RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-05435-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05435-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-05435-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-05435-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y Juzgado Cuarto
Administrativo de Yopal
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la sentencia de tutela de primera instancia y, en
su lugar, declara improcedente el amparo por no cumplir
con el requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal1 y el Tribunal Administrativo de Casanare2 en contra de la sentencia de
tutela del 13 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

1. LA SOLICITUD

El Instituto Financiero de Casanare3, por conducto de su representante legal, interpuso
acción de tutela, con el propósito de obtener la protección de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por el Juzgado y el Tribunal, al proferir las providencias de 20 de febrero y 29
de mayo de 2025, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con número único de
radicación 85001 33 33 004 2024 00230 00/01.

Como pretensiones se indicaron las siguientes:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE,
que se desconocieron por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE YOPAL
en auto emitido en fecha 20 de Febrero de 2025 y confirmado el 29 de Mayo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 850013333-
004-2024-00230-00.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 20 de
Febrero de 2025 emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, así como

1 En adelante el Juzgado.
2 En adelante el Tribunal.
3 En adelante el IFC.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare en fecha 29 de Mayo de 2025, dentro del medio de control 850013333-
004-2024-00230-00; por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida
valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4120752 y exceso ritual
manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de
constar por escrito, ajena a este tipo de contratos, así como por defecto sustancial
dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente
judicial vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales
al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Cuarto Administrativo de
Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su competencia, en el
impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de
tutela, rehacer las actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el
Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, libre mandamiento de pago y/o ordene
seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra de los demandados
GEIVER VIANEY RÍOS GUTIÉRREZ Y MIREYA GUTIÉRREZ PIRABAN, dentro
del proceso ejecutivo 850013333-004-2024-00230-00 y se abstenga de exigir
requisitos innecesarios en este tipo de procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de
Casanare, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo,
existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas
circunstancias, así como ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y al
Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido.

En el escrito de tutela, el accionante expuso, en síntesis, los siguientes hechos:

Adujo que el IFC es una empresa industrial y comercial del Estado del orden
departamental, creada mediante los Decretos 107 de 1992 y 073 de 2002, cuyo régimen
contractual se rige por el derecho privado, conforme a los artículos 85 y 93 de la Ley 489
de 1998.

Indicó que, en desarrollo de su objeto social, el IFC otorga créditos de fomento educativos
a personas de escasos recursos del departamento de Casanare, los cuales se respaldan
mediante pagarés y cartas de instrucciones, sin que medie contrato de mutuo escrito, por
tratarse de una actividad comercial regida por el derecho privado.

Señaló que ante el incumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de los usuarios
y agotadas las gestiones administrativas de cobro, el IFC promueve los correspondientes
procesos ejecutivos para obtener el pago de las acreencias.

Adujo que, en ese contexto, el 15 de diciembre de 2023 el IFC presentó demanda
ejecutiva singular de mínima cuantía contra los señores Geiver Vianey Ríos Gutiérrez y
Mireya Gutiérrez Piraban, con fundamento en el pagaré núm. 4120752, por valor de
$8.500.000, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de
Yopal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Expuso que, mediante auto del 11 de marzo de 2024, el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Yopal libró mandamiento de pago y decretó medidas cautelares en contra de los
demandados.

Indicó que posteriormente, mediante auto del 28 de octubre de 2024, dicho juzgado
declaró la falta de competencia por jurisdicción, rechazó la demanda y ordenó remitir el
proceso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin afectar la validez de las
actuaciones surtidas hasta ese momento.

Sostuvo que el proceso ejecutivo fue repartido al Juzgado aquí accionado y se le asignó
el número único de radicación 85001 33 33 004 2024 00230 00.

Manifestó que, mediante auto de 20 de febrero de 2025, el Juzgado dejó sin efectos el
mandamiento de pago y las medidas cautelares decretadas por el juez civil, negó librar
mandamiento ejecutivo y ordenó el levantamiento de las cautelas, al considerar que el
pagaré no constituía un título ejecutivo suficiente por tratarse, a su juicio, de un título
ejecutivo complejo, que requería la aportación de un contrato de mutuo escrito.
Adicionalmente, cuestionó que el pagaré hubiera sido aportado en copia digitalizada.

Señaló que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
por el Tribunal mediante providencia de 29 de mayo de 2025, de manera confirmatoria.

Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que las providencias
cuestionadas vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al desconocer la autonomía del título valor, imponer exigencias
formales inexistentes y apartarse del precedente constitucional, generando además un
grave riesgo patrimonial para la entidad.
Sostuvo que las providencias controvertidas adolecen de los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente y por
violación directa de la Constitución Política.
En cuanto al defecto fáctico, indicó que se realizó una indebida valoración del material
probatorio obrante en el expediente, al desconocer que el pagaré base de la ejecución
contiene una obligación clara, expresa y exigible, y al omitir la apreciación integral de los
documentos allegados por la entidad ejecutante, tales como la carta de instrucciones, el
plan de pagos y los soportes del crédito.
Respecto del defecto sustantivo, adujo que este se materializó en la medida en que las
autoridades judiciales accionadas fundamentaron sus decisiones en una aplicación
indebida de las normas jurídicas que regulan el caso, en particular al exigir la aportación
de un contrato de mutuo escrito con apoyo en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, pese
a que el IFC, en desarrollo de su actividad crediticia, se rige por el derecho privado.
En lo atinente al defecto procedimental absoluto, sostuvo que las decisiones reprochadas
lo configuran por exceso ritual manifiesto, al negar el acceso al proceso ejecutivo con
base en exigencias formales innecesarias y desproporcionadas, como la obligación de
aportar un contrato de mutuo escrito y la presentación del pagaré en original físico, pese
a que el trámite se adelantó conforme a las reglas de virtualidad judicial vigentes.
En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, alegó que los jueces accionados
se apartaron del precedente constitucional fijado en el Auto A-2014/24 de la Corte
Constitucional, en el cual se reconoció que los pagarés suscritos en desarrollo de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

contratos de mutuo celebrados por empresas industriales y comerciales del Estado,
regidas por el derecho privado, prestan mérito ejecutivo y no requieren la existencia de
un contrato escrito para su exigibilidad.
Finalmente, en lo concerniente a la violación directa de la Constitución Política, indicó
que las providencias cuestionadas vulneran los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, desconocen la prevalencia del derecho
sustancial y se apartan de los estándares constitucionales que deben orientar la actividad
judicial.
2. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 11 de septiembre de 20254, en el
cual se negó la solicitud de medida provisional, se ordenó notificar5 al Tribunal
Administrativo de Casanare y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, en
calidad de autoridades judiciales accionadas. Asimismo, se dispuso vincular a Geiver
Vianey Ríos Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban, como terceros con interés directo en
el resultado del proceso.

2.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal6 presentó informe en el que
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y subsidiariamente, que
se denegaran las pretensiones formuladas.

Indicó que el accionante pretendió usar la tutela como una instancia adicional, pues no
compartió la valoración jurídica sobre la naturaleza del título ejecutivo y añadió que no se
sustentó de forma seria la vulneración de derechos fundamentales y que, en realidad, se
buscó reabrir un debate interpretativo propio del juez natural.

2.3. El Tribunal Administrativo de Casanare7 allegó informe en el que indicó que se opone
a la prosperidad de todas las pretensiones de la presente solicitud de amparo.

Indicó que la decisión objeto de la solicitud de amparo se ajustó a lo previsto en las
normas y la jurisprudencia aplicables, en tanto el título que el IFC pretendía ejecutar es
de carácter complejo, pues la acreencia incorporada en el pagaré núm. 4120752, suscrito
con la parte ejecutada, deriva de la celebración de un contrato de mutuo. Dicho acuerdo
de voluntades no fue aportado por la entidad accionante, sin el cual no es posible
determinar con certeza las obligaciones allí contenidas. A ello se suma que la parte
ejecutante tampoco aportó el título valor en original, como lo exige la normativa aplicable.

2.4. Los señores Geiver Vianey Ríos Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban guardaron
silencio.

4 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05435 00.
5 Esta orden se cumplió el 15 de septiembre de 2025. Visto en los índices 8,9 y 10 de la Sede Electrónica

para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2025 05435 00.
6 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05435 00.
7 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05435 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 13 de noviembre de
2025, resolvió lo siguiente:

1. Denegar la solicitud presentada por la parte actora, relacionada con que la
presente acción de tutela fuera estudiada por la Sala Plena de esta Corporación,
por las razones expuesta en esta providencia.

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare

3. Dejar sin valor ni efecto el auto del 29 de mayo de 2025, dictado por el Tribunal
Administrativo del Casanare en el proceso ejecutivo con radicado 850013333-004-
2024- 00230-00/01.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Casanare que, en el término de 10 días,
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de
reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

5. Declarar improcedente la pretensión relacionada con que está providencias
tenga efectos inter comunis, de acuerdo con los fundamentos expuestos en
precedencia.

Adujo que el amparo satisfacía el requisito de relevancia constitucional, en tanto la
negativa de librar mandamiento de pago podía afectar de manera directa el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del accionante, incluso ante la
eventual imposibilidad de promover nuevamente la acción ejecutiva por el fenómeno de
la caducidad.

Sostuvo que el Tribunal incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, particularmente por el
presunto desconocimiento del precedente constitucional aplicable a la ejecución de
títulos valores derivados de contratos de mutuo celebrados por empresas industriales y
comerciales del Estado.

Para ello, examinó las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo, los documentos
aportados como título base de recaudo y las razones expuestas por las autoridades
judiciales demandadas para negar el mandamiento de pago.

Advirtió que el Tribunal consideró que el pagaré aportado no constituía por sí solo título
ejecutivo, en tanto estimó que la obligación se derivaba de un contrato de mutuo que
debía constar por escrito, por tratarse de una entidad estatal sujeta al estatuto de
contratación pública, y que además no se había exhibido el título valor en original.

No obstante, para el juez de tutela de primera instancia, esa interpretación desconoció
las reglas fijadas por la Corte Constitucional en autos recientes, en los que se ha
precisado que, tratándose de empresas industriales y comerciales del Estado que
desarrollan actividades regidas por el derecho privado y que no se encuentran vigiladas
por la Superintendencia Financiera, los contratos de mutuo pueden perfeccionarse con
la entrega material del dinero, sin necesidad de que medie un documento escrito, y que
los pagarés suscritos en ese contexto pueden constituir títulos ejecutivos cuando
contienen obligaciones claras, expresas y exigibles.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Resaltó que el IFC es una empresa industrial y comercial del Estado que desarrolla
actividades de gestión económica y de crédito bajo reglas de derecho privado, por lo que
los contratos que celebra en desarrollo de su objeto, aun cuando tengan naturaleza
estatal, pueden regirse por disposiciones civiles y comerciales.

En consecuencia, resultaba jurídicamente posible que el contrato de mutuo que dio
origen al pagaré se hubiera perfeccionado con la entrega del dinero, sin que fuera
indispensable su formalización por escrito para efectos de integrar el título ejecutivo.

Concluyó que el Tribunal se apartó del precedente constitucional aplicable sin cumplir
con las cargas de transparencia y argumentación exigidas para ello, pues no identificó
de manera expresa la regla jurisprudencial vigente ni ofreció razones suficientes que
justificaran su inaplicación al caso concreto.

La anterior circunstancia comportó una afectación de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la entidad accionante, en
la medida en que impuso exigencias formales no derivadas del precedente y restringió el
acceso al proceso ejecutivo.

4. LAS IMPUGNACIONES

4.1. El Juzgado accionado allegó impugnación contra la sentencia de tutela de primera
instancia, en el que solicitó revocar dicha decisión y en su lugar, declarar la
improcedencia del presente mecanismo de amparo.

Indicó que el actor pretende que se surta una tercera instancia en lo concerniente a la
discusión de los presupuestos de índole jurisdiccional analizados en primer y segunda
instancia por los jueces naturales de la causa.

Agregó que el accionante pretende atacar la decisión judicial al no estar de acuerdo con
las conclusiones allí arribadas, mas no con la afectación de los derechos fundamentales
alegados, razón por la cual no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.

Sostuvo que, aunque la Corte Constitucional ha señalado que la jurisdicción contencioso-
administrativa es competente para conocer procesos ejecutivos relacionados con
contratos celebrados por entidades públicas, ello no significa que pueda presumirse la
existencia de un contrato estatal, como el mutuo, cuando este no consta por escrito.

Enfatizó que, conforme al artículo 39 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales deben
tener forma escrita como requisito de solemnidad, por lo que un pagaré por sí solo no
acredita la existencia de dicho contrato ni justifica librar mandamiento de pago.

Agregó que, en consecuencia, los autos de la Corte que dirimen conflictos de
competencia no constituyen precedente obligatorio para admitir la existencia de contratos
verbales en el ámbito estatal ni para desconocer la exigencia legal de que estos consten
por escrito, incluso tratándose de empresas públicas con actividades financieras no
vigiladas por la Superintendencia Financiera.

4.2. El Tribunal allegó impugnación en la que solicitó que se revoque la decisión de
primera instancia, se declare la improcedencia de la acción cosntitucional y, en su lugar,
se nieguen las pretensiones de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Sostuvo que, que el presente asunto carece de relevancia constitucional, puesto que los
argumentos del accionante no revelan una afectación real y desproporcionada de
derechos fundamentales, sino que con los mismos se pretende reabrir una discusión
jurídica ya resuelta por el Tribunal.

Adujo que la decisión cuestionada realizó un análisis completo del título ejecutivo, la
naturaleza jurídica de la entidad y el régimen aplicable, concluyendo que se trataba de
un título complejo que requería aportar el contrato de mutuo y el pagaré original para su
ejecución.

Por ello, se considera que la acción de tutela fue utilizada indebidamente como una
tercera instancia para reabrir un debate jurídico sobre la interpretación normativa, y no
para la protección de derechos fundamentales, lo que la hace improcedente.

Señaló que no existe un precedente uniforme y vinculante sobre cómo debe integrarse el
título ejecutivo en los contratos de mutuo celebrados por empresas industriales y
comerciales del Estado, como el IFC. Esto se debe a que la Corte Constitucional ha
adoptado posiciones distintas; en algunos casos exige la solemnidad escrita del contrato
conforme al artículo 39 de la Ley 80 de 1993, mientras que en otros ha interpretado este
requisito de manera más flexible según las particularidades del caso y la naturaleza de la
entidad involucrada.

4.3. Mediante memorial de 4 de febrero de 20268, el Tribunal accionado allegó
providencia de reemplazo, en cumplimiento a lo ordenado en sentencia de 13 de
noviembre de 2025, proferida por el juez de primera instancia en la presente acción
constitucional.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de las presentes impugnaciones, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 9, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201510, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201912, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por

8 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 05435 01.
9 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
10 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
11 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

5.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

5.2.1. El IFC formuló demanda ejecutiva en contra de los señores Geiver Vianey Ríos
Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban, en calidad de deudores, con fundamento en el título
valor (pagaré) núm. 4120752, con el propósito de que se librara mandamiento de pago
por valor de $8.500.000. Dicho proceso ejecutivo le correspondió al Juzgado y se le
asignó el número único de radicación 85001 33 33 004 2024 00230 00.

5.2.2. Mediante auto de 20 de febrero de 2025, el juzgado resolvió lo siguiente:

PRIMERO: AVOCAR conocimiento del proceso, con fundamento en lo indicado
en precedencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS los autos de fecha 11 de marzo de 2024
mediante los cuales el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, de un lado,
dispuso librar mandamiento de pago, y de otro, decretar medidas cautelares, por
lo señalado en la parte motiva.

TERCERO: En consecuencia, DISPONER, el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas.

Por Secretaría, comuníquese esta decisión a las entidades que se
relacionen en la correspondiente providencia que se deja sin efectos.

CUARTO: NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la EICE
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC) en contra de GEIVER VIANEY
RIOS GUTIERREZ y MIREYA GUTIERREZ PIRABAN, por las razones expuestas.

Contra esta decisión la parte accionante interpuso recurso de apelación.

5.2.3. Mediante auto de 29 de mayo de 2025, el Tribunal resolvió el recurso de apelación
de manera confirmatoria.

5.2.4. Con sentencia de tutela de primera instancia de 13 de noviembre de 2025, la
Sección Cuarta de esta Corporación decidió lo siguiente:

1. Denegar la solicitud presentada por la parte actora, relacionada con que la
presente acción de tutela fuera estudiada por la Sala Plena de esta Corporación,
por las razones expuesta en esta providencia.

2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del Instituto Financiero de Casanare

3. Dejar sin valor ni efecto el auto del 29 de mayo de 2025, dictado por el Tribunal
Administrativo del Casanare en el proceso ejecutivo con radicado 850013333-004-
2024- 00230-00/01.

4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Casanare que, en el término de 10 días,
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de
reemplazo, en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

5. Declarar improcedente la pretensión relacionada con que está providencias
tenga efectos inter comunis, de acuerdo con los fundamentos expuestos en
precedencia.

5.2.5. En cumplimiento de la anterior decisión, el Tribunal profirió auto de reemplazo el 1
de diciembre de 2025, mediante la cual confirmó el auto de 20 de febrero de 2025,
proferido por el Juzgado, por el cual negó el mandamiento de pago solicitado por la parte
ejecutante.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, al sintetizar los requisitos
generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde
acogidos también por esta corporación13, indicó que un asunto sometido al estudio del
juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta
acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 202214, la Corte Constitucional hizo
énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga
el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter
subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría
cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios
que la jurisprudencia ha desarrollado para el efecto.

13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García
González).
14 M. P. Natalia Ángel Cabo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional.
En ese sentido, señaló que:

(…) el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace,
corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural
y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573 de 201915, el
alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez
de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema
jurídico”16.

15M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU

103 de 2022
16Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la

autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención
del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

5.3.1.3. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la competencia
y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o
con un marcado contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así
este segundo elemento de la relevancia17:

La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en
asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’, so pena de ‘involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales términos, un
asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i)
cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango
reglamentario o legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria
con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general.

En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el debate planteado por la parte actora es de
naturaleza meramente legal y/o económica. Sin embargo, en la reciente SU-215 de 2022,
al respecto se señaló que:

(…) no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia
constitucional […] en la labor judicial la indebida aplicación de normas de rango
legal puede derivar en una violación de derechos fundamentales. Justamente esa
situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante
vincule la discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros
términos, que explique con suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de
una norma de rango legal afectó garantías constitucionales”.

Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de unificación
advirtió:

Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se
puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute:
(i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos
ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte
ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

17Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra cuando la
argumentación no se limita a buscar la protección de los intereses económicos y/o legales
que identifican particularmente a la parte actora, sino que justifica razonablemente la
afectación desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.

5.3.1.4. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero de los criterios
de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se busca evitar que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho18:

Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal’. En este orden
de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta
Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales.
Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y reiterando lo
expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado”,
pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en
asuntos que no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional
precisó que:

“los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y
el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata
es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los
derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial
se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos
fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. (Subrayas de la Sala).

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en los que el
interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración que el juez natural
hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción que generan en el fallador las

18 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

pruebas allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo
radica en la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el
análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e independencia del juez
natural.

5.3.4. El caso concreto

En este caso, el Instituto Financiero de Casanare se encuentra inconforme con las
providencias proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante las cuales se decidió no librar mandamiento de
pago dentro del proceso ejecutivo promovido contra los señores Geiver Vianey Ríos
Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban, al considerar que el pagaré núm. 4120752 no
constituía por sí solo título ejecutivo suficiente, en la medida en que la obligación se
derivaba de un contrato de mutuo que debía constar por escrito y no fue aportado,
además de no haberse exhibido el título valor en original.

En concreto, las inconformidades planteadas por la entidad accionante en la tutela
consisten en que, a su juicio, las autoridades accionadas: (i) desconocieron que el pagaré
presta mérito ejecutivo por sí mismo cuando corresponde a operaciones regidas por el
derecho privado; (ii) exigieron la aportación de un contrato de mutuo escrito, pese a
tratarse de un negocio consensual; (iii) no tuvieron en cuenta los documentos allegados
para integrar el título; (iv) interpretaron de forma indebida el régimen aplicable a las
empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan actividad crediticia; e (v)
incurrieron en un formalismo excesivo al exigir la exhibición física del título valor, aun
cuando el proceso se adelantó bajo las reglas de virtualidad judicial.

A juicio de la Sala, el debate así planteado por el Instituto Financiero de Casanare
constituye la reiteración del que ya fue objeto de análisis y decisión dentro del proceso
ejecutivo, en torno a la suficiencia del pagaré como título ejecutivo autónomo y a la
necesidad de aportar el contrato de mutuo para integrar el título complejo cuando la
obligación tiene origen en la actividad contractual de una entidad estatal.

En efecto, lo que se advierte es que la accionante pretende que el juez constitucional
reexamine la valoración probatoria y la interpretación normativa efectuadas por los jueces
naturales de la causa, particularmente en lo relativo a la naturaleza del título base de
recaudo y a los requisitos necesarios para su exigibilidad en sede ejecutiva. Por lo tanto,
es claro que la finalidad de la presente acción no es la protección inmediata de derechos
fundamentales, sino la obtención de un nuevo pronunciamiento sobre un asunto de
estricta legalidad que ya fue resuelto en las instancias ordinarias.

Asimismo, la Sala advierte que, si bien la accionante invoca la protección de derechos
fundamentales, lo cierto es que la discusión que propone en esta acción constitucional
tiene también un alcance y repercusiones de contenido económico, en la medida en que,
a través de este mecanismo, busca que se adopte una decisión que permita continuar el
proceso ejecutivo y obtener el pago de la obligación dineraria reclamada, a partir de una
valoración distinta de los requisitos del título base de recaudo.

Por lo tanto, la Sala considera que el debate traído por la parte actora es ajeno al ámbito
propio del control constitucional, en tanto no se dirige a la protección inmediata de
derechos fundamentales, sino a reabrir una controversia de legalidad ya resuelta por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

juez natural, relacionada con la integración del título ejecutivo y la normativa aplicable al
negocio subyacente.

Aceptar un estudio de fondo en sede de tutela implicaría que el juez constitucional
sustituya al juez ordinario en la valoración jurídica y probatoria del proceso ejecutivo,
convirtiendo este mecanismo excepcional en una instancia adicional para controvertir
decisiones adoptadas dentro del trámite ordinario, lo cual desnaturalizaría su carácter
subsidiario.

En ese contexto, la Sala concluye que el asunto planteado carece de relevancia
constitucional19, en tanto no se dirige a la protección de un derecho fundamental en
sentido estricto, sino a reabrir la discusión jurídica sobre la suficiencia del pagaré como
título ejecutivo y la necesidad de integrar el contrato de mutuo, materias propias del
ámbito de legalidad y no del control constitucional. En consecuencia, la presente acción
de tutela resulta improcedente, al no acreditarse el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida por la Sección
Cuarta del consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

19 En casos similares al aquí estudiado, esta Sección ha indicado que el asunto objeto de debate no cumple

el requisito de relevancia constitucional. Verbigracia: Sentencia de tutela proferida el 27 de noviembre de
2025 en la AT Rad. 11001 03 15 000 2025 06405 00. M.P. Carlos Fernando Mantilla Navarro.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 15 000 2025 05435 01
Demandante: Instituto Financiero de Casanare
Demandados: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.