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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2013-00222-02

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2013-00222-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de la demanda ejecutiva promovida por la señora María Bernarda Arango Arango contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que declaró probada parcialmente la excepción de pago propuesta por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Condenar a la parte demandada en costas en esta instancia, por las razones expuestas, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo. 34 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 13 Radicación: 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020) Demandante: María Bernarda Arango Arango Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Karina Vence Peláez, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme al memorial del 22 de enero de 2021, según registro en SAMAI identificado con el índice 14. Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-33-000-2013-00222-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020)
Demandante: María Bernarda Arango Arango
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Ejecutivo laboral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 10 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por
medio de la cual declaró probada la excepción de pago parcial y dispuso seguir
adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

• La demanda1

La señora María Bernarda Arango Arango interpuso demanda ejecutiva con el fin
de que se cumpla la sentencia del 22 de junio de 2011, proferida por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual se ordenó la reliquidación de su
pensión de jubilación con todos los factores salariales.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por
varios conceptos.2 Sin embargo, el 22 de junio de 2017, la primera instancia, ante
el cumplimiento de la providencia del 1.º de agosto de 2016 emitida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,3 que revocó el auto del 28 de julio de 2014,
mediante el cual se negó adelantar el trámite de ejecución,4 libró mandamiento

1 Folios 25 a 33.
2 Folios 1 a 11.
3 Folios 96 a 103.
4 Folios 81 a 83.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020)
Demandante: María Bernarda Arango Arango

ejecutivo por la suma de $33.347.168,25, según el cálculo realizado por la
profesional contable del Tribunal Administrativo de La Guajira.5

• Hechos

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que por sentencia del 22 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de La Guajira
condenó a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E a reliquidar y pagar a la
actora su pensión de jubilación. Que en cumplimiento del fallo se expidió la
Resolución UGM 051798 del 12 de julio de 2012, la cual fue notificada a través de
apoderado el 19 de julio de 2012.

Que el 12 de octubre de 2012, la demandante presentó un reclamo respecto al
retroactivo, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda haya sido
contestado ni pagada la obligación.

Que el 12 de diciembre de 2012, la demandada consignó a favor de la actora la
suma de $31.921.440,85, de un total de $35.608.993,85, al descontar de la suma
de $3.687.553 por concepto de aportes de salud, como consta en la consulta
histórica de valores en 2 folios expedida por el Fopep.

• Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales se señalaron los artículos 155 numeral 7, 156 numeral 9, 192, 199 del
CPACA;6 25, 297 a 299, 613 inciso 2.º del CGP;7 488, 497 y 498 del CPC.8

• Contestación de la demanda

La UGPP propuso las siguientes excepciones:9

i) Inexistencia de la obligación y/o cobro de no debido. Dice que sólo es
responsable por el pago de las acreencias derivadas del reconocimiento y
reliquidación pensional y que en esa medida acató el fallo al realizar el pago de las
diferencias derivadas de la reliquidación. Que no es la entidad competente para
reconocer y pagar los intereses moratorios reclamados.

5 Folios 114 a 119.
6 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7 Código General del Proceso.
8 Código de Procedimiento Civil.
9 Folios 163 a 169.

2

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

ii) Indebida forma de liquidación de intereses. Que los intereses moratorios
deben liquidarse teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el concepto
con número de radicado 110010303000201300517 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, pronunciamiento base para la expedición de
la Circular 10 de 2014 de la ANDJE.

iii) Excepción de pago y cobro de no debido. Que de conformidad con la
resolución que da cumplimiento al fallo se realizó la reliquidación pensional
correspondiente y se ordenó el pago de lo decidido en la sentencia.

• La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 10 de octubre de
2019, declaró probada la excepción de pago parcial y dispuso seguir adelante la
ejecución,10 porque consideró que no hay duda de que la ejecutada es la llamada
legalmente a pagar los intereses moratorios cuya ejecución se impetra, pues con la
expedición del Decreto 2196 de 2009 se adoptaron disposiciones para garantizar
los derechos pensionales con ocasión de la liquidación de Cajanal EICE,
habiéndose consagrado previamente en la Ley 1151 de 2007, que la UGPP tendría
atribuido el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de las
entidades liquidadas y en especial, la administración de la nómina pensional, lo que
fue reiterado por el Decreto 575 del 22 de marzo de 2013.

Que es cierto que en acatamiento del fallo se reliquidó y modificó la mesada
pensional de la actora, sin embargo, no se dio cumplimiento total a la sentencia,
comoquiera que al haber quedado ejecutoriada el 20 de junio de 2011, a partir del
mes siguiente, 21 de junio de 2011, debió procederse al pago.

Que en la liquidación realizada por el profesional contable en su momento se
descontó el valor pagado por el FOPEP de $31.921.440,85 y aun así quedaba una
suma de $33.347.168,25 correspondiente a capital (diferencias de las mesadas
pensionales) e intereses moratorios, lo cual encuentra su fundamento en la
modificación realizada por la UGPP, a través de la Resolución RDP 031495 del 8 de
agosto de 2017, la cual no se observaba que se hubiese cancelado.

Concluyó la primera instancia, que la excepción de pago total debía ser desestimada
y correspondía declararse probado un pago parcial, además porque existía
confesión del ejecutante en audiencia de que recibió un pago por intereses
moratorios por $5.065.987.95 y que de acuerdo con el acta de conciliación se
precisaba que fue el 31 de julio de 2019.

10 Folios 224 a 230.

3

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

Se ordenó entonces seguir adelante con la ejecución, tal y como venía dispuesto
por el auto de mandamiento de pago del 22 de junio de 2017 y por el valor que
arrojara la liquidación del crédito.

• El recurso de apelación

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia,11 expresando que mediante la Resolución UGM 051798 del 12 de julio
de 2012 incluyó en nómina a la demandante, cancelando el respectivo retroactivo
en el mes de diciembre, con las diferencias de las mesadas pensionales causadas
para los periodos comprendidos entre el 1.º de febrero de 1996 y el 31 de agosto
de 2012, por concepto del valor retroactivo, indexación, descuentos de salud y un
pago neto.

Que deben tenerse en cuenta en el cómputo de los intereses moratorios los valores
ya consignados. Que pagó los intereses moratorios de la Resolución 031495 del 8
de agosto de 2017, ordenados a través de SFO 01255 del 30 de abril de 2019, el
cual se llevó a cabo el 31 de julio de 2019. Que con todo lo anterior se dio
cumplimiento pleno a la obligación contenida en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira.

• Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en las respectivas etapas
del proceso.

La parte demandada agregó que los intereses moratorios no se causaron en favor
de la accionante, porque si bien es cierto de los que trata el artículo 177 del CCA se
calculan desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de pago, teniendo en
cuenta que la ejecutoria de la sentencia base de ejecución fue el 28 de marzo de
2011 y la fecha de su pago el 25 de agosto de 2012, y que dichos acontecimientos
sucedieron dentro del lapso en que CAJANAL estuvo en liquidación, también lo es
que no pudieron haberse causado intereses en contra de la misma, por ser un hecho
de fuerza mayor que exime de la respectiva causación.

Indicó, además, que los intereses moratorios deben liquidarse desde el 20 de julio
del 2011 hasta el día 19 de octubre del 2011, suspendiéndose su causación desde
el 20 de octubre de 2011 hasta el día anterior a la aportación de los documentos, y

11 Folio 239.

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

reactivándose desde la fecha de completitud, el 25 de julio de 2012, hasta la fecha
de pago del retroactivo, el 30 de noviembre del 2012.12

• El ministerio público

El agente del ministerio público no emitió concepto.13

La Sala decide, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

• El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la UGPP, el problema jurídico se
circunscribe a establecer si la entidad en efecto pagó la obligación total y si está
llamada a reconocer los intereses moratorios reclamados por la ejecutante.

• Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.

12 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
13 Folio 263.

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».14

• Liquidación de Cajanal y asunción de responsabilidades

El Decreto 2196 de 200915 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal. En lo
referente al reconocimiento de las obligaciones pensionales y afines se especificó
lo siguiente:

Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. […]

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de
edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha
en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto,
de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal, EICE, en
liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
creada por la Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y
celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de

noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo
siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre
el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
15 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su

liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

Por su parte, la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó la siguiente competencia
en materia pensional:

Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. […] Esta Unidad Administrativa tendrá a su
cargo:

i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como
auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan
tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las
gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos,
nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003;
[…]

A su vez, el Decreto 169 de 2008 asignó funciones a la UGPP, conforme se indica a
continuación:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del
Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas16

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de
actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que
hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su
cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la
administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas
administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la

16 Las funciones establecidas en este literal fueron subrogadas por las consagradas en el artículo 6

del Decreto 575 de 2013.

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y
prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca
la UGPP en virtud de este numeral.
[…]

El Decreto 4269 de 2011 efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en
liquidación y la UGPP, para finalizar el proceso de liquidación de aquella; sin
embargo, esta corporación ha sostenido que la norma en comento no modificó lo
concerniente a que esta última es la encargada de asumir, por completo, las
obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, la UGPP
es la «llamada a asumir los procesos judiciales que fueron adelantados contra la
desaparecida caja de previsión»17, conforme lo dispuso el artículo 22 del Decreto
2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, así:

Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual. […]

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que
asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos
administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.
[…]

Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el
Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará
atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social -
UGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo
previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás
reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.
[…]

Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011,
las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían
a la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en
Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión
(Cajanal), correspondió a su sucesora procesal (UGPP) asumir sin restricciones ni

17 Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de

2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-04418-01 (4651-2019); ii) sentencia del 30 de octubre de
2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019); iii) sentencia del 26 de junio de 2020,
radicado: 68001-23-33-000-2015-00058-01 (1485-2016); iv) sentencia del 14 de marzo de 2019,
radicado: 25000-23-42-000-2015-02729-01(1507-18); iv) providencia del 13 de febrero de 2017,
expediente 11001-03-06-000-2016-00256-00(C).

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».18

• El caso concreto.

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

• El 22 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de La Guajira profirió sentencia
de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la demandante contra Cajanal, mediante la cual dispuso lo
siguiente:19

FALLA:
[…]
Segundo.- A título de restablecimiento del derecho ordénese a la Caja Nacional de
Previsión Social CAJANAL EICE en liquidación, la reliquidación de la pensión de
jubilación otorgada a la Hermana MARÍA BERNARDA ARANGO ARANGO, con el
promedio de todo lo devengado entre enero de 1995 y enero de 1996, de acuerdo
con las leyes 50 de 1886, 24 de 1947 y 20 de 1974 y lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. CONDENASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN a liquidar y pagar a la
demandante, las diferencias entre lo que ha venido pagando por concepto de la
pensión de jubilación reconocida mediante la Resolución No. (sic) 0421 de 03 de
mayo de 200720 y lo que se liquide conforme al ordinal anterior, a partir del 1º de
febrero de 1996.
[…]

• El 20 de julio de 2011, quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar el
Tribunal Administrativo de La Guajira.21

• El 12 de julio de 2012, por Resolución UGM 0051798, Cajanal dio cumplimiento a
las órdenes impartidas en sede judicial y dispuso elevar la cuantía de la pensión de
la actora y que el Fopep pagaría las diferencias que resultaren de aplicar el punto
anterior y la Resolución 0421 del 3 de mayo de 2007,22 teniendo especial cuidado
en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa, con los reajustes
correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con observancia

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
19 Folios 154 a 165.
20 Resolución por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación a la señora Arango Arango

María Bernarda.
21 Folio 36vto.
22 Resolución por medio de la cual se reconoció una pensión de jubilación a la señora Arango Arango

María Bernarda.

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Demandante: María Bernarda Arango Arango

del turno respectivo. Que además el área de nómina realizaría las operaciones
pertinentes respecto a los artículos 177 y 178 del CCA.23

• Consulta histórica de valor en el que consta que en diciembre de 2012 la señora
María Bernarda Arango Arango devengó la suma de $35.608.993, pero se le
descontó el valor de $3.687.553, para un neto de $31.921.440,85.24

• Resolución RDP 0031495 del 8 de agosto de 2017, en la que la UGPP modificó el
artículo sexto de la Resolución UGM 0051798, para consignar que lo atinente al
artículo 177 del CCA estaría a cargo de la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y que el 178 del
CCA estaría a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep.25

• Resolución SFO 001255 del 30 de abril de 2019, en la que la demandada ordenó
el gasto y pago a favor de la ejecutante, por concepto de intereses moratorios, el
valor de $5.065.987,95.26

• Orden de pago presupuestal de gastos número 205496619 del 29 de julio de 2019
por $5.065.987,95.27

a) Pago de la obligación

Del pago de los intereses: conforme se indicó en acápites anteriores, los fallos
objeto de ejecución establecieron una obligación a cargo de Cajanal, que fue
liquidada por mandato del Decreto 2196 de 2009.

Por su parte, el artículo 64 del Decreto 4107 de 201128 dispuso que Cajanal en
liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3.º del
Decreto 2196 de 200929 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP. El proceso de
liquidación culminó el 11 de junio de 2013,30 por ende, los procesos judiciales y
demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la

23 Folios 37 a 43.
24 Folios 48 a 49.
25 Folios 247 a 249.
26 Folios 250 a 251.
27 Folios 252 a 252vto.
28 «Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social

y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
29 «por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su

liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
30 Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de

Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».

10

Radicación: 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020)
Demandante: María Bernarda Arango Arango

liquidación fueron asumidos por la UGPP.31

Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en sus
funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema
pensional.

Por tanto, no es de recibo que la UGPP afirme que no es la obligada al pago de los
intereses.

Del pago total: la entidad apelante sostuvo que mediante las Resoluciones UGM
051798 del 12 de julio de 2012, 031495 del 8 de agosto de 2017 y la SFO 01255
del 30 de abril de 2019 ya pagó el retroactivo, la indexación y los intereses
moratorios ordenados en la sentencia del 22 de junio de 2011.

La providencia discutida ordenó seguir adelante con la ejecución, tal y como venía
dispuesto por el auto de mandamiento ejecutivo del 22 de junio de 2017 y, por el
valor que arrojara la liquidación del crédito.

Pues bien, la providencia que libró el mandamiento ejecutivo por $33.347.168,25 se
fundamentó en la liquidación realizada por la profesional contable del Tribunal
Administrativo de La Guajira, la cual comprendió: i) el retroactivo pensional indexado
a la ejecutoria de la sentencia por la suma de $39.782.125,13; ii) los intereses
moratorios del 20 de julio de 2011 hasta el 12 de diciembre de 2012 por
$17.603.932,94; iii) los intereses moratorios del 13 de diciembre de 2012 hasta el
1.º de noviembre de 2013 por $7.882.551,04; y iv) el descuento por capital pagado
el 12 de diciembre de 2012 por $31.921.440,85.32

Al respecto, la Sala considera que la discusión en el presente asunto consiste en el
pago total de la obligación producto del título judicial del 22 de junio de 2011, pero
que la parte demandada, al momento de interponer el recurso de apelación, no
especificó en qué consistía su desacuerdo con los valores determinados por la
primera instancia desde el mandamiento ejecutivo, a través del cual se concluyó
que adeudaba para aquel momento la suma de $33.347.168,25.

31 Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del

Consejo de Estado, radicado. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18).
32 Folios 109 a 113.

11

Radicación: 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020)
Demandante: María Bernarda Arango Arango

De esta manera, en el presente ítem no se advierte un reparo concreto por parte de
la UGPP en relación con los valores que el juez a quo ordenó continuar con la
ejecución, por lo que le correspondía a la parte pasiva, al aducir que no había lugar
al pago de sumas de dinero, asumir la carga procesal de enrostrar el yerro incurrido
por el tribunal y no trasladar dicho ejercicio para que fuera practicado sin elementos
de juicio por la segunda instancia.

Igualmente, es de aclarar que lo único que se demostró durante la primera instancia
fue un pago por $31.921.440,85, el cual fue tenido en cuenta en las operaciones del
mandamiento ejecutivo y, los $5.065.987,95 pagados durante el trámite del proceso,
los que fueron el fundamento, precisamente, para declarar probada parcialmente la
excepción de pago.

Por último, es de resaltar que lo atinente: i) al régimen de los intereses moratorios;
ii) la exoneración de los mismos ante un hecho de fuerza mayor; y iii) la suspensión
de la causación por la aportación tardía de todos los documentos; no fue planteado
por la UGPP en el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo del 10 de
octubre de 2019, sino en los alegatos de conclusión de la segunda instancia, por lo
que le precluyó la oportunidad para plantear las inconformidades en dicho sentido.
En consecuencia, no serán objeto de análisis de fondo en el presente
pronunciamiento de segundo grado.

Así las cosas, no se configuró la excepción de pago que esgrimió la UGPP,
comoquiera que lo probado en el asunto de la referencia es un abono realizado a la
obligación pensional, pero en ningún momento la cancelación total de los créditos
contenidos en el título judicial del 22 de junio de 2011.

b) De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,33 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.

12

Radicación: 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020)
Demandante: María Bernarda Arango Arango

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del
artículo 365 del Código General del Proceso,34 la Subsección condenará en costas
a la parte demandada, en tanto no prosperaron los argumentos de su apelación y,
además, se demostró su causación, dado que la parte demandante actuó en esta
instancia.

En conclusión: La decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la actora, por lo que será confirmada en su totalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 10 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de la demanda ejecutiva promovida
por la señora María Bernarda Arango Arango contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), que declaró probada parcialmente la excepción de pago propuesta por la
entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, conforme se explicó en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Condenar a la parte demandada en costas en esta instancia, por las
razones expuestas, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo.

34 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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Radicación: 44001-23-33-000-2013-00222-02 (0425-2020)
Demandante: María Bernarda Arango Arango

Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Karina Vence Peláez, como
apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme al memorial
del 22 de enero de 2021, según registro en SAMAI identificado con el índice 14.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

14

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