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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00586-02

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-00586-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Magistrada de la República –
reiteración jurisprudencial. Subtema 1: caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: incidencia de los paros judiciales en el cómputo
del término de caducidad. Subtema 3: cómputo de los términos en meses.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación presentado por la parte demandante, contra la sentencia
proferida el 15 de mayo de 2024, por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que declaró probada la excepción de caducidad propuesta por
el extremo demandado.

1. Síntesis del caso

La señora Aurora Amador Gómez, en su condición de magistrada del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, solicita la reliquidación y el pago de los
excedentes salariales y prestacionales por lo percibido desde 1993 a 2003. Ataca
la nulidad de la Resolución núm. 0371 del 24 de febrero de 2015 y de la Resolución
núm. 4341 del 15 de junio de 2016, esta última notificada el 23 de agosto de 2016,
actos administrativos que le negaron los reajustes pretendidos.
En este escenario el Tribunal, en sentencia de primera instancia, declara probada
la excepción de caducidad del medio de control, pues consideró que la demandante
se desvinculó el 30 de junio de 2003, momento a partir del cual sus prestaciones
dejaron de ser periódicas, por lo cual le resultaba aplicable el artículo 164, numeral
2 literal d) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

Administrativo CPACA. Así las cosas, el término para ejercer el medio de control iba
hasta el 24 de diciembre de 2016, pero se interrumpió con la radicación de la
solicitud de conciliación extrajudicial, de suerte que se reanudó el 31 de enero de
2017 y venció el 16 de marzo de 2017. No obstante, la demanda se radicó el 3 de
mayo de 2017, esto es, un mes y 20 días después de finalizada la oportunidad
prevista para ello.
Inconforme con esta decisión, el apoderado de la demandante interpone recurso de
apelación en el que cuestiona que las unidades temporales deben ser indivisibles y
que el cálculo tiene que hacerse sin escisión, de ahí que cuando el plazo se corta,
el efecto que se genera es la interrupción o suspensión, sin que resulte posible
recoger los días de distintos meses hasta completar 30 y darle la equivalencia de
un mes. En particular, hizo referencia a que las actividades de la Rama Judicial
cesaron con ocasión de un paro iniciado el 15 de septiembre de 2016, que se
levantó el 16 de octubre siguiente.

2. Antecedentes

2.1. Demanda

1. La señora Aurora Amador Gómez, el 3 de mayo de 20171, en ejercicio del
medio de control establecido en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda2 en
contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
radicada mediante apoderado judicial.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó lo siguiente:

i) Declarar la nulidad de la Resolución núm. 0371 del 24 de febrero de 2015 y
de la Resolución núm. 4341 del 15 de junio de 2016 que le negaron las pretensiones
de reliquidación de salarios, primas de navidad, prima de servicios y prima de
vacaciones, las vacaciones y las cesantías desde 1993 hasta diciembre 30 de 2003
(sic).

ii) Ordenar el pago de las bonificaciones por servicios prestados desde 1997 a
2003, debidamente ajustadas al 100% del salario asignado mensualmente para
cada año.

iii) Como consecuencia de la nulidad declarada, reconocer que la entidad
demandada es la responsable de los perjuicios ocasionados por el mal pago de los
salarios, las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, las vacaciones y las
cesantías desde 1993 hasta la fecha, así como las bonificaciones por servicios
prestados desde 1997 hasta la fecha de retiro de la demandante el 30 de diciembre

1 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal, 01
CuadernoSegundaInstancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, página 9 del archivo digital.
2 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal, 01
CuadernoSegundaInstancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 3 a 9 del archivo digital.

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Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

de 2003 (sic).

iv) Que se ordene la reliquidación y el pago de la diferencia de los excedentes
del salario correspondiente a los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 y 2003, como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga.

v) Que se efectúe la reliquidación y el pago de la diferencia en los excedentes
por vacaciones, primas de servicios, de navidad y de vacaciones, y las cesantías
correspondientes a los años 1993 a 2003, como magistrada del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga.

vi) Ordenarle a la entidad demandada hacer la reliquidación y pagar la diferencia
de los excedentes de las bonificaciones por servicios prestados por los años de
1997 a 2003 como magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
Igualmente, la entidad deberá pagar los excedentes derivados de la prima especial
de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Finalmente, pidió que
las sumas de dinero se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
y que se cumpliera la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

2.1.2. Hechos

3. La señora Aurora Amador Gómez hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Laboró en el Distrito Judicial de Buga como magistrada del Tribunal Superior,
sin solución de continuidad, en el período comprendido desde enero de 1993 al 30
de diciembre de 2003 (sic).

(ii) Desde el 1 de enero de 1993, hasta la fecha de retiro del cargo, diciembre 30
de 2003 (sic), recibió el pago de su salario, de la prima especial mensual y de las
primas de navidad, de servicios y de vacaciones, de las vacaciones y de las
cesantías disminuidos en un 30%, como consecuencia de la mala interpretación y
aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Esta misma disminución ocurrió
frente a las bonificaciones por servicios prestados desde 1997 y hasta el retiro.

(iii) Por lo anterior radicó reclamación administrativa el 15 de febrero de 2015,
que se negó mediante la Resolución núm. 0371 del 24 de febrero de 2015.
Inconforme con esta decisión, interpuso recurso de apelación el 6 de abril de 2015,
lo que dio lugar a que se confirmara la negativa mediante la Resolución núm. 4341
del 15 de junio de 2016.

(iv) Presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 19
Judicial II para Asuntos Administrativos, el 9 de noviembre de 2016, la cual se
declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre las pretensiones.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. La señora Aurora Amador Gómez citó como normas vulneradas las

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Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

siguientes: Constitución Política, artículos 13, 25 y 53; Ley 4ª de 1992, artículo 14;
Decreto 57 de 1993, artículos 3, numeral 3 y 6; Decreto 106 de 1994, artículo 2,
numeral 3 y 6; Decreto 43 de 1995, artículo 3, numeral 3 y 6; Decreto 36 de 1996,
artículo 2, numeral 3 y 6; Decreto 76 de 1997, artículo 2 numeral 3 y 6; Decreto 64
de 1998, artículo 2, numeral 3 y 6; Decreto 044 de 1999, artículo 2, numeral 3 y 6;
Decreto 2740 del 2000, artículos 2, numeral 3 y 7; Decreto 2777 de 2001, artículos
2, numeral 3, y 7; Decreto 673 de 2002, artículo 2 numeral 3 y 6; Decreto 3569 de
2003, artículos 2, numeral 3 y 7.

5. Para explicar lo anterior, sostuvo que la entidad demandada viola las citadas
normas porque la negativa a acceder a la reliquidación salarial y prestacional la
ubica en una situación de desigualdad frente a otros funcionarios públicos del
Estado; en particular, le reduce su sueldo en un 30% cuando otros reciben el pago
íntegro de su salario. En este orden, al no pagarse toda la asignación básica como
corresponde, se viola el artículo 25 de la Constitución Política, en tanto no se
remunera el trabajo en condiciones dignas y justas al sustraer el citado porcentaje.

6. Asimismo, en atención a la situación expuesta, se trasgrede lo previsto en el
artículo 13 de la Constitución Política frente a la igualdad en el reconocimiento.

2.1.4. Contestación de la demanda

7. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se
opuso a todas las pretensiones, al considerar que la demanda carece de
fundamentos jurídicos, por lo cual debía ser absuelta de todos los cargos con la
declaración de todas las excepciones propuestas, en los términos del artículo 187,
inciso segundo del CPACA.

8. Puntualmente, refirió que los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 previeron
una prima especial de servicios, sin carácter salarial y se amparó en el contenido
de la sentencia del 2 de septiembre de 2019. En igual sentido, indicó que se debía
aplicar la prescripción a partir de la fecha de exigibilidad del derecho, la cual se
interrumpía con la solicitud presentada ante la entidad, de suerte que solo procedía
el reconocimiento de los últimos 3 años anteriores a la solicitud. También aludió a
los efectos vinculantes de la sentencia y al Decreto 272 de 2021.

9. Precisó que, en principio, procedería conciliar el presente asunto, sin
embargo, resultaba presupuestalmente inviable pagar las obligaciones anteriores al
1 de enero de 2021 porque a la fecha no contaba con la apropiación presupuestal
por parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por tanto, no
resultaba posible contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes.

10. En este contexto, planteó como excepción la caducidad, porque la
Resolución que resolvió el recurso de apelación se notificó personalmente el 23 de
agosto de 2016. Si bien el asunto no exigía el agotamiento de la conciliación, se
radicó solicitud en ese sentido el 9 de noviembre de 2016 y la Procuraduría General
de la Nación expidió constancia el 30 de enero de 2017. Por su parte, la demanda

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Demandante: Aurora Amador Gómez
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Ejecutiva de Administración Judicial

fue radicada el 3 de mayo de 2017, habiéndose sobrepasado el término dispuesto
en el artículo 164 del CPACA, numeral 2, literal d). En consecuencia, adujo que no
estaban llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda.

11. También propuso como excepciones la inexistencia de causa para
demandar, la prescripción trienal de los derechos laborales, en tanto la reclamación
administrativa se radicó el 15 de febrero de 2015, y la innominada. Debido a lo
anterior, pidió que se nieguen todas las pretensiones de la demanda y que se
declaren probadas las excepciones propuestas y cualquier otra que esté
demostrada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, inciso segundo
del CPACA3.

2.2. Sentencia anticipada de primera instancia

12. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia anticipada4 el 15 de mayo de 2024, en la que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad propuesta por el
extremo demandado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, sin que se haya interpuesto el recurso de
apelación, ORDENESE la devolución de los gastos si fueron consignados por el
demandante y ARCHIVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor.

13. En sustento, precisó que aun cuando en el auto del 2 de octubre de 2023 que
ordenó aplicar la figura de la sentencia anticipada se dispuso que no se configuró la
caducidad porque el presente asunto versaba sobre prestaciones periódicas, los
elementos probatorios obrantes en el expediente permitían demostrar lo contrario.
En virtud de esto, se materializó la citada excepción que impedía abordar el fondo
del asunto. En particular, sostuvo que la demandante estuvo vinculada laboralmente
en la entidad en los siguientes cargos y períodos:

• Jueza civil municipal de El Cairo del 1 de septiembre de 1980 al 15 de junio
de 1982.

• Jueza tercera civil municipal de Tuluá del 16 de junio de 1982 al 28 de febrero
de 1994.

3 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal,
14_CONTESTACIONDEDEMANDA_31122CONTESTACION, 3-11-22-CONTESTACIÓN RAMA DESAJ-
TRIBUNAL 76001-23-33-000-2017-00586-00 DTE. AURORA AMADOR GÓMEZ Conj. Mag. JOSÉ EUSEBIO
MORENO, D origen Mag. LU.pdf.
4 Mediante auto del 2 de octubre de 2023, el conjuez ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

dispuso que el asunto reunía los requisitos previstos para dictar sentencia anticipada, razón por la cual
prescindió de la audiencia inicial.

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Ejecutiva de Administración Judicial

• Jueza primera civil del circuito de Cartago del 1 de marzo de 1984 al 24 de
septiembre de 1989.

• Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
del 25 de septiembre de 1989 al 30 de junio de 2003.

14. Encontró acreditada la citada información con la certificación emitida por el
secretario general del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga (Valle del
Cauca) el 5 de septiembre de 2014. Por tanto, era posible concluir que la
demandante estuvo vinculada con la Nación, Rama Judicial hasta el 30 de junio de
2003, oportunidad en la cual el pago de la prima especial dejó de ser periódica. Lo
anterior imponía considerar que la demanda debió interponerse dentro de los cuatro
meses siguientes a la notificación del acto administrativo definitivo, en los términos
del artículo 164, numeral 2 literal d) del CPACA.

15. Bajo este entendido, se probó que la demandante, en escrito del 10 de
febrero de 2015, pidió la reliquidación de salarios, prestaciones sociales y demás,
con ocasión al pago de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992. Esta petición fue resuelta mediante la Resolución núm. 0371 del 24 de febrero
de 2015 y la Resolución núm. 4341 del 15 de junio de 2016, que resolvió el recurso
de apelación interpuesto contra la primera y que se notificó personalmente el 23 de
agosto de 2016.

16. En estos términos, la situación reviste importancia porque a partir del día
siguiente inicia el cómputo del término de caducidad. Al respecto, puso de presente
que el conteo debe hacerse de conformidad con el artículo 118 del CGP. En
consecuencia, el plazo para ejercer el medio de control en principio iría hasta el 24
de diciembre de 2016, sin embargo, este corrió hasta el 9 de noviembre de ese año,
porque se radicó solicitud de conciliación prejudicial, etapa que se declaró fallida
mediante certificación del 30 de enero de 2017. Por ende, durante este lapso se
interrumpió la caducidad, al haber transcurrido 2 meses y 15 días, restando un mes
y 15 días para que el término expirara.

17. Así pues, el citado término reinició el 31 de enero de 2017 y venció el 16 de
marzo de 2017. No obstante, la demanda se radicó el 3 de mayo de 2017, esto es,
un mes y 20 días después de finalizada la oportunidad prevista para ello. De ahí se
extrae que operó la caducidad porque como la relación laboral terminó el 30 de junio
de 2003, debía seguirse la regla general relativa a la interposición de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho. Por virtud de esta situación, el escrito
inicial se interpuso luego de vencido el término de 4 meses contados a partir del día
siguiente a la notificación del acto administrativo definitivo, lo que daba lugar a
declarar probada la caducidad y a negar las pretensiones.

18. Finalmente, en atención a un criterio objetivo valorativo el Tribunal se abstuvo
de imponer condena en costas, porque las súplicas de la demanda se negaron

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Ejecutiva de Administración Judicial

mediante sentencia anticipada y el asunto es de pleno derecho5.

2.3. Recurso de apelación

19. El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación, con sustento
en los siguientes argumentos:

20. Se violó el acceso material a la justicia por la indebida acumulación o conteo
de los cuatro meses que se tienen para interponer la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. En particular, el Tribunal escinde la forma de contar
los meses, en contravía de las garantías constitucionales y del precedente judicial,
lo que da lugar a que se lesione el principio general del derecho relacionado con la
interpretación y aplicación del ejercicio del medio de control.

21. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha previsto que cuando
para el conteo de oportunidad se establezcan términos en meses o en años, estos
se deben computar en días calendario o unidades exactas. De tal forma que no se
pueden excluir los días inhábiles y cualquier término que caiga en uno de estos días
debe extenderse al siguiente día hábil6.

22. En este contexto, las unidades temporales deben ser indivisibles, sin separar
los festivos, lo que permite establecer que el término de 4 meses previsto para el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se corta, genera
como efecto la interrupción o la suspensión, sin que sea posible contabilizar días
separados.

23. Aplicado lo anterior al caso concreto, sostuvo que el término de caducidad
empezó a computarse el 24 de agosto de 2016 y culminaba el 24 de septiembre de
ese año, pero se interrumpió por un paro judicial iniciado el 15 de septiembre de
2016 y se reinició el 16 de octubre de 2016. Por ende, este día inició el conteo de
la unidad exacta del mes que iba hasta el 16 de noviembre de 2016. En igual
sentido, aunque este habría transcurrido hasta el 16 de diciembre de 2016, este se
interrumpió por la radicación de la solicitud de conciliación el 9 de noviembre de ese
año.

24. Por consiguiente, para ese momento, en ninguna vigencia transcurrió la
unidad exacta de un mes. Por tanto, se reinició el término el 31 de enero de 2017,
momento a partir del cual corrieron los meses de la forma en que se expone a
renglón seguido:

• El primer mes, como unidad exacta del 31 de enero, hasta el 28 de febrero
de 2017.

• Al segundo mes, como unidad exacta, del 28 de febrero al 28 de marzo de

5 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal,
030Sentencia_20170058600Sentencia.
6 Ley 4ª de 1913, artículo 62.

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Demandante: Aurora Amador Gómez
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Ejecutiva de Administración Judicial

2017.

• El tercer mes, como unidad exacta, del 28 de marzo al 28 de abril de 2017.

• El cuarto mes, como unidad exacta, del 28 de abril de 2017 al 28 de mayo de
2017.

25. Por consiguiente, interpuso demanda el 3 de mayo de 2017, dentro del
término legalmente previsto, y no es posible recoger los días de distintos meses
hasta completar 30 días y darle la equivalencia de un mes, porque con esta
interrupción de la unidad exacta, conforme al calendario, se vulnera el principio de
legalidad de la norma sancionatoria, que le impide al intérprete distinguir donde el
legislador no lo hizo. También se limita el acceso a la administración de justicia con
una interpretación restrictiva.

26. De conformidad con los motivos expuestos, pidió que se revoque la sentencia
apelada y se continúe con el trámite del medio de control correspondiente7.

2.4. Trámite procesal en segunda instancia
27. El despacho sustanciador dictó auto el 26 de agosto de 20248 en el que
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Dispuso que,
una vez en firme esta providencia, pasaría el expediente al despacho para decidir
sobre el decreto de pruebas, de conformidad con el artículo 212 del CPACA.

28. En consecuencia, el 18 de diciembre de 2025 9 se dictó auto en que se
abstuvo de emitir un pronunciamiento frente a la solicitud presentada por la señora
Aurora Amador Gómez y ordenó que, ejecutoriada esa decisión, el expediente
ingresara al despacho para proferir sentencia. En particular, consideró que la
intención de la actora no fue formular una solicitud de pruebas en segunda instancia,
sino poner de manifiesto la posible existencia de un paro judicial, como hecho
notorio, a efectos del cómputo del término de caducidad, aspecto que no requiere
práctica probatoria.

29. Con ocasión de lo anterior, el expediente ingresó al despacho para sentencia
el 20 de enero de 202610, sin pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer

7 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal,
031_MemorialWeb_Recurso-ApelacionSentencia.pdf.
8 Samai, índice 5.
9 Samai, índice 13.
10 Samai, índice 17.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

inciso del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y al
tener en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con
el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si:

32. ¿En el caso particular se computó indebidamente el término de caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

33. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas
consideraciones en torno a la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Asimismo, se traen a colación los pronunciamientos
de la Subsección y de la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a la
incidencia de los paros judiciales en el cómputo del citado término.

3.3. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
34. La caducidad se configura cuando expira el plazo legal para interponer un
medio de control, impidiendo que se ejerza el derecho de acción correspondiente.
Esta figura jurídica actúa como una sanción por la inactividad del titular del derecho,
limitando su acceso a la jurisdicción cuando no actúa dentro del término preclusivo.

35. El fundamento de la caducidad radica en el principio de seguridad jurídica, el
cual exige que los litigios sean resueltos en un tiempo razonable. Por ello, el
legislador establece plazos específicos para que cualquier persona acuda a la
jurisdicción y obtenga una decisión definitiva sobre sus pretensiones. Esta medida
busca evitar la prolongación indefinida de situaciones jurídicas inciertas,
garantizando el equilibrio y la estabilidad en el ordenamiento legal.

36. En este sentido, la ley impone a los interesados la carga de actuar
diligentemente en la defensa de sus derechos, exigiéndoles el ejercicio del derecho
de acción dentro del término previsto. Además, la caducidad se considera una
institución procesal de orden público, lo que significa que no puede ser modificada,
desconocida o alterada por acuerdo entre las partes, asegurando así su carácter
imperativo en la regulación del acceso a la justicia.

37. Ahora bien, en punto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el numeral 2, literal d, del artículo 164 del CPACA, dispone que:

[…] d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

38. De lo anterior es claro que el término de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el
caso.

39. En relación con este término, resulta fundamental tener en cuenta la
suspensión del plazo que opera al agotar el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial, previsto en el artículo 20 de la Ley 640 de 200111, que
establece:

Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho: Si de conformidad con la ley el
asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá
intentarse en el menor tiempo posible, y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de
los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. […]

40. A su turno, el artículo 21 ibidem, dispone:

Suspensión de la prescripción o de la caducidad: La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de
prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en
que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que
se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable.

41. De conformidad con los artículos transcritos, una vez radicada la solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, el término de
caducidad del medio de control se suspende hasta que: i) se logre el acuerdo
conciliatorio entre las partes; ii) el acta de conciliación esté debidamente registrada
en los casos que así lo exija la ley; iii) cuando se expidan las constancias que refiere
el artículo 212 ibidem; o iv) venza el término de los tres (3) meses dispuesto en el
artículo 20 de la misma ley. En todo caso, la suspensión del término de caducidad
cesará cuando tenga lugar cualquiera de los eventos descritos anteriormente.

11 La norma aplicable a este trámite es la Ley 640 de 2001, por ser la vigente al momento de la radicación de la

solicitud de conciliación prejudicial en el caso de la referencia.
12 «ARTÍCULO 2. Constancias. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha

de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará
sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se
trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los
10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

3.4. Jurisprudencia de la Subsección B de la Sección Segunda y de la
Sección Segunda del Consejo de Estado frente a la incidencia de los paros
judiciales en el cómputo del término de caducidad

42. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en auto del
15 de febrero de 2018, precisó lo siguiente, frente a la forma de contabilizar el
término de caducidad en los eventos de cese de actividades y vacancia judicial:
Sobre la forma de contabilizar el término de caducidad en los casos de cese de
actividades y vacancia judicial de la Rama Judicial, el artículo 62 de la Ley 4 de 191313
consagra:

“(…) Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos
oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de
expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el
calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el
plazo hasta el primer día hábil (…)”.

Posteriormente, el inciso 8º del artículo 118 del Código General del proceso
estableció:

“(…) Artículo 118. Cómputo de términos. En los términos de días no se
tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por
cualquier circunstancia permanezca cerrado el juzgado (…)” […]

La Sala considera que, para contabilizar el término de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en los casos de vacancia judicial
y cese de actividades de la rama judicial, es necesario aplicar lo establecido en el
inciso 8º del artículo 118 del Código General del Proceso14 y en el artículo 62 de la
Ley 4 de 191315, los cuales establecen que los términos no correrán en los casos en
que el despacho judicial se encuentre en vacancia o que, por cualquier
circunstancia, permanezcan cerrados. No obstante, si el término de caducidad se
cumple dentro del interregno de las citadas eventualidades, este operará
inmediatamente desde el primer día hábil siguiente a la reanudación de sus
actividades.

Así las cosas, el término de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sobre los Oficios 2168 y SG-012-001-0459-12 de 1º y
14 de junio de 2012 feneció el 13 y 21 de noviembre de la misma anualidad; se

13 Régimen Municipal y Político artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales,

se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años
se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta
el primer día hábil.
14
En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial ni aquellos en que por cualquier
circunstancia permanezca cerrado el juzgado.
15 Régimen Municipal y Político artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales,

se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años
se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta
el primer día hábil.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

cumplió dentro del paro de la Rama Judicial, por eso el plazo se extendió hasta el
primer día hábil siguiente a la reanudación de sus actividades16.

43. En el mismo sentido, la citada Subsección, en auto del 11 de abril de 2019,
reiteró la anterior postura en el entendido que, para el cómputo del término de
caducidad en los casos en que hay cese de actividades y vacancia judicial, se debe
acudir al artículo 62 de la Ley 4ª de 1913 y al inciso 8 del artículo 118 del CGP. Así
las cosas, en aplicación del referido criterio jurisprudencial analizó el caso concreto
y determinó que:
Sin embargo, según lo narrado por el accionante en el recurso de apelación y por el
a quo en la providencia recurrida, dado que para el 13 de noviembre de 2012 la
Rama Judicial se encontraba en cese de actividades, conforme al derrotero
jurisprudencial expuesto en precedencia, la demanda debió presentarse el 10 de
diciembre de 2012, día en que se reanudaron labores. Y dado que el medio de
control se presentó el 11 de los mismos mes y año, en principio, operó la caducidad
para este acto administrativo17.

44. Del mismo modo se ha pronunciado la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. En particular, en el auto del 15 de abril de 2019 resolvió el
problema jurídico relativo a si el período de vacancia de la Rama Judicial y el cese
de actividades con ocasión de un paro suspendía del término de caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Al efecto, consideró lo
que se transcribe a continuación:
Es importante manifestar que la caducidad, se suspende por una sola vez con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, según el artículo
21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3 del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009.

Ahora, para el caso objeto de estudio resulta necesario indicar que en aquellos
acontecimientos en los cuales se impide a los usuarios el acceso a los despachos
judiciales para radicar las demandas y demás actos procesales, como el caso de la
vacancia o un paro judicial, es importante analizar cada caso concreto si hubo
incidencia del cese de actividades para el estudio del presupuesto de oportunidad
de esas actuaciones procesales.

En eventos como estos, el cómputo de los términos debe efectuarse de acuerdo con
lo regulado en los artículos 62 de la Ley 4 de 1913 [Régimen Político Municipal], y
el 118 del Código General del Proceso […]

Bajo este entendido, durante el periodo que se cierren los despachos judiciales
como consecuencia de la vacancia o un paro judicial, no corren los términos, es
decir, que cualquier plazo que estuviera corriendo se interrumpe y el que hubiera
vencido -en los días en que los despachos judiciales estuvieron cesantes- se
extiende al primer día hábil en que se reanudaron las labores.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 15 de

febrero de 2018, exp. 08001-23-33-000-2012-00440-01(1625-16).
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 11 de

abril de 2019, exp. 08001-23-33-000-2013-00451-02(3532-15).

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

En conclusión: El periodo de vacancia de la Rama Judicial o el cese de actividades
por el paro judicial, no suspenden el término de caducidad para la interposición del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que no corren los
términos procesales que hubieran iniciado y cuando el plazo para la presentación
de la demanda venza dentro de este periodo, la caducidad se extiende al primer día
hábil siguiente, sin que pueda entenderse como una reanudación del cómputo del
término18.

3.5. Análisis del caso concreto
45. En el caso particular, el Tribunal declaró probada la excepción de caducidad
al considerar que la interposición de la demanda superó el término previsto en el
numeral 2 literal d) del artículo 164 del CPACA. Sostuvo que como la Resolución
núm. 4341 del 15 de junio de 2016 se notificó personalmente el 23 de agosto de
2016, el término para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho iría hasta el 24 de diciembre de 2016.

46. Sin embargo, con ocasión a la suspensión derivada del trámite de
conciliación extrajudicial, el término se reinició el 31 de enero de 2017 y venció el
16 de marzo de 2017. No obstante, la demanda se radicó hasta el 3 de mayo de
2017, un mes y 20 días después de finalizada la oportunidad prevista para ello.

47. Inconforme con esta decisión, el apoderado de la demandante interpuso
apelación con el objeto de controvertir la forma en que se computó el término de
caducidad. Adujo que se violó el acceso material a la justicia por la indebida escisión
del conteo, ya que las unidades temporales deben ser indivisibles, sin que resulte
posible recoger los días de distintos meses hasta completar 30 y darle la
equivalencia de un mes.

48. Así las cosas, a juicio de la apelante, aunque el término transcurrió a partir
del 24 de agosto de 2016, el mes que culminaba el 24 de septiembre de 2016 se
interrumpió por un paro judicial del 15 de septiembre de 2016. Por ende, el tiempo
para demandar se reinició el 16 de octubre de 2016, unidad exacta que iba hasta el
16 de diciembre de 2016, pero se interrumpió con la solicitud de conciliación el 9 de
noviembre de ese año.

49. De esta forma, en palabras de la recurrente, para ese momento no había
transcurrido ninguna unidad exacta de un mes. Por tanto, los meses corrieron en el
siguiente sentido, lo que permitía establecer que la demanda radicada el 3 de mayo
de 2017 se interpuso dentro del plazo legal:

• El primer mes, como unidad exacta del 31 de enero, hasta el 28 de febrero
de 2017.

• Al segundo mes, como unidad exacta, del 28 de febrero al 28 de marzo de

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 25 de

abril de 2019, exp. 25000-23-42-000-2015-00279-01(3685-17).

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2017.

• El tercer mes, como unidad exacta, del 28 de marzo al 28 de abril de 2017.

• El cuarto mes, como unidad exacta, del 28 de abril de 2017 al 28 de mayo de
2017.
50. En este contexto, la Sala considera que, como quedó visto, la demandante
no cuestiona que le resulta aplicable el numeral 2 literal d) del artículo 164 del
CPACA19, sino plantea una diferencia en la forma de aplicar los cuatro (4) meses
previstos en la normativa antedicha, a partir de los cálculos expuestos.

51. De las pruebas que obran en el proceso está demostrado que la demandante
se retiró del cargo de magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
el 30 de junio de 200320, razón por la cual a partir de ese momento sus prestaciones
dejaron de ser periódicas, lo que hace inaplicable la excepción frente a la caducidad
prevista en el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA. En virtud de esta
situación, la regla general del numeral 2 literal d) del artículo 164 del CPACA es la
que rige el presente asunto.

52. Así las cosas, como al apoderado de la señora Aurora Amador Gómez se le
notificó personalmente la Resolución núm. 4341 del 15 de junio de 2016, el 23 de
agosto de 201621, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto
en contra de la Resolución núm. 0371 del 24 de febrero de 2015, a partir del día
siguiente inició el cómputo de los 4 meses previstos en la normativa, que vencerían,
en principio, el 24 de diciembre de 2016.

53. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 del CPACA que
regula lo relativo a la firmeza de los actos administrativos y dispone que estos
quedarán en firme «desde el día siguiente a la publicación, comunicación o
notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos». Por lo tanto, en atención
a que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resolvió el recurso de
apelación radicado en sede administrativa mediante la Resolución núm. 4341 del
15 de junio de 2016, y esta decisión se notificó el 23 de agosto de 2016, la norma
que regula el asunto permite sustentar que el acto administrativo quedó en firme a
partir del día siguiente, momento que da inicio al cómputo de la caducidad.

54. Sin embargo, comoquiera que el único evento que suspende el conteo es el
trámite de la solicitud de conciliación extrajudicial, esto tuvo lugar el 9 de noviembre

19 «d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro

del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución
o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales».
20 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal, 01
CuadernoSegundaInstancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 25 y 59 del archivo
digital.
21 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal, 01
CuadernoSegundaInstancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, página 22 del archivo digital.

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de 201622 cuando la actora radicó solicitud, y se reanudó al día siguiente del 30 de
enero de 201723, momento en el cual la Procuraduría 19 Judicial II para Asuntos
Administrativos expidió la constancia en la que tuvo por agotado el requisito de
procedibilidad.

55. De ahí que, para el momento de la suspensión, le restaban a la actora 45
días para el vencimiento del término de caducidad. En consecuencia, la oportunidad
para interponer la demanda venció el 16 de marzo de 2017, de ahí que su
interposición el 3 de mayo de 201724 resultó extemporánea. Lo anterior se resume
en la siguiente tabla:

Notificación personal del acto 23 de agosto de 2016
administrativo

Inicio del término de caducidad (4 meses) 24 de agosto de 2016

Fecha inicial de vencimiento (sin 24 de diciembre de 2016
suspensión)

Suspensión: Radicación de conciliación 9 de noviembre de 2016

Días transcurridos hasta la suspensión 75 días (2 meses, 15 días)

Días restantes al momento de la 45 días
suspensión

Reanudación del término (L. 640/01, art. 31 de enero de 2017
21)

Fecha límite para presentar la demanda 16 de marzo de 2017

Radicación de la demanda 3 de mayo de 2017

56. Al respecto, aunque la demandante plantea que el Tribunal escindió de
forma indebida el cálculo de los meses, lo cual contraría las garantías
constitucionales y el precedente judicial, la jurisprudencia que rige la materia
dispone que los plazos en meses se deben contar según el calendario. En este
sentido se pronunció esta Subsección25, al citar una sentencia dictada en sede de
una acción constitucional por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 21 de
mayo de 202026, en punto a la interpretación del artículo 62 de la Ley 4ª de 1913:

22 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal, 01
CuadernoSegundaInstancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 54 y 57 del archivo
digital.
23 Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal, 01
CuadernoSegundaInstancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 57 y 58 del archivo
digital.
24
Samai, índice 2, 6ED_76001233300720170058(.zip) NroActua 2, cuaderno principal, 01
CuadernoSegundaInstancia - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf).pdf, páginas 9 y 61 del archivo digital.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 19 de

marzo de 2026, exp. 70001-23-33-000-2017-00111-01 (5330-2024).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de mayo de

2020, exp. 11001-03-15-000-2020-01336-00(AC).

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En efecto, los términos establecidos en meses o años, como en el caso de la
caducidad de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
de reparación directa, respectivamente, deben ser contabilizados en días
calendarios o, mejor, en unidades exactas, ya sea de meses o de años, de tal
forma que, si restaban 11 días para la presentación oportuna de la demanda,
estos días, debían ser contabilizados en unidades exactas, es decir, sin excluir
los días no hábiles.

57. A lo expuesto convendría agregar que los eventos de cese de actividades o
de vacancia judicial solo tendrán relevancia cuando el término de caducidad venza
en el citado período, ya que en ese escenario este operará solo a partir del día hábil
siguiente al momento en el que se reanuden las labores. Lo anterior, guarda relación
con el contenido del artículo 118 del CGP, cuyo inciso séptimo dispuso lo relativo a
la forma de computar los términos de meses y años, de la siguiente forma:

Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el
mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no
tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si
su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil
siguiente.

58. De lo visto se desprende que el cálculo en unidades exactas implica que la
contabilización se haga en días calendario, de tal forma que el plazo venza el mismo
día en el cual empezó a correr del correspondiente mes, tal y como lo hizo el
Tribunal. Por oposición, el entendimiento que la señora Aurora Amador Gómez le
dio al concepto desborda el contenido de la norma, al pretender que solo se cuente
un mes completo transcurrido, por las interrupciones derivadas del tiempo en que
duró el paro judicial y en el cual se surtió el trámite de la conciliación extrajudicial.

59. En este escenario, la interpretación de la normativa aludida en el caso puntual
permite sustentar que el término inició a correr a partir del día siguiente a la
notificación del acto administrativo definitivo, el 24 de agosto de 2016, por lo cual
este iría hasta el 24 de diciembre de 2016. No obstante, debe valorarse la
suspensión de la caducidad según lo dispone el artículo 21 de la ley 640 de 2001,
cuyo efecto es la reanudación del plazo con el tiempo que faltare para completar los
4 meses.

60. Por consiguiente, no existe sustento para admitir la postura de la
demandante, según la cual, cuando el término se corta de un mes a otro, el efecto
es la interrupción o la suspensión, según el caso, porque esto crearía un escenario
no previsto por el legislador. Asimismo, de la forma en que se ha expuesto no resulta
válido fraccionar los 4 meses de que trata la norma, con el argumento que ocurrió
un paro judicial el 15 de septiembre de 2016, para reiniciar el conteo del plazo el 16
de octubre siguiente, porque ello implicaría desconocer que la situación de cierre
judicial solo cobra relevancia cuando el término vence ese día, no así para ampliar

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el tiempo con el que se cuenta para acudir en sede judicial, con ese sustento, y
desconocer lo que ya ha transcurrido legalmente.

61. De igual forma, resultan infundados los planteamientos de la actora, dirigidos
a que se calcule el término de 4 meses solo a partir de una fracción completa que
inició el 31 de enero de 2017, porque, en su parecer, antes de ese momento todos
los meses se cortaron, ya que con ello desconoce las normas que rigen el presente
asunto y los precedentes que han zanjado la forma en la cual opera el instituto
procesal de la caducidad.

62. Bajo este entendido, no es válido considerar que existió una interrupción de
la unidad, de acuerdo con el calendario, que vulnera el principio de legalidad de la
norma, en cambio, lo que se quiere es desconocer el conteo del plazo en meses,
en privilegio de una lectura propia de la disposición aplicable.

63. Por ende, en el caso analizado la parte demandante no argumentó ni probó
que para el momento en el cual venció el término de 4 meses, el 16 de marzo de
2017, se presentó un cese de actividades que le impidió ejercer oportunamente el
derecho de acción. En cambio, hizo referencia a que Asonal Judicial propició un
paro que se levantó en octubre de 2016, y a partir de ello pretendió que se
considerara que, tanto esta interrupción, como la suspensión derivada de la solicitud
de conciliación, hacían que no hubiera corrido un mes completo, de suerte que el
plazo solo iniciaba a partir del 31 de enero de 2017, algo que no se compadece con
la interpretación de la normativa, avalada por la jurisprudencia.

64. Con todo, la Sala precisa que la decisión aquí adoptada cumple con la
garantía de acceso a la administración de justicia y salvaguarda el instituto procesal
de la caducidad regulado por una norma de orden público.

65. Finalmente, se pone de presente que, en los términos en que lo ha
considerado esta Subsección en otras decisiones 27 , el hecho de que las
reliquidaciones salariales y prestacionales pretendidas por la demandante puedan
proyectar potenciales efectos en materia de aportes al sistema de seguridad social,
los cuales gozan del carácter de imprescriptibles, no habilita en el caso concreto
que se haga un estudio distinto de la caducidad, toda vez que se trata de dos figuras
diferentes. La prescripción opera respecto del derecho una vez efectuado un estudio
de fondo sobre el particular y definida su procedencia, mientras que la caducidad
versa sobre la acción y sus reglas están expresamente reguladas en el artículo 164
del CPACA en punto a la oportunidad que se tiene para interponer la demanda.

66. Bajo este entendido, el instituto procesal de la caducidad es un presupuesto
del derecho de acción que impide efectuar un estudio de fondo de la controversia.
Por oposición, la prescripción se configura sobre el derecho debidamente
reconocido, y así se exceptúa en los casos puntuales en que opere, lo cual parte de

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 19 de

marzo de 2026, exp. 70001-23-33-000-2017-00111-01 (5330-2024).

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la base de que están acreditados los presupuestos procesales que permiten adoptar
una decisión de mérito, lo que en el caso particular no ocurrió. Lo anterior no le
impide a la demandante reclamar lo pertinente a sus aportes pensionales, dado que
son imprescriptibles.

67. Por consiguiente, de conformidad con los motivos expuestos, la Subsección
confirmará íntegramente la sentencia apelada, en cuanto declaró probada la
excepción de caducidad.

3.6. Conclusión

67. La Sala concluye que en el caso particular no se computó indebidamente el
término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por oposición, este instituto procesal se configuró en el asunto concreto,
lo que da lugar a confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia, a partir
de los argumentos expuestos.

3.7. Costas
68. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario28 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que, para
decretar la condena en costas, se debe verificar que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero. Confirmar íntegramente la sentencia apelada, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

28 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó
que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

18

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024)
Demandante: Aurora Amador Gómez
Demandada: Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase,

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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