Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07352-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07352-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07352-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: ÁLVARO ENRIQUE VALDERRAMA PARRA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Confima el fallo
impugnado que declaró improcedente el mecanismo por no cumplir con el
requisito general de relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
12 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Álvaro Enrique Valderrama Parra solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y propiedad privada en conexidad con los principios de seguridad jurídica,
reserva de ley y equidad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 31 de
julio de 2024 y 22 de mayo de 2025, proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 85001-33-33-002-2020-00016-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, profirió la Resolución
núm. RDO-2018-03077 de 31 de agosto de 2018 “[…] Por medio de la cual se
profiere liquidación oficial por omisión en la afiliación y/o vinculación al Sistema de
Seguridad Social Integral -SSSI- y se sanciona por no declarar por conducta de
omisión […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
2.2. Sostuvoque la UGPP expidió la Resolución RDC-2019-01784 de 18 de
septiembre de 2019 “[…] Por medio de la cual se resuelve el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Resolución No. RDO-2018-03077 del 31 de
agosto de 2018 […]”, que dispuso modificar los valores determinados en la
Liquidación Oficial RDO-2018-03077 de 31 de agosto de 2018.
2.3. Expuso que presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación núm. 85001-33-33-002-2020-00016-00/01 contra la UGPP,
con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones números RDO-2018-
03077 de 31 de agosto de 2018 y RDC-2019-01784 de 18 de septiembre de 2019.
2.4. Explicóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Yopal, autoridad judicial que, mediante sentencia de
31 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo de Casanare, a través de sentencia de 22 de mayo de 2025, confirmó
lo resuelto en primera instancia.
2.6. Afirmó que las sentencias previamente referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y propiedad privada por haber incurrido en los defectos fáctico y
sustantivo, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación
directa de la constitución.
2.7. Argumentó que “[…] ambos fallos se limitan a la aplicación sistemática de la
norma, sin evidenciar ninguna contradicción entre ellas. En este caso, además de
desconocer que estaba en una posición desfavorable gracias a la falta de una
reglamentación completa o determinación suficiente de un esquema de presunción
de costos o ingresos que me permitiera calcular mi IBC, los accionados no se
tomaron el tiempo para valorar la evolución normativa, bajo la cual, los trabajadores
independientes sin contrato de prestación de servicios fuimos obligados a
imposibles y así mismo, a cambios en la manera en que debíamos cotizar […]”.
2.8. Precisó que las autoridades judiciales fundamentaron sus decisiones en “[…]
normas generales que no tocan con rigurosidad y detalle la situación de los
trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, y son enfáticas
al señalar que el Decreto 510 de 2003 era regla suficiente para darle fin al asunto
[…]” y que “[…] la aplicación del artículo 1 del Decreto 510 de 2003 fue indebida,
pues para la fecha de los hechos, tal norma no se encontraba vigente, pues era
imposible que coexistiera dentro del ordenamiento jurídico junto con el artículo
primero del Decreto 3085 de 2007, el cual mencionaba la aplicación de un esquema
de presunción de ingresos. […]”.
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Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
2.9. Refirió que “[…] incluso el Consejo de Estado reconoce el hecho de que, de no
tener ingreso, no hay obligación de pagar aporte por la mensualidad en donde se
reportaron pérdidas […]”; además, agregó que “[…] en situaciones similares en
donde los trabajadores independientes han incurrido en error por la ausencia de
legislación precisa en la materia, el Consejo de Estado ha reconocido la ausencia
de claridad normativa frente al trabajador independiente, y por ello ha aplicado la
regla de exculpación frente a las sanciones impuestas […]”. [negrilla del texto].
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. Sírvase señor Juez Constitucional, amparar los derechos
vulnerados al debido proceso, propiedad privada e igualdad, en conexidad
con el principio de confianza legítima, así como cualquier otro derecho que
encuentre vulnerado mediante la subsistencia de los fallos del treinta y uno
(31) de julio de 2024 (Juzgado 04 Administrativo de Yopal) y del veintidós (22)
de mayo de 2025 (Tribunal Administrativo de Casanare).
SEGUNDA. En consecuencia, solicito se DEJEN SIN EFECTO las sentencias
proferidas por el Juzgado 04 Administrativo de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, por haberse incurrido en defectos facticos (sic) y
sustantivos derivados en la omisión de las situaciones concretas del caso, el
desconocimiento y aplicación errónea de la normatividad; así mismo, por la
vulneración al derecho de igualdad y principios de confianza legítima y
equidad tributaria.
TERCERA: Ordenar a los jueces accionados que, en el término perentorio
que se señale, profieran una nueva providencia debidamente motivada, en la
cual se realice: a) la observancia de la ausencia normativa que determinara
el IBC para el año 2014 y que, por tanto, me exoneraba de los valores en
aportes impuestos. b) Una valoración integral y objetiva de las pruebas
obrantes en el expediente, incluyendo la que demuestra los periodos cuyo
resultado dio perdida (sic) contable razón por la cual no debí cotizar a
seguridad social. c) El reconocimiento de la exoneración de la sanción por
exculpación en línea con la jurisprudencia del Consejo de Estado.]”. [Negrilla
del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 24 de noviembre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en
calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
5.1. El Tribunal Administrativo de Casanare señaló que la providencia de 22 de
mayo de 2025 no vulneró los derechos fundamentales invocados, no incurrió en un
defecto fáctico ni desconoció el precedente judicial y que la acción de tutela resulta
improcedente por cuanto el accionante pretende una tercera instancia.
5.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal indicó que la acción
de tutela es improcedente al no cumplirse con el requisito de la relevancia
constitucional, en la medida en que la solicitud de amparo el accionante argumenta
el “[…] mismo alegato que persiguió en los cargos en sede ordinaria judicial, los
cuales fueron estudiados, analizados y evacuados en forma razonada y
argumentada tanto por la primera como por la segunda instancia […]”.
5.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP manifestó que el accionante no
demostró que las providencias cuestionadas incurrieran en un defecto fáctico o
sustantivo y sostuvo que “[…] el asunto objeto de discusión hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 12 de diciembre de 2025, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, al considerar que “[…]
la discusión planteada en la demanda de tutela ya fue resuelta por la autoridad
judicial competente, la cual explicó, de manera suficiente y razonable que las
razones por las cuales confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento
en que el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra tenía el deber de cotizar para
salud y pensión para el año 2014 y la existencia de una normativa de la cual se
deriva el IBC que se debía tener en cuenta para el efecto, según las normas
analizadas […]”.
7. El juez de primera instancia señaló que en el accionante se limitó a “[…] reiterar
los argumentos expuestos dentro del proceso contencioso administrativo, sin que
lograse con ello sustentar que las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare adolecían de un
defecto factico, que constituyera una vía de hecho o que implicaran una violación
flagrante a los derechos fundamentales alegados en la acción de tutela […]”.
8. Finalmente, concluyó que las providencias cuestionadas a través de la acción de
tutela “[…] se encuentran debidamente argumentadas y sustentadas a partir, entre
otras normas, del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el cual dispone que para el
caso de trabajadores independientes el IBC no podrá ser inferior al salario mínimo
y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el
afiliado […]”.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia al considerar que el
asunto tiene relevancia constitucional, para lo cual reiteró las pretensiones del
escrito de tutela y argumentó que:
“[…] La causal de revisión resulta palmaria ante la prueba documental irrefutable
que acredita: (i) el pago voluntario y oportuno de aportes de seguridad social
durante todo el año 2014, incluso en nueve meses con pérdida contable
donde legalmente no existía obligación de cotizar; (ii) la ausencia normativa
del Ingreso Base de Cotización (IBC) para trabajadores independientes sin
contrato de prestación de servicios; y (iii) el desconocimiento sistemático de la
jurisprudencia unificada de la Sección Cuarta de esta Corporación.
[…]
Esta afirmación no es mera retórica; está avalada por prueba documental
numérica irrefutable contenida en las doce planillas integradas de liquidación
de aportes para 2014, adjuntas al recurso de reconsideración del 2 de noviembre
de 2018, que demuestran pérdida contable en nueve meses, pero pagos
efectuados al 100%.
Esta contabilidad no es interpretación subjetiva, es una prueba documental
determinante que la sentencia de tutela omitiendo la valoración integral de las
doce planillas integradas de 2014 que acreditan pagos efectuados en todos los
meses, incluyendo nueve con pérdida contable donde la jurisprudencia ya citada
excluye toda obligación de cotizar configurando defecto fáctico por no considerar
pruebas con incidencia directa en el sentido de la decisión […]” [negrilla del
texto].
10. Adujo que la decisión de primera instancia “[…] incurrió en una falla al aplicar
erróneamente normas sobre presunción de capacidad de pago sin distinguir este
precedente vinculante. La obligación de cotizar surge de ingresos efectivamente
percibidos, no de mera declaración de renta anual, y menos aún en meses con
resultado contable negativo […]” y que “[…] contradice el artículo 19 de la Ley 100
de 1993 […]”.
11. Sostuvo que para el año 2014 “[…] no existía norma expresa que fijara el IBC
para independientes sin contrato de prestación de servicios, pues el artículo 18 de
la Ley 1122 de 2007 ordenaba su reglamentación pendiente hasta 2022, dejando
un vacío normativo que vulnera el principio de legalidad tributaria […]”.
12. Por último, señaló que “[…] la propia sentencia de tutela demuestra que el debate
nunca fue de mera conveniencia económica, sino de debido proceso constitucional:
al declarar la improcedencia por ausencia de relevancia, el fallo terminó legitimando
una situación en la que un contribuyente que pagó aportes incluso en meses de
pérdida es tratado, paradójicamente, como omisor, pese a que existía un vacío
normativo en la definición del IBC y una línea jurisprudencial consolidada que
excluía la obligación de cotizar en esos periodos; ese divorcio entre los hechos
acreditados en el expediente, la normatividad aplicable y el precedente del propio
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Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
Consejo de Estado es precisamente lo que justifica que la Sala Plena, en sede de
revisión extraordinaria, revoque la decisión y restablezca la vigencia efectiva de los
principios de legalidad, confianza legítima y capacidad contributiva […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
14. El accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las
providencias de 31 de julio de 2024 y 22 de mayo de 2025, proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia
de 22 de mayo de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal, vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que
finiquitó la litis.
15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
16. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
7
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
8
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
24. El señor Álvaro Enrique Valderrama Parra solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y propiedad privada en conexidad con los principios de seguridad jurídica,
reserva de ley y equidad, cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 31 de
julio de 2024 y 22 de mayo de 2025, proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 85001-33-33-002-2020-00016-00/01.
25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
26. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones13.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
27. En las acciones de tutela contra providencias judiciales14 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces15.
28. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
29. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
30. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
31. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
18 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses
Mosquera; 22 de marzo de 2023.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01,
C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
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Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
32. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y propiedad privada en conexidad con los principios de seguridad
jurídica, reserva de ley y equidad, por haber incurrido en los defectos fáctico y
sustantivo, en desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación
directa de la constitución.
33. Manifestó que “[…] ambos fallos se limitan a la aplicación sistemática de la
norma, sin evidenciar ninguna contradicción entre ellas. En este caso, además de
desconocer que estaba en una posición desfavorable gracias a la falta de una
reglamentación completa o determinación suficiente de un esquema de presunción
de costos o ingresos que me permitiera calcular mi IBC, los accionados no se
tomaron el tiempo para valorar la evolución normativa, bajo la cual, los trabajadores
independientes sin contrato de prestación de servicios fuimos obligados a
imposibles y así mismo, a cambios en la manera en que debíamos cotizar […]”.
34. A su vez precisó que las autoridades judiciales fundamentaron sus decisiones en
“[…] normas generales que no tocan con rigurosidad y detalle la situación de los
trabajadores independientes sin contrato de prestación de servicios, y son enfáticas
al señalar que el Decreto 510 de 2003 era regla suficiente para darle fin al asunto
[…]” y que “[…] la aplicación del artículo 1 del Decreto 510 de 2003 fue indebida,
pues para la fecha de los hechos, tal norma no se encontraba vigente, pues era
imposible que coexistiera dentro del ordenamiento jurídico junto con el artículo
primero del Decreto 3085 de 2007, el cual mencionaba la aplicación de un esquema
de presunción de ingresos. […]”.
35. Expuso que “[…] incluso el Consejo de Estado reconoce el hecho de que, de no
tener ingreso, no hay obligación de pagar aporte por la mensualidad en donde se
reportaron pérdidas […]”; además, agregó que “[…] en situaciones similares en
donde los trabajadores independientes han incurrido en error por la ausencia de
legislación precisa en la materia, el Consejo de Estado ha reconocido la ausencia
de claridad normativa frente al trabajador independiente, y por ello ha aplicado la
regla de exculpación frente a las sanciones impuestas […]” [negrilla del texto].
36. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.
Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
37. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
38. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Casanare en la providencia de 22 de
mayo de 2025, en los siguientes términos:
“[…] Ahora bien, la parte recurrente aduce que no existía base gravable para
los independientes por cuenta propia y por ende la UGPP no podía establecer
tal elemento.
En lo que atañe al anterior argumento, la Sala advierte que el Decreto 510 del
2003, por medio del cual se reglamentaron algunos artículos de la Ley 797 de
2003, en el parágrafo del artículo 1o establece que por ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado, se entienden aquellos que él mismo recibe para su
beneficio personal y para este efecto, pueden deducirse las sumas que el
afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las
mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario. En
cuanto a la base de cotización, en el artículo 3o preceptúa que será como
mínimo, en todos los casos, un (1) SMLMV y máximo de 25 SMLMV, límite
que resulta aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud. Así mismo,
según el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, se presume la capacidad de pago
e ingresos de las personas naturales declarantes de impuestos.
En tal sentido, se considera que el IBC deberá corresponder a los ingresos
percibidos producto de su actividad económica y que fueron reportados a la
DIAN para el año gravable 2014, pues el artículo 19 de la Ley 100 de 1993
ordena que los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato
de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos,
cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien,
guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.
Analizada la Resolución No. RDO-2018-03077 de 31 de agosto de 2018, en
que la UGPP profirió liquidación oficial, se evidencia que la entidad estableció
los aportes a partir del valor reportado ante la DIAN, esto es, la suma de
$2.540.026.000, es decir que el señor Álvaro Enrique Valderrama Parra
contaba con capacidad de pago y por ende le asistía la obligación de
cotización al régimen contributivo en salud. Por lo anterior, no resultaba
procedente determinar la base gravable sobre un salario mínimo como lo
aduce la parte actora, ya que la base de cotización debía corresponder a los
ingresos percibidos como lo determinó en sede administrativa la UGPP […].
Según la parte apelante, la UGPP no tuvo en cuenta que, el demandante en
algunos meses en su actividad comercial obtenía ganancias y en otras
pérdidas, por ende, no tuvo capacidad de pago y, sin embargo, se le
impusieron aportes incluso en esos períodos, lo que considera injusto y
contrario al principio de equidad tributaria y que, por tal razón, solicita que los
aportes solo se calculen para los meses con utilidad.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-07352-01
Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
El Tribunal precisa que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGGP es
la entidad competente para vigilar la correcta determinación de los aportes
por parte de las personas naturales o jurídicas obligadas a liquidar la
seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de
compensación, SENA e ICBF. Ello en los términos del artículo 156 de la Ley
1151 de 2007, pues tiene a su cargo, entre otras, la determinación de la
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la Protección Social.
Así, conforme las facultades conferidas por la Ley, la entidad está autorizada
para verificar, aceptar o no, valores que hacen parte del Ingreso Base de
Cotización, puesto que, para el caso de aportes al Sistema de Protección
Social, aquel corresponde a todos los ingresos que el trabajador cotizante en
cualquiera de sus modalidades reciba como contraprestación de su actividad
laboral o independiente.
[…]
Según la norma en cita, los costos con los que se pretendan aminorar los
ingresos base de liquidación de los aportes deben tener directa relación de
necesidad y proporcionalidad con la actividad económica del aportante. En tal
sentido, es claro que la actora debía acreditar ante la UGPP los gastos y
costos debidamente soportados que considerara y que cumplieran los
presupuestos sustanciales definidos por el legislador en el artículo 107 del
E.T. Lo anterior si se si se tiene en cuenta que la UGPP tiene como función
solicitar información a otras entidades y adelantar las investigaciones que
estime convenientes para establecer la existencia de hechos que generen
obligaciones frente a las contribuciones y, por ende está facultada para
establecer la naturaleza de los costos y deducciones pues, precisamente,
este es el cumplimiento del artículo 107 del Estatuto Tributario estrechamente
relacionado con la base gravable de las cotizaciones al sistema de seguridad
social en salud.
En lo que respecta a la sanción impuesta en los actos acusados, la Sala
evidencia que esta es procedente de conformidad con el artículo 314 de la
Ley 1819 de 2016, porque la actora no emitió pronunciamiento dentro del
término de respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir y por ende la
sanción equivale al 10% del valor dejado de liquidar y el valor por cada mes
de retardo sin exceder el 200%, según se indicó en los actos demandados,
pues en la liquidación se determinó que el valor de los aportes ascendía a
veintiocho millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos pesos m/cte
($28.355.300), es decir, que el 200% correspondía a cincuenta y seis millones
setecientos diez mil seiscientos pesos M/CTE ($56.710.600) que coinciden
con la suma impuesta; así se observa en la liquidación oficial emitida por la
UGPP.
Se precisa, que en la Resolución No. RDC 2019-01784 de 18 de septiembre
de 2019 que resolvió el recurso de reconsideración se ajustó el valor de los
aportes en la suma de $11.480.000 y la sanción en la suma de $22.960.000.
En tal sentido, el cargo no prospera ya que contrario a lo dicho por la actora
la sanción resultaba procedente al incurrir en la conducta tipificada en la Ley.
Ahora bien, la UGPP a través de Resolución No. RDO-2020-M-05626 de 13
de noviembre de 2020, revocó parcialmente la liquidación oficial de 31 de
agosto de 2018 con el fin de aplicar la presunción de costos establecida por
la Ley 1955 de 2019 para los trabajadores por cuenta propia y atendiendo a
que la actora demostró que sus ingresos fueron percibidos por las actividades
de crianza de ganado y agricultura computó el 73,90 % de costos sobre el
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Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
valor mensual liquidado, esto es, $207.786.307 arrojando como resultado la
suma de $153.554.081, cifra que deducida del anterior corresponde a
$54.232.226 por concepto del ingreso depurado mensual20 para un total de
$11.480.000 de aportes dejados de declarar y una sanción correspondiente
al $22.960.000. No obstante, una vez considerados los pagos realizados por
concepto de aportes y de sanciones, el demandante adeuda, a esa fecha, la
suma de $9.238.900 por dicho concepto.
Lo anterior, no desvirtúa la legalidad de las actuaciones adelantadas por la
UGPP en el proceso de fiscalización y sanción, pues el hoy demandante
estaba obligado a declarar y aportar al sistema de seguridad social en salud
para el año 2014, toda vez que el acto administrativo de revocatoria tan solo
aplicó presunción de costos sobre el IBC lo cual resulta favorable a la
demandante, sin que con ello se concluya que su obligación fuera inexistente
[…]”.
39. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que las decisiones proferidas hubiesen sido arbitrarias o se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
40. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.
41. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.
42. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
20 Al cual se le aplicó el 12,5% por aporte a salud resultando la suma de $1.572.929 que multiplicada por 12 da $18.876.000.
21 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22 Ibid.
23Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021, Exp. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger; 5 de febrero de 2021.
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Accionante: Álvaro Enrique Valderrama Parra
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2025 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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