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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01044-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de diciembre de 2020 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la cual se rechazó por improcedente la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, se declararon no probadas las excepciones y se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. 46 Archivo titulado «51_250002342000201801044016MemorialWeb202532721612», índice 30 de Samai. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021) Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial del Servicio Nacional de Aprendizaje, en los términos del poder conferido47. CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Nicolás Pataquiva Delgadillo, identificado con cédula de ciudadanía 1.073.253.662 de Mosquera y tarjeta profesional 410.182 del C.S de la J., como apoderado sustituto de la UGPP, en los términos del poder otorgado48. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01044-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de junio de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución-Caducidad, legitimación en la causa por pasiva,
intereses moratorios

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de 4
de diciembre de 2020, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó seguir adelante con la
ejecución a favor de la señora Aura Judith Sarmiento Acosta, rechazó por
improcedente la excepción de falta de legitimación en la causa y declaró no
probada las excepciones de prescripción de la obligación y de caducidad de la
acción.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La señora Aura Judith Sarmiento Acosta, formuló demanda ejecutiva con el fin
de lograr el cumplimiento de la sentencia del 29 de marzo de 2007 proferida por
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

1
Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 25000-
23-25-000-2004-09433-01 instaurado en contra de la Caja Nacional de Previsión
Social.

3. La sentencia ejecutiva ordenó pagar la pensión gracia disfrutada por la
beneficiaria con efectividad a partir del 3 de septiembre de 2001, con base al el
salario percibido entre el 3 de septiembre de 2000 al 3 de septiembre de 2001,
incluyendo los factores salariales de prima especial, prima de vacaciones y prima
de navidad, igualmente, dispuso la actualización de la condena de acuerdo con
lo contemplado en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y su
cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 de esa codificación.

4. La ejecutante consideró que el pago ordenado en el fallo se realizó de forma
parcial, lo cual generó diferencias en las mesadas pensionales reconocidas y las
que realmente debieron sufragarse. Existiendo en consecuencia, un error en el
cálculo de la indexación de las sumas reconocidas y de los intereses moratorios
que se causaron a partir 1.° de febrero de 2008 hasta el 18 de junio de 2008,
momento en el que se requirió el cumplimiento de la decisión a la entidad pública.

5. En efecto, se solicitó que se librara el mandamiento de pago en contra de la
UGPP por los siguientes montos y conceptos: i) $26.691.577, por capital
(diferencias pensionales); ii) $3,013,084,00 por indexación; iii) $19.491.555,00
por intereses moratorios; y iv) por la condena en costas a la parte demandada.

1.2. Mandamiento de pago

6.El tribunal por auto del 22 de agosto de 2018, libró mandamiento ejecutivo en
contra de la UGPP y a favor de Aura Judith Sarmiento Acosta por la suma de
$13.771.616,40 correspondiente a los intereses moratorios causados entre el 2
de febrero de 2008 y el 31 de mayo de 2011.

7. Para ello, advirtió que la liquidación realizada por la contadora de la
corporación permitió establecer el monto de $43.483.078,40, que se compone de
los valores que enseguida se indican: i) mesada pensional de acuerdo a lo
ordenado en el fallo de 29 de marzo de 2007, $1.262.146,01; ii) diferencias
pensionales a la ejecutoria de la decisión (3 de septiembre de 2001 a 31 de mayo
de 2011), $26.691.577,29; iii) indexación de las diferencias pensionales,
$3.013.076,05; iv) intereses sobre capital a la ejecutoria del fallo desde el 2 de
febrero de 2008 hasta el 31 de mayo de 2011, $13.778.425,05.

8. Sin embargo, el Fondo de Pensiones Públicas efectuó el pago de
$29.711.4622 que al descontarse de la suma de 43.483.078,40, generó la
diferencia de $13.771.616,40 por concepto de intereses moratorios en el período

2
El Tribunal señaló que el valor se estableció al restar al neto pagado de $33.996.374, la mesada pensional del mes de
junio y la mesada adicional del mismo mes, en cuantía de $4.284.912.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

de 2 de febrero de 2008 al 31 de mayo de 2011, valor sobre el que se libró el
mandamiento de pago.

1.3. Contestación de la demanda

9. La UGPP presentó escrito de defensa con las siguientes excepciones:

10. Falta de legitimación en la causa, manifestó que no le asistía obligación en

el pago de los intereses moratorios reclamados por la señora Aura Judith
Sarmiento Acosta, razón por la que la responsabilidad de pago correspondía a la
extinta Caja Nacional de Previsión Social-CAJANAL, en liquidación, y que
cualquier reclamación debía haberse presentado dentro del proceso liquidatorio
correspondiente.

11. Caducidad de la acción ejecutiva, aseguró que, desde la ejecutoria del fallo,

1° de febrero de 2008 y hasta la presentación de la demanda que acaeció el 10
de mayo de 2018 transcurrieron más de 10 años y 3 meses, siendo superado el
término de 5 años para la ejecución de providencias judiciales, contados a partir
de la exigibilidad del título ejecutivo, de ahí que, el derecho a reclamar el pago
de la obligación se encontraba extinguido por el paso del tiempo.

12. Así mismo, explicó que la suspensión de la caducidad con base al argumento

del proceso liquidatorio de CAJANAL no era aplicable al asunto por lo siguiente:
i) la Ley 550 de 1999, norma en la que el Consejo de Estado fundamentó el auto
de 11 de octubre de 20063, es aplicable a la liquidación de entidades territoriales;
ii) el Decreto Ley 254 de 22 de febrero de 2002 que estableció el régimen de
liquidación de las entidades del orden nacional, categoría a la que pertenece
CAJANAL, no contempló la posibilidad de la suspensión de la caducidad de las
entidades objeto de liquidación.

13. Argumentó que, de aceptarse la no configuración de la excepción de la
caducidad, se debería considerar que el pago de las obligaciones a cargo de
CAJANAL se encontraba suspendido, derivándose en la imposibilidad de la
generación de intereses moratorios. Toda vez que, la liquidación de una entidad
pública constituye un evento de fuerza mayor, pues suprime su capacidad de
pago y genera un régimen especial para la satisfacción de sus obligaciones, lo
que excluye la posibilidad de exigir intereses moratorios por la mora en el
cumplimiento de las sentencias judiciales.

14. Prescripción, manifestó que según lo establecido al artículo 102 del Decreto

1848 de 1969, las mesadas pensionales prescriben en un término de tres años.
Bajo este entendido, indicó que los intereses moratorios cuya ejecución se
pretendía correspondían a un periodo comprendido entre el 5 de mayo de 2009
y el 30 de junio de 2011, por lo que, habiendo transcurrido más de tres años

3
Dictado dentro del expediente 15001-23-31-000-2001-00993-01 (30566).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

desde su causación sin que la demandante interpusiera la acción ejecutiva, el
derecho de cobro se encontraba prescrito.

II. SENTENCIA APELADA

15. El
tribunal dictó sentencia el 4 de diciembre de 2020, ordenando seguir
adelante con la ejecución en contra de la UGPP, rechazó por improcedente la
excepción de falta de legitimación en la causa, declaró no probadas las
excepciones de prescripción y caducidad de la acción, y dispuso que las partes
presentaran la liquidación del crédito de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
446 de la Ley 1564 de 2012.

16. Expresó en primer lugar, que había lugar al pago de los intereses moratorios

reclamados, toda vez que la entidad no acreditó el cumplimiento total de la
condena impuesta en la providencia invocada como título ejecutivo, pues
solamente reconoció por intereses la suma de $6.808,8; sin embargo, no se
aportó prueba de que en la liquidación del retroactivo pensional se hubiere
pagado en su integridad el citado concepto razón por la que su reconocimiento
era procedente en los términos del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, disposición vigente al momento en que se profirió el fallo objeto
de ejecución.

17. La excepción de falta de legitimación en la causa fue rechazada, al determinar

que no hacía parte de las excepciones contempladas como procedentes en el
artículo 442 del Código General del Proceso.

18. Respecto a la prescripción y caducidad de la acción ejecutiva, estableció que

la Ley 550 de 1990 era aplicable al proceso de liquidación de CAJANAL, según
lo decantado por el Consejo de Estado en el auto con fecha de 19 de julio de
20184, en consecuencia, el cómputo de los términos debía excluir el período en
el que la autoridad administrativa estuvo en proceso de liquidación, esto es, del
12 de junio de 2009 al 11 de junio de 2013, dado que, en ese lapso la exigibilidad
de las obligaciones se suspendió.

19. Teniendo en cuenta que el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del

Código Contencioso Administrativo; la decisión ejecutada adquirió exigibilidad el
2 de agosto de 2009, instante en el que se encontraban suspendidos los
términos, la interesada contaba con el período de 12 de junio de 2013 a 12 de
junio de 2018, para radicar la demanda y como la misma se presentó el 10 de
mayo de 2018, su radicación se hizo dentro del término legal.

20. Finalmente, sobre la prescripción aclaró que no era posible aplicar el artículo

102 del Decreto 1848 de 1969 como lo pretendía la parte ejecutada en tanto el

4
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación 5000-23-42-
000-2017-01281-01 (1516-2018). CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

artículo 442 del Código General del Proceso reguló el derecho de cobro del título
ejecutivo, con un tratamiento diferente que fue establecido en los artículos 2512,
2535 y 2536 del Código Civil, los cuales estipularon que se extingue el derecho
de no ejercerse dentro del término 5 años. Por lo tanto, el derecho se exigió
oportunamente.

2.1. Recurso de apelación

21. La parte demandada presentó escrito de apelación contra la sentencia de

primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:

22. Enfatizó que la acción ejecutiva estaba caducada, ya que, desde la ejecutoria

de la sentencia, ocurrida el 4 de mayo de 2009, hasta la presentación de la
demanda ejecutiva, el 15 de mayo de 2018, trascurrieron más de 10 años, siendo
superado el término de 5 años preceptuado en el literal k, del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011.

23. En el evento de ser aceptado que el proceso liquidatorio del órgano de
previsión social suspendió los términos de caducidad y prescripción, la
suspensión no afectaba el plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, en todo caso, si se realizara el cómputo a
partir del 12 de junio de 2013 se superaría el límite temporal consagrado por el
legislador para ejecución de sentencias proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.

24. Aseguró que la entidad pública no estaba obligada a reconocer y pagar los

intereses moratorios reclamados, ya que, el proceso de liquidación de CAJANAL
que tuvo lugar entre el 11 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, constituyó
un evento de fuerza mayor, lo que excluía la posibilidad de que se causaran
intereses durante ese período, en ese sentido, citó el artículo 1616 del Código
Civil, según el cual la mora originada en circunstancias de fuerza mayor no
genera derecho a indemnización.

25. Además, manifestó que el reconocimiento de los intereses debía tramitarse

dentro del proceso liquidatorio de CAJANAL y que, si la demandante no formuló
su reclamación en esa etapa, no podía posteriormente exigir su pago a la UGPP.

26. Finalmente, sostuvo que era procedente la excepción de falta de legitimación

en la causa, dado que, la UGPP no es sucesora universal de CAJANAL, pues,
solamente, lo es de ciertas obligaciones relacionadas con el pago de pensiones,
más no de aquellas derivadas de condenas judiciales que impongan intereses
moratorios.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

2.2. Trámite de segunda instancia

27. El 24 de septiembre de 2021 se admitió el recurso de apelación5, así mismo,

a través de auto de 3 de febrero de 20226 se corrió traslado a las partes y al
ministerio público para presentar alegatos y el concepto, respectivamente.

28. En la oportunidad procesal, la parte demandante alegó de conclusión7,
explicando que en la contabilización de la caducidad debería tenerse en cuenta
la suspensión de términos durante el período de 12 de junio de 2009 a 11 de junio
de 2013.

29. De otro lado, la UGPP8 afirmó que de acuerdo con el artículo 1° del Decreto

2196 de 2011 y los artículos 64 y 1616 del Código Civil, durante el término de
suspensión de la caducidad también se suspendió la causación de intereses
moratorios. Que la suma a pagar por tal concepto corresponde a $7.180.614,41,
con base en la fecha de la solicitud de cumplimiento del fallo y la causación de
períodos muertos desde el mes séptimo a la ejecutoria de la decisión.

30. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado conceptuó que
debía confirmarse la sentencia de primera instancia9.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10, y 322 del CGP.

32. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

3.2. Problema jurídico

33. Le corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

5
Índice 4 de Samai.
6
Índice 10, ídem.
7
Índice 15, ídem.
8
Índice 16, ídem.
9
Índice 17, ídem.
10
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

34. En primer lugar, se analizará si ¿la UGPP está legitimada en la causa por

pasiva para satisfacer la obligación que se ejecuta?

35. De ser así, ¿si en este caso se configuró o no la figura de la caducidad de la

acción ejecutiva?

36. En caso negativo, se estudiará ¿si por el proceso de liquidación de la Caja

Nacional de Previsión Social, cesó para la administración la obligación de pagar
los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo derivados de la sentencia objeto de ejecución, en el entendido de
que el trámite administrativo configura fuerza mayor o caso fortuito según los
términos del artículo 1616 del Código Civil?

3.3. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

37. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»11.

38. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».12 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 13 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

39. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
11
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
12
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
13
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.14 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió15.

40. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido16.

41. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 17,
antes 497 del CPC18.

14
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). 15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586. 16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. 17
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo,
el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente,
o en la que aquel considere legal. Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso. Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo. Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado. De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.

El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar. »
18
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».

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Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

42. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP19, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

3.4. El fenómeno de la caducidad en los procesos ejecutivos

43. Debe recordarse que la caducidad es un fenómeno jurídico cuyo término
previsto por la ley se convierte en presupuesto procesal a través del cual se limita
el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los administrados para la
reclamación judicial de los mismos, en desarrollo del principio de la seguridad
jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal20.

44. Específicamente para el caso de los procesos ejecutivos, el ordenamiento

jurídico colombiano estableció que cuando se pretenda la ejecución con títulos
derivados de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, el término para solicitar su ejecución es de cinco años contados a
partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida21 y podrán ser cobradas
en diferentes oportunidades, según la norma procesal con la que hayan sido
concebidas.

45. En efecto, si la providencia se expidió bajo el sistema descrito en el Decreto

01 de 1984, sus mandatos relacionados con el pago o devolución de dinero por
parte de una entidad pública podrán ser reclamados cuando hayan trascurrido 18
meses a partir de la ejecutoria de la decisión judicial, en virtud de lo establecido
en el artículo 177 del CCA, que dispone:

«Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se
condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de
la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio
público frente a la entidad condenada.
[…]

19
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
20
Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra “Corelca S.A.” y otro, radicación No. 20001-23-
31-000-2005-02769-01(32958), Consejo de Estado, Sección Tercera, Mag. Pte. Ruth Stella Correa Palacio.
21
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 164, literal k), antes numeral 11
del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Este precepto tuvo su antecedente remoto con el artículo 44 de
la ley 446 de 1998, pues fue sólo con esta norma que se instituyó un término especial de caducidad en títulos ejecutivos
para la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas
más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la
justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria».

46. Por su parte, si el fallo fue expedido según las reglas del CPACA, su
cumplimiento podrá demandarse en momentos diferentes, según el tipo de
condena impuesta a la Administración: cuando consista en pagar o devolver una
suma de dinero, su cobro jurisdiccional podrá iniciarse cuando hayan transcurrido
10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia; sin embargo, cualquier otro
tipo de prestación, podrá reclamarse ante un juez al término de 30 días siguientes
a la ejecutoria de la respectiva condena tal como lo dispone el artículo 192 del
CPACA:

«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique
el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde
su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez
(10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal
efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la
entidad obligada […]».

47. Como se aprecia de todo lo anterior, a efectos de verificar si ocurrió el
fenómeno de la caducidad debe determinarse en primer lugar la norma aplicable
al caso, la fecha de exigibilidad del título ejecutivo y en el caso de regirse por la
Ley 1437 de 2011, deberá determinarse si se cumplen los plazos establecidos
en la norma dependiendo del tipo de obligación cuyo cumplimiento se persigue.

3.5. Suspensión de la caducidad para iniciar procesos ejecutivos contra
Cajanal en Liquidación

48. Esta Corporación en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre el
procedimiento liquidatorio de Cajanal y sus implicaciones frente a los procesos
ejecutivos contra dicha entidad22. En efecto, en primer lugar, a través de auto de
30 de junio de 2016, proferido dentro del proceso 25000-23-42-000-2013-06595-
01 (3637-2014)23 se realizó un detallado análisis normativo del proceso de
liquidación de Cajanal y sus implicaciones frente a la figura de la caducidad de
los medios de control, a partir de lo cual se indicó:

22
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, auto de 29 de marzo de
2016, proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2015-01601-01 (5042-2015), con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra
Vélez; y de la subsección A: proveído de 25 de agosto de 2015, expediente 25000-23-42-000-2015-01327-01 (1777-
2015), C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E); y sentencia de 17 de noviembre de 2016, proceso 11001-03-15-000-
2016-02902-00(AC), C. P. Rafael Francisco Suarez Vargas; sentencia de 2 de julio de 2020 dentro del proceso radicado
76001233300020180078901 (2930-19), con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
23
Con ponencia del consejero William Hernández Gómez.

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«[…]
En consecuencia, resulta adecuado jurídicamente extender la norma suspensiva
de caducidad a los créditos analizados, pero solo durante los lapsos en los cuales
las personas se vieron imposibilitadas para acudir a la jurisdicción por la misma
actuación errática de esta cuando decidió terminar y remitir los procesos
ejecutivos a la liquidación, así como de la misma entidad en liquidación al recibir
estos asuntos, negar su inclusión en la masa de liquidación y retardar o negar el
cumplimiento a través de la UGM.

Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta
de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena
contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro
(4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos
casos con características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió
que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación contra
CAJANAL o la UGPP24.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos
condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se radicaron
con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que:

a- Frente a ellas solo puede operar la suspensión del término de caducidad hasta el
8 de noviembre de 2011, momento hasta el cual sólo era viable acudir ante
CAJANAL EN LIQUIDACIÓN para tal efecto25.
b- A partir de esa fecha la obligación de satisfacer el crédito recayó legalmente en la
UGPP, conforme lo dispuso el Decreto 4269 de 2011 y las personas estaban
habilitadas legalmente para ejecutar las condenas en contra de la UGPP.

c- Por ello, tampoco resultaría proporcional para el Estado deudor el extender los
efectos de suspensión de la caducidad por cuatro años, como sí sucede con los
casos anteriores.

De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento
se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo
efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o
UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se suspenderá
sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE
y se reactivará:

a- El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía
atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o,

b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a
CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de
junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella
entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP.
[…]». (Negrilla de la Sala).

49. Tanto la providencia judicial en cita como a las que se hace alusión en el pie

de página, advirtieron que durante el lapso en el que se llevó a cabo la liquidación

24
En efecto, se referían a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN que reconocían
derechos pensionales y que fueron dictadas antes del 8 de noviembre de 2011; la reclamación de cumplimiento del fallo
se hizo con anterioridad o en vigencia del proceso liquidatorio, pero en todo caso hasta el 8 de noviembre de 2011 y por
tanto la competencia para su cumplimiento era de esta entidad y mientras duró el proceso liquidatorio en muchos casos
no fue posible adelantar cobros ejecutivos y el propio liquidador negó su inclusión en la masa de acreedores.
25
Ello en virtud del Decreto 4269 de 2011 y las normas propias del proceso de liquidación.

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de la extinta Caja de Previsión Social se vio restringida la posibilidad de quienes
obtuvieron la declaratoria judicial de sus derechos mediante sentencia
ejecutoriada y que al momento de hacerla efectiva se encontraban con un
panorama incierto debido a la desorganización de la administración y a la
ausencia de reglas uniformes sobre la forma de exigir la efectividad de la
condena.

50. En ese contexto, dados los diferentes escenarios y períodos en que opera la

referida suspensión, se ha concluido que no es posible suspender con
uniformidad el curso de la caducidad, debido a que, en torno al desordenado
proceso de liquidación de Cajanal, se suscitaron diversas hipótesis y situaciones
fácticas, merecedoras de trato diferenciado, por lo que corresponde al juez
identificar a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha
en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante
CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de la acción se
suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de
CAJANAL EICE y se reactivará:

a) El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y
competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011.

b) Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía
atender a CAJANAL en liquidación, la reactivación será el 12 de junio de
2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella
entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP.

3.6. Intereses moratorios

51. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta, por lo anterior, su carácter es punitivo y resarcitorio, de ahí que, se
entienden como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento
de la prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago
alguno y tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.

52. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto

con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca loe debido, en
consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.

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3.7. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

53. La UGPP señaló que no era sucesora universal de CAJANAL, únicamente lo

era de ciertas obligaciones relacionadas con el pago de pensiones, más no de
las derivadas de condenas judiciales que impongan intereses moratorios.

54. En primer lugar, de acuerdo al artículo 442 de la Ley 1564 de 2012 la parte

ejecutada podrá formular las excepciones de mérito de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, además, el beneficio
de excusión y los hechos que configuren excepciones previas tendrán que
invocarse a través de recurso de reposición contra el mandamiento de pago26.

55. Si bien, el a quo rechazó por improcedente la excepción de falta de
legitimación en la causa por no encontrarse dentro de las hipótesis contenidas
en la citada disposición, la que a su vez tampoco se alegó como excepción previa
mediante recurso de reposición, también lo es que lo anterior no impide el
pronunciamiento del juez sobre todos los presupuestos necesarios para emitir
decisión, por ejemplo, la falta de legitimación en la causa, dado que, es un
aspecto procesal de orden público.

56. Lo anterior, por cuanto el juez debe verificar si la demanda cumple con los

requisitos formales, entre estos que el título ejecutivo contenga una obligación
clara, expresa y actualmente exigible27, se destaca que el criterio de claridad se
relaciona con los sujetos de la obligación (acreedor y deudor) que deben estar
plenamente identificados en el título ejecutivo para entender satisfecho dicho
requisito.

57. En ese sentido, que la obligación sea clara consiste en que sus elementos

aparezcan inequívocamente señalados; no puede haber duda de su objeto
(crédito) ni de sus sujetos (acreedor y deudor)28.

58. En el caso concreto se observa que la sentencia objeto de ejecución
estableció una obligación a cargo la Caja Nacional de Previsión Social, liquidada
en virtud del Decreto 2196 de 2009.

26
Artículo 442 del Código General del Proceso. «La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer
excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las
pruebas relacionadas con ellas.
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por
quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación,
remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de
nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.
3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra
el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas
respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para
subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo
condena en costas y perjuicios».
27
Corte Constitucional, Sentencia T-747/13.
28
Juan Guillermo Velásquez Gómez. Los Procesos Ejecutivos, décima tercera edición, 2006. Página 49.

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59. Así mismo, el artículo 64 del Decreto 4107 de 201129 contempló que CAJANAL

en liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3°
del Decreto 2196 de 200930 hasta en tanto fueran asumidas por la UGPP. El
proceso de liquidación culminó el 11 de junio de 201331, por ende, los procesos
judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del
cierre de la liquidación fueron asumidos por la UGPP.

60. En ese orden, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta CAJANAL

en sus funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en su contra como administradora del sistema
pensional.

61. En consecuencia, al desaparecer CAJANAL y ser sustituida totalmente por la

UGPP por mandato legal, en su condición de sucesor de derechos y obligaciones
relacionadas con la administración del régimen pensional del órgano de previsión
social, debió continuar con el ejercicio de sus funciones y ser llamada a asumir
la defensa de los procesos, así como a dar cumplimiento a las sentencias en
materia pensional con sus correspondientes pagos accesorios, como los
intereses moratorios. Razón por la cual, tiene legitimación en la causa por pasiva
en este asunto la recurrente.

3.8. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

62. La subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a través de sentencia de 29 de marzo de 200732 dictada en el
proceso de nulidad y restablecimiento identificado con radicado 25000-23-25-
000-2004-09433-01 ordenó la reliquidación de la pensión gracia de la señora
Aura Judith Sarmiento Acosta «[…] a partir del 3 de septiembre de 2001, por ser
esta la fecha en que consolidó el status pensional, con el salario devengado en
el período del 3 de septiembre de 2000 al 3 de septiembre de 2001, incluyéndose
como factores salariales asignación básica, prima de alimentación, prima
especial, prima de vacaciones y prima de navidad».

63. Igualmente, ordenó actualizar las diferencias resultantes de la reliquidación en

los términos del artículo 178 del CCA, declaró prescritas las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 22 de julio de 2001 y dispuso que «la
Caja Nacional de Previsión Social deberá dar cumplimiento a lo dispuesto […]
dentro del término fijado en el art. 176 del C.C.A».

29
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el
Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
30
«Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un
liquidador y se dictan otras disposiciones».
31
Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal
EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».
32
Folios 13 a 23 del archivo titulado «6_ED_01FOLIODEL1AL1», expediente digital, índice 2 de Samai.

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64. Esa decisión fue apelada, pero por auto de 24 de enero de 200833 se rechazó

por improcedente el recurso de apelación interpuesto por CAJANAL, quedando
ejecutoriada, el 1.° de febrero de 200834.

65. Posteriormente, se solicitó el cumplimiento de la sentencia el 18 de junio de

200835.

66. La ejecutada expidió la Resolución PAP 032601 de 5 de enero de 201136 que

reliquidó la pensión gracia de la señora Aura Judith Sarmiento Acosta, elevando
su cuantía en $1.262.146, efectiva a partir del 3 de septiembre de 2001.

67. Pues bien, en este caso la parte recurrente cuestionó el cómputo de términos

realizado por el a quo, que concluyó que la demanda ejecutiva se presentó
oportunamente.

68. En este punto es importante recordar que, de acuerdo con el marco jurídico

desarrollado en el acápite anterior y lo señalado por esta Subsección 37, la
oportunidad para formular la demanda cuando se pretende la ejecución de una
sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
«[…] es de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación contenida
en la providencia judicial de condena, en los siguientes términos:

69. a)18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si fue dictada de
conformidad con el CCA o Decreto 01 de 1984; b) 10 meses siguientes a la
misma ejecutoria, si se trata de sentencia dictada en procesos regidos por el
CPACA, en la cual se condene al pago de sumas dinerarias; c) 30 días siguientes
a su comunicación, cuando la condena no implique el pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero en procesos regidos por ese código, artículo 192 inciso
1.º.

70. Así las cosas, no le asiste razón al recurrente, pues debe efectuarse una

interpretación integral entre el numeral 11 del artículo 136 del CCA y el artículo
177 ibidem, por cuanto el primero señala que los 5 años inician a partir de la
exigibilidad del derecho y esta se presenta una vez transcurran, precisamente,
los 18 meses que contempla esta última disposición, los cuales corren una vez
adquiera ejecutoria el título judicial38.

71. Siendo así, como el título ejecutivo es la sentencia de 29 de marzo de 2007,

que quedó ejecutoriada el 1.° de febrero de 2008, el término de 18 meses que

33
Folios 7 a 10 del archivo titulado «6_ED_01FOLIODEL1AL1», expediente digital, índice 2 de Samai.
34
Según constancia emitida por la coordinadora de la oficina de administración del edificio de los tribunales de Bogotá,
vista en el folio 6 del archivo titulado «6_ED_01FOLIODEL1AL1», expediente digital, índice 2 de Samai.
35
Folios 33 a 36 del archivo titulado «6_ED_01FOLIODEL1AL1», expediente digital, índice 2 de Samai.
36
Folios 25 a 30 del archivo titulado «6_ED_01FOLIODEL1AL1», expediente digital, índice 2 de Samai.
37
Auto de 22 de junio de 2023, dictado dentro del proceso ejecutivo radicado: 25000-23-42-000-2017-01453-01 (2456-
2023) CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
38
Auto de 22 de junio de 2023, dictado dentro del proceso ejecutivo radicado: 25000-23-42-000-2017-01453-01 (2456-
2023) CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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tenía la entidad para darle cumplimiento vencía el 1.° de agosto de 2009; por
consiguiente, a partir del día 2 de agosto de 2009 empezaba el conteo de la
caducidad. Sin embargo, en virtud del proceso liquidatorio de la ejecutada, ese
término fue suspendido, desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de
2013, esto es, por espacio de 4 años.

72. En ese orden de ideas, tomando en cuenta la fecha de exigibilidad de la
obligación (1.° de agosto de 2009) y la de inicio del proceso de liquidación de
CAJANAL (12 de junio de 2009), se advierte que se encontraban suspendidos
los términos para incoar el proceso ejecutivo.

73. Por tanto, a partir del 12 de junio de 2013, empieza a correr el término de la

caducidad de los 5 años, que vencía, el 12 de junio de 2018, y por lo tanto, es la
fecha límite para la presentación de la demanda ejecutiva; lo que se hizo el 10
de mayo de 201839, esto es, dentro del plazo legal; razón por la cual no operó el
fenómeno jurídico de la caducidad, tal como lo advirtió el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de ahí que, el reparo planteado por la UGPP no tiene vocación
de prosperidad.

3.9. Análisis de la Sala frente al tercer problema jurídico

74. La corporación,40 en los casos en los que la ejecutada ha efectuado reparos

frente a los intereses moratorios que se reconocen por el no pago de
obligaciones, a pesar del proceso liqudatorio que afrontó CAJANAL, ha señalado
lo siguiente:

«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».

75. Por lo tanto, el procedimiento de liquidación de la entidad ejecutada no es

razón legal para impedir la causación de intereses moratorios, frente a la no
satisfacción completa u oportuna de la obligación reclamada; conforme a la línea
jurisprudencial de esta Subsección y lo dispuesto en el artículo 177 del CCA. Por
consiguiente, no prospera el cargo planteado por la parte ejecutada, pues en el
período comprendido entre el 11 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013, sí
hubo causación de intereses a favor del ejecutante41.

39
Según sello secretarial visible a folio 1 del archivo titulado «6_ED_01FOLIODEL1AL1», expediente digital, índice 2 de
Samai.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 10 de marzo
de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020). CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 23 de abril
de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

76. De otro lado, la Sala no hará pronunciamiento frente a los argumentos
expuestos por la UGPP en los alegatos de conclusión sobre la liquidación de los
intereses moratorios; toda vez que esta no es la etapa procesal para resolver
ello.

77. Finalmente, es de destacar que mediante oficio 2023180007578811 con fecha

de 13 de diciembre de 202342, la directora de servicios integrados de atención al
ciudadano de la entidad comunicó que la «subdirección financiera de la […]
UGPP, ha proferido la SFO 1798 DEL 13/12/2023, de la cual se adjunta copia,
en cumplimiento a la Resolución RDP 17171 del 12/07/2021».

78. En efecto, la Resolución RDP 17171 de 12 de julio de 202143 dispuso:

«ARTICULO PRIMERO: En cumplimiento a la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección D, de 04 de
diciembre de 2020, reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo
177 del C.C.A., los cuales estarán a cargo de la UNIDAD DE GESTION
PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP por valor de ($7.180.614,41) siete
millones ciento ochenta mil seiscientos catorce pesos con 41/100, favor de la
señora SARMIENTO ACOSTA AURA JUDIHT […], el cual se reportará por este
Subdirección a la Subdirección Financiera a fin de que se efectúe la ordenación
del gasto y el pago correspondiente según disponibilidad presupuestal vigente».

79. Y la Resolución SFO 1798 de 13 de diciembre de 202344 resolvió:

«ARTICULO 1°. ORDENAR EL GASTO Y PAGAR por concepto de intereses
moratorios y/o costas procesales y/o agencias en derecho según los artículos
relacionados en los considerandos el valor de siete millones ciento ochenta mil
seiscientos catorce pesos con cuarenta y un centavo ($7.180.614,41), al señor
SARMIENTO ACOSTA AURA JUDIHT identificado (a) con Cédula de Ciudadanía
[…] con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP […] del 03 de
enero de 2023 […]».

80. En consonancia con lo descrito, la tesorera de la UGPP certificó que «este

pago fue abonado a través de la Dirección del Tesoro Nacional en la Cuenta de
Depósito Judicial […] del […] BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. cuenta
perteneciente al Juzgado T.C. ADMINISTRATIVO SECCION SE, el día 29 de
noviembre de 2024, con base en la Orden de Pago Presupuestal de Gasto del
Sistema Integral de Información Financiera-SIIF Nación – con consecutivo
[…]»45.

42
El apoderado sustituto de la UGPP radicó el oficio el día 25 de marzo de 2025. Índice 10 de Samai.
43
Archivo titulado «48_250002342000201801044013MemorialWeb202532721611», índice 30 de Samai.
44
Archivo titulado «49_250002342000201801044014MemorialWeb202532721611», índice 30 de Samai.
45
Archivo titulado «50_250002342000201801044015MemorialWeb202532721611», índice 30 de Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

81. Por último, se adjuntó el certificado del depósito judicial46

82. Al respecto, considera la Sala que si bien los citados documentos demuestran

el reconocimiento de intereses moratorios en cuantía de $7.180.614,41
mediante depósito judicial en la cuenta del tribunal del banco agrario de
Colombia, no es menos cierto que la sentencia que ordenó seguir adelante con
la ejecución decidió que el valor a reconocer era la suma de $13.771.616,40,
suma superior a la indicada por la recurrente; razón por la cual, será el a quo
quien valore en la etapa de la liquidación del crédito, si la obligación se encuentra
o no satisfecha.

3.10. De la condena en costas en segunda instancia

83. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración

objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.

84. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de apelada, no se
condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas en
el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de diciembre de 2020 proferida por
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por medio de la cual se rechazó por improcedente la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva, se declararon no probadas las
excepciones y se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte motiva.

46
Archivo titulado «51_250002342000201801044016MemorialWeb202532721612», índice 30 de Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01044-01 (2835-2021)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía,
identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta
profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial del Servicio
Nacional de Aprendizaje, en los términos del poder conferido47.

CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Nicolás
Pataquiva Delgadillo, identificado con cédula de ciudadanía 1.073.253.662 de
Mosquera y tarjeta profesional 410.182 del C.S de la J., como apoderado sustituto
de la UGPP, en los términos del poder otorgado48.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

47
Poder general visto en el archivo titulado «56_2500023420002018010440111MemorialWeb202532721612», índice 30
de Samai.
48
Sustitución de poder vista en el archivo titulado «53_250002342000201801044018MemorialWeb202532721612»,
índice 30 de Samai.

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