Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05593-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05593-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-05593-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de julio de 2021
PROCESO EJECUTIVO / TITULO EJECUTIVO - Naturaleza / REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN / TITULOS EJECUTIVOS - CPACA
El proceso ejecutivo es el medio procesal para que un acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada». En él no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, dado que ya fue reconocido en un documento (título ejecutivo) que proviene del adeudado o fue emitido en el proceso declarativo correspondiente. El título ejecutivo contiene la obligación a cargo de aquel, es el que hace posible la ejecución judicial y, por tanto, es el requisito procesal indispensable para que pueda adelantarse el proceso. Y es así, porque es la prueba de la existencia de la obligación debida o del derecho y de quién es el llamado a cumplirla y en qué términos. […] [P]or estar dirigido el proceso ejecutivo a obtener el cumplimiento de una obligación que consta en un documento que de plena fe de su existencia «el título constituye un presupuesto forzoso para incoar la ejecución» y, en consecuencia, «es el documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo». […] La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales. Los primeros hacen alusión a la prueba de la existencia de la obligación y exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su causante o de una providencia judicial. La autenticidad se refiere a la plena identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el juez tenga certeza de quién lo suscribió. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación; clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen cumplido. […] Una vez el juez verifica que el documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago en contra de la parte ejecutada. […] De acuerdo con lo expuesto, el título ejecutivo es el documento necesario para que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo dispone el artículo 422 del CGP i) es la prueba de la existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las providencias enunciadas en dicha norma. […] [L]a Ley 1437 de 2011 en el artículo 297 indicó que constituyen títulos ejecutivos i) las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de dinero; ii) las decisiones en firme derivadas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos si incluyen una obligación para el pago de sumas de dinero clara, expresa y exigible; iii) los contratos estatales y los documentos de sus garantías, los actos administrativos en los que conste su incumplimiento o el acta de liquidación; y iii) los actos administrativos que reconozcan un derecho o la existencia de una obligación. […]
PROCESO EJECUTIVO - Excepciones / TITULO EJECUTIVO / SENTENCIA JUDICIAL / CADUCIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO
La presentación de este tipo de excepciones tiene la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial». […] [E]n los eventos en que el título ejecutivo corresponda a una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, el demandado únicamente puede alegar las excepciones enlistadas de manera taxativa en su numeral 2.°. En ese sentido, en caso de invocarse otras al juez le está vedado pronunciarse. […] En tal sentido, únicamente pueden alegarse las de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento; y la de pérdida de la cosa debida. […] El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de control en el plazo que la ley establece para ello. […] [C]uando se pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación. […] [L]a Sala considera necesario precisar que la providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2011, es decir, en vigencia del Código Contencioso Administrativo; por lo tanto, para contabilizar el término de caducidad del proceso ejecutivo es necesario recurrir al contenido del inciso 4.º del artículo 177 ibidem, según el cual las condenas impuestas contra la Nación «serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria». Así las cosas, los cinco años concedidos para la interposición oportuna de la acción ejecutiva iniciaron al vencimiento de los aludidos 18 meses. […] [L]os términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro años. […] [E]n consecuencia, los 18 meses para acudir en sede judicial culminaron el 12 de diciembre de 2014, de forma que los 5 años de caducidad empezaron a correr a partir del 13 de diciembre de 2014 y culminarían el 13 de diciembre de 2019.
El 10 de noviembre de 2016, el demandante radicó la presente demanda ejecutiva, es decir, dentro del término que tenía para comparecer oportunamente ante la jurisdicción y, por lo tanto, contrario a lo señalado por la entidad recurrente, no operó la caducidad del medio de control de la referencia. […] [L]e correspondía a la UGPP quien sucedió a la extinta Cajanal en sus funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema pensional. […] [S]i bien los intereses moratorios que se reclaman se causaron entre el 10 de marzo de 2011 y noviembre de 2012 y que el cierre de la liquidación de Cajanal se produjo el 11 de junio de 2013, momento a partir del cual la UGPP asumió las obligaciones de la extinta caja de previsión; lo cierto es que no por ello puede considerarse que el señor (…) debía presentarse ante el proceso liquidatorio con el fin de plantear allí sus reclamos, toda vez que como lo ha señalado esta Corporación, los intereses moratorios son un «elemento accesorio del reconocimiento de pensiones con ocasión de sentencias judiciales, los mismos se tratan de recursos de la seguridad social», los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006, no forman parte de la masa de la liquidación y debían ser entregados a la entidad que la sucedió.
INDEXACIÓN / INTERESES MORATORIOS
[L]a Subsección estima que resulta improcedente el reconocimiento y pago de la indexación sobre las sumas de dinero que resulten de la liquidación de los intereses moratorios, por cuanto la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a manera de compensación por el pago tardío de la condena impuesta en las sentencias ejecutadas, se realiza a través de los reclamados intereses moratorios por el lapso en que la entidad dejó transcurrir entre la fecha en que se hizo exigible la obligación y el pago de esta.
CONDENA EN COSTAS
[A]tendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, teniendo en cuenta que las dos partes apelaron y ambos recursos fueron resueltos desfavorablemente.
FUENTE FORMAL: CCA – ARTÍCULO 177 / CPACA – ARTÍCULO 192 / CPACA – ARTÍCULO 297 / CGP – ARTÍCULO 422 / CGP – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., primero (1.º) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-42-000-2016-05593-01(5659-18)
Actor: ÁNGEL ALBERTO CABALLERO LOZANO
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Referencia: EJECUTIVO LABORAL - CADUCIDAD, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, INDEXACIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, contra la sentencia proferida el 17 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se dispuso seguir adelante con la ejecución.
Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
El señor Ángel Alberto Caballero Lozano, mediante apoderado, formuló demanda ejecutiva con el fin de lograr el cumplimiento de las sentencias condenatorias proferidas el 30 de octubre de 2009 y el 10 de marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por la siguiente suma de dinero: $ 179.489.222,94 por concepto de intereses moratorios; además reclamó que la suma anterior sea actualizada e indexada desde la fecha en que se incluyó en nómina hasta que se verifique el pago total de la obligación.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Ángel Alberto Caballero Lozano, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 01036 del 24 de enero de 2008, emitida por el gerente general de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez.
ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B profirió sentencia el 30 de octubre de 2009, en la que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a Cajanal reliquidar la pensión con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último semestre laborado, por ser beneficiario del régimen establecido en los Decretos 929 de 1976 y 1045 de 1978. Decisión que fue confirmada en fallo proferido el 10 de marzo de 2011, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
iii) El 29 de junio de 2011, el señor Ángel Alberto Caballero Lozano solicitó a Cajanal el cumplimiento de la sentencia.
iv) Mediante Resolución UGM 039122 del 21 de marzo de 2012, Cajanal reliquidó la pensión de vejez del actor en cumplimiento del fallo judicial y elevó la cuantía a la suma de $ 7.572.919, efectiva a partir del 18 de junio de 2007.
v) Cajanal EICE en Liquidación, expidió la Resolución UGM 048436 del 30 de mayo de 2012, por la cual modificó la resolución anterior «luego de verificar y observar que se incurrió en un error involuntario en el acto administrativo que dio cumplimiento al fallo judicial al registrar la fecha de efectividad el 18 de junio de 2007, siendo lo correcto el 19 de junio de 2007».
vi) En noviembre de 2012, se reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - Consorcio FOPEP, la novedad de inclusión en nómina de la anterior Resolución, con lo cual se pagó a favor del señor Ángel Alberto Caballero Lozano por concepto de diferencia de mesadas e indexación menos los descuentos de salud, un total de $ 329.531.934,50.
vii) Por considerar que se dio cumplimiento a los fallos judiciales en forma incorrecta, el 15 de mayo de 2013, el señor Caballero Lozano radicó ante la UGPP una solicitud de adición o modificación de la Resolución UGM 039122 del 21 de marzo de 2012.
viii) La UGPP expidió la Resolución RDP 025699 del 5 de junio de 2013, por la cual negó la solicitud con fundamento en que la referida liquidación se encontraba conforme a derecho.
ix) Por lo anterior, el 10 de octubre de 2013, el señor Caballero Lozano radicó nuevamente ante la UGPP una solicitud de aclaración y modificación de la resolución por considerar errada la interpretación por parte de la entidad en la forma de aplicar el valor de los factores salariales relativos a las primas de vacaciones y de navidad y, en ese sentido, dio cumplimiento de forma incorrecta a las decisiones judiciales.
x) La UGPP expidió la Resolución RDP 048649 del 18 de octubre de 2013, mediante la cual resolvió modificar la Resolución 039122 del 21 de marzo de 2012 y, en consecuencia, reliquidó la pensión de vejez elevando la cuantía a la suma de $ 7.865.149, efectiva a partir del 19 de junio de 2007.
xi) En noviembre de 2013, se reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - Consorcio FOPEP la novedad de inclusión en nómina en la anterior resolución, y se pagó a favor del señor Ángel Alberto Caballero Lozano por concepto diferencia de mesadas, indexación, menos los descuentos de salud un total de $ 24.529.530,92.
xii) No obstante, la entidad demandada no ha efectuado el pago de los intereses moratorios adeudados por el tardío cumplimiento de los fallos judiciales.
1.1.3. Normas violadas. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
Como tales, se señalaron los artículos 1653 del Código Civil; 176 a 178 del Decreto 01 de 1984; 156, numeral 9, 164, numeral 2, literal k), 192, 297, numeral 1° y 298 de la Ley 1437 de 2011; 306 y 422 de la Ley 1564 de 2012.
1.2. Contestación de la demanda
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las siguientes excepciones:
i) Pago: no es la UGPP competente para reconocer y pagar los intereses moratorios toda vez que en el proceso judicial que las origina, la entidad que fue vencida y condenada fue Cajanal en liquidación y fue la que dio cumplimiento total a la sentencia judicial al expedir la Resolución RDP 048649 del 18 de octubre de 2013 incluyendo lo ordenado por concepto de intereses moratorios. En ese sentido, al haberse expedido el acto administrativo de cumplimiento por entidad distinta a la UGPP, es a esa entidad a la que le correspondería el pago de los valores reconocidos por intereses moratorios. Además, si el demandante se presentó ante el proceso liquidatorio de Cajanal debe acatarse el acto administrativo que haya expedido el liquidador conforme lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 254 de 2000 y sus modificaciones.
ii) Caducidad: «el 30 de octubre de 2009», el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto mediante el cual dispuso obedecer lo ordenado por el superior, y solo hasta el 10 de noviembre de 2016 el ejecutante radicó la demanda, por lo que se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 299 de la Ley 1437 de 2011.
Finalmente indicó que el 29 de agosto de 2017, «la Subdirección Financiera recibió la liquidación de intereses y la RDP en la cual nos comunican la ordenación de gasto y el pago de intereses moratorios y/o costas procesales y/o agencias en derecho a favor del señor Angel Alberto Caballero Lozano, no obstante la mencionada resolución no se ha proferido por cuanto nos encontramos en el trámite de solicitud de adición de recursos para cubrir las obligaciones que se generen por el rubro de sentencias».
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección B, mediante sentencia proferida en audiencia celebrada el 17 de abril de 2018, ordenó seguir adelante con la ejecución contra la UGPP «por los intereses moratorios causados sobre las sumas de dinero adeudadas de la fecha de ejecutoria de la sentencia (16 de abril de 2011) hasta el día del pago efectivo (26 de noviembre de 2012)». Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
i) El artículo 177 del CCA indica que los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de 18 meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria. La sentencia condenatoria objeto del presente proceso ejecutivo quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2011. El 29 de junio de 2011 –esto es dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria– la parte ejecutante elevó solicitud de cumplimiento ante la entidad, por lo cual se expidieron las Resoluciones UGM 039122 del 21 de marzo de 2012 y RDP 048649 del 18 de octubre de 2013, mediante las cuales se dio cumplimiento a lo ordenado en las decisiones judiciales y en noviembre de 2012 se pagó la obligación. Sin embargo, no se advierte que la ejecutada haya pagado suma alguna por concepto de intereses moratorios causados desde el 16 de abril de 2011 hasta el 26 de noviembre de 2012, pues el único concepto que reconoció fue el relativo a la reliquidación de la pensión.
ii) Solo pueden reconocerse intereses moratorios siempre que no se haya realizado indexación de las sumas reconocidas por concepto de las mesadas atrasadas, desde el reconocimiento de estas y hasta el momento de su pago, puesto que esas dos figuras jurídicas son incompatibles, dado que provienen de la misma causa, esto es, prevenir la devaluación monetaria y en este sentido lo ha expresado la Jurisprudencia del Consejo de Estado en múltiples ocasiones.
Finalmente advirtió que al momento de realizar la liquidación del crédito se tendrá en cuenta que los intereses moratorios se liquidan sobre el capital neto (lo que resulta luego de efectuar los descuentos en salud), indexado (actualizado a la fecha de ejecutoria) y fijo (causado a la fecha de ejecutoria de la sentencia), sin que el mismo pueda variarse en atención a las diferencias que se causen con posterioridad a dicha ejecutoria.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. El señor Ángel Alberto Caballero Lozano, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así: debe reconocerse la indexación de la suma de dinero producto de los intereses por mora que se causaron, toda vez que las sumas que por ese criterio ya se reconocieron tuvo como fecha límite el 15 de abril de 2011, momento para el cual quedó ejecutoriada la sentencia; no obstante, entre esa data y la fecha de inclusión en nómina de pensionados, existe una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que no se hubiera producido de haberse pagado los intereses moratorios el 26 de noviembre de 2012 o el 25 de noviembre de 2013, cuando se efectuaron los pagos del retroactivo.
1.4.2. La UGPP, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:
i) Debe prosperar la excepción de pago planteada por cuanto Cajanal expidió las Resoluciones UGM 039122 del 21 de marzo de 2012; UGM 048436 del 30 de mayo de 2012 y RDP 048649 del 18 de octubre de 2013, mediante las cuales se dio cumplimiento a lo ordenado en las decisiones judiciales y en noviembre de 2012 se pagó la obligación en la que se incluyó el retroactivo y la indexación.
ii) El demandante debió presentarse ante el proceso liquidatorio de Cajanal, toda vez que conforme con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, en ninguno de sus apartes se impone a esa unidad el deber de asumir las consecuencias de la condena respecto al pago de intereses moratorios; por lo tanto, es el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) de Cajanal el llamado a reconocer los intereses moratorios.
iii) Debe declararse probada la excepción de caducidad, toda vez que han transcurrido más de 5 años desde el reconocimiento pensional que se produjo «desde el 24 de enero de 2008 mediante Resolución 1036».
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Ángel Alberto Caballero Lozano, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en el libelo introductorio y en el recurso de alzada.
1.5.2. La demandada
La UGPP, por conducto de apoderado, reafirmó lo sostenido en la contestación de la demanda y en el recurso de alzada.
1.6. El ministerio público
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que se indican a continuación:
i) Comoquiera que la entidad «reconoció y pagó las diferencias pensionales desde el 19 de junio de 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2012, que luego fueron reliquidadas hasta el 31 de octubre de 2013», es necesario señalar que la liquidación de los intereses de mora solo puede recaer sobre el monto de esas diferencias causadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, «es decir, hasta el 15 de abril de 2011», sin que sea dable liquidar o pagar intereses sobre las diferencias pensionales causadas o pagadas en fecha posterior.
ii) Tales intereses, sin suda, están a cargo de la UGPP, organismo que legalmente sustituyó a CAJANAL EICE en sus obligaciones, entre otras, porque los intereses de mora corresponden a una obligación subyacente a la condena a reliquidar la pensión del ejecutante.
iii) Como el proceso ejecutivo busca la efectividad de la condena al pago de los intereses de mora, no es dable perseguir, al mismo tiempo, la indexación de las sumas resultantes por los intereses, puesto que, conforme a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, no son acumulables tales conceptos en tanto persiguen finalidades similares.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer i) si la acción ejecutiva está afectada por el fenómeno de la caducidad; ii) si la UGPP no es la llamada a responder por lo pretendido por cuanto ya procedió al pago y no le corresponde atender la obligación; en caso negativo, corresponde determinar iii) si las sumas resultantes de la liquidación de los intereses moratorios deben ser indexadas como lo pretende la parte ejecutante.
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo
El proceso ejecutivo es el medio procesal para que un acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada».
En él no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, dado que ya fue reconocido en un documento (título ejecutivo) que proviene del adeudado o fue emitido en el proceso declarativo correspondiente. El título ejecutivo contiene la obligación a cargo de aquel, es el que hace posible la ejecución judicial y, por tanto, es el requisito procesal indispensable para que pueda adelantarse el proceso. Y es así, porque es la prueba de la existencia de la obligación debida o del derecho y de quién es el llamado a cumplirla y en qué términos.
En efecto, por estar dirigido el proceso ejecutivo a obtener el cumplimiento de una obligación que consta en un documento que de plena fe de su existencia «el título constituye un presupuesto forzoso para incoar la ejecución» y, en consecuencia, «es el documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo». Su definición y requisitos se plasmaron en el artículo 422 del CGP en los siguientes términos:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr004.html" \l "184" 184. [Resalta la Sala].
La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales. Los primeros hacen alusión a la prueba de la existencia de la obligación y exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su causante o de una providencia judicial. La autenticidad se refiere a la plena identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el juez tenga certeza de quién lo suscribió.
Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación; clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen cumplido.
Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados, de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación, su claridad y que ya es exigible.
Una vez el juez verifica que el documento cumple con los requisitos enunciados, debe emitir la orden de pago en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 de CGP el cual preceptúa que «Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal».
De acuerdo con lo expuesto, el título ejecutivo es el documento necesario para que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo dispone el artículo 422 del CGP i) es la prueba de la existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las providencias enunciadas en dicha norma.
Por su parte, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 297 indicó que constituyen títulos ejecutivos i) las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de dinero; ii) las decisiones en firme derivadas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos si incluyen una obligación para el pago de sumas de dinero clara, expresa y exigible; iii) los contratos estatales y los documentos de sus garantías, los actos administrativos en los que conste su incumplimiento o el acta de liquidación; y iii) los actos administrativos que reconozcan un derecho o la existencia de una obligación.
2.2.2. Excepciones que proceden dentro del proceso ejecutivo cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial
Cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, tal como dispone el 430 del CGP. Hecho esto y notificada dicha providencia, el ejecutado puede, dentro de los 10 días siguientes, presentar las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
La presentación de este tipo de excepciones tiene la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».
En cuanto a las excepciones de mérito que pueden proponerse dentro del proceso ejecutivo cuando el título sea una providencia judicial, el artículo 442 del CGP especificó lo siguiente:
Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:
1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.
3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. [Resalta la Sala].
Conforme con la norma, en los eventos en que el título ejecutivo corresponda a una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, el demandado únicamente puede alegar las excepciones enlistadas de manera taxativa en su numeral 2.°. En ese sentido, en caso de invocarse otras al juez le está vedado pronunciarse. Esa ha sido la postura de la jurisprudencia de esta corporación que se ha expresado de la siguiente manera:
Ahora bien, respecto de cuales excepciones pueden proponerse en el proceso ejecutivo derivado de alguna disposición que contenga una obligación clara, expresa y exigible en la actualidad, la normatividad es precisa al consagrar taxativamente la procedencia de las mismas.
Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., hoy previsto en el Numeral 2º del Artículo 442 del Nuevo Código General del Proceso prevé que si el título ejecutivo consiste en una sentencia de condena o cualquier otra providencia que lleve consigo ejecución, “sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia…, la de “pérdida de la cosa debida…” y las nulidades originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no pueden proponerse “….ni aún por la vía de reposición.”. Al respecto esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
“En conclusión, cualquiera otra excepción, diferente a las enlistadas en el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., que pretenda enderezarse contra el título ejecutivo está llamada al fracaso si, como ya se dijo, el documento base del recaudo es una sentencia de condena o cualquier otra providencia que lleve consigo ejecución, tal como lo son los actos administrativos por medio de los cuales se impone una multa a cargo de un contratista, se declara la caducidad de un contrato y se hacen efectivas las garantías constituidas en favor de la administración.” [Resalta la Sala].
Así las cosas, el artículo 442 del CGP desecha la posibilidad de que se invoquen excepciones distintas a las que contiene en su numeral 2.° cuando el título ejecutivo es una providencia judicial. En tal sentido, únicamente pueden alegarse las de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento; y la de pérdida de la cosa debida.
2.2.3. Caducidad del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso […]», y fue concebida para desarrollar el principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.
Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y reiterado en el literal K del artículo 164 del CPACA.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece lo siguiente:
El 30 de octubre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B profirió sentencia, en proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo presentó el señor Ángel Alberto Caballero Lozano en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 01036 del 24 de enero de 2008, emitida por el gerente general de Cajanal, por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el señor Caballero Lozano solicitó i) ordenar a la demandada a que reliquide y pague la aludida prestación con inclusión de todos los factores salariales devengados en los últimos 6 meses de servicio; ii) condenar al pago de las diferencias que se generen entre lo pagado y lo que se determine reconocer por razón de la reliquidación de la pensión; iii) condenar a Cajanal a hacer los reajustes de valor conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo autoriza el artículo 178 del CCA; y iv) ordenar el cumplimiento de la sentencia dentro del término previsto en el artículo 176 del CCA, so pena del pago de intereses comerciales y moratorios.
En la providencia se dispuso:
Primero.- DECLÁRESE la nulidad parcial de la Resolución No. 01036 del 24 de enero de 2008, mediante la cual se reconoció la pensión de jubilación del señor ANGEL ALBERTO CABALLERO LOZANO, […], por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ORDENASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL reliquidar en debida forma, reconocer y pagar al señor ANGEL ALBERTO CABALLERO LOZANO […], el valor del reajuste de la pensión de jubilación a partir del 16 de junio de 2007, teniendo en cuenta: bonificación especial, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, que se acreditaron en este proceso, (fl. 9) y no se incluyeron en su momento, todo conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo.
Al momento de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor anteriormente reconocido. Igualmente, se harán los descuentos, que por aportes se deban realizar. La suma correspondiente deberá ser reajustada y actualizada en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la siguiente fórmula:
R = Rh Índice Final
Índice Inicial
Tercero.- Dése cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
Cuarto.- NIEGASE la pretensión NOVENA de la demanda [la condena en costas a la demandada], por las razones expuestas.
Quinto.- Una vez ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Juzgado de origen.
Como fundamento de su decisión, sostuvo que por ser beneficiario del régimen de transición, al señor Caballero Lozano le asistía el derecho a que se le aplicara el régimen del Decreto 929 de 1976, en materia de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión de jubilación y que en aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado los factores para determinar el momento de la prestación pensional son todos aquellos que haya devengado en el último semestre durante el cual prestó sus servicios a la Contraloría General de la República.
El 10 de marzo de 2011, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia en la cual dispuso:
CONFÍRMASE parcialmente la sentencia de 30 de octubre de 2009, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por ÁNGEL ALBERTO CABALLERO LOZANO contra la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, en cuanto ordenó reliquidar la pensión que venía percibiendo con inclusión de la totalidad de los factores devengados durante el último semestre en que prestó sus servicios, con la siguiente adición:
ADICIÓNASE la sentencia recurrida en el sentido de ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, que la bonificación especial, quinquenio, devengada por el señor Ángel Alberto Caballero Lozano dentro del último semestre en que prestó sus servicios a la Contraloría General de la República, deberá ser incluida en su totalidad para efectos de reliquidar la pensión de jubilación que viene percibiendo.
ADICIÓNASE la sentencia recurrida en el sentido de ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, efectuar los correspondientes descuentos de aportes sobre la bonificación especial, quinquenio, y las primas de vacaciones, servicios y navidad devengada por el actor, sólo en el caso de que se hayan dejado se realizar, durante el tiempo que se desempeñó como empleado de la Contraloría General de la República.
ADICIÓNASE la sentencia recurrida en el sentido de ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, que las sumas que se reconozcan a favor del demandante serán ajustadas en los términos del artículo 178 del C.C.A.
Como fundamento de su decisión, señaló que la bonificación especial, quinquenio, sólo puede incluirse como factor salarial, para integrar la base de liquidación pensional, de los empleados beneficiarios del régimen pensional especial de la Contraloría General de la República, si fue causada de acuerdo con el artículo 23 del Decreto 929 de 1976, esto es, al cumplir cinco años de servicio, en cuyo caso deberá tenerse en cuenta su totalidad, y no fraccionada como se venía haciendo anteriormente y que el demandante percibió la aludida bonificación dentro del último semestre en que prestó sus servicios a la referida entidad, por lo que debía ser incluida en su totalidad para efectos de reliquidar la pensión de jubilación.
El 15 de abril de 2011, quedó ejecutoriada la anterior decisión, según se advierte de la constancia suscrita por el secretario de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
El 29 de junio de 2011, el señor Ángel Alberto Caballero Lozano solicitó a Cajanal el cumplimiento de las sentencias condenatorias.
El 21 de marzo de 2012, Cajanal expidió la Resolución UGM 039122, mediante la cual i) reliquidó la pensión de jubilación del señor Caballero Lozano en cumplimiento de la sentencia judicial; ii) ordenó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) que realice el pago de las diferencias que resulten de lo pagado y lo reconocido en esa decisión; y iii) ordenó el descuento de una suma de dinero por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados. Además, precisó que el área de nómina realizaría «las operaciones pertinentes conforme se señala en el fallo y en el presente acto administrativo, respecto a los artículos 177 del CCA, precisando que este pago estará a cargo de CAJANAL E.I.C.E. – EN LIQUIDACIÓN».
El 30 de mayo de 2012, mediante Resolución UGM 048436, Cajanal modificó la resolución anterior en el sentido de precisar que la fecha de efectividad del reconocimiento pensional es el 19 de junio de 2007.
En noviembre de 2012, se incluyó en nómina las sumas de dinero correspondientes al retroactivo, según consta en el escrito de 27 de mayo de 2016 emitido por la subdirectora de nómina de pensionados de la UGPP, en el cupón de pago 181003 y en el certificado expedido por el Consorcio FOPEP.
El 18 de octubre de 2013, la UGPP emitió la Resolución RDP 048649, mediante la cual modificó la Resolución UGM 039122 del 21 de marzo de 2012, con «la totalidad de factores salariales devengados por el interesado en el último semestre de servicios comprendido entre el 19 de junio de 2006 al 18 de junio de 2007».
En noviembre de 2013, se incluyó en nómina las sumas de dinero reconocidas en la Resolución RDP 048649 del 18 de octubre de 2013, según consta en el escrito de 27 de mayo de 2016 emitido por la subdirectora de nómina de pensionados de la UGPP, en el cupón de pago 181002 y en el certificado expedido por el Consorcio FOPEP.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. Caducidad del proceso ejecutivo
Previo a abordar el análisis respectivo, debe precisarse que si bien la UGPP no presentó recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago a fin de alegar la aparente configuración del fenómeno de la caducidad, lo que haría que el juez se encontrara vedado de pronunciarse al respecto en los términos del artículo 442 del CGP, lo cierto es que la caducidad es una institución jurídica procesal de orden público e irrenunciable y por la cual el juez debe hacer un pronunciamiento de oficio en cualquier instancia del proceso. Tal razón habilita a esta Subsección para realizar el siguiente análisis.
Entonces, a fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario precisar que la providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 15 de abril de 2011, es decir, en vigencia del Código Contencioso Administrativo; por lo tanto, para contabilizar el término de caducidad del proceso ejecutivo es necesario recurrir al contenido del inciso 4.º del artículo 177 ibidem, según el cual las condenas impuestas contra la Nación «serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria». Así las cosas, los cinco años concedidos para la interposición oportuna de la acción ejecutiva iniciaron al vencimiento de los aludidos 18 meses.
Ahora bien, respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en contra de la liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:
Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo cumplimiento por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato del Gobierno Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de seguridad social en pensiones.
Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró «…en lo no previsto en el presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad…».
Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y de ahorro y crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que «…Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario».
En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013. [Resalta la Sala].
Con fundamento en el anterior criterio, se concluye que los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro años.
Bajo este hilo argumentativo, se observa que la sentencia de segunda instancia, que puso fin al proceso ordinario sobre el cual se edifica el sub lite, adquirió firmeza el 15 de abril de 2011, es decir, cuando estaban suspendidos los términos de caducidad para accionar en sede judicial contra Cajanal o la UGPP. La referida suspensión operó hasta el 11 de junio de 2013, por la terminación del período de liquidación de Cajanal; en consecuencia, los 18 meses para acudir en sede judicial culminaron el 12 de diciembre de 2014, de forma que los 5 años de caducidad empezaron a correr a partir del 13 de diciembre de 2014 y culminarían el 13 de diciembre de 2019. El 10 de noviembre de 2016, el demandante radicó la presente demanda ejecutiva, es decir, dentro del término que tenía para comparecer oportunamente ante la jurisdicción y, por lo tanto, contrario a lo señalado por la entidad recurrente, no operó la caducidad del medio de control de la referencia.
2.4.2. Pago de la obligación
En primer lugar, corresponde a la Sala precisar que la entidad obligada con el fallo objeto de ejecución fue Cajanal, la cual fue liquidada por mandato del Decreto 2196 de 2009. Dicho proceso liquidatorio se sujetó al Decreto 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, la cual, en su artículo 1, ordenó llenar los vacíos del régimen de liquidación con normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Por su parte, el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011 dispuso que Cajanal en liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 2196 de 2009 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP, a más tardar el 1.º de diciembre de 2012; sin embargo, el proceso de liquidación culminó efectivamente el 11 de junio de 2013, de conformidad con el Decreto 877 de 2013, por lo cual los procesos judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la liquidación fueron asumidos por la UGPP.
Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en sus funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema pensional.
En segundo lugar, esta Subsección debe señalar que si bien los intereses moratorios que se reclaman se causaron entre el 10 de marzo de 2011 y noviembre de 2012 y que el cierre de la liquidación de Cajanal se produjo el 11 de junio de 2013, momento a partir del cual la UGPP asumió las obligaciones de la extinta caja de previsión; lo cierto es que no por ello puede considerarse que el señor Ángel Alberto Caballero Lozano debía presentarse ante el proceso liquidatorio con el fin de plantear allí sus reclamos, toda vez que como lo ha señalado esta Corporación, los intereses moratorios son un «elemento accesorio del reconocimiento de pensiones con ocasión de sentencias judiciales, los mismos se tratan de recursos de la seguridad social», los cuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006, no forman parte de la masa de la liquidación y debían ser entregados a la entidad que la sucedió.
De manera que, ante una condena producto de una orden judicial, correspondía acatarla inicialmente a Cajanal y después del 12 de junio de 2013 a la UGPP, en calidad de sucesora de las obligaciones de la extinta entidad, lo cual implica atender las obligaciones producto de la reliquidación de la pensión, así como reconocer y pagar intereses moratorios que se causaron, toda vez que no eran parte de la masa liquidatoria de Cajanal.
Visto lo anterior, esta Sala abordará, en tercer lugar, la excepción relativa al pago de la obligación que aduce la UGPP, para señalar que si bien la entidad ejecutada afirma que con la expedición de las Resoluciones UGM 039122 del 21 de marzo de 2012; UGM 048436 del 30 de mayo de 2012 y RDP 048649 del 18 de octubre de 2013, dio cumplimiento a lo ordenado en las decisiones judiciales y en noviembre de 2012 pagó la obligación, lo cierto es que en los referidos actos administrativos incluyó lo relativo al retroactivo y la indexación de las sumas de dinero reconocidas, pero no calculó ni ordenó el pago de los intereses moratorios que se generaron entre la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria y el pago efectivo de la obligación.
Incluso la entidad reconoce que adeuda esa suma de dinero al ejecutante, al señalar en la contestación y en la audiencia celebrada el 17 de abril de 2018 que el 29 de agosto de 2017, «la Subdirección Financiera recibió la liquidación de intereses y la RDP en la cual nos comunican la ordenación de gasto y el pago de intereses moratorios y/o costas procesales y/o agencias en derecho a favor del señor Angel Alberto Caballero Lozano, no obstante la mencionada resolución no se ha proferido por cuanto nos encontramos en el trámite de solicitud de adición de recursos para cubrir las obligaciones que se generen por el rubro de sentencias» y al indagársele a la apoderada de la UGPP en la aludida audiencia, si la entidad había procedido con la liquidación respectiva, señaló que «no se hizo la liquidación respectiva, o no tengo conocimiento».
Por lo tanto, no le asiste razón a la UGPP pues el único concepto que pagó fue la reliquidación de la pensión y su indexación y no los intereses moratorios, lo que indica que dio cumplimiento parcial de la obligación. En tal sentido, esta Sala confirmará la sentencia apelada.
2.4.3. Sobre la procedencia de la indexación
A juicio del ejecutante, debe reconocerse la indexación de los valores que resulten de los intereses por mora que se causaron, toda vez que las sumas que por ese criterio ya se reconocieron tuvo como fecha límite el 15 de abril de 2011, momento para el cual se pagó la obligación; no obstante entre esa data y la fecha de inclusión en nómina de pensionados, existe una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que no se hubiera producido de haberse pagado los intereses moratorios el 26 de noviembre de 2012 o el 25 de noviembre de 2013, cuando se efectuaron los pagos del retroactivo.
Al efecto la Sala debe precisar que tal y como lo advirtió el a quo, tal solicitud resulta improcedente dada la incompatibilidad que se presenta entre la indexación y los intereses moratorios por provenir de la misma causa, esto es, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo en los casos en los que transcurren años sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad. En efecto, esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto para señalar que por el fin que estas herramientas jurídicas persiguen, no es posible liquidar una y luego otra. Al respecto, esta Subsección sostuvo:
Ahora, si bien es cierto la tardanza en el desarrollo de las etapas propias de un proceso interadministrativo como el referido, no justifican el perjuicio de los beneficiarios en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo en los casos en los que, como el presente, transcurren años sin que se haya percibido el capital adeudado a la fecha de su exigibilidad, lo cierto es que el ordenamiento jurídico prevé dos figuras actuariales que permiten aliviar dicha situación, por lo que es dable predicar que ambas tienen el mismo fin a pesar de que difieren en cuanto a su naturaleza jurídica.
Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria, no obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la tardanza en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla anterior, pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado, que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar de estar expresamente conminado a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia. [Resalta la Sala].
Bajo tal panorama, la Subsección estima que resulta improcedente el reconocimiento y pago de la indexación sobre las sumas de dinero que resulten de la liquidación de los intereses moratorios, por cuanto la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda a manera de compensación por el pago tardío de la condena impuesta en las sentencias ejecutadas, se realiza a través de los reclamados intereses moratorios por el lapso en que la entidad dejó transcurrir entre la fecha en que se hizo exigible la obligación y el pago de esta. Por lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia apelada.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, teniendo en cuenta que las dos partes apelaron y ambos recursos fueron resueltos desfavorablemente.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia apelada por cuanto i) la acción ejecutiva no está afectada por el fenómeno de la caducidad; ii) la UGPP, entidad llamada a responder por lo pretendido en el sub lite, no ha acreditado el pago de la obligación que se ejecuta; y iii) sobre las sumas resultantes de la liquidación de los intereses moratorios no procede la indexación como lo pretende la parte ejecutante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el proceso ejecutivo promovido por el señor Ángel Alberto Caballero Lozano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
(SLVA)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Folios 1 a 9. Folios 107 y 111. En audiencia celebrada el 17 de abril de 2018, el magistrado sustanciador señaló que las excepciones que se constituyen como previas deben alegarse mediante recurso de reposición conforme lo dispone el artículo 442 del CGP, por lo tanto, la excepción de caducidad propuesta no sería resuelta por no ser procedente en ese estado del proceso. En el desarrollo de la audiencia, la entidad ejecutada propuso la posibilidad de conciliación y la apoderada del demandante manifestó no estar de acuerdo con la propuesta conciliatoria. Folios 153 a 156. Día siguiente a la ejecutoria de la sentencia. Fecha efectiva del pago. Folio 153, minuto 00:16:44. El 20 de abril de 2018, el apoderado del demandante solicitó la corrección de la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, con fundamento en que se realizaron dos pagos: uno el 26 de noviembre de 2012 y el otro el 25 de noviembre de 2013, por lo que, a su juicio debía señalarse que la fecha final del pago se había dado el 25 de noviembre de 2013. En su defecto, solicitó que se conceda el recurso de apelación. El 24 de mayo de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió negó la corrección de la sentencia proferida en el curso de la audiencia celebrada el 17 de abril de 2017 y rechazó por extemporáneo el recurso de apelación. Folio 153, minuto 00:23:10.
«Por el cual se distribuyen unas competencias» entre Cajanal y la UGPP. Índice 17, aplicativo SAMAI. Índice 18, aplicativo SAMAI. Índice 19, aplicativo SAMAI. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado 17001 23 33 000 2016 00843 01 (3981-19), M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 15 de noviembre de 2017, radicado 54001-23-33-000-2013-00140-01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Consejo de Estado, Sección Primera, providencia de 12 de julio de 2018, radicado 81001-23-33-003-2017-00042-01, M.P. María Elizabeth García González. Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo III pág. 478. Editorial ABC,1973: «el documento o los documentos auténticos que constituyen plena prueba, en el cual o de cuyo conjunto consta la existencia a favor del demandante y a cargo del demandado, de una obligación expresa, clara y exigible…». Sentencia T-111 de 2018 magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012. Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «…que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero».Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03 15 000 2018 00824 00.
A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Radicación: 27001-23-31-000-2012-00086-01(47539). Actor: Otoniel Antonio Varela Arias. Demandado: Instituto Nacional de Vías. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E). Referencia: Apelación Sentencia - Medio de Control Proceso Ejecutivo. Bogotá, D.C. 8 de junio de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 14 de mayo de 2014. Radicado: 33.586. Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 26 de julio de 2018 radicado 41001-23-31-000-2010-00139-01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 25000-23-26-000-2002-01920-02(32666). Actor: Directorado de Carreteras de Dinamarca. Demandado: Instituto Nacional de Vía Invias. Referencia: proceso ejecutivo. Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá D.C. 11 de noviembre 2009. En la sentencia se citó el siguiente texto para la definición transcrita: «Al respecto el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. providencia de 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-23-36-000-2015-00819-03(60499), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En otra providencia esta Corporación señaló lo siguiente: «De acuerdo con la norma transcrita, cuando el título ejecutivo esté constituido por una sentencia, las únicas excepciones que pueden proponerse son las taxativamente previstas en el numeral segundo, dentro de la cuales, no se incluye la planteada por el ente demandado, razón suficiente para desestimarla» Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 12 de noviembre de 2015, radicado 25000-23-27-000-2005-00326-02 (19962) M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias de 15 de octubre de 2015, Expedientes 56950 y 47764, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio. Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial. Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2.
En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; […]. Folios 17 a 33. Folios 35 a 45. Folio 46 vuelto. Folios 47 y 48. Folios 49 a 52. Folios 55 y 56. Folios 77 a 81. Folio 76. Folios 82 y 83. Folios 71 a 75. Folios 77 a 81. Folio 76. Folios 82 y 83. Posición asumida, entre otras, en el auto de 16 de julio de 2015, radicado 25000 23 25 000 2014 04132 01, M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; así como por esta Subsección en la providencia del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Ver entre otras: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda– Subsección A. C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E), providencia del 25 de agosto de 2015, número interno 1777-2015, y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda– Subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, providencia de 29 de marzo de 2016, número interno 5042-2015. La tesis de que el término de caducidad y prescripción en referencia estuvieron suspendidos por el período anotado, ha sido reiterada en diversos pronunciamientos de la Corporación, entre ellos, en las acciones de tutela que se citan a continuación: i) de 23 de agosto de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-01733-00; ii) de 15 de noviembre de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-03532-00. Folio 1 del expediente. El conteo de la caducidad en los términos descritos, encuentra respaldo, entre otras, en las siguientes providencias de esta Corporación: i) del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-2014), M.P. William Hernández Gómez; ii) del 12 de julio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2014-01475-01 (3531-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Velez; iii) del 30 de agosto de 2018, radicación 05001-23-33-000-2018-00695-01 (61905), M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo (E); iv) del 3 de julio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2019-00326-01, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; v) del 23 de agosto de 2019, Radicación 11001-03-15-000-2019-00325-01, M.P. Martín Bermúdez Muñoz; y vi) del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
«por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional».
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
«por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
«por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones». Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, rad. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18). De conformidad con el Decreto 877 de 2013. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 14 de marzo de 2019, radicado 25000 23 42 000 2015 02729 01 (1507-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 30 de junio de 2016, radicado 25000 23 42 000 2013 06595 01 (3637-2014), M.P. William Hernández Gómez.
«[…] El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así: Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación.
No formarán parte de la masa de la liquidación: a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional; [...]. [Resalta la Sala]. Folio 153, minuto 00:08:25. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2021, radicado 08001 23 31 000 2014 01007 01 (2670-19), M.P. William Hernández Gómez. Cita del texto original: «Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017).»
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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