Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03748-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03748-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03748-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia-
Improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por el Instituto Financiero de Casanare
contra el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del
Casanare.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El Instituto Financiero de Casanare, por conducto de su gerente, interpuso acción de
tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados
por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, con ocasión del auto del 21 de agosto
de 2025, mediante el cual dispuso no seguir adelante con la ejecución y levantar las
medidas cautelares decretadas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal en
providencia del 9 de febrero de 2023; así como por el Tribunal Administrativo de
Casanare que, mediante auto del 4 de diciembre de 2025, confirmó la decisión
adoptada por el referido juzgado administrativo. Las providencias reprochadas fueron
proferidas dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 85001-3333-
001-2025-00142-00/01.
2. Hechos
De conformidad con el escrito de tutela 1 y los documentos allegados al expediente, se
expone la siguiente relación fáctica:
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado CFED45401F340556 15EA7B3E1DDF26D9 3B89FA6D2B80BA97
52CF85174B7BE606.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
2.1. El Instituto Financiero de Casanare -IFC- es una empresa comercial y de gestión
económica del departamento de Casanare que tiene por objeto el fomento del
desarrollo económico y social del departamento, entre otros, mediante la prestación
de servicios financieros, empresariales y de gestión de proyectos. Por tanto, dentro
del giro de sus negocios otorga créditos de fomento y educativos.
2.2. En diciembre de 2022, conforme al pagaré No. 4118417 y su carta de
instrucciones, presentó demanda ejecutiva singular 2 de mínima cuantía ante la
jurisdicción ordinaria contra la señora Fanny Valencia.
2.3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal
bajo el radicado núm. 85001-4003-003-2022-00927-003.
2.4. Mediante auto del 9 de febrero de 2023 4, el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Yopal libró mandamiento de pago contra la señora Fanny Valencia y a favor del IFC.
2.5. El 14 de noviembre de 20245 el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal declaró
su falta de jurisdicción y remitió el asunto a los juzgados administrativos de Yopal -
reparto-. Ello con fundamento en el artículo 104-6 de la Ley 1437 de 2011 y
providencias de la Corte Constitucional en donde dirimió conflictos de jurisdicción.
2.6. En virtud de lo anterior, el asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero
Administrativo de Yopal, bajo el radicado 85001-3333-001-2025-00142-006.
2.7. Mediante auto del 21 de agosto de 20257 el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal avocó conocimiento del asunto, dispuso no seguir adelante con la ejecución y
levantó las medidas cautelares decretadas por el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Yopal. Estimó que no se estaba ante un título ejecutivo debidamente conformado,
pues, a pesar que obraba pagaré junto con la carta de instrucciones para su
diligenciamiento y otros documentos en copia simple, estos no configuraban una
obligación clara, expresa y exigible, puesto que en estos casos se trataba de un título
ejecutivo de carácter complejo, lo que exigía que se aportara el contrato suscrito entre
el IFC y los ejecutados, el cual no se había allegado. Esto además lo fundamentó en
providencias del Tribunal Administrativo de Casanare.
2.8. El IFC formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto de
21 de agosto de 20258. En resumen, sostuvo que el pagaré 4118417 era un título
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9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 4-17.
3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 18.
4
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 19-24.
5 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 26-29.
6 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 30.
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9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 31-35.
8 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 36-41.
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
simple y autónomo, sumado a que el contrato de mutuo que se echaba de menos se
encontraba constituido en el pagaré base de la ejecución. En esta línea, el contrato
en comento estaba regulado por la legislación civil (Código Civil, artículo 2221) que se
perfeccionaba con la tradición.
Por otro lado, referenció el auto 2014 de 2024 de la Corte Constitucional, y señaló que
no era necesario que existiera de por medio un contrato de mutuo. Además, resaltó
que ya se habían surtido etapas ante el juez de la jurisdicción ordinaria, por lo que al
decretarse la falta de competencia se vulneraba el principio de seguridad jurídica. En
consecuencia, debían dejarse incólumes las actuaciones surtidas antes de la
declaratoria de falta de competencia, pues se pondría en riesgo la prosperidad de las
pretensiones y un posible detrimento patrimonial del IFC ante una eventual
prescripción del título.
2.9. En auto de 4 de septiembre de 2025 9, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal
confirmó la decisión inicial y concedió la apelación ante el superior. Señaló, entre
otros, que se estaba ante dineros públicos que requerían el cumplimiento de las
formalidades y garantías que el ordenamiento jurídico impone y, contrario a lo
planteado por la recurrente, el título valor no era contrato estatal, sino una garantía
que por sí sola no era ejecutable ante la jurisdicción contenciosa.
2.10. En auto de 4 de diciembre de 2025 10, el Tribunal Administrativo de Casanare
avocó conocimiento del asunto y confirmó el auto del 21 de agosto de 2025. Esta
providencia cuenta con un salvamento de voto11.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:
La actora formuló las siguientes pretensiones (se transcribe inclusive con errores, el
resaltado es del texto):
“Solicitamos de manera muy respetuosa a los Honorables Magistrados,
obtener a través de su justicia la protección de los derechos fundamentales al
Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de mi representado
Instituto Financiero de Casanare, por defecto sustancial, indebida valoración
probatoria, exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución,
dentro del proceso ejecutivo de radicado 85001-3333-001-2025-00142-00 , en
que incurren el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare, así como otros que sufren la misma
suerte por la misma interpretación.
Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Yopal, en auto de 21 de Agosto de 2025, en la cual se dispuso:
““No seguir adelante la ejecución a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE – IFC y en contra de FANNY VALENCIA, conforme lo expuesto
en la parte motiva (…) Levantar las medidas cautelares decretadas por el
Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, en providencia de 09 de febrero de
9 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 42-46.
10
Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 47-60.
11 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, 60-70.
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2023 (…),”, y la confirmatoria, emitida por el Tribunal Administrativo de
Casanare en providencia de fecha 04 de diciembre de 2025, se desconoce los
derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Ad-ministración
de Justicia del Instituto Financiero de Casanare, en consecuencia solicito
comedidamente:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al
Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 21
de Agosto de 2025 y su confirmatorio, emitido el 04 de diciembre de 2025 por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 85001-
3333001-2025-00142-00
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 21
de Agosto de 2025 emitido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desato la apelación,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 04
de diciembre de 2025, dentro del medio de control 85001-3333 001-2025-
00142-00, por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración
probatoria al restarle mérito ejecutivo al pagaré 4118417 y exceso ritual
manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad
de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos de régimen civil, y tener
por no aportado el original del pagaré, pese a que a la luz del artículo 6 de la
ley 2213 de 2022 “Las demandas se presentarán en forma de mensaje de
datos, lo mismo que todos sus anexos,”; así como por defecto sustancial
dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente
judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos
fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia
del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo
de tutela, se proceda a rehacer las actuaciones procesales censuradas, para
que en su lugar el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE YOPAL, libre mandamiento de pago a favor del INSTITUTO FINANCIERO
DE CASANARE en contra de la demandada FANNY VALENCIA, decrete y
efectivice las medidas cautelares, dentro del proceso ejecutivo 85001-3333-
001-2025-00142-00, adelante el proceso hasta su finalización, y se abstenga
de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis 11 o
se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE, y en los que se desconozca el pagaré como
título ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que
se presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.
QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.
SEXTO. Que por tener interés en las resultas de la presente acción, vincúlese
a la misma a la señora FANNY VALENCIA.”
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3.1. La parte actora elevó los siguientes reproches a las decisiones cuestionadas:
Por un lado, señaló que el artículo 139 del Código General del Proceso dispuso que
la declaración de incompetencia no afectaba la validez de la actuación cumplida hasta
el momento. Además, el Juzgado Primero Administrativo Yopal, había negado la
ejecución del pagaré No. 4118417, pese a que la obligación allí contenida era clara,
expresa y actualmente exigible. Se había requerido un contrato de mutuo, aun cuando
se estaba ante un contrato de derecho privado que no exigía para su existencia dicha
ritualidad. Además, había defendido que las copias simples no constituían una
obligación clara, expresa y exigible, lo que implicaba que el juzgado habilitara un canal
para la entrega o exhibición del título valor original en físico, en atención al medio de
radicación de demandas a partir de la virtualidad.
Añadió que desde la creación de la entidad y hasta agosto de 2024, los procesos se
adelantaban ante la jurisdicción ordinaria, sin que se les hubiera exigido un contrato
de mutuo escrito para configurar un título ejecutivo complejo, puesto que siempre se
había librado mandamiento de pago con el pagaré.
Por otro lado, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Casanare había desconocido
el alcance del artículo 297 del CPACA y los autos 2014 de 2024 y 1455 de 2025, así
como el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 14 de la Ley 1150
de 2007, junto a lo señalado por esta Corporación 12. Aclaró que el contrato de mutuo
que se otorga por el IFC no le aplica la Ley 80 de 1993 y, por ende, tampoco está
sometido a la solemnidad de constar por el escrito (art. 39). El mutuo corresponde a
un contrato regido por el derecho privado que se perfecciona con la entrega de la
cosa, es decir, el desembolso del crédito. También resaltó el contenido del salvamento
de voto formulado.
En concreto, adujo que se habían configurado los siguientes defectos:
3.1.1. Violación directa de la Constitución, ya que se desconocían los derechos
fundamentales de la accionante del debido proceso y acceso a la administración de
justicia. Profundizó en que se estaba ante una interpretación arbitraria que tendía a
desconocer el derecho de acción y jurisdicción, sumado a que el asunto objeto de
debate ya había sido resuelto por la Corte Constitucional en los autos A-2014 de 2024
y 1455 de 2025. Entonces, las autoridades judiciales acusadas consideraban
aisladamente que tenían jurisdicción, pero ignoraban la premisa y ratio de la Corte
que había calificado la idoneidad del título.
La anterior interpretación implicaba: (i) el desconocimiento de la fuerza vinculante de
una providencia del órgano de cierre de los conflictos constitucionales, (ii) la
vulneración de la seguridad jurídica y confianza legítima, puesto que el IFC durante
más de dos décadas procedió con buena fe sin suscribir contrato de mutuo, por estar
acogido al derecho privado en sus operaciones, de manera que el viraje judicial al
asignar la jurisdicción a los jueces administrativos era inoponible a las situaciones
12 Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 15 de mayo de 2018. Rad: 11001-03-06-000-2017-00058-
00(2335). C.P. Álvaro Namen Vargas.
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jurídicas consolidadas antes de producirse la decisión de la Corte; (iii) la configuración
de la privación del acceso efectivo a la administración de justicia (CP, art. 229 y
Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), pues el estudio de fondo se
eludía con base en variaciones sorpresivas de la jurisprudencia. Ello implicaba que el
IFC ya no tuviera posibilidad real de hacer valer sus créditos, ni la potestad coactiva
ante la prescripción.
Por otro lado, indicó que el salvamento de voto emitido realizó un análisis profundo de
las características del título y la posibilidad de ejecutar autónomamente el pagaré en
la jurisdicción contenciosa administrativa. Por tanto, indicó que las autoridades
judiciales acusadas eludían la labor de administrar justicia la cual estaba sometida por
el ordenamiento jurídico. Concretó que la renuncia a adelantar el proceso conllevaba
un grave detrimento patrimonial, manifestado en la exigencia de un documento que
jurídicamente era improcedente y por hacer depender de su existencia física -a pesar
del régimen de la virtualidad- el nacimiento a la vía jurídica de la obligación. Lo anterior
constituía una violación de los artículos 29 y 229 de la Constitución.
3.1.2. Defecto fáctico por existir una interpretación grave de la norma procesal y una
indebida valoración probatoria. Sostuvo que junto con la demanda ejecutiva se había
aportado el pagaré 24418417 y la carta de instrucciones, que contenía una obligación
clara, expresa y exigible. Del mismo modo, el contrato de mutuo se perfeccionaba con
el desembolso del préstamo. Así pues, se equivocaron los despachos judiciales al
restarle mérito ejecutivo al pagaré, título ejecutivo autónomo, así como por exigir
condiciones imposibles: aportar un contrato de mutuo con la solemnidad de elevarse
a escrito. Entonces, debido a que la Corte Constitucional radicó la competencia en la
jurisdicción contenciosa administrativa, ahora se desconocía la exigibilidad del títul o
valor (Código de Comercio, art. 619) y, en su lugar, se imponían requisitos imposibles.
Por otro lado, indicó que el título valor era autónomamente exigible en la jurisdicción
contencioso administrativa (CPACA, art. 297, núm. 3, en concordancia con el numeral
5 del artículo 99 ibidem) sumado al contenido de los artículos 621 y siguientes del
Código de Comercio. De manera que insistió en que los juzgadores habían impuesto
la carga de configurar un título complejo y, por consiguiente, negar el mandamiento
de pago, lo que era arbitrario e injusto.
3.1.3. Defecto sustantivo por una interpretación restrictiva, irrazonable y contraria a
la Constitución. Sostuvo que a pesar del contenido del artículo 297-3 del CPACA, los
juzgadores exigían un contrato escrito, como si fuera el único elemento que pudiera
ejecutarse o se tratara de un proceso contractual. Sumado a que el Consejo de Estado
había reconocido que no sólo existía un título ejecutivo complejo, sino también
singular13. En el asunto, los jueces persistían en convertir el del asunto en uno
complejo.
Insiste en que el contrato de mutuo fue celebrado conforme al derecho privado, debido
a la naturaleza jurídica del IFC. De manera que las autoridades judiciales
13
17001-23-33-000-2019-00516 01(66262).
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fundamentaban su decisión en una interpretación de la norma que no era sistemática
y contraria a los derechos fundamentales que le asistían al IFC. Argumentó que los
despachos accionados habían creado requisitos improcedentes y excedido su
facultad de interpretación razonable. Concretó su reproche en los siguientes términos:
“Para el caso, encontramos que, los jueces de conocimiento, dejaron de aplicar
el artículo 2, 29 y 229 constitucional, el artículo 297 numeral 3 de la Ley 1437
de 2011, el artículo 99 numeral 5 del CPACA, los artículos 85 y 93 de la Ley
498 de 1998, el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2221 y 2222
del código Civil, y los artículos 621 y 709 del Código de Comercio y con ello
cercenan el derecho sustancial de mi representada y renuncian a la verdad
jurídica objetiva.”
3.1.4. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Reprochó que se
habían limitado los derechos del IFC al exigir un contrato de mutuo elevado a escrito
para configurar un título ejecutivo complejo, lo que contrariaba la ley, la Constitución
y la función judicial de administrar justicia. Sostuvo que correspondía simplemente
reconocer al pagaré 4118417 como un título de valor autónomo. Agregó que la falta
del contrato escrito no se originaba en alguna omisión de la parte actora, sino en la
ley.
Además, encuadraba dentro del exceso ritual manifiesto la posición del juzgado de
que se requiere el original o la primera copia con constancia de ejecutoria. Sin
embargo, si se solicitaban los documentos físicos era suficiente con que se pidiera
que se remitiera o exhibiera el título valor o habilitara el medio de entrega a efectos
de aportar dichos documentos. Profundizó en que la Corte Suprema de Justicia se
había pronunciado sobre la presentación en físico de los documentos base de
ejecución respecto de la implementación de las tecnologías de información 14.
Concluyó que el cambio de jurisdicción implicaba una alta carga laboral no prevista
para los jueces administrativos, pero ello no era óbice para acceder a la administración
de justicia bajo interpretaciones arbitrarias y contrarias a derecho.
3.2. En cuanto al requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, acudió
a las consideraciones de la Corte Constitucional en los autos A-2014 de 2024 y A-
1455 de 2025 para indicar que los juzgados primero, tercero, cuarto y quinto de Yopal
habían desconocido el precedente constitucional, puesto que han negado el
mandamiento de pago, bajo el supuesto de que se está ante un título ejecutivo
complejo y que por la carencia del contrato de mutuo escrito, no es posible librar el
mandamiento de pago dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta
postura se aplica a actuaciones respecto de los procesos remitidos con mandamiento
de pago y medidas cautelares desde la jurisdicción civil, lo que había sido respaldado
mayoritariamente por el Tribunal Administrativo de Casanare. De ahí que se estaba
ante una denegación sistemática del derecho de acceso a la administración de justicia.
Entonces, indicó que los jueces administrativos en ambas instancias aceptan que
tienen jurisdicción en el asunto, pero ignoran que la Corte Constitucional ha calificado
14
STC2392 2022, Radicación nº 68001-22-13-000-2021-00682-01. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
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la idoneidad del pagaré como título ejecutivo exigible en la jurisdicción administrativa,
para negar el acceso a la justicia de la actora. Agregó que se trata de un proceso
ejecutivo incoado el 19 de diciembre de 2022 ante la jurisdicción ordinaria que contaba
con mandamiento de pago y medidas cautelares. No obstante, el Juzgado Primero
Administrativo de Yopal simplemente había determinado no seguir adelante con la
ejecución.
Expuso que desde el 30 de enero de 2025 cuando el Tribunal Administrativo de
Casanare emitió la primera decisión en la que negó el mandamiento de pago a 15 de
julio de 2025, la misma Corporación había proferido 257 sentencias que negaban
mandamientos de pago, restándole la exigibilidad a los títulos valores base de
ejecución, en donde se había convertido el título ejecutivo simple en uno complejo y,
en sus términos, generado un riesgo fiscal debido al deterioro de las obligaciones
perseguidas.
Ahora bien, indicó que en razón del cambio de jurisdicción al IFC se le había
desconocido el régimen de derecho privado y exigido el mutuo escrito, con la gravedad
que cursan en situación similar 2190 procesos que estaban siendo remitidos a la
jurisdicción contenciosa administrativa y representaban un valor de 29.885.438.000
COP, y que con la posición de la jurisdicción administrativa darán al traste con sus
pretensiones y derechos, con un alto riesgo de prescripción.
Por último, sostuvo que no se combatía una divergencia interpretativa, no se buscaba
una tercera instancia, ni se debatía una obligación crediticia, sino que perseguía la
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y debido proceso que
ha sido sistemáticamente negado por cuatro de los cinco juzgados administrativos de
Yopal y por el Tribunal Administrativo de Casanare, en sala mayoritaria (2-1).
Finalmente, la parte actora solicitó que la acción de tutela fuera estudiada por la Sala
Plena del Consejo de Estado, en aplicación del artículo 271 del CPACA, bajo las
siguientes consideraciones.
Primero, en razón a la denegación de acceso a la administración de justicia del IFC
por importancia jurídica, el impacto social y económico, en cuanto conllevaba para la
entidad que representaba la pérdida de cartera que la dejaba en una situación
patrimonial de extrema gravedad, ya que corrían la misma suerte jurídica 2190
procesos por valor de 29.885.238.000 COP, lo que soportó. Indicó que desde el 20 de
enero de 4 de diciembre de 2025 ya se habían cerrado 219 procesos por el Tribunal
Administrativo de Casanare.
Aunado a ello, aseveró que la posición de exigir un contrato de mutuo escrito para
configurar un título ejecutivo complejo cercenaba el derecho de acceso a la
administración de justicia y debido proceso de tres empresas industriales y
comerciales del estado y de gestión económica, a saber: el IFC, el Instituto Financiero
Empresarial de Yopal EICE -IFEY-, y el Fondo de Fomento Agropecuario y
Microempresarial de Aguazul -FFAMA E.I.C.E., lo que no sólo conducía a un
detrimento patrimonial, sino que derivaba en la imposibilidad de cobrar judicialmente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
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la cartera vencida y las hacia inviables en su funcionamiento, lo que afectaba la
posibilidad de acceder a créditos de fomento.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 19 de mayo de 202615, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el
Tribunal Administrativo de Casanare; vinculó como terceros con interés, a la señora
Fanny Valencia16, al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, al Instituto Financiero
Empresarial de Yopal, al Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de
Aguazul, así como a los Juzgados Tercero, Cuarto y Quinto Administrativos de Yopal;
se requirió a las autoridades judiciales accionadas, para que quien tuviera a su cargo,
remitiera copia del expediente identificado con el radicado número 85001-3333-001-
2025-00142-00; se solicitó al Instituto Financiero de Casanare que precisara si
actuaba como representante o agente oficioso del Instituto Financiero Empresarial de
Yopal y del Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul y que,
de ser así, explicara las razones que sustentaban dicha actuación; y se señaló que de
ser procedente, la Subsección se pronunciaría sobre la solicitud de que el asunto fuera
estudiado por la Sala Plena con fundamento en el artículo 271 del CPACA.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.2 El Tribunal Administrativo de Casanare 17, por conducto de la magistrada Aura
Patricia Lara Ojeda, indicó que la decisión del 4 de diciembre de 2025 se había
sustentado en el material probatorio allegado y la normatividad aplicable al caso. Lo
indicado, atendiendo a la naturaleza jurídica del Instituto Financiero de Casanare, por
lo que los contratos que celebra deben sujetarse al Estatuto General de la
Contratación de las entidades estatales (Ley 80 de 1993, art. 39 y 75). En
consecuencia, se requería prueba de la existencia del contrato estatal al ser el negocio
jurídico bajo el cual subyace el pagaré que se pretendía ejecutar. Invocó que ya
existían decisiones en casos similares dentro de la Corporación 18.
4.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Yopal19 solicitó desvincular a ese
despacho del trámite constitucional, así como negar las pretensiones invocadas
debido a que la solicitud de unificación de jurisprudencia resultaba improcedente y las
órdenes que se impartieran no podían extenderse a los demás juzgados.
El juzgado señaló que no era procedente la petición de unificación de criterios,
teniendo en cuenta que: (i) la acción de tutela tenía efectos eminentemente inter
15
Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado 78FFB1EAD8E8844F 15CBB4F79F035EC5 755F7A6FA584420F
A22CF587357EED65.
16 Conforme a constancia secretarial, no fue posible notificar personalmente a la señora Valencia, por lo que se fijó
aviso en la página web de la Corporación de la providencia del 19 de mayo de 2026. Cfr. Índices 00028 y 00029
del aplicativo SAMAI.
17 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 294114051B1BF3E8 94CF650B3E2DABC7 D551909FE2097FD8
64FA370FBEE513CE.
18
Rad. 11001-03-15-000-2025-06405-00, 11001-03- 15-000-2025-05581-01 y 11001-03-15-000-2025-08206-01.
19 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 7E9848A38907E04B 639A840E9B1AA57B F788E6AFC97ACC70
DC082F57F782CAD1.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
partes; (ii) la vinculación de los juzgados administrativos de Yopal era injustificada,
pues no habían participado en los hechos materia de tutela; (iii) la función de
unificación de jurisprudencia no corresponde al juez de tutela, sino a las altas cortes
según su jurisdicción, por lo que en sede de amparo esta atribución correspondía a la
Corte Constitucional, en el evento de seleccionar el asunto para revisión ; (iv) la
unificación jurisprudencial asignada al Consejo de Estado incumbe a su condición de
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa; (v) de los artículos 271
y 102 del CPACA se desprendían instrumentos específicos y reglados, para asegurar
la coherencia jurisdiccional; y (vi) si se accede a lo solicitado por la actora se desborda
el ámbito funcional de la tutela, así como se desconocen los principios de autonomía
e independencia judicial (CP, art. 228).
Por otro lado, explicó que el Tribunal Administrativo del Casanare ha evolucionado en
su postura jurisprudencial 20, en el sentido de estimar procedente librar mandamiento
de pago.
“Lo anterior permite evidenciar que la supuesta necesidad de una unificación
jurisprudencial en el presente asunto es contraria a los intereses del
accionante, pues la única supuesta contradicción es entre, la posición anterior
del Tribunal que pedía el contrato para conformar el titulo complejo, y la actual
posición que considera que en la jurisdicción es posible llevar a cabo la acción
cambiaria de un título valor autónomo, independiente del contrato que lo
origina y que justifica la competencia de la jurisdicción, tal y como lo pretende
el accionante.”21
Agregó que el cambio jurisprudencial que favorecía a la accionante no debía afectar
las decisiones previas, atendiendo a la seguridad jurídica.
Sumado a ello, se lograba evidenciar la improcedencia por falta de relevancia
constitucional. En esta línea, argumentó que el IFC era una entidad de derecho
público, por lo que la titularidad de sus derechos se ligaba a la repercusión que los
mismos tengan sobre los seres humanos, no obstante, en el asunto no se había
soportado la relación entre lo reclamado y la vulneración de los derechos de los
ciudadanos, por lo que se trata de un asunto económico o de pura legalidad. En
segundo lugar, la entidad cuenta con el procedimiento de cobro coactivo del artículo
98 y siguientes del CPACA, pero se rehúsa aplicarlo, lo que ponía en riesgo los
derechos e intereses de los administrados.
En tercer lugar, se alegaba el desconocimiento de los Autos 2014/24 y A-1455/2025
de la Corte Constitucional, no obstante, los mismos definían la competencia y no eran
los únicos expedidos por esa Corporación en el tema. Sumado a que no se invocaba
un pronunciamiento unificado del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa
administrativa, por lo que no se estaba ante un precedente vinculante.
En cuarto lugar, explicó que la argumentación de la tutela giraba en torno a establecer
que, al someter a la entidad pública a las reglas del derecho privado, sus contratos no
exigían ser solemnes ni constar por escrito. No obstante, la accionante había olvidado
20
Cfr. Radicados: 85001-3333-004-2025-00113-01 y 85001-3333-001-2025-00042-01.
21 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 7E9848A38907E04B 639A840E9B1AA57B F788E6AFC97ACC70
DC082F57F782CAD1.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
que el motivo de la negativa del mandamiento de pago obedeció tanto a la falta de los
requisitos formales, como sustanciales del título valor, que impedían librar
mandamiento de pago, ya que frente al pagaré aportado era necesario contar con el
contrato y demás documentos que integraran el título.
En quinto lugar, argumentó que la tutela se sustentaba en el salvamento de voto
desarrollado en el fallo, posición que se convirtió en la perspectiva mayoritaria del
Tribunal Administrativo de Casanare a la cual se opuso, por cuanto significaría que la
competencia correspondía a la jurisdicción ordinaria. En sexto lugar, la parte actora
buscaba convertir a la tutela en una instancia adicional al proceso ejecutivo.
Sumado a lo anterior, sostuvo que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad,
puesto que la entidad pública gozaba de jurisdicción coactiva. Por tanto, si el objetivo
final del medio de control era obtener el mandamiento de pago, medidas cautelares y
pago de la deuda, el mecanismo adecuado correspondía al cobro coactivo, al que se
infiere que sugiere que debería acudirse ante los 2190 procesos referidos por la
actora. De otro lado, se opuso a las manifestaciones generalizadas esbozadas en la
tutela.
Por último, indicó que no se configuraban las causales de procedencia específica,
puesto que (i) el accionante no probó que su título ejecutivo tuviera los requisitos
necesarios para librar mandamiento de pago; (ii) no visualizó el pagaré reclamado,
por lo que adujo que la actora no probó que este correspondía a una obligación clara,
expresa y exigible; y (iii) las actuaciones del despacho se han encaminado a procurar
la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal del accionante.
4.4. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal22 solicitó su desvinculación del
asunto. No obstante, también hizo alusión a la naturaleza jurídica del IFC, de donde
extrajo que el régimen de contratación de las empresas industriales y comerciales del
estado, no necesariamente estaba supeditado al estatuto general de contratación
pública, del que se desprendía el carácter solemne del contrato estatal.
Sostuvo que los accionados arbitrariamente han desarrollado la tesis de que se
requiere el aporte de un contrato escrito, no solo para garantizar el derecho sustancial,
sino para acatar el precedente de la Corte Constitucional, la cual había consolidado la
postura de que el conocimiento del asunto correspondía a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En concreto, aseveró que las consideraciones de las
accionadas constituían un defecto sustancial, por cuanto:
(i) El pagaré daba cuenta del mutuo con interés, de manera que no era de recibo el
argumento de que el contrato no existía. La interviniente en esencia reiteró las
consideraciones de la parte actora, por lo que señaló que con la entrega de dineros
por cuenta de la entidad pública, el contrato real se había perfeccionado.
22 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 4510715AA74837CE 6A72102BC399105F 97FCA933603D3A6A
2F78D1805F8EAE1E.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
(ii) Omitir que los dineros públicos fueron entregados a particulares e impedir su
recaudo so pretexto de la solemnidad del contrato estatal era un contra sentido, un
culto a las formas y a las finalidades de la norma al catalogar al contrato estatal como
solemne, lo que desconocía el carácter real del mutuo. En concreto, señaló que se
dejó de aplicar el artículo 619 del Código de Comercio, lo que era constitucionalmente
relevante si se tenía en cuenta que se limitaba directamente el derecho sustancial del
accionante.
(iii) Desconocimiento del precedente, puesto que el Consejo de Estado en decisiones
previas había tutelado derechos en actuaciones idénticas 23.
Por otro lado, señaló que existe un ejercicio irregular de la actividad financiera, en
razón a que la actora ejerce la captación masiva, ya que el IFC y demás entidades
vinculadas deberían contar con la autorización previa de la Superintendencia
Financiera para ejercer sus actividades, lo que no ha sido observado por los jueces
convocados. De ahí que refiere que no existe un control sobre el patrimonio público
en un escenario de litigiosidad desbordada. Agregó que carecía de sentido que para
una cartera compuesta por miles de instrumentos negociales se tenga que acudir a la
tutela ante cada uno de ellos, lo que suponía un colapso institucional. También
mencionó que el IFC creó una oficina de cobro coactivo, lo que no se ajustaba a
derecho, pues tales instrumentos no lucían como títulos autorizados para la ejecución
por dicha vía (Ley 1066 de 2006, artículo 5, parágrafo 1).
En relación con la solicitud de unificación de jurisprudencia, señaló que debía
adoptarse un enfoque más amplio a este asunto problemático, puesto que existía un
patrón sistemático de actuaciones no conformes a derecho de accionante y
accionados, en donde se quiere imponer un criterio de autoridad y no supremacía del
derecho. Sumado a lo anterior, planteó que era la oportunidad para que se ordene al
Ministerio Público que conforme al artículo 277 de la Constitución, acuda al análisis
de legalidad de la creación del IFC, al contemplar una forma inconstitucional del
ejercicio de la actividad financiera, examen aplicable a la legalidad de la oficina de
cobro coactivo.
4.5. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal24 sostuvo que no se cumplían las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Explicó
que en el auto 2014 de 2024 la Corte Constitucional se había limitado a definir la
competencia para el conocimiento de los procesos ejecutivos, sin analizar el título
base de ejecución. Añadió que la decisión adoptada no provenía de una indebida
valoración probatoria. Por el contrario, se profirió con base en las normas que regían
el proceso ejecutivo ante la jurisdicción y conforme a los principios de autonomía e
independencia judicial. Sostuvo que la entidad accionante debía propender por ejercer
las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico, a saber: de cobro coactivo. Por
último, refirió que la accionante había impetrado un sin número de acciones de tutela
en las cuales el Consejo de Estado había confluido en declarar la improcedencia de
23
Rad. 11001-03-15-000-2026-00021-00
24 Índice 00017 del aplicativo SAMAI, certificado 096A2693D4A10CF6 EB290CF562FFEF5C
DC51D244A99D1FD6 B331C9BC348303A3.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
la acción, por cuanto no se podía utilizar el instrumento como una instancia adicional
o para discutir cuestiones probatorias o la forma de interpretación del juez natural 25.
4.6. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Yopal 26 argumentó que
conforme al marco normativo pertinente ha considerado que no se encontraba
acreditado el título ejecutivo complejo, en razón a que no se había aportado el contrato
de mutuo, sino únicamente el pagaré, documentos que fueron allegados en copia
simple cuando debía ser en original o copia auténtica. En esta medida, había
efectuado un análisis detallado caso a caso, con el fin de establecer la existencia o no
de un título ejecutivo válido conforme a las normas que regulan la materia en la
jurisdicción contenciosa, las cu ales difieren de las de la jurisdicción ordinaria. Así, sus
decisiones no obedecían a un actuar caprichoso, sino a la aplicación estricta de las
normas y jurisprudencia.
Por último, aseveró que la accionante ha promovido múltiples acciones de tutela con
fundamentos similares, lo que contribuía a la congestión judicial, pese a que el
proceso ejecutivo no era el único mecanismo para la recuperación de los recursos.
Por tanto, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o se negara
el amparo solicitado.
4.7. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal 27 solicitó su
desvinculación del asunto por carecer de falta de legitimación en la causa, ya que el
proceso ordinario había sido asignado al Juzgado Primero Administrativo de Yopal.
Empero, en relación con los criterios interpretativos que señala el accionante que
deben tenerse en cuenta de la Corte Constitucional, indicó que debía atenderse a la
posición sentada en otras providencias donde se resolvieron conflictos de jurisdicción.
4.8. El Instituto Financiero de Casanare 28 aclaró que la tutela se interponía
únicamente en favor de esta entidad. No obstante, insistió en que con la asignación
de la competencia a la jurisdicción contencioso administrativa y la posición antes
respaldada mayoritariamente por el Tribunal Administrativo de Casanare, se cercenó
el acceso a la administración de justicia del IFC, el Instituto Financiero Empresarial de
Yopal y el Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul, al no
darse trámite a los procesos ejecutivos, con las implicaciones que ya fueron descritas
previamente. Indicó que señaló todo lo anterior a efectos de ser considerado en el
análisis de la relevancia constitucional del asunto y la solicitud de obtener un fallo inter
comunis.
4.9. Las demás vinculadas guardaron silencio 29, pese a estar debidamente
notificadas.
25 Radicados: 11001031500020250543501 y 11001-03-15-000-2025-05231-01.
26
Índice 00018 del aplicativo SAMAI, certificado 8A76AA312D583CE9 DB9DCA1DDE629173
9B06C407B4C72C6D 4FE8ABEB7347B753.
27 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado E7176B80C0E99445 85E81CE298BAA4A3 19EAD113710B975C
13A904B81AF742A8.
28
Índice 00031 del aplicativo SAMAI, certificado A6778FEBF52EE78F DEC4CDDE1714A791
005EE9BB9DD89E6A F1269B31B73ABD6F.
29
Índice 00010 del aplicativo SAMAI.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez
que el IFC es titular de los derechos fundamentales que estima vulnerados, en su
condición de demandante dentro del proceso de radicado 85001-3333-001-2025-
00142-00/01.
2.2. De igual manera, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en
tanto el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de
Casanare son las autoridades judiciales que profirieron las decisiones que según la
accionante vulneraron sus derechos fundamentales.
2.3. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que, si bien la parte actora
hizo alusión al auto emitido por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, el análisis
se circunscribirá al auto proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, en tanto
constituyó la providencia que puso fin al trámite ejecutivo, sin perjuicio de las
referencias que resulten necesarias respecto de las decisiones precedentes.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200530 indicó que estas proceden si
30
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela 31 y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 32.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”33.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 34.
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición
cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal,
en principio, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vul neración de los derechos y,
de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
32
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en
el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
32
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
33 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
34
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó
como criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i)
que el debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar
la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto35.
5. Caso concreto
5.1. La parte actora argumentó la configuración de los siguientes defectos: (i) violación
directa de la Constitución, pues se habían limitado sus derechos fundamentales y se
desconocieron los autos 2014 de 2024 y 1455 de 2025 de la Corte Constitucional; (ii)
35
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03748-00
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
defecto fáctico sustentado en que se le restó mérito al pagaré allegado y se exigió un
contrato de mutuo escrito; (iii) en esta línea, el desconocimiento de diversas
disposiciones normativas (artículos: 2, 29 y 229 constitucionales; 297-3 y 99-5 de la
Ley 1437 de 2011; 85 y 93 de la Ley 498 de 1998; 93 de la Ley 1474 de 2011; 2221 y
2222 del Código Civil; y 621 y 709 del Código de Comercio); y (iv) defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, al exigir un contrato de mutuo escrito para
configurar un título ejecutivo complejo, así como pedir el original de la primera copia
o constancia de ejecutoria.
5.2. En este contexto, resulta pertinente referirse a las consideraciones expuestas por
el Tribunal Administrativo de Casanare en el auto del 4 de diciembre de 2025 36.
El tribunal describió el recurso de reposición y en subsidio apelación de la siguiente
manera:
“La parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación,
contra el auto que negó mandamiento de pago, señalando que, se trata de un
contrato de mutuo con interés, que específicamente tiene un régimen en la
normatividad civil, respaldado con pagaré y una carta de instrucciones que
tiene soporte en el Código de Comercio, expresando que éste también es
contrato y que así lo ha considerado la Corte Constitucional; y dicho
documento se acordó lo siguiente:
✓ Los deudores pagarán solidaria e incondicionalmente a la orden del Instituto,
sumas que recibió a entera satisfacción de forma expresa por documentos
suscrito por el beneficiario del crédito.
✓ Los deudores se obligan a pagar intereses corrientes, de acuerdo con la
forma prevista en el pagaré.
✓ La obligación se pagaría en las oficinas localizadas en la ciudad de Yopal o
en el lugar que para el efecto se señale.
✓ Existe un término en el que debe ser pagada la obligación, estableciéndose
el inicio y la terminación de esta.
✓ En caso de incumplimiento de las obligaciones las deudoras reconocerán el
pago de los intereses moratorios.
De acuerdo con lo anterior, se puede colegir que por una parte la deudora se
comprometió a cumplir una serie de obligaciones claras, expresas y
actualmente exigibles al acreedor Instituto Financiero de Casanare, y que el
propósito es ser restituido el dinero entregado al ejecutado, conforme al pagaré
y su carta de instrucciones.
Así las cosas, el pagaré N° 4118417 allegado con la demanda es un título
simple, ya que la obligación se encuentra en este único documento suscrito
por las partes, y se puede exigir el pago de la obligación por parte del poseedor
de conformidad con los términos establecidos en el documento, el mencionado
título valor pagaré, se generó con base en los diferentes documentos
diligenciados en el trámite del crédito.
Aduce que, el mutuo o préstamo de consumo según el artículo 2221 del C.C.,
es un contrato en que para el presente asunto el IFC desembolsó una cantidad
de dinero, a fin de que se restituya en un plazo junto con otras erogaciones,
36 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 142A66182881389D D901B026CFB544D3 5DABF33714366AA7
9D70B8CC4BB9C05Dl, p. 47-60.
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las cuales son capital, intereses corrientes, seguro de vida e intereses
moratorios, obligaciones que se encuentran descritas de forma clara, expresas
y actualmente exigibles. Señala que, el contrato de mutuo, por el cual se
censura por parte del despacho, para negar el mandamiento de pago
solicitado, se encuentra constituido en el pagaré base de la presente ejecución.
Además, el IFC es una empresa de gestión económica de carácter
departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales
comerciales del Estado, contemplados en los artículos 85 de la Ley 489 de
1998 y 14 de la Ley 1150 de 2007 y como tal desarrolla actividades crediticias
en competencia con el sector privado, y para efectos contractuales se rige por
las disposiciones legales reglamentarias aplicables a la actividad económica o
comercial que desarrolla, por lo que para el perfeccionamiento del contrato de
mutuo definido por el código civil colombiano bastaría con la sola entrega de
la cosa dada en préstamo, después de realizar el trámite de solicitud de crédito
y su perfeccionamiento con la suscripción del pagaré, sin necesidad de mediar
o celebrar contrato mutuo entre las partes.
Tras de lo cual, formuló la siguiente tesis:
“La respuesta al problema jurídico planteado es adversa. El artículo 297 del
CPACA dispone que prestarán mérito ejecutivo los contratos y los documentos
en los que conste sus garantías, así mismo el artículo 422 del CGP señala que
puede demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles, presupuestos que no se cumplen con los documentos aportados
como título ejecutivo.
Lo anterior, porque del pagaré No. 4118417 del 08 de junio de 2017 y la carta
de instrucciones de diligenciamiento de este, suscrita por Fanny Valencia a
favor del Instituto Financiero de Casanare – IFC, no es posible determinar con
certeza la existencia del contrato de muto del cual derive dicha garantía, que
haga posible librar mandamiento de pago.
Teniendo en cuenta que el contrato de mutuo es un acuerdo de voluntades,
donde el mutuante que en este caso sería el IFC entrega una cantidad de
dinero a quien funja como mutuario con la condición de devolver la misma
cantidad más los intereses en un determinado plazo, en efecto se requería
aportar el contrato estatal suscrito entre el instituto Financiero de Casanare
como empresa de gestión económica de carácter departamental, y los
deudores, pues en el ejecutivo contractual se requiere la prueba de su
existencia en los términos del artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Así las cosas,
le asiste razón al a quo, cuando determina que no se constituyó el título
ejecutivo complejo y por ende no es posible librar el mandamiento de pago.
El Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión Económica
de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas
industriales y comerciales del Estado de que trata el artículo 93 la Ley 489 de
1998, resaltando que los contratos celebrados para desarrollar su actividad
económica se rigen por el Estatuto General de la Contratación de las entidades
del Estado; así las cosas, en los términos del artículo 39 de la ley 80 de 1993,
el contrato de muto celebrado por el IFC debe constar por escrito y constituye
presupuesto del ejecutivo complejo.”
En el análisis del caso concreto, se tuvo en cuenta tanto el pagaré No. 4118417 de
2017 y la carta de instrucciones del mismo, para después argumentar lo que sigue:
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“En este asunto, el Instituto Financiero de Casanare – IFC, señala que la
obligación a cargo de Fanny Valencia es clara expresa y exigible, constituida
en el pagaré No. 4118417 y la carta de instrucciones, ambos del 08 de junio
de 2017. Argumentó que no se requiere aportar el contrato de mutuo, dado
que no se trata de un contrato estatal, por tanto, hay lugar a librar el
mandamiento de pago solicitado.
Para resolver la apelación incoada, la Sala mayoritaria trae a colación el
numeral 6° del artículo 104 del CPACA, en cuanto establece que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo está instituida para conocer de los procesos
ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones
aprobadas por esta jurisdicción, de laudos arbitrales en que hubiere sido parte
una entidad pública y los originados en los contratos celebrados por esas
entidades.
De conformidad con lo señalado en el numeral 3° del artículo 297 del CPACA
prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus
garantías y si de ellos se desprende una obligación clara, expresa y exigible,
conforme lo dispone el artículo 422 del CGP, que permita librar mandamiento
de pago con fundamento en los mismos. Así las cosas, en el proceso ejecutivo
originado en un contrato celebrado por entidad estatal, se debe verificar si los
documentos aportados configuran título ejecutivo y en caso afirmativo, si este
resulta simple o complejo.
En este asunto el Instituto Financiero de Casanare pretende ejecutar el pagaré
No. 4118417 y su carta de instrucciones del 08 de junio de 2017, los cuales
considera ser constitutivos del contrato de mutuo celebrado con Fanny
Valencia.
Se precisa que, siendo el contrato de mutuo un acuerdo de voluntades en el
que deben quedar plasmadas las obligaciones tanto del mutuante como del
mutuario y que teniendo la contratante la calidad de entidad pública, por
disposición del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, para librar el mandamiento de
pago, se requiere el título ejecutivo integrado no solo por el pagaré sino por el
contrato de mutuo en el que el Instituto Financiero de Casanare debe expresar
su consentimiento en los términos del contrato.
No obstante, se aporta el título valor, esto es, pagaré suscrito por el deudor y
su carta de instrucciones a favor del IFC, pero dichos documentos no
corresponden al contrato de muto y del clausulado de estos no se desprende
su existencia, ni los términos y condiciones en las que se obligan cada una de
las partes, razón por la cual para la conformación del título ejecutivo se
requiere el contrato de mutuo.
Es del caso reiterar la naturaleza jurídica de la parte ejecutante, señalando
que, el Instituto Financiero de Casanare es una empresa de Gestión
Económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las
empresas industriales y comerciales del Estado, contemplado en la Ley 489
de 1998; por ende, los contrato que celebre para el desarrollo de su objeto se
sujetan a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de las
entidades estatales, tal como lo preceptúa el artículo 93 ibidem, es decir, que
los contratos deben constar por escrito en aplicación a dispuesto en el artículo
39 de la Ley 80 de 1993, justamente porque el negocio jurídico subyacente
al título ejecutivo que pretende ejecutarse es un contrato estatal se
requiere prueba de su existencia, pues estamos en el escenario de un
proceso ejecutivo en sede de la jurisdicción contencioso administrativa.
Por lo anterior, tratándose de entidades estatales le corresponde al Juez
administrativo examinar el cumplimiento de los presupuestos que presten
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mérito ejecutivo, esto que el título sea claro, expreso y exigible y aquí, se
reitera, la fuente de la obligación se deriva de un contrato de mutuo que no fue
aportado; claro, las entidades estatales pueden ejecutar las obligaciones
contractuales a su favor, pero el título ejecutivo debe reunir los presupuestos
para ello.
En el presente caso si bien el pagaré respalda las obligaciones derivadas de
un contrato celebrado por una entidad con carácter de estatal, se debe verificar
la existencia de este último con el propósito de comprobar que las partes del
pagaré sean las mismas del contrato de mutuo y que las excepciones sean
oponibles en el proceso ejecutivo.
Lo anterior porque, aplicando el criterio orgánico corresponde a la jurisdicción
contenciosa conocer de procesos ejecutivos derivados de aquellos contratos
en los que sea parte una entidad pública y que por definición constituyen
contratos estatales. Justamente por ello, se requiere demostrar la causa
subyacente del origen público de los recursos y tal como se indicó no se allega
el contrato fuente de la obligación, así las cosas, no se configura el título
ejecutivo complejo que determine el origen público de los recursos que
pretende ejecutar.
En ese orden de ideas, para el presente trámite ejecutivo vía jurisdicción
contenciosa administrativa, el contrato es un presupuesto sine qua non, que
no fue aportado. Tal como lo explica el Consejo de Estado en la citada
sentencia 5 de octubre de 2020, para conformación del título ejecutivo
complejo se requiere aportar todos los documentos que lo integran, entre ellos
el respectivo contrato con el que se acredite las condiciones allí pactadas para
recibir los pagos. Corolario de ello, como en el sub examine no se cuenta con
el contrato de mutuo no resulta posible determinar la constitución de aquel.
En este punto se advierte que, si bien en la jurisdicción ordinaria el interesado
puede acudir al proceso ejecutivo para obtener el pago de una obligación
contenida en un pagaré, esto no ocurre en la jurisdicción contenciosa
administrativa, pues se reitera, conoce de los procesos ejecutivos derivados
de contratos en los que sea parte una entidad pública, los cuales por regla
general corresponden a un título ejecutivo complejo, presupuesto que no se
cumple en el sub examine y por ende los cargos de apelación carecen de
vocación de prosperidad. (…)”
5.3. Con fundamento en lo expuesto, y siguiendo el criterio que ya ha sido desarrollado
por esta Subsección en asuntos similares al que es objeto de conocimiento en este
caso37, se estima que se pretende utilizar el mecanismo constitucional como si la tutela
correspondiera a una instancia adicional, puesto que los aspectos legales respecto de
la naturaleza del título ejecutivo fueron analizados por el juez natural de la causa, de
manera que las quejas desarrolladas por la parte convocante buscan reabrir el debate
resuelto en el proceso ejecutivo ya referenciado, con el fin de que prevalezca la
posición de la actora respecto de la del Tribunal Administrativo de Casanare.
En cuanto al defecto por exceso ritual manifiesto, el mismo se subsume dentro de la
consideración anterior, puesto que el tribunal desarrolló la exigencia del contrato de
mutuo con fundamento en la interpretación que hizo del título ejecutivo en el asunto.
En esta línea, a pesar de las consideraciones llevadas a cabo por la accionante, no
37
Sentencia del 28 de marzo de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-00967-00, M.P. Nicolás Yepes Corrales;
sentencia del 19 de enero de 2026, rad. 11001-03-15-000-2025-05003-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales y
sentencia del 17 de abril de 2026, rad. 11001-03-15-000-2026-01285-00, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
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se advierte que la decisión del tribunal hubiera condicionado la prosperidad de las
pretensiones a que se presentara de forma digitalizada el título valor allegado.
La Sala también se ha pronunciado respecto del argumento del desconocimiento de
las decisiones de la Corte Constitucional, así: frente al auto “A-2014 de 2024 de la
Corte Constitucional, pero, al igual que los reproches anteriores, este carece de un
sustento adecuado, ya que dicha providencia se limitó a resolver un conflicto de
competencia y no a desatar de fondo una discusión igual a la sub exam ine.”38 Este
mismo análisis es replicable al auto 1455 de 2025 donde la Corte Constitucional
resolvió otro conflicto de jurisdicción .
Se aclara que sin perjuicio de las consideraciones que hiciera el tribunal constitucional
como juez de la jurisdicción, lo que tuvo en cuenta esta Subsección es que en concreto
no se estaba resolviendo la procedencia de librar mandamiento de pago o algún
trámite ejecutivo, sino que el rol de la Corte Constitucional se centraba justamente en
dirimir la jurisdicción competente.
Por otro lado, debe reiterarse que esta Subsección ya indicado que el supuesto riesgo
sistemático sobre la imposibilidad de cobros de las acreencias del IFC no se ajusta a
ninguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela 39.
5.4. En esta medida, ha sido criterio de la Sala respetar la autonomía judicial y el
carácter excepcionalísimo que reviste la tutela en este tipo de asuntos, por lo que no
basta manifestar inconformidades respecto de las decisiones objeto de censura o
alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, pues de esta
manera la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden
el plano constitucional.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de
una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique,
como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una
instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 40, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 41.
38
Sentencia del 28 de marzo de 2025, rad. 11001-03-15-000-2025-00967-00, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
39
Sentencia del 19 de enero de 2026, rad. 11001-03-15-000-2025-05003-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
40 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.
41
Ibidem.
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5.5. Finalmente, la Sala no pasa por alto la solicitud de que se emita una decisión por
importancia jurídica conforme al artículo 271 del CPACA. No obstante, en hilo con la
posición asumida consistente en que se está eminentemente ante un debate de
interpretación legal y probatoria y el respeto de la autonomía judicial, la Subsección
se abstiene de abordar tal petición por las siguientes razones.
Primero, la acción de tutela tiene naturaleza residual y subsidiaria, por lo que se
considera que tal solicitud debería formularse al juez natural del asunto, por cuanto de
la norma en mención se desprende que ello puede ser requerido a petición de parte,
inclusive en casos donde la decisión a proferir corresponda a un auto. Segundo, en
principio, es al juez natural de la ejecución al que le corresponde definir el alcance de
la interpretación de las disposiciones normativas y las pruebas. Tercero, del
expediente allegado, no se extrae que la parte actora hubiera elevado idéntica petición
en el trámite ordinario, ni dicha circunstancia fue informada en las intervenciones
recibidas.
Ahora bien, se comprenden las consideraciones de la parte accionante sobre la
postura generalizada que se indica se desarrolló en la jurisdicción contenciosa
administrativa del distrito judicial de Casanare y la situación urgente que se alegó. No
obstante, la Sala advierte de las intervenciones que se recibieron con posterioridad al
auto admisorio, inclusive por parte de la misma actora, que la posición del Tribunal
Administrativo de Casanare cambió en el sentido de acoger los argumentos de la
accionante en otros casos similares al que es objeto de estudio en este asunto.
Sin perjuicio de la conclusión a la que se llegó, esta circunstancia fortalece la
consideración previa de que el debate en la materia se ha dado en términos del
análisis de las disposiciones legales aplicables al asunto y prima facie en aplicación
de la autonomía judicial propia de las autoridades judiciales accionadas e
intervinientes, razón por la cual, de ser el caso y sin que implique un prejuzgamiento,
la intervención de sentar jurisprudencia debería darse por el juez natural y no por el
juez constitucional.
5.6. Por último, es claro que este asunto correspondió a una acción de tutela contra
providencia judicial donde fueron parte el IFC, el Juzgado Primero Administrativo de
Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare. En consecuencia, aun cuando se
hicieron manifestaciones respecto de la vulneración de derechos del Instituto
Financiero Empresarial de Yopal EICE -IFEY- y el Fondo de Fomento Agropecuario y
Microempresarial de Aguazul -FFAMA E.I.C.E, el IFC no ostenta la representación de
estas últimas y ellas no acudieron al trámite a reclamar la protección de sus derechos,
pese a estar debidamente notificadas. Asimismo, una vez se ha llegado a la
conclusión de la improcedencia de la acción, no es pertinente entrar a abordar la
legalidad de las actividades desarrolladas por el IFC, por exceder el ámbito de
conocimiento del caso.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
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Accionante: Instituto Financiero de Casanare
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el
Instituto Financiero de Casanare contra el Tribunal Administrativo de Casanare y el
Juzgado Primero Administrativo de Yopal, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMSG
23
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