Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02558-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02558-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2016-02558-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)
Demandante: Gloria María Ardila Arenas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Ejecutivo laboral - caducidad – fuerza mayor
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 13 de marzo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
medio de la cual se declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.
ANTECEDENTES
• La demanda1
La señora Gloria María Ardila Arenas interpuso demanda ejecutiva con el fin de que
se cumpla la sentencia del 24 de julio de 2007, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se ordenó la reliquidación de su
pensión gracia con todos los factores salariales.
Como consecuencia de lo anterior, la accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de $14.143.365, a
título de reajuste pensional; ii) indexación hasta la fecha en que se realizó el pago
parcial por parte de la entidad demandada y desde esta fecha cancelar capital e
indexación hasta que se dé cumplimiento al fallo objeto del presente proceso; iii)
intereses moratorios; y iv) actualizar la mesada pensional al año 2016 por un valor
1 Folios 25 a 33.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)
Demandante: Gloria María Ardila Arenas
de $1.089.981.
• Hechos
La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
Cajanal,2 con el fin de que se reliquidara su pensión de jubilación gracia, teniendo
en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 24 de julio de
2007, accedió a las referidas pretensiones. Que por Resolución 02649 del 1.º de
diciembre de 2008, Cajanal acató las órdenes judiciales.
Que el capital adeudado para el año 2010 es de $22.040.158, pero le fue cancelada
la suma de $7.896.793, por lo que le restan la cifra de $14.143.36,76. Que además
la mesada para el 2010, cuando se canceló parte de la obligación, fue de $867.932,
pero el valor correcto era de $881.625 y para el 2016 la cifra a pagar debió ser de
$1.089.981.
• Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
Como tales se señalaron los artículos 13, 297, 298, 306, 307, 361, 430 y 625 del
CGP.3
La actora sostuvo que las referidas normas respaldaban sus pretensiones por
cuanto a partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social asumió
integralmente el proceso de atención a los pensionados, usuarios y peticionarios,
así como la radicación de los documentos, independientemente de que los servicios
requeridos se deriven de solicitudes que deban estar tramitadas por Cajanal EICE
en Liquidación, de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en el
Decreto 4269 del 8 de noviembre de 20114.
2 Caja Nacional de previsión Social.
3 Código General del Proceso.
4 La parte demandante invocó la sentencia proferida el 25 de marzo de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
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Demandante: Gloria María Ardila Arenas
• Contestación de la demanda
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones:5
i) Indebida conformación del título ejecutivo. Dice que corresponderá verificar
en el cuaderno administrativo la presentación de la solicitud de cumplimiento al fallo
y la fecha en la cual se completó la documentación para el pago del retroactivo
pensional. Que una cosa es radicar la sentencia para cobro y otra es aportar la
totalidad de la documentación requerida para el pago del retroactivo pensional.
ii) Caducidad. Que la demanda ejecutiva fue presentada en vigencia de la Ley 1437
de 2011, que establece en el inciso segundo del artículo 299 el término de 10 meses
después de la ejecutoria de la sentencia para que el título sea ejecutable. Que si el
escrito introductor fue radicado con posterioridad al 28 de agosto de 2012 se
presentó el fenómeno jurídico de la caducidad.
iii) Ausencia de título ejecutivo completo. Que entre el 24 de agosto de 2009 y
el 24 de septiembre de 2009, la hoy demandante ya contaba con una sentencia
condenatoria a su favor y conocía el contenido del acto administrativo que dio
cumplimiento a la misma, por lo tanto, sabía del supuesto pago deficitario que hoy
reclama y, en consecuencia, debió obligatoriamente presentarse a la liquidación de
Cajanal para hacer valer su crédito, sin que ahora sea dable por la vía ejecutiva
pretender obtener la satisfacción de su obligación.
• La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de marzo de
2020, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada
y dispuso seguir adelante la ejecución.6
Expresó que se abstenía de pronunciarse de fondo sobre el medio de defensa
ausencia del título ejecutivo completo, pues la entidad no formuló recurso de
reposición contra el auto que ordenó cumplir la obligación contenida en los
documentos que prestan mérito ejecutivo, oportunidad procesal en la que debía
discutir los aspectos formales del instrumento de recaudo.
5 Folios 169 a 172.
6 Folios 203 a 216.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)
Demandante: Gloria María Ardila Arenas
Que declaraba no probada la excepción de indebida conformación del título
ejecutivo, por cuanto no atacaba la conformación del instrumento de recaudo, sino
que se limitaba a cuestionar la causación de intereses moratorios y, en relación con
este último concepto se tenía que con anterioridad a la resolución de cumplimiento
del fallo la ejecutante presentó la cuenta de cobro respectiva y las solicitudes
posteriores fueron peticiones de reiteración para el cumplimiento de la providencia.
De allí que no había lugar a la suspensión de los intereses moratorios.
Que no se configuró la caducidad alegada como excepción, ya que la obligación
impuesta en la sentencia que pretende ejecutarse se hizo exigible el 13 de febrero
de 2009 de acuerdo con el artículo 177 del CCA y la petición de cumplimiento se
formuló antes del 8 de noviembre de 2011, momento en que se encontraba
suspendida la caducidad del medio de control, pues ya había iniciado el proceso
liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social. Que como el término se reanudó
el 12 de junio de 2013, la actora tenía hasta el 12 de marzo de 2018 para formular
la demanda, la que efectivamente presentó el 16 de noviembre de 20167.
Que al 31 de agosto de 2010 el capital adeudado (diferencia de mesadas e
indexación) ascendía a la suma de $6.613.944, 74 y unos intereses moratorios del
artículo 177 del CCA por $5.624.479,54 y que en septiembre de 2010 se hizo un
abono por $7.896.793, pero que dicho pago se imputó primero a intereses luego a
capital, como prevé el artículo 1653 del Código Civil.
Que la demandada no había dado cumplimiento a la sentencia proferida por el
tribunal, dado que para el 22 de noviembre de 2016 adeudaba un capital de
$3.981.631,28 y unos intereses moratorios por $6.473.747,55, para un total de
$10.455.378,83.
Que negaba la pretensión dirigida a que se aumentara la mesada pensional de la
actora, comoquiera que no se probó que la entidad hubiera reliquidado mal la
pensión.
Se ordenó seguir adelante la ejecución en los precisos términos dispuestos en el
título judicial objeto de recaudo, pero que al momento de liquidarse el crédito se
tendría en cuenta el abono realizado por la entidad a la obligación, por valor de
$7.896.793.
7 El a quo citó el auto del 30 de junio de 2016, expediente 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-
14).
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Demandante: Gloria María Ardila Arenas
• El recurso de apelación
La apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia,8 expresando que la interesada inició proceso ejecutivo contra la UGPP
el 22 de noviembre de 2016 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo que
demuestra que dejó transcurrir más de los seis años y medio que indica la norma
para interponer la acción, por lo que se hace necesario declarar la caducidad.
Que en la hipótesis de que el proceso liquidatorio haya suspendido los términos de
caducidad y/o prescripción de la acción, en el caso concreto debían iniciar a contar
a partir del 12 de junio de 2013. Que en consecuencia, aun así, en el presente caso
existe caducidad, habida cuenta de que la demanda ejecutiva fue presentada
después de los cinco años, es decir, fuera de los términos establecidos en el literal
K del artículo 164 del CPACA.
Que no operaron los intereses moratorios durante el término de la liquidación de
Cajanal EICE, dado que en un proceso concursal como la liquidación de Cajanal
EICE, decretado por un acto de autoridad ejercido por el presidente de la República,
necesariamente configura un evento de fuerza mayor, estipulado como una de las
causales que no generan indemnización de perjuicios por la mora en el pago de las
obligaciones a cargo de la liquidada.9
Que no hay lugar al pago de sumas de dinero por concepto de diferencias de
mesadas e indexación, por cuanto mediante Resolución núm. 02649 del 1.º de
diciembre de 2008, Cajanal dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia de fecha 24 de julio de 2007. Que en consecuencia, se
reliquidó la pensión de jubilación gracia de la señora Gloria María Ardila Arenas
aplicando el 75% del salario devengado durante el año anterior en que adquirió o
consolidó el estatus de pensionada, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados entre el 4 de febrero de 1995 y el 4 de febrero de 1996.
• Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas etapas del
proceso.10
8 Folios 109 a 112.
9 La parte demandada citó los siguientes pronunciamientos: i) del 22 de julio de 2010 del Consejo de
Estado, expediente 52001-23-31-000-2005-00350-01; y ii) del 8 de julio de 2013 de la Corte Suprema
de Justicia, expediente 41001-31-03-003-1999-00477-01.
10 Memoriales visibles en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)
Demandante: Gloria María Ardila Arenas
• El Ministerio Público
El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia11 señalando que el período
de 5 años para solicitar la ejecución del fallo, previsto en el artículo 164 (numeral 2,
letra k) del CPACA, se reanudó el 12 de junio de 2013, cuando concluyó la
liquidación de la entidad deudora. De tal manera que el cobro ante la jurisdicción
sería oportuno hasta el 12 de febrero de 2018, por lo que la presentación de la
demanda (16 de noviembre de 2016) se dio dentro del término que la ley prevé para
el efecto.12
Que resultan suficientes las consideraciones de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 30 de octubre de 2020,
expediente 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019) para estimar que
mientras se surtía el proceso de liquidación de la entonces Cajanal no cesó para la
Administración la obligación de pagar intereses moratorios de que trata el artículo
177 del CCA, derivados de la sentencia que condenó a dicha entidad a reliquidar la
pensión de jubilación de la actora, en atención a la naturaleza pública que
caracteriza la acreencia derivada del fallo objeto de recaudo.
La Sala decide, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
• El problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto por la UGPP, el problema jurídico se
circunscribe a establecer si la acción ejecutiva está afectada por el fenómeno de la
caducidad. Si la UGPP está llamada a reconocer los intereses moratorios reclamados
por la ejecutante; y si la parte demandada demostró el pago total de las sumas de
dinero por concepto de diferencias de mesadas e indexación y los respectivos
intereses moratorios.
11 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
12 El ministerio público citó las siguientes providencias: i) del 29 de marzo de 2016, expediente 25000-
23-42-000-2015-01601-01 (5042-2015); ii) del 25 de agosto de 2015, expediente 25000-23-42-000-
2015- 01327-01 (1777-2015); iii) de 17 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-
02902-00(AC); iv) del 27 de abril de 2017, expediente 11001-03-15- 000-2016-03715-00(AC); v) del
30 de junio de 2016, expediente 25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-14); y vi) del 8 de octubre
de 2020, expediente 05001-23-33-000-2016-02650-01 (794-2018).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)
Demandante: Gloria María Ardila Arenas
• Generalidades del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».13
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de
noviembre 2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo
siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre
el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
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Demandante: Gloria María Ardila Arenas
• Caducidad de la acción ejecutiva
El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que limita el
ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de
control en el plazo que la ley establece para ello. Según la jurisprudencia de esta
corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente,
impidiendo el surgimiento del proceso […]»,14 y fue concebida para desarrollar el
principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.
Respecto a la formulación oportuna de la demanda ejecutiva, cuando se pretenda
la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por esta
jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del momento en
que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral 11 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo15 y reiterado en el literal K del
artículo 164 del CPACA.16
• Liquidación de Cajanal y asunción de responsabilidades
El Decreto 2196 de 200917 dispuso la supresión y liquidación de Cajanal. En lo
referente al reconocimiento de las obligaciones pensionales y afines se especificó
lo siguiente:
Artículo 3°. Prohibición para iniciar nuevas actividades. […]
En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación
adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y
reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos
trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de
edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha
en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo 4o del presente Decreto,
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte
Tolosa contra Corelca S.A. y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth
Stella Correa Palacio.
15 Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones
judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la
exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la
respectiva decisión judicial.
16 Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2.
En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la
ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el
término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la
obligación en ellos contenida; […].
17 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Gloria María Ardila Arenas
de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal, EICE, en
liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta
cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP,
creada por la Ley 1151 de 2007.
Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y
celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.
Por su parte, la Ley 1151 de 2007 creó la UGPP y le asignó la siguiente competencia
en materia pensional:
Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. […] Esta Unidad Administrativa tendrá a su
cargo:
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos
pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como
auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan
tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya
decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las
gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos,
nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003;
[…]
A su vez, el Decreto 169 de 2008 asignó funciones a la UGPP, conforme se indica a
continuación:
Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del
Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:
A. En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones
económicas18
1. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de
actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que
hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su
18 Las funciones establecidas en este literal fueron subrogadas por las consagradas en el artículo 6
del Decreto 575 de 2013.
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reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con
Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su
cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la
administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas
administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.
2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo
de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la
esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y
prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca
la UGPP en virtud de este numeral.
[…]
El Decreto 4269 de 2011 efectuó una asignación de competencias entre Cajanal en
liquidación y la UGPP, para finalizar el proceso de liquidación de aquella; sin
embargo, esta corporación ha sostenido que la norma en comento no modificó lo
concerniente a que esta última es la encargada de asumir por completo, las
obligaciones pensionales y prestacionales de la extinta entidad. Además, la UGPP
es la «llamada a asumir los procesos judiciales que fueron adelantados contra la
desaparecida caja de previsión»19, conforme lo dispuso el artículo 22 del Decreto
2196 de 2009, modificado por el Decreto 2040 de 2011, así:
Artículo 22. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual. […]
Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que
asumirá la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social - UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos
administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social.
[…]
Parágrafo 2°. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa del Estado, el
Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará
atendiendo, dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la
Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la Protección Social -
UGPP o al Ministerio de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo
19 Al respecto, ver las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia del 22 de julio de
2021, radicado: 25000-23-42-000-2016-04418-01 (4651-2019); ii) sentencia del 30 de octubre de
2020, radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019); iii) sentencia del 26 de junio de 2020,
radicado: 68001-23-33-000-2015-00058-01 (1485-2016); iv) sentencia del 14 de marzo de 2019,
radicado: 25000-23-42-000-2015-02729-01(1507-18); iv) providencia del 13 de febrero de 2017,
expediente 11001-03-06-000-2016-00256-00(C).
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Radicación: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)
Demandante: Gloria María Ardila Arenas
previsto en el presente decreto, los procesos judiciales inventariados y demás
reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término.
[…]
Igualmente, el Consejo de Estado ha indicado que, según el Decreto 4269 de 2011,
las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían
a la UGPP y las radicadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en
Liquidación; sin embargo, «al cierre de la liquidación de la antigua caja de previsión
(Cajanal), correspondió a su sucesora procesal (UGPP) asumir sin restricciones ni
dilaciones las competencias que aquella ejercía en materia pensional».20
• El caso concreto.
Se encuentra demostrado que:
• El 24 de julio de 2007, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de
primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por la demandante contra Cajanal, mediante la cual dispuso lo
siguiente:21
FALLA:
[…]
4º. Como consecuencia de la anterior declaración, SE CONDENA a la CAJA
NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL-CAJANAL- a efectuar una nueva reliquidación
de la pensión gracia de jubilación de la señora GLORIA MARÍA ARDILA ARENAS,
incluyendo todos los factores salariales devengadas (sic) por ella durante el año
anterior al que adquirió el status de pensionado (sic), es decir, del 4 de febrero de
1995 al 4 de febrero de 1996, así como pagar los reajustes que de ella se desprenden.
[…]
• El 13 de agosto de 2007, quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar
el Tribunal Administrativo de Antioquia.22
• El 25 de octubre de 2007, la señora Gloria María Ardila Arenas solicitó a Cajanal
el cumplimiento de la sentencia condenatoria.23
• El 1.º de diciembre de 2008, por Resolución UGM 002649, Cajanal dio cumplimiento
a las órdenes impartidas en sede judicial y dispuso elevar la cuantía de la pensión
de la actora. Que por el grupo de nómina se efectuarían las operaciones aritméticas
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
21 Folios 154 a 165.
22 Folio 167.
23 Índice 13 de Samai.
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a que hubiere lugar, en cumplimiento de lo ordenado en los artículos 177 y 178 del
CCA y liquidar las diferencias resultantes. Que el Fopep pagaría a la interesada las
sumas a que hace referencia la providencia con los reajustes de ley, previos los
descuentos ordenados; y que los reajustes de ley a que tuviere derecho así como
las operaciones de orden contable a que hubiese lugar, se efectuarían por el Grupo
de Nómina de la Entidad.24
a) Caducidad del proceso ejecutivo
La providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el 13 de agosto de
2007, es decir, en vigencia del CCA; por lo tanto, para contabilizar el término de
caducidad del proceso ejecutivo es necesario recurrir al contenido del inciso 4 del
artículo 177 ibidem, según el cual las condenas impuestas contra la Nación «serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su
ejecutoria». Así las cosas, los cinco años concedidos para la interposición oportuna
de la acción ejecutiva iniciaron al vencimiento de los aludidos 18 meses.25
Ahora bien, respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en contra
de la liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:26
Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia cuyo
cumplimiento por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato del Gobierno
Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración
institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de
seguridad social en pensiones.
Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue el Decreto-
Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual, en el inciso segundo de
su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación, consagró «…en lo no previsto en el
presente decreto, deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del estatuto
orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza de la entidad…».
Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las entidades de
carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan alguna actividad financiera y
24 Folios 12 a 16.
25 Posición asumida, entre otras, en el auto de 16 de julio de 2015, radicado 25000 23 25 000 2014
04132 01, M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; así como por esta Subsección en la providencia del 29
de octubre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
26 Ver entre otras las siguientes providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
Subsección A, providencia del 25 de agosto de 2015, radicado: 25000 23 42 000 2015 01327 01
(1777-2015); y ii) Subsección B, providencia de 29 de marzo de 2016, radicado:
250002342000201501601-01 (5042-2015).
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de ahorro y crédito, consagrando en el inciso segundo del artículo 14 que «…Durante la
negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad
de las acciones respecto de los créditos contra el empresario».
En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo
del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de
caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación
administrativo que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de
2013. [Resalta la Sala].
Con fundamento en el anterior criterio, se concluye que los términos de prescripción
y de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no corrieron entre el 12 de
junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, esto es, por el espacio de cuatro años.27
Se observa que la sentencia que puso fin al proceso ordinario adquirió firmeza el 13
de agosto de 2007; en consecuencia, los 18 meses para acudir en sede judicial se
verificaron el 14 de febrero de 2009, de forma que los 5 años de caducidad
empezaron a correr a partir del 15 de febrero de 2009 y culminarían el 16 de
febrero de 2018.
Dado que los términos de caducidad para accionar en sede judicial contra Cajanal
o la UGPP estuvieron suspendidos entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de
2013. El 16 de noviembre de 2016, la ejecutante radicó la presente demanda,28 es
decir, dentro del término que tenía para comparecer oportunamente ante la
jurisdicción29 y, por lo tanto, contrario a lo señalado por la entidad recurrente, no
operó la caducidad del medio de control de la referencia.
27 La tesis de que el término de caducidad y prescripción en referencia estuvieron suspendidos por
el período anotado, ha sido reiterada en diversos pronunciamientos de la Corporación, entre ellos,
en las acciones de tutela que se citan a continuación: i) de 23 de agosto de 2018, radicación: 11001-
03-15-000-2018-01733-00; ii) de 15 de noviembre de 2018, radicación: 11001-03-15-000-2018-
00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-03532-00.
28 Folio 1 del expediente.
29 El conteo de la caducidad en los términos descritos, encuentra respaldo, entre otras, en las
siguientes providencias de esta Corporación: i) del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-42-000-
2013-06595-01 (3637-2014); ii) del 12 de julio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2014-01475-01
(3531-17); iii) del 30 de agosto de 2018, radicación 05001-23-33-000-2018-00695-01 (61905); iv) del
3 de julio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2019-00326-01; v) del 23 de agosto de 2019,
Radicación 11001-03-15-000-2019-00325-01; vi) del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42
000 2020 00023 01 (2381-2020); y vii) del 10 de marzo de 2022, radicado 25000-23-42-000-2016-
05723-01 (2459-2020).
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b) Pago de la obligación
Del pago de los intereses: conforme se indicó en acápites anteriores, los fallos
objeto de ejecución establecieron una obligación a cargo de Cajanal, que fue
liquidada por mandato del Decreto 2196 de 2009.
Por su parte, el artículo 64 del Decreto 4107 de 201130 dispuso que Cajanal en
liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3.º del
Decreto 2196 de 200931 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP. El proceso de
liquidación culminó el 11 de junio de 2013,32 por ende, los procesos judiciales y
demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la
liquidación fueron asumidos por la UGPP.33
Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal en sus
funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como administradora del sistema
pensional.
La causal de exoneración invocada: la entidad apelante sostuvo que en el sub
lite no se causaron intereses moratorios, por cuanto Cajanal se vio sometida a un
proceso de liquidación que configuró una fuerza mayor. En tal sentido, la UGPP citó
providencias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo,
aquellas no se profirieron dentro de procesos donde se debatieran derechos
laborales, cuya naturaleza exige un examen diferenciado con el fin de salvaguardar
las garantías mínimas de los trabajadores y la seguridad social en pensiones que
se encuentran en juego.
Al respecto, esta corporación ha indicado que es necesario diferenciar entre las
liquidaciones en el marco de un «proceso de liquidación forzosa administrativa» y
la adelantada para la supresión de Cajanal. En tal sentido, se ha concluido lo
siguiente:34
30 «Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social
y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
31 «por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su
liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
32 Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».
33 Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, radicado. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
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He aquí la importancia de la distinción, que rechaza cualquier posibilidad de aplicar al
sub lite la tesis planteada por la entidad recurrente en la alzada, puesto que la
liquidación ordenada contra Cajanal se originó de una decisión del presidente de la
República por razones eminentemente «político-administrativas», que encuentra su
fuente y causales en el derecho público, cuyos riesgos, en atención al principio de
responsabilidad del Estado, no deben ser asumidos por el acreedor particular, porque
«rompe el equilibrio en las cargas públicas ocasionándole un daño antijurídico».
[…]
Por el contrario, cuando la supresión y consecuente liquidación recae sobre
organismos y entidades de naturaleza pública, si es por decisión de una
superintendencia, «debe aplicarse el principio general del cumplimiento riguroso de
las obligaciones, de manera que, en lo posible, se pagarán los intereses de todo tipo
respetando las prelaciones legales», y si la determinación la adopta el presidente de
la República, como lo fue en el caso de Cajanal, «el Estado debe responder por los
daños antijurídicos que eventualmente puedan causarse y específicamente debe
pagar los intereses remuneratorios y moratorios anteriores y posteriores al decreto de
liquidación».
Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente caso la
UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse del pago de
los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento de una
obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública35, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas.36
Del pago total: la providencia discutida indicó que las diferencias entre las nuevas
y viejas mesadas pensionales hasta agosto de 2007, mes en que quedó
ejecutoriada la sentencia, ascendió a $4.928.191,83 y la indexación de mesadas a
$1.685.752,92, para un total de capital adeudado de $6.613.944,74 e intereses
moratorios de este valor entre el 13 de agosto de 2007 y el 31 de agosto de 2010
por $5.264.479,54, para un global por estos conceptos de $11.878.424.
35 Los pronunciamientos invocados por la representante del ministerio público del 10 de julio de 2014,
expediente 13001-23-31-000-2004-01258-01; y del 25 de enero del 2017, radicado 13001-23-31-
000-2006-01565-01 no se encuentran relacionados con la supresión de Cajanal.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-03249-01 (3185-2019).
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No obstante, agregó, que en septiembre de 2010 se hizo un abono por $7.896.793,
pero dicho pago se imputó primero a intereses luego a capital como prevé el artículo
1653 del Código Civil, cancelándose la totalidad de intereses ($5.264.479,54), por
lo que la demandada no había dado cumplimiento total a la sentencia proferida por
el tribunal, toda vez que para el 22 de noviembre de 2016 adeudaba un capital de
$3.981.631,28 y unos intereses moratorios por $6.473.747,55.
La parte demandada insiste en que no hay lugar al pago de sumas de dinero por
concepto de diferencias de mesadas e indexación, por cuanto mediante Resolución
núm. 02649 del 1.º de diciembre de 2008, Cajanal dio cumplimiento al fallo judicial
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia de fecha 24 de julio de 2007.
Al respecto, la Sala considera que la discusión en el presente asunto consiste en el
pago total de la obligación producto del título judicial del 24 de julio de 2007, pero
que la parte demandada, al momento de interponer el recurso de apelación, no
especificó en qué consistía su desacuerdo con la liquidación parcial efectuada por
la primera instancia, a través de la cual se concluyó que para el 31 de agosto de
2010 el capital adeudado (diferencia de mesadas e indexación) ascendía a la suma
de $6.613.944, 74 y unos intereses moratorios por $5.624.479,54.
Así entonces, no se advierte un reparo concreto por parte de la UGPP en relación
con los valores a los que llegó el juez a quo en la providencia discutida y le
correspondía a la parte pasiva, al aducir que no había lugar al pago de sumas de
dinero, asumir la carga procesal de demostrar el yerro incurrido por el tribunal y no
trasladar dicho ejercicio para que fuera practicado sin elementos de juicio por la
segunda instancia.
Igualmente, es de resaltar que lo único que se encuentra demostrado en el
expediente es un pago por concepto de mesadas atrasadas por el periodo
comprendido entre el 11 de junio de 1998 y el 31 de agosto de 2009, por la suma
de $6.209.154,95 y, por concepto de indexación por el periodo comprendido entre
el 11 de junio de 1998 y el 13 agosto de 2007, el valor de $1.687.638.37,37 esto es,
la cifra que, precisamente, fue reconocida por la primera instancia en la cantidad de
$7.896.79338.
En ese orden de ideas, si bien en el asunto de la referencia está probado que para
el 31 de agosto de 2010 la UGPP efectuó un pago por $7.896.793, también lo es
que no pagó en su totalidad la obligación, porque esta ascendía al valor de
$11.878.424, esto es, una cifra sin pagar por $3.981.631.
37 Archivo CC-32402578-AAA_RAD_20157221402572-5 del CD obrante a folio 33bis.
38 Folio 107.
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Así las cosas, no se configuró la excepción de pago que esgrimió la UGPP,
comoquiera que lo probado en el asunto de la referencia es un abono realizado a la
obligación pensional ($7.896.793), pero en ningún momento la cancelación total
($11.878.424) de los créditos contenidos en el título judicial del 24 de julio de 2007.
Es de aclarar que en el presente asunto en ningún momento se efectuó un estudio
en relación con la imputación de pagos del artículo 1653 del CC, porque lo discutido
por la entidad en el recurso de apelación sólo consistió en que ya había pagado
totalmente la obligación a la que llegó el tribunal en la primera instancia, esto es, los
$11.878.424.
c) De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,39 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del
artículo 365 del Código General del Proceso,40 la Subsección condenará en costas
a la parte demandada, en tanto no prosperaron los argumentos de su apelación y,
además, se demostró su causación, dado que la parte demandante actuó en esta
instancia.
En conclusión: La decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
regían la situación particular de la actora, por lo que será confirmada en su totalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 13 de marzo de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dentro de la demanda ejecutiva promovida por la
señora Gloria María Ardila Arenas contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que
declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada y
dispuso seguir adelante la ejecución, conforme se explicó en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Condenar a la parte demandada en costas en esta instancia, por las
razones expuestas, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo.
Tercero. Reconocer personería adjetiva a la abogada Yulieth Andrea Cartagena
Castro, como apoderada sustituta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ( UGPP), conforme
al memorial del 13 de julio de 2021, según registro en SAMAI identificado con el
índice 14.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
40 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Gloria María Ardila Arenas
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
19
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