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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02769-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de marzo de 2018
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02769-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Negar la solicitud de amparo que ejerció el señor Pablo Antonio Parra Cepeda y otros, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02769-00

Consejero ponente: Milton Chaves García

1 de marzo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Culpa exclusiva de la víctima

[L]a Sección Tercera del Consejo de Estado no podía pasar por alto que dentro el proceso existía evidencia de que el [accionante] contribuyó con su conducta para que la medida de aseguramiento fuera impuesta por la autoridad judicial competente, en cumplimiento de un deber legal. Así pues, la eximente de responsabilidad fue sustentada en los conceptos de culpa grave y dolo, que, también estuvieron respaldados por posiciones jurisprudenciales debidamente consolidadas, como se transcribió ampliamente. Ello para señalar que tampoco se evidencia la configuración de un defecto fáctico, pues de la lectura de la providencias cuestionada, se observa que hizo relación de todas las pruebas, incluida las providencias del 18 de diciembre de 1992, mediante la que se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y del 17 junio de 1998, que precluyó la investigación por el delito de aplicación oficial diferente, que adujo desconocidas. No obstante, lo cierto es que con independencia de que la Fiscalía General de la Nación concluyera que la conducta del [accionante] no se enmarcó en el tipo penal de peculado por aplicación oficial diferente - por cuanto los dineros indebidamente destinados no habían ingresado al presupuesto del municipio-, la autoridad judicial sí advirtió que ello constituyó, desde la perspectiva civil, un comportamiento reprochable por parte del demandante, que alcanzó los límites del dolo. Quiere decir lo anterior los daños por la privación de la libertad se originaron en la culpa civil del demandante, circunstancia que claramente desvirtuó cualquier pretensión indemnizatoria, ante la configuración de la causal exonerativa de culpa exclusiva de la víctima, que liberó de responsabilidad al Estado. Razones por las que tampoco resulta afortunado el argumento de que se omitió estudiar respecto de la actuación culposa de la Fiscalía General de la Nación y menos aún de la posible concurrencia de culpas (…) En el sub lite, no se advierte entonces que las autoridades judiciales demandadas hayan adoptado decisiones arbitrarias o caprichosas, ni trasgresoras de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama. Así las cosas, se impone negar la solicitud de amparo (…) contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02769-00(AC)

Actor: PABLO ANTONIO PARRA CEPEDA Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por el señor Pablo Antonio Parra Cepeda y otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones

Los señores Pablo Antonio, José Resurrección, Teresa, Rafael, Aureliano, Ana Isabel, Justo Pastor, Juan de Jesús Parra Cepeda, Oscar Eduardo Parra Barajas y Nidiam Bianeth Rojas González, ejercieron acción de tutela contra la citada autoridad judicial, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, a la defensa, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Que se tutelen los derechos fundamentales de mis poderdantes a la igualdad, a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la adecuada reparación, ordenando a la Sección Tercera, Subsección B, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, respecto a la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso de reparación directa No. 15001233100020000880-01, se deje sin efecto tal providencia y en su lugar, amparado en el derecho fundamental a la igualdad, a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la adecuada reparación, se ordene a dicha Subsección que, dentro de las 48 horas siguientes a su decisión, modifique la sentencia de segunda instancia para que se revoque lo decidido por ese despacho y en su lugar se motive lo exclusivo de la culpa de la víctima, se analicen las pruebas en su integridad y se sostenga el precedente judicial referido a la culpa exclusiva de la víctima y a la concurrencia de culpas, determinándose que no había lugar a revocar la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá”.

Hechos

De la lectura del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El Juzgado Dieciocho de Instrucción Criminal de Ramiriquí, mediante Resolución del 8 de abril de 1992, en el trámite del proceso con radicado número 196, ordenó la detención preventiva de Pablo Antonio Parra Cepeda por el presunto delito de hurto agravado, que posteriormente fue calificado como peculado por apropiación. El señor Parra Cepeda para la época se desempeñaba como Alcalde del municipio de Ciénaga – Boyacá.

El 2 de septiembre de 1992, fue restringido efectivamente de la libertad por la orden de captura que se libró en su contra y por los presuntos delitos de fraude en sufragio y falsedad en documento público.

El 18 de diciembre de 1992, se profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de peculado por apropiación y aplicación oficial diferente, el 3 de marzo de 1993, la Fiscalía Seccional Treinta y Cuatro de Ramiriquí concedió libertad provisional al sindicado y el 29 de abril de 1994, la revocó y ordenó la detención preventiva por los mismos delitos.

Cursó otro proceso penal en contra del señor Parra Cepeda, con radicado número 117, que se adelantó por los presuntos punibles de peculado y concusión, dentro del cual, el 1 de junio quedó a disposición del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, proceso en el que le fue concedido el beneficio de casa por cárcel el 17 de junio de 1994.

El 23 de noviembre de 1994, la Dirección Seccional de Fiscalías de Tunja ordenó trasladar la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía Treinta y Cuatro Seccional de Ramiriquí, por los delitos de peculado por apropiación y aplicación oficial diferente, a la Fiscalía Trece de la Unidad de Delitos Contra la Administración de Justicia de Tunja, que, en providencia del 5 de diciembre de 1994, revocó la decisión del 18 de diciembre de 1992, que impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y ordenó la preclusión de la investigación a favor del sindicado por el delito de aplicación oficial diferente. Por lo tanto, recuperó la libertad el 7 de diciembre de 1994.

El 25 de noviembre de 1997, la Fiscalía Trece Especial de Tunja emitió resolución de preclusión de la investigación a favor de Pablo Antonio Cepeda, respecto de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, al tiempo que ordenó continuar con la investigación respecto del punible de peculado por aplicación oficial diferente.

El 18 de junio de 1998, la Fiscalía Trece de la Unidad de Delitos Contra la Administración de Justicia de Tunja dictó resolución de preclusión de la investigación por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, decisión que quedó en firme el 1 de julio de 1998.

Pablo Antonio Parra Cepeda, Nydiam Bianeth Rojas González, Oscar Eduardo Parra Barajas, Rafael Parra Soler, Aureliano Parra Cepeda, José Resurrección Parra Cepeda, Teresa Parra Cepeda, Justo Pastor Parra Cepeda, Juan de Jesús Parra Cepeda, Ana Isabel Parra Cepeda y Amparo Parra Cepeda interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad del señor Pablo Antonio Parra Cepeda.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, en sentencia del 19 de mayo de 2010, declaró la caducidad de la acción en cuanto a las actuaciones surtidas en los procesos con radicado “046 y cusa 294” y “023, 076, 115 y 079”, adelantados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados con causa de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el demandante, entre el 17 de febrero de 1993 al 5 de marzo de 1993 y del 11 de mayo de 1994 al 7 de diciembre de 1994.

La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación con fundamento en que se declaró la responsabilidad administrativa sin considerar las razones de defensa expuestas en la contestación de la demanda y que los delitos que se investigaban y frente a los que existían indicios procedía la medida de aseguramiento.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 2 de marzo de 2017, confirmó lo relacionado con la declaratoria de caducidad y revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda porque encontró acreditada la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de la víctima, en tanto que, si bien, no se encontró configurado el delito de peculado por apropiación oficial diferente, sí se demostró que en ejercicio de sus funciones destinó intencionalmente los recursos provenientes del “fondo de adoquinamiento” para financiar gastos que no tenían relación alguna con la adecuación de las calles del municipio, situación fue expresamente aceptada por el investigado y que, desde punto de vista civil, constituyó un comportamiento reprochable, que alcanzó los límites del dolo.

Fundamentos de la acción de tutela

El demandante sostuvo que la autoridad judicial demandada profirió decisión sin motivación, incurrió en el desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en el defecto fáctico, como causales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Sustentó su dicho en los siguientes argumentos:

La providencia cuestionada se refirió a la “exterioridad del hecho respecto de la Fiscalía General de la Nación”, porque analizó lo relacionado con la conducta del imputado, pero nada dijo respecto de la culpa de los funcionarios de la Fiscalía, con lo cual, era posible concluir que los dineros aportados por los ciudadanos para el adoquinamiento de las calles jamás entraron al presupuesto del municipio y, por lo tanto, seguían siendo particulares, de modo que la actuación –de destinación para otro fin – no constituyó un hecho punible.

Si en la investigación que adelantó la Fiscalía Treinta y Cuatro de Ramiriquí existía duda de la procedencia de los recursos, lo que le correspondía era investigar y abstente de imponer la medida de aseguramiento.

Era obligación de la Sala de conocimiento verificar el cumplimiento de los requisitos de irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad de la conducta de la Fiscalía General de la Nación.

Manifestó que, si en gracia de discusión se aceptara que el “préstamo de dinero del adoquinamiento para otras obras” constituyó culpa, la actuación de la Fiscalía General de la Nación también constituyó culpa y, en ese sentido, lo que procedía era declarar la concurrencia.

Se refirió a la sentencia T-416 de 2016, de la Corte Constitucional para señalar que el presente caso se profirió una decisión sin motivación.

En cuanto a la falta de valoración probatoria, manifestó que no se tuvieron en cuenta los documentos que demostraban “la culpa” de la Fiscalía General de la Nación, en concreto, no analizó la providencia del 18 de diciembre de 1992, en la que impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en coherencia con la decisión de preclusión del 17 de junio de 1998, de las cuales era posible advertir que los dos funcionarios adscritos a la institución debieron concluir que no ocurrió el punible de peculado por aplicación oficial diferente.

Trámite previo

El despacho sustanciador, mediante auto del 23 de noviembre de 2017, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los demandantes, al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y al Tribunal Administrativo de Boyacá, la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Nación – Ministerio de Justicia como terceros interesados en las resultas del proceso.

Oposición

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado se refirió a los hechos que dieron origen a la presente acción y afirmó que las actuaciones surtidas en el proceso de reparación directa que se cuestiona no comporta la violación de derechos fundamentales, por las razones que se pasan a exponer.

No existió la trasgresión a una “adecuada reparación” porque la reparación integral más que un derecho, tiene que ver con un principio aplicable a cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 446 de 1998.

La parte actora, lejos de plantear una verdadera cuestión de importancia o relevancia constitucional, pretende que se elabore una nueva sentencia en la que la Corporación acceda al reconocimiento de las pretensiones con argumentos de instancia.

Los argumentos de la tutela se dirigen a invocar la configuración desconocimiento del precedente judicial, porque se dio por probada la culpa exclusiva de la víctima, sin analizar la conducta de la entidad demandada, con lo cual era posible concluir la concurrencia de culpas y porque no se estudiaron los elementos irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad. Al respecto, la parte demandante no refirió algún precedente que fuera desconocido en la sentencia del 2 de marzo de 2017.

En cuanto a la falta de motivación, cuyo soporte coincide con los argumentos que sustentó el cargo por desconocimiento por precedente judicial, tampoco resulta acertado, pues la decisión expresó con detenimiento conforme con los criterios jurisprudenciales acogidos por el Consejo de Estado en materia de privación injusta de la libertad, en el presente caso era aplicable un régimen objetivo de responsabilidad estatal, ya que dentro del proceso se comprobó que el demandante fue privado de la libertad y posteriormente fue absuelto de todo cargo, por manera que la presunción de inocencia no pudo ser desvirtuada, circunstancia que, en principio, podría comprometer la responsabilidad estatal.

Lo anterior no quiere decir que no se hizo alusión a la actividad desplegada por la Fiscalía General de la Nación, porque la sentencia dedicó todo un acápite a relacionar las pruebas atinentes a la investigación penal adelantada en contra del señor Pablo Antonio Parra.

De hecho, la Sala aludió con precisión a la actividad desplegada por la Fiscalía, de suerte que no es cierto que la sentencia carezca de motivación, es más, justamente, las actuaciones y consideraciones expuestas por el ente acusador en el momento de imponer la medida de aseguramiento fueron las que permitieron establecer la causal eximente de la culpa exclusiva de la víctima.

Ahora bien, en análisis de los elementos de irresistibilidad, imprevisibilidad y exterioridad no era necesario, porque son aspectos que se estudian para verificar la existencia de otro tipo de causales eximentes de responsabilidad, tales como la fuerza mayor y el caso fortuito.

El hecho de la víctima, a efecto de que sea valorado como causal eximente de responsabilidad no necesariamente debe revestir, en relación con el demandado, las condiciones de irresistibilidad e imprevisibilidad propios de la fuerza mayor, comoquiera que no existe disposición jurídica que radique en cabeza de quien se le imputa del daño la obligación de precaver los hecho de la víctima y, más aún, de evitarlos.

Cuando se considera que la actividad de la víctima resulta relevante como causa exclusiva del daño, como en este caso, es menester exonerar la responsabilidad a la demandada, pero para ello no es importante verificar si el hecho es imprevisible o irresistible, sino que el comportamiento de la víctima haya sido gravemente culposo o doloso, tal como lo exige expresamente para los casos de privación injusta de la libertad el artículo 70 de la Lay 270 de 1996, sin que a tal postulado se agreguen elementos adicionales como la irresistibilidad o imprevisibilidad de la conducta.

Finalmente, en cuanto a la falta de valoración del acervo probatorio, en relación con las pruebas de la culpa de la Fiscalía General de la Nación, dijo que, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, se evidenció la culpa exclusiva de la víctima, luego, si la entidad incurrió o no en falla en el servicio al momento de proferir la medida de aseguramiento, no era un elemento de juicio indispensable para declarar probada la eximente, máxime cuando la misma sentencia expresó que se daría aplicación a un régimen objetivo.

Expresó que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de la inmediatez, porque desde que fue notificada la sentencia, mediante edicto desfijado el 24 de abril de 2017, trascurrieron más de siete meses sin que el demandante ejercitara la acción de tutela y solicitó negar el amparo deprecado, porque no se encuentran acreditados los defectos que el actor aludió en el escrito de tutela ni la vulneración de los derechos fundamentales.

El Tribunal Administrativo de Boyacá informó que en sentencia del 19 de mayo de 2010, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual fue apelada ante el Consejo de Estado, instancia en la que, en providencia del 2 de marzo de 2017, revocó la decisión.

En consecuencia, cualquier situación en el orden constitucional que pueda surgir en el caso que se cuestiona por esta vía es un asunto que compromete la sentencia de segunda instancia.

Intervención del tercero interesado

La División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que la acción de tutela no cumple con los requisitos generales y específicos para la procedencia contra providencia judicial, al tiempo que resaltó que el mecanismo no puede ser convertido en una instancia adicional de los procesos judiciales.

En el presente caso tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela.

Adujo la legitimación en la causa por pasiva, para lo cual manifestó que las funciones de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el representante legal de la Rama Judicial y, por lo tanto, no está facultada para intervenir en las decisiones legales y actuaciones proferidas por los despachos judiciales.

La Dirección Estratégica II de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación se refirió a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, para señalar que la presente solicitud de amparo no cumple con el requisito de la subsidiariedad, en la medida en que en los términos del artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, procede el recurso extraordinario de revisión.

Que en el presente caso tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera admisible la acción de tutela como mecanismo transitorio y no justificó la manera en la que se configuran las causales específicas de procedibilidad.

Pidió que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia.

El Director Jurídico del Ministerio de Justicia expresó su deber de obedecer y acatar las decisiones judiciales, hizo un recuento de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias y concluyó que en el presente caso no se evidencia una cuestión de relevancia constitucional, más allá de la inconformidad de la parte actora con la providencia cuestionada, por lo que, solicitó negar el amparo por improcedente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A la Sala le corresponde estudiar si la autoridad judicial demanda con sus actuación vulneró los derecho fundamentales invocados por el actor.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.

Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, exp 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” (Subraya la Sala)

Aun más, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.

Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.

En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;

Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y

Que no se trate de sentencias de tutela.

Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.

Cuestión previa

En la contestación el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B manifestó que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de la inmediatez, porque desde que fue notificada la sentencia cuestionada, mediante edicto desfijado el 24 de abril de 2017, trascurrieron más de siete meses sin que el demandante ejercitara la acción de tutela. Sin embargo, de la lectura del expediente se observa que la parte demandante radicó el escrito de tutela el 19 de octubre de 2017, es decir, dentro del término de los seis meses que la jurisprudencia ha establecido a efecto de dar por cumplido el requisito para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en los defectos invocados con la decisión de declarar configurada la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima en el proceso de reparación directa con radicado 15001-23-31-000-2000-00880-01.

Se precisa que, si bien, la parte actora invoca la configuración de la decisión sin motivación, del desconocimiento del precedente judicial y del defecto fáctico, de los argumentos expuestos en el escrito inicial permiten concluir que sus argumentos están dirigidos a sustentar básicamente dos cargos, por un lado, la decisión sin motivación y, por el otro, el presunto defecto fáctico, por lo que la Sala estudiará los cargos en los siguientes términos.

De la decisión sin motivación

Se configura una decisión sin motivación frente al incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les competen proferir.

Como se sabe, los jueces gozan de un margen de interpretación y razonamiento para proferir sus decisiones, prerrogativa que, en todo caso, no puede degenerar en arbitrariedad, al punto de permitir que los jueces profieran providencias sin explicar el porqué de tales decisiones.

Empero, no es cualquier tipo de divergencia con la motivación de la providencia judicial la que da lugar a la procedencia de la solicitud de amparo y justifica la intervención del juez de tutela. Como lo ha dicho la Corte Constitucional, «sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o (…) inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad».

Del defecto fáctico

Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha señalado, que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-015-12.htm" \l "_ftn28" \o ""

En esta situación se incurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.

Caso concreto

La inconformidad de los demandantes tiene que ver con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial demandada, según la cual, se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, en razón a la conducta culposa que fue demostrada en el proceso ordinario y que determinó la improcedencia de las pretensiones.

Para sustentar la decisión, en lo pertinente, la Sala se permite transcribir en extenso las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B para sustentar la configuración de la causal eximente de responsabilidad por la conducta culposa del demandante. Al respecto, señaló:

“(…)

En el presente caso, en sintonía con lo probado, no cabe duda que con ocasión del proceso penal identificado como sumario n. 079, especialmente respecto de la imputación relacionada con el delito de peculado por aplicación oficial diferente, el señor Pablo Antonio Parra sufrió un daño causado por haber estado privado de la libertad así: (i) desde el 17 de febrero de 1993 (v. párr. 20.8) hasta el 5 de marzo de 1993 en establecimiento carcelario (v. párr. 20.10); (ii) desde el 11 de mayo de 1994 (v párr. 20.12) hasta el 16 de junio de 1994, nuevamente en establecimiento carcelario (v. párr.. 20.14); y (iii) desde el 17 de junio hasta el 7 de diciembre de 1994 en detención domiciliaria (v. parr. 20.17).

(…)

En suma, es menester destacar que en materia de privación injusta de la libertad, en la mayoría de los casos, se aplica un régimen de responsabilidad objetivo y en dichas ocasiones no se hace necesario establecer si hubo falla en la prestación del servicio en virtud de los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, de suerte que por mandato constitucional, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en los eventos en que se acrediten los siguientes supuestos: (i) se dicte una sentencia penal absolutoria o su equivalente, (ii) porque el hecho no existió, (iii) el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible. Aparte de los tres eventos anteriores también se ha endilgado responsabilidad al Estado por privación injusta cuando dentro del proceso penal no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado.

22. Para el caso concreto se tiene que la investigación penal iniciada contra Pablo Antonio Parra Cepeda como presunto responsable del delito de peculado por aplicación oficial diferente culminó con la mencionada providencia del 7 de junio de 1998 emitida por la Fiscalía 13 Especial de Tunja, quien precluyó la investigación al no encontrar que la conducta fuera típica, dado que los dineros respecto de los cuales se estimó se habían destinado para unas obras distintas a las de adoquinamiento de la calles de la población de Ciénaga – Boyacá no era públicos, es decir, no provenían del presupuesto del ente municipal sino de aportes hechos por los particulares, a través de un fondo rotatorio creado por el Concejo Municipal.

22.1. En estos términos, conforme a lo dicho en precedencia, se tiene que la presunción de inocencia que cobijaba a Pablo Antonio Parra Cepeda no pudo ser desvirtuada, habida cuenta que su conducta finalmente no configuró delito, circunstancia que bajo la línea jurisprudencial antes señalada podría comprometer, en principio, la responsabilidad del Estado.

23. No obstante lo anterior, corresponde al juez en estos casos analizar, de oficio o a petición de parte, la existencia de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables también en los regímenes objetivos de responsabilidad, entre ellas, el hecho de la víctima, así lo ha considerado esta Corporación:

(…)

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora. (Se destaca)

23.1. Justamente, de la parte final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se extrae que la víctima tiene derecho a ser indemnizada por la privación injusta de la libertad “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Con sustento en ello, el Consejo de Estado ha estimado que cuando se demuestra que la privación de la libertad padecida se produjo por cuenta de su conducta dolosa o gravemente culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de comportamiento que le eran exigibles, el Estado se exonera de la responsabilidad por los perjuicios que aquella hubiere podido causar. Premisa que se ha mantenido en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 que reza: “…El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)”. (Se destaca)

(…)

23.5. En este punto es menester aclarar que el análisis de la conducta de la víctima no implica un reproche de su culpabilidad como un elemento del tipo penal, sino un estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la óptica de la responsabilidad civil. En efecto, la Sala en decisión reciente afirmó que la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad o si la posibilidad de imputarle el daño se rompe con la existencia de una conducta de la propia víctima.

23.6. Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 dijo la Sala:

Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. (Se destaca)

23.7. De igual modo, la jurisprudencia de esta Corporación ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001. Así, señaló que:

(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, dieron lugar de manera clara e injustificada al hecho dañoso y asimismo a la configuración de la causal de exoneración, en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima.

24. Descendiendo al caso concreto se tiene que el 3 de septiembre de 1989, el Concejo de Ciénaga – Boyacá creó el “El Fondo Rotatorio Municipal de adoquinamiento de calles y carreras”, con el objeto de que la comunidad hiciera aportes tendientes a financiar el 50% de la adecuación de las calles del Municipio de Ciénaga, de suerte que el otro 50% sería financiado con dineros del presupuesto del ente territorial (v. parr. 20.1).

24.1. De lo anterior se infiere que el Concejo Municipal dispuso la creación de una especie de fondo comunitario que tenía como propósito principal el “adoquinamiento” de las calles de la población. No obstante la denominación, los aportes que debían hacer los ciudadanos no eran voluntarios, sino obligatorios, so pena de que el incumplimiento pudiera generar intereses y su cobro hacerse a través de la jurisdicción coactiva, hecho que asimilaba dichos pagos a una especie de contribución especial entendida como “un pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorización”, esto es, una clase de tributo.

24.2. Ahora, independientemente de la legalidad de la figura utilizada por el Concejo de Ciénaga para financiar la obra pública, y sin que sea del caso estudiar si el mencionado acuerdo estaba acorde a derecho, lo cierto es que la administración de los recursos que se recaudaran de los particulares estaban a cargo del Alcalde, el señor Pablo Antonio Parra y del tesorero, quienes tenían la obligación de velar por su adecuada destinación.

24.3. En este orden, se advierte que posteriormente, en el año 1992, el señor Pablo Antonio Parra Cepeda fue investigado penalmente con ocasión de una denuncia presentada por la Contraloría General de Boyacá, autoridad que evidenció una serie de irregularidades en el manejo de los dineros provenientes del “fondo de adoquinamiento”, cuando la mencionada persona se desempeñaba como alcalde del Municipio de Ciénaga – Boyacá, entre ellas, la destinación de la suma de $800.000 para subvencionar otra clase de rubros, especialmente el pago de unos equipos odontológicos y la construcción de un puente (v. párr. 20.2).

24.4. Al respecto, es preciso resaltar que el señor Parra Cepeda fue investigado en su condición de servidor público, esto es, cuando fungía como alcalde del Municipio de Ciénaga – Boyacá, conforme se acreditó dentro del proceso penal.

24.5. En este orden de ideas, le era aplicable al sindicado lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, según el cual la función administrativa se desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio de moralidad. Mandato que “no se circunscribe al fuero interno de los servidores públicos, sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad, en un momento dado, espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de diligencia, cuidado, absoluta transparencia, pulcritud y honestidad”. (Se destaca)

24.6 En ese sentido, se tiene que el ordenamiento superior le impone a los funcionarios públicos el deber de ejecutar sus actuaciones de forma diligente, transparente y pulcra, aspectos que le son exigibles en general a todos los agentes estatales.

24.7. Ahora, dentro del proceso penal se evidenció, sin lugar a dudas, que el señor Pablo Antonio Parra Cepeda destinó intencionalmente los recursos provenientes del “fondo de adoquinamiento” para financiar gastos que no tenían relación alguna con la adecuación de las calles del municipio, hecho que fue expresamente aceptado por el mismo inculpado dentro de la investigación, situación que puso de presente la Fiscalía 34 Seccional de Ramiriquí en la providencia del 29 de abril de 1994, al expresar que “el Alcalde Pablo Antonio Parra Cepeda, reconoce haber tomado del fondo de adoquinamiento la suma de ochocientos mil pesos para invertirlos en obras diferentes a las asignadas” (Se destaca) (v. párr. 20.11).

24.8. De esta suerte, más allá de que la Fiscalía General de la Nación haya considerado que no se presentaba la conducta típica penal de peculado por aplicación oficial diferente, por cuanto los dineros indebidamente destinados no habían ingresado al presupuesto del municipio, la Sala sí advierte que ello constituyó, desde la perspectiva civil, un comportamiento reprochable por parte del demandante, que alcanza los límites del dolo (v. párr. 20.19).

24.9. La razón de la anterior consideración, obedece a que sin importar si los recursos eran de origen privado, al señor Pablo Antonio Parra, en su condición de alcalde y administrador de los dineros de los ciudadanos, le era exigible el deber de manejar adecuadamente los recursos que en todo caso no le pertenecían y que por mandato del Concejo Municipal debían utilizarse para el adoquinamiento de las calles del Municipio de Ciénaga y no para otras obras públicas, las cuales debían contar con la respectiva disponibilidad presupuestal para ser ejecutadas.

24.10. La conducta así desplegada por el demandante no solo implicó un comportamiento descuidado, sino también premeditado por parte del señor Parra Cepeda quien al tomar “en calidad de préstamo” dineros cuya administración se le confió, actitud que de por sí y con independencia del origen o destinación de los recursos constituye un acto reprochable, que ejecutó el funcionario con pleno conocimiento e intencionalidad, aspectos que permiten recriminarle un actuar doloso, que si bien no alcanzó la categoría de punible desde la óptica del derecho penal, sí admite reproche en esta instancia al considerar que se trató, sin duda, de un hecho relevante para determinar el daño que padeció, consistente en la privación de la libertad a la que se vio sometido.

24.11. Dicho proceder no se espera de ningún administrador público, pues más que un descuido, las acciones del actor fueron producto de un obrar intencional y de un claro abuso de sus atribuciones, y de paso del artículo 6 de la Constitución Política, desconoció el propósito para el cual fue creado el “fondo de adoquinamiento” y destinó los dineros provenientes del mismo para sufragar obras con objetos distintos.

25. En consecuencia, la Sala concluye que hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, toda vez que se encuentra demostrada la causal exonerativa de culpa exclusiva de la víctima.

(…)”

Sea lo primero decir que en el escrito de tutela la parte demandante sostuvo que el Consejo de Estado incurrió en el desconocimiento del precedente judicial, no obstante, no señaló ni el número de radicado o fecha de al menos uno de los precedentes judiciales que consideró desconocidos, de modo que la Sala se releva de hacer estudio de dicho cargo.

En todo caso, basta leer la providencia del 2 de marzo de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, para advertir que el análisis del caso estuvo precedido por la exposición de la pacífica, uniforme y reiterada jurisprudencia, conforme con la cual, en los casos de privación injusta de la libertad, es posible aplicar el régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, que, como en todo régimen objetivo admite la exoneración de responsabilidad estatal en los eventos en que concurran causales exonerativas, circunstancia esta que fue el sustento la decisión que es objeto de censura. Luego, mal podría hablarse de decisión sin motivación.

Pese a que la sentencia penal fue absolutoria, la Sección Tercera del Consejo de Estado no podía pasar por alto que dentro el proceso existía evidencia de que el señor Parra Cepeda contribuyó con su conducta para que la medida de aseguramiento fuera impuesta por la autoridad judicial competente, en cumplimiento de un deber legal. Así pues, la eximente de responsabilidad fue sustentada en los conceptos de culpa grave y dolo, que, también estuvieron respaldados por posiciones jurisprudenciales debidamente consolidadas, como se transcribió ampliamente.

Ello para señalar que tampoco se evidencia la configuración de un defecto fáctico, pues de la lectura de la providencias cuestionada, se observa que hizo relación de todas las pruebas, incluida las providencias del 18 de diciembre de 1992, mediante la que se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y del 17 junio de 1998, que precluyó la investigación por el delito de aplicación oficial diferente, que adujo desconocidas. No obstante, lo cierto es que con independencia de que la Fiscalía General de la Nación concluyera que la conducta del señor Parra no se enmarcó en el tipo penal de peculado por aplicación oficial diferente - por cuanto los dineros indebidamente destinados no habían ingresado al presupuesto del municipio-, la autoridad judicial sí advirtió que ello constituyó, desde la perspectiva civil, un comportamiento reprochable por parte del demandante, que alcanzó los límites del dolo.

Quiere decir lo anterior los daños por la privación de la libertad se originaron en la culpa civil del demandante, circunstancia que claramente desvirtuó cualquier pretensión indemnizatoria, ante la configuración de la causal exonerativa de culpa exclusiva de la víctima, que liberó de responsabilidad al Estado.

Razones por las que tampoco resulta afortunado el argumento de que se omitió estudiar respecto de la actuación culposa de la Fiscalía General de la Nación y menos aún de la posible concurrencia de culpas.

Sumado a lo anterior, vale la plena aclarar que no existió omisión alguna de la autoridad judicial demandada en hacer pronunciamientos respecto de los elementos “imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad”, porque no son elementos propios de la culpa exclusiva de la víctima, como si de otras causales eximentes, tal es el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito.

Luego, se advierte que la inconformidad de la parte actora, más que por la configuración de algún defecto, tiene que ver con la interpretación hecha por la demandada de las normas y pruebas allegadas, lo cual condujo a que profiriera una decisión contraria a sus intereses, lo que desde ningún punto de vista constituye la vulneración de algún derecho fundamental.

Resulta necesario señalar que las providencias que versan sobre la interpretación y aplicación del derecho, no pueden, en principio, ser objeto de control constitucional en sí mismas por vía de tutela, si en ellas no se configura uno de los requisitos de procedibilidad, producto de una actuación abiertamente caprichosa frente al orden jurídico por parte de la autoridad judicial, que genera la violación de derechos fundamentales.

En el sub lite, no se advierte entonces que las autoridades judiciales demandadas hayan adoptado decisiones arbitrarias o caprichosas, ni trasgresoras de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama.

Así las cosas, se impone negar la solicitud de amparo que ejerció el señor Pablo Antonio Parra Cepeda y otros, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta- Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Negar la solicitud de amparo que ejerció el señor Pablo Antonio Parra Cepeda y otros, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folio 136. El Juzgado Dieciocho de Instrucción Criminal de Ramiriquí se transformó en la Fiscalía Treinta y Cuatro Seccional de Ramiriquí. Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01. Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271). Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA. Sentencia SU-424 de 2012. Sentencia T-233 de 2007. Sentencia T-015 de 2012, de 20 de enero de 2012, Corte Constitucional. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 20314, MP. Stella Conto Díaz del Castillo, el Consejo de Estado expresó: “Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado finalmente no desvirtúa la presunción de inocencia, patrimonialmente debe responder por los perjuicios ocasionados a quienes se afecte con el proceso judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, expediente 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia C–100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Corte Constitucional, sentencia C–430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero. Cfr. Corte Constitucional, sentencia 545 de 1994. Corte Constitucional, sentencia C-046 de 10 de febrero de 1994, exp. D-343, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre la moralidad administrativa en sus múltiples facetas, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 2010-02404-01(AP), C.P. Stella Conto Días del Castillo. Acorde con el artículo 6 de la Constitución Política: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. Así lo consideró la Corte Constitucional en Sentencias T-073 de 1997, C-836 de 2001 y T-698 de 2004, al sostener que no toda discrepancia interpretativa -defecto sustantivo- conlleva, prima facie, la ocurrencia de una vía de hecho. Las posibles diferencias de interpretación, sustentadas en un principio de razón suficiente, no pueden ser calificadas entonces como vías de hecho, pues, la eventual disparidad de criterios sobre un mismo asunto no implica un desconocimiento per se de la juridicidad.

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