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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05003-01

Fecha
19 de enero de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05003-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 8 de septiembre de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción 13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009. 14 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018. 12 Acción de tutela – Segunda instancia Expediente: 11001-03-15-000-2025-05003-01 Accionante: IFC Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05003-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

19 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05003-01
Accionante: Instituto Financiero de Casanare –IFC–
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.

La sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de convocante, por el IFC en
contra del fallo de tutela proferido el 8 de septiembre de 20252 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

El 13 de agosto de 20253 el instituto accionante radicó tutela4 en procura de la protección
de sus derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, los que
considera vulnerados con las providencias proferidas el 14 de noviembre de 2024 y el 5
de junio de 2025 por el Juzgado 1º Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo
de Casanare, mediante las cuales se negó el mandamiento de pago solicitado en el
proceso No. 85001333300120240012800/01.

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 17, con certificado 73F99286DB5D558C
DEA8CC3FF0C70C8B 73B01338AE4EEDDE FF2F3CDAB08769A8.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 13, con certificado F308EAAE52AA253C

A9A2149C46138A95 5BA2CEE4667EAA75 6B6B6C8BCA062A81.
3 Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado 5D94078B491DD8B4

E02149B39FD871DD 7A09143A9A975756 C3108E89235997A9.
4 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 66F76226DDE04837

1FC85CB1573388AC 74999AF551A91D26 6AE5D6BD66D73E3E.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05003-01
Accionante: IFC
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

1.2.- Hechos

1.2.1.- El IFC solicitó librar mandamiento de pago con base en un pagaré firmado por Yuli
Marcela Araque Mesa. El trámite se radicó bajo el No. 85001333300120240012800.
Mediante auto del 14 de noviembre de 2024, el a quo negó dicha solicitud, al considerar
que el título era complejo y que, al no haberse aportado el contrato de mutuo, no se
acreditaban la claridad, expresividad y exigibilidad actual.5.

1.2.2.- Contra esa decisión, el ejecutante interpuso recursos de reposición y, en subsidio,
apelación, bajo el argumento de que el pagaré sí cumplía con los requisitos de un título
valor autónomo y que no era necesario allegar el contrato escrito. El juzgado reiteró su
decisión el 16 de enero de 2025 y concedió la apelación. El asunto fue repartido al
Tribunal Administrativo de Casanare que, por auto del 5 de junio de 2025 6, confirmó la
decisión, bajo el argumento de que el título presentado no era simple, sino complejo, ya
que derivaba de un contrato de mutuo que no fue aportado. Agregó que, conforme al
artículo 93 de la Ley 489 de 1998 y al régimen de contratación estatal, dicho instrumento
debía constar por escrito. Además, señaló que el IFC no presentó el original del pagaré,
como exige el artículo 624 del Código de Comercio, sino una copia digitalizada. Concluyó
que, al faltar el contrato y el original del título, no se configuraron los requisitos para librar
mandamiento de pago

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto, al
negarse el mandamiento de pago, se desconoció directamente la Constitución Política.
Alega que las autoridades esgrimieron una interpretación arbitraria y restrictiva que exige
la presentación de un contrato escrito de mutuo, pese a que el pagaré presentado cumple
con los requisitos de un título valor autónomo, claro, expreso y exigible, como lo ha
reconocido la Corte Constitucional. Señala que la exigencia de un documento adicional e
inexistente contradice la jurisprudencia y desconoce la fuerza vinculante de los
precedentes constitucionales. Además, advierte que se conculcaron la seguridad jurídica

5 A folios 54-55 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado AD20248BF352AF60
C3C93E79FA98E1AA 5AE43DDD47D3F201 1F33FA4EEC2941D7.
6 Obra auto a folios 54-61 en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado AD20248BF352AF60

C3C93E79FA98E1AA 5AE43DDD47D3F201 1F33FA4EEC2941D7.

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Accionante: IFC
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y la confianza legítima, pues durante décadas ha otorgado créditos sin contrato escrito,
al regirse por normas civiles y comerciales. Critica que se haya negado el mandamiento
de pago, a pesar de que el pagaré se aportó digitalmente, lo cual configura una negativa
deliberada de acceso a la justicia.

A su vez, el IFC sostiene que los accionados incurrieron en un defecto fáctico por una
indebida valoración probatoria, al ignorar que se presentó un pagaré que constituye un
título ejecutivo simple, autónomo y con una obligación clara, expresa y exigible.
Argumenta que desconocieron que, dada la naturaleza del IFC como empresa industrial
y comercial del Estado, sus contratos se rigen por el derecho privado, y que el contrato
de mutuo no requiere solemnidad escrita, sino que se perfecciona con la entrega del
dinero. Por tanto, exigir un contrato escrito supone imponer cargas imposibles e
innecesarias, lo que desconoce la validez del pagaré y el régimen legal aplicable. Esta
indebida exigencia configura una carga excesiva.

Igualmente, el extremo activo denuncia que en las decisiones judiciales impugnadas se
configuró un defecto sustantivo, al interpretar de forma restrictiva e irrazonable las normas
legales que regulan los procesos ejecutivos en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Alega que, pese a haberse aportado un pagaré con carta de instrucciones que contiene
una obligación clara, expresa y exigible, y que constituye un título simple, los jueces le
exigieron la presentación de un contrato escrito, lo que desconoce el alcance del artículo
297 del CPACA y demás normas aplicables. Además, cuestiona que se omitió la
aplicación sistemática e integral de las disposiciones de la norma referida, del Código de
Comercio, del Código Civil y de la Constitución Política, lo que representa una afectación
directa a las garantías constitucionales. Concluye que esta interpretación formalista y
alejada del contenido sustancial de los derechos configura una renuncia judicial al deber
de aplicar justicia material.

Por último, la entidad financiera alega un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al haberse exigido formalidades no previstas en la ley, como la presentación
de un contrato escrito para acompañar un pagaré que por sí mismo constituye un título
autónomo, con obligación clara, expresa y exigible. Esta exigencia, derivada de una
interpretación formalista y alejada de la prevalencia del derecho sustancial, ignora la
naturaleza del ejecutante como empresa industrial y comercial del Estado, regida por el

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derecho privado. Asimismo, cuestiona que se haya exigido el pagaré en físico, en
desconocimiento de lo previsto en la Ley 2213 de 2022 sobre la validez de los medios
digitales y la presentación virtual de demandas y anexos. En suma, considera que esta
postura judicial impide injustificadamente la ejecución de sus derechos.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se denuncia; (ii) dejar sin efectos los autos proferidos el 14 de noviembre de
2024 y el 5 de junio de 2025; y (iii) proferir una nueva decisión que reconozca el mérito
ejecutivo del pagaré No. 4119265, sin exigir requisitos adicionales no contemplados por
la ley.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 19 de agosto de 2025 la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, negó la medida provisional buscada por el IFC y dispuso la
vinculación de Yuli Marcela Araque Mesa.

2.2.- El Tribunal Administrativo de Casanare manifestó que su decisión se fundamentó
adecuadamente en la normativa y jurisprudencia vigente. Indicó que el pagaré No.
4119265 no constituía un título ejecutivo válido por sí solo, ya que provenía de un contrato
de mutuo que no fue allegado al proceso, lo que impedía precisar el alcance de la
obligación. Además, señaló que solo se presentó una copia digitalizada del título valor,
sin su original. Finalmente, argumentó que el caso no cumplía los requisitos necesarios
para que proceda la acción de tutela contra providencia judicial.

2.3.- El Juzgado 1º Administrativo de Yopal solicitó rechazar la tutela, bajo el argumento
de que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Justificó su negativa
a librar el mandamiento en la falta de conformación adecuada del título ejecutivo, ya que
tanto el pagaré como la carta de instrucciones no eran suficientes para respaldar la
exigencia del crédito. Aclaró que esta valoración no configura un formalismo excesivo, y
que la decisión se tomó con respeto al marco constitucional y legal, y a los principios de

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autonomía e independencia judicial. Finalmente, indicó que la tutela no debe ser usada
como una nueva instancia del proceso ejecutivo.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de septiembre de
2025, negó el amparo. Para ello, concluyó que la decisión del Tribunal Administrativo de
Casanare fue adoptada conforme al marco normativo aplicable. Señaló que el pagaré No.
4119265, presentado por el IFC, estaba relacionado con un contrato de mutuo, el cual no
fue aportado, lo que impedía verificar con certeza las condiciones de la obligación.
Además, observó que ese título valor se presentó únicamente en copia digitalizada y no
en su formato original, lo cual incumple los requisitos legales para su cobro. En
consecuencia, afirmó que el pagaré referido era complejo y no reunía los requisitos para
librar mandamiento de pago. Alegó que no se configuraron los defectos alegados, pues
el análisis probatorio fue razonable, respetó la autonomía judicial y se basó en las normas
vigentes. Añadió que las diferencias de interpretación probatoria no constituyen un
defecto fáctico, y que el salvamento de voto invocado por el accionante no tiene efectos
vinculantes frente a la decisión mayoritaria. Finalmente, advirtió que la tutela no puede
utilizarse como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico resuelto por la
jurisdicción competente.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, el accionante presentó impugnación, en la cual
insistió en sus argumentos primigenios. Sostuvo que aportó un pagaré y su
correspondiente carta de instrucciones, los cuales constituyen un título ejecutivo
autónomo, claro, expreso y exigible, sin que la ley exija la presentación de un contrato de
mutuo por escrito para perfeccionar dicho negocio jurídico, ya que, conforme al Código
Civil, el contrato de mutuo es consensual y se perfecciona con la entrega del dinero.
También reprochó que se hubiese exigido dicho contrato como requisito para considerar
válido el título, lo que desconoce la naturaleza jurídica del IFC como empresa industrial
y comercial del Estado, cuyas operaciones se rigen por el derecho privado y no por el
régimen de contratación estatal previsto en la Ley 80 de 1993. Además, indicó que
restarle mérito ejecutivo al pagaré e imponer requisitos no exigidos por la ley constituye

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un error grave en la interpretación normativa y una indebida valoración probatoria, lo cual
configura un defecto fáctico.

Asimismo, el recurrente denunció un exceso ritual al exigir la presentación del pagaré en
su formato original y no aceptar la copia digitalizada, lo cual contraviene lo establecido
en la Ley 2213 de 2022 sobre el uso de medios tecnológicos en la justicia. Adujo que ni
siquiera se le dio la oportunidad de aportar el documento en físico, lo que limitó
injustificadamente su acceso a la jurisdicción. También criticó que las decisiones
judiciales ignoraron precedentes de la Corte Constitucional, como la providencia A-2014
de 2024, que ha reconocido que el pagaré derivado de un contrato de mutuo celebrado
por entidades estatales regidas por el derecho privado presta mérito ejecutivo por sí
mismo. Finalmente, concluyó que la tutela es procedente, ya que se configuraron los
defectos denunciados que impidieron al IFC ejercer plenamente su derecho a cobrar la
obligación contenida en el título valor aportado.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 8 de septiembre de 2025 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

En tal medida, esta Sala ceñirá su análisis a la providencia del Tribunal Administrativo de
Casanare, ya que fue esta la que resolvió las críticas elevadas por el IFC en su recurso
de apelación y la que puso fin al asunto relativo al mandamiento de pago.

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3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad7 y de procedencia8 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”9.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 10 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.

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Por su parte, la Corte Constitucional, en la SU-215 de 202211, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

4.2.- En el caso concreto, el IFC cuestiona, en esencia, que el Tribunal Administrativo de
Casanare incurrió en (i) un defecto por violación directa de la Constitución, al exigir
arbitrariamente un contrato de mutuo escrito pese a la validez autónoma del pagaré
presentado; (ii) un defecto fáctico, al realizar una indebida valoración de los medios de
convicción y desconocer que el pagaré constituye un título ejecutivo simple, claro,
expreso y exigible conforme al régimen legal aplicable al IFC; (iii) un defecto sustantivo,
por aplicar de forma restrictiva las normas sobre títulos ejecutivos en la jurisdicción
contenciosa administrativa, en desconocimiento del artículo 297 del CPACA y del marco
normativo aplicable a entidades de derecho privado; y (iv) un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, al imponer formalidades no exigidas legalmente, como requerir
un pagaré en físico y un contrato escrito inexistente, lo cual también desconoció la validez
de los medios digitales conforme a la Ley 2213 de 2022.

4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no haberse
explicado en debida forma, se advierten como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado en el proceso No. 85001333300120240012800/01, como si la acción
de tutela fuera una instancia adicional a ese trámite, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 5 de junio de 2025, se
dilucida el siguiente análisis textual:

“5.- ARGUMENTOS DE APELACIÓN: la parte ejecutada apeló el auto calendado noviembre 14
de 2024 por medio del cual el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE YOPAL negó el mandamiento de pago argumentando que: i) el título ejecutivo cuyo
cobró pretende el INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE es simple y no complejo, por lo que
no resulta necesario allegar el contrato de mutuo para determinar que este es claro, expreso y
exigible; ii) el aludido acuerdo de voluntades es de naturaleza consensual y se perfecciona con

11 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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tradición de cosa mutuada, por lo que no debe elevarse a escrito para su existencia y, iii) el IFC
es una empresa industrial y comercial del estado que desarrolla actividades crediticias en
competencia con el sector privado, por lo que sus actividades contractuales se rigen por las
normas civiles y comerciales.

Por otra parte, de las pruebas allegadas al proceso se determina que, el INSTITUTO
FINANCIERO DE CASANARE y la señora YULI MARCELA ARAQUE MESA, suscribieron el
pagaré No. 4119265, por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) -. ítem 8 c.
principal archivo 1 índice 03 SAMAI.-.

De conformidad con lo anterior se establece con claridad que:
a. La acreencia plasmada en el pagaré No. 4119265 cuya ejecución solicita la entidad pública
recurrente, corresponde a la obligación adquirida por los ejecutados de devolver el dinero recibido
tras la concesión de un crédito, descripción que corresponde a la tipología contractual de mutuo
o préstamo de consumo, plasmada en el artículo 2221 del Código Civil, así: ‘El mutuo o préstamo
de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas
fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad’.
b. El INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE se rige por las normas que regulan el
funcionamiento de las empresas industriales y comerciales del estado por lo que, de conformidad
con lo normado por el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 ‘(…) Los contratos que celebren para el
cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de Contratación
de las entidades estatales’ uno de los cuales es la solemnidad que se traduce en que deben
constar por escrito el artículo 39 de la Ley 80 de 1993.
c. La parte ejecutante no cumplió con la exhibición del título valor en los términos del artículo 624
del Código de Comercio, pues no aportó copia original del título valor, sino que se limitó a enseñar
una digitalización del mismo, lo cual impide su cobro.

De esta manera fuerza concluir que, el titulo que el IFC solicita ejecutar es complejo pues la
acreencia que se encuentra plasmada en el pagaré que suscribió con la parte ejecutada deviene
de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado por la
parte ejecutante, sin el cual no es posible determinar con certeza las obligaciones allí contenidas
a lo que debe sumarse que, la parte ejecutante debió aportar el título valor referido en original y
no a una copia digitalizada del mismo, pues la exhibición de estos documentos es requisito para
su cobro de forma que, deberá confirmarse la decisión de no librar mandamiento de pago
adoptada por el Juez de primera instancia mediante proveído del 14 de noviembre de 2024, por
las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia”12.

4.5.- La sala advierte que la colegiatura convocada examinó con detenimiento las
circunstancias particulares del pagaré aportado por el IFC y concluyó que este carecía
de los requisitos sustanciales para constituirse como título ejecutivo autónomo y simple.
Precisó que, aunque se trataba de un pagaré, su exigibilidad dependía de un contrato de
mutuo subyacente que no fue aportado, y que, por tanto, el título era de carácter
complejo. Además, advirtió que el documento aludido no fue presentado en original, sino
como copia digital, lo cual contraviene lo dispuesto en el Código de Comercio. En este
sentido, resaltó que la falta de elementos esenciales impide acreditar la existencia de una

12A folios 59-60 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado AD20248BF352AF60
C3C93E79FA98E1AA 5AE43DDD47D3F201 1F33FA4EEC2941D7.

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obligación clara, expresa y exigible, lo que conlleva necesariamente la negativa del
mandamiento de pago.

4.6.- Resulta claro, entonces, que la institución peticionaria pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues,
como se vio, la colegiatura hizo un análisis detallado respecto del pagaré No. 4119265,
por lo cual resulta diáfano que las quejas elevadas por la parte convocante buscan reabrir
el debate resuelto en el proceso No. 85001333300120240012800/01, con el fin de que
prevalezca su interpretación sobre la prohijada por el Tribunal Administrativo de
Casanare.

Ahora bien, se observa que el planteamiento relacionado con el exceso ritual manifiesto
también carece de trascendencia constitucional en el caso concreto. Aunque el tutelante
cuestiona la exigencia de ciertos requisitos formales, como la presentación de un contrato
escrito para conformar el título ejecutivo, lo cierto es que dicho requerimiento se sustenta
en una interpretación jurídica razonable y no arbitraria de las normas aplicables. En ese
sentido, la actuación del juez natural, al menos desde el punto de vista del derecho
constitucional, no impuso una carga irrazonable ni desproporcionada, en tanto el hecho
de que se trate de un título valor no implica que automáticamente esté excluido de las
reglas de la jurisdicción administrativa. Además, el supuesto riesgo sistemático sobre la
imposibilidad de cobros de las acreencias del IFC no se ajusta a ninguna de las causales
específicas de procedencia. Por tanto, estos debates propuestos por la entidad se
enmarcan en una discrepancia de orden legal que no alcanza el umbral de afectación
constitucional exigido para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

El actor también denunció que se ignoró la providencia A-2014 de 2024 de la Corte
Constitucional, pero, al igual que los reproches anteriores, esta queja carece de un
sustento adecuado, ya que dicha decisión se limitó a resolver un conflicto de competencia
y no a desatar de fondo una discusión igual al caso sub examine.

Igualmente, es pertinente señalar que esta Subsección ya resolvió una acción de tutela
similar, identificada con el número 11001031500020250096700. En esa ocasión se
precisó que, si bien el asunto planteado corresponde a una discusión jurídica válida, al

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margen de la postura propia de esa colegiatura, la interpretación adoptada por el Tribunal
Administrativo de Casanare no se evidenciaba, prima facie, como arbitraria o irrazonable.
En consecuencia, se concluyó que dicha controversia no era susceptible de ser abordada
a través de la acción de tutela.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa14.

5.- En consecuencia, se advierte que los cargos incoados en la solicitud de amparo no
superan el requisito genérico de relevancia constitucional y esto hace que el depreco
resulte improcedente. En ese sentido, se modificará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 8 de septiembre de 2025 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción

13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
14 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

12

Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-05003-01
Accionante: IFC
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro

de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

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