Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00711-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00711-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00711-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
Ejecutante: Juan Carlos Sua Rodríguez
Ejecutado: Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos
Tema: Ejecutivo laboral. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia proferida el 16 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual ordenó seguir
adelante la ejecución.
ANTECEDENTES
El señor Juan Carlos Sua Rodríguez interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se
cumplan las sentencias proferidas el 8 de septiembre de 2015 y el 12 de octubre de
2017, por Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado,
respectivamente, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento de horas extras, de
los recargos nocturnos, el reajuste del trabajo en dominicales y festivos y la
reliquidación de las cesantías.
PRETENSIONES
Solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por lo siguiente:
«PRIMERA: Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra de BOGOTÁ DC. -
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE
BOGOTÁ, y a favor del señor JUAN CARLOS SUA RODRÍGUEZ, por la suma de
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS ($57.611.490) Mcte, por concepto de capital pendiente de cancelar
por la UAECOB, al liquidar, reliquidar y ordenar pagar, en forma parcial e incompleta, por
el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2008 y el 30 de septiembre de 2018,
la suma de sesenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y
siete pesos ($62.768.787) Mcte, que corresponden cincuenta y siete millones quinientos
cincuenta y dos mil seiscientos cuatro pesos ($57.552.604) Mcte, por concepto de
liquidación de horas extras y reliquidación de recargos, adicionalmente cinco millones
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
doscientos dieciséis mil ciento ochenta y tres pesos ($5.246.183) Mcte, por concepto de
reliquidación de cesantías, (…).
SEGUNDA: Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar la
sima de dinero de VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL VEINTITRÉS
PESOS ($21.136.023) MCTE, por los intereses moratorios, sobre el capital pagado de
sesenta y dos millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete pesos
($62.768.787) Mcte, que corresponden a cincuenta y siete millones quinientos cincuenta
y dos mil seiscientos cuatro pesos ($57.552.604) Mcte, por concepto de liquidación de
horas extras y reliquidación de recargos, adicionalmente cinco millones doscientos
dieciséis mil ciento ochenta y tres mil pesos ($5.216.183) Mcte, por concepto de
reliquidación de cesantías (…).
TERCERA: Incluir también en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
intereses moratorios sobre el capital insoluto o pendiente de cancelar, es decir, sobre
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS ($57.611.490) Mcte,, desde el día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia (…), es decir, desde el 04 de noviembre de 2017 hasta la fecha del total de la
obligación, liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera
obrante en la certificación que se allega con la demanda.»
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
mediante sentencia del 8 de septiembre de 2015, adicionada el 9 de diciembre de 2015
declaró la nulidad de los actos administrativos atacados y accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A por fallo del 12 de octubre
de 2017 modificó la decisión y condenó a la entidad a reconocer, liquidar y pagar desde
el 8 de septiembre de 2015: i) 50 horas extras diurnas, ii) los recargos nocturnos por
las horas, iii) el reajuste de los dominicales y festivos laborados y iv) la reliquidación de
las cesantías.
Que el 9 de marzo de 2018 solicitó el cumplimiento de la sentencia.
Que mediante Resolución 031 del 9 de enero de 2018 la entidad ejecutada dio
cumplimiento a las sentencias y por Oficio del 29 de noviembre de 2018 se remitió la
liquidación de la condena por lo que el 11 de febrero de 2019 se realizó un pago parcial
sin reconocer intereses moratorios.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 26 de mayo de
2023 libró mandamiento ejecutivo por las siguientes sumas:
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
• $99.753.325 valor que corresponde a las diferencias no pagadas por concepto de
horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales y reliquidación del auxilio de
cesantías.
• $60.638.455,36, por intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la
sentencia hasta el 30 de abril de 2023.
• Por la suma que arrojen los intereses que se continúen causando sobre el valor del
capital, esto es, de $99.753.325 desde el 1.º de mayo de 2023 y hasta que se realice
el pago total de la obligación.
La entidad ejecutada propuso la excepción de pago bajo el entendido de que expidió
un acto administrativo a través del cual dio cumplimiento y se ordenó realizar la
correspondiente liquidación, por lo que al ejecutante se le pagó lo que en derecho
correspondía.
Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó «no hay causación de
intereses de mora adicionales» y «deducciones de aportes a pensión» las cuales fueron
rechazadas por auto del 6 de octubre de 2023.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución por las sumas que a continuación
se relacionan:
• $41.885.191 por concepto de diferencias adeudadas del trabajo suplementario y
cesantías.
• $51.852.158,12 por concepto de intereses causados sobre el capital correspondiente
hasta la ejecutoria de las sentencias.
• $20.541.543,85, por concepto de intereses de mora causados sobre el capital
generado con posterioridad a la ejecutoria de las sentencias base de recaudo.
• Por las sumas que arrojen los intereses que se sigan causando sobre el capital
adeudado.
El Tribunal estableció el periodo a liquidar, relacionó los salarios, el total de horas
laboradas mensualmente, el recargo ordinario nocturno, recargo festivo diurno y
nocturno que fueron certificados por la entidad para a continuación descontar los
valores pagados al señor Sua Rodríguez con ocasión de la liquidación efectuada sobre
una jornada máxima de 240 y no de 190 horas.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
Expresó que descontando lo que la UAECOB pagó al señor Juan Carlos en virtud de
las Resoluciones 031 del 9 de enero de 2018 y 047 del 23 de enero de 2019,
$57.552.604, así como de cesantías $5.216.183, monto que ascendió a la suma total
de $62.768.787, el que fue pagado los días 11 de febrero y 23 de julio de 2019, el
capital adeudado al ejecutante corresponde a:
Que teniendo en cuenta que las sentencias quedaron ejecutoriadas el 3 de noviembre
de 2017, y que el ejecutante presentó la solicitud de cumplimiento el día 9 de marzo de
2018, hubo interrupción en la causación de los intereses, por lo que se liquidan desde
el 4 de noviembre de 2017 hasta el 4 de febrero de 2018 (tres primeros meses) y se
reanudan el 9 de marzo de 2018.
Sobre los intereses moratorios, dijo que se causaron sobre las diferencias indexadas
que resultaron por concepto de horas extras, recargos por trabajo en días dominicales
y festivos (luego de efectuados los descuentos a seguridad social) y reliquidación del
auxilio de cesantías, hasta la ejecutoria de la sentencia, es decir, $90.577.984; sin
embargo, dado que los días 11 de febrero y 23 de julio de 2019 se realizaron pagos
parciales por las sumas de $57.552.604 y $5.216.183, respectivamente, desde la última
de estas fechas y hasta el mes anterior a esa providencia, los intereses moratorios se
calculan sobre la suma de $27.809.197, adeudándose por este concepto
$51.852.158,12.
Los consideró causados desde el 4 de noviembre de 2017 hasta el 31 de enero de
2019, fecha en la cual el ejecutante dejó de laborar por el sistema de turnos, que
también se causaron intereses sobre las diferencias en mención, las que se siguen
generando hasta la actualidad, dado que la entidad no ha efectuado el pago del capital
causado durante dicho periodo, por lo que este segundo capital asciende a
$14.075.994 por lo que los intereses corresponden a $20.714.084,18.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
RECURSO DE APELACIÓN
La entidad ejecutada interpuso recurso de apelación argumentando que la liquidación
es imprecisa pues no descuenta los valores que ya se habían cancelado por parte de
la UAECOB y que sí fueron tenidos en cuenta en la liquidación que se aportó por la
entidad. Así, la diferencia entre ambas liquidaciones se sustenta en que la entidad
contempló en el cálculo, las horas que efectivamente se adeudan y no la totalidad de
la certificación.
Insiste en que la entidad canceló en favor del ejecutante la suma que arrojó la
liquidación realizada, la cual se efectuó contemplando los límites señalados en la ley y
en las sentencias base del título ejecutivo; por lo que, el reconocimiento de sumas
adicionales a la liquidación efectuada por la entidad sería desconocer una providencia
judicial en firme, que es inmutable.
Cuestiona que se evidencian inconsistencias en la liquidación efectuada, al reliquidar
los factores laborales pendientes por cancelar, relacionadas con el número de horas
que se toman en cuenta para determinar los recargos del 35%, 200% y 235%, puesto
que se toman todas y cada una de las horas certificadas sin descontar las que
realmente quedan pendientes por cancelar.
Afirma que al liquidar y tener como no canceladas todas y cada una de las horas
laboradas por el demandante, es pretender pagar doble las horas ya pagadas, lo cual
sería una lesión al patrimonio de la entidad por el cobro de lo no debido al cancelar
nuevamente la totalidad de los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y
festivos, la reliquidación de las cesantías, entre otros emolumentos.
Que al proponerse la excepción de pago allegando las resoluciones y liquidaciones que
acreditaban está circunstancia, lo que le correspondía al juez de conocimiento era darle
valor a las mismas y dar por terminado el proceso por pago, no obstante, dentro de la
liquidación base para proferir sentencia, el Tribunal se apartó del análisis que efectuó
la entidad en sede administrativa y que no fue objeto de reproche alguno por el señor
Sua Rodríguez, puesto que dicha liquidación se ajustó a derecho al relacionar como
base únicamente las horas pendientes de pago.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
Sobre la causación de intereses, dijo que esta se predica de las cantidades líquidas, si
se encuentran debidamente determinadas, esto es, la cuantía exacta de la obligación
en la providencia materia de ejecución, por ende, como ese suceso no se presenta en
el título materia de recaudo, es decir, que tales emolumentos salariales no quedaron
en concreto en la respectiva sentencia y, por esa misma razón, hasta que no exista la
certeza sobre la cantidad de dinero que se debe pagar, no surge el rédito moratorio
implorado.
Que en el evento de considerar fundada la condena por ese concepto, se solicita
atender las enseñanzas jurisprudenciales del Consejo de Estado, en procesos contra
la entidad, es decir, determinar la norma aplicable para liquidar los intereses moratorios,
conforme a la norma que se encuentre vigente al momento de su causación.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Se admitió el recurso el 29 de agosto de 2024. La parte ejecutante allegó escrito en el
que solicitó despachar de manera desfavorable los argumentos del recurso de
apelación. La ejecutada y el Ministerio Público guardaron silencio.
El 2 de febrero de 2025 el consejero de Estado Juan Camilo Morales Trujillo manifestó
impedimento el cual fue declarado fundado por auto del 7 de abril de 2025.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Generalidades del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado a
hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se encuentre
contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de la obligación
deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este ya ha
sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En efecto, el instrumento
base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo. Al respecto, el
artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo
306 del CPACA, dispone:
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o
de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia
de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia
judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas
o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la
ley. […].» (Resaltado fuera del texto).
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
El artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros, las
sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas
dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le corresponde
proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago, conforme lo dispone
el 430 del CGP.
Igualmente, conforme lo permite el artículo 442, el ejecutado puede presentar las
excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar sin
fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las ha
definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida en el
título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1
Régimen de intereses de mora aplicable por condenas impuestas en virtud del
CCA2
En lo que concierne a la norma aplicable para la liquidación de los intereses moratorios
cuando existe tránsito de legislación, la Sección Segunda del Consejo de Estado 3 había
optado por aplicar la posición desarrollada por la Sala de Consulta y Servicio Civil de
esta Corporación el 29 de abril de 2014,4 en el sentido de que si el fallo objeto de
ejecución fue proferido cuando regía el Decreto 01 de 1984, pero el tiempo para su
cumplimiento se difirió incluso después de haberse derogado por el CPACA, los intereses
de mora serán liquidados con base en las normas que se encuentren vigentes durante
su causación, por lo que respecto de las providencias que quedaron ejecutoriadas
antes del 2 de julio de 2012 –de acuerdo al artículo 308 del CPACA–, la respectiva mora
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009,
radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo
J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las
excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de
elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
2 Se retoman acá los argumentos expuestos en la sentencia proferida por esta Subsección el 31 de agosto de 2023
en el asunto con radicado 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022) y reiterados en la sentencia del 27 de
febrero de 2025, radicado: 05001-23-33-000-2019-01495-01 (3537-2024).
3 Ver también los siguientes pronunciamientos: i) del 1.º de diciembre de 2017, expediente 11001-03-15-000-2017-
02769-00(AC); ii) del 28 de noviembre de 2018, expediente 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16); iii) del 29
de agosto de 2019, expediente 25000-23-25-000-2016-00013-01(1949-18); iv) del 02 de abril de 2020, expediente
76001-23-33-000-2015-01486-01 (0116-2018); v) del 9 de septiembre de 2021, expediente 17001-23-33-000-2018-
00112-01(6127-19); vi) del mismo día, mes y año, expediente 25000-23-42-000-2020-00219-01 (2313-2021); vii) del
27 de enero de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00154-01 (4843-2019); viii) del 10 de marzo de 2022,
expediente 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020); ix) del 7 de julio de 2022, expediente 25000-23-42-000-
2016-04077-01 (1968-2019); y x) del 1.º de septiembre de 2022, expediente 05001 23 33 000 2017 02073 01 (6610-
2019).
4 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 2014, radicado: 11001-03-06-
000-2013-00517-00 (2184).
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
se tasará, en una parte, según a lo dispuesto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984,
y, la otra parte, conforme a la Ley 1437 de 2011.5
Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 20 de octubre
de 2014,6 concluyó que: i) las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA
y cuya sentencia también se dictó antes, causan intereses de mora, en caso de retardo
en el pago, conforme al artículo 177 del CCA; ii) las demandas instauradas antes de la
vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan intereses de mora, en
caso de retardo en el pago, conforme al artículo 177 del CCA, y la entrada en vigencia
del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición expresa del artículo 308 de
este último estatuto; y iii) Los procesos iniciados en vigencia del CPACA, y desde luego
la sentencia se dicta conforme al mismo, causan intereses de mora conforme al artículo
195 del CPACA.
Pues bien, la Subsección no comparte que el régimen de los intereses moratorios deba
definirse a partir de las normas que se encuentren vigentes durante su causación, por
cuanto el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 determinó que aquel código sólo se
aplicaría a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así
como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada de
su vigencia y que los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las
demandas y procesos en curso a la vigencia de la Ley 1437 de 2011 seguirían
rigiéndose y culminarían de conformidad con el régimen jurídico anterior, esto es, el
CCA.
Lo anterior, debido a que el sentido de la norma de transición del artículo 308 era claro:
las disposiciones del CPACA –que incluyen la regulación de los intereses de mora-
rigen los procesos nuevos, lo que comprende la sentencia y sus efectos; en cambio,
las normas del CCA rigen los procesos anteriores, lo que también incluye la sentencia
y sus efectos. Por tanto, si el régimen de intereses de mora es diferencial en ambos
estatutos, así mismo se aplicarán según la normativa que rigió el proceso.7
También resulta improcedente combinar los regímenes de intereses de ambos
estatutos -lo que sucedería cuando el pago de una sentencia dictada en un proceso
regido por el CCA termina cubierta por la norma de intereses del CPACA-, porque esta
mixtura no hace parte de la filosofía con que el artículo 308 de la Ley 1437 separó las
dos normativas, independientemente de los efectos, positivos o negativos, que ello
genere para el deudor.8
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 9 de septiembre de 2021, radicado: 25000-23-42-
000-2020-00219-01 (2313-2021).
6 Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente: 52001-23-31-000-2001-
01371-02 (AG), CP. Enrique Gil Botero.
7 Ibidem.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de julio de 2021 en el expediente 05001-23-33-000-2019-01705-
01 (66.814).
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
Resolución del caso concreto
Uno de los motivos de inconformidad que propone la entidad ejecutada tiene que ver
con que la liquidación que tuvo en cuenta el Tribunal para proferir la decisión es
imprecisa, pues no descuenta los valores que ya se habían cancelado por parte de la
UAECOB y que sí fueron tenidos en cuenta en la liquidación que se aportó y que fue el
fundamento de lo que se pagó al ejecutante conforme los límites legales y los
plasmados en el título.
La Subsección considera que estos argumentos no tienen vocación de prosperidad
porque, si bien el ejercicio matemático de la primera instancia tuvo en cuenta el total
de horas certificadas en el expediente, no es menos cierto que para establecer el valor
de la obligación contenida en las sentencias, descontó aquellas sumas pagadas por la
entidad con ocasión de la liquidación efectuada sobre una jornada de 240 horas, lo que
quiere decir que no se está ejecutando un pago doble, porque, se insiste el Tribunal
restó aquellos valores ya canelados por la UAECOB.
Adicionalmente, en la sentencia apelada se concluyó que el pago realizado en
cumplimiento a la orden judicial con fundamento en las Resoluciones 031 del 9 de
enero de 2018 y 047 del 23 de enero de 2019, fue imperfecto por lo que la obligación
contenida en el título no se tenía satisfecha, escenario que permitió seguir adelante la
ejecución.
Entonces, aunque la entidad insiste en que el pago realizado conforme a la liquidación
realizada en los actos administrativos de cumplimiento se hizo contemplando los límites
señalados en la ley y en las sentencias base del título, lo que se determinó en la
decisión recurrida, es que dicho pago fue insuficiente para satisfacer la obligación
reclamada, lo que impide dar por terminado el proceso por pago.
Repárese que la dinámica de este tipo de asuntos permite al juez, entre otros aspectos,
analizar los elementos probatorios traídos al expediente para verificar si la obligación
que se encuentra contenida en el título ha sido o no satisfecha, para que bajo este
presupuesto pueda considerar si es indispensable avanzar en las etapas procesales.
También discute la parte recurrente unas presuntas irregularidades relacionadas con
el número de horas que se tomaron en cuenta para determinar los recargos del 35%,
200% y 235%, puesto que se toman todas y cada una de las horas certificadas sin
descontar las que realmente quedan pendientes.
En este punto es importante destacar que las sentencias que se invocan como título
ordenaron el reajuste de los recargos, por cuanto la fórmula tenida en cuenta por la
entidad no era la correcta, entonces para llevar cabo las operaciones matemáticas a
fin de determinar el monto de la obligación, se hace necesario tomar las horas
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
efectivamente laboradas y establecer su valor conforme la fórmula correcta, luego de
ello es claro que al resultado obtenido debe restársele aquellas sumas pagadas
indebidamente al ejecutante.
Frente al punto, en la sentencia del 12 de octubre de 2017 que se invoca como título
se precisó lo siguiente:
«[…] La entidad apelante manifestó que el Tribunal al emitir la condena desconoció los
valores ya pagados al demandante. Pues bien, la Sala encuentra que la sentencia no fue
clara al señalar que los pagos a realizar deben ser las sumas que resulten en favor del
demandante luego de restar los cancelado a este por la demandada.
Por tanto, la Subsección considera necesario precisar este punto a efectos de evitar
confusiones. En consecuencia, debe entenderse que en la orden dada por el Tribunal no
se impuso a la entidad la obligación de pagar el reajuste ordenado sin el descuento
respectivo de lo que ya se había cancelado.»
En consecuencia, revisada la liquidación elaborada por el Tribunal, efectivamente se
advierte que los valores ya pagados por la entidad por concepto de recargos fueron
descontados en las operaciones matemáticas para finalmente establecer el monto de
la obligación, razón por la cual este planteamiento no permite variar lo resuelto en la
primera instancia.
Indica además la entidad que la causación de intereses se predica de las cantidades
líquidas, si aquellas se encuentran debidamente determinadas, esto es, la cuantía
exacta de la obligación en la providencia materia de ejecución.
Frente a este punto la Subsección advierte que para que proceda la liquidación de los
intereses en el proceso ejecutivo, no se debe partir de la existencia de una suma
específicamente determinada en el título ejecutivo, pues bastan los parámetros allí
contenidos respecto de la obligación principal para poder determinar el valor de los
intereses moratorios correspondientes, razón por la cual no prospera este punto del
recurso.
Como último argumento de censura, la entidad recurrente indica que la norma aplicable
para liquidar los intereses moratorios es aquella que se encuentre vigente al momento
de su causación.
Revisado el estudio de los intereses moratorios llevado a cabo por el Tribunal se
observa que se tuvo en cuenta la teoría de la causación para liquidarlos, con respecto
a este debe considerarse que tal como se definió en la parte normativa y jurisprudencial
de esta providencia, esta Subsección cambió la posición que hasta el momento se
había venido desarrollando sobre el régimen de los intereses moratorios a través de la
teoría de la causación, con el objeto de señalar que debe acudirse a la fecha de
instauración de la demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
determinar cuál es la normativa aplicable en dicho sentido, esto es, si fue presentada
antes o después de la vigencia del CPACA.
En efecto, si la demanda ordinaria se instauró antes de la entrada en vigencia del
CPACA, los intereses moratorios que corresponde liquidar en el proceso ejecutivo son
aquellos del artículo 177 del CCA, pero si esta fue interpuesta después de la entrada
en vigencia del CPACA, los intereses moratorios son los del artículo 195 del CPACA.
Bajo el anterior entendido, se tiene que la demanda ordinaria objeto del presente
proceso ejecutivo fue radicada el 21 de febrero de 2012.9 Igualmente, la sentencia de
primera instancia del 21 de septiembre de 2015 en sus ordinales tercero y cuarto indicó
que la entidad debía dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo conforme lo establecido
en los artículos 176 y 177 del CCA. Dicha providencia fue confirmada el 12 de octubre
de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Segunda quedando ejecutoriada el 3 de
noviembre de 2017.
A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta que el título de recaudo lo constituye una
providencia judicial, el proveído impugnado deberá ser modificado, por cuanto la tasa
de mora aplicable para el crédito reconocido en el título judicial de la referencia es
aquella vigente al momento de la instauración de la demanda ordinaria, esto es, el
artículo 177 del CCA y no las normas que se encontraban vigentes durante la causación
de los intereses.
En consecuencia, se modificará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca bajo el entendido de que se debe seguir adelante con la ejecución, pero
para efectos de liquidar los intereses la tasa de mora aplicable para el crédito
reconocido en el título judicial es aquella vigente al momento de la instauración de la
demanda ordinaria, esto es, el artículo 177 del CCA.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 en el que se indica que dicha
declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el presente
caso, aplicando el criterio anunciado y observando los argumentos esbozados por la
recurre en sus distintas intervenciones, no se presenta tal supuesto, por el contrario,
en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses, de manera que no se impondrá condena en costas en esta instancia.
9 Conforme se observa en el índice 1 de SAMAI de las actuaciones del proceso ordinario radicado 25000-23-25-
000-2012-00375-00.
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00711-01 (2467-2024)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. MODIFICAR los literales iii) y iv) del numeral primero de sentencia proferida
el 16 de febrero de 2024 por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, que ordenó seguir adelante la ejecución bajo el entendido de
que, para efectos de liquidar los intereses, la tasa de mora aplicable para el crédito
reconocido en el título judicial es el artículo 177 del CCA, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
Segundo: CONFIRMAR en lo demás la decisión recurrida.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Impedido
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