República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-01253-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2016-01253-02 (3409-2025)
Demandante: Ángela Consuelo Calderón Silva
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Procurador judicial
I. Subtema 1: caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho – suspensión del término por solicitud de conciliación extrajudicial. Subtema
2: carácter periódico, imprescriptible e irrenunciable de los aportes a pensión, como
excepción a la caducidad. Subtema 3: ineptitud formal de la demanda por falta de
agotamiento de la actuación administrativa.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia proferida
el 10 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Conjueces, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1. Síntesis del caso
La señora Ángela Consuelo Calderón Silva, quien se desempeñó como procuradora
judicial I en la Procuraduría General de la Nación entre el 3 de agosto de 2009 y el 17
de diciembre de 2015, solicitó a dicha entidad el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como emolumento
adicional al salario —equivalente al 30 % de este—, así como la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de la remuneración mensual. La Procuraduría
negó la solicitud mediante el oficio SG 001138 del 8 de abril de 2016. Esta decisión fue
demandada por la accionante mediante acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la que además incluyó la pretensión de reliquidación con fundamento en
la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013.
El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, declaró probada la
excepción de caducidad frente a la totalidad de las pretensiones y se abstuvo de
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Demandante: Ángela Consuelo Calderón Silva
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
condenar en costas. La demandante, inconforme, interpuso recurso de apelación en el
que argumentó que acudió a la jurisdicción de forma oportuna.
La Sala modificará la sentencia impugnada. Confirmará la caducidad respecto de las
pretensiones relativas al pago de la prima especial y a la reliquidación de las
prestaciones sociales, por cuanto la demanda fue presentada un día después de
vencido el plazo legal. No obstante, precisará que dicha excepción no se extiende a
los aportes a seguridad social en pensión derivados de esas acreencias, dado su
carácter periódico, imprescriptible e irrenunciable. Adicionalmente, declarará probada
de oficio la excepción de ineptitud formal de la demanda respecto de la pretensión de
reliquidación con fundamento en la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013, por
no haber sido objeto de la actuación administrativa previa. En consecuencia, adicionará
el fallo para declarar la nulidad del acto acusado y ordenar el reconocimiento y pago
de los aportes pensionales desde el 3 de agosto de 2009 hasta el 17 de diciembre de
2015.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Ángela Consuelo Calderón Silva, por conducto de apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con
las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declare la nulidad del oficio SG 001138 del 8 de abril de 2016
de la Procuraduría General de la Nación, que le negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios, así como las prestaciones sociales correspondientes
(primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, aportes patronales).
3. A título de restablecimiento del derecho, pretendió que se ordene a la
Procuraduría General de la Nación el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios, equivalente al 30 % adicional al salario, dejada de percibir por la indebida
aplicación de la Ley 4 de 1992, desde el 3 de agosto de 2009 y hasta la fecha en que
se haga efectivo el pago.
4. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la liquidación y pago de las sumas
dejadas de percibir por concepto de prestaciones sociales (primas, bonificaciones,
vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías y aportes patronales), calculadas
sobre el referido 30 %, desde el 3 de agosto de 2009 hasta la fecha de pago efectivo.
1 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «003Demanda», folios 12 al 26.
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5. Igualmente, requirió que, con posterioridad a la sentencia, y en el evento de ser
designada como procuradora judicial I, se ordene la liquidación y pago de las
prestaciones sociales y demás emolumentos con base en el 100 % de la remuneración
básica mensual, incluyendo el 30 % correspondiente a la prima especial de servicios
no cancelada, así como el reajuste de los valores previamente reconocidos.
6. De manera adicional, solicitó la liquidación y pago de los valores dejados de
percibir entre el 3 de agosto de 2009 y el 17 de diciembre de 2015, periodo desde el
cual se adeudaba el 30 % de la prima especial como factor salarial.
7. Asimismo, requirió que la liquidación y pago de las pretensiones se efectúe
teniendo en cuenta la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 como
factor salarial, respecto de los valores dejados de percibir por concepto de
prestaciones sociales desde el 1 de enero de 2013 y hasta la fecha de pago efectivo.
8. Solicitó, además, condenar a la entidad demandada ultra y extra petita,
conforme a lo que resulte probado en el proceso. En concordancia con lo anterior,
pidió que las sumas reconocidas sean debidamente actualizadas e indexadas
conforme a la variación del índice de precios al consumidor, y que se ordene el
cumplimiento de la sentencia en los términos legalmente previstos.
9. Finalmente, solicitó la condena en costas y agencias en derecho a cargo de la
entidad demandada.
2.1.2. Hechos
10. La accionante señaló que se vinculó el 3 de agosto de 2003 a la Procuraduría
General de la Nación, en el cargo de procuradora judicial I. Indicó que, con
posterioridad, solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de los salarios y demás
emolumentos, en términos similares a los expuestos en las pretensiones de la
demanda. No obstante, dicha petición fue negada mediante el oficio del 8 de abril de
2016, razón por la cual acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo en
procura del reconocimiento de sus derechos.
11. Sostuvo que con ocasión de la sentencia del 29 de abril de 2014 proferida por
el Consejo de Estado se generó una expectativa legítima, en tanto dicho
pronunciamiento estableció que el 30 % denominado prima especial de servicios
constituye factor salarial, pese a que originalmente no era considerado como tal ni
incluido en la liquidación de las prestaciones.
12. En ese contexto, afirmó que la prescripción debía contabilizarse hacia futuro
desde la fecha de dicha providencia y hasta el 29 de abril de 2017, por lo cual la
reclamación se había presentado oportunamente, sin que hubiera operado el
fenómeno prescriptivo a favor de la entidad demandada.
13. Finalmente, manifestó que la referida sentencia dispuso el reconocimiento del
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mencionado 30 % desde el 3 de agosto de 2009, respecto de los periodos en los que
se desempeñó como procuradora judicial I, esto es, hasta el 17 de diciembre de 2015,
así como en aquellos en los que eventualmente fuere designada en dicho cargo, dado
que, a su juicio, desde la anterior fecha se ha desconocido dicho porcentaje como
factor salarial.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. Identificó como normas desconocidas las siguientes:
• Constitución Política de 1991.
• Ley 4 de 1992.
• Ley 270 de 1996.
15. Respecto de la Constitución Política de 1991, mencionó que la competencia
para establecer y determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos radica en el Congreso de la República y el Gobierno nacional. El Congreso,
mediante una ley cuadro o marco señala los principios generales, objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno para determinar y fijar dicho régimen.
16. En lo concerniente con la Ley 4 de 1992, destacó que estableció los criterios,
objetivos y principios generales que el Gobierno nacional debe tener en cuenta para
fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, el cual no se podrá
desmejorar en ningún caso, puesto que debe ser proporcional a la calidad y cantidad
de trabajo, en virtud de los principios de progresividad e incremento salarial del artículo
53 constitucional.
17. Añadió que en la misma se creó la prima especial sin carácter salarial para los
jueces, magistrados y otras autoridades judiciales, la cual debía reglamentar el
Gobierno nacional sin ser inferior al 30 % ni superior al 60 % de la remuneración básica
mensual. Manifestó que mediante decretos anuales se ha fijado el régimen salarial y
prestacional de los servidores de la Rama Judicial del poder público.
18. Acerca de la Ley 270 de 1996, indicó que dentro de los derechos que allí se
reconocen se encuentra el consistente en que todo funcionario o empleado perciba
una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, la que no puede ser
disminuida. Afirmó que los actos acusados desmejoraron o disminuyeron su derecho
salarial y prestacional, puesto que interpretaron inadecuadamente la Ley 4 de 1992,
al determinar que no debía cancelarse la prima especial de servicios como
emolumento adicional, sino descontarse del valor del salario, como lo reprochó el
Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 20142.
19. Por lo anterior, solicitó que se ordene a la entidad demandada el pago de la
prima especial equivalente al 30 % del salario desde el 3 de agosto de 2009 hasta el
17 de diciembre de 2015, periodo en el que se desempeñó como procuradora judicial
2 Rad. 11001-03-25-000-2007-00087-00.
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I, «y en los que sea nombrada» en el mismo empleo.
2.2. Contestación de la demanda
20. La Procuraduría General de la Nación, a través de apoderada, se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones de mérito3:
21. «Inexistencia de vicios de nulidad de los actos administrativos demandados».
Adujo que durante la vigencia y aplicación del régimen a favor de la demandante, no
había lugar al reconocimiento y pago de suma adicional a lo ya cancelado por nómina,
en tanto percibió por concepto de salarios y prestaciones el monto máximo autorizado
por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, advirtió que acceder a la reliquidación
pretendida daría lugar al reconocimiento de valores sin fuente, fundamento o título
jurídico.
22. Refirió que los ingresos totales anuales de la señora Ángela Consuelo Calderón
Silva fueron ajustados al porcentaje previsto en el Decreto 1251 de 2009, calculado
sobre la totalidad de los ingresos devengados por los magistrados de las altas cortes,
por lo que no existía posibilidad jurídica de percibir un monto superior.
23. Con base en lo anterior, consideró que aun si se llegare a reconocer el carácter
salarial a la prima especial de servicios percibida por la demandante, y en
consecuencia se ordenara la reliquidación de sus prestaciones sociales, sería
necesario reliquidar y disminuir la bonificación o ajuste judicial previsto en el Decreto
1251 de 2009, dado que los ingresos anuales del procurador judicial I no pueden
superar el porcentaje legal fijado con base en los ingresos del magistrado de alta corte.
En ese sentido, reiteró que proceder de forma distinta implicaría el reconocimiento de
sumas sin título ni causa jurídica, con afectación injustificada del erario.
24. De igual manera, afirmó que la prima especial de servicios tiene sustento en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y en los decretos salariales que la desarrollan, normas
que han producido plenos efectos durante su vigencia y que no han sido anuladas,
modificadas ni sustituidas, por lo que resultan plenamente aplicables al caso concreto.
En dichas disposiciones, además, se establece expresamente que dicha prima no
tiene carácter salarial.
25. Reiteró que tanto la prima especial reconocida a los procuradores judiciales
como la prima del 30 % prevista para otros funcionarios carecen de carácter salarial
para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, conforme a los decretos
salariales anuales y a la citada ley.
26. En relación con la bonificación judicial, señaló que fue creada mediante el
Decreto 383 de 2013 para determinados servidores de la Rama Judicial y de la Justicia
3 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «025EscritoContestacion.PDF», folios 1 al 13.
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Penal Militar, beneficio que fue extendido a los procuradores judiciales I mediante los
decretos 1016 de 2013 y 186 de 2014. Que dicha bonificación tiene carácter no
salarial, salvo para efectos de la base de cotización al Sistema General de Pensiones
y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme al artículo 1.° del citado
decreto.
27. Agregó que los decretos salariales expedidos con posterioridad han reiterado
este régimen, precisando que la bonificación judicial únicamente constituye factor
salarial para efectos de los aportes a salud y pensión, por lo que no es posible
desconocer su naturaleza jurídica.
28. Asimismo, sostuvo que, de ser el caso, procedería la aplicación de la
compensación como modo de extinguir obligaciones, de conformidad con el artículo
1714 del Código Civil, en la medida en que los valores que eventualmente se
reconozcan por reliquidación de prestaciones sociales resultarían equivalentes a los
ya percibidos por la demandante por concepto de bonificación judicial.
29. En ese orden, concluyó que una eventual reliquidación implicaría únicamente
un cambio en el concepto del pago, mas no en el monto total reconocido, pues dichos
valores ya habrían sido cancelados por la entidad empleadora.
30. Destacó que, conforme a la certificación expedida por la Procuraduría General
de la Nación, a la demandante le fue reconocida y pagada la bonificación judicial como
factor salarial para efectos pensionales. No obstante, advirtió que una eventual
reliquidación de prestaciones sociales, derivada del reconocimiento de efectos
salariales a la prima especial, podría afectar negativamente su situación, en tanto
implicaría la disminución de la bonificación judicial y, por ende, de los aportes al
sistema pensional, dado que algunas prestaciones que aumentarían no constituyen
base de cotización, con las consecuentes repercusiones en el monto de la pensión.
31. De otro lado, respecto «(d)e los efectos de la nulidad de los actos
administrativos generales y las situaciones jurídicas consolidadas» consideró que,
como se expuso en la demanda, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, mediante providencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de varios
artículos contenidos en los decretos salariales anuales que establecían el valor de la
prima especial para los procuradores judiciales entre los años 1993 y 2007.
32. No obstante, no puede inferirse de dicho pronunciamiento, como consecuencia
lógica, la existencia de un derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales de
los procuradores judiciales con el reconocimiento de efectos salariales a la prima
especial, en la medida en que las disposiciones que establecen que dicha prestación
no tiene carácter salarial no fueron anuladas, revocadas ni sustituidas, por lo que
continúan rigiendo la situación concreta.
33. Manifestó que aun en el evento de llegarse a una conclusión distinta, esto es,
que el fallo anulatorio implique la reliquidación de las prestaciones sociales, debe
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tenerse en cuenta que si bien las sentencias de nulidad de actos administrativos tienen
efectos de cosa juzgada y carácter «ex tunc», su aplicación se limita a las situaciones
jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que para el momento de la ejecutoria de
la decisión se encontraban en discusión ante las autoridades administrativas o
judiciales, o que eran susceptibles de controversia por no haber adquirido firmeza.
34. En ese sentido, explicó que las situaciones jurídicas que ya se encontraban
consolidadas, esto es, aquellas que habían adquirido firmeza e intangibilidad, no
resultan afectadas por la declaratoria de nulidad de las normas en que se
fundamentaron.
35. Para ilustrar lo anterior, citó la sentencia del 21 de marzo de 2012 del Consejo
de Estado, Sección Tercera, según la cual, si bien la nulidad de los actos
administrativos produce efectos retroactivos (ex tunc), ello no implica que se afecten
situaciones jurídicas individuales y concretas consolidadas durante la vigencia del acto
declarado nulo, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
36. En consecuencia, la sentencia anulatoria de las disposiciones referidas no
puede producir efectos respecto de eventuales derechos que ya se encuentran
prescritos.
37. En cuanto a la prescripción, dijo que, teniendo en cuenta que la reclamación
tiene por objeto la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante,
causadas en su calidad de procuradora judicial I, con el reconocimiento de efectos
salariales a la prima especial y a la bonificación judicial, resulta necesario considerar
que en el evento de que existiere mérito legal para proceder en tal sentido, ello solo
podría aplicarse respecto de lo causado dentro de los 3 años anteriores a la fecha de
la solicitud, en virtud de la prescripción trienal. Indicó que esta conclusión se sustenta
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848 de 1969, 488 del
Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social.
38. Señaló que si bien podría considerarse que con ocasión de la sentencia del 29
de abril de 2014 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, mediante la cual se declaró la nulidad de varios artículos de los decretos
salariales anuales que regulaban la prima especial, los términos de prescripción y
caducidad deberían contabilizarse a partir de dicha decisión, lo cierto es que la
reclamación y el ejercicio de los mecanismos procesales pudieron adelantarse desde
el momento en que la demandante percibió sus salarios y prestaciones sociales. Por
tanto, el inicio de dichos términos no puede trasladarse al fallo anulatorio, sino que
debe fundarse en las fechas en que se efectuaron los respectivos pagos.
39. Añadió que el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de marzo de 2010 con
radicado 2004-00540, precisó que las acciones derivadas de derechos consagrados
en el Decreto 3135 de 1968 prescriben en 3 años contados a partir de la fecha en que
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la obligación se hace exigible, y que el reclamo escrito interrumpe la prescripción
únicamente por un término igual.
40. Con fundamento en lo anterior, concluyó que, en el presente asunto, el término
de prescripción se interrumpió el 16 de marzo de 2016, fecha en la cual la
demandante, a través de apoderado, presentó la solicitud de reliquidación de sus
prestaciones sociales teniendo en cuenta la prima especial como factor salarial. En
consecuencia, los efectos de dicha interrupción solo cobijan el período comprendido
desde el 16 de marzo de 2013 hacia adelante, de modo que cualquier derecho anterior
a esa fecha se encuentra prescrito, máxime si se tiene en cuenta que la demandante
se desempeñó como procuradora judicial I entre el 3 de agosto de 2009 y el 17 de
diciembre de 2015.
2.3. Sentencia de primera instancia
41. El Tribunal Administrativo de Santander, Sala de Conjueces, profirió sentencia
el 10 de octubre de 2025, mediante la cual: a) declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y (b) se
abstuvo de condenar en costas. La providencia se fundó en las siguientes
consideraciones4:
42. Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre la naturaleza
periódica de los emolumentos derivados de una relación laboral y el deber de declarar
la caducidad, encontró que la demandante se vinculó a la Procuraduría General de la
Nación en el cargo de procuradora judicial I desde el 3 de agosto de 2009 hasta el 17
de diciembre de 2015, según certificación del 10 de diciembre de 2018 de la jefe de la
División de Gestión Humana de la misma entidad.
43. Que mediante escrito del 11 de marzo de 2016, la peticionaria solicitó a la
entidad demandada el reconocimiento y pago de (a) la prima especial de servicios
correspondiente al 30 % adicional al salario básico mensual, con la reliquidación
prestacional; y (b) la bonificación judicial como factor salarial, para efectos de
reliquidar las prestaciones sociales. Sin embargo, mediante oficio SG 001138 del 8 de
abril de 2016, notificado el 19 de abril de 2016, la entidad demandada negó dicha
petición.
44. Resaltó que, al producirse la desvinculación del servicio, las prestaciones o
reconocimientos salariales que periódicamente se reconocían y pagaban, bien sea
mensual, trimestral, semestral, anual o quincenalmente, dejan de tener el carácter de
periódicos y, por tanto, su reclamación en sede judicial debe someterse al respectivo
término de caducidad.
4 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «28_Sentenciadepr_20160125300PGNCaduci_0_20251010142218922».
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45. En ese sentido, el término para presentar la demanda (previsto en el literal d),
del numeral 2, del artículo 164 del CPACA) se extendía inicialmente hasta el 20 de
agosto de 2016, dado que el acto acusado se notificó un día antes. Sin embargo, el
19 de agosto de 2016, la parte demandante, a través de apoderado, presentó solicitud
de conciliación y el 1 de noviembre de 2016 se expidió la constancia de finalización
de dicho trámite, por lo que al haberse radicado la demanda el 4 de noviembre de
2016, operó el fenómeno de caducidad. Por lo anterior, declaró probada la excepción
de caducidad del medio de control, que lo relevó de resolver los demás problemas
jurídicos.
46. Finalmente, respecto de la condena en costas refirió que, una vez realizado el
análisis correspondiente al caso, no advirtió los especiales criterios de estructuración
que el precedente judicial del órgano de cierre ha fijado para la condena en costas,
razón por la cual consideró procedente no imponerlas.
2.4. Recurso de apelación
47. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes
descrita, con el fin de que se revoque. Fundamentó su inconformidad en las siguientes
razones5:
48. Respecto de la caducidad, explicó que la petición se realizó el 16 de marzo de
2016 y la respuesta fue notificada el 19 de abril de 2016. En ese sentido y según el
artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA, cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de 4
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución
o publicación del acto administrativo, esto es, a partir del 20 de abril de 2016.
49. Para el caso concreto, el término inició el miércoles 20 de abril de 2016 y vencía
el 20 de agosto de 2016. No obstante, como está última fecha correspondía a un
sábado, el vencimiento se trasladó al 22 de agosto de 2016. En consecuencia, el
término de caducidad, sin suspensión, transcurrió entre el 20 de abril de 2016 hasta
el 22 de agosto de 2016.
50. Manifestó que la solicitud de conciliación, como requisito de procedibilidad, se
presentó el 19 de agosto de 2016, esto es, antes de que venciera el término de
caducidad, el cual expiraba el 22 de agosto de 2016, por lo que faltaban 3 días para
que se configurara tal presupuesto. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2016 se
expidió constancia de no conciliación, por lo que los términos de caducidad se
reanudaron a partir del 2 de noviembre de 2016.
51. Por lo anterior, explicó que al sumarse los 3 días restantes del término suspendido
con ocasión del trámite conciliatorio, el término de caducidad vencía el 4 de noviembre
de 2016, fecha en la que se presentó la demanda, por lo que no operó la caducidad
5 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 78, documento «Memorial__33Recurso(.pdf) NroActua 78».
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del medio de control.
52. Acerca de un hecho notorio ocurrido con posterioridad a la presentación de la
demanda, refirió que en enero de 2021, el Gobierno nacional expidió el Decreto 272
de 2021, mediante el cual reconoció parcialmente el incremento del 30 % en el ingreso
mensual de todos los funcionarios beneficiarios de la Ley 4 de 1992 y del
correspondiente decreto. Sin embargo, a su juicio, el Gobierno nacional ha
desconocido sus derechos al pagar este incremento sin promediarlo sobre todo lo que
devenga en cada mes de servicio, con lo cual desconoció que el salario es todo lo que
se percibe mensualmente.
53. En punto a los fundamentos legales relacionados con la prescripción, frente a los
cuales manifestó estar de acuerdo, refirió que las cesantías anualizadas son una
prestación imprescriptible durante la vigencia del vínculo laboral, mientras que las
definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción. Por tal razón, las
cesantías anualizadas no prescriben mientras no termine el vínculo laboral, antes de
la reclamación respectiva, como está plenamente demostrado y, por ello, deben ser
reconocidas, sin importar el término de prescripción trienal.
54. Por último, solicitó que se revoque el numeral primero de la sentencia y, en su
lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, se ordene el reconocimiento de
la prima como adicional al salario y la inclusión de la bonificación judicial para la
reliquidación de las prestaciones sociales causadas desde el 16 de marzo de 2013
hasta el 17 de diciembre de 2015, período durante el cual se desempeñó como
procuradora judicial I.
55. Asimismo, pidió que se ordene la reliquidación de todas sus prestaciones sociales,
al considerar que fueron liquidadas sobre el 70 % del salario, sin tener en cuenta la
prima especial de servicios, respecto del período comprendido entre el 16 de marzo
de 2013 y el 17 de diciembre de 2015. De igual manera, reclamó la reliquidación de
las cesantías y de los intereses a las cesantías desde el 3 de agosto de 2009.
56. Por último, requirió que se ordene la reliquidación de las prestaciones sociales con
inclusión de la bonificación judicial, respecto del período comprendido entre el 16 de
marzo de 2013 y el 17 de diciembre de 2015.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
57. Por medio de auto del 21 de enero de 20266 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la demandante. Además, se ordenó notificar personalmente al
procurador delegado ante esta corporación de acuerdo con el artículo 198 del CPACA,
y a las partes de conformidad con el artículo 205 ibidem, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021.
6 Samai, expediente digital, índice 5, documento «4Autoqueadmite_34092025AutoAdmiteRe(.pdf) NroActua 5».
10
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2.6. Concepto de la Procuraduría General de la Nación
58. La Procuraduría Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de
Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
toda vez que esta, a su juicio, realizó un análisis acertado de la caducidad del medio
de control de la referencia7.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
59. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problemas jurídicos
60. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de primera instancia, mediante el cual se declaró probada
la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, y en atención a la competencia del juez de segunda instancia, conforme al
artículo 3288 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
61. ¿Operó la excepción de caducidad respecto de los derechos salariales y
prestacionales reclamados por la accionante, incluidos los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, que fueron objeto de análisis en el acto acusado?
62. De no haber operado la anterior excepción de forma total, ¿resulta procedente
el análisis de fondo relativo a las pretensiones de reconocimiento de la prima especial
como emolumento adicional al salario y la reliquidación de las prestaciones sociales
de la demandante con la inclusión de los siguientes emolumentos: (a) el 30 % que
presuntamente fue sustraído a título de la anterior prima, y (b) la bonificación judicial
de que trata el Decreto 383 de 2013?
63. Antes de resolver los interrogantes planteados, se realizarán algunas
consideraciones respecto a la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y sobre la prima especial de servicios de que trata el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
7 Samai, expediente digital, índice 9, documento «Memorial_CHL_7Concepto(.pdf) NroActua 9».
8 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
11
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3.3. Marco teórico
3.3.1. Caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
64. La caducidad se configura cuando expira el plazo legal para interponer un
medio de control, impidiendo que se ejerza el derecho de acción correspondiente. Esta
figura jurídica actúa como una sanción por la inactividad del titular del derecho,
limitando su acceso a la jurisdicción cuando no actúa dentro del término preclusivo.
65. El fundamento de la caducidad radica en el principio de seguridad jurídica, el
cual exige que los litigios sean resueltos en un tiempo razonable. Por ello, el legislador
establece plazos específicos para que cualquier persona acuda a la jurisdicción y
obtenga una decisión definitiva sobre sus pretensiones. Esta medida busca evitar la
prolongación indefinida de situaciones jurídicas inciertas, garantizando el equilibrio y
la estabilidad en el ordenamiento legal.
66. En este sentido, la ley impone a los interesados la carga de actuar
diligentemente en la defensa de sus derechos, exigiéndoles el ejercicio del derecho
de acción dentro del término previsto. Además, la caducidad se considera una
institución procesal de orden público, lo que significa que no puede ser modificada,
desconocida o alterada por acuerdo entre las partes, asegurando así su carácter
imperativo en la regulación del acceso a la justicia.
67. Ahora bien, en punto del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el numeral 2, literal d, del artículo 164 del CPACA, dispone que:
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del
día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales.
68. De lo anterior es claro que el término de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses, contados a partir del día
siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el
caso.
69. En relación con este término, resulta fundamental tener en cuenta la
suspensión del plazo que opera al agotar el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial, previsto en el artículo 20 de la Ley 640 de 2001 9, que
establece:
Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley
9 La norma aplicable a este trámite es la Ley 640 de 2001, por ser la vigente al momento de la radicación de la
solicitud de conciliación prejudicial en el caso de la referencia.
12
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el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho
deberá intentarse en el menor tiempo posible, y, en todo caso, tendrá que
surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
[…]
70. A su turno, el artículo 21 ibidem, dispone:
Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud
de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término
de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se
venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que
ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será
improrrogable.
71. De conformidad con los artículos transcritos, una vez radicada la solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, el término de
caducidad del medio de control se suspende hasta que: a) se logre el acuerdo
conciliatorio entre las partes; b) el acta de conciliación esté debidamente registrada
en los casos que así lo exija la ley; c) cuando se expidan las constancias que refiere
el artículo 2.° ibidem10; o d) venza el término de los tres (3) meses señalado en el
artículo 20 de la misma ley, lo que ocurra primero.
72. Ahora bien, resulta pertinente aclarar que en los asuntos en los que se reclama
el reconocimiento y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión,
en atención a su naturaleza periódica, imprescriptible e irrenunciable, la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha considerado que respecto de ellos no opera la
excepción de caducidad. Por ejemplo, frente a controversias en las que se pretende
el reconocimiento de relaciones laborales encubiertas, la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201611, precisó lo
siguiente:
En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales
adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato
10 «ARTICULO 2o. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha
de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará
sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente
las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se
trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10
días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
13
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realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están
exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio
de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por
ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que
la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al
sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el
derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad
laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación
de trabajo.
[…]
3.5 Síntesis de la Sala. A guisa de corolario de lo que se deja consignado,
respecto de las controversias relacionas con el contrato realidad, en particular
en lo que concierne a la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes
reglas jurisprudenciales:
[…]
iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra
c, del CPACA).
73. Aunque las anteriores consideraciones se realizaron en el ámbito de
controversias en las que discute si existió o no una relación laboral encubierta, a juicio
de la Sala resultan aplicables en los asuntos en los que se reclama el reconocimiento
de aportes pensionales, en atención a que es la naturaleza especial de ellos la que
permite el tratamiento especial para pedir su protección en cualquier tiempo, sin
imponerle a sus beneficiarios cargas adicionales para solicitar su garantía efectiva, en
especial, cuando tienen incidencia en el reconocimiento de la pensión y, por
consiguiente, de los derechos fundamentales asociados a esta.
74. La referida precisión es relevante, comoquiera que entre las diferencias
reclamadas, relacionadas con la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4
de 1992, se encuentran los aportes a pensión, circunstancia que a juicio de la Sala
justifica que se tenga en cuenta su naturaleza especial respecto de la excepción de
caducidad que fue declarada en primera instancia; perspectiva de análisis que difiere
de la que en otras oportunidades ha desarrollado esta Sala frente a asuntos
similares12, sin ahondar en los aspectos antes mencionados.
12 Por ejemplo, en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de abril de 2026, exp.
76001-23-33-000-2017-00586-02 (3628-2024), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. En esta providencia, en la que
también se resolvió una controversia relacionada con el reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, se confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de caducidad frente
a la totalidad de las prestaciones formuladas.
14
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75. A partir de lo expuesto, en el acápite del caso en concreto se analizará de qué
manera operó la excepción de caducidad respecto de las acreencias reclamadas.
3.3.2. Prima especial de servicios – artículo 14 de la Ley 4 de 1992
76. La Ley 4 de 1992 estableció los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, marco en el cual previó la creación de una prima no inferior al 30 % ni
superior al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de
tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público
delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del
Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con
efectos a partir del 1 de enero de 1993 (art. 14).
77. El Gobierno nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 54 de 1993 por medio del cual fijó el régimen salarial
y prestacional aplicable a los servidores de la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo y en el artículo 10 estableció una prima especial en los
siguientes términos13:
ARTICULO 10. Los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento
(30 %) del salario básico. Esta prima es incompatible con la prima especial de
que tratan los artículos 4 a 9 inclusive, del presente decreto.
78. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14
de dicha ley (a) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión
de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (b) se aplicaría, con las
mismas limitaciones14, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas
cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del
Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación.
79. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30
%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de
los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de
1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los
cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros,
equivale al treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».
13 «Por el cual se dictan normas sobre régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones».
14 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.
15
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80. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Rama Judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada
con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4ª de 1992 al cual se acogió de manera
fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en
“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como
toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en
orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»15.
81. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril
de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el
control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional
para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama
judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser
de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala
ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los
decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»16.
82. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un
30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial
sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los
contenidos y valores establecidos en la Ley 4.ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad
de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad
señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual
se descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma
invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales
servidores».
83. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29
de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la
prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples
decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo
dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún
caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de
los servidores del Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el
salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son
contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»17. La nulidad
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-
00(121-03).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-
00(1831-07).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001-03-25-000-2007-00087-
00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes
Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto
104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º
del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
16
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dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril
de 200918.
84. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que
declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al
considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104,
106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno
nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario
de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad
de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación
básica»19. En este escenario, estableció unos criterios de interpretación del artículo
14 de la ley 4 de 1992, en el siguiente orden:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial,
Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que
en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional,
atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía
General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto
76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y
13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734
de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001;
9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del
Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569
de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º,
10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de
2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto
618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
18 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin
carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época
en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de
descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese
porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-
02(2204-18).
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sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir,
con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80 %, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá
hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 (sic) y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a
lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de
cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
85. En cuanto a la prescripción de la prima especial, la sentencia citó los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, para establecer que el
cómputo de dicho término supone la definición de dos aspectos, a saber: «(i) el
momento en que el derecho se tornó exigible y (ii) el momento en que se interrumpió
la prescripción, para, a partir de la última fecha (presentación del reclamo escrito),
contar 3 años hacia atrás y reconocer como debido por pagar solo los 3 años
anteriores a la interrupción».
86. En lo atinente a la exigibilidad, precisó que «el hecho constitutivo del derecho
a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto
que reglamentó primigeniamente la Ley 4 de 1992 (…). En consecuencia, desde el 7
de enero de 1993 los interesados podrían haber interrumpido la prescripción trienal.
Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril
de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza
declarativa».
3.3. Hechos probados
87.De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala tiene por
acreditados los siguientes:
88.La demandante se vinculó a la Procuraduría General de la Nación como
profesional universitario, código 3PU, grado 7, desde el 9 de agosto de 2004 hasta el
10 de septiembre de 2004. Después se desempeñó como procuradora judicial I,
código 3PJ, grado EG, desde el 3 de agosto de 2009 hasta el 17 de diciembre de
2015, según la certificación del 6 de diciembre de 2018 del jefe de la División de
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Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Gestión Humana de dicha entidad20.
89. Durante los años 2009 a 2015, en los que la demandante se desempeñó como
procuradora judicial I, devengó mensualmente las siguientes sumas de dinero, según
las certificaciones del 19 de abril de 2016 y 10 de diciembre de 2018, suscritas por el
jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación21.
Vigencia Sueldo Gastos de Prima Decreto Bonificación Total
básico representación especial 1251 judicial. Dto. salario
de 0383 mensual
servicios
2009 $2.673.754 $891.251 $1.527.860 - - $5.092.865
2010 $2.727.229 $909.077 $1.558.417 - - $5.194.723
ene. a
nov
2010 $2.727.229 $909.077 $1.558.417 $2.980.249 $8.174.972
dic.
2011 $2.813.682 $937.895 $1.607.819 $179.441 - $5.538.837
2012 $2.954.367 $984.789 $1.688.210 $188.413 - $5.815.779
2013 $3.055.998 $1.018.666 $1.746.284 - $539.991 $6.360.939
2014 $3.145.844 $1.048.615 $1.797.625 - $1.059.365 $7.051.449
ene a
ago.
2014 $2.696.438 $1.498.021 $1.797.625 - $1.059.365 $7.051.449
sep. a
dic.
2015. $2.822.092 $1.567.829 $1.881.394 - $1.578.739 $7.850.054
Hasta el
17 de
dic.
Tabla 1. Certificaciones de ingresos mensuales de la demandante como procuradora judicial I.
90. Durante los años 2009 a 2015, se destaca que el Gobierno nacional para el
cargo de procurador judicial grado I fijó la siguiente remuneración mensual, precisando
en los decretos correspondientes que «el treinta por ciento (30 %) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el
artículo 14 de la Ley 4.a de 1992, aplicable a los jueces de la República»:
Decreto Remuneración mensual
726 de 2009 $5.092.865
1391 de 2010 $5.194.723
1043 de 2011 $5.359.396
841 de 2012 $5.627.366
1016 de 2013 $5.820.948
186 de 2014 $5.992.084
1257 de 2015 $6.271.31522
Tabla 2. Remuneración mensual procurador judicial I, según decretos anuales.
91. Se advierte que la remuneración mensual para los años 2009 a 2015,
20 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «025EscritoContestacion.PDF», folio 16.
21 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «003Demanda», folios 6-7. Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo
«12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56», documento «025EscritoContestacion.PDF», folios 14 y 15.
22 Según el Decreto 1257 de 2015, la remuneración mensual corresponde al de la vigencia anterior (2014)
reajustada en el 4.66%.
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establecida para el referido cargo por el Gobierno nacional, se materializó en el caso
de la demandante, a partir de la suma de los rubros de (a) sueldo básico, (b) gastos
de representación y (c) prima especial de servicio, así:
Vigen Sueldo Gastos de Prima Suma sueldo Decreto Remuneraci
cia básico representació especial de básico, ón mensual
n servicios gastos de decreto
representaci anual
ón y prima
especial
2009 $2.673.754 $891.251 $1.527.860 $5.092.865 726 de $5.092.865
2009
2010 $2.727.229 $909.077 $1.558.417 $5.194.723 1391 de $5.194.723
2010
2011 $2.813.682 $937.895 $1.607.819 $5.359.396 1043 de $5.359.396
2011
2012 $2.954.367 $984.789 $1.688.210 $5.627.366 841 de $5.627.366
2012
2013 $3.055.998 $1.018.666 $1.746.284 $5.820.948 1016 de $5.820.948
2013
2014 $3.145.844 $1.048.615 $1.797.625 $5.992.084 186 de $5.992.084
2014
2015. $2.822.092 $1.567.829 $1.881.394 $6.271.315 1257 de $6.271.315
2015
Tabla 3. Suma de los rubros para alcanzar la remuneración mensual establecida por el Gobierno
nacional.
92. La peticionaria, mediante escrito del 16 de marzo de 201623, solicitó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, así como la reliquidación de los factores salariales y prestacionales
a que haya lugar, con la indexación de dichas sumas y la expedición de una
certificación sobre la efectividad de dichos pagos desde el 3 de agosto de 2009 hasta
el «18» de diciembre de 2015. Textualmente solicitó lo siguiente:
En este orden de ideas me permito solicitar ante su despacho:
1) Se reconozca y pague a mi favor la prima especial establecida en el artículo 14 de
la ley 4 de 1992 ya que esta no puede ser inferior al 30 % del salario básico mensual
adicional, circunstancia que no se dio durante el tiempo en que me desempeñé como
procuradora judicial 1.
2) Se reliquide todos y cada uno de los factores salariales teniendo en cuenta la anterior
petición, así como de las prestaciones sociales a que haya lugar, es decir
accionando el 30 % del salario básico mensual.
3) Se cancele las anteriores sumas debidamente indexadas.
4) Se expida la certificación mes a mes, de lo efectivamente pagado durante el periodo
comprendido entre el 3 de agosto de 2009 hasta el 18 de diciembre de 2015, por
concepto de salarios especificando cada uno de los factores salariales y demás
emolumentos.
23Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «025EscritoContestacion.PDF», folios 17 al 18.
20
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93. La Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, mediante oficio
SG 001138 del 8 de abril de 201624, negó lo pretendido. Consideró que, a la
peticionaria, en su condición de procuradora judicial I, le fueron reajustados sus
ingresos totales anuales conforme al porcentaje previsto en el Decreto 1251 de 2009,
con base en la totalidad de los devengado por los magistrados de las altas cortes, de
tal suerte que no existía posibilidad jurídica de recibir un monto superior. Precisó que
de conceder efectos salariales a la prima especial de servicios, habría que reliquidar
otras prestaciones (como la bonificación judicial o la nivelación del Decreto 1251 de
2009), a efectos de no superar los topes establecidos.
94. Agregó el acto acusado, que los decretos anuales que el Gobierno nacional ha
proferido frente a los servidores públicos de la PGN, precisan que la prima especial
no tiene factor salarial, de manera tal que constituyen mandatos amparados por la
presunción de legalidad, que no se ha desvirtuado. Sobre el particular, afirmó que a
partir de la interpretación del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la Ley 332 de 1996,
autoridades como la Corte Constitucional han subrayado que la mencionada prima
solo tiene carácter salarial para efectos de la liquidación de los aportes a pensión, más
no para calcular otras prestaciones sociales.
95. Dicho oficio fue notificado el 19 de abril de 201625, fecha en la que coinciden el
Tribunal en la sentencia de primera instancia26 y la parte demandante en el recurso
de apelación27.
96. La accionante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de agosto de
2016, que se declaró fallida el 1 de noviembre de 2016, ante la imposibilidad de llegar
a un acuerdo entre las partes, según constancia del trámite respectivo 28.
97. La demandante presentó escrito de demanda el 4 de noviembre de 2016, según
el acta individual de reparto de la misma fecha29 y el aplicativo SAMAI30. Igualmente,
dicha fecha fue reiterada por el Tribunal en la sentencia de primera instancia y por la
accionante en el recurso de apelación.
3.5. Análisis del caso en concreto
3.4.1. Del análisis de caducidad
24 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «025EscritoContestacion.PDF», folios 19 al 23.
25 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «025EscritoContestacion.PDF», folios 24-25.
26 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 75, documento «28Sentenciadepr_20160125300PGNCaduci(.pdf)
NroActua 75».
27 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 78, documento «Memorial__33Recurso(.pdf) NroActua 78».
28 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «003Demanda.PDF», folios 10 al 11.
29 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «004ActaReparto.PDF».
30 Samai, Tribunal, «presenta demanda el: 04/11/2016».
21
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98. En consideración a que uno de los aspectos principales de la controversia radica
en la presentación oportuna o no de la demanda, corresponde a la Sala establecer si
el Tribunal acertó o erró al declarar la excepción de caducidad.
99. Como se indicó líneas atrás, el artículo 164, numeral 2, literal d) del CPACA
establece que cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá ser presentada, so pena de que opere la caducidad, dentro del
término de 4 meses «contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales».
100. Lanotificación del oficio SG 001138 del 8 de abril de 2016, cuya nulidad se
pretende, tuvo lugar el 19 de abril de 2016, por lo que el término de 4 meses para
presentar la demanda inició el 20 de abril de 2016.
101. En principio, el plazo antes señalado debía transcurrir del 20 de abril hasta el 20
de agosto de 2016. No obstante, el 19 de agosto de 2016, un día antes de que operara
el término de caducidad (de 4 meses), la parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial, actuación que suspendió el cómputo de dicho plazo.
102. Como la solicitud de conciliación –que suspende la caducidad, hasta por 3 meses–
se presentó el 19 de agosto de 2016, ese día tampoco puede computarse como
transcurrido para efectos de la presentación de la demanda.
103. Esto quiere decir que antes de la presentación de la petición de conciliación solo
faltaban 2 días para complementar el cuarto mes.
104.Posteriormente, el 1 de noviembre de 2016 se expidió constancia de trámite
conciliatorio extrajudicial, mediante la cual esta se declaró fallida. En consecuencia, el
término de caducidad, que se había suspendido (desde el 19 de agosto de 2016), se
reanudó al día siguiente, el 2 de noviembre de 2016.
105. Por lo anterior, la demandante tenía hasta el 3 de noviembre de 2016 para acudir
oportunamente a la jurisdicción, en la medida que los 2 días que le restaban para el
cumplimiento de los 4 meses para presentar la demanda transcurrieron el 2 y 3 de
noviembre de 2016. No obstante, la demanda fue radicada el 4 de noviembre de dicha
anualidad.
106. Finalmente, no le asiste razón a la accionante al afirmar que no operó la caducidad
porque el 20 de agosto de 2016, fecha en la que inicialmente fenecía el plazo, era un
día inhábil y, por tanto, que el término se extendía hasta el 22 de agosto del mismo
año, lo que significaba que debían considerarse 2 días más para presentar la
demanda.
107. Lo anterior, por cuanto la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término
el 19 de agosto de 2016, como se expuso con anterioridad, lo que significó que por
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mandato legal, el plazo que había transcurrido se suspendiera y solo se reanudara
después de que finalizara el trámite conciliatorio, de manera tal que no es de recibo
considerar la circunstancia que por fuera de la referida suspensión invocó la
peticionaria (esto es, que el término siguió corriendo hasta el sábado 20 de agosto de
2016); que además, conllevaría considerar que en su caso el plazo para presentar la
demanda era de 4 meses y 2 días (2 días que la peticionaria terminó computado), lo
que no se acompasa con el numeral 2, literal d), artículo 164 del CPACA.
108. Desde luego, no se pasa por alto que el inciso 7.° del artículo 118 del CGP señala
que «cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo
día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el
término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en
día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente» (se destaca). Empero,
en el caso de autos, por efectos de la solicitud de conciliación, el término para
presentar la demanda venció el jueves 3 de noviembre de 2016, un día hábil, no el
sábado 20 de agosto de la misma anualidad, por lo que el supuesto de que trata la
anterior norma no resulta aplicable en esta oportunidad, pues aquella señala, de
manera inequívoca, que el día relevante es aquel en que efectivamente vence el plazo,
y no aquel en que hubiera vencido de no haberse presentado la solicitud de
conciliación, como lo interpreta la parte actora.
109. Así las cosas, se confirmará la decisión del Tribunal en cuanto declaró que operó
la caducidad del medio de control. No obstante, se precisa que esta excepción tiene
lugar frente a las pretensiones relativas a obtener el pago de la prima especial
equivalente al 30 % adicional al salario, dejada de percibir por la indebida aplicación
de la Ley 4 de 1992, desde el 3 de agosto de 2009 y hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago; así como frente a la petición de reliquidación de las prestaciones
sociales por el hecho de haber disminuido en el anterior porcentaje la base de
liquidación. Sin embargo, dicha excepción no se extiende a los aportes a seguridad
social en pensión derivados de las anteriores acreencias —de ser procedente su
reconocimiento—, debido a su carácter periódico, imprescriptible e irrenunciable,
como se explicó en el acápite 3.3.1 de esta decisión.
110. Se hace alusión a la configuración de la excepción de caducidad frente a las
pretensiones relacionadas con la prima especial de servicios y no a las atinentes a la
reliquidación de la prestaciones sociales teniendo en cuenta la bonificación judicial de
que trata el Decreto 383 de 2013, debido a que como se expondrá en el siguiente
acápite, dicha petición no fue realizada por la demandante en sede administrativa y,
por ende, de ella tampoco se ocupó el acto acusado, de manera tal que dicha situación
no está llamada a analizarse en esta oportunidad.
111. Con las precisiones efectuadas, se procederá al análisis de fondo de la situación
de la peticionaria frente a las acreencias relacionadas con la prima especial de
servicios, pero únicamente con el fin de establecer si es procedente o no el
reconocimiento de los aportes a seguridad social en pensión concernientes a estas.
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112. El análisis que antecede, que no fue efectuado por el juez de primera instancia,
que declaró frente a todas las pretensiones formuladas la excepción de caducidad, es
procedente en aplicación del inciso tercero del artículo 282 del CGP, que prescribe lo
siguiente:
Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las
pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En
este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá
sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia. (Se
destaca).
113. En aplicación del anterior precepto, como se considera parcialmente infundada
la única excepción decretada en primera instancia, resulta procedente entrar a
analizar el fondo de la controversia respecto de las acreencias reclamadas que no se
vieron afectadas por el fenómeno de la caducidad.
3.4.2. De la pretensión atinente a la bonificación judicial
114. Como se indicó con anterioridad, una de las pretensiones de la demanda consistió
en la reliquidación de las prestaciones sociales de la accionante a partir de la
bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 como base salarial, asunto
alrededor del cual la demanda expuso las razones por las cuales se estima procedente
dicha solicitud en el caso de los procuradores judiciales.
115. Al analizar con detenimiento la petición que dio lugar al oficio cuya nulidad se
solicita, descrito en el acápite de hechos probados, se observa que no se realizó
petición alguna atinente a la referida reliquidación con fundamento en el Decreto 383
de 2013. Esto en razón a que el escrito correspondiente se centró exclusivamente en
el reconocimiento de la prima especial como emolumento adicional al salario y en la
reliquidación de las prestaciones teniendo el 30 % de este, que presuntamente fue
sustraído por el indebido entendimiento de la mencionada prima.
116. En consecuencia, el oficio SG 001138 del 8 de abril de 2016, que se pronunció
sobre las peticiones realizadas por la señora Calderón Silva, en forma alguna abordó
lo atinente a la reliquidación de prestaciones a partir del decreto antes mencionado.
117. La situación expuesta pone de presente un defecto formal de la demanda en
relación con la anterior petición, concretamente, que respecto de ella no se agotó el
requisito de procedibilidad atinente al agotamiento de la actuación administrativa (art.
161, numeral 2 de la Ley 1437 de 2011), motivo por el cual frente a la misma no se
evidencia un acto administrativo cuya validez sea susceptible de analizar en esta
oportunidad, pues se insiste, el acto acusado no se ocupó del asunto, por la sencilla
razón que no fue incluido en la solicitud que le dio origen, de manera tal que resultaría
incongruente emprender un estudio de validez sobre una decisión de la administración
atinente la bonificación judicial en el caso de la peticionaria, cuando no se adoptó
determinación alguna sobre el particular en el oficio cuya nulidad se solicita.
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118. En orden de ideas, lo pertinente es declarar la excepción de ineptitud formal de la
demanda por falta de agotamiento de la actuación administrativa, respecto de la
petición de reliquidar las prestaciones sociales de la demandante con fundamento en
el Decreto 383 de 2013, lo que a su vez significa que no pueden analizarse las razones
invocadas por la accionante alrededor del presunto desconocimiento del carácter
salarial de la bonificación judicial por parte de la entidad accionada al dictar el acto
acusado.
3.4.3. De la prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones
sociales
119. De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto en el numeral
3.3.2 de esta providencia, la Sala procede a verificar si la demandante acredita los
requisitos para ser beneficiaria de la prima especial de servicios prevista en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, esto es: (a) el ejercicio de uno de los cargos que da derecho
al pago de ese emolumento y (b) la verificación del periodo laborado en el empleo.
120. En primer lugar, en lo concerniente al empleo público que otorga el derecho a
devengar la prima especial, según la certificación del 6 de diciembre de 2018,
expedida por el jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de
la Nación, la señora Ángela Consuelo Calderón Silva ejerció el cargo de procurador
judicial I, del 3 de agosto de 2009 hasta el 17 de diciembre de 201531.
121. En segunda medida, en cuanto al pago de la prima especial de servicios
durante el periodo en el que la demandante desempeñó el cargo en mención, como
se ilustró en las tablas 1, 2 y 3 del acápite de hechos probados, en especial en la
última de ellas, se evidencia que la prima especial de servicios se reconoció como
parte de la remuneración mensual, más no como un emolumento adicional a esta –
como correspondía–, principalmente, porque los decretos anuales que dictó el
Gobierno nacional fijando el régimen salarial y prestacional de los servidores de la
PGN, que rigieron la situación de la peticionaria, establecieron dicha restricción.
122. Sobre el particular, resulta importante advertir que la sentencia de nulidad del
29 de abril de 2014, proferida por la Sala de Conjueces de esta corporación, anuló las
disposiciones de los decretos salariales que fraccionaban la remuneración básica,
entre otros, de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación beneficiarios
del derecho a la prima especial. El último de los decretos anulados fue el expedido en
el año 2007, por lo que el Gobierno nacional continuó reproduciendo las mismas
disposiciones hasta el año 2015; momento a partir del cual las variaciones se
establecieron en términos porcentuales. Para las vigencias que nos ocupan, años
2009 a 201532, los decretos respectivos33 reprodujeron en idénticos términos el
31 Samai, Tribunal, expediente digital, índice 56, archivo «12ED_Descarga525024244999(.zip) NroActua 56»,
documento «025EscritoContestacion.PDF», folio 16.
32 Con la precisión de que el Decreto 2015 lo que hizo fue establecer el porcentaje del 4.66% para reajustar la
remuneración prevista en el año anterior, 2014, de manera tal que se mantuvo la restricción de incluir la prima
como parte de la remuneración mensual.
33 Relacionados en la tabla 2 del acápite de hechos probados.
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Decreto 3048 de 2007 declarado nulo34.
123. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que a la accionante se le pagaron
los salarios y se le liquidaron las prestaciones con una base salarial reducida en un
30 %, porcentaje que se pagó a título de prima especial, tal y como lo establecían los
decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional.
124. Sobre el particular, se reitera, conforme a lo señalado en el acápite de marco
normativo y jurisprudencial de esta sentencia, que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
previó la creación de una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del
sueldo básico, «sin carácter salarial»; emolumento que constituye una adición o
complemento a la remuneración mensual, no una fracción de esta. Asimismo, por
disposición de la Ley 332 de 1996 que modificó la Ley 4 de 1992, la referida prima
constituye factor salarial únicamente para la liquidación de la pensión de jubilación.
125. En atención a lo expuesto, es posible afirmar que la accionante se encuentra
en una situación fáctica y jurídica análoga a la decidida en la sentencia proferida por
la Sala de Conjueces de esta corporación el 2 de septiembre de 2019, en la que se
demostró el fraccionamiento de la remuneración mensual, al haberse probado que se
le pagó el 70 % por concepto de sueldo y el 30 % por concepto de prima especial. Por
ende, en principio le asistiría el derecho al reconocimiento de esta como agregado al
salario, así como la reliquidación de las prestaciones con el 100 % de la remuneración
mensual, dado que la prima especial no forma parte de ese porcentaje, sino que
constituye un emolumento adicional equivalente al 30 %.
126. Asimismo, se resalta que en la referida decisión se hizo referencia a la
sentencia del 29 de abril de 2014, en la que, se reitera, se declaró la nulidad parcial
de los decretos emitidos por el Gobierno nacional entre 1993 y 2007 que establecían
que el 30 % correspondiente a la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 hacía parte del salario.
127. Al respecto, se explicó que, a partir de dicha situación, se dio una interpretación
errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, por cuanto consideraron
que el 30 % del salario correspondía a la prima y el 70 % restante a la asignación
básica. En ese orden, indicó que la forma de liquidación que se ajustaba a los
principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y no regresividad era la de
reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario, es decir, como una
adición de la asignación básica mensual.
128. Dicho de otro modo, el hecho de que la Procuraduría considerara que procedió
conforme a derecho al actuar en cumplimiento de los decretos salariales expedidos
por el Gobierno nacional, lo cierto es que lo hizo bajo una interpretación errónea,
contraria a las normas superiores que pretenden desarrollar aquellos, la cual debe ser
34 Ley 1437 de 2011, artículo 9. «PROHIBICIONES. A las autoridades les queda especialmente prohibido: (…) 6.
Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando no hayan
desaparecido los fundamentos legales de la anulación o suspensión».
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corregida para garantizar los principios mencionados, particularmente, en escenarios
en los que está demostrado que se fraccionó la remuneración mensual, se pagó el
30 % de esta a título de prima especial, y se liquidaron las prestaciones sociales sobre
el 70 % restante.
129. Vale la pena aclarar que la anterior reliquidación se deriva del hecho de que la
parte accionada disminuyó la remuneración mensual al determinar que hacía parte de
ella la prima especial, más no de considerar esta como factor salarial para todos los
efectos, pues como se ha ilustrado a lo largo de esta providencia, tal atributo solo se
predica respecto a los aportes pensionales (artículos 14 de la Ley 4 de 1992 y 1 de la
Ley 332 de 1996)35. Por lo tanto, no resulta pertinente que la PGN se oponga a las
pretensiones de la demanda argumentando que la reliquidación pretendida implica
atribuirle a la referida prima efectos salariales para todos los efectos.
130. También resultan impertinentes los argumentos dirigidos a sostener que las
sentencias que declararon la nulidad de los decretos que establecían que la prima
especial hacía parte del salario no tienen incidencia frente a las situaciones jurídicas
consolidadas durante su vigencia. Lo anterior, por dos razones a saber: la primera,
porque las normas que fueron anuladas son anteriores al año 2007, de manera tal que
ni siquiera se trata de los decretos que rigieron la situación de la peticionaria, que
fungió como procuradora judicial I desde el año 2009. La segunda, porque como se
expuso con anterioridad, el hecho de que los decretos que regularon la relación laboral
de aquella hayan predicado que la prima especial hacía parte de la remuneración
básica, reprodujeron expresiones de normas declaradas nulas, por lo que a partir de
ellas no puede válidamente sostenerse que se actuó de manera consonante con la
Constitución, la ley y la jurisprudencia.
131. Finalmente, respecto a la justificación consistente en que no se accedió a lo
solicitado por la demandante en aras de salvaguardar los topes establecidos por el
Gobierno nacional, estima la Sala que no es de recibo, so pena de predicar que
resultaba válido dejar de reconocer la prima como emolumento adicional al salario, o
aún más, necesario fraccionar la remuneración mensual de los procuradores
judiciales, pese a que, como se ha expuesto a lo largo de esta providencia, tales
conclusiones resultan contrarias al ordenamiento superior, particularmente al debido
entendimiento de la prestación reconocida por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
132. Por el contrario, la justificación expuesta por la accionada lo que revela es la
necesidad de efectuar una interpretación armónica de las normas atinente al régimen
salarial de sus servidores, como lo precisó en los siguientes términos esta Subsección
en providencia del 16 de abril de 202636, frente a un caso similar, pero tratándose de
los funcionarios judiciales, también beneficiarios de la señalada prima:
50. Ahora bien, frente al argumento de la entidad demandada relativo a la supuesta
35 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, rad. 41001-
23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de abril de 2026, exp. 17001-23-33-000-
2021-00006-02 (0353-2025), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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superación de los topes fijados por el Gobierno nacional, la Sala debe decir que el
reconocimiento de la prima especial de servicios no puede efectuarse de manera aislada
del régimen salarial aplicable a los servidores de la Rama Judicial, sino en armonía con
las disposiciones expedidas por el Gobierno nacional en materia salarial y prestacional.
51. En ese sentido, el reconocimiento del 30 % de la prima especial de servicios a favor
de la parte demandante no implica, por sí mismo, el desconocimiento de los parámetros
remuneratorios fijados por el Gobierno nacional, toda vez que corresponderá a la
entidad encargada de efectuar la liquidación y pago de las acreencias adoptar las
medidas necesarias para que dicho reconocimiento se materialice con observancia de
los topes y límites salariales previstos en el ordenamiento jurídico.
52. Por lo anterior, se advertirá a la demandada que el cumplimiento de la condena
impuesta estará condicionado a que verifique que no haya realizado pagos previos en
favor del demandante por los mismos conceptos.
133. En suma, a juicio de la Sala no son de recibo los argumentos expuestos por la
entidad demandada para dejar de reconocer la prima especial de servicios como
emolumento adicional al salario y por haber fraccionado este con el impacto respectivo
en las prestaciones sociales, por lo que además de declararse la nulidad del oficio
acusado, correspondería reconocer aquella y la reliquidación pretendida. Sin
embargo, como frente a dichas pretensiones operó la excepción de caducidad, solo
es procedente ordenar el reconocimiento y pago de los aportes a seguridad social en
pensión, de no haberse efectuado, desde el 3 de agosto de 2009 hasta el 17 de
diciembre de 2015, por los siguientes conceptos: (a) sobre la prima especial de
servicios, como un emolumento adicional al salario, y (b) sobre el 100 % de la
remuneración mensual.
134. Además, se reitera que el cumplimiento de la sentencia estará condicionado a que
la entidad demandada verifique que no haya realizado pagos previos en favor de la
demandante por los mismos conceptos y a que se atiendan los topes establecidos por
el Gobierno nacional.
3.5. Conclusiones
135. La Sala concluye que el Tribunal computó correctamente el término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No
obstante, debe precisarse que dicha excepción no se predica frente a la petición de
reconocimiento y pago de los aportes a seguridad social en pensión relacionados con
las acreencias derivadas del debido entendimiento de la prima especial de servicios
en el caso de la peticionaria, por lo que modificará el numeral primero de la parte
resolutiva de fallo impugnado, que declaró probada la caducidad frente a la totalidad
de las pretensiones.
136. En segundo lugar, se declarará probada de oficio la excepción de ineptitud
formal de la demanda, por falta de agotamiento de la actuación administrativa,
respecto de la pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales de la
demandante, en su condición de procuradora judicial I, teniendo en cuenta la
bonificación judicial, prevista en el Decreto 383 de 2013.
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137. En tercer lugar, se adicionará el fallo controvertido en el sentido de declarar la
nulidad del acto acusado, en cuanto negó el reconocimiento de la prima especial de
servicios como emolumento adicional al salario, y desconoció que las prestaciones
sociales deben liquidarse sobre el 100 % de la remuneración mensual, sin deducir de
esta el 30 % a título de dicha prima. No obstante, a título de restablecimiento del
derecho solo resulta procedente el reconocimiento y pago de las diferencias por
concepto de los aportes a seguridad social en pensión desde el 3 de agosto de 2009
hasta el 17 de diciembre de 2015, por los siguientes conceptos: (a) sobre la prima
especial de servicios, como un emolumento adicional al salario, y (b) sobre el 100 %
de la remuneración mensual. Esto en consideración a la naturaleza periódica,
imprescriptible e irrenunciable de dichos aportes, respecto de los cuales no se
extiende la declaratoria de la excepción de caducidad.
3.6. Costas
138. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual, para
imponer condena en costas, debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. En consecuencia, no hay lugar a imponer dicha condena en
el presente asunto, toda vez que no se advierte que aquella hubiera incurrido en
alguna de esas conductas.
139. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 10 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander, Sala de
Conjueces, que quedará así:
Primero. Declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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nulidad y restablecimiento del derecho en el presente proceso, frente a las
pretensiones relativas a obtener el pago de la prima especial equivalente al 30
% adicional al salario, dejada de percibir por la indebida aplicación de la Ley 4
de 1992, desde el 3 de agosto de 2009 y hasta la fecha en que se haga efectivo
el pago; así como frente a la petición de reliquidación de las prestaciones
sociales por el hecho de haber disminuido en el anterior porcentaje la base de
liquidación. La anterior excepción no se extiende a los aportes a seguridad social
en pensión derivados de las anteriores acreencias, debido a su carácter
periódico, imprescriptible e irrenunciable.
Segundo. Adicionar el fallo impugnado en el siguiente sentido:
Segundo. Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud formal de la
demanda, por falta de agotamiento de la actuación administrativa, respecto de la
pretensión de reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante, en
su condición de procuradora judicial I, teniendo en cuenta la bonificación judicial,
prevista en el Decreto 383 de 2013.
Tercero. Declarar la nulidad el oficio SG 001138 del 8 de abril de 2016 de la
Procuraduría General de la Nación. A título de restablecimiento del derecho,
ordenar a la anterior entidad el reconocimiento y pago de las diferencias por
concepto de los aportes a seguridad social en pensión, desde el 3 de agosto de
2009 hasta el 17 de diciembre de 2015, en favor de la accionante en su condición
de procuradora judicial I, por los siguientes conceptos: (a) sobre la prima especial
de servicios, como un emolumento adicional al salario, y (b) sobre el 100 % de
la remuneración mensual.
El cumplimiento de la sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada verifique que no haya realizado pagos previos en favor de la
demandante por los mismos conceptos y a que se atiendan los topes
establecidos por el Gobierno nacional.
Tercero. Confirmar en lo demás el fallo impugnado.
Cuarto. Sin condena en costas.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
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Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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