Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00188-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00188-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00188-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Treinta (30) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2013-00188-02 (5872-2019)1
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Bonificación por compensación (Decreto 610 de
1998)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Nueve (9) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2.
1.1.1. Pretensiones.
1. El señor Luis Eduardo Morales Coronado, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y
solicitó la nulidad del acto administrativo No. OP 20123100011601 del
1
Expediente híbrido.
2
Folios 22 a 32.
2
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Doce (2012), mediante el cual la Fiscalía
General de la Nación negó el reconocimiento de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) el pago retroactivo de la
diferencia salarial del 80% de los ingresos que, por todo concepto perciben los
magistrados de Alta Corte y que resulte por concepto de cesantías,
vacaciones, prima de navidad y demás factores que resulten afectados; ii) el
pago de los intereses moratorios que se deben ordenar liquidar debidamente
indexados, desde la ejecutoria de la sentencia y hasta que se efectúe el pago
y; iii) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 189 del
CPACA.
1.1.2. Hechos.
3. El señor Luis Eduardo Morales Coronado señaló que, prestó sus servicios a
la Fiscalía General de la Nación como Fiscal Delegado ante Tribunal,
generándose a su favor un reconocimiento salarial y prestacional equivalente
al 80% fijado por el Decreto 610 de 1998, mientras desempeñó dicho cargo.
4. Expuso que, la relación salarial establecida entre los magistrados de las
Altas Cortes y los funcionarios de inferior jerarquía, como los Fiscales
Delegados ante Tribunal, consolidó un derecho adquirido consistente en
mantener una proporción remuneratoria equivalente al 80%, no obstante, la
entidad demandada desconoció dicho porcentaje del régimen salarial, lo que
constituye una violación directa a la ley y a los principios constitucionales.
5. Agregó que, presentó reclamación administrativa el Quince (15) de febrero
de Dos Mil Doce (2012), que fue resuelta negativamente, a través del acto
administrativo acusado.
1.1.3. Concepto de violación.
6. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
6.1. Constitucionales o convencionales: artículos 2, 13, 53 y 58
de la Constitución Política.
3
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
6.2. Legales y reglamentarias: Ley 4 de 1992, artículos 2, literal a)
y 10; Ley 270 de 1996, artículo 152, numeral 7; Decretos 610 y 1239
de 1998.
7. Señaló que, el acto administrativo acusado desconoció los fines esenciales
del Estado, en particular la garantía de efectividad de los derechos, al no
reconocer la bonificación por compensación en el porcentaje del 80% de los
ingresos devengados por los magistrados de Altas Cortes. Indicó que, dicha
omisión vulneró los principios mínimos del trabajo consagrados en el artículo
53 de la Constitución, especialmente los de favorabilidad e irrenunciabilidad
de los derechos laborales, al desconocer un beneficio salarial que, en su
criterio, constituía un derecho cierto e indiscutible.
8. Adujo que, esa situación implicó un trato desigual injustificado, carente de
sustento constitucional y legal, configurando una medida regresiva en materia
salarial que vulneró el principio de igualdad.
1.2. Contestación de la demanda3.
9. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, al estimar que, la liquidación de salarios y
prestaciones sociales del demandante se realizó conforme a las disposiciones
legales vigentes, sin que existiera irregularidad alguna.
10. En ese sentido, manifestó que no le era posible reconocer valores distintos
a los previstos en la ley, pues el régimen salarial aplicable estaba claramente
definido y no dependía de la discrecionalidad de la administración. En
consecuencia, afirmó que la entidad actuó conforme al marco normativo
aplicable para cada periodo.
11. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: «caducidad»; y
«prescripción».4
1.3. La sentencia de primera instancia5.
3
Folios 71 a 86.
4
Folios 157 a 170. En audiencia prevista en el artículo 180, numeral 6 del CPACA, el Tribunal declaró no probadas
las excepciones de caducidad y prescripción.
5
Folios 157 a 170.
4
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
12. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, mediante sentencia proferida el Nueve (9) de octubre de Dos Mil
Diecisiete (2017), accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas, de la siguiente manera:
PRIMERO. Declárense no probadas las excepciones propuestas por la
demandada.
SEGUNDO. Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado. Sección Segunda,
en las sentencias del 14 de diciembre de 2011. por medio de la cual se anuló el
Decreto 4040 del 3 (sic) diciembre de 2004 y a la de unificación jurisprudencial
proferida el día 18 de mayo de 2016, por las razones expuestas.
TERCERO. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
Radicado OPER No. 20123100011601 de 23 de febrero del 2012 expedido por
la Jefe de Oficina de Personal de la Fiscalía General de la Nación, por medio de
la cual no se accedió a la petición de la (sic) demandante de pago de la
bonificación por compensación, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. Condenase (sic) a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a reconocer y pagar a LUIS EDUARDO MORALES CORONADO, el
derecho adquirido a recibir el equivalente al sesenta por ciento (60%) para el año
1999 setenta por ciento (70%) para el año 2000 y al ochenta (80%) del 1 de enero
de 2001 en adelante mensual de lo que por todo concepto devenga como salario
un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para
la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de
servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 1° de enero de 1999 y hasta
el 7 de diciembre de 2009 con las precisiones hechas de conformidad con el
Decreto 610 de 1998, según lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO. En consecuencia, la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
debe reconocer y pagar al demandante, el equivalente al porcentaje mensual
dejado de percibir de lo que por todo concepto devenga como salario mensual un
Magistrado de una Alta Corte, en los extremos temporales fijados, como se indicó
en la parte motiva de esta sentencia y pautas dadas en el ordinal anterior.
[…]
13. El Tribunal indicó que, la demanda presentaba deficiencias formales, tales
como la indebida acumulación de pretensiones, la inclusión de normas y
jurisprudencia en los hechos y la falta de precisión sobre los extremos
temporales de vinculación del demandante, lo que evidenciaba errores de
técnica jurídica. No obstante, expuso que, en garantía del acceso a la
administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, optó por
realizar un esfuerzo interpretativo para determinar lo pretendido.
14. En ese sentido, sostuvo que, «[…] el demandante ostentó el cargo de Fiscal
Delegado ante Tribunal desde el 1 de julio de 1992 y se retiró el día 7 de diciembre de 2009,
conforme certificación de hoja de vida expedida por la Fiscalía General de la Nación, visible
5
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
de folios 144 a 146, siendo destinatario el demandante del Decreto 610 de 1998».
15. Advirtió que, el actor, «[…] en su calidad de Fiscal delegado ante Tribunal, adquirió
un derecho en sí mismo, y por ello no podía el acto administrativo acusado suprimírselo o
desconocérselo con la aplicación del Decreto 4040 de 2004 máxime cuando su argumentación
es muy precaria insuficiente y caprichosa, no atendible jurídicamente constituyéndose como
una desviación de poder […] para así pagársele el porcentaje del 70% del salario debido,
inferior en un 10% al legal y debidamente adquirido del 80% como ya se ha dicho […]».
16. Por lo anterior, concluyó que, «[…] con el acto acusado la entidad demandada violó
el Imperio de la Ley en el sentido de no atender el derecho de los trabajadores y al trabajo en
condiciones dignas y justas, los principios de la progresividad y prohibición de la regresividad.
y la prevalencia del derecho sustancial».
17. En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad del oficio OPER No.
20123100011601 del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Doce (2012) y, a
título de restablecimiento del derecho, condenó a la parte demandada a pagar
al actor la bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de
1998, esto es, en un 60% para el año 1999, 70% para el año 2000 y 80% a
partir del Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) y
hasta el Siete (7) de diciembre de Dos Mil Nueve (2009), fecha de su retiro,
junto con las diferencias salariales correspondientes, debidamente
actualizadas y con los intereses a que hubiere lugar.
18. Finalmente, con relación a las excepciones de caducidad y prescripción
propuestas por la entidad demandada, precisó que, estas fueron resueltas en
la audiencia prevista en el artículo 180, numeral 6 del CPACA. En dicha
oportunidad, frente a la caducidad, concluyó que, no estaba llamada a
prosperar, por cuanto una de las salvedades a dicho término correspondía a
los actos que reconocían o negaban total o parcialmente prestaciones
periódicas y, al considerar que la bonificación por compensación ostentaba
dicha naturaleza, sostuvo que no había lugar a declararla.
19. Respecto a la prescripción, expuso que, el término trienal solo podía
contabilizarse desde el momento en que el derecho se hizo exigible, lo cual
ocurrió con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, esto es, el Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Doce (2012).
En consecuencia, advirtió que, el demandante presentó su reclamación el
Quince (15) de febrero de Dos Mil Doce (2012), dentro del término de tres años
6
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
que vencía el Veintiocho (28) de enero de Dos Mil Quince (2015), razón por la
cual no se configuró la prescripción.
1.4. El recurso de apelación6.
20. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que, la
bonificación de gestión judicial regulada en el Decreto 4040 del 2004, es
incompatible con la bonificación por compensación creada por el Decreto 610
de 1998, y teniendo en cuenta que, las sentencias de simple nulidad proferidas
por el Consejo de Estado no tienen efectos retroactivos sino efectos ex nunc,
la providencia que decretó la nulidad del primero solo tuvo efectos hacia el
futuro, por lo tanto, no resulta procedente acceder al reconocimiento de la
bonificación por compensación, pues, se le aplicó el régimen vigente para la
época, que era el Decreto 4040 de 2004.
21. Por otra parte, alegó que el tribunal no estudió correctamente el fenómeno
de la prescripción, pues, el derecho ya era exigible desde la sentencia del
Consejo de Estado del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Uno (2001),
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998 y permitió la reviviscencia de
los Decretos 610 y 1239 de 1998. En esa medida, afirmó que desde dicha
fecha existía fundamento jurídico para reclamar la bonificación por
compensación, por lo que, consideró que la reclamación presentada el Quince
(15) de febrero de Dos Mil Doce (2012) resultaba extemporánea respecto de
los periodos comprendidos entre 1998 y 2004, configurándose la prescripción
frente a estos.
22. Finalmente, solicitó que cualquier reajuste por diferencias no pagadas se
reconociera únicamente desde la ejecutoria de la sentencia que anuló el
Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del año 2012, pues, sostuvo que los
periodos reclamados ya habían sido cancelados.
1.5. Trámite de segunda instancia.
23. Con auto del Quince (15) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022)7, el
6
Folios 172 a 181.
7
Folio 223.
7
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
respectivo conjuez ponente, admitió el recurso de apelación contra la
sentencia del Nueve (9) de octubre de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por
la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda.
24. Posteriormente, el Seis (6) de junio de Dos Mil Veintidós (2022), el proceso
fue remitido al despacho de otro conjuez ponente8.
25. Mediante auto del Primero (1) de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022) 9,
el conjuez ponente prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y
corrió traslado para alegar de conclusión de conformidad con el artículo 247
del CPACA.
26. La parte demandante, mediante escrito del Veintitrés (23) de enero de Dos
Mil Veintitrés (2023)10 presentó alegatos de conclusión, solicitando confirmar
la sentencia de primera instancia.
27. Mediante auto del Diecisiete (17) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025)11,
el respectivo conjuez ponente remitió el proceso al presente despacho.
28. Por medio de auto del Primero (1) de agosto de Dos Mil Veinticinco
(2025)12, el consejero ponente no avocó conocimiento de la presente
controversia y remitió el proceso al consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez,
teniendo en cuenta que, en la Subsección A, el proceso fue repartido al
entonces magistrado William Hernández Gómez. No obstante, por medio de
auto del Doce (12) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)13, regresó el
expediente al presente despacho.
29. Por lo anterior, a través de auto del Doce (12) de marzo de Dos Mil
Veintiséis (2026)14, el consejero ponente avocó conocimiento de la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES
8
Folio 224.
9
Folio 227.
10
Samai, índice 49.
11
Samai, índice 54.
12
Samai, índice 60.
13
Samai, índice 67.
14
Samai, índice 73.
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Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
2.1. Competencia.
30. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA. De igual forma, según el artículo 32815 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico.
31. El problema jurídico que ocupa el sub-examine, se contrae a establecer:
¿A pesar de la finalización del vínculo laboral que unió al señor Luis Eduardo
Morales Coronado con la entidad demandada, la bonificación por
compensación aquí reclamada constituye una prestación periódica y, en
consecuencia, podía ser incoada la demanda en cualquier tiempo?
2.3. Asunto preliminar – Caducidad y prestación periódica16.
32. La caducidad es un fenómeno jurídico que implica la pérdida de la facultad
para iniciar una acción o un medio de control, en estos eventos ante la
jurisdicción administrativa, debido a no haberla ejercido dentro de un plazo
perentorio establecido por la ley, hoy regulados en el numeral 2 del artículo
164 del CPACA; esto es, aquella – caducidad- opera como una sanción legal
para quienes no actúan oportunamente.
33. En ese sentido, los numerales 1 (literal c) y 2 (literal d) del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) señalan la oportunidad para presentar la demanda, o el término de
caducidad de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, así:
15
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 31 de julio de 2025, expediente: 18001233300020190008602
(4188-2024), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
9
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá
ser presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en
otras disposiciones legales.»
34. De otra parte, la Sala recuerda que este plazo puede ser suspendido en los
términos del artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, que establece:
«Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del
Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según
el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o b) Se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o c) Se venza
el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud;
lo que ocurra primero».
35. El citado fenómeno jurídico busca garantizar la seguridad jurídica y evitar
que las situaciones jurídicas permanezcan indefinidamente sin resolución
judicial.
36. Ahora, en cuanto a las prestaciones periódicas, en materia laboral,
conforme más adelante se precisará, corresponden a emolumentos cuyo pago
se hace de forma regular y se reconoce durante la vigencia del vínculo laboral;
una vez cesada la relación laboral dejan de ser periódicas, salvo las mesadas
pensionales las cuales mantienen su carácter periódico indefinidamente.
2.4 . Pruebas recaudadas.
37. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las
siguientes:
• Certificado de los valores devengados y deducidos realizados al
demandante correspondiente a los años 2001 a 200617.
• Constancia de servicios prestados en la que se certificó que el actor ingresó
a la Fiscalía General de la Nación desde el Primero (1) de julio de Mil
Novecientos Noventa y Dos (1992) hasta el Siete (7) de diciembre de Dos
17
Folios 100 a 104.
10
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Mil Nueve (2009), y en esa fecha se desempeñaba como Fiscal Delegado
ante Tribunal18.
• Petición de reajuste radicada el Quince (15) de febrero de Dos Mil Doce
(2012), en la que el demandante solicitó a la Fiscalía General de la Nación,
el reconocimiento y pago de manera retroactiva de la diferencia salarial del
80% con relación a lo que devengan los magistrados de Alta Corte,
conforme al Decreto 610 de 1998, correspondiente al periodo en el que se
desempeñó como Fiscal Delegado ante Tribunal19.
• Oficio OP 20123100011601 del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Doce
(2012), mediante el cual la entidad demandada no accedió al
reconocimiento solicitado, al señalar la inexistencia de apropiación
presupuestal y supeditar un eventual pago a la disponibilidad futura de
recursos20.
• El Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Doce (2012), el Procurador 131
Judicial II Administrativo de Bogotá, mediante certificación extrajudicial No.
2012–00466, dejó constancia que el actor el Veintiuno (21) de junio de Dos
Mil Doce (2012), presentó solicitud de conciliación extrajudicial contra la
Fiscalía General de la Nación; audiencia que se llevó a cabo el Dieciséis
(16) de agosto de Dos Mil Doce (2012), sin acuerdo, por la inasistencia de
la entidad convocada y la manifestación de no tener ánimo conciliatorio,
dándose por agotado el requisito de procedibilidad para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo21.
2.5 . Caso concreto.
38. La Sala procede a resolver el problema jurídico planteado, consistente en
establecer si, a pesar de la finalización del vínculo laboral que unió al señor
Luis Eduardo Morales Coronado con la entidad demandada, la bonificación
por compensación aquí reclamada constituye una prestación periódica y, en
consecuencia, la demanda podía ser incoada en cualquier tiempo.
18
Folios 95 a 96.
19
Folios 4 a 9.
20
Folio 3.
21
Folio 2.
11
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
39. Sobre el particular, es preciso indicar que, una prestación periódica es un
pago recurrente y habitual que recibe un trabajador derivado de una relación
laboral o con ocasión de ella, dicha regularidad puede ser mensual, trimestral,
entre otros periodos; estos pagos pueden ser de prestaciones salariales como
de prestaciones sociales, y tendrán tal característica «ser periódicos» mientras
el vínculo laboral esté vigente. Cuando la relación laboral termina, estas
prestaciones dejan de ser periódicas, ya que, deben ser reconocidas en un
acto definitivo de liquidación y pago (por ejemplo, la liquidación final de
prestaciones sociales). En ese momento, pierden el carácter de periódicas,
salvo el caso de las pensiones o sustituciones pensionales, que pueden ser
reclamadas en cualquier tiempo debido a su naturaleza vitalicia 22.
40. Ahora bien, en cuanto al fenómeno de la caducidad debe precisarse que,
aquella es una sanción legal que, extingue el derecho a ejercer una acción
judicial cuando el titular del derecho no actúa dentro del plazo legal
determinado para ello. Este término temporal está fijado por la ley y su
propósito es evitar que las situaciones jurídicas queden indefinidamente en
litigio, garantizando la estabilidad y certeza en las relaciones jurídicas;
entonces, la caducidad protege el interés general limitando el tiempo para
demandar o reclamar y se fundamenta en el principio de preclusión (no se
puede ejercer el derecho después de que el plazo termina)23.
41. Esta Sala, en reciente pronunciamiento, sobre el tema de la caducidad como
medio de extinguir la acción precisó, «[e]n este sentido, la ley impone a los interesados
la carga de actuar diligentemente en la defensa de sus derechos, exigiéndoles el ejercicio del
derecho de acción dentro del término previsto. Además, la caducidad se considera una
institución procesal de orden público, lo que significa que no puede ser modificada, desconocida
o alterada por acuerdo entre las partes, asegurando así su carácter imperativo en la regulación
del acceso a la justicia»24.
22
Así lo ha concluido la Sección Segunda del Consejo de Estado en diversas providencias, entre ellas, Subsección
A, sentencia del 27 de noviembre de 2017, radicado 008001233100020100045401 (0381-2015) C.P. GABRIEL
VALBUENA HERNÁNDEZ; Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2019, Radicación: 13001 2331 000 2010
00335 01 (5019-2014) C.P. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ; Subsección B, auto del 24 de julio de 2025, radicado
66001-23-33-000-2019-00714-02 (5888-2022) C.P. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR.
23
Frente al tema de la caducidad se puede consultar, entre otras, C.E. Sección 2, Subsección A, Providencia del 1
de julio de 2021 Radicación número: 25000-23-42-000-2016-05593-01(5659-18); así como de la Subsección B
Providencia del 1 de agosto de 2019 Radicación número: 05001-23-33-000-2018-01322-01(0195-19); Sección
Segunda – Subsección B, auto del 8 de mayo de 2025, radicación 25000-23-42-000-2021-00697-01 (6502-2022),
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; auto del 29 de mayo de 2025, radicación 25000-23-42-000-2024-00459-
01 (0721-2025), C.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 6 de marzo de 2025, radicación 76001-23-33-000-
2021-00856-01 (1626-2024), consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12
Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
42. Asimismo, en relación con la caducidad en los procesos orientados al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, esta Subsección
señaló que, «[…] una vez retirada del servicio, el reclamo sobre cualquier acreencia laboral
que se hubiera causado durante la relación está sujeta al término de caducidad establecido en
el numeral 2 literal d) del artículo 164 del CPACA, esto es, la demanda debe ser presentada
dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto administrativo que resolvió la
reclamación administrativa, so pena de que se configure la caducidad de la acción»25.
43. Por su parte, en cuanto a los efectos jurídicos de la caducidad y su diferencia
frente a la prescripción, explicó que, «[…] el instituto procesal de la caducidad es un
presupuesto del derecho de acción que impide efectuar un estudio de fondo de la controversia.
Por oposición, la prescripción se configura sobre el derecho debidamente reconocido, y así se
exceptúa en los casos puntuales en que opere, lo cual parte de la base de que están
acreditados los presupuestos procesales que permiten adoptar una decisión de mérito, lo que
en el caso particular no ocurrió. Lo anterior no le impide a la demandante reclamar lo pertinente
a sus aportes pensionales, dado que son imprescriptibles»26.
44. En ese sentido, la caducidad impide el estudio de fondo de la controversia,
mientras que, la prescripción recae sobre derechos previamente reconocidos y
exigibles; no obstante, ello no impide reclamar lo relativo a los aportes
pensionales, dado su carácter imprescriptible.
45. En cuanto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
término de caducidad fue regulado por el legislador en el artículo 164 del
CPACA consagra los términos que regulan la citada figura, así:
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La
demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del
día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales;
[…]
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2025, radicado
18001233300020190008602 (4188-2024), consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de abril de 2026, radicado: 76001-23-33-
000-2017-00586-02 (3628-2024) consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.
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Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
46. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo expuesto por el A-
quo, la bonificación por compensación aquí reclamada no constituye una
prestación periódica; lo anterior, dado que, el vínculo laboral que unió al
demandante con la Fiscalía General de la Nación ya cesó.
47. Debe recordarse que, el señor Luis Eduardo Morales Coronado, se vinculó
a la entidad demandada desde el Primero (1) de julio de Mil Novecientos
Noventa y Dos (1992), hasta el Siete (7) de diciembre de Dos Mil Nueve (2009);
fecha de retiro, ante ello, se itera que, cuando finaliza el vínculo laboral, las
prestaciones que antes se consideraban periódicas (como el salario mensual)
pasan a ser prestaciones definitivas. En ese orden de ideas, una vez retirado
del servicio, el reclamo sobre cualquier acreencia laboral que se hubiera
causado durante la relación está sujeta al término de caducidad establecido en
el numeral 2 literal d) del artículo 164 del CPACA, esto es, la demanda debe
ser presentada dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación del
acto administrativo que resolvió la reclamación administrativa, so pena que se
configure la caducidad de la acción.
48. Según lo acreditado en el expediente, el acto acusado contenido en el Oficio
No. 20123100011601 del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Doce (2012),
mediante el cual la Fiscalía General de la Nación dio respuesta a la petición
elevada por el actor y no accedió al reconocimiento de la bonificación por
compensación, no cuenta con constancia de notificación personal ni de
comunicación efectiva al demandante. No obstante, obra en el plenario la
certificación extrajudicial No. 2012-00466 expedida por el Procurador 131
Judicial II Administrativo de Bogotá el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Doce
(2012), en la que se dejó constancia que, el actor presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Doce (2012),
respecto de la nulidad del referido acto administrativo y el reconocimiento de
las diferencias salariales derivadas de la bonificación por compensación.
49. En consecuencia, aun cuando no existe prueba de la notificación formal del
oficio del Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil Doce (2012), la referida solicitud
de conciliación permite tener por acreditado que, para el Veintiuno (21) de junio
de Dos Mil Doce (2012), el demandante tenía conocimiento efectivo del acto
administrativo acusado.
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50. A partir del Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Doce (2012), debía
contabilizarse el término de cuatro (4) meses previstos en el literal d), numeral
2°, del artículo 164 del CPACA; sin embargo, el término de caducidad fue
suspendido, tal como lo dispone el artículo 327 del Decreto 1716 de 2009.
51. Según la constancia expedida el Veintitrés (23) de agosto de Dos Mil Doce
(2012), por el Procurador 131 Judicial II Administrativo de Bogotá, allegada al
plenario, la audiencia de conciliación se llevó a cabo el Dieciséis (16) de agosto
de Dos Mil Doce (2012), sin que se lograra acuerdo, debido a la inasistencia
de la entidad convocada y a la manifestación de no tener ánimo conciliatorio,
razón por la cual, se dio por agotado el requisito de procedibilidad para acudir
ante esta jurisdicción.
52. En virtud de lo anterior, el término de caducidad se reanudó, el Veintitrés
(23) de agosto de Dos Mil Doce (2012), de manera que, contando desde esa
fecha, los cuatro (4) meses completos vencían el Veintitrés (23) de diciembre
de Dos Mil Doce (2012). No obstante, como para esa fecha se encontraba en
curso la vacancia judicial, la cual inició el Veinte (20) de diciembre de Dos Mil
Doce (2012) y finalizó el Diez (10) de enero de Dos Mil Trece (2013), periodo
durante el cual «no corren los términos, es decir, que cualquier plazo que estuviera
corriendo se interrumpe y el que hubiera vencido -en los días en que los despachos judiciales
estuvieron cesantes- se extiende al primer día hábil en que se reanudaron las labores»28; el
término de caducidad venció finalmente el Once (11) de enero de Dos Mil
Trece (2013).
53. No obstante, la demanda fue instaurada por el señor Luis Eduardo Morales
Coronado, a través de apoderado judicial, el Veinticuatro (24) de enero de Dos
Mil Trece (2013)29, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad;
ante lo cual, la Sala considera que, la decisión adoptada por el Tribunal no se
ajusta a derecho.
27
Artículo 3°. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el
caso, hasta:
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o
c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido
con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la
providencia correspondiente.
La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada (…).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de abril
de 2019, exp. 25000-23-42-000-2015-00279-01(3685-17).
29
Folio 32.
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54. En este punto, la Sala reitera que, como las pretensiones de la demanda
versan sobre el reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por
compensación que devengó el actor durante su relación laboral con la entidad
demandada, cuando ejerció el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal, dicho
emolumento, ante la finalización del vínculo laboral, dejó de ostentar la
naturaleza de prestación periódica. En consecuencia, por las razones
previamente expuestas; para la instauración de la demanda debía observarse
el término de caducidad consagrado en el literal d), numeral 2º del artículo 164
del CPACA.
55. Siendo así las cosas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia,
para en su lugar, declarar probada la excepción de caducidad del medio de
control.
2.6. Condena en costas.
56. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el Nueve (9) de octubre de Dos
Mil Diecisiete (2017), por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, que accedió a las pretensiones de la
demanda formuladas por el señor Luis Eduardo Morales Coronado, para en su
lugar:
SEGUNDO. DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad
propuesta por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Número Interno: 5872-2019
Demandante: Luis Eduardo Morales Coronado
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TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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