. Además, advierte que aportar el
pagaré en copia simple y no en copia auténtica u original incumple con el
requisito formal que analizó el Consejo de Estado en Sentencia de
Unificación de 28 de agosto de 20135; en consecuencia, concluyó que no
era posible continuar con la ejecución de la obligación y declaró terminado
el proceso.

9. 6) La parte actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación6 contra la decisión anterior, en el escrito alegó que el asunto bajo
estudio se rige por la normatividad civil por lo que se está bajo un título
ejecutivo simple y no complejo, toda vez que la obligación provenía de un
mutuo con intereses, respaldado en un pagaré y una carta de instrucciones
con soporte mercantil, por lo que estimó acreditada una obligación clara,
expresa y exigible. Añadió que, el pagaré y su carta constituían plena
prueba y daban cuenta de una obligación simple, de manera que exigir
documentos adicionales a los allegados constituye una obstaculización al
acceso a la administración de justicia, pues anteriormente un juez ya había
estudiado la legalidad y debida constitución del título valor ejecutivo en
donde se determinó que cumplía los requisitos.

10. 7) El 21 de mayo de 2025, el Juzgado 5 Administrativo de Yopal7
decidió no reponer la decisión de abstenerse de continuar con la ejecución
y, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Reiteró que la
decisión de no continuar con la ejecución recae en las solemnidades del
contrato estatal y, por tanto, del título ejecutivo complejo. Además,
manifiesta que en el recurso no se desvirtuaron las razones del despacho
para tomar la decisión ni se aportó el titulo constituido en debida forma,
precisó que si bien se libró mandamiento de pago en la jurisdicción
ordinaria, dada la fata de competencia se debía de analizar nuevamente
los documentos del plenario para determinar la existencia del título base de
ejecución, puesto que, en la jurisdicción contencioso administrativa difieren
los requisitos del título y los documentos que lo constituyen.

11. 8) El 24 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Casanare
confirmó el Auto de 1 de abril de 2025, reiteró que conforme con el numeral
6 del artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativa
conocía de procesos ejecutivos, entre otros, cuando se originaban en
contratos celebrados por entidades públicas, y que, según el artículo 297 y
el artículo 422 del CGP, debía verificarse que los documentos aportados
conformaran un título ejecutivo claro, expreso y exigible. En esa medida,

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, radicado No. 05001-23-31-000-1996-

00659-01 (25022).
6 Índice 11 en el aplicativo SAMAI, proceso de Primera Instancia.
7 Índice 13 en el aplicativo SAMAI, proceso de primera instancia.

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Decisión: Confirma
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precisó que el pagaré y la carta de instrucciones podían respaldar
obligaciones derivadas de un contrato, pero que dada la naturaleza del IFC,
como entidad sometida al Estatuto General de Contratación, el negocio
subyacente debía constar por escrito y aportarse para integrar
debidamente el título ejecutivo, pues solo así era posible acreditar la
existencia del mutuo, sus condiciones, la identidad de las partes y la
oponibilidad de excepciones; sin embargo, como en el expediente
únicamente se allegaron el pagaré y la carta de instrucciones en copia
simple, sin el contrato, el Tribunal concluyó que no se había conformado el
título ejecutivo complejo exigible, el cual es un presupuesto sine qua non y,
por ello, mantuvo la negativa de seguir adelante con la ejecución.

12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
decisiones judiciales de primera y segunda instancia incurrieron en defecto
fáctico, defecto sustantivo, defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, y desconocimiento del precedente judicial, al abstenerse de
seguir adelante con la ejecución, sin tener en cuenta la naturaleza
consensual del contrato de mutuo en el régimen de derecho privado
aplicable a la entidad como empresa industrial y comercial del Estado -
E.I.C.E-, la autonomía del pagaré como título valor y lo dispuesto por la Corte
Constitucional en el Auto A-2014/24.

13. Argumentó que el cambio de jurisdicción de lo civil a lo contencioso
administrativo no podía alterar la naturaleza del derecho sustancial, ni
imponer requisitos adicionales a los títulos valores que la ley comercial no
contemplaba. Afirmó que la postura de los jueces desconocía el régimen
de derecho privado aplicable a las empresas industriales y comerciales del
Estado (EICE), en las cuales el contrato de mutuo es consensual y se
perfecciona con la entrega del dinero, sin requerir la solemnidad del escrito
exigida por el Estatuto de Contratación Estatal. Sumado a ello, alegó un
desconocimiento de la exigibilidad del título valor contenida en el artículo
619 del Código de Comercio y una indebida valoración probatoria al
restarle mérito ejecutivo al pagaré.

14. Sostuvo además que lo decidido vulneraba los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, al invalidar actuaciones y títulos que durante
décadas fueron aceptados como idóneos por la jurisdicción ordinaria, y,
además, contrariaban lo dispuesto en el artículo 229 constitucional, ya que
los operadores judiciales, bajo un excesivo ritual manifiesto, exigieron un
contrato de mutuo elevado a escrito para configurar un título ejecutivo
complejo.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
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1.2. Sentencia de primera instancia8 e impugnación

15. Mediante Sentencia de 27 de noviembre de 2025, la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
acreditarse el requisito de relevancia constitucional. Para ello, señaló que la
parte actora reiteró los mismos argumentos planteados en el proceso
ejecutivo, en particular, la inconformidad frente a la decisión de abstenerse
en seguir adelante con la ejecución por la falta de un título ejecutivo
complejo y la exigencia de aportar el contrato estatal, cuestión que ya
había sido objeto de análisis y decisión por los jueces naturales de la causa.

16. En consecuencia, consideró que la tutela estaba siendo utilizada
como una instancia o recurso adicional para reabrir un debate de carácter
legal y de contenido estrictamente económico, cuyo fin último era obtener
el pago de la obligación dineraria. Frente a la alegada vulneración de
derechos, la Sección precisó que la entidad accionante no justificó
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales ni acreditó que el caso tuviera la entidad de determinar el
alcance de un derecho constitucional, por lo que cualquier intervención del
juez de tutela en tales asuntos de mera legalidad desbordaría sus
competencias y afectaría el principio de independencia del juez natural.

17. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación. Sostuvo que el caso sí revestía trascendencia constitucional,
al involucrar la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso
y acceso efectivo a la administración de justicia, derivada de decisiones
judiciales que, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente judicial vinculante sobre la validez del pagaré como título
ejecutivo autónomo, sin necesidad de contrato de mutuo escrito. Alegó que
el debate no se limitaba a una controversia legal o de contenido
económico, sino que implicaba una afectación sustancial a sus derechos,
toda vez que la exigencia de solemnidades no previstas en la ley para
contratos consensuales regidos por el derecho privado hacía imposible el
recaudo de cartera pública y conllevaba una denegación sistemática de
justicia. Asimismo, manifestó que la tutela no se promovía como una tercera
instancia, sino como un mecanismo de protección ante la postura de los
jueces administrativos de imponer requisitos irrazonables que desconocían
la naturaleza jurídica de la entidad (E.I.C.E.), la autonomía de los títulos
valores y el principio de perpetuatio jurisdictiones.

8 Mediante Auto de 20 de octubre de 2025, el despacho ponente de la Sección Primera dispuso: (1) admitir la

acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero de Casanare; (2) tener como accionados al el Juzgado
Quinto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare; (3) negar la medida provisional solicitada
por la parte actora y, (4) vincular al trámite a los señores Ermides González Ríos y Adíela Marulanda Cañas, como
tercero con interés en el resultado del proceso.

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Decisión: Confirma
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1 Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

18. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 24 de
julio de 2025, pues, aunque también se enjuició la decisión adoptada en
primera instancia por el Juzgado 5 Administrativo de Yopal, el 1 de abril de
2025, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, fue la decisión
del tribunal la que resolvió en definitiva la controversia. Aunado a ello, en
caso de un eventual fallo favorable, aquel sería la autoridad judicial
competente para cumplir lo que se ordene en sede de tutela.

2.2. Fijación de la controversia

19. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
cumple con el requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo,
deberá determinar, luego de verificar los demás requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el
Tribunal Administrativo de Casanare, con la providencia de 24 de julio de
2025, incurrió en los defectos alegados al abstenerse de seguir adelante con
la ejecución por la exigencia de un contrato de mutuo por escrito para
conformar un título ejecutivo complejo. Como consecuencia de lo anterior,
se confirmará, modificará o revocará la decisión de primer grado.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:

21. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a

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Decisión: Confirma
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asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.

22. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto10; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario11 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

23. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202313, estableció
que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres criterios: (1) no
tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2) perseguir la
protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates concluidos.

24. Bajo este entendido, la Sala, al igual que el juez de tutela de primera
instancia, considera que en el presente caso no se acreditó el requisito de
relevancia constitucional, ya que la parte actora reiteró en esta acción los
mismos fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en el recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación14 contra la providencia de 1de abril

9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
13 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
14 “Siguiendo entonces la línea de argumentación expuesta por la Corte Constitucional, sobre que cualquier

contrato celebrado por una entidad del Estado, es un contrato estatal, entonces resulta que un contrato de mutuo
con intereses, que explícitamente tiene un régimen en la normatividad civil, específicamente en el Código Civil y
respaldado con un pagare y una carta de instrucciones que tiene soporte en el Código de Comercio, también es
contrato estatal, no obstante, la jurisdicción contenciosa administrativa tradicionalmente únicamente ha juzgado
las controversias contractuales del Estado entendiendo como ellas, las provenientes de la ley 80 de 1993, o las
provenientes de una sentencia o de un acto administrativo; no de pagares provenientes de contratos de mutuo
con intereses, sin embargo, ello según ha determinado la Corte Constitucional corresponde a su conocimiento, y
por ende es la jurisdicción Contenciosa administrativa la competente para conocer de los procesos que de su
cobro se originan.
(…)
En este orden de ideas, de conformidad con los artículos 85 de la Ley 489 de 1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007, la
entidad que represento desarrolla la actividad crediticia en competencia con el sector privado, para efectos
contractuales se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esa actividad económica o
comercial.
(…)
Dentro del proceso adelantado en contra de la demandada, en la demanda se señaló el tipo de empresa que
es el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, señalándose que se trata de una entidad descentralizada del nivel
departamental que está sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado; y cuál

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de 202515. Concretamente, que el pagaré constituía un título valor
autónomo que contenía una obligación clara, expresa y exigible sin
necesidad de aportar un contrato de mutuo por escrito, dada la naturaleza
consensual de este negocio jurídico y el régimen de derecho privado
aplicable a la entidad, y que no podía desconocerse el precedente del
Auto A-2014/24 de la Corte Constitucional al respecto, máxime cuando el
titulo valor ya había sido aceptado como legitimo en la jurisdicción
ordinaria. Estos planteamientos fueron estudiados por el Tribunal
Administrativo de Casanare, el cual se pronunció de la siguiente manera (se
trascribe):

“Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el
que deben quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del
mutuario y que teniendo la contratante la calidad de entidad pública, por
disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar el mandamiento de
pago, se requiere el título ejecutivo integrado no solo por el pagaré sino por el
contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de Casanare debe expresar
su consentimiento en los términos del contrato

No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor, su
carta de instrucciones a favor del IFC, así como el estado de cuenta del crédito,
pero dichos documentos no corresponden al contrato de muto y del clausulado
de estos no se desprende su existencia, ni los términos y condiciones en las que
se obligan cada una de las partes, razón por la cual para la conformación del
título ejecutivo se requiere el contrato de mutuo.

Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando que,
el Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica de
carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489 de 1998; por
ende, los contrato que celebre para el desarrollo de su objeto se sujetan a las
disposiciones del Estatuto General de la Contratación de las entidades
estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93 ibidem, es decir, que los contratos
deben constar por escrito en aplicación a dispuesto en el artículo 39 de la Ley
80 de 1993, justamente porque el negocio jurídico subyacente al título ejecutivo
que pretende ejecutarse es un contrato estatal se requiere prueba de su
existencia, pues estamos en el escenario de un proceso ejecutivo en sede de
la jurisdicción contencioso administrativa.

Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez
administrativo examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten mérito
ejecutivo, es decir que el título sea claro, expreso y exigible y aquí, se reitera, la
fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo que no fue
aportado; claro, las entidades estatales pueden ejecutar las obligaciones
contractuales a su favor, pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos
para ello. En el presente caso si bien el pagaré respalda las obligaciones
derivadas de un contrato celebrado por una entidad con carácter de estatal,
se debe verificar la existencia de este último con el propósito de comprobar
que las partes del pagaré sean las mismas del contrato de mutuo y que las
excepciones sean oponibles en el proceso ejecutivo.

es el origen del título valor - pagaré, aportado a la demanda de tal forma que ya está claro que el titulo ejecutivo
se derivó de un contrato regido por las reglas del derecho privado, y por ende no debíamos aportar ningún
contrato adicional, conforme lo está solicitando su despacho y adicionalmente es claro que no estamos ante un
contrato complejo, razón por la cual no se puede anexar documentación diferente a la aportada.” Recurso en el
proceso ejecutivo radicado No. 85001-33-33-005-2025-00027-00.
15 Ver párrafo 9 y 10 de la presente providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

Lo anterior porque, aplicando el criterio orgánico corresponde a la jurisdicción
contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos
en los que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen
contratos estatales. Por ello, se requiere demostrar la causa subyacente del
origen público de los recursos y tal como se indicó no se allega el contrato
fuente de la obligación, así las cosas, no se configura el título ejecutivo complejo
que determine el origen público de los recursos que pretende ejecutar.

En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción
contenciosa administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que no
fue aportado. Tal como lo explica el Consejo de Estado en la citada sentencia
5 de octubre de 2020, para conformación del título ejecutivo complejo se
requiere aportar todos los documentos que lo integran, entre ellos el respectivo
contrato con el que se acredite las condiciones allí pactadas para recibir los
pagos. Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta con el contrato
de mutuo no resulta posible determinar la constitución de aquel.

En este punto se advierte que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado
puede acudir al proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación
contenida en un pagaré, esto no ocurre en la jurisdicción contenciosa
administrativa, pues se reitera, conoce de los procesos ejecutivos derivados de
contratos en los que sea parte una entidad pública, los cuales por regla general
corresponden a un título ejecutivo complejo, presupuesto que no se cumple en
el sub examine y por ende los cargos de apelación carecen de vocación de
prosperidad.”

25. Esta identidad argumentativa, como en casos anteriores16, revela que
el objeto de la presente acción es reabrir el debate que ya había sido
resuelto por el juez natural, quien determinó que no era procedente librar
mandamiento de pago con base únicamente en el pagaré, tras concluir
que se requería la conformación de un título ejecutivo complejo integrado
por el contrato escrito de mutuo estatal, conforme con la Ley 80 de 1993,
desestimando así la tesis sobre la suficiencia del título valor autónomo y la
naturaleza consensual del negocio jurídico regido por el derecho privado.
Así, la inconformidad de la actora obedece a una diferencia interpretativa
frente al tratamiento jurídico que recibió su caso, lo cual permite concluir
que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

26. La Sala recuerda que las diferencias interpretativas que existieren
entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional17.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias de tutela de 9 de diciembre de 2025, radicado

No. 11001-03-15-05830-00 y 28 de enero de 2026, radicados No. 11001-03-15-000-2025-05581-01 y 11001-03-15-000-
05231-00 en las que la parte accionante fue, igualmente, el Instituto Financiero de Casanare.
17 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06405-01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

2.4. Conclusión

27. La Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia,
mediante cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 27 de noviembre de 2025, proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la tutela presentada por el Instituto Financiero de Casanare,
en los términos y por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

18 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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