Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01117-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01117-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01117-02
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Ejecutivo laboral - intereses moratorios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual
desestimó las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir
adelante la ejecución.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
El señor Edgar Humberto Ruiz Pérez, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumplan las sentencias del 7 de
abril de 2011 y 26 de enero de 2012, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente, mediante las cuales se
1 Folios 1 a 8.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de $69.416.708,05,
a título de intereses moratorios, causados en los períodos comprendidos a) del 21
de abril de 2012 al 26 de agosto de 2013; y b) del 21 de abril de 2012 al 25 de
noviembre de 2013; ii) indexación del referido valor; iii) condena en costas a cargo
de la UGPP.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
Cajanal2 con el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación.
ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 7 de abril
de 2011, accedió parcialmente a la referida pretensión. Esta decisión fue confirmada
y modificada en segunda instancia, a través de la sentencia del 26 de enero de
2012, proferida por el Consejo de Estado, la cual quedó ejecutoriada el 20 de abril
de 2012.
iii) Por Resolución RDP 010029 del 26 de septiembre de 2012, la UGPP dio
cumplimiento a la anterior orden y elevó la cuantía de la prestación a la suma de
$3.570.404, efectiva a partir del 3 de junio de 2008.
iv) En el mes de agosto de 2013, la UGPP ordenó al FOPEP3 incluir dicha resolución
en la nómina de pensionados y pagar al actor la suma de $89.371.851,41 por
concepto de diferencias de las mesadas atrasadas e indexación.
v) Mediante la Resolución 048623 del 18 de octubre de 2013, la UGPP modificó la
2 Caja Nacional de previsión Social.
3 Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
Resolución RDP 010029 de 2012 e incrementó la mesada pensional a la suma
$4.917.111, efectiva a partir del 3 de junio de 2008.
vi) En el mes de noviembre de 2013, la UGPP ordenó al FOPEP incluir dicha resolución
en la nómina de pensionados y pagar al demandante la suma de $85.116.695,06
por concepto de diferencias de las mesadas atrasadas e indexación.
vii) Por Resolución 270 del 7 de febrero de 2017, la UGPP ordenó el pago de
intereses moratorios. Los dineros fueron entregados al interesado «entre el mes de
marzo y/o abril de 2017»; sin embargo, a la fecha la entidad sigue adeudando sumas
por ese concepto, ya que la aludida liquidación no tuvo en cuenta el capital y los
períodos que realmente debían estimarse.
1.1.3. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
Como tales se señalaron los artículos 1653 del Código Civil; 176, 177 y 178 del CCA;
156, 164, 192, 297 y 298 del CPACA;4 306 y 422 del CGP.5
El actor sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones por los
siguientes motivos:
i) Las disposiciones invocadas evidencian que la UGPP no ha cumplido integralmente
las providencias que constituyen el título de recaudo en el sub lite, pues desde su
ejecutoria y hasta cuando se verificó el pago de la obligación allí impuesta se
causaron los intereses moratorios que fueron ordenados en sede judicial.
ii) Los referidos intereses se siguen causando hasta la fecha de interposición de la
demanda y en delante, en tanto el artículo 1653 del Código Civil dispone que el pago
parcial de una obligación se imputa primero a intereses y luego a capital.
iii) La sentencias invocadas prestan mérito ejecutivo, por cuanto se encuentran
4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5 Código General del Proceso.
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
ejecutoriadas y dan cuenta de una obligación clara, expresa y exigible.
1.2. Oposición a la demanda ejecutiva
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones:6
i) Pago total. La UGPP cumplió a cabalidad la obligación impuesta en el título de
recaudo, pues el 29 de marzo de 2017 pagó los intereses moratorios a que había
lugar en el equivalente a $14.327.525,11, conforme lo ordenó la Resolución RDP
012156 del 16 de marzo de 2016, modificatoria de la Resolución RDP 010029 del 26
de septiembre de 2012.
ii) Mandamiento de pago incongruente con el título ejecutivo – indebida
liquidación de intereses. El mandamiento ejecutivo no liquidó los intereses con
base en el artículo 192 del CPACA, que toma como referente la tasa DTF por los
primeros 10 meses de mora y luego la tasa comercial. Esta norma debe aplicarse
en este caso, por cuando la demanda ejecutiva se interpuso con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
Además, cesó la causación de intereses porque el actor presentó la solicitud de
cumplimiento de la sentencia con posterioridad a los 3 meses previstos en el
ordenamiento superior para el efecto.
Tampoco era procedente indexar los intereses moratorios, como lo dispuso
implícitamente el aludido mandamiento. A su vez, los intereses no deben liquidarse
hasta cuando se verifique el pago, sino que se debe tomar como fecha límite el
momento en que se pagó el capital reconocido en virtud de la reliquidación
pensional.
iii) Regulación o pérdida de intereses. Conforme al artículo 425 del CGP, debe
6 Folios 205 a 214.
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
concluirse que los intereses reclamados no están pendientes de pago y que la
entidad ya consignó la suma que correspondía.
iv) Genérica. De acuerdo con el artículo 187 del CPACA, el juez debe decretar
cualquier excepción que encuentre probada.
v) Imposibilidad de condena en costas. Toda vez que se presume la buena fe.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 23 de marzo de 2022, desestimó las excepciones
propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, con
sustento en las siguientes consideraciones:7
i) El título de recaudo quedó ejecutoriado el 20 de abril de 2012 y el 8 de junio de
2020 el demandante solicitó la ejecución, lo cual se cumplió a través de las
Resoluciones RDP 010029 del 26 de septiembre de 2012 y 048623 del 18 de octubre
de 2013, que incluyeron en nómina en los meses de agosto y octubre de 2013; por
lo tanto, se causaron los intereses moratorios previstos en el artículo 177 del CCA.
ii) El mandamiento de pago se libró teniendo en cuenta una tasa equivalente al DTF;
sin embargo, lo correcto era hacerlo con la tasa comercial. Entonces, se generó una
diferencia entre lo calculado inicialmente por el tribunal y lo pagado por la ejecutada.
iii) No se aceptan las operaciones del accionante, por cuanto liquidó el capital con
inclusión de mesadas posteriores a la ejecutoria de la sentencia y no descontó los
intereses moratorios que se le habían pagado a razón de $14.327.525,11.
iv) Hasta el momento la UGPP no ha demostrado el día exacto en que pagó la
obligación principal, de modo que se seguirá la ejecución por la suma provisional
7 Folios 260 a 272.
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
del $46.213.321.,15, por concepto de intereses causados desde el 21 de abril de
2012 (día siguiente a la ejecutoria del título de recaudo) y «hasta la fecha efectiva
de pago de la obligación, la cual deberá ser acreditada en la liquidación del crédito,
so pena de tener en cuenta el día anterior al mes de inclusión en nómina».
v) Se aclara que «los intereses moratorios se liquidan sobre EL CAPITAL NETO (el
resultante luego de efectuar los descuentos en salud) INDEXADO (actualizado) y FIJO
(el causado a la fecha de ejecutoria de las sentencias título ejecutivo), sin que haya
lugar a la indexación o actualización de los mismos».
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia con base en los siguientes argumentos:8
i) El a quo debió tener en cuenta que los intereses no solo deben calcularse con
base en el capital causado a la fecha del título de recaudo, sino también con las
mesadas posteriores, ya que hacen parte del retroactivo pensional ordenado en
sede judicial.
ii) Debió ordenarse la indexación de los intereses moratorios, ya que desde los
abonos realizados en los meses de agosto y noviembre de 2013 han transcurrido
más de 9 años y se ha perdido el valor adquisitivo de la moneda.
iii) El tribunal de primera instancia debió condenar en costas a la parte vencida.
1.4.2. La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia con el fin de que se revoque y, en su lugar, se declaren
probadas las excepciones propuestas. En tal sentido, sostuvo:9
i) Mediante las Resoluciones RDP 010029 del 26 de septiembre de 2012, 048623 del
8 Folios 276 a 281
9 Folios 284 a 296.
6
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
18 de octubre de 2013 y RDP 012156 del 16 de marzo de 2016, la UGPP reliquidó la
pensión del actor y reconoció los intereses de mora por la suma de $14.327.525,11.
ii) A su vez, por Resolución RDP 028153 del 21 de octubre de 2021, la entidad
accionada reconoció la suma de $46.213.321,15, conforme lo ordenó el
mandamiento ejecutivo librado en el presente asunto.
iii) De este modo se acredita el cumplimiento cabal de la obligación impuesta en el
título de recaudo.
iv) El mandamiento de pago es incongruente con las sentencias objeto de ejecución
y liquidó incorrectamente los intereses. En efecto, la demanda ejecutiva se interpuso
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por lo que el tribunal debió tener como referente
la tasa DTF por los primeros 10 meses de mora y luego la tasa comercial, en los
términos dispuestos por el artículo 192 del CPACA; sin embargo, para todo el tiempo
se aplicó esta última.
v) En este caso se presentó la cesación de causación de intereses, por cuanto el
señor Edgar Humberto Ruiz Pérez no solicitó el cumplimiento de la sentencia dentro
de los 3 meses indicados en la mencionada normativa. Además, solo hasta el 17 de
marzo de 2017, el ejecutante radicó «la declaración extra juicio de no cobro por vía
proceso ejecutivo», por ende, no se causaron intereses entre el 20 de octubre de
2012 (cuando se vencieron los 6 meses de que trata el artículo 177 del CCA) y el 16
de marzo de 2017.
vi) El a quo dispuso una indexación implícita de intereses moratorios, toda vez que
ordenó su pago hasta la fecha en que se verificara el cumplimiento de tal obligación,
pese a que estos solo se podían causar hasta el último día del mes anterior en que
se incluyeron en nómina las resoluciones que cumplieron las sentencias base de
ejecución.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
El accionante y la UGPP se abstuvieron de intervenir ante esta corporación.
1.6. El Ministerio Público
La Procuraduría de Intervención 8 Tercera Delegada ante el Consejo de Estado
rindió concepto en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia de primera
instancia, con fundamento en los siguientes razonamientos:10
i) En este caso se causaron los intereses moratorios regulados en el artículo 177
del CCA desde la ejecutoria del título de recaudo y hasta cuando se le dio
cumplimiento, sin incluir mesadas pensionales posteriores.
ii) No es posible reconocer de manera concomitante indexación e intereses
moratorios que solicitó el ejecutante.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Conforme a los recursos de apelación interpuestos por el demandante y la entidad
ejecutada, el problema jurídico se circunscribe a establecer lo siguiente: i) si se
configuró la excepción de pago propuesta por la UGPP frente a los intereses
moratorios reclamados por el ejecutante y, en caso negativo, si aquellos deben
ajustarse y en qué términos, teniendo en cuenta que ambas partes presentaron
reparos al respecto; ii) si procede la indexación de los intereses moratorios; y iii) si
debió imponerse condena en costas en primera instancia.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
10 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial.
El instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
A su turno, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre
otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».11
2.3. Hechos probados
• El 7 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia
de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Edgar Humberto Ruiz Pérez contra Cajanal, mediante la cual
dispuso lo siguiente:12
FALLA
[…]
SEGUNDO.- Condénase a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.- en liquidación
o la entidad que la sustituya a reliquidar el valor de la mesada pensional de la que es
titular el señor Edgar Humberto Ruiz Pérez, identificado […], con efectividad a partir
del 3 de junio de 2008, de tal manera que la prestación económica sea equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados durante el último semestre de servicios, período comprendido entre el 3
de diciembre de 2007 y el 2 de junio de 2008 y corresponden a prima técnica,
bonificación especial, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad con
excepción de la indemnización por vacaciones por las razones anotadas en párrafos
precedentes, aclarando que los emolumentos reconocidos y pagados anualmente
deben ser computados para efectos de determinar la base de liquidación en su
doceava, junto con los reajustes legales anuales pertinentes y deduciendo los valores
correspondientes por los aportes sobre los cuales no se le descontó no aportó para
pensión. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO.- Liquídense y páguense las diferencias que se presenten entre lo pagado
por concepto de pensión de jubilación con cargo a las Resoluciones Nos. 60052 del
9 de diciembre de 2008 y No. 7053 del 23 de julio de 2010 y lo que se debe pagar
según esta providencia. Las sumas a que resulte condenada la entidad demandada
de conformidad con los numerales antecedentes deberán ser indexadas con
fundamento en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y de
acuerdo a la fórmula señalada en la parte motiva de esta sentencia (artículo 178 del
C.C.A.).
CUARTO.- Se ordena dar cumplimiento a la presente providencia en los términos
establecidos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
[…]
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009,
radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo J.
Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las
excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos
formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
12 Folios 17 a 35.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
• El 26 de enero de 2012, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
desató el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó
parcialmente con el fin de modificar el numeral segundo «en el sentido de indicar,
que la pensión de jubilación del demandante deberá reliquidarse en cuantía del 75%
de los factores devengados durante los últimos seis meses de servicio, esto es,
entre el 3 de diciembre de 2007 y el 2 de junio de 2008, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia».13 Este fallo quedó ejecutoriado el
20 de abril de 2012.14
• El 8 de junio de 2012, el demandante solicitó a la UGPP el cumplimiento de las
sentencias condenatorias.15
• El 26 de septiembre de 2012, por Resolución RDP 010029, la UGPP dio cumplimiento
a las órdenes impartidas en sede judicial y dispuso lo siguiente: i) elevar la cuantía
de la pensión del actor a la suma de $3.570.404; ii) «previa liquidación del área de
nómina, el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado (a)
las diferencias que resultaren de aplicar el artículo anterior y la (s) Resolución (es)
No (s). 60052 del 9 de diciembre de 2008 No. 7053 del 23 de julio de 2010 teniendo
especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa, con los
reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con
observancia del turno respectivo»; iii) «El área de nómina realizará las operaciones
pertinentes conforme se señala en el fallo y en el presente acto administrativo,
respecto a los artículos, 177 del CCA, precisando que este pago estará a cargo de
PROCESO LIQUIDATORIO DE CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, y 178 del CCA, pago que
estará a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional».16
• El 18 de octubre de 2013, por Resolución 048623, la UGPP modificó el artículo 1 de
la Resolución RDP 010029 de 2012 para incrementar el monto pensional a la suma
de $4.917.711.17
13 Folios 37 a 63.
14 Según constancia secretarial que obra en el folio 64 reverso.
15 Folios 65 a 67.
16 Folios 68 a 71.
17 Folios 79 a 83.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
• El 16 de marzo de 2016, por Resolución RDP 012156, la UGPP modificó el artículo
6 de la Resolución RDP 010029 de 2012 y dispuso:18
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento al fallo proferido por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, los
intereses moratorios en los moratorios en los términos del artículo 177 del CCA
o 192 del CPACA estará a cargo de la UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y
PARAFISCALES UGPP y el pago del artículo 178 del C.CA. o 187 del C.P.A.C.A.,
según sea el caso estará a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional a favor del señor (a) RUIZ PEREZ EDGARD HUMBERTO.
PARÁGRAFO: El área de nómina efectuará la liquidación de los intereses
moratorios conforme se señala en el fallo y en el presente acto administrativo,
respecto del artículo 177 del C.C.A. o 192 del CPACA, según sea el caso, siendo
parte integral de esta resolución la liquidación respectiva.
PARÁGRAFO: Una vez sea incluida en nómina la presente resolución la
Subdirección de Nómina de Pensionados debe reportar a la Subdirección
Financiera la liquidación detallada de los intereses moratorios a fin de que se
efectúe la ordenación del gasto y el pago correspondiente, según
disponibilidad presupuestal vigente.
• El 19 de abril de 2016, la Subdirección de Nomina de Pensionados de la UGPP hizo
constar que realizó dos pagos por concepto de diferencias pensionales adeudadas.
Textualmente, se indicó: 19
[…] en virtud de la Resolución RDP 010029 del 26 de septiembre de 2012, para la
nómina de NOVIEMBRE DE 2012 se procesó la inclusión, ahora bien el retroactivo
correspondiente se reporta en AGOSTO DE 2013, de acuerdo a lo ordenado en el
mencionado acto administrativo.
A su vez la Resolución RDP 048623 del 18 de octubre de 2013, se incluyó en
NOVIEMBRE DE 2013 […]. (Resaltado dentro del texto).
• El 7 de febrero de 2017, por Resolución 270, la UGPP ordenó pagar al actor la suma
de $14.327.525,11 por concepto de intereses moratorios.20 Este pago se materializó
el 29 de marzo de 2017.21
18 Folios 90 a 92.
19 Folio 94.
20 Folio 108.
21 Esta información consta en la «Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante», aportada por la UGPP en medio
magnético (folios 215 y 219).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
• El 21 de octubre de 2021, mediante la Resolución RDP 028153, la UGPP dispuso
dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, en la sentencia del 7 de abril de 2011 «en el
sentido que la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales reportará
a la Subdirección Financiera Intereses Moratorios del artículo 177 del CCA, a cargo
de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP, a favor de RUIZ PEREZ
EDGARD HUMBERTO, identificado […] por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 15/100 ($46.213.321,15) a fin de
que se efectúe la ordenación del gasto y el pago correspondiente.»22
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Los apelantes presentaron diferentes motivos de inconformidad frente a la sentencia
de primera instancia que conducen a analizar si en este caso la UGPP cumplió con
la obligación de pagar los intereses moratorios ordenados en el título de recaudo,
así como la tasa de interés aplicable, el período liquidable y la posibilidad de indexar
las sumas adeudadas. Finalmente, deberá revisarse si es procedente imponer
costas a la parte vencida.
A continuación, se analizarán los mencionados reparos.
2.4.1. Pago de los intereses moratorios
Durante el transcurso de proceso, la UGPP ha presentado excepciones y argumentos
de defensa tendientes a demostrar que la demanda carece de sustento porque las
sentencias objeto de ejecución fueron cumplidas a cabalidad, incluyendo el pago de
los intereses moratorios.
Ahora bien, se observa que en un primer momento la entidad afirmó que tal
obligación se cumplió el 29 de marzo de 2017 cuando consignó la suma de
22 Folios 226 a 229.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
$14.327.525,11. A su vez, ante esta instancia, solicitó la terminación del proceso
con fundamento en siguiente informe de pago:23
El magistrado conductor del proceso, por auto del 9 de febrero de 2023, 24 puso en
conocimiento del ejecutante la aludida petición; sin embargo, el interesado solicitó
continuar con el proceso en razón a que la suma pagada no corresponde a la que
realmente debía sufragarse.
Por su parte, esta Subsección en anteriores oportunidades25 ha expresado que las
partes deben hacer las liquidaciones que estimen pertinentes en orden a demostrar
el pago completo de una obligación; sin embargo, en este caso la UGPP ha allegado
documentos contradictorios que arrojan diferentes sumas y ello se debe a que no
existe uniformidad en el período de causación de intereses y en algunos de dichos
soportes no se determinó la tasa aplicada.
Ejemplo de ello es la liquidación del pago de los $14.327.525,11, que fue detallada
de la siguiente forma:26
23 Este documento fue allegado a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
24 Folio 308.
25 Ver sentencias del 22 de junio de 2023, radicados 05001-23-33-000-2016-02651-02 (3148-2022), 05001-23-33-000-
2016-02558-01 (0954-2021) y 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020).
26 Folio 109.
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
Luego en la apelación se hicieron las siguientes operaciones:
Lo anterior denota que en el recurso de apelación los intereses moratorios se
estimaron en una suma inferior a la inicialmente pagada y ambas son
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
completamente distintas al último pago de $46.213.321,15; sin embargo, este monto
solamente fue indicado en el referido informe, pero no se especificaron las cifras y
operaciones utilizadas para arribar a ese resultado.
Así las cosas, la Sala no cuenta con un referente que le permita afirmar que el pago
de la obligación se satisfizo de manera completa, en tanto no existe consistencia
entre los datos que ha suministrado la UGPP, por lo que no es posible tener certeza
del período liquidado, fórmulas aplicadas, capital y tasa de mora que se
consideraron al momento de fijar las sumas en que se soportan los pagos
efectuados hasta la fecha.
Sin embargo, conforme lo explicó el a quo, al momento de la liquidación del crédito,
la ejecutada tendrá oportunidad de demostrar con certeza el monto de la obligación
a su cargo e inclusive podrá extinguirla si logra demostrar que los desembolsos
realizados, o los que se hagan en adelante, retribuyen correctamente los intereses
moratorios que se originaron en el cumplimiento tardío de las sentencias objeto de
ejecución.
En efecto, la etapa de liquidación del crédito que sigue a continuación de este fallo,
constituye «la oportunidad procesal para precisar y concretar el valor de la
ejecución, a partir de los diferentes conceptos o rubros (capital, intereses,
indexación, entre otros) que encuentran su génesis en el título que sirve de base
para la ejecución y que son objeto de valoración por parte de la autoridad judicial a
efectos de librar mandamiento de pago y ordenar seguir adelante con la
ejecución».27
2.4.2. Tasa aplicable para liquidar los intereses moratorios
En este caso se pretende ejecutar una sentencia que fue proferida dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo las reglas del CCA;
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 23 de marzo de 2021, radicado: 20001-23-31-000-2007-
00154-02 (65131). En similar sentido, ver también: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de
febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2017-00001-02 (0234-2022).
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
empero, la UGPP sostiene que, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA, los
intereses moratorios deben liquidarse con la tasa equivalente al DTF por los primeros
10 meses siguientes a la ejecutoria del título de recaudo y, una vez cumplido ese
término, puede acudirse a la tasa comercial.
Esta Subsección, en sentencia del 31 de agosto de 2023, analizó la manera en que
deben liquidarse los intereses moratorios originados en fallos judiciales que se
expidieron en procesos tramitados con el CCA, pero cuya ejecución ocurrió en
vigencia del CPACA. Al respecto, se sostuvo:28
[…] el sentido de la norma de transición del artículo 308 era claro: las disposiciones
del CPACA –que incluyen la regulación de los intereses de mora- rigen los procesos
nuevos, lo que comprende la sentencia y sus efectos; en cambio, las normas del CCA
rigen los procesos anteriores, lo que también incluye la sentencia y sus efectos. Por
tanto, si el régimen de intereses de mora es diferencial en ambos estatutos, así mismo
se aplicarán según la normativa que rigió el proceso29.
Asimismo, es improcedente combinar los regímenes de intereses de ambos estatutos
-lo que sucedería cuando el pago de una sentencia dictada en un proceso regido por
el CCA termina cubierta por la norma de intereses del CPACA-, porque esta mixtura no
hace parte de la filosofía con que el artículo 308 de la Ley 1437 separó las dos
normativas, independientemente de los efectos, positivos o negativos, que ello genere
para el deudor30.
[…] frente a las citadas Circulares [Circulares Externas 10 del 13 de noviembre de
2014 y 12 del 22 de diciembre del mismo año proferidas por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado31] se aplicará la excepción de ilegalidad del artículo 148
del CPACA32 […], dado que entre los elementos de la naturaleza de la sentencia se
encuentra lo atinente a su cumplimiento (artículos 176 y 177 del CCA o artículos 192
y 195 del CPACA), por lo que el régimen de los intereses moratorios es el determinado
por el legislador a través del Código que se encontraba vigente al momento en que
se instauró la respectiva demanda ordinaria y no pueden unas Circulares desconocer
lo regulado en la Ley 1437, según lo previsto en el régimen de transición del artículo
308 del CPACA.
De esta manera, se cambia la posición que hasta el momento se ha venido
desarrollando sobre el régimen de los intereses moratorios a través de la teoría de la
causación, con el objeto de señalar que debe acudirse a la fecha de instauración de
la demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para determinar cuál es la
28 Radicado 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022), demandante: Miguel Antonio Galindo Arias.
29 Ibidem.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de julio de 2021 en el expediente 05001-23-33- 000-2019-01705-01
(66.814).
31 A través del cual se adoptaron los lineamientos sobre pago de intereses de mora de sentencias, laudos y conciliaciones.
32 «ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN.[…]».
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
normativa aplicable en dicho sentido, esto es, si fue presentada antes o después de
la vigencia del CPACA.
De acuerdo con la anterior providencia, si la demanda ordinaria en la que se profirió
el título de recaudo se instauró antes de la entrada en vigencia del CPACA, los
intereses moratorios que corresponde liquidar en el proceso ejecutivo son aquellos
del artículo 177 del CCA, situación que ocurrió en el sub lite y; por lo tanto, en este
aspecto la decisión apelada debe ser confirmada, pues se ajustó al criterio
interpretativo expuesto, el cual ha seguido aplicando esta Sala.33
2.4.3. Período de causación de los intereses moratorios
En el recurso de apelación la UGPP sostuvo que el tribunal liquidó los intereses
moratorios por un período superior al que correspondía, pues no se tuvo en cuenta
que el actor no solicitó oportunamente el cumplimiento del fallo objeto de ejecución
y, solo hasta el 17 de marzo de 2017, presentó «la declaración extra juicio de no
cobro por vía proceso ejecutivo». Por ello, la entidad concluyó que no se causaron
intereses entre el 20 de octubre de 2012 (cuando se vencieron los 6 meses de que
trata el artículo 177 del CCA) y el 16 de marzo de 2017.
Esta Subsección se aparta de los anteriores razonamientos, pues se encuentra
acreditado que el título de recaudo cobró ejecutoria el 20 de abril de 2012; el 8 de
junio de 2012 el demandante solicitó ante la UGPP su cumplimiento y, según se
desprende del documento radicado el 10 de octubre de 2012,34 en esta última fecha
el interesado aportó «declaración juramentada de no cobro por vía ejecutiva, para
la inclusión en nómina del retro activo pensional y actualización de la mesada».
Por su parte, el artículo 177 del CCA dispone que «[c]umplidos seis (6) meses desde
la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que
apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad
responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el
33 Sentencia del 26 de octubre de dos 2023, radicado 11001-33-42-051-2019-00310-01 (2386-2023).
34 Este documento reposa en el expediente administrativo aportado en medio magnético por la UGPP (folio 219).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando
se presentare la solicitud en legal forma».
De acuerdo con el anterior recuento, en este caso no cesó la causación de intereses
en los términos indicados en la citada norma, ya que el accionante acudió dentro de
los 6 meses previstos por el artículo 177 del CCA para obtener el cumplimiento de la
sentencia que ordenó su reliquidación pensional y allegó la documentación
requerida por la entidad. Inclusive, el expediente administrativo da cuenta de varias
comunicaciones en las que el interesado reiteró la solicitud del pago correcto de su
mesada pensional, así como de los intereses moratorios, por lo que se encuentra
desvirtuado el argumento de apelación presentado por la UGGP.
2.4.4. Mesadas posteriores a la ejecutoria del título de recaudo
El señor Edgar Humberto Ruiz Pérez en su recurso de apelación expresó que la
UGPP no cumplió en tiempo lo dispuesto en el título de recaudo y, por lo tanto,
también se causaron intereses respecto de las mesadas posteriores a su ejecutoria.
En casos análogos al presente, esta Subsección ha resuelto el aludido motivo de
inconformidad en los siguientes términos:35
En relación con lo anterior, la Sala debe precisar que una cosa son los intereses
moratorios liquidados sobre el capital adeudado a la fecha de ejecutoria de la
sentencia objeto de recaudo, y otros serían los intereses de mora causados sobre las
diferencias que se siguieron causando en las mesadas pensionales durante el período
comprendido entre el día siguiente a la ejecutoria del fallo del 16 de noviembre de
2006 y el día anterior al pago de la nómina de agosto de 2009.
[…]
63. En lo que tiene que ver con el ítem que corresponde al capital base sobre el cual
se liquidan los intereses, la Sala precisa que se divide en dos: i) el capital
consolidado a la fecha de ejecutoria de la sentencia indexado (retroactivo) y ii) las
diferencias de las mesadas indexadas que se causan con posterioridad a la ejecutoria
de la sentencia. Ambos valores se toman una vez realizados los descuentos de salud,
toda vez que estos montos no pueden causar intereses moratorios a favor de la parte
ejecutante, pues corresponden a recursos con destinación específica, esto es, la
seguridad social en salud a cargo de las Empresas Prestadores de Salud, de manera
35 Auto del 16 de noviembre de 2023, radicado 25000 23 42 000 2016 05855 01 (0771-2019).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01117-02 (2861-2022)
Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
que corresponden a sumas que no ingresan al patrimonio de los beneficiados con la
sentencia.36
[Negritas y cursivas propias del original]
De acuerdo con el citado lineamiento jurisprudencial,37 deberá modificarse la
sentencia apelada, ya que el a quo se ocupó exclusivamente de los primeros
intereses referidos, pero no de los segundos, y en ello radica el reparo planteado
por el accionante. En efecto, únicamente se utilizó como base para liquidar los
intereses de mora la suma que se habría adeudado al momento de la ejecutoria del
fallo del 26 de enero de 2012, pese a que también se causaron intereses respecto
de las diferencias pensionales posteriores a dicha ejecutoria y hasta que se verificó
el cumplimiento.
Es oportuno expresar, que los anteriores razonamientos reafirman la necesidad de
seguir adelante la ejecución con el fin de habilitar la etapa de liquidación del crédito,
que permitirá materializar las órdenes impartidas por el a quo y cuyos parámetros
se terminan de concretar en esta instancia,38 así como verificar en qué medida se
cumplió la obligación y, si el del caso, disponer su extinción por pago.39
2.4.5. Indexación de los intereses moratorios
La UGPP en su recurso de apelación manifestó que el tribunal dispuso una
indexación implícita de intereses moratorios, pues ordenó su pago hasta la fecha en
que se verificara el cumplimiento de tal obligación, pese a que estos solo se podían
causar hasta el último día del mes anterior en que se incluyeron en nómina las
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre
de 2021, expediente 17001 23 33 000 2018 00112-01 (6127-19), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez.
37 Ver también la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por esta Subsección, radicado 25000-23-42-000-2018-
01560-01 (3145-2021).
38 Al respecto puedo consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11
de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2017-00001-02 (0234-2022).
39 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado 54001-23-31-000-
2010-00255-02 (1707-2015). En esta providencia se expresó que « resulta necesario tener presente que el pago,
dependiendo del momento en que se materializa, adquiere efectos jurídicos distintos, bien como excepción de mérito o
de fondo o como un modo de extinción de la obligación. En los términos del inciso 2° del artículo 509 CPC, adquiere le
modalidad exceptiva cuando haya tenido lugar con posterioridad a la providencia base de ejecución (del 31 de marzo de
2005) y con antelación al mandamiento de pago (que data del 17 de octubre de 2013), mientras que puede mirarse como
un modo de extinguir la obligación en los términos del artículo 1625 del Código Civil y siguientes, por lo que resulta
necesario determinar si el pago se produjo en cumplimiento del apremio judicial pues de ello dependerá que se trate o
no de una excepción de mérito».
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resoluciones que cumplieron las sentencias base de ejecución.
No obstante, la Sala no comparte la referida argumentación, pues el a quo sí
estableció un límite a la causación de intereses y para ello tomó como referente los
meses en que se pagaron los retroactivos pensionales (agosto y noviembre de
2013), decisión que resulta congruente con el criterio de esta Subsección. 40 En
efecto, los intereses solo pueden cesar cuando se sufraga la obligación, de ahí que
tampoco pueda sostenerse que debía ser en el mes anterior al pago, ya que ello no
se corresponde con la realidad.
Por su parte, el actor solicitó la indexación de los intereses moratorios con el fin de
que se mantenga el poder adquisitivo de la moneda; sin embargo, conforme se ha
explicado en anteriores oportunidades, la decisión del a quo fue acertada en cuanto
negó expresamente esta petición.
En tal sentido, se recuerda que se presenta una incompatibilidad entre la indexación
y los intereses moratorios por provenir de la misma causa, esto es, la pérdida del
poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo en los casos en los que
transcurren años sin que se haya percibido el capital adeudado. Al respecto, esta
corporación ha sostenido:41
Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización moratoria
(o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que permiten en el mismo
sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo sin que se haya solucionado
efectivamente una obligación dineraria, no obstante, la primera hace referencia a la
forma de actualización monetaria con base en el IPC en los casos en los que se
evidencia una razón válida para la tardanza en la cancelación del saldo, mientras que
los intereses moratorios implican una suerte de sanción, que si bien igualmente busca
equiparar los valores de la deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una
tasa fijada en un porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla anterior,
pero como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado, que
no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de una
deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con la
40 Ver las siguientes providencias: i) sentencia del 24 de agosto de 2023, radicado 25000-23-42-000-2014-01444-02 (4244-
2019); y ii) auto del 16 de noviembre de 2023, radicado 25000 23 42 000 2016 05855 01 (0771-2019).
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de mayo de 2021, radicado 08001 23 31 000 2014
01007 01 (2670-19). Ver también las siguientes sentencias: i) del 21 de septiembre de 2023, radicado 25000-23-42-000-
2019-00786-01 (3023-2021); y ii) del 1 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 05593 01 (5659-2018).
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
superación de etapas, la fijación de un término específico para el cumplimiento de la
obligación o la materialización de una condición que se configura por el paso del tiempo.
Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza sancionatoria, deben estar
estipulados previamente en la norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una
causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la demostración por
parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar
de estar expresamente conminado a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras ostentan una
naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la otra de tipo
sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un mismo fin que es
restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de una obligación en cantidad
líquida, razón por la cual no es procedente asentir en su compatibilidad o en la
posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto los aspectos divergentes como
el semejante impiden su coexistencia.42 [Resalta la Sala].
Bajo tal escenario, resulta improcedente el reconocimiento y pago de la indexación
sobre las sumas de dinero que resulten de la liquidación de los intereses moratorios,
por cuanto la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda,
a manera de compensación por el pago tardío de la condena impuesta en las
sentencias ejecutadas, se realiza a través de los intereses moratorios por el lapso
en que la entidad dejó transcurrir entre la fecha en que se hizo exigible la obligación
y el pago de esta. Por lo anterior, esta Sala confirmará en este aspecto la sentencia
apelada.
Por otra parte, es oportuno advertir que en el encabezado de la sentencia apelada
se indicó que fue proferida el 23 de marzo de 2021; sin embargo, al revisar el
expediente, resulta evidente que fue suscrita en el año 2022, por lo cual, en la parte
resolutiva de esta decisión se hará referencia a la fecha correcta.
Finalmente, en el siguiente acápite se resolverá el motivo de apelación del
ejecutante referente a la necesidad de imponer condena en costas a la parte
vencida.
2.5. De la condena en costas
42 Cita del texto original: «Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo
de Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-01 (0074-2017);
y del 16 de agosto de 2018, Subsección B, radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017).»
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,43 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
Por su parte, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que
contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
Estos argumentos también son suficientes para ratificar la decisión de primera
instancia que no condenó en costas a la UGPP, pues tal determinación se fundó en
la valoración que hizo el tribunal de la conducta asumida por las partes durante el
transcurso del litigio, conforme lo autoriza el mencionado artículo 47 de la Ley 2080
de 2021 y que se encontraba vigente al momento en que se expidió la sentencia de
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
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Demandante: Edgar Humberto Ruiz Pérez
primera instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo debe modificarse en lo que respecta a la
liquidación de los intereses moratorios y confirmarse en lo demás, conforme se
explicó en precedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar la sentencia del 23 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que desestimó
las excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la
ejecución dentro del proceso promovido por el señor Edgar Humberto Ruiz Pérez
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el sentido de indicar que el a quo
verificará la liquidación realizada, a fin de incluir también los intereses moratorios
que se causaron respecto de las mesadas pensionales posteriores a la ejecutoria
del fallo del 26 de enero de 2012, expedido por el Consejo de Estado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Confirmar en lo demás el proveído apelado.
Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
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Cuarto. Reconocer personería a la Sociedad Montserrat Lawyers Group S.A.S.
(representada legalmente por el abogado Daniel Obregón Cifuentes) como
apoderada principal de la UGPP.
Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
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