RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-02214-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02214-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02214-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 8 de mayo de 2026 por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado que concedió la solicitud de amparo para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero del Casanare - IFC, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02214-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero del Casanare (IFC)
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare y otro1
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, declara
improcedente la acción de tutela al no acreditarse el requisito
general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo del Casanare
en contra del fallo de tutela proferido el 8 de mayo de 2026 por la Subsección A, Sección
Tercera del Consejo de Estado, que concedió el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El Instituto Financiero del Casanare, en adelante IFC, actuando a través de su
representante legal, promovió acción de tutela en contra de las providencias proferidas
el 5 de junio de 2025 y 2 de octubre de 2025, por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, respectivamente, dentro del
proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 85001 33 33 004 2025 00250 00/01,
y para ello formuló las siguientes pretensiones2:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso
a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DEL CASANARE,
que se desconocieron por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL en auto emitido en fecha 05 de Junio de 2025 y su
confirmatorio, emitido el 02 de Octubre de 2025 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro del proceso 850013333004 2025-
00250-01.

SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 05 de
Junio de 2025 emitido por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE YOPAL, así como la decisión que desató la apelación, proferida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE en fecha 02 de Octubre de
2025 como medio de control dentro del proceso 850013333004-2025-00250-01,
por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al
restarle mérito ejecutivo al pagaré 79357 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar
al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena
a este tipo de contratos de régimen civil, así como por defecto sustancial dado el
sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial

1 Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

vertical y por esa vía cercenar injustamente los derechos fundamentales al Debido
Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO
DEL CASANARE - IFC.

TERCERO: Que se ordene a los accionados JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CASANARE, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48
horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer las
actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL, libre mandamiento de pago y/o
ordene seguir adelante en la ejecución, y mantenga las medidas cautelares a favor
del INSTITUTO FINANCIERO DEL CASANARE y en contra del demandadas
LIDY DIANA BONILLA DUEÑAS Y SONIA PATRICIA DUEÑAS CAMAR, dentro
del proceso ejecutivo 850013333004-2025-00250-00, adelante el proceso hasta
su finalización, y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de
procesos.

CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se
extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados
Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el INSTITUTO
FINANCIERO DEL CASANARE, y en los que se desconozca el pagaré como título
ejecutivo autónomo, existan similares supuestos fácticos y jurídicos o que se
presente análogas circunstancias, así como ordenar al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE YOPAL y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que en lo de sucesivo se abstengan de
incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción.

QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del
cumplimiento del fallo de tutela proferido. [Negrillas del texto original].

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante informó que es una empresa industrial y comercial del Estado del
orden departamental, creada mediante los Decretos 107 de 1992 y 073 de 2002, cuyo
régimen contractual se rige por lo previsto en los artículos 85 y 93 de la Ley 489 de 1998,
el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado a su vez por el artículo 93 de la Ley
1474 de 2011.

Indicó que, en desarrollo de su objeto social, otorga créditos de fomento educativos a
personas de escasos recursos del departamento de Casanare, los cuales se respaldan
mediante pagarés y cartas de instrucciones, sin que medie contrato de mutuo escrito, por
tratarse de una actividad comercial regida por el derecho privado.

Señaló que ante el incumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de los usuarios
y agotadas las gestiones administrativas de cobro, promueve los correspondientes
procesos ejecutivos para obtener el pago de las acreencias.

Adujo que, en ese contexto, presentó demanda ejecutiva contra las señoras Lidy Diana
Bonilla Dueñas y Sonia Patricia Dueñas Camargo, con fundamento en el pagaré núm.
79357, por valor de $8.368.800, cuyo conocimiento, inicialmente, correspondió al
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Yopal; sin embargo, dicho despacho, mediante auto
del 24 de abril de 2025, declaró su falta de competencia de conformidad con el artículo
90 del CGP, por lo que la demanda fue sometida a nuevo reparto y fue asignada al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

Manifestó que el citado juzgado administrativo, mediante auto del 5 de junio de 2025,
negó librar mandamiento ejecutivo al considerar que el pagaré no constituía un título
ejecutivo suficiente por tratarse, a su juicio, de un título ejecutivo complejo, que requería
la aportación de un contrato de mutuo escrito. Adicionalmente, cuestionó que el pagaré
hubiera sido aportado en copia digitalizada y no en original.

Inconforme con dicha decisión interpuso recurso de apelación, y el Tribunal
Administrativo del Casanare, mediante providencia del 2 de octubre de 2025, la confirmó.

Como fundamento de la acción de tutela, la parte accionante sostuvo que las providencias
cuestionadas vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al desconocer la autonomía y exigibilidad del título valor,
imponer exigencias formales inexistentes y apartarse del precedente constitucional, lo
que además genera un grave riesgo patrimonial para la entidad.

Sostuvo que las decisiones controvertidas adolecen de defectos fáctico, sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente y por
violación directa de la Constitución.

En cuanto al defecto fáctico, indicó que se realizó una indebida valoración del material
probatorio obrante en el expediente, al desconocerse que el pagaré base de la ejecución
contiene una obligación clara, expresa y exigible, y al omitirse la apreciación integral de
los documentos allegados por la entidad ejecutante.

Respecto del defecto sustantivo, adujo que este se materializó en la medida en que las
autoridades judiciales omitieron aplicar las normas que ordenaba que cualquier acto
proferido con ocasión de la actividad contractual constituía un título ejecutivo, como sería
el caso del pagaré objeto de exigibilidad.

En lo atinente al defecto procedimental absoluto, sostuvo que las decisiones reprochadas
lo configuran por exceso ritual manifiesto, al negar el acceso al proceso ejecutivo con
base en exigencias formales innecesarias y desproporcionadas, como la obligación de
aportar un contrato de mutuo escrito y la presentación del pagaré en original físico, pese
a que el trámite se adelantó conforme a las reglas de virtualidad judicial vigentes.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, alegó que los jueces accionados
se apartaron del criterio fijado por la Corte Constitucional en el Auto A-2014 de 2024, en
el cual se reconoció que los pagarés suscritos en desarrollo de contratos de mutuo
celebrados por empresas industriales y comerciales del Estado, regidas por el derecho
privado, prestan mérito ejecutivo y no requieren la existencia de un contrato escrito para
su exigibilidad.

Finalmente, en lo concerniente a la violación directa de la Constitución, indicó que las
providencias cuestionadas vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, desconocen la prevalencia del derecho sustancial
y se apartan de los estándares constitucionales que deben orientar la actividad judicial.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

3.1. La tutela fue radicada el 17 de marzo de 20263 y correspondió por reparto a la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado que, por auto del 25 de marzo de
20264 la admitió y dispuso notificar5 al Tribunal Administrativo del Casanare, al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal, como parte accionada; así como vincular6 a
las señoras Lidy Diana Bonilla Dueñas y Sonia Patricia Dueñas Camargo, como terceros
con interés.

3.2. El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia acusada rindió informe7
y señaló que la decisión se sustentó en la valoración del material probatorio obrante en
el expediente y en la normativa aplicable. Asimismo, indicó que las acciones de tutela
promovidas con fundamento en supuestos fácticos y jurídicos semejantes han sido
declaradas improcedentes por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

Explicó que la determinación adoptada tuvo en cuenta la naturaleza jurídica del Instituto
Financiero del Casanare, entidad departamental sometida al régimen de las empresas
industriales y comerciales del Estado previsto en la Ley 489 de 1998. En consecuencia,
los contratos que celebra para el cumplimiento de su objeto se rigen por el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, razón por la cual deben constar
por escrito.

Precisó que el negocio jurídico que sirve de fundamento al pagaré cuya ejecución se
pretende corresponde a un contrato estatal, por lo que su existencia debe acreditarse
conforme a las exigencias legales aplicables a este tipo de negocios, más aún cuando la
controversia se desarrolla en el marco de un proceso ejecutivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que no se configuró vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados ni los defectos atribuidos a la providencia
cuestionada, toda vez que esta fue proferida con observancia del marco normativo y
jurisprudencial pertinente.

3.3. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal8 allegó escrito en el que
manifestó que la parte actora pretende reabrir, por vía de tutela, una discusión ya resuelta
por los jueces naturales de la causa en primera y segunda instancia, mediante
providencias ejecutoriadas que no desconocen derechos fundamentales.

Afirmó que en el presente asunto no se satisface el requisito de relevancia constitucional,
pues los reparos del accionante se limitan a expresar su desacuerdo con la interpretación
efectuada por las autoridades judiciales respecto de los requisitos del título ejecutivo.

Señaló que no puede predicarse el desconocimiento del Auto 2014 de 2024 de la Corte
Constitucional ni de otras decisiones análogas, por cuanto se trata de providencias
encaminadas a resolver conflictos de competencia y no de precedentes obligatorios para
3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.
5 Esta orden se cumplió el día 6 de abril de 2026. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso de primera instancia con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.
6 Ibidem
7 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.
8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Agregó que las normas civiles y
comerciales invocadas por el accionante no desvirtúan la exigencia legal de que los
contratos estatales consten por escrito, prevista en la Ley 80 de 1993.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera - Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de
mayo de 20269 amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia invocados, dejó sin efectos la sentencia del 2 de octubre de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare y le ordenó a dicha autoridad
judicial adoptar una nueva decisión.

Para ello, inicialmente consideró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En particular,
estimó que el asunto tiene relevancia constitucional al involucrar una posible afectación
del derecho de acceso a la administración de justicia derivada de la interpretación de las
normas que regulan los títulos ejecutivos y los títulos valores en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Adicionalmente, también encontró satisfechos los
presupuestos de subsidiariedad e inmediatez.

Respecto de las causales específicas de procedencia, advirtió que los reproches
formulados por el accionante convergían en una presunta interpretación irrazonable de
las normas aplicables a la ejecución de títulos ejecutivos y títulos valores, razón por la
cual concentró su análisis en la configuración de un defecto sustantivo.

Al estudiar el caso, consideró que las autoridades judiciales omitieron valorar
integralmente las disposiciones que regulan los títulos ejecutivos en la jurisdicción
contencioso administrativa, particularmente aquellas que reconocen como tales los actos
proferidos con ocasión de la actividad contractual que contengan obligaciones claras,
expresas y exigibles.

Igualmente, señaló que no se tuvo en cuenta el régimen jurídico propio de los títulos
valores y los principios que los caracterizan, en virtud de los cuales incorporan un derecho
autónomo susceptible de ejecución.

En ese contexto, estimó carente de sustento legal la exigencia de aportar el contrato de
mutuo para integrar, junto con el pagaré, un título ejecutivo complejo, pues ello impone
una carga adicional no prevista en el ordenamiento y restringe injustificadamente la
posibilidad de ejecutar judicialmente el título valor. Precisó que correspondía al juez de
la causa analizar si el pagaré reunía los requisitos para constituir título ejecutivo, sin
supeditar dicho examen a la existencia de un documento adicional.

Finalmente, concluyó que, en caso de existir dudas sobre la competencia derivadas de
la naturaleza del título o de la relación jurídica subyacente, la autoridad judicial podía
promover el respectivo conflicto ante la Corte Constitucional. No obstante, consideró que
resultaba contrario al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia exigir
requisitos desproporcionados que desnaturalizaran el título valor y obstaculizaran su
ejecución

9 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia

con radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Casanare
lo impugnó10 al considerar que la acción de tutela resultaba improcedente, por lo que no
era posible abordar el estudio de fondo del asunto.

Sostuvo que, en casos análogos, el Consejo de Estado ha concluido que este tipo de
controversias carecen de relevancia constitucional, en la medida en que versan sobre
aspectos de naturaleza patrimonial y reflejan una simple inconformidad con las
decisiones judiciales adoptadas, circunstancia que convertiría la tutela en una instancia
adicional.

Asimismo, afirmó que no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados ni el defecto sustantivo atribuido a la providencia cuestionada. Señaló que la
decisión de segunda instancia, proferida el 2 de octubre de 2025 dentro del proceso
ejecutivo, se fundamentó en la valoración del acervo probatorio y en la aplicación de las
normas que regulan la contratación estatal.

Explicó que el Instituto Financiero del Casanare, por su naturaleza de empresa industrial
y comercial del Estado del orden departamental, se encuentra sometido al régimen
previsto en la Ley 489 de 1998, de manera que los contratos celebrados para el desarrollo
de su objeto deben sujetarse al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública y constar por escrito. En tal sentido, consideró que, al derivarse el pagaré de un
contrato estatal, era necesario acreditar la existencia de dicho negocio jurídico para
efectos de su ejecución ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De otra parte, indicó que los autos de la Corte Constitucional citados en la sentencia de
tutela se limitaron a resolver conflictos de jurisdicción y no establecieron reglas
jurisprudenciales vinculantes sobre el régimen contractual aplicable al Instituto Financiero
del Casanare ni sobre la conformación del título ejecutivo en estos eventos. Por ello, las
consideraciones efectuadas sobre tales aspectos tendrían un carácter meramente
incidental.

Finalmente, sostuvo que no existe una posición uniforme respecto de la integración del
título ejecutivo en los contratos de mutuo celebrados por empresas industriales y
comerciales del Estado, pues tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
han sostenido criterios distintos. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la
sentencia del 8 de mayo de 2026 y, en su lugar, declarar improcedente la acción o negar
el amparo solicitado.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en

10 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado núm. 11001 0315 000 2026 02214 00.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:

6.2.1. El IFC formuló demanda ejecutiva contra las señoras Lidy Diana Bonilla Dueñas y
Sonia Patricia Dueñas Camargo, en calidad de deudoras, con fundamento en el título
valor (pagaré) núm. 79357, con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma
de $8.368.800. Dicho proceso ejecutivo correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Yopal, el cual se le asignó el número único de radicación 85001 33 33 004
2025 00250 00.

6.2.2. Mediante providencia del 5 de junio de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Yopal resolvió negar el mandamiento de pago solicitado por el IFC. Decisión
frente a la cual el accionante interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación.

6.2.3. Por auto de 4 de septiembre de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
de Yopal resolvió el recurso de reposición en el sentido de mantener lo dispuesto en el
proveído de 5 de junio de 2025 y concedió el recurso de apelación.

6.2.4. El Tribunal Administrativo del Casanare mediante sentencia del 2 de octubre de
2025, confirmó la providencia del 5 de junio de 2025, que negó librar mandamiento de
pago.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo expuesto en la impugnación, y comoquiera que el a quo descendió
al estudio de los defectos alegados por los accionantes y concedió la solicitud de amparo,
la Sala estima necesario determinar, en primer lugar, si en este evento se cumple el
requisito general de relevancia constitucional, y para ello, se detendrá en (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.

expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial núm. 50913.
15 Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con núm. de radicado 85001 33

33 004 2025 00250 00 00/01
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional16

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]17.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades18:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 19. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.

6.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el
segundo y el tercer criterio que la compone, esto es, (i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
16 Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos términos en la

sentencia C – 590 de 2005.
17 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este

criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
19 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm.. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; e
(ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

6.3.2.1. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza económica.

Frente al segundo elemento, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:20

[…] la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente
legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben
ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en
[cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” […]. [Subrayado fuera
del texto].

En ese sentido, anotó que21:

[…] en tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general” […]. [Subrayado fuera del texto].

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad o de naturaleza económica, no está superado.

Lo anterior, debido a que, la discusión planteada por la parte accionante tiene un alcance
y repercusiones de contenido económico, en la medida en que, a través de este
mecanismo, busca que se adopte una decisión que permita continuar el proceso
ejecutivo y obtener el pago de la obligación dineraria reclamada, a partir de una
valoración distinta de los requisitos del título base de recaudo.

Por lo anterior, en el caso en cuestión, el segundo criterio de la relevancia constitucional
no se cumple.

6.3.2.2. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces

Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias

20 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido
21 Ibidem

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)22. (Se destaca) […].

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, «circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

En igual sentido anotó que «como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial» (…)”.
[Se destaca].

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el accionante pretende que se dejen
sin efectos las providencias del 5 de junio y 2 de octubre de 2025, proferidas por las
autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo
identificado con el número único de radicación 85001 33 33 004 2025 00250 00/01
promovido en contra de las señoras Lidy Diana Bonilla Dueñas y Sonia Patricia Dueñas
Camargo, en calidad de deudoras, con fundamento en el pagaré núm. 79357, con el
propósito de que se librara mandamiento de pago por la suma de $8.368.800.

Mediante auto de 5 de junio de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Yopal resolvió no librar mandamiento de pago, al considerar que el accionante omitió
acreditar la existencia de un título ejecutivo complejo, pues no aportó el contrato que dio
origen a la obligación y únicamente allegó el pagaré y la carta de instrucciones, los
cuales, por sí solos, no contienen una obligación clara, expresa y exigible.

En el recurso de apelación, el accionante sostuvo que el juzgado debió librar
mandamiento de pago, pues el pagaré núm. 79357, junto con la carta de instrucciones y
los soportes del crédito, constituía un título ejecutivo simple, claro, expreso y exigible.

Señaló que no era necesario aportar un contrato de mutuo escrito, dado que dicho
negocio se perfecciona con la entrega del dinero y su existencia se refleja en el propio
pagaré, por lo que exigir un documento adicional constituía un formalismo indebido que
obstaculizaba el acceso a la administración de justicia.

Al resolver el recurso mediante providencia del 2 de octubre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Casanare señaló que el título valor cuya ejecución solicitó el IFC es
de carácter complejo, en la medida en que la acreencia consignada en el pagaré proviene

22 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

de la celebración de un contrato de mutuo, acuerdo de voluntades que no fue aportado
por la parte ejecutante y sin el cual no es posible determinar con certeza las obligaciones
allí contenidas.

Agregó que la parte actora debió aportar el título valor en original y no en copia
digitalizada, pues la exhibición de dicho documento constituye un requisito para su cobro.

De la lectura del escrito de tutela se advierte que las inconformidades planteadas por la
entidad accionante consisten en que, a su juicio, las autoridades accionadas: (i)
desconocieron que el pagaré presta mérito ejecutivo por sí mismo cuando corresponde
a operaciones regidas por el derecho privado; (ii) exigieron la aportación de un contrato
de mutuo escrito, pese a tratarse de un negocio consensual; (iii) no tuvieron en cuenta
los documentos allegados para integrar el título; (iv) interpretaron de forma indebida el
régimen aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado que desarrollan
actividad crediticia; e (v) incurrieron en un formalismo excesivo al exigir la exhibición
física del título valor, aun cuando el proceso se adelantó bajo las reglas de virtualidad
judicial.

A juicio de la Sala, el debate así planteado por el Instituto Financiero del Casanare
constituye la reiteración del que ya fue objeto de análisis y decisión dentro del proceso
ejecutivo, en torno a la suficiencia del pagaré como título ejecutivo autónomo y a la
necesidad de aportar el contrato de mutuo para integrar el título complejo cuando la
obligación tiene origen en la actividad contractual de una entidad estatal.

En efecto, lo que se advierte es que la parte accionante pretende que el juez
constitucional reexamine la valoración probatoria y la interpretación normativa
efectuadas por los jueces naturales de la causa, particularmente en lo relativo a la
naturaleza del título base de recaudo y a los requisitos necesarios para su exigibilidad
en sede ejecutiva. Por lo tanto, es claro que la finalidad de la presente acción no es la
protección inmediata de derechos fundamentales, sino la obtención de un nuevo
pronunciamiento sobre un asunto de estricta legalidad que ya fue resuelto en las
instancias ordinarias.

Bajo este contexto, la Sala observa que el accionante utiliza este mecanismo con el
propósito de que el juez constitucional reexamine un asunto ya resuelto por el juez
natural de la causa, con el fin de obtener una decisión distinta y favorable a sus intereses.

En tal sentido, se considera que no se configura un problema de naturaleza estrictamente
constitucional, sino el intento de utilizar la acción de tutela como un mecanismo adicional
para obtener una decisión favorable a sus intereses.

En consecuencia, no le corresponde al juez constitucional sustituir a la autoridad judicial
accionada en la valoración probatoria ni en la aplicación de la normatividad o del
precedente, ni mucho menos convertirse en un superior funcional encargado de revisar
el acierto de sus decisiones.

Aceptar un estudio de fondo en sede de tutela implicaría una injerencia indebida en la
valoración jurídica y fáctica efectuada dentro del trámite del proceso ejecutivo, lo cual
desnaturalizaría el carácter subsidiario y excepcional de este mecanismo y afectaría la
estabilidad de las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento ordinario.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 8 de mayo de 2026 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, declarará
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 02214 01
Accionantes: Instituto Financiero de Casanare
Accionado: Tribunal Administrativo del Casanare y otro

improcedente la acción de tutela, por cuanto no se acredita el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 8 de mayo de 2026 por la Subsección
A, Sección Tercera del Consejo de Estado que concedió la solicitud de amparo para, en
su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Instituto
Financiero del Casanare - IFC, por las razones señaladas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 9 de
julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.