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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01647-00

Defecto por desconocimiento del precedente: no existe precedente

Fecha
23 de mayo de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-01647-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-01647-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

23 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., mayo veintitrés (23) de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 110010315000202301647 00

Accionante: HAROLD DE JESÚS BECERRA SAÑUDO Y OTRA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No existe precedente
jurisprudencial unificado sobre la materia / LIQUIDACIÓN DE CAJANAL – Efectos en
el cómputo del término de caducidad de la acción ejecutiva.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo y Magally del Carmen
Becerra Sañudo1, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 30 de marzo de 2023, los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo y Magally
del Carmen Becerra Sañudo, por conducto de apoderado judicial, instauraron

1
Que ingresó para fallo el 5 de mayo de 2023.

Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes

Los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo, Magally del Carmen Becerra
Sañudo e Hilda Liliana Becerra Sañudo interpusieron demanda ejecutiva contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de que “se dicte orden de
pago por la suma de $49.151.690 por concepto de intereses moratorios” derivados
de la sentencia judicial mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión
de la señora Hilda Sañudo de Becerra (Q.E.P.D.).

Mediante providencia del 12 de junio de 2019, el Juzgado 42 Administrativo de
Bogotá negó las excepciones propuestas por la parte ejecutada y ordenó seguir
adelante con la ejecución “por los intereses moratorios causados desde el 02 de
diciembre de 2009 hasta el 31 de agosto de 2013”.

Tanto la parte ejecutada como la ejecutante presentaron sendos recursos de
apelación contra esa decisión.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de proveído del 11 de agosto de 2022 -notificado electrónicamente el 11 de
octubre de 2022-, revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada la
caducidad de la acción ejecutiva.

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

3. Fundamentos de la demanda de tutela

La parte tutelante indicó que se configuró un defecto por desconocimiento del
precedente, porque la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que el
Consejo de Estado ha establecido que “mientras se adelantó la liquidación de
CAJANAL se interrumpió la caducidad”.

Como fundamento de esa afirmación, trascribió apartes de las sentencias del 25
de agosto de 2015 (número interno 1777-2015), del 14 de mayo de 2019 (radicado
2019-0083) y del 12 de septiembre de 2022 (número interno 6191-2018).

Precisó que a partir de esas providencias “se adoptó y rectificó la posición
respecto a la caducidad, en la que se estima que no debe ser asumida por el actor
que desea acudir a la administración de justicia en busca de los derechos
adquiridos, asumiendo el peso de la liquidación de una entidad que tenía deudas
pensionales”, como es el caso de los tutelantes que reclaman un derecho derivado
de una sentencia judicial que reconoció un derecho pensional del sistema
administrado por la entidad liquidada.

Afirmó que la demanda se formuló dentro de los 5 años y 18 meses previsto en el
CPACA, en la medida en que:

i) En virtud del Decreto 2196 de 2009, los términos de caducidad de las acciones
frente a obligaciones a cargo de la entidad liquidada fueron suspendidos desde el
12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013.

ii) Para esa época, las obligaciones en las que se fundamenta la demanda
ejecutiva se encontraban a cargo de Cajanal y no de la UGPP, que atendió
reclamaciones de cumplimiento posteriores al 8 de noviembre de 2011.
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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

iii) La liquidación de la entidad terminó el 11 de junio de 2013 y a partir de ello, se
reanudó el cómputo de los cinco (5) años y 18 meses para formular la demanda
ejecutiva.

iv) El 12 de diciembre de 2019, era la fecha límite para formular la petición de
cumplimiento de las sentencias.

De otra parte, trascribió apartes de la sentencia del 26 de mayo de 2022 (radicado
2013-04993) en la que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
señaló que el hecho de que la competencia de la UGPP sea efectiva a partir del 8
de noviembre de 2011, no implica que la atención de las reclamaciones de pago
de las prestaciones económicas derivadas de la reliquidación pensional anteriores
a esa fecha no corresponda a la UGPP, “pues como lo tiene establecido esta
corporación, al liquidarse CAJANAL a partir del 12 de junio del 2013 y dándose por
terminada su existencia legal, todas las obligaciones que pudiesen haber estado
bajo su responsabilidad debían pasar a la UGPP por ser su cesionaria, en virtud
de lo establecido en el artículo 2° del Decreto 2040 de 2011”.

Finalmente, mencionó que con la decisión cuestionada “si bien no se configura en
una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de una decisión ilegítima que afecta
derechos fundamentales atrás analizados y pone en desventaja al accionante
frente a otros demandantes”.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia del 11 de abril de 2023, se requirió al abogado que
presentó la demanda para que allegara el poder conferido por la señora Hilda
Liliana Becerra Sañudo para ejercer su representación en el asunto de la

4

Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

referencia, so pena de rechazo de la demanda de tutela respecto de la
mencionada señora.

Con ocasión de lo anterior, el abogado que presentó la demanda de tutela
manifestó que “por error de digitación del suscrito se incluyó a la señora HILDA
LILIANA BECERRA SAÑUDO (Q.E.P.D) en la acción de tutela y por ello solicito no
sea tenida en cuenta”.

Por medio de proveído del 24 de abril de 2013, se admitió la demanda de tutela
respecto de los señores Harold de Jesús y Magally del Carmen Becerra Sañudo,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como tercero con
interés, a la UGPP.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
indicó que la acción de tutela de la referencia es improcedente porque “los
argumentos presentados por la parte actora están encaminados a atacar el criterio
interpretativo del juez”.

De otra parte, refirió que la decisión cuestionada contiene ampliamente las
razones en que se fundamentó, por lo que solicitó “darle alcance a ese texto”.

Planteó que no es procedente alegar la existencia de un defecto cuando
determinada providencia se fundamentó en un criterio jurídico o en una
interpretación razonable de las normas aplicables al caso, porque ello vulneraría el
principio de autonomía e independencia de los jueces de la República.

Sostuvo que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional
para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias del proceso

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

ordinario o expongan argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron
de proponer.

Por último, mencionó que “no existe tampoco en el expediente prueba ni elemento
de juicio fundado que acredite válidamente la presencia de una situación grave,
inminente y urgente que haga impostergable la protección mediante la acción de
tutela no resulta procedente la presente demanda”.

4.3. La UGPP sostuvo que, contrario a lo afirmado por la parte tutelante, el tribunal
accionado no desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, solo que “en
atención a la mutabilidad del derecho, y luego de haber realizado un estudio de las
tesis de suspensión de la acción ejecutiva predicable a la extinta CAJANAL,
determinó que tres años atrás las mismas fueron evaluadas por el Consejo de
Estado y en ese sentido se definió que no le era aplicable la predicha suspensión
de términos durante su proceso liquidatorio…”.

Resaltó que lo que pretenden los tutelantes es justificar su omisión bajo el
argumento de que al momento de presentación de la demanda se encontraban
suspendidos los términos frente a la extinta Cajanal, sin tener en cuenta que las
funciones y obligaciones de esa entidad fueron trasladadas a la UGPP “por lo que
no es dable inferir que dentro de un trámite y el otro hubo suspensión de los
términos de las acciones ejecutivas y que por ende no operó la caducidad de la
acción”.

Afirmó que la decisión cuestionada se ajustó al derecho, debido a que el tutelante
podía “exigir vía ejecutiva el pago de los intereses del 177 bajo una tesis hasta el 7
de octubre de 2014 y por la otra el 7 de abril de 2016, sin embargo, solo ejerció
dicha acción hasta el 29 de noviembre de 2016, configurándose la caducidad de la
acción y la inexigibilidad de la obligación”.
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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Sin perjuicio de lo anterior, mencionó que el amparo solicitado es improcedente
porque se pretende sustituir una decisión ejecutoriada y proferida por el juez
natural de la causa, que no se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
solo que, luego del análisis correspondiente, aplicó la tesis más reciente.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo y Magally del Carmen Becerra
pretenden que se deje sin efectos la providencia del 11 de agosto de 2022 –
mediante la cual se revocó la decisión de seguir adelante con la ejecución y se
declaró probada la caducidad de la acción ejecutiva–, tras considerar que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, porque no tuvo en
cuenta que el Consejo de Estado señala que “mientras se adelantó la liquidación
de CAJANAL se interrumpió la caducidad”.

Se ha establecido que este defecto se configura cuando una autoridad judicial se
aparta del precedente, sin exponer, de manera suficiente y proporcionada, las
razones de su decisión2.

Pues bien, se tiene que en la decisión cuestionada el tribunal accionado sostuvo
(transcripción de forma literal):

Sea lo primero, dilucidar acerca de la caducidad de la acción ejecutiva, la cual
es entendida como un plazo objetivo para el ejercicio oportuno del derecho de
acción, se encuentra regulada en las normas procedimentales como una
carga procesal, es decir, como un imperativo que emana de las disposiciones
adjetivas con ocasión del proceso, en cabeza de las partes, no exigible
coercitivamente, y cuya no ejecución acarrea consecuencias jurídicas

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Sentencia SU–631 de 2017.
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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

desfavorables para el renuente. Por lo anterior, se entiende la caducidad como
el plazo perentorio para comenzar el proceso, y de cuyo incumplimiento la ley
presume la falta de interés del demandante en el impulso del mismo, y cuyo
vencimiento hace que sea imposible intentar su inicio.

El numeral 11 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, y hoy de igual manera
en el literal k) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
establece que el término para solicitar la ejecución de títulos derivados del
contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales
contractuales estatales, será de cinco (5) años contados a partir de la
exigibilidad de la obligación en ellos contenida.

Existe una posición en el Consejo de Estado que estima que la caducidad de
la acción debe contabilizarse en armonía con los artículos ya enunciados y el
Inciso 2.º del artículo 192 del CCA e inciso 2.º del artículo 299 del C.P.A.C.A.;
arribando a la siguiente tesis:

En conclusión, la oportunidad para formular la demanda cuando se pretende la
ejecución de una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, es de 5 años contados a partir de la exigibilidad de
la obligación contenida en la providencia judicial de condena, en los siguientes
términos:

1. 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si fue dictada de
conformidad con el CCA o Decreto 01 de 1984.
2. 10 meses siguientes a la misma ejecutoria, si se trata de sentencia dictada
en procesos regidos por el CPACA o Ley 1437 de 2011, en la cual se condene
al pago de sumas dinerarias.
3. 30 días siguientes a su comunicación, cuando la condena no implique el
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero en procesos regidos por el
CPACA o Ley 1437 de 2011 – art. 192 inciso 1.º ib3

Lo anterior, significa que el demandante cuenta con un plazo de dieciocho (18)
meses más cinco (5) años para ejercer la acción ejecutiva en el caso que se
encuentre bajo los mandatos del CCA. Sin embargo, es preciso manifestar
que el magistrado ponente no comparte esa argumentación, por las siguientes
razones:

• El término contenido en el artículo 177 del CCA, de dieciocho (18) meses
debe entenderse para efectos de la inembargabilidad de los recursos
incorporados en el presupuesto de las entidades, no se trata entonces, de
inejecutabilidad. En efecto, de conformidad con las disposiciones que reglan
3
Original de la cita: “Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda
– Subsección A – Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. dos (02) de julio de dos
mil veinte (2020). 76001-23-33-000-2018- 00789-01(2930-19). Disponible en:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=76001-23-33-
000-2018-00789-01(2930-19)#sdfootnote10anc”.
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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

las obligaciones en el ordenamiento jurídico, estas son ejecutables a partir del
día siguiente a su exigibilidad (ejecutoria o firmeza de la providencia judicial o
acto administrativo o cumplimiento de la condición, según el caso).

• Este término impide que los jueces emitan órdenes de embargo en contra de
los recursos incorporados en el presupuesto de las entidades deudoras,
mientras no hubiere vencido ese término de gracia de los dieciocho (18)
meses previstos en el C.C.A.

• Desde las premisas básicas del derecho procesal, las providencias judiciales
se hacen exigibles desde su ejecutoria; por tanto, el acreedor se encuentra en
posibilidad de incoar la acción ejecutiva desde la fecha de la ejecutoria de las
sentencias que le reconoce sus derechos económicos.

En consecuencia, este Despacho encuentra posible y jurídicamente viable
contabilizar el término de caducidad de cinco (05) años, a partir de la
ejecutoria de las sentencias que se allegan con la demanda como título de
recaudo ejecutivo.

Ahora bien, resulta necesario tratar las tesis que han subsistido en materia de
caducidad de la acción ejecutiva teniendo en cuenta la liquidación de
CAJANAL, toda vez que, en algún momento el Consejo de Estado, dejó por
sentado que el término de caducidad debía entenderse suspendido durante el
tiempo en que se llevó a cabo el proceso liquidatario de la entidad; sin
embargo, esa tesis nunca fue acogida por el despacho sustanciador y desde
hace tres (03) años fue evaluada nuevamente por el Consejo de Estado,
arribado a la conclusión que deniega esa teoría.

Se procede a exponer algunas consideraciones relevantes en ese aspecto:

El término legal de caducidad por regla general transcurre sin solución de
continuidad, sin atender circunstancias subjetivas del titular del derecho de
acción, ora negligencia, ignorancia de la ley u otra. Sólo excepcionalmente, el
legislador podrá ordenar la suspensión de tales términos, piénsese en la
hipótesis de la pandemia originada en el coronavirus COVD 19, que el
Gobierno Nacional mediante Decretos – Leyes, ha dispuesto la suspensión de
términos legales procesales judiciales pro témpore.

La Ley 550 de 1999, derogada de forma expresa por medio de la Ley 1116 de
2006 fue expedida para la reestructuración de los pasivos en el sector
empresarial privado, a fin de evitar la desaparición de muchas empresas. Sin
embargo, algunos municipios se acogieron a la definición de Acuerdo o
reestructuración de sus deudas con los respectivos acreedores; pero la
finalidad y objetivo de esa ley, estuvo encaminada a evitar que el sector
privado llegara a estados de quiebra o de concordatos.

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Esta norma legal previó en relación con las empresas que se acogieran a ese
especial procedimiento de reestructuración de pasivos, que los procesos
judiciales ejecutivos que se encontraren en curso en contra de ellas debían
suspenderse de manera inmediata y que los acreedores ejecutantes hicieran
valer sus créditos ante el respectivo promotor encargado de la
reestructuración o acuerdo de pasivos. Obvio, porque se repite era la finalidad
aliviar, oxigenar la capacidad de pago de los créditos alongando los plazos.
Contrario acontece cuando se determina liquidar o suprimir de la vida jurídica
una unidad de explotación económica privada o pública. El fin único, es
finiquitarla. Cuando el Gobierno Nacional definió liquidar una entidad pública,
como lo fue la Caja Nacional de Previsión Social, esa supresión fue ordenada
por medio del Decreto No.2196 de junio de 2009, pero reemplazada por otra
entidad pública que asumió las responsabilidades públicas que le estaban
dadas, pues el estado no puede extraerse de sus obligaciones y para el efecto
surgió la creación de la: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales – UGPP, como una persona de derecho público,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
según el artículo 156 ibidem.

Así las cosas, no tendría razón de ser que el plazo que demanda la liquidación
o supresión de una entidad pública pueda entenderse como interrupción a los
términos de caducidad de las acciones ejecutivas que se encuentran en curso
o que puedan promoverse. Todo lo contrario, para la entidad pública en
liquidación, ojalá los acreedores por las circunstancias que quieran
imaginarse, les caducaran todas las posibles acciones judiciales. Luego,
resultaría exótico, que la ley les ampliara ese término legal para demandar.
Cuando una entidad pública está en liquidación, los procesos judiciales en
curso continúan su trámite y si el procedimiento de liquidación o supresión de
la entidad termina primero que los procesos judiciales, la ley o acto de
supresión indican el sucesor procesal correspondiente.

Como se anotó anteriormente la Ley 550 y luego la norma legal posterior que
la derogó y sustituyó, fueron expedidas para procurar salvar, reestructurar,
oxigenar económica y financieramente empresas del sector privado a efecto
de que lo desaparecieran de la vida productiva; en cuanto a CAJANAL, debe
decirse que, por el contrario era una entidad pública del orden nacional y que
la decisión gubernamental administrativa fue la de liquidarla, como en efecto
sucedió.

Luego, cuál habría sido la razón jurídica para la suspensión de los procesos
ejecutivos en curso para entonces. Una única razón, que los acreedores
hicieran valer esos créditos ante el liquidador. Pero jamás, podría pensarse en
la interrupción del término de caducidad de la acción ejecutiva. El Consejo de
Estado en unas pocas decisiones asumió tal postura, pero ya esa línea
decisional fue rectificada y recogida por esa Corporación Judicial.

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Por las razones acotadas no es posible entender que el término de caducidad
de la acción ejecutiva fue suspendido en razón al proceso de liquidación de
CAJANAL.

Así pues, la postura del despacho sustanciador es del conteo de término de
caducidad es de cinco años a partir de la fecha de ejecutoria de las sentencias
que se postulan como títulos ejecutivos; toda vez que La Ley 153 de 1887
establece y ordena que cuando una norma legal es clara, no hay que buscar
interpretaciones so pretexto de indagar sobre el espíritu del legislador: debe
aplicarse en su sentido natural y obvio. Luego, si el C.C.A., establece que el
término de caducidad de la acción ejecutiva es de cinco (5) años, por ende, no
puede adicionarse a ese conteo seis (6) meses, dieciocho (18) o, diez (10)
meses más.

De forma contraria, la posición de la Sala mayoritaria, asegura que a ese
tiempo de cinco (5) años debe agregarse el del contenido en el artículo 192
ibidem.

Caso Concreto

Visto el caso concreto encuentra la Sala que las sentencias que conforman el
título ejecutivo en el presente asunto fueron proferidas en vigencia del Código
Contencioso Administrativo, por lo que el trámite de esta acción deberá acoger
esa normativa.

Ahora bien, atendiendo el criterio del Despacho ponente la demanda fue
radicada por fuera del término establecido para la acción ejecutiva de cinco
(05) años que para el presente caso se venció el 7 de octubre de 2014.

Acotando la existencia de la tesis según la cual en la contabilización del
término de caducidad se tiene en cuenta dieciocho (18) meses después de la
ejecutoria de la sentencia exigible, pues como ya se dilucidó, la sentencia
objeto de ejecución data de la época en la que el CCA, aún se encontraba
vigente, la decisión que aquí se adopte seguirá los parámetros impuestos por
esta normativa, que se cumplieron el 7 de abril de 2011. Luego, a partir de allí
contar cinco (5) años; al ejecutante le era posible incoar la acción ejecutiva
hasta el 7 de abril de 2016.

De lo anterior se desprende que a la luz de una u otra tesis el demandante
omitió el término legal establecido para accionar la jurisdicción de cara a la
reclamación de su derecho, al radicar la demanda ejecutiva el 29 de
noviembre de 2016 (Fol. 72), pues la inactividad procesal del demandante y el
transcurso del tiempo permitió que el fenómeno de la caducidad operará y que
al ser advertido por el operador judicial deba ser declarado en cualquier etapa
procesal.

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Finalmente, en cuanto a la precisión de la fecha a partir de la cual se causaron
los intereses moratorios, la Sala reitera la comprobación de la caducidad de la
acción ejecutiva, por lo que no es necesario el análisis de ese argumento, así
como tampoco, estudiar el argumento de apelación del ejecutante que se
circunscribe a definir la fecha causación de los intereses (negrilla y subraya
del original).

En primer lugar, la Subsección precisa que, como lo indicó la parte tutelante y se
reconoce expresamente en la decisión cuestionada, es cierto que el Consejo de
Estado, en algunas oportunidades -incluso en sede de tutela-, ha señalado que el
término de caducidad de las acciones ejecutivas promovidas para obtener el pago
de obligaciones a cargo de Cajanal se suspenderían durante el proceso de
liquidación de la entidad4.

Sin embargo, no puede desconocerse que la Corporación también ha considerado
que “no era necesaria la suspensión de los términos de caducidad y prescripción
de las acciones contra la entidad”, al punto de que, en providencia del 12 de
septiembre de 2019, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
precisó:

La Sala pone de presente que si bien el demandante en el recurso de
apelación esgrimió algunos autos proferidos por el Consejo de Estado, en los
cuales se dijo que el término de prescripción y caducidad de las obligaciones a
cargo de la CAJANAL EICE –en liquidación- se entendería suspendido
durante el proceso liquidatorio de la entidad, en virtud de una remisión
normativa a la Ley 550 de 1999 y al Decreto 254 de 2000; esta Sala rectificará
la posición asumida mediante providencia de 28 de marzo de 20195, puesto
que se considera que no era necesario hacer tal remisión normativa para
resolver el caso concreto, ya que el Decreto 2196 de 2009 y el Decreto 254 de
2000 prevén que los procesos de CAJANAL que se estuvieran tramitando y
los que se llegaren a interponer, serían atendidos por el Liquidador,
protegiendo la garantía de defensa del Estado.

En efecto, la remisión normativa está llamada a realizarse cuando la ley sobre
4
Exp: 25000-23-42-000-2016-04418-01(4651-19) y 11001-03-15-000-2020-04100-01(AC), entre
otros.
5
Original de la cita: “Dentro del proceso con radicación 25000234200020170144301, número
interno: 0740-2018, Consejero Ponente: César Palomino Cortés”.
12

Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

determinado tema es incompleta, y se requiere que sea llenada con otros
preceptos jurídicos. En aquellos casos en los cuales se esté estudiando la
caducidad de la acción ejecutiva contra CAJANAL EICE –en liquidación- no es
necesario hacer una remisión porque el Decreto 2196 de 2009 (mediante el
cual se suprime y se ordena la liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social), previó que el representante legal de entidad referida era quien tenía la
dirección de los procesos judiciales, por lo tanto no era necesaria la
suspensión de los términos de caducidad y prescripción de las acciones
contra la entidad; a contrario sensu, el legislador anticipó que sería el
Liquidador quien se encargaría de la defensa técnica de la institución, hasta
que ésta estuviera a cargo de la UGPP. Esta aseveración fue ratificada en el
parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 254 de 2000, sustento jurídico del
Decreto 2196 de 2009.

Sumado a esto, no se puede hacer una remisión normativa como se hizo en
las providencias enunciadas en el recurso de alzada, porque el precepto
jurídico para explicar la suspensión de los términos judiciales es el contenido
en la Ley 550 de 19996, y esto solo ha sido contemplado para la reactivación
empresarial y reestructuración de los entes territoriales, estatuto que no sería
aplicable a las entidades de orden nacional como es el caso de CAJANAL
EICE, lo que riñe con el principio de legalidad y descentralización.

Ahora bien, la Sala considera, que para contabilizar el término de caducidad
de la acción ejecutiva es necesario aplicar lo establecido en el numeral 11 del
artículo 136 del CCA, en los cuales se establece que el término de caducidad
para esta clase de demanda es de 5 años, que empezarán a contarse desde
que el derecho se hizo exigible, es decir, a partir del día siguiente en que la
sentencia quedó ejecutoriada7.

En esos términos, se puede sostener que no existe un criterio unificado sobre el
particular y, por ende, la Sala estima que, en ejercicio del principio de autonomía e
independencia judicial, el tribunal accionado podía aplicar cualquiera de las
posturas, siempre que justificara las razones de su decisión, tal y como lo hizo en
la sentencia del 11 de agosto de 2022.
6
Original de la cita: “LEY 550 DE 1999. NOTA DE VIGENCIA: Ley prorrogada hasta el 1o. de julio
de 2007, vencido dicho término, se aplicará de forma permanente solo a las entidades territoriales,
las descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional o territorial
de que trata la Ley 922 de 2004. Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la
reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función
social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones
para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. (…)”.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: César Palomino Cortés, radicación:
25000-23-42-000-2015-01191-01(0043-16).

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En efecto, revisada dicha decisión, se observa que la autoridad judicial accionada
reconoció que, en algunas oportunidades, el Consejo de Estado ha señalado que
“el término de caducidad debía entenderse suspendido durante el tiempo en que
se llevó a cabo el proceso liquidatorio de la entidad” y, a su vez, explicó que esa
tesis nunca ha sido acogida por el despacho sustanciador y que “desde hace (03)
años fue evaluada nuevamente por el Consejo de Estado, arribando a la
conclusión que deniega esa teoría”.

A su vez, el tribunal explicó las razones por las que considera que la postura que
se alega como desconocida no tiene vocación de prosperidad, que obedecieron al
hecho de que, por regla general, el término de caducidad trascurre sin solución de
continuidad y que solo el legislador puede ordenar su suspensión.

En línea con lo anterior, la autoridad judicial accionada efectuó un análisis
suficiente respecto de la situación de Cajanal y precisó que cuando el Gobierno
Nacional decidió suprimirla (Decreto 2196 de 2009), la reemplazó por otra entidad
pública que asumió sus responsabilidades –UGPP– y, por ende, “no tendría razón
de ser que el plazo que demanda la liquidación o supresión de una entidad pública
pueda entenderse como interrupción a los términos de caducidad de las acciones
ejecutivas que se encuentran en curso o que puedan promoverse”.

En desarrollo de dicho análisis, el tribunal de segunda instancia del proceso
ejecutivo afirmó que, incluso cuando una entidad pública está en liquidación, los
procesos judiciales en su contra continúan su trámite, pues en los casos en los
que el trámite de liquidación o supresión de la entidad termina primero que los
procesos judiciales, se designa al correspondiente sucesor, por lo que “resultaría
exótico” que la ley ampliara el término para demandar en casos como el presente.

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

De otra parte, se aclaró que, si bien es cierto que la Ley 550 de 1990 y la
normativa que la derogó -Ley 1116 de 2006- se expidieron para reestructurar y
oxigenar económica y financieramente a las empresas del sector privado -para
evitar que desaparecieran de la vida productiva-, también lo es que ello no
aplicaba a Cajanal, porque era una entidad pública de orden nacional que fue
liquidada, de modo que no existiría razón jurídica para que se suspendieran los
procesos ejecutivos en curso para ese momento.

Insistió en que, aunque el Consejo de Estado, “en unas pocas decisiones”, aplicó
la postura según la cual debía interrumpirse el término de caducidad de los
procesos ejecutivos, en razón al proceso de liquidación de Cajanal -que es la que
se alega como desconocida-, no podía dejarse de lado que “esa línea decisional
fue rectificada y recogida por esa corporación judicial” -pero por una de las
Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado-.

De otra parte, se observa que, al analizar el caso bajo estudio, el Tribunal
accionado también aclaró que, en casos como el presente, existe la tesis de que al
término de caducidad de los procesos ejecutivos no puede adicionársele más
tiempo del dispuesto por la ley (5 años), así como la postura en virtud de la cual a
ese término se le debe adicionar los 18 meses de la ejecutoria de la sentencia
exigible (5 años + 18 meses) -tesis de la Sala mayoritaria- y, en aras de ser más
garantistas, se analizó la operancia de la caducidad bajo las dos situaciones,
concluyendo que, tanto en uno como en otro escenario, era evidente que la
demanda ejecutiva se presentó por fuera del término previsto por la ley.

En definitiva, a juicio de la Sala, no puede predicarse la configuración de un
desconocimiento del precedente, porque, como se señaló, no existe criterio
unificado frente al tema bajo estudio y, además, porque el tribunal accionado, en
ejercicio de su autonomía funcional, expuso las razones por las que consideró que
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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

no “podría pensarse” que la liquidación de Cajanal habilita la suspensión del
término de caducidad de la acción ejecutiva, tan es así que a Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en fallo de tutela del 4 de marzo de
20218, refirió que:

… la Sala considera que en la providencia controvertida el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca argumentó suficientemente su decisión, al
considerar que desde la perspectiva legal y jurisprudencial, el término de
caducidad de la acción ejecutiva había operado, así como que era inaplicable
la suspensión de dicho término en virtud del proceso liquidatorio de CAJANAL,
razonamiento que a juicio de la Sala resulta ajustado a las reglas de la sana
crítica para respaldar la conclusión a la que arribó la autoridad judicial.

No obstante lo anterior, la Sala precisa que como en la materia no existe
criterio unificado, es claro que el Tribunal accionado podía escoger cualquiera
de las tesis que sobre el particular ha desarrollado la Sección Segunda del
Consejo del Estado, como en efecto lo hizo, sin que dicha decisión implique la
transgresión a los derechos fundamentales del tutelante, dado que, como se
advirtió en líneas precedentes, la decisión está suficientemente motivada en
relación con la contabilización del término de caducidad de la acción ejecutiva.

En tal sentido, conviene destacar que la interpretación jurídica y las
consideraciones hechas por el juez natural deben ser respetadas por el juez
de tutela, a quien no le es dable desconocer las decisiones por él adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se
halló probado.

En el mismo sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de tutela
del 15 de abril de 20219, señaló:

En primera medida, conviene advertir que esta Sección10 al analizar en sede
de tutela casos similares al que hoy se estudia, de manera reiterada había
sostenido que en las demandas ejecutivas que pretendan el cobro de
obligaciones contenidas en providencias judiciales a cargo de Cajanal, debía
considerarse que el término de caducidad estuvo suspendido durante el lapso
8
Exp. 11001-03-15-000-2020-04475-01(AC).
9
Exp. 11001-03-15-000-2020-05262-01(AC)
10
Original de la cita: “Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, Exp. Nº
11001-03-15-000-2018-00044-01. Este criterio también se reiteró en sentencias de 23 de agosto de
2018, Exp. Nº 11001-03-15-000-2018-01733-00 y de 15 de noviembre de 2018, Exp. Nº
11001-03-15-000-2018-00630-01, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto”.
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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

en que duró el proceso de liquidación de esa entidad. Tal determinación fue
justificada en cada uno de los casos analizados, a partir de la jurisprudencia
pacífica de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el asunto en
particular.

Pero, de acuerdo con lo indicado en el acápite 5 de esta providencia, se tiene
que en la actualidad no hay uniformidad de criterios en la Sección Segunda en
relación con la suspensión de la prescripción y la caducidad durante el lapso
de liquidación de Cajanal. Esta nueva tesis defendida por al Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado sin lugar a dudas influye en el
análisis de la configuración del defecto sustantivo y del desconocimiento del
precedente judicial en el caso concreto.

En ese orden, la Sala considera que asistió razón al a quo al negar la
ocurrencia de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial en la providencia acusada. Esto porque el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda- Subsección B al realizar el cómputo de
caducidad de la acción en el caso concreto dio aplicación de manera legítima
a un criterio de interpretación normativa defendido por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, según el cual, en aplicación del
parágrafo segundo del artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, corresponde al
agente liquidador representar jurídicamente a la entidad en los procesos
judiciales en curso o que se iniciaran en el lapso de la liquidación, por lo que
no había lugar a entender suspendidos los términos de caducidad en los
procesos ejecutivos.

De otra parte tampoco se encuentra materializado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, dado que en la actualidad no se ha
proferido providencia de unificación al respecto ni una tesis unificada del
órgano de cierre en relación con el cómputo de la caducidad de la acción
ejecutiva donde el titular de la obligación es la extinta CAJANAL, en
consecuencia, se concluye que era facultad del juez natural de la causa que
en ejercicio de la independencia y autonomía propia de la labor de administrar
justicia asumiera razonadamente la tesis de interpretación normativa frente al
problema jurídico, como en efecto se hizo en el caso objeto de análisis.

Así las cosas, la Sala concluye que no se incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente alegado por la parte tutelante y, por ende, se
negará el amparo solicitado.

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Radicación número: 110010315000202301647 00
Accionante: Harold de Jesús Becerra Sañudo y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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