RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2016-02651-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02651-02

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02651-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 28 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro de la demanda ejecutiva promovida por la señora María Olga Gómez Hoyos contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación, improcedentes los medios de defensa de prescripción y de compensación propuestos por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, conforme se explicó en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Condenar a la parte demandada en costas en esta instancia, por las razones expuestas, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02651-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-02 (3148-2022)
Ejecutante: MARÍA OLGA GÓMEZ HOYOS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP

Temas: Ejecutivo laboral – indexación e intereses moratorios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 28 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio de la cual declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación,
improcedentes los medios de defensa de prescripción y de compensación
propuestos por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

• La demanda

La señora María Olga Gómez Hoyos interpuso demanda ejecutiva con el fin de que
se cumpla la sentencia del 24 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se ordenó la reliquidación de su
pensión gracia con todos los factores salariales.

Como consecuencia de lo anterior, la accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de $31.060.872, a
título de reajuste pensional; ii) la indexación estipulada en el artículo 177 del CCA1;
iii) los intereses moratorios del artículo 178 del CCA; iv) actualizar la mesada

1 Código Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

pensional al año 2016; y v) condenar en costas y agencias en derecho, de
conformidad con el artículo 365 del CGP.

• Hechos

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
Cajanal,2 con el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación gracia, teniendo
en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional.

Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 24 de octubre
de 2007, accedió a las referidas pretensiones. Que por Resolución PAP 047821 del
14 de abril de 2011, Cajanal acató las órdenes judiciales.

Que no se ha dado cumplimiento total a la obligación, por cuanto la mesada
pensional no ha sido actualizada, no se ha cancelado indexación e intereses
moratorios. A la fecha no se ha realizado ningún pago por parte de la entidad.

• Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales se señalaron los artículos 13, 306, 307, 361, 430 y 625 del CGP.3

La actora sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones, dado que
a partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social asumió
integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios,
así como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios
requeridos se deriven de solicitudes que deban estar tramitadas por Cajanal EICE
en Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el
Decreto 4269 del 8 de noviembre de 20114.

2 Caja Nacional de previsión Social.
3 Código General del Proceso.
4 La parte demandante invocó la sentencia proferida el 25 de marzo de 2015 por el Tribunal

Administrativo de Antioquia.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

• Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones:

i) Pago de la obligación. Dice que mediante la Resolución PAP 047821 del 14 de
abril de 2011 se reliquidó la pensión gracia a la señora María Olga Gómez Hoyos,
identificada con cédula de ciudadanía número 21.776.208, en cumplimiento al fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, de
fecha 24 de octubre de 2007, de conformidad con el fallo objeto de cumplimiento,
razón por la cual deberá cesar la ejecución por el concepto reclamado.

ii) Inexistencia del título ejecutivo. Que se evidencia el hecho de que ni en la
sentencia base de la ejecución ni en los autos de costas procesales se impuso la
obligación de cancelar intereses sobre el capital allí liquidado.

iii) Prescripción. Que solo en el caso de que el despacho resolviera acceder a las
pretensiones de la demandante, solicita sea tenida en cuenta la prescripción de
todas las acciones y derechos que hubieren sufrido este fenómeno, en razón del
transcurso del tiempo.

iv) Compensación. Que deben de tenerse en cuenta todas las sumas de dinero
que hubiese cancelado a la parte ejecutante, de conformidad con los artículos 1626
y ss. 1714 ss, del Código Civil, aplicable por analogía al procedimiento laboral y al
145 del Código Procesal del Trabajo.

• La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 28 de marzo de
2022, declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación, improcedentes
los medios de defensa de prescripción y de compensación propuestos por la entidad
demandada y dispuso seguir adelante la ejecución. Expresó que no aceptaba el
medio de defensa consistente en inexistencia del título ejecutivo, por cuanto si la
ejecutante adelanta proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario dentro
del cual se profirió sentencia base de recaudo, no será necesario aportar el título
ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario, sin embargo, la demandante
debe formular demanda ejecutiva con todos los demás requisitos correspondientes.

Que declaraba probada parcialmente la excepción de pago, comoquiera que, si bien
la entidad ejecutada procedió a reliquidar la pensión gracia de la ejecutante con la
inclusión de los factores indicados en la sentencia, lo cierto es que no se

3

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

evidenciaba que se haya efectuado indexación alguna, ni tampoco que se hayan
cancelado los intereses moratorios, tal y como lo ordenó la sentencia base de
recaudo.

Que no se configuraba la prescripción alegada como excepción, puesto que la
sentencia base de título, esto es, la sentencia proferida el 24 de octubre de 2007,
por la Sala Cuarta del Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, fue clara
en señalar en el numeral cuarto de la misma, lo concerniente a dicho fenómeno.

Que tampoco declaraba probada la excepción de compensación, dado que para
que la misma pueda prosperar, tanto ejecutante como ejecutada deben tener
calidad de deudores y acreedores, y en el presente asunto, la parte ejecutada no
allegó prueba de que la parte ejecutante le deba suma por concepto alguno de los
discutidos en el presente proceso ejecutivo, haciéndose entonces improcedente la
prosperidad de dicha excepción.

Que condenaba en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y, en consecuencia,
las agencias en derecho las fijaba en un 3% del valor de la condena cuyo
equivalente se indicará según la liquidación del crédito que se efectúe en debida
forma en el proceso, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo y su duración.

Se ordenó seguir adelante la ejecución a favor de la señora María Olga Gómez
Hoyos en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, como lo ordenó el auto
que libró mandamiento de pago del 21 de abril de 2021. Asimismo, resolvió que los
intereses moratorios deberán pagarse desde el 1.º de diciembre de 2008 y hasta la
cancelación total de la obligación.

• El recurso de apelación

La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia, expresando que no hay lugar a causación alguna de indexación e
intereses moratorios, por cuanto mediante la Resolución PAP 047821 del 14 de abril
de 2011 se canceló la obligación de forma oportuna. En tal sentido, se reliquidó la
pensión gracia de conformidad con el fallo del 24 de octubre de 2007.

Que mediante la Resolución 27843 del 21 de noviembre de 2000 se reliquidó la
pensión gracia por retiro definitivo del servicio, por lo que la parte ejecutante omitió
indicar que desde abril de 2001 se encuentra percibiendo una suma superior a la
inicialmente reconocida, además dicha suma es superior a la ordenada por la

4

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Que en el evento de que se considere que efectivamente debe seguirse adelante
con la ejecución, solicitó revocar la imposición de costas procesales, por cuanto la
actuación de la UGPP no ha sido de una manera temeraria, sino que se ha ajustado
a las disposiciones normativas para la liquidación de la mesada pensional.

• Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 2 de septiembre de 2022, por reunir los requisitos legales y en concordancia con
lo regulado en el ordinal 3.° del artículo 322 del CGP y el parágrafo 2.º del artículo
243 del CPACA, se admitió el recurso de apelación presentado por la ejecutada
contra la sentencia de primera instancia. Asimismo, se indicó que, una vez
ejecutoriada la mencionada providencia, la secretaría pasaría el expediente al
Despacho para dictar sentencia, por lo que no se desarrolló etapa de alegatos de
conclusión en segunda instancia.

La Sala decide, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

• El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la UGPP, el problema jurídico se
circunscribe a establecer si la UGPP está llamada a reconocer la indexación y los
intereses moratorios reclamados por la ejecutante; si la parte demandada demostró
el pago en relación con la indexación y los intereses moratorios ordenados por la
sentencia de primera instancia; y si era procedente la condena en costas impartida
por el juez a quo.

• Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

5

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».5

• Liquidación de Cajanal y asunción de responsabilidades

El Decreto 2196 de 20096 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal. En lo
referente al reconocimiento de las obligaciones pensionales y afines se especificó
lo siguiente:

Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. […]

En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de

noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo
siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre
el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
6 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su

liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».

6

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de
edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha
en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto,
de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal, EICE, en
liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
creada por la Ley 1151 de 2007.

Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y
celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.

Por su parte, la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó la siguiente competencia
en materia pensional:

Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. […] Esta Unidad Administrativa tendrá a su
cargo:

i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como
auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan
tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las
gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos,
nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003;
[…]

A su vez, el Decreto 169 de 2008 asignó funciones a la UGPP, conforme se indica a
continuación:

Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del
Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas7

1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo

7 Las funciones establecidas en este literal fueron subrogadas por las consagradas en el artículo 6

del Decreto 575 de 2013.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de
actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que
hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su
cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la
administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas
administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la
esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y
prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca
la UGPP en virtud de este numeral.
[…]

El Decreto 4269 de 2011 efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en
liquidación y la UGPP, para finalizar el proceso de liquidación de aquella; sin
embargo, esta corporación ha sostenido que la norma en comento no modificó lo
concerniente a que esta última es la encargada de asumir, por completo, las
obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, la UGPP
es la «llamada a asumir los procesos judiciales que fueron adelantados contra la
desaparecida caja de previsión»8, conforme lo dispuso el artículo 22 del Decreto
2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, así:

Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual. […]

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que
asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos
administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.
[…]

Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el
Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará

8 Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de

2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-04418-01 (4651-2019); ii) sentencia del 30 de octubre de
2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019); iii) sentencia del 26 de junio de 2020,
radicado: 68001-23-33-000-2015-00058-01 (1485-2016); iv) sentencia del 14 de marzo de 2019,
radicado: 25000-23-42-000-2015-02729-01(1507-18); iv) providencia del 13 de febrero de 2017,
expediente 11001-03-06-000-2016-00256-00(C).

8

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social -
UGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo
previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás
reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.
[…]

Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011,
las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían
a la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en
Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión
(Cajanal), correspondió a su sucesora procesal (UGPP) asumir sin restricciones ni
dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».9

• El caso concreto.

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

• El 24 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
demandante contra Cajanal, mediante la cual dispuso lo siguiente:

FALLA:
[…]
3. CONDENESE (sic) a la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal- a efectuar
una nueva reliquidación de la pensión gracia de jubilación reconocida a la señora
MARÍA OLGA GÓMEZ HOYOS, con base en los salarios, primas (carestía y
alimentación) y demás factores salariales devengados por ella en el año anterior a
aquel en que adquirió el status jurídico.
[…]
4. La pensión decretada será ajustada en los términos del artículo 178 del Código
Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia,
dando aplicación a la siguiente fórmula:
[…]
5. Se dará cumplimiento a ésta (sic) providencia en los términos de los artículos 176
y 177 del Código Contencioso Administrativo.
[…]

• El 25 de enero de 2008 quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar
el Tribunal Administrativo de Antioquia.

9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).

9

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

• El 14 de abril de 2011, por Resolución PAP 047821, Cajanal dio cumplimiento a las
órdenes impartidas en sede judicial y dispuso elevar la cuantía de la pensión de la
actora a la suma de $161.666; que el Fopep pagaría a la interesada las diferencias
que resultaren de aplicar el punto anterior y las Resoluciones 9332 del 3 de octubre
de 199410 y 27843 del 21 de noviembre de 2000, teniendo especial cuidado en
deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa, con los reajustes
correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con observancia
del turno respectivo; y que el área de nómina realizaría las operaciones pertinentes
respecto a los artículos 177 y 178 del CCA.

• Resolución RDP 048484 del 17 de octubre de 2013, por la cual se negó la solicitud
de pago de los dineros adeudados por concepto del ajuste pensional realizado a
través de la Resolución PAP 047821 del 14 de abril de 2011, comoquiera que
mediante la Resolución 27843 del 21 de noviembre de 2000 se reliquidó la pensión
gracia por retiro del servicio, elevando la cuantía de la misma a la suma de
$615.831,83 efectiva a partir del 29 de diciembre de 1999, por lo que el área de
nómina efectuó las operaciones aritméticas pertinentes con el fin de dar
cumplimiento al fallo, sin que se encontraran diferencias entre la Resolución P AP
047821 del 14 de abril de 2011 y los actos administrativos que le antecedían.

a) Pago de la obligación

Del pago de la indexación y de los intereses moratorios: conforme se indicó en
acápites anteriores, los fallos objeto de ejecución establecieron una obligación a
cargo de Cajanal, que fue liquidada por mandato del Decreto 2196 de 2009.

Por su parte, el artículo 64 del Decreto 4107 de 201111 dispuso que Cajanal en
liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3.º del
Decreto 2196 de 200912 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP. El proceso de
liquidación culminó el 11 de junio de 2013,13 por ende, los procesos judiciales y
demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la
liquidación fueron asumidos por la UGPP.14

10 Acto administrativo a través del cual se reconoció la pensión gracia a la ejecutante.
11 «Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social

y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
12 «por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su

liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
13 Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de

Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».
14 Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del

Consejo de Estado, radicado. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18).

10

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en sus
funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema
pensional.

Del pago total: la entidad apelante sostuvo que no hay lugar a causación alguna
de indexación e intereses moratorios, por cuanto mediante Resolución PAP 047821
del 14 de abril de 2011 se canceló la obligación de forma oportuna.

La providencia discutida ordenó seguir adelante con la ejecución a favor de la
señora María Olga Gómez Hoyos en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
como lo impartió el auto que libró mandamiento de pago del 21 de abril de 2021,
así:

«LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la ejecutante MARÍA OLGA
GÓMEZ HOYOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. (sic)
921.776.208 y en contra del ejecutado la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, de conformidad con
lo ordenado en la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera
instancia el veinticuatro (24) de octubre de dos mil siete (2007), procediendo a
reliquidar reajustar la reliquidación de la pensión gracia de la señora GÓMEZ
HOYOS, con la correspondiente actualización de las sumas de conformidad
con lo establecido en el artículo 178 del C.C.A; además de los intereses
moratorios generados por la no cancelación oportuna de las sumas
adeudadas».

Al respecto, la Sala considera que la discusión en el presente asunto consiste en el
pago de la totalidad de la obligación producto del título judicial del 24 de octubre de
2007, pero que la parte demandada, al momento de interponer el recurso de
apelación, no especificó de qué manera fue que canceló a la parte demandante lo
relacionado con la indexación y los intereses moratorios producto del cumplimiento
del título judicial bajo estudio.

Es de aclarar que lo único que se demostró durante la primera instancia fue la
expedición de la Resolución PAP 047821 del 14 de abril de 2011, mediante la cual la
demandada concluyó que era procedente efectuar la liquidación de la pensión
gracia percibida por la demandante en la suma de $161.666, efectiva a partir del 28
de julio de 1993, pero con efectos fiscales a partir del 3 de febrero de 2001, por

11

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

prescripción trienal y, que, precisamente, sirvió de fundamento para que la primera
instancia declarara probada parcialmente la excepción de pago.

Repárese que allí sólo se indicó que se elevaba la cuantía de la pensión de la actora
a la suma de $161.666, pero en ningún momento se relacionó a cuánto ascendía lo
concerniente a la indexación y a los intereses moratorios producto de las diferencias
entre el valor pagado por la entidad y el que debía cancelar a raíz de la sentencia,
como tampoco se allegó documento alguno de donde pudiera concluirse cuáles
fueron las operaciones matemáticas adelantadas por la UGPP y, del que lograra
inferirse cómo fue la cancelación de los anteriores conceptos.

No se advierte la forma en que la UGPP dio cumplimiento total en relación con los
valores que el juez a quo ordenó continuar con la ejecución y correspondía a la parte
pasiva, al aducir que no había lugar al pago de sumas de dinero, asumir la carga
procesal de enrostrar el yerro incurrido por el tribunal y no trasladar dicho ejercicio
para que fuera practicado sin elementos de juicio por la segunda instancia.

Ahora, la recurrente plantea en la apelación que mediante Resolución 27843 del 21
de noviembre de 2000 se reliquidó la pensión gracia por retiro definitivo del servicio,
por lo que la parte ejecutante omitió indicar que desde abril de 2001 se encuentra
percibiendo una suma superior a la inicialmente reconocida.

Sobre dicha situación se encuentra en el expediente que por medio de la Resolución
RDP 048484 del 17 de octubre de 2013 se negó la solicitud de pago de los dineros
adeudados por concepto del ajuste pensional realizado en la Resolución PAP 047821
del 14 de abril de 2011 ya que el área de nómina efectuó las operaciones aritméticas
pertinentes con el fin de dar cumplimiento al fallo, sin que se encontraran diferencias
entre la Resolución PAP 047821 del 14 de abril de 2011 y la Resolución 27843 del
21 de noviembre de 2000.

Sin embargo, la Sala considera que a pesar de que la Resolución RDP 048484 del
17 de octubre de 2013 fue aportada al expediente con la contestación de la
demanda, también lo es que la UGPP no alegó durante el trámite de la primera
instancia que en ningún momento adeudaba dinero alguno a la señora Gómez
Hoyos, a raíz de que desde el 2001 había reliquidado la pensión gracia por retiro
definitivo del servicio.

Lo único que se encuentra en el escrito de defensa de la entidad consiste en que
«es necesario considerar, que si bien es cierto en resolución 27843 del 21 de
noviembre de 2000 se reliquidó la pensión gracia por retiro del servicio, esas
disposiciones son contrarias a las normas que rigen la materia, teniendo en cuenta

12

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de los Tribunales y
del Honorable Consejo de Estado en su Sala de lo Contencioso Administrativo se
ha pronunciado al respecto»; por lo que le precluyó la oportunidad para plantear la
inconformidad en dicho sentido. En consecuencia, no será objeto de análisis de
fondo en el presente pronunciamiento de segundo grado.

Por último, es de resaltar que la apelante incurre en una contradicción
argumentativa al señalar que pagó todas las sumas de dinero, pero al mismo tiempo
aportó documentos a través de los cuales ella misma reconoció que no tenía que
cancelar valor alguno, a raíz de lo presentado con la reliquidación por retiro definitivo
de la pensión gracia realizada mediante la Resolución 27843 del 21 de noviembre
de 2000, esto es, si efectivamente solventó la obligación reclamada debía demostrar
el respectivo pago solicitado en el asunto de la referencia y no acudir a lo acontecido
con otra actuación administrativa.

Así las cosas, no se configuró la excepción de pago en los términos que esgrimió
en el recurso vertical la UGPP, comoquiera que lo probado en el asunto de la
referencia es la expedición de la Resolución PAP 047821 del 14 de abril de 2011,
pero en ningún momento la cancelación total de los créditos contenidos en el título
judicial del 24 de octubre de 2007.

Lo anterior no obsta para que, en la etapa de liquidación del crédito, la UGPP
identifique con claridad la forma en que acató la sentencia ordinaria y verificar con
certeza las sumas a que ascienden la indexación y mora y que hasta el momento
no ha podido establecerse en el expediente su respectivo pago.

b) De la condena en costas en primera instancia

La UGPP se opuso a la condena en costas impuesta en primera instancia, por
considerar que su actuación no ha sido de una manera temeraria, sino que se ha
ajustado a las disposiciones normativas para la liquidación de la mesada pensional.

Frente a lo anterior, es preciso indicar que, por mandato del artículo 188 del CPACA,
la imposición de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba
evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar
una estimación objetiva valorativa para comprobar que se causaron conforme con
los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen de la
existencia de una actuación temeraria o de mala fe de los intervinientes.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

En ese orden de ideas, de acuerdo con los criterios establecidos en las normas
referidas, no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación en este
aspecto, toda vez que el tribunal gozaba de la facultad para disponer sobre costas
a favor de la parte vencedora teniendo en cuenta que i) prosperaron las
pretensiones de la demanda; y ii) se acreditó su causación puesto que la actora
presentó la demanda, confirió poder a una abogada para que representara sus
intereses y ha participado en todas las etapas del proceso.

c) De la condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,15 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del
artículo 365 del Código General del Proceso,16 la Subsección condenará en costas
a la parte demandada, en tanto no prosperaron los argumentos de su apelación y,
además, se demostró su causación, dado que la parte demandante actuó en esta
instancia, al emitir pronunciamiento en relación con el recurso de apelación
interpuesto por la demandada.17

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.
16 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
17 Índices 9 y 10 de Samai del Consejo de Estado.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2016-02651-01 (3148-2022)
Ejecutante: María Olga Gómez Hoyos

En conclusión: La decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la actora, por lo que será confirmada en su totalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 28 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro de la demanda ejecutiva promovida por la
señora María Olga Gómez Hoyos contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que
declaró probada la excepción de pago parcial de la obligación, improcedentes los
medios de defensa de prescripción y de compensación propuestos por la entidad
demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, conforme se explicó en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Condenar a la parte demandada en costas en esta instancia, por las
razones expuestas, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.