Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01449-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-01449-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-01449-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Ejecutivo laboral - pago - régimen de intereses moratorios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 6 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual declaró no probadas las
excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la
ejecución.
ANTECEDENTES
• La demanda1
El señor Miguel Antonio Galindo Arias interpuso demanda ejecutiva con el fin de
que se cumplan las sentencias proferidas el 24 de septiembre de 2009 y el 17 de
marzo de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, mediante las cuales se
ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior solicitó que se librara mandamiento ejecutivo en
los siguientes términos: i) por la suma de $64.686.194, a título de intereses
moratorios causados desde el 14 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012;
ii) indexación desde el 1.º de febrero de 2013, fecha siguiente al mes de inclusión
1
Folios 2 a 8.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
en nómina, hasta que se verifique el pago total de la misma; y iii) condena en costas
a cargo de la UGPP.
• Hechos
La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
de Cajanal 2 con el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación con inclusión
de todos los factores salariales.
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 24 de
septiembre de 2009, accedió a las referidas pretensiones. Que el 17 de marzo de
2011 la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la providencia de primera
instancia. Que por Resolución 056175 del 21 de septiembre de 2011, Cajanal en
Liquidación acató las órdenes judiciales.
Que en el mes de enero de 2013 la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, reportó al
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, la novedad de inclusión en
nómina de la anterior resolución, pero omitió reconocer los intereses moratorios,
conforme al artículo 177 del CCA.3
• Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
Como tales se señalaron los artículos 177 del CCA; 306, 488 y siguientes del CPC; 4
192, 297 y 298 del CPACA.5
El actor sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones, dado que
la sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
confirmada por el Consejo de Estado el 17 de marzo de 2011, no ha sido cumplida
en su integridad, toda vez que desde su ejecutoria y hasta que se verificó su pago,
esta generó intereses moratorios, según lo preceptuado en el inciso 5.º del artículo
177 del CCA, los cuales la entidad demandada se ha negado a pagar, pese a que
los fallos judiciales en mención ordenó pagarlos.
2
Caja Nacional de previsión Social.
3
Código Contencioso Administrativo.
4
Código de Procedimiento Civil.
5
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
Que el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca constituye
título ejecutivo, por cuanto se encuentra debidamente ejecutoriado, además de
reunir los requisitos exigidos para que sea efectivo su recaudo ejecutivo, esto es, la
obligación emana de una sentencia judicial en firme; en segundo lugar, emerge
directamente del contenido del documento que se presenta como título judicial, en
este caso, la sentencia en mención; y la obligación aparece expresada en este,
como también venció el término para su exigibilidad.
• Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones: 6
i) Pago total – Inexistencia de la obligación. Dice que, con la resolución de
cumplimiento, la inclusión en nómina y los pagos ingresados a la cuenta bancaria
del demandante, se encuentra demostrada la cancelación de los intereses
moratorios por $55.398.265,02, por lo que no tiene cabida la reclamación de la parte
demandante.
ii) Indebida indexación de intereses moratorios. Que la jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado ha manifestado que en razón a que tanto
la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma
causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles; por lo que, si se ordena
el reconocimiento de intereses por mora concomitante con la indexación, se estaría
condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.
iii) Caducidad de la acción ejecutiva. Que la sentencia del 24 de septiembre de
2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las
súplicas de la demanda y que fue confirmada por el Consejo de Estado en sentencia
del 17 de marzo de 2011, quedó debidamente ejecutoriada el 13 de junio de 2011,
es decir, a partir de esa fecha la parte actora disponía de 5 años para reclamar la
efectividad de ese derecho hasta el 13 de junio de 2016; sin embargo, fue hasta el
27 de marzo de 2017 que la demanda se presentó al reparto judicial.
iv) Imposibilidad de condena en costas. Que en todas y cada una de las
actuaciones legales, la entidad actúa bajo el principio de buena fe, y en este asunto,
en cumplimiento de dicho precepto legal, acata en su integridad la normativa vigente
para efectos de reconocimiento, liquidación y pago de derechos pensionales .
6
Folios 82 a 95.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
iv) Compensación. Que sin que de ninguna manera implique aceptación o
reconocimiento del objeto en controversia, se excepciona la compensación de las
sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales o cualquier otro pago a partir
del reconocimiento y pago de la pensión.
• La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 6 de mayo de 2021, declaró no probadas las excepciones
propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución 7,
expresando que el medio de defensa de pago no estaba llamado a prosperar, pues
las argumentaciones de la ejecutada a lo largo del proceso ejec utivo han sido
contradictorias, dado que si bien planteó como excepción el pago total, en audiencia
inicial celebrada el 5 de diciembre de 2018 presentó fórmula de conciliación
admitiendo que no se reconocieron en ningún momento intereses de mora y
ofreciendo pagarlos, pero liquidados con interrupción luego de los tres meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia presentada al cobro, por no haberse
reclamado el pago en tiempo.
Que se encontraba debidamente probado en el expediente, por documentos
emanados de la ejecutada, que por Resolución 56175 del 21 de septiembre de 2012
se incluyó en nómina de enero de 2013, se reliquidó al actor la mesada pensional
en cumplimiento a lo ordenado por esta jurisdicción y que si bien se liquidaron
intereses por $55.398.265,02, los mismos no se pagaron como la admite la
ejecutada y como lo prueba el actor con el certificado expedido por la entidad
pagadora, Fopep, por lo que correspondía seguir la ejecución por los intereses de
mora causados, liquidados en los términos del artículo 177 del CCA.
Que la ejecutada sustenta de forma genérica la excepción de compensación, al
señalar que lo adeudado debe compensarse con cualquier otro pago recibido por el
actor, sin que ello resultara posible, dado que en este asunto están en discusión
únicamente intereses de mora y la demandada no prueba ni discute haber efectuado
un mayor pago al momento de cancelar el capital.
Que no se seguiría la ejecución por la indexación de los intereses adeudados, pues,
aun cuando en el mandamiento de pago se dispuso indexar los intereses causados
entre el 1.º de febrero de 2013 y hasta la fecha del pago efectivo de las sumas aquí
determinadas, dicho mecanismo financiero solo procede hasta la ejecutoria de la
sentencia. 8
7
Folios 158 a 161.
8
El a quo citó la sentencia del 16 de agosto de 2018, expediente 2014-00313.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
Que no se configuraba la caducidad alegada como excepción, ya que la sentencia
que constituye título ejecutivo cobró ejecutoria el 13 de junio de 2011 y la demanda
se presentó el 8 de marzo de 2017, es decir, antes de que vencieran los 5 años más
los 18 meses que constituyen el término de caducidad a la luz del Decreto 01 de
1984, norma que rige la materia por ser aquella que gobernó el proceso ordinario
que ahora se ejecuta.
Que no procedía como excepción de fondo la imposibilidad de condena en costas.
Se ordenó seguir adelante la ejecución contra la UGPP «por intereses de mora
causados entre el 14 de junio y el 14 de diciembre de 2011, y entre el 26 de enero
de 2012 y el 31 de enero de 2013».
• El recurso de apelación
La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia9, argumentando que no comparte lo manifestado por el despacho en el
sentido de encontrar ejecutable la obligación, dado que la sentencia del 24 de
septiembre de 2009 quedó debidamente ejecutoriada el 13 de junio de 2011, por lo
que a partir de esa fecha la parte actora disponía de 5 años para reclamar la
efectividad de este derecho, esto es, hasta el 13 de junio de 2016; sin embargo, fue
hasta el 27 de marzo de 2017 que la demanda se presentó al reparto judicial.
Que a la Caja Nacional de Previsión Social no puede aplicársele la Ley 550 del 30
de diciembre de 1999, por cuanto fue una entidad del orden nacional, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 490 de 1998 y la liquidación de las entidades públicas
nacionales cuenta con otro régimen expedido en el Decreto Ley 254 del 22 de
febrero de 2000 y en dicho decreto no se estableció la posibilidad de suspender la
caducidad o la prescripción de las obligaciones a cargo de dichas entidades objeto
de liquidación.
Que se configura una inexistencia de intereses moratorios por no acudir plenamente
al proceso liquidatorio de Cajanal, bajo el sentido de que se presentó un
incumplimiento por parte del pensionado al pretender la ejecución de un título en
contra de Cajanal, cuya exigibilidad fue anterior al 24 de agosto de 2009.
Que hay una improcedencia del cobro de los intereses de mora durante el período
de liquidación de Cajanal EICE, dado que dicha circunstancia constituye una
situación de fuerza mayor, a la luz de los artículos 64 y 1616 del Código Civil.
9
Folios 163A.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
Que opera un pago total de la obligación, por cuanto no es jurídicamente viable
seguir con la ejecución pretendida por el despacho y por el ejecutante, teniendo en
cuenta que la entidad calculó y pagó los intereses moratorios por un valor de
$55.398.265, liquidados por los periodos del 14 de junio de 2011 al 31 de diciembre
de 2012.
Que se presenta una debida liquidación de intereses moratorios, pues si se está
ante un proceso cuya demanda fue presentada a partir del 2 de julio de 2012, al
amparo de la Ley 1437 de 2011, los intereses se causan por los 10 primeros meses
y a partir de la ejecutoria se reconocen con la DTF certificada por el DANE, siempre
y cuando no opere la interrupción de intereses por no presentación de la solicitud y
de allí en adelante a la tasa de intereses comerciales (1,5 veces el interés bancario
corriente).
• Alegatos de conclusión en segunda instancia
Ni el señor Miguel Antonio Galindo Arias ni la UGPP emitieron pronunciamiento
alguno en esta etapa procesal.10
• El ministerio público
El agente del ministerio público no emitió concepto. 11
La Sala decide, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
• El problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto por la UGPP, el problema jurídico se
circunscribe a establecer si la acción ejecutiva está afectada por el fenómeno de la
caducidad. Si la UGPP está llamada a reconocer los intereses moratorios reclamados
por el ejecutante. Y si el régimen de los intereses moratorios es el determinado en
el CCA o en el CPACA.
• Generalidades del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
10
Folio 178.
11
Ibidem.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial». 12
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo
siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre
el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
7
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
• Caducidad de la acción ejecutiva
El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el
ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de
control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta
corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente,
impidiendo el surgimiento del proceso […]», 13 y fue concebida para desarrollar el
principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.
Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda la
ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en
que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 14 y reiterado en el literal K del
artículo 164 del CPACA.15
• Liquidación de Cajanal y asunción de responsabilidades
El Decreto 2196 de 2009 16 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal. En lo
referente al reconocimiento de las obligaciones pensionales y afines se especificó
lo siguiente:
Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. […]
En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de
edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha
en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto,
de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal, EICE, en
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte
Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth
Stella Correa Palacio.
14
Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones
judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la
exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la
respectiva decisión judicial.
15
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2.
En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la
ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el
término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la
obligación en ellos contenida; […].
16
«Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
8
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
creada por la Ley 1151 de 2007.
Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y
celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.
Por su parte, la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó la siguiente competencia
en materia pensional:
Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. […] Esta Unidad Administrativa tendrá a su
cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como
auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan
tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las
gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos,
nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003;
[…]
A su vez, el Decreto 169 de 2008 asignó funciones a la UGPP, conforme se indica a
continuación:
Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del
Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:
A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas17
1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de
actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que
hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con
17
Las funciones establecidas en este literal fueron subrogadas por las consagradas en el artículo 6
del Decreto 575 de 2013.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su
cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la
administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas
administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.
2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la
esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y
prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca
la UGPP en virtud de este numeral.
[…]
El Decreto 4269 de 2011 efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en
liquidación y la UGPP, para finalizar el proceso de liquidación de aquella; sin
embargo, esta corporación ha sostenido que la norma en comento no modificó lo
concerniente a que esta última es la encargada de asumir, por completo, las
obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, la UGPP
es la «llamada a asumir los procesos judiciales que fueron adelantados contra la
desaparecida caja de previsión»,18 conforme lo dispuso el artículo 22 del Decreto
2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, así:
Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual. […]
Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que
asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos
administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.
[…]
Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el
Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará
atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social -
UGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo
previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás
reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.
18
Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de
2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-04418-01 (4651-2019); ii) sentencia del 30 de octubre de
2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019); iii) sentencia del 26 de junio de 2020,
radicado: 68001-23-33-000-2015-00058-01 (1485-2016); iv) sentencia del 14 de marzo de 2019,
radicado: 25000-23-42-000-2015-02729-01(1507-18); iv) providencia del 13 de febrero de 2017,
expediente 11001-03-06-000-2016-00256-00(C).
10
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
[…]
Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011,
las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían
a la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en
Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión
(Cajanal), correspondió a su sucesora procesal ( UGPP) asumir sin restricciones ni
dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».19
• El caso concreto
Se encuentran establecidos los siguientes hechos:
• El 24 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el demandante contra Cajanal, mediante la cual dispuso lo
siguiente: 20
RESUELVE:
[…]
TERCERO. ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en
liquidación, reliquidar la pensión de jubilación reconocida mediante Resolución
006539 de 13 de abril de 1998, a favor del señor MIGUEL ANTONIO GALINDO
ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. (sic) 241.006 de Fontibón, en
cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de los
factores que sirvieron de base para calcular los aportes durante el último año de
servicio, como lo ordena el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que modificó el artículo
3º de la Ley 33 de 1985. Los reajustes respectivos se harán de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993.
CUARTO. CONDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en
liquidación, a pagarle al demandante las diferencias de las mesadas pensionales
resultantes entre los valores que le reconoció y los que debe reconocer de acuerdo al
numeral anterior, actualizadas de conformidad con lo expresado en la parte motiva de
esta providencia, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 178 del C.C.A.
Así mismo, deberá dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
[…]
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
20
Folios 9 a 20.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
• El 17 de marzo de 2011, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de
primera instancia, aclaró que los factores a incluir eran todos los devengados por el
señor Miguel Antonio Galindo Arias durante el último año de servicio y las
diferencias que se presentaran con motivo de la reliquidación se pagarían a partir
del 14 de febrero de 2002, por prescripción.
• El 13 de junio de 2011, quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 21
• El 26 de enero de 2012, el señor Miguel Antonio Galindo Arias solicitó a Cajanal el
cumplimiento de la sentencia condenatoria. 22
• El 21 de septiembre de 2012, por Resolución UGM 056175, Cajanal en Liquidación
dio cumplimiento a las órdenes impartidas en sede judicial y dispuso elevar la
cuantía de la pensión del actor. Que el Fopep pagaría al interesado las diferencias
que resultaren de aplicar el ítem anterior. Que el área de nómina realizaría las
operaciones pertinentes respecto a los artículos 177 y 178 del CCA, precisando que
este pago estaría a cargo de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación. Que se descontaría
de las mesadas atrasadas a las que tenía derecho el actor la suma de $371.986,
por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.23
a) Caducidad de la acción ejecutiva
La providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 13 de junio de
2011, es decir, en vigencia del CCA; por lo tanto, para contabilizar el término de
caducidad es necesario recurrir al contenido del inciso 4 del artículo 177 ibidem,
según el cual las condenas impuestas contra la Nación «serán ejecutables ante la
justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria». Así las cosas, los
cinco años concedidos para la interposición oportuna de la acción ejecutiva iniciaron
al vencimiento de los aludidos 18 meses. 24
Ahora bien, respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en contra
21
Folio 41.
22
Folios 42 a 43.
23
Folios 48 a 54.
24
Posición asumida, entre otras, en el auto de 16 de julio de 2015, radicado 25000 23 25 000 2014
04132 01, M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; así como por esta Subsección en la providencia del 29
de octubre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
de la liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: 25
Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo
cumplimiento por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato del Gobierno
Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración
institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de
seguridad social en pensiones.
Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto-
Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de
su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró «…en lo no previsto en el
presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto
orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza de la entidad…».
Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de
carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y
de ahorro y crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que «…Durante la
negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad
de las acciones respecto de los créditos contra el empresario».
En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo
del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de
caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación
administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de
2013. [Resalta la Sala].
Con fundamento en el anterior criterio, se concluye que los términos de prescripción
y de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de
junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro años. 26
Se observa que la sentencia que puso fin al proceso ordinario sobre el cual se edifica
el sub lite, adquirió firmeza el 13 de junio de 2011; en consecuencia, los 18 meses
25
Ver entre otras las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
Subsección A, providencia del 25 de agosto de 2015, radicado: 25000 23 42 000 2015 01327 01
(1777-2015); y ii) Subsección B, providencia de 29 de marzo de 2016, radicado:
250002342000201501601-01 (5042-2015).
26
La tesis de que el término de caducidad y prescripción en referencia estuvieron suspendidos por
el período anotado, ha sido reiterada en diversos pronunciamientos de la Corporación, entre ellos,
en las acciones de tutela que se citan a continuación: i) del 23 de agosto de 2018, radicación: 11001-
03-15-000-2018-01733-00; ii) de 15 de noviembre de 2018, radicación: 11001-03-15-000-2018-
00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-03532-00.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
para acudir en sede judicial se verificaron el 12 de diciembre de 2014,27 de forma
que los 5 años de caducidad empezaron a correr a partir del 13 de diciembre de
2014 y culminarían el 13 de diciembre de 2019, dado que los términos de
caducidad para accionar en sede judicial contra Cajanal o la UGPP estuvieron
suspendidos entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013. El 8 de marzo
de 2017, el demandante radicó la presente demanda ejecutiva, 28 es decir, dentro
del término que tenía para comparecer oportunamente ante la jurisdicción 29 y,
por lo tanto, contrario a lo señalado por la entidad recurrente, no operó la caducidad
del medio de control de la referencia.
Frente a lo afirmado por el apelante en el sentido de que el proceso liquidatorio no
suspendió los términos de caducidad y prescripción; la Sala considera que tampoco
es de recibo dicho argumento, por cuanto la Ley 550 del 30 de diciembre de 1999
resulta aplicable en virtud de la remisión normativa contenida en el artículo 1.º de la
Ley 1105 de 2006, por medio de la cual, se modificó el Decreto-Ley 254 de 2000,
sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.30
b) Pago de la obligación
Del pago de los intereses: conforme se indicó en acápites anteriores, los fallos
objeto de ejecución establecieron una obligación a cargo de Cajanal, que fue
liquidada por mandato del Decreto 2196 de 2009.
Por su parte, el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011 31 dispuso que Cajanal en
27
Los 18 meses iniciaron una vez concluyó el proceso liquidatorio. Ver las siguientes providencias:
i) del 20 de febrero de 2020, expediente 25000-23-42-000-2016-04700-01 (3544-2017; ii) del 28 de
mayo de 2020, expediente 05001-23-33-000-2018-01321-01 (6205-2018); iii) del 28 de mayo de
2020, expediente 05001-23-33-000-2018-01172-01 (6473-201; iv) del 4 de junio de 2020, expediente
05001-23-33-000-2016-02651-01 (1576-2019); v) del 22 de abril de 2021, expediente 05001-23-33-
000-2018-01320-01 (6516-2018); vi) del 15 de julio de 2021, expediente 76001-23-33-000-2018-
00865-01 (3032-2020).
28
Folio 18vto. del expediente.
29
El conteo de la caducidad en los términos descritos, encuentra respaldo, entre otras, en las
siguientes providencias de esta Corporación: i) del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-42-000-
2013-06595-01 (3637-2014); ii) del 12 de julio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2014-01475-01
(3531-17); iii) del 30 de agosto de 2018, radicación 05001-23-33-000-2018-00695-01 (61905); iv) del
3 de julio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2019-00326-01; v) del 23 de agosto de 2019,
Radicación 11001-03-15-000-2019-00325-01; vi) del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42
000 2020 00023 01 (2381-2020); y vii) del 10 de marzo de 2022, radicado 25000-23-42-000-2016-
05723-01 (2459-2020).
30
Ver entre otras las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
Subsección A, providencia del 25 de agosto de 2015, radicado: 25000 23 42 000 2015 01327 01
(1777-2015); y ii) Subsección B, providencia de 29 de marzo de 2016, radicado:
250002342000201501601-01 (5042-2015).
31
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social
y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
14
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3.º del
Decreto 2196 de 2009 32 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP. El proceso de
liquidación culminó el 11 de junio de 2013, 33 por ende, los procesos judiciales y
demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la
liquidación fueron asumidos por la UGPP.34
Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en sus
funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema
pensional.
La presentación en el proceso de liquidación: esta Subsección debe señalar que
si bien los intereses moratorios que se reclaman se causaron entre el 14 de junio y
el 14 de diciembre de 2011, y entre el 26 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2013
y que el cierre de la liquidación de Cajanal se produjo el 11 de junio de 2013, 35
momento a partir del cual la UGPP asumió las obligaciones de la extinta caja de
previsión; lo cierto es que no por ello puede considerarse que el señor Miguel
Antonio Galindo Arias debía presentarse ante el proceso liquidatorio con el fin de
plantear allí sus reclamos, toda vez que los intereses moratorios son un «elemento
accesorio del reconocimiento de pensiones con ocasión de sentencias judiciales,
los mismos se tratan de recursos de la seguridad social»,36 los cuales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006, 37 no forman
parte de la masa de la liquidación y debían ser entregados a la entidad que la
sucedió.
De manera que, ante una condena producto de una orden judicial, correspondía
acatarla inicialmente a Cajanal y después del 12 de junio de 2013 a la UGPP, en
calidad de sucesora de las obligaciones de la extinta entidad, lo cual implica atender
las obligaciones producto de la reliquidación de la pensión, así como reconocer y
32
«por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
33
Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».
34
Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, radicado. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18).
35
De conformidad con el Decreto 877 de 2013.
36
Al respecto ver las siguientes decisiones de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
Subsección B, Sentencia del 14 de marzo de 2019, radicado 25000 23 42 000 2015 02729 01 (1507-
2018); ii) Subsección A, providencia del 30 de junio de 2016, radicado 25000 23 42 000 2013 06595
01 (3637-2014).
37
«[…] El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:
Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de la
liquidación: a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad
que determine el Gobierno Nacional; [...]. [Resalta la Sala].
15
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
pagar los intereses moratorios que se causaron, toda vez que no eran parte de la
masa liquidatoria de Cajanal.
La causal de exoneración invocada: la entidad apelante sostuvo que es
improcedente el cobro de los intereses de mora durante el período de liquidación de
Cajanal EICE, dado que dicha circunstancia constituye una situación de fuerza
mayor, a la luz de los artículos 64 y 1616 del Código Civil.
Al respecto, esta corporación ha indicado que es necesario diferenciar entre las
liquidaciones en el marco de un «proceso de liquidación forzosa administrativa» y
la adelantada para la supresión de Cajanal. En tal sentido, se ha concluido lo
siguiente: 38
He aquí la importancia de la distinción, que rechaza cualquier posibilidad de aplicar al
sub lite la tesis planteada por la entidad recurrente en la alzada, puesto que la
liquidación ordenada contra Cajanal se originó de una decisión del presidente de la
República por razones eminentemente «político-administrativas», que encuentra su
fuente y causales en el derecho público, cuyos riesgos, en atención al principio de
responsabilidad del Estado, no deben ser asumidos por el acreedor particular, porque
«rompe el equilibrio en las cargas públicas ocasionándole un daño antijurídico».
[…]
Por el contrario, cuando la supresión y consecuente liquidación recae sobre
organismos y entidades de naturaleza pública, si es por decisión de una
superintendencia, «debe aplicarse el principio general del cumplimiento riguroso de
las obligaciones, de manera que, en lo posible, se pagarán los intereses de todo tipo
respetando las prelaciones legales», y si la determinación la adopta el presidente de
la República, como lo fue en el caso de Cajanal, «el Estado debe responder por los
daños antijurídicos que eventualmente puedan causarse y específicamente debe
pagar los intereses remuneratorios y moratorios anteriores y posteriores al decreto de
liquidación».
Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que la UGPP no podía
soportarse en el periodo de liquidación de Cajanal para sustraerse del pago de los
intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento de una obligación
de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
que esta era una entidad de naturaleza pública39, cuyas condiciones de liquidación
no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en riesgo el equilibrio ante las
cargas públicas. 40
Del pago total: la demandada indicó que existe un pago total de la obligación, por
cuanto no es jurídicamente viable seguir con la ejecución pretendida por el
despacho y por el ejecutante, teniendo en cuenta que la entidad calculó y pagó los
intereses moratorios por un valor de $55.398.265, liquidados por los periodos del 14
de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
Al respecto, se encuentra en el expediente que la parte demandada estimó por
concepto de intereses moratorios en el «resumen final de cálculo de aportes
demanda» del 21 de febrero de 2013, la cantidad de $55.398.265. 41 Igualmente, en
el Oficio núm. 20135020462861 del mismo día, mes y año, consta que la UGPP
informó al demandante que, en relación con los intereses moratorios, por tratarse
de un crédito de naturaleza diferente a los asuntos prestacionales y/o misionales,
debía adelantarse el trámite ante Cajanal EICE en liquidación.
Asimismo, se aportó al proceso la Resolución RDP004604 del 7 de febrero de 2018,
en la que la UGPP modificó el artículo sexto de la Resolución UGM 056175 del 21 de
septiembre de 2012, para consignar que los intereses moratorios ya no estarían a
cargo de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación sino de aquella. 42
Finalmente, en el Acta del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP
1982 de diciembre de 2018 consta que, en el mes de enero de 2013, se le pagó al
señor Galindo Arias un neto por $132.119.232,12, a raíz de los siguientes
conceptos: i) valor del retroactivo por $120.051.751,57; ii) valor de la indexación por
$22.248.801,97; y iii) descuentos de salud por $15.181.321,42, por lo que proponía
conciliar en el sentido de reconocer y pagar los intereses moratorios por una sola
vez y conforme a la liquidación proyectada por la Subdirección de Nómina de
Pensionadas, el valor de $9.791.720,97.43
De esta manera, se tiene que la demandada inicialmente calculó y adujo con la
contestación de la demanda que por intereses moratorios canceló la suma de
39
Los pronunciamientos invocados por la representante del ministerio público del 10 de julio de 2014,
expediente 13001-23-31-000-2004-01258-01; y del 25 de enero del 2017, radicado 13001-23-31-
000-2006-01565-01 no se encuentran relacionados con la supresión de Cajanal.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
41
Folio 58.
42
Folios 134 a 138.
43
Folios 126 a 130.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
$55.398.265 y después en la audiencia inicial del 5 de diciembre de 2018 (según el
Acta del Comité de Conciliación),44 como en el recurso de apelación ya indicó que
adeudaba por dicho concepto el valor de $9.791.720,97.
Así las cosas, sea que se adeude $55.398.265 o $9.791.720,97 por concepto de
intereses moratorios, lo que en este momento se encuentra en el expediente es que
no se acreditó la excepción de pago que esgrimió la UGPP, por cuanto no se
cancelaron los intereses moratorios que se generaron entre la fecha en que quedó
ejecutoriada la sentencia condenatoria y el pago efectivo de la obligación, esto es,
se hizo un estimado de lo debido, pero hasta el momento aún no se ha materializado
la cancelación de los intereses moratorios.
Frente a las mencionadas diferencias de valores, la Sala interpreta que es debido a
un cambio de criterio de la entidad en relación con la liquidación de los intereses
moratorios, esto es, inicialmente se calcularon con base en el régimen del CCA
($55.398.265) y después con base en el CPACA ($9.791.720,97), sumado al hecho
de que la fracción de tiempo entre el 13 de septiembre de 2011 y el 10 de diciembre
de 2012 fue excluida en este último cómputo, al tenerse como fecha de solicitud del
cumplimiento de la sentencia el 11 de diciembre de 2012 45.
Situación que tampoco es de recibo para el juez ad quem, en el sentido de que la
petición se elevó el 26 de enero de 2012,46 por lo que la ejecución debe continuarse,
tal y como lo concluyó la primera instancia, por el período comprendido entre el 14
de junio y el 14 de diciembre de 2011, y entre el 26 de enero de 2012 y el 31 de
enero de 2013.
De otro lado, se tiene que la primera instancia señaló que corresponde seguirse la
ejecución por los intereses de mora causados, liquidados en los términos del artículo
177 del CCA. Por su parte, la UGPP sostuvo que se presentó una indebida liquidación
de intereses moratorios, pues al estarse ante un proceso cuya demanda fue
presentada a partir del 2 de julio de 2012, al amparo de la Ley 1437 de 2011, los
intereses se causan por los 10 primeros meses y a partir de la ejecutoria se
reconocen con la DTF certificada por el DANE.
Ahora, en lo que concierne a la norma aplicable para la liquidación de los intereses
moratorios cuando existe tránsito de legislación, la Sección Segunda del Consejo
de Estado47 ha optado por aplicar la posición desarrollada por la Sala de Consulta
44
Folios 120 a 129.
45
Folio 128.
46
Folios 42 a 43.
47
Ver también los siguientes pronunciamientos: i) del 1.º de diciembre de 2017, expediente 11001-
03-15-000-2017-02769-00(AC); ii) del 28 de noviembre de 2018, expediente 23001-23-33-000-2013-
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
y Servicio Civil de esta Corporación el 29 de abril de 2014 48, en el sentido de que si
el fallo objeto de ejecución fue proferido cuando regía el Decreto 01 de 1984, pero
el tiempo para su cumplimiento se difirió incluso después de haberse derogado por
el CPACA, los intereses de mora serán liquidados con base en las normas que se
encuentren vigentes durante su causación, por lo que respecto de las providencias
que quedaron ejecutoriadas antes del 2 de julio de 2012 –de acuerdo al artículo 308
del CPACA–, la respectiva mora se tasará, en una parte, según a lo dispuesto en el
artículo 177 del Decreto 01 de 1984, y, la otra parte, conforme a la Ley 1437 de
2011.49
Sin embargo, es de resaltar que la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia del 20 de octubre de 2014 50, concluyó que: i) las demandas instauradas
antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan
intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA; ii)
las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta
después, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art.
177 del CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por
disposición expresa del art. 308 de este último estatuto; y iii) Los procesos iniciados
en vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo,
causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA.
Pues bien, la Subsección no comparte que el régimen de los intereses moratorios
deba definirse a partir de las normas que se encuentren vigentes durante su
causación, por cuanto el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 determinó que aquel
código sólo se aplicaría a los procedimientos y las actuaciones administrativas que
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad
a la entrada de su vigencia y que los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la Ley
00136-01(1509-16); iii) del 29 de agosto de 2019, expediente 25000-23-25-000-2016-00013-
01(1949-18); iv) del 02 de abril de 2020, expediente 76001-23-33-000-2015-01486-01 (0116-2018);
v) del 9 de septiembre de 2021, expediente 17001-23-33-000-2018-00112-01(6127-19); vi) del
mismo día, mes y año, expediente 25000-23-42-000-2020-00219-01 (2313-2021); vii) del 27 de
enero de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00154-01 (4843-2019); viii) del 10 de marzo de
2022, expediente 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020); ix) del 7 de julio de 2022,
expediente 25000-23-42-000-2016-04077-01 (1968-2019); y x) del 1.º de septiembre de 2022,
expediente 05001 23 33 000 2017 02073 01 (6610-2019).
48
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 2014, radicado:
11001-03-06-000-2013-00517-00 (2184).
49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 9 de septiembre de 2021, radicado:
25000-23-42-000-2020-00219-01 (2313-2021).
50
Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente: 52001-23-
31-000-2001-01371-02 (AG), CP. Enrique Gil Botero.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
1437 de 2011 seguirían rigiéndose y culminarían de conformidad con el régimen
jurídico anterior, esto es, el CCA.
Lo anterior, debido a que el sentido de la norma de transición del artículo 308 era
claro: las disposiciones del CPACA –que incluyen la regulación de los intereses de
mora- rigen los procesos nuevos, lo que comprende la sentencia y sus efectos; en
cambio, las normas del CCA rigen los procesos anteriores, lo que también incluye
la sentencia y sus efectos. Por tanto, si el régimen de intereses de mora es
diferencial en ambos estatutos, así mismo se aplicarán según la normativa que rigió
el proceso 51.
Asimismo, es improcedente combinar los regímenes de intereses de ambos
estatutos -lo que sucedería cuando el pago de una sentencia dictada en un proceso
regido por el CCA termina cubierta por la norma de intereses del CPACA-, porque
esta mixtura no hace parte de la filosofía con que el artículo 308 de la Ley 1437
separó las dos normativas, independientemente de los efectos, positivos o
negativos, que ello genere para el deudor 52.
De la misma forma, se indica que si bien no fue reparo de la apelación lo relacionado
con la aplicación de las Circulares Externas 10 del 13 de noviembre de 2014 y 12
del 22 de diciembre del mismo año proferidas por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado 53, también lo es que dicha situación pertenece al motivo de
inconformidad del recurrente, esto es, el régimen de los intereses moratorios.
En efecto, las Circulares determinaron que la tasa aplicable entre la fecha de la
ejecutoria y el 2 de julio de 2012 será de 1.5 veces el interés corriente bancario
certificado por la Superintendencia Financiera y que, a partir del 3 de julio de 2012
hasta la fecha del pago, la tasa de mora aplicable será igual a la tasa de interés de
los certificados de depósito a término 90 días (DTF), certificada por el Banco de la
República.
Al respecto, la Subsección señala que frente a las citadas Circulares se aplicará la
excepción de ilegalidad del artículo 148 del CPACA 54. Sobre esta figura, la Corte
51
Ibidem.
52
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de julio de 2021 en el expediente 05001-23-33-
000-2019-01705-01 (66.814).
53
A través del cual se adoptaron los lineamientos sobre pago de intereses de mora de sentencias,
laudos y conciliaciones.
54
«ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar
con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
Constitucional ha expresado que se circunscribe a la posibilidad que tiene un juez
administrativo de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su
conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior 55.
Lo anterior, dado que entre los elementos de la naturaleza de la sentencia se
encuentra lo atinente a su cumplimiento (artículos 176 y 177 del CCA o artículos
192 y 195 del CPACA), por lo que el régimen de los intereses moratorios es el
determinado por el legislador a través del Código que se encontraba vigente al
momento en que se instauró la respectiva demanda ordinaria y no pueden unas
Circulares desconocer lo regulado en la Ley 1437, según lo previsto en el régimen
de transición del artículo 308 del CPACA.
De esta manera, se cambia la posición que hasta el momento se ha venido
desarrollando sobre el régimen de los intereses moratorios a través de la teoría de
la causación, con el objeto de señalar que debe acudirse a la fecha de instauración
de la demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para determinar cuál
es la normativa aplicable en dicho sentido, esto es, si fue presentada antes o
después de la vigencia del CPACA.
En otros términos, si la demanda ordinaria se instauró antes de la entrada en
vigencia del CPACA, los intereses moratorios que corresponde liquidar en el
proceso ejecutivo son aquellos del artículo 177 del CCA, pero si esta fue interpuesta
después de la entrada en vigencia del CPACA, los intereses moratorios son los del
artículo 195 del CPACA.
Así las cosas, se tiene que la demanda objeto del presente proceso ejecutivo fue
radicada en el 2007. Asimismo, la sentencia de primera instancia del 24 de
septiembre de 2009, en su ordinal 4.º, indicó que la condena se impartía en contra
de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación en los términos
dispuestos en los artículos 176 y 177 del CCA. Dicha providencia quedó
ejecutoriada el 13 de junio de 2011.
A partir del anterior entendimiento, y teniendo en cuenta que en el presente asunto
el título de recaudo lo constituye una providencia judicial, el proveído impugnado
será confirmado, por cuanto la tasa de mora aplicable para el crédito reconocido en
el título judicial de la referencia es aquella vigente al momento de la instauración de
la demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, esto es, el artículo 177 del
CCA, tal y como lo resolvió la primera instancia y no las normas que se encontraban
vigentes durante la causación de los intereses. Por consiguiente, no prospera el
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el
proceso dentro del cual se adopte».
55
Corte Constitucional, Sentencia C-270 del 28 de julio de 2022 refiriéndose a la C-037 del 26 de
enero de 2000.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
alegato de la UGPP consistente en que en el asunto de la referencia debe aplicarse
el régimen de los intereses moratorios del CPACA.
c) De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, 56 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del
artículo 365 del Código General del Proceso, 57 la Sala se abstendrá de condenar en
costas de segunda instancia, ya que, si bien la apelación interpuesta por la
demandada no prosperó, también lo es que la parte demandante no intervino en la
presente instancia.
En conclusión: la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular del actor, por lo que será confirmada en su totalidad.
56
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.
57
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
22
Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 6 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro de la
demanda ejecutiva promovida por el señor Miguel Antonio Galindo Arias contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), que declaró no probadas las excepciones
propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-01449-01 (3101-2022)
Demandante: Miguel Antonio Galindo Arias
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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