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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-33-42-051-2019-00310-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-33-42-051-2019-00310-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 27 de octubre de 2022, que declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-33-42-051-2019-00310-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 11001-33-42-051-2019-00310-01 (2386-2023)
Demandante: Héctor Daniel Romero Romero
Demandado: Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos

Temas: Ejecutivo laboral – Excepción de pago – Régimen intereses
moratorios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual declaró no
probada la excepción de pago y dispuso seguir adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

El señor Héctor Daniel Romero Romero, interpuso demanda ejecutiva con el fin de
que se cumplan las sentencias proferidas el 29 de noviembre de 2012 y el 27 de
noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, respectivamente.

PRETENSIONES

Solicitó, se librara mandamiento ejecutivo por lo siguiente: i) $124.333.864 por
concepto de capital indexado hasta la ejecutoria de la sentencia del 27 de noviembre
de 2014 y ii) por los intereses moratorios.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
mediante sentencia del 29 de noviembre de 2012, ordenó al Distrito Capital – Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá el reconocimiento y
pago del trabajo que exceda las 220 horas mensuales, como horas extras (diurnas,
nocturnas, extras festivas ordinarias, extras festivas nocturnas) laboradas a partir
del 3 de noviembre de 2006 y la reliquidación de las prestaciones sociales. La
anterior providencia fue recurrida en apelación y la Sección Segunda del Consejo
de Estado la modificó el 27 de noviembre de 2014 y ordenó el pago del trabajo que
exceda de 190 horas mensuales desde noviembre de 2006.

Mediante Resolución 326 del 2 de junio de 2015, se dio cumplimiento a los fallos
judiciales.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante providencia del 12 de agosto de 2021 libró mandamiento ejecutivo contra
el Distrito Capital – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos y a favor del señor Héctor
Daniel Romero Romero por lo siguiente: i) $86.233.058, por capital indexado
generado desde el 3 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2014, y ii) por
intereses moratorios causados sobre el capital indexado.

La demandada se opuso, con fundamento en las siguientes excepciones:

i) Pago. Dice que, dio cumplimiento a la orden judicial y que para determinar las
sumas a pagar debía tenerse en cuenta: (i) la base para liquidar las horas extras y
los recargos es de 190 horas mensuales, (ii) las horas que superen las 190 horas
mensuales deberán reconocerse como horas extras con un límite máximo de 50
horas al mes, (iii) no hay lugar al reconocimiento de compensatorios por exceso de
horas extras ni por trabajo en dominicales y festivos pues estos ya fueron
disfrutados, (iv) deben efectuarse los respectivos descuentos por concepto de
aportes a seguridad social y (vi) la entidad solamente está en la obligación de pagar
las diferencias que surjan, toda vez que, deben deducirse los valores ya cancelados
por la entidad bajo la base de las 240 horas.

ii) Compensación. Lo correcto es partir de la base legal, teniendo en cuenta que
las 190 horas iniciales obedecen a la jornada máxima, para luego establecer si
dentro de esa jornada existen horarios nocturnos, en dominicales y festivos y luego
verificar las 50 horas extras y en qué jornada se prestó ese servicio suplementario,
contrario a la ejecución en donde se liquidan todas las horas de cada mensualidad
(15 días X 24 horas), es decir, que se procede a liquidar 360 horas al mes o, incluso,
más horas.

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 27 de octubre de 2022 declaró no probadas las excepciones
de pago y compensación y dispuso seguir adelante la ejecución, expresando que
no existe duda alguna de las órdenes dadas y de que no es el juicio ejecutivo el
momento para cuestionarlas, pues conforme lo dijo el Consejo de Estado, el actor
tiene derecho a que se le paguen los recargos nocturnos dominicales y festivos, por
el hecho del día y hora en que presta sus servicios, pagos que no están limitados,
ya que sencillamente el trabajador las recibe como imposición en el sistema de
turnos y deben ser remunerados.

Que a la entidad la liquidación le arrojó un valor inferior que el que propone el
ejecutante, toda vez que incluyó las horas extras como se ordenó en la sentencia,
pero solo reajustó los recargos nocturnos, dominicales y festivos causados dentro
de la jornada máxima legal, dejando sin reajuste los causados por fuera de dicha
jornada, aun cuando los liquidó y pagó en su oportunidad, aunque de manera
errónea.

Que existiendo saldos a favor del actor por horas extras y recargos además
correspondía a la entidad reliquidar las cesantías, no hay lugar a declarar probada
la excepción de pago, aunque sí de un pago parcial, que implicaría que de las sumas
adeudadas se puedan válidamente descontar imputados a capital, los $41.502.051
que manifestó haber recibido el demandante.

Que no es de recibo el argumento de que como la sentencia no se liquidó en
concreto, no puede generar intereses de mora, pues lo cierto es que si no se dio
una cifra exacta a pagar, se expusieron los parámetros para que se liquidara lo
adeudado con fundamento en el CCA.

Se ordenó seguir adelante la ejecución.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la
referida sentencia, argumentando que no se comparte la decisión debido a que la
UAE procedió a dar cumplimiento a la orden impuesta en la sentencia y pagó la
suma de $41.502.051.

Que la sentencia para efectos de determinar el valor de la reliquidación de los
recargos omitió tener en cuenta que únicamente eran aplicables los periodos
nocturnos, dominicales o festivos que se hubieran desarrollado dentro de la jornada

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

de 44 horas semanales sobre la base de 190 horas al mes.

Que frente al reconocimiento de los intereses se debe proceder conforme lo
establece la Circular Externa 10 del 18 de noviembre de 2014, esto es, aplicar la
tasa de mora vigente al momento en que se incurre en la mora de pago de las
obligaciones dinerarias frente a los créditos legalmente reconocidos en sentencias
condenatorias, conforme a las reglas de para la aplicación de la tasa de interés.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 24 de mayo de 2023.

Ni las partes ni el agente del ministerio público se pronunciaron.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico se circunscribe
a establecer si el tribunal debió declarar probada la excepción de pago y cuál es el
régimen de intereses aplicable.

Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1

Caso concreto

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

• El 29 de noviembre de 20122, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Héctor Daniel
Romero Romero contra el Distrito Capital – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá, mediante la cual dispuso:

[…] SEGUNDO: CONDÉNASE a BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE GOBIERNO
DISTRITIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ a reconocer y pagar al señor HECTOR (sic) DANIEL
ROMERO ROMERO el trabajo que exceda las 220 horas mensuales, como horas
extras (diurnas ordinarias, extras festivas ordinarias, extras festivas nocturnas)
laborados por el período de 3 de noviembre de 2006, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia y tomando como base para la liquidación una
jornada mensual de 220 horas.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
2 Folios 23 a 48.

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

A la suma que resulte deber la demandada al actor, deberá descontar las sumas
pagadas como recargo del 35% en cuya liquidación tomo (sic) como jornada mensual
240 horas sin que existiera causa legal para el efecto.

TERCERO: CONDÉNASE a BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE GOBIERNO
DISTRITIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ a reconocer y pagar al señor HECTOR (sic) DANIEL
ROMERO ROMERO la reliquidación de las prestaciones sociales (prima de navidad,
prima de vacaciones, prima de riesgo y vacaciones) causadas a partir del 3 de
noviembre de 2006.

CUARTO: CONDÉNASE a BOGOTÁ D.C. – SECRETARÍA DE GOBIERNO
DISTRITIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE BOGOTÁ a reconocer y pagar al señor HECTOR (sic) DANIEL
ROMERO ROMERO la reliquidación de las cesantías e intereses a las cesantías
causadas a partir del 3 de noviembre de 2006.

[…]

• El 27 de noviembre de 20143, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, modificó el numeral segundo en el siguiente sentido:

[…] CONDÉNASE al Distrito Capital de Bogotá D.C - Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a reconocer y pagar al señor HECTOR (sic)
DANIEL ROMERO ROMERO, el trabajo que exceda de 190 horas mensuales y para
ello liquidará y cancelará las horas extras con sus descansos compensatorios – si
hubiere lugar -, la remuneración por su trabajo en días de descanso obligatorio,
dominicales y festivos, así como los recargos tanto ordinarios como festivos nocturnos
que hubiere laborado, desde noviembre de 2006, en la forma motiva de esta
providencia.

Para el efecto, se deducirán los días de descanso remunerado, las vacancias,
licencias, permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado
al trabajador, y cancelará la diferencia que surja entre los valores cancelados por el
sistema que venía aplicando la entidad demandada y la orden que se impone.

De surgir alguna diferencia en perjuicio del actor frente a lo que se la ha venido
cancelando por la entidad y el reconocimiento efectuado a través de esta providencia,
no se ordenará devolución alguna.

[…]

• Por Resolución 326 del 2 de junio de 20154, el director de la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. dio cumplimiento a los fallos
y ordenó a la Subdirección de Gestión Humana realizar la liquidación en los términos
indicados en las sentencias.

3 Folios 54 a 78.
4 Folios 85 a 88.

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

• A través de Resolución 026 del 8 de enero de 20165 se resolvió el recurso de
reposición y mediante Resolución 094 del 2 de febrero de 20166 el de apelación.

• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, previo el trámite correspondiente,
profirió sentencia en el proceso ejecutivo donde declaró no probada las excepciones
de pago y compensación ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos
del mandamiento de pago.7

Conforme se indicó en precedencia la entidad ejecutada a través del recurso
propuesto discute que la decisión recurrida no tuvo en cuenta que eran aplicables
los periodos nocturnos, dominicales o festivos que se hubieran desarrollado dentro
de la jornada de 44 horas semanales sobre la base de 190 horas al mes. Por otro
lado, argumenta que dio cumplimiento a la orden impuesta en el título al haber
pagado la suma de $41.502.051.

Al respecto, se aprecia que, si bien la entidad recurrente pretende controvertir las
sumas consignadas en el fallo apelado, sus alegatos no logran desvirtuar los valores
tenidos en cuenta por el a quo.

En efecto, en la sentencia base de recaudo de segunda del 27 de noviembre de
2014, se expuso lo siguiente:

Ahora bien, como se concluye del marco normativo a que se ha hecho referencia y al
acervo probatorio, le asiste derecho al demandante al pago de las horas extras
laboradas que excedieron la jornada de 44 horas semanales, de acuerdo a las
previsiones señaladas en los artículos 35 y siguientes del Decreto 1042 de 1978.
siguiendo la orientación jurisprudencial vigente del Órgano de Cierre de la
Jurisdicción.

De igual manera en el fallo que ahora se recurre, el tribunal para determinar las
sumas que debían reconocerse con fundamento en el título invocado, de manera
puntual precisó:

De otra parte indica la ejecutada que no puede el actor pretender en su liquidación
mensualidades de 360 horas o más, sino únicamente de 240 horas, (190 legales y 50
extras), lo cual no guarda ninguna lógica, pues de un lado, esa misma entidad certifica
que el actor laboró dichas horas y en las horas transcurridas entre la 191 y 240 se las
tuvo como ordinarias sin serlo; y que en virtud de la providencia que se ejecuta, deben
ser pagadas como extras. Es decir, no puede aducirse que la jornada máxima legal
más las horas extras permitidas suman 240 al mes, y por consecuencia en meses
como marzo de 2008, cuando el actor trabajó 376, esas 136 que exceden, deba
perderlas, o trabajarlas sin ningún tipo de remuneración. […]

5 Folios 105 y 106.
6 Folios 108 y 109.
7 Folios 228 a 240.

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

No existe duda alguna de las órdenes dadas y de que no es el juicio ejecutivo el
momento para cuestionarlas, pues conforme lo dijo el Consejo de Estado, el actor
tiene derecho a que se le paguen los recargos nocturnos dominicales y festivos, por
el hecho del día y hora en que presta sus servicios, pagos que no están limitados, ya
que sencillamente el trabajador las recibe como imposición en el sistema de turnos y
deben ser remuneradas. […]

Luego, en la misma providencia, se explicó:

Aunque inicialmente en sede administrativa y al contestar la demande alegó que no
existía saldo a favor del ejecutante, lo cierto es que posteriormente, por Resolución
1446 de 29 de noviembre de 2019 le reconoció la suma de $41.502.051 […]

Nótese, además, que era del resorte de la parte recurrente especificar la presunta
equivocación en la que el tribunal habría incurrido al proferir el fallo, efectuando
reparos concretos sobre las sumas y valores utilizados en primera instancia.

Así las cosas, el argumento sobre el trabajo suplementario que propuso la UAE
pareciera más un alegato para ser debatido en el proceso ordinario que en el
escenario del ejecutivo, elemento adicional para despachar de manera desfavorable
esta proposición.

Frente al asunto sobre la excepción de pago, la Subsección considera que no le
asiste razón a la entidad por cuanto el tribunal, con fundamento en los documentos
allegados al plenario, encontró que, si bien la UAE había reconocido y pagado unas
sumas en cumplimiento de los fallos judiciales, los valores por los cuales se
promovió el proceso ejecutivo no han sido pagados en su totalidad, situación que
permitió declarar no probado el medio exceptivo.

Teniendo en cuenta entonces que de las diferencias salariales adeudadas con
fundamento en el título ejecutivo que se invoca (sentencias judiciales), no han sido
pagadas en su totalidad, menos aún con fundamento en los actos administrativos
allegados por la entidad ejecutada, era consecuente declarar no probada la
excepción de pago y continuar con la ejecución, tal como lo hizo el tribunal en la
providencia recurrida.

Ahora, en lo que concierne a la norma aplicable para la liquidación de los intereses
moratorios cuando existe tránsito de legislación, la Sección Segunda del Consejo
de Estado8 ha optado por aplicar la posición desarrollada por la Sala de Consulta y

8 Ver también los siguientes pronunciamientos: i) del 1.º de diciembre de 2017, expediente 11001-03-15-000-

2017-02769-00(AC); ii) del 28 de noviembre de 2018, expediente 23001-23-33-000-2013-00136-01(1509-16);
iii) del 29 de agosto de 2019, expediente 25000-23-25-000-2016-00013-01(1949-18); iv) del 02 de abril de 2020,
expediente 76001-23-33-000-2015-01486-01 (0116-2018); v) del 9 de septiembre de 2021, expediente 17001-
23-33-000-2018-00112-01(6127-19); vi) del mismo día, mes y año, expediente 25000-23-42-000-2020-00219-

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

Servicio Civil de esta Corporación el 29 de abril de 20149, en el sentido de que si el
fallo objeto de ejecución fue proferido cuando regía el Decreto 01 de 1984, pero el
tiempo para su cumplimiento se difirió incluso después de haberse derogado por el
CPACA, los intereses de mora serán liquidados con base en las normas que se
encuentren vigentes durante su causación, por lo que respecto de las providencias
que quedaron ejecutoriadas antes del 2 de julio de 2012 –de acuerdo al artículo 308
del CPACA–, la respectiva mora se tasará, en una parte, según a lo dispuesto en el
artículo 177 del Decreto 01 de 1984, y, la otra parte, conforme a la Ley 1437 de
2011.10

Sin embargo, es de resaltar que la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia del 20 de octubre de 201411, concluyó que: i) las demandas instauradas
antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan
intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA; ii)
las demandas instauradas antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta
después, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art.
177 del CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por
disposición expresa del art. 308 de este último estatuto; y iii) los procesos iniciados
en vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo,
causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA.

Pues bien, la Subsección no comparte que el régimen de los intereses moratorios
deba definirse a partir de las normas que se encuentren vigentes durante su
causación, por cuanto el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 determinó que aquel
código sólo se aplicaría a los procedimientos y las actuaciones administrativas que
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad
a la entrada de su vigencia y que los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la Ley
1437 de 2011 seguirían rigiéndose y culminarían de conformidad con el régimen
jurídico anterior, esto es, el CCA.

Lo anterior, debido a que el sentido de la norma de transición del artículo 308 era
claro: las disposiciones del CPACA –que incluyen la regulación de los intereses de
mora- rigen los procesos nuevos, lo que comprende la sentencia y sus efectos; en
cambio, las normas del CCA rigen los procesos anteriores, lo que también incluye

01 (2313-2021); vii) del 27 de enero de 2022, expediente 25000-23-42-000-2019-00154-01 (4843-2019); viii)
del 10 de marzo de 2022, expediente 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020); ix) del 7 de julio de 2022,
expediente 25000-23-42-000-2016-04077-01 (1968-2019); y x) del 1.º de septiembre de 2022, expediente
05001 23 33 000 2017 02073 01 (6610-2019).
9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de abril de 2014, radicado: 11001-03-

06-000-2013-00517-00 (2184).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 9 de septiembre de 2021, radicado: 25000-23-

42-000-2020-00219-01 (2313-2021).
11 Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 20 de octubre de 2014, expediente: 52001-23-31-000-

2001-01371-02 (AG), CP. Enrique Gil Botero.

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

la sentencia y sus efectos. Por tanto, si el régimen de intereses de mora es
diferencial en ambos estatutos, así mismo se aplicarán según la normativa que rigió
el proceso.12

Asimismo, es improcedente combinar los regímenes de intereses de ambos
estatutos -lo que sucedería cuando el pago de una sentencia dictada en un proceso
regido por el CCA termina cubierta por la norma de intereses del CPACA-, porque
esta mixtura no hace parte de la filosofía con que el artículo 308 de la Ley 1437
separó las dos normativas, independientemente de los efectos, positivos o
negativos, que ello genere para el deudor.13

En lo relacionado con la aplicación de las Circulares Externas 10 del 13 de
noviembre de 2014 y 12 del 22 de diciembre del mismo año proferidas por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,14 se tiene que las mismas
determinaron que la tasa aplicable entre la fecha de la ejecutoria y el 2 de julio de
2012 será de 1.5 veces el interés corriente bancario certificado por la
Superintendencia Financiera y que, a partir del 3 de julio de 2012 hasta la fecha del
pago, la tasa de mora aplicable será igual a la tasa de interés de los certificados de
depósito a término 90 días (DTF), certificada por el Banco de la República.

Al respecto, la Subsección señala que frente a las citadas Circulares se aplicará la
excepción de ilegalidad del artículo 148 del CPACA.15 Sobre esta figura, la Corte
Constitucional ha expresado que se circunscribe a la posibilidad que tiene un juez
administrativo de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su
conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior.16

Lo anterior, dado que entre los elementos de la naturaleza de la sentencia se
encuentra lo atinente a su cumplimiento (artículos 176 y 177 del CCA o artículos
192 y 195 del CPACA), por lo que el régimen de los intereses moratorios es el
determinado por el legislador a través del código que se encontraba vigente al
momento en que se instauró la respectiva demanda ordinaria y no pueden unas
circulares desconocer lo regulado en la Ley 1437, según lo previsto en el régimen
de transición del artículo 308 del CPACA.

12 Ibidem.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 9 de julio de 2021 en el expediente 05001-23-33-000-2019-

01705-01 (66.814).
14 A través del cual se adoptaron los lineamientos sobre pago de intereses de mora de sentencias, laudos y

conciliaciones.
15 «ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos
interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso
dentro del cual se adopte».
16 Corte Constitucional, Sentencia C-270 del 28 de julio de 2022 refiriéndose a la C-037 del 26 de enero de

2000.

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

De esta manera, se cambia la posición como se ha hecho en casos anteriores, sobre
el régimen de los intereses moratorios a través de la teoría de la causación con el
objeto de señalar que debe acudirse a la fecha de instauración de la demanda
ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, para determinar cuál es la normativa
aplicable en dicho sentido, esto es, si fue presentada antes o después de la vigencia
del CPACA.17

En otros términos, si la demanda ordinaria se instauró antes de la entrada en
vigencia del CPACA, los intereses moratorios que corresponde liquidar en el
proceso ejecutivo son aquellos del artículo 177 del CCA, pero si esta fue interpuesta
después de la entrada en vigencia del CPACA, los intereses moratorios son los del
artículo 195 del CPACA.

A partir del anterior entendimiento, y teniendo en cuenta que en el presente asunto
el título de recaudo lo constituye una providencia judicial, el proveído impugnado
será confirmado, por cuanto la tasa de mora aplicable para el crédito reconocido en
el título judicial de la referencia es aquella vigente al momento de la instauración de
la demanda ordinaria que dio origen al proceso ejecutivo, esto es, el artículo 177 del
CCA, tal y como lo resolvió la primera instancia y no las normas que se encontraban
vigentes durante la causación de los intereses.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.

17 Igual posición se adoptó en la sentencia del 31 de agosto de 2023 radicado25000-23-42-000-2017-01449-

02 (3101-2022).

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Radicado: 11001 33 42 051 2019 00310 01 (2386-2023)

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte recurrente propuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no
se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 27 de octubre de 2022, que
declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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