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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04418-01

Acción ejecutiva: caducidad

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04418-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia apelada del 23 de julio del 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso ejecutivo de la referencia, iniciado por la señora Lucila del Carmen Espinosa Chica en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia, las cuales serán liquidadas por el juez de primera instancia. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el portal Samái.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04418-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

22 de julio de 2021

ACCIÓN EJECUTIVA - Caducidad / CADUCIDAD DEL PROCESO EJECUTIVO - El legislador fijó un lapso de cinco años contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación / CADUCIDAD - No se configura / INTERESES MORATORIOS - Reconocimiento

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y reiterado en el literal K del artículo 164 del CPACA. (…) El término de caducidad de la acción ejecutiva según el Decreto 01 de 1984 es de 5 años contados a partir del momento en que se hace exigible la obligación, hecho que ocurre 18 meses después de la ejecutoria de la sentencia que impone la condena. (…) Al tener en cuenta que el término de caducidad de los 5 años de que trata el Decreto 01 de 1984 empezó a correr el 1 de diciembre del año 2008, que se suspendió entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio del 2013 y que se reanudó el 12 de junio del 2013, el término de caducidad venció, aproximadamente, el 1 de diciembre del año 2017; no obstante, la presente demanda ejecutiva fue interpuesta el 16 de septiembre del 2016, tal como consta en el sello de recibido obrante en el folio 1 del expediente. Visto lo anterior, tal como determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia, dentro del presente asunto no se configuró la caducidad de la acción ejecutiva, pues la demanda fue interpuesta dentro del término de los 5 años contados a partir de la fecha de la exigibilidad de la obligación. No es jurídicamente admisible que una supresión administrativa ordenada por el Gobierno nacional tenga repercusiones en los derechos prestacionales de los administrados; así, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte demandada según el cual la demandante perdió la oportunidad de reclamar los intereses moratorios originados del cumplimiento tardío de una sentencia, pues la liquidación de Cajanal no es óbice para que se limite el ejercicio del derecho de la pensionada.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 Y REITERADO EN EL LITERAL K DE LA LEY 1437 DE 2011 EN SU ARTÍCULO 164

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "A"

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04418-01(4651-19)

Actor: LUCILA DEL CARMEN ESPINOSA CHICA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Referencia: EJECUTIVO. TEMAS: INTERESES MORATORIOS. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de primera instancia del 23 de julio del 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución.

ANTECEDENTES

La demanda
1.1.1. Las pretensiones

La señora Lucila del Carmen Espinoza Chica interpuso demanda ejecutiva en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en orden a que se librara mandamiento de pago por la cuantía de $ 167.817.295, discriminados de la siguiente forma: $ 40.087.229 por concepto de las diferencias generadas entre la liquidación pensional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia del 19 de abril del 2007 y la efectivamente concedida por la Unidad, generadas entre el 2 de junio del 2007 y el 25 de agosto del 2008; y $ 63.865.033 por concepto de intereses moratorios causados entre el 2 de junio del 2007 y el 23 de diciembre del 2013. Finalmente, la parte ejecutante solicitó que se condene en costas a la parte ejecutada.

Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Lucila Espinosa Chica es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y laboró al servicio de la Contraloría General de la República por más de 20 años, lo que le dio el derecho a que la entonces Caja Nacional de Previsión Social le reconociera una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $ 735.839, efectiva a partir del 10 de enero del 2002.

ii) Por no estar de acuerdo con la liquidación de la pensión de jubilación, la señora Espinosa Chica interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la administradora de pensiones. El proceso fue conocido y fallado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de sentencia del 19 de abril del 2007, en la que se ordenó reliquidar la asignación pensional de la demandante en cuantía del 75 % del promedio mensual de los salarios devengados durante el último semestre de servicio con inclusión, además de la asignación básica, de las primas de vacaciones, navidad y servicios.

iii) La sentencia cobró ejecutoria el día 1 de junio del 2007 y el 2 de agosto de ese mismo año, la pensionada presentó solicitud de cumplimiento de la sentencia condenatoria. Cajanal profirió la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, por medio de la cual dio cumplimiento al fallo aludido, por medio de la cual reliquidó la pensión en cuantía de $ 840.729, efectiva a partir del 10 de enero del 2002; sin embargo, los factores ordenados en el fallo no fueron incluidos en la proporción correcta.

iv) En el mes de agosto del 2008 se incluyó la mencionada liquidación en la nómina de pensionados y se pagó un total de $ 14.121.540, por concepto de diferencias pensionales. El 15 de mayo del 2012, la ejecutante presentó solicitud de adición o modificación de la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, por inconsistencias en la liquidación allí ordenada; sin embargo, por medio de Auto ADP 2100 del 6 de noviembre del 2012, se negó dicha solicitud.

v) El 24 de junio del 2013, radicó solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, que fue resuelta desfavorablemente por medio de Resolución RDP 30491 del 8 de julio del 2013. La petición de adición o modificación del acto administrativo fue reiterada el 23 el octubre del 2013 y en esta oportunidad la UGPP, sucesora de Cajanal, accedió a dicho requerimiento por medio de la Resolución RDP 50294 del 30 de octubre del 2013.

vi) En el citado acto administrativo la UGPP modificó la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, en el sentido de reliquidar la pensión de jubilación y reconocerla en cuantía de $ 983.663, efectiva a partir del 10 de enero del 2002, lo que arrojó un retroactivo de $ 30.481.635; sin embargo, en esta nueva reliquidación tampoco se tuvo en cuenta el valor total de la asignación básica y de la prima de navidad, pues no se tomó de conformidad con lo certificado en el último semestre de servicio.

vii) El 22 de agosto del 2014, la demandante presentó solicitud de reconocimiento de intereses moratorios, la cual no ha sido atendida por parte de la UGPP, entidad que no ha cumplido a cabalidad la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues en los actos administrativos de cumplimiento del fallo no se incluyó el pago de los respectivos intereses moratorios.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Como fundamentos de derecho, la parte demandante invocó los artículos 1653 del Código Civil; 176 al 178 del Código Contencioso Administrativo (sic); 297 (numeral 1), 298, 156 (numeral 9), 164 (numeral 2, literal k) y 192 de la Ley 1437 del 2011; y 306, 422 y siguientes del Código General del Proceso.

Adicionalmente, se expusieron los siguientes argumentos:

i) La parte ejecutada profirió dos actos administrativos de cumplimiento de fallo: el primero más de 5 meses después de la ejecutoria de la orden judicial y el segundo en el año 2013, razón por la que está obligada a pagar los intereses moratorios de que tratan los artículos 176 a 178 del antiguo Código Contencioso Administrativo, pues en la Resolución RDP 50294 del 30 de octubre del 2013 se incluyó un cuadro con la información de las sumas a pagar, en donde se observa que el área de intereses se calculó en 0.

ii) La sentencia que presta mérito ejecutivo cobró ejecutoria el día 1 de junio del año 2007, lo que quiere que se causaron intereses moratorios entre el 2 de junio del 2007 y el 25 de agosto del 2008, respecto de los dineros reconocidos en la Resolución 78 del 11 de enero del 2008 y desde el 2 de junio del 2007 hasta el 23 de diciembre del 2013, frente a los dineros pagados por medio de la RDP 50294 del 30 de octubre del 2013.

iii) Lo anterior es así porque los intereses moratorios deben pagarse desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria del fallo hasta el día en que se haga el pago completo de la obligación, cifra que a la fecha de interposición del proceso ejecutivo asciende a $ 63.865.033

1.2. Trámite en primera instancia

1.2.1. Mandamiento de pago

La parte ejecutante solicitó que se librara mandamiento de pago por las sumas de $ 40.087.229 por concepto de «diferencias de mesadas no pagadas» y $ 63.865.033 por «intereses moratorios causados entre el 2 de junio del 2007 y el 25 de agosto del 2008 y entre el 2 de junio del 2007 y el 23 de diciembre del 2013» generados a partir de las diferencias pensionales entre las mesadas pagadas y las que en derecho correspondían.

Sin embargo, por medio de auto del 15 de enero del 2018, el Tribunal administrativo de Cundinamarca, después de solicitar el apoyo del contador de esa corporación, libró mandamiento de pago en contra de la Unidad, pero por la suma de $ 21.103.599 «por concepto de intereses moratorios liquidados sobre el valor del capital, a la tasa máxima según el límite legal certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia».

No se accedió a librar mandamiento de pago frente a las supuestas diferencias entre el valor pagado por concepto de pensión y el que en derecho correspondía porque, de acuerdo con los cálculos efectuados por el profesional en contabilidad, en la Resolución 78 del 11 de enero del 2008 la Unidad le reconoció a la demandante una pensión en cuantía de $ 983.663, cuando en realidad, en virtud de las condiciones de liquidación ordenadas en el fallo, le correspondía una mesada de $ 711.762, lo que quiere decir que no existen diferencias de capital en favor de la ejecutante.

1.2.2. Recurso de Reposición

La Unidad Administrativa Especial en Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social interpuso recurso de reposición contra el anterior auto por medio de memorial del mes de febrero del 2018, en el que la parte ejecutada alegó la caducidad de la acción, bajo el argumento de que el proceso ejecutivo no se inició dentro de los 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, sumados a los 5 años a los que se refiere el artículo 136 ibidem.

También se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que la entidad obligada a efectuar los pagos requeridos por la demandante era la extinta Caja Nacional de Previsión Social. Además, a juicio del recurrente en el auto discutido se incurrió en una serie de inconsistencias relacionada con una indebida afirmación sobre la existencia de una obligación insoluta por parte de la Unidad y una apresurada liquidación del crédito que comporta una decisión de fondo del proceso sin que se hayan surtido la totalidad de las etapas procesales. Finalmente alegó el incumplimiento de las reglas de los artículos 177 del C.C.A; y 192 y 308 del C.P.A.C.A.

1.2.3. Contestación de la demanda

A través de memorial del 21 de febrero del 2018, la UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda ejecutiva presentada por la señora Lucila Espinosa Chica, a partir de la proposición de las excepciones de caducidad de la acción, inexistencia de la obligación, pago, prescripción y cobro de lo no debido, las cuales fueron sustentadas de acuerdo con lo siguiente:

i) De acuerdo con el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las sentencias, debidamente ejecutoriadas, constituyen título ejecutivo exigible en el término de 18 meses, pero el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que la acción ejecutiva fundada en decisión judicial caduca en el término de 5 años contados a partir de día siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia [sic].

ii) Para el caso particular la sentencia cuya ejecución invoca la demandante cobró ejecutoria el día 1 de junio del año 2007, lo que quiere decir que el plazo de los 18 meses de exigibilidad de la obligación y los 5 años de caducidad de la acción vencieron el 1 de diciembre del año 2013, mientras que la demanda fue incoada el día 19 de septiembre del 2016, es decir poco menos de 3 años después del vencimiento del término.

iii) Debido al proceso de liquidación de Cajanal, para las sentencias condenatorias dictadas antes del 24 de agosto del 2009, debieron presentarse las respectivas reclamaciones entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre del 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Ley 254 del 2000, pues de lo contrario se perdió la oportunidad legal para reclamar el pago de intereses.

iv) La extinta Caja Nacional de Previsión Social profirió la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, por medio de la cual dio cumplimiento al fallo judicial proferido el 19 de abril del 2007 y pagó a la demandante los dineros correspondientes a la reliquidación pensional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que quiere decir que no persiste obligación alguna con la ejecutante, pues ya se efectuó el desembolso correspondiente.

v) En virtud del Decreto 2469 del 22 de diciembre del 2015, una vez se liquida el crédito y se pone a disposición del beneficiario la suma de dinero correspondiente, cesa la causación de los intereses dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria si no se presenta solicitud de pago, intereses que se reanudarán con la presentación de la citada solicitud. Ahora, para que se pueda aplicar la tasa de interés contenida en el Decreto 01 de 1984, es necesario no solo que el proceso haya iniciado bajo la vigencia de dicha norma, sino que también debe estar expresamente señalado por la autoridad judicial que profirió la decisión que sirve de título ejecutivo, pues de lo contrario se deberá aplicar la tasa a la que se refiere la Ley 1437 del 2011.

vi) En cuanto a la excepción de prescripción, la UGPP aseguró que «deben declararse prescritos todos los derechos que se vean afectados por el término prescriptivo».

1.2.4 Auto del 3 de mayo del 2018

Por medio de auto del 3 de mayo del 2018, el Tribunal administrativo de Cundinamarca resolvió el recurso de reposición formulado por la Unidad en contra de la providencia que libró mandamiento de pago ejecutivo, en los siguientes términos:

i) No se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en atención a que el proceso liquidatorio de la extinta Cajanal se sometió a los parámetros del Decreto 254 del 2000 y la Ley 1105 del 2006. Así mismo, en sentencia del Consejo de Estado del 23 de mayo del 2016, dictada dentro del proceso con radicado 11001 03 15 000 2016 01029 00, se acogió la posición adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil de la corporación dentro del expediente 2015 00066 00, en la que se resolvió un conflicto de competencias relacionado con el pago de intereses moratorios adeudados por Cajanal, en donde se definió que la entidad encargada del pago de dichas obligaciones es la UGPP.

ii) Tampoco se encuentra configurada la Caducidad de la acción ejecutiva porque, de conformidad con Ley 550 de 1999, «durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos», suspensión que tuvo lugar entre el 12 de junio del 2009 y el 11 de junio del 2013.

iii) La sentencia que presta mérito ejecutivo dentro del presente proceso cobró ejecutoria el día 1 de junio del 2007, momento en el que empezó a correr el plazo de 18 meses al que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el cual venció el 1 de diciembre del 2008. Además, los términos de prescripción y caducidad frente a los procesos en los que hacía parte Cajanal se suspendieron a partir del 12 de junio del 2009 y se reanudaron el 11 de junio del 2013, mientras que la demanda ejecutiva se interpuso el 16 de septiembre del 2016, es decir dentro del término de caducidad que impone la norma.

iv) En cuanto a la inexistencia de la obligación, dentro de los actos administrativos por medio de los cuales se dio cumplimiento al fallo del 18 de abril del 2007, no se liquidaron los intereses moratorios a los que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a pesar de que esa misma norma señala que se causan desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo judicial condenatorio y de que la parte ejecutante presentó la solicitud de cumplimiento 2 meses después de la mencionada ejecutoria, es decir que no se suspendió la causación de intereses a que se refiere el citado artículo, lo que quiere decir que sí persiste una obligación por parte de la Unidad.

1.3 La sentencia apelada

Por medio de sentencia dictada en el transcurso de la audiencia inicial el día 23 de julio del 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

i) La señora Lucila Espinosa Chica interpuso demanda ejecutiva en contra de la UGPP para lograr el pago de los intereses moratorios causados por la omisión en el pago oportuno de la sentencia del 19 de abril del 2007, los cuales se generaron entre el 2 de junio del 2007 y el 25 de agosto del 2008 y desde el 2 de junio del 2007 hasta el 23 de diciembre del 2013.

ii) La entidad ejecutada invocó como excepción la prescripción, pero no fue específica en sus argumentos, razón por la que el Tribunal explicó que la citada excepción no puede ser invocada de forma tan general y tampoco puede ser alegada en el transcurso de un proceso ejecutivo, pues la titularidad del derecho ya fue definida en el proceso declarativo, más aún si se tiene en cuenta que el proceso de la referencia pretende el pago de los intereses generados por el pago de tardío de una condena impuesta por vía judicial.

iii) En ese sentido, la excepción de prescripción debe alegarse únicamente sobre el derecho al cobro del título ejecutivo, pero no del derecho laboral que ya fue definido en el proceso ordinario. Ahora, el artículo 2536 del Código Civil regula la prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria, la primera de ellas prescribe en 5 años y la segunda en 10; en ese sentido, el término se computa desde el momento de la exigibilidad de la obligación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2535 ibídem.

iv) Por su parte, el CPACA ha señalado un plazo de 5 años para la caducidad de la acción ejecutiva; sin embargo, el tema de la caducidad propuesta como medio exceptivo contra el mandamiento de pago fue decidido previamente en auto del 3 de mayo del 2018, teniendo en cuenta los tiempos de suspensión de los términos de prescripción y caducidad, dado el proceso de liquidación de la extinta Caja Nacional de Previsión Social.

v) Sobre la excepción de pago total de la obligación, la UGPP argumenta que el pago se efectuó por medio de la Resolución 78 del 11 de enero del 2008 y la obligación está satisfecha; sin embargo, en el fallo objeto de ejecutoria se dispuso que el cumplimiento de la condena debía adecuarse a los términos del artículo 177 del Decreto 01 de 1984, el cual contempla el pago de intereses moratorios que se causan a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión judicial y cuyo pago no está demostrado en el sub judice, pues aunque está acreditado el desembolso de las sumas relacionadas con la reliquidación de la pensión, ni en la Resolución 78 del 11 de enero del 2011, ni en la Resolución RDP 50294 del 30 de octubre del 2013 se liquidaron los intereses moratorios ordenados en la sentencia.

vi) Así, el cumplimiento de la sentencia del 18 de abril de 2007 solo se efectuó con la emisión de la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, por medio de la cual se reliquidó la pensión de jubilación de la señora Lucila Espinosa y se elevó a la cuantía de $ 840.720, mientras que el retroactivo pensional se pagó en agosto del 2008, es decir que se causaron intereses moratorios entre el 2 de junio del 2007 y el 31 de julio del 2008, que no fueron concedidos ni liquidados en el aludido acto administrativo.

vii) Además de lo anterior, mediante Resolución RDP 50294 del 30 de octubre del 2013, se modificó la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, en el sentido de incrementar nuevamente la asignación mensual de jubilación a $ 983.663, lo que generó un retroactivo pensional que se pagó el 1 de diciembre del 2013; no obstante, al igual que el primer acto de cumplimiento, en esta oportunidad tampoco se liquidaron los intereses moratorios a que se refiere el artículo 177 del Decreto 01 de 1984.

viii) Lo anterior quiere decir que la UGPP no cumplió de forma integral ni oportuna la obligación de pago que le fue impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hecho que puede corroborarse a partir de la certificación emitida por la Coordinadora del Grupo de Entidades Liquidadas del Ministerio de Salud del día 19 de junio del 2019, visible en el folio 251, en la que se asegura que no se evidencia pago por intereses moratorios para la señora Lucila Espinosa Chica, de acuerdo con la información suministrada por el patrimonio autónomo de Cajanal y, en consecuencia, no prospera la excepción de pago total propuesta por la ejecutada.

ix) En conclusión, la sentencia de 19 de abril del 2007 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, contiene una obligación clara, expresa y exigible en cuanto al pago de intereses moratorios generados desde el 2 de junio del 2007 hasta el 31 de julio del 2008 (día previo al pago), por los dineros reconocidos en la Resolución 78 del 11 de enero del 2008; y del 2 de junio del 2007 hasta el 30 de noviembre del 2013 (día previo al pago), por los reconocidos en la Resolución RDP 50294 del 30 de octubre del 2013.

1.4. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la UGPP, por medio de apoderada judicial, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del 23 de julio del 2019, pues insistió en que en el presente proceso operó el fenómeno de la caducidad, debido a que la señora Lucila Espinosa superó el término de 5 años para interponer la demanda ejecutiva, plazo que no debe entenderse suspendido por el proceso de liquidación de Cajanal, toda vez que dicha circunstancia no se encuentra prevista en el Decreto 254 del 2000.

El aludido decreto fijó el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden nacional y no estableció la posibilidad de suspender el término de caducidad y prescripción, pues en su artículo 32 dispone que para el pago del pasivo se tendrán en cuenta los términos de caducidad y prescripción de las obligaciones. Adicionalmente, si la interesada consideraba que Cajanal le adeudaba cualquier suma de dinero, debió presentar la respectiva reclamación entre el 24 de agosto del 2009 y el 24 de septiembre del 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 ibidem.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. Por medio de apoderado judicial, la señora Lucila Espinosa Chica alegó de conclusión a través de memorial visible en el índice 14 del ítem Gestión de Documentos del portal Samái, en donde reiteró los argumentos expuestos en la demanda ejecutiva, relativos al derecho que le asiste a que le sean reconocidos los intereses moratorios derivados del cumplimiento tardío de la sentencia del 19 de abril del 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, razón por la que solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia del 23 de julio del 2019.

1.5.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, alegó de conclusión por medio de memorial allegado por correo electrónico del 5 de abril del 2021, en el que reprodujo las razones de defensa expuestas en el trámite de la primera instancia, relativas a la caducidad de la acción ejecutiva y a la pérdida de oportunidad de la demandante de reclamar los intereses moratorios por no haber efectuado la solicitud de pago en el marco del proceso liquidatorio de la extinta Caja Nacional de Previsión Social.

Sin embargo, a través de mensaje de datos del 26 de abril del 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió con destino a este proceso memorial por medio del cual la Unidad informa de la emisión de la Resolución RDP 9186 del 16 de abril de la presente anualidad, por medio de la cual reporta a la Subdirección Financiera la suma de $ 21.304.626 con cargo a la UGPP y en favor de la señora Lucila Espinosa Chica por concepto de intereses moratorios del artículo 177 del Decreto 01 de 1984, en cumplimiento del fallo del 19 de abril del 2007, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, en los términos del recurso de apelación, si dentro del presente asunto se encuentra configurada la caducidad de la acción ejecutiva y si es la UGPP la entidad encargada de asumir el pago de los intereses moratorios generados por el pago tardío de la obligación impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en sentencia del 19 de abril del 2007, en donde fungía como entidad demandada la extinta Caja Nacional de Previsión Social.

2.2. Marco normativo

Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

A su turno, conforme al artículo 430 del Código General del Proceso, una vez incoada la demanda ejecutiva, el primer momento procesal radicado en cabeza del juez consiste en analizar si se cumplen los presupuestos para librar el mandamiento de pago, para lo cual deberá verificar los siguientes elementos:

Si la demanda fue interpuesta ante el juez competente y dentro del término legalmente establecido.

Si se cumplen los requisitos formales de la demanda, con la observancia de haber aportado el título ejecutivo correspondiente.

Si el título ejecutivo contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Si los documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación provienen del deudor, de su causante o atañen a una condena proferida por una autoridad judicial; si dichos documentos constituyen plena prueba contra el deudor y si contienen una prestación en beneficio de una persona determinada.

De otro lado, para que se viabilice el mandamiento de pago, el título ejecutivo debe contener una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, esta Corporación se ha pronunciado frente a cada una de dichas características así:

La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.

La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.

La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

Caducidad del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial.

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, el legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso […]», y fue concebida para desarrollar el principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y reiterado en el literal K del artículo 164 del CPACA.

2.3. Hechos probados

i) En el año 2005, la señora Lucila Espinosa Chica interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, para lograr la reliquidación de su pensión de jubilación. El proceso fue fallado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de sentencia del 19 de abril del 2007, en la que se ordenó a la demandada reliquidar la asignación mensual de la demandante en el sentido de incluir en el ingreso base de liquidación las primas de vacaciones, navidad y servicios y se ordenó el cumplimiento de dicha decisión en los términos de los artículos 176 y 177 del Decreto 01 de 1984, vigente para la época.

ii) La sentencia del 19 de abril del 2007 cobró ejecutoria el día 1 de junio del 2007.

iii) El 2 de agosto del 2007, la señora Lucila Espinosa presentó ante Cajanal una solicitud de cumplimiento de sentencia.

iv) El 11 de enero del 2008, Cajanal profirió la Resolución número 78, en donde, en cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, del 19 de abril del 2007, reliquidó la pensión de jubilación de la demandante e incluyó en el ingreso base de liquidación la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima de servicios, lo que arrojó una pensión mensual vitalicia en cuantía de $ 840.729 y un retroactivo por cuantía de $ 14.928.421.

v) El 23 de octubre del 2013, la señora Lucila Espinosa presentó una solicitud de revocatoria directa o adición de la Resolución número 78 del 11 de enero del 2008, por considerar que la liquidación allí contenida no se acompasaba con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, a su juicio, no se incluyeron los montos correctos de las primas de vacaciones, navidad y servicios.

vi) El 30 de octubre del 2013, la UGPP, sucesora de Cajanal, profirió la Resolución RDP 50294, en la que accedió a la solicitud de modificación de la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, incrementó la pensión de la demandante a $ 983.663 efectiva a partir del 10 de enero del 2002 y le reconoció un retroactivo pensional de $ 30.749.691.

vii) El 22 de agosto del 2014, la demandante presentó una solicitud de reconocimiento de intereses moratorios ante la UGPP, por el no cumplimiento oportuno de la sentencia del 19 de abril del 2007, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

La señora Lucila del Carmen Espinosa Chica interpuso demanda ejecutiva en contra de la UGPP para lograr el pago de los intereses moratorios generados por el no pago oportuno de la condena impuesta a la extinta Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, por medio de sentencia del 19 de abril del 2007, proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2005 09975, en la que se ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la demandante, en el sentido de incluir en el ingreso base de liquidación, además de la asignación básica, las primas de vacaciones, navidad y de servicios.

En sentencia dictada en el desarrollo de la audiencia inicial del 23 de julio del 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, ordenó seguir adelante con la ejecución de $ 21.103.599, correspondientes a los intereses moratorios causados entre el 2 de junio del 2007 hasta el 31 de julio del 2008, por los dineros reconocidos en la Resolución 78 del 11 de enero del 2008; y del 2 de junio del 2007 hasta el 30 de noviembre del 2013, por los reconocidos en la Resolución RDP 50294 del 30 de octubre del 2013.

Inconforme con la anterior determinación, la UGPP, por medio de apoderada judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que en el presente proceso se configuró el fenómeno de la caducidad y que la demandante no tiene derecho a los intereses moratorios en disputa por no haberlos solicitados durante el proceso de liquidación de la extinta Caja Nacional de Previsión Social.

Pues bien, la sentencia que presta mérito ejecutivo en el presente proceso data del día 19 de abril del año 2007 y fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. En la parte resolutiva del aludido fallo, el Tribunal ordenó a la entonces Cajanal a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Lucila Espinosa Chica en el sentido de incluir en el ingreso base de liquidación las primas de vacaciones, navidad y servicios devengadas durante el último semestre de servicio. De acuerdo con la constancia visible en el folio 50 reverso, la aludida decisión judicial cobró ejecutoria el día 1 de junio del año 2007.

Debido a que el mencionado proceso ordinario fue completamente tramitado bajo la vigencia del Decreto 01 de 1984, es necesario acudir al artículo 177 de la citada norma para conocer los términos en los que debió cumplirse la obligación allí impuesta, pues así se ordenó en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la providencia, donde se lee «dese cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 176 y 177 del C.C.A».

La señora Lucila Espinosa Chica presentó solicitud de cumplimiento del fallo judicial el día 2 de agosto del 2007, como puede corroborarse en la constancia visible en el folio 51 del expediente, es decir 2 meses después de la ejecutoria de la sentencia del 19 de abril de esa anualidad. En atención al anterior requerimiento, la Caja Nacional de Previsión Social emitió la Resolución 78 del 11 de enero del 2008, en donde, en cumplimiento de la sentencia, reliquidó la pensión de la demandante con el promedio de todo lo devengado durante el último semestre de servicio.

La anterior reliquidación dio como resultado una asignación pensional en cuantía de $ 840.729 y un retroactivo pensional de $ 14.928.447. Por medio de derecho de petición del 23 de octubre del 2013, la demandante solicitó la modificación de la Resolución número 78 del 11 de enero del 2008, porque, según aseguró, no se incluyeron en debida forma los factores salariales ordenados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitud a la que la UGPP accedió por medio de Resolución RDP 50294 del 30 de octubre del 2013, en la que se aumentó la pensión de jubilación a $ 983.663 y se concedió un retroactivo de $ 30.794.691

Sobre las anteriores cifras no se reconocieron los intereses moratorios de que tratan los artículos 176 y 177 del Decreto 01 de 1984 y ordenados por el Tribunal, lo que motivó a la demandante a interponer una solicitud de reconocimiento el día 22 de agosto del 2014, la cual no fue atendida por la entidad demandada.

Pues bien, de acuerdo con el recurso de apelación, la Unidad se muestra inconforme con las consideraciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respecto de la caducidad de la acción ejecutiva y, además estima que el deber de pago de los intereses moratorios estaba en cabeza de la liquidada Cajanal y no de la UGPP en su calidad de sucesora.

Sobre el tema de la caducidad, el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dice lo siguiente:

Artículo 136. Caducidad de las acciones.
(…)
11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.

Por su parte, sobre la exigibilidad de las condenas impuestas a entidades del orden público el artículo 177 ibidem dispuso:
Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
(…)
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
Inciso adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998_pr001.html" \l "60" 60 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.
De acuerdo con lo transcrito, el término de caducidad de la acción ejecutiva según el Decreto 01 de 1984 es de 5 años contados a partir del momento en que se hace exigible la obligación, hecho que ocurre 18 meses después de la ejecutoria de la sentencia que impone la condena.

Bajo tales parámetros, en el presente proceso está probado que la sentencia del 19 de abril del 2007 cobró ejecutoria el día 1 de junio del ese mismo año, lo que quiere decir que, en virtud del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, la obligación allí impuesta a Cajanal solo sería exigible judicialmente a partir del 1 de diciembre del año 2008, fecha a partir de la cual empezaría a correr el término de caducidad de la acción ejecutiva, el cual finalizaría el 1 de diciembre del 2013.

Sin embargo, para poder determinar la caducidad en el presente proceso, es necesario tener en cuenta el trámite de liquidación al que se vio sometida la extinta Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, ordenado a través del Decreto 2196 del 12 de junio del 2009, cuyo fundamento normativo fue la Ley 550 de 1990 y el Decreto 254 del año 2000.

El artículo 14 de la citada Ley 550 de 1999, dispuso que mientras se adelantaran los procesos de reestructuración de las empresas privadas, públicas o de economía mixta, se suspenderían los términos de prescripción y no operaría la caducidad de las acciones relacionadas con los créditos. En ese sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 30 de junio del 2016, en donde se explicó lo siguiente:

[E]n relación con la demanda ejecutiva contra las entidades en proceso de restructuración, la  HYPERLINK "https://vlex.com.co/vid/promueva-facilite-armonico-armonizar-247329113" Ley 550 de 30 de diciembre de 1999, aplicable a todas las entidades de carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y de ahorro y crédito, consagra en el inciso segundo del artículo 14 que “[…] Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario […]”. (…) En suma, se concluyó que los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la entidad liquidada se suspendieron desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, fecha esta última a partir de la cual se reanudó el cómputo de los cinco (5) años de caducidad de las acciones ejecutivas contra aquella entidad

En tal sentido, está claro que, a pesar de lo afirmado por la parte apelante en el recurso de alzada frente a la no suspensión de términos de caducidad y prescripción, la jurisprudencia ya ha definido que, en lo que respecta a Cajanal, dichos términos sí se vieron suspendidos durante el proceso de liquidación de la entidad, hecho que ocurrió entre el 12 de junio del año 2009 y el 11 de junio del año 2013, lo que quiere decir que durante ese lapso no pueden contabilizarse los plazos atinentes a la caducidad de, por ejemplo, los procesos ejecutivos.

Así las cosas, al tener en cuenta que el término de caducidad de los 5 años de que trata el Decreto 01 de 1984 empezó a correr el 1 de diciembre del año 2008, que se suspendió entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio del 2013 y que se reanudó el 12 de junio del 2013, el término de caducidad venció, aproximadamente, el 1 de diciembre del año 2017; no obstante, la presente demanda ejecutiva fue interpuesta el 16 de septiembre del 2016, tal como consta en el sello de recibido obrante en el folio 1 del expediente.

Visto lo anterior, tal como determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia de primera instancia, dentro del presente asunto no se configuró la caducidad de la acción ejecutiva, pues la demanda fue interpuesta dentro del término de los 5 años contados a partir de la fecha de la exigibilidad de la obligación.

Ahora, sobre la responsabilidad de la UGPP de asumir el pago de los intereses moratorios generados a partir de una condena impuesta a Cajanal, el artículo 22 del Decreto 2196 del 2009, modificado por el artículo 2 del Decreto 2040 del 2011, dispuso que sería la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, la encargada de asumir las obligaciones pensionales y prestaciones que estaban a cargo de Cajanal. El citado artículo es del siguiente tenor:

Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual. El Liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, el cual deberá contener la información que establezca ese Ministerio.

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.

Parágrafo 1°. El archivo de procesos y de reclamaciones terminados y sus soportes correspondientes, será entregado al Ministerio del Interior y de Justicia debidamente inventariado con una técnica reconocida para tal fin, conjuntamente con una base de datos que permita la identificación adecuada.

Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.

Parágrafo 3°. Los contratos vigentes al adoptarse la orden de disolución y liquidación, que tengan por objeto la defensa judicial de la entidad intervenida, se podrán continuar ejecutando y se pagarán con cargo a los gastos de administración de la liquidación.

Parágrafo 4°. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá al Ministerio de la Protección Social y a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social - UGPP, los recursos necesarios para cumplir a cabalidad la función prevista en el Inciso Segundo del presente artículo.

Así, a pesar de que en virtud del Decreto 4269 del 8 de noviembre del 2011, se efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en liquidación y la UGPP, al finalizar el proceso de liquidación de aquella, es esta última la encargada de asumir, por completo, las obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, no es jurídicamente admisible que una supresión administrativa ordenada por el Gobierno nacional tenga repercusiones en los derechos prestacionales de los administrados; así, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte demandada según el cual la demandante perdió la oportunidad de reclamar los intereses moratorios originados del cumplimiento tardío de una sentencia, pues la liquidación de Cajanal no es óbice para que se limite el ejercicio del derecho de la pensionada.

Finalmente, sobre la Resolución RDP 9186 del 16 de abril del 2021, proferida por la UGPP, en donde reconoce los intereses moratorios en favor de la demandante por cuantía de $ 21.304.626, debe decirse que dentro del proceso no obra constancia de pago de dicha suma, razón por la que no puede tenerse por satisfecha la aludida obligación; en ese sentido, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.5 De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la UGPP, toda vez que la alzada resulta ser desfavorable al recurrente y la parte demandante intervino en el trámite de la segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que dentro del presente proceso no se configuró el fenómeno de la caducidad y que la UGPP sí es la entidad llamada a responder por los intereses moratorios generados por el no cumplimiento oportuno de la sentencia ordinaria del 19 de abril del 2007, emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2005-9975.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia apelada del 23 de julio del 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso ejecutivo de la referencia, iniciado por la señora Lucila del Carmen Espinosa Chica en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia, las cuales serán liquidadas por el juez de primera instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el portal Samái.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

LBC

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 124 al 129
Folio 117
Folios 169 al 174
Folios 176 al 185
Folios 195 al 200 reverso
Día siguiente a la ejecutoria de la sentencia
Día previo al pago de las sumas ordenadas en Resolución 78 del 11 de enero del 2008
Portal Samái. Índice 15 y 16 del ítem gestión de documentos
Constancia visible en el folio 282
Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal. […].
Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez, auto de 1 de agosto de 2016, radicado: 44001 23 33 000 2013 00222 01 (4038-2014), actora: María Bernarda Arango Arango.
• Corte Constitucional, sentencia T-747 de 2013.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio.
Artículo 136. Caducidad de las acciones.
[…]
11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; […].
Folios 20 al 50
Constancia de ejecutoria visible en el folio 50 reverso
Folio 51
Resolución visible en los folios 54 al 58
Folios 77 al 81
Resolución visible en los folios 82 al 85
Petición en los folios 86 anverso y reverso
La sentencia cobró ejecutoria el día 1 de junio del 2007, es decir que entre el 2 de junio y el 2 de agosto de esa anualidad, transcurrieron exactamente 2 meses
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 30 de junio del 2016. Radicado interno 3637-2014. Actor Luis Francisco Stévez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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