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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00006-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00006-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar el literal a) del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia que negó la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante, para en su lugar concederla de conformidad con el 30% del salario fraccionado y no de la prima especial de servicios y adicionarlo en el sentido de ordenar el pago del 30% del salario que fue fraccionado y la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante de acuerdo con esa porción de la asignación básica pagada a título de prima especial de servicios. El ordinal quedará así: Tercero: Declarar que la prima especial de servicios que se reclama debió pagarse como un emolumento adicional al salario básico y no como parte de él y que solo constituye factor salarial respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia: 42En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 17 Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025) Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales a). Ordenar a la DEAJ reconocer y pagar a Pedro Alejandro Jiménez Morales el 30% del salario básico que le fue fraccionado o pagado a título de prima especial de servicios sin carácter salarial. b). Ordenar a la entidad demandada reliquidar las prestaciones sociales del demandante de acuerdo con la porción del salario reconocida y todos los aportes a pensión, causados por los siguientes periodos; i) desde el 17 de julio de 2017 y hasta el 4 de septiembre de 2018; y ii) del 30 de septiembre de 2019 y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, o hasta la fecha de retiro definitivo del cargo de juez de la Republica que desempeña el demandante, teniendo en cuenta la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, tomando el 100% del salario básico y no del 70% como se hizo y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 100 de 1993. Para efectos de lo anterior, se advierte que la prima especial de servicios sumada con la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2021-00006-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_______________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y
demandada contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Pedro Alejandro Jiménez Morales presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones DESAJMAR19-1705 del 23
de diciembre de 2019 y DESAJMAR20-63 del 12 de febrero de 2020 y del acto ficto
presunto negativo generado por la falta de pronunciamiento frente al recurso de
apelación propuesto, por medio de los cuales la Dirección Ejecutiva Seccional de

1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 13 de enero de 2021. Acta de reparto en el documento 2 del

expediente digital en la primera instancia de Samai.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

Administración Judicial de Manizales4 le negó el pago de la prima especial de
servicios como un emolumento adicional y la reliquidación de salarios y prestaciones
sociales de acuerdo con el porcentaje del salario que le fue fraccionado.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
durante los periodos en los que laboró como juez de la República 5, solicitó: i) el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 como un emolumento adicional al salario y en cuantía del 30%
de la asignación básica fijada anualmente por el gobierno nacional; ii) la
reliquidación de los aportes a seguridad social, primas de navidad, de vacaciones y
de servicios, bonificación por servicios, cesantías e intereses a las cesantías de
acuerdo con el 100% del salario; iii) la indexación del valor de la condena; iv) los
intereses moratorios que se causen; y v) la condena en costas a la parte
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Del escrito de la demanda la Sala logró extraer los siguientes6:

3.1. Pedro Alejandro Jiménez Morales se ha desempeñado como juez de la
República en los siguientes periodos: i) del 17 de julio de 2017 al 4 de septiembre
de 2018, en el Juzgado Promiscuo de Familia de Manzanares (Caldas)7 y ii) desde
el 30 de septiembre de 2019 en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de
Boyacá8.

3.2. El 12 de diciembre de 2019 presentó reclamación administrativa ante la DESAJ
en la que solicitó el correcto pago de la prima especial de servicio y la reliquidación
de salarios y prestaciones sociales por todo el tiempo en el que se desempeñó como
juez.

3.3. La DESAJ negó la anterior por conducto de la Resolución DESAJMAR19-1705
del 23 de diciembre de 2019, contra la cual presentó recurso de apelación que fue
concedido por medio de la Resolución DESAJMAR20-63 del 12 de febrero de 2020,
pero no se emitió pronunciamiento.

4 En adelante DESAJ.
5 En este acápite no se identificaron los citados periodos.
6 Folios 2 al 4 del expediente físico
7 Nombrado en provisionalidad a través de la Resolución 604 del 10 de julio de 2017 proferida por el

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
8 Nombrado en provisionalidad por medio de la Resolución 117 del 26 de septiembre de 2019 del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.

2

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 4, 13, 53 y 150, literal e), de la Constitución
Política; 1 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 4 y 8 del Decreto 194 de 2014; 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017; 337 de 2018; 991 de 2019; y
299 de 2020.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente9:

5.1. La entidad demandada desconoció las normas relacionadas con la prima
especial de servicios, pues incluyó dicho rubro como parte integrante de la
asignación básica en lugar de pagarlo como un valor adicional al salario, a pesar de
que según la interpretación fijada por el Consejo de Estado10, el citado emolumento
constituye un reconocimiento retributivo e independiente.

5.2. Al pagarse la prima especial de servicios como parte integrante del salario redujo
indebidamente la base sobre la cual se calculan las prestaciones sociales, lo cual
vulnera los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad laboral.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación11:

6.1. El régimen salarial de los servidores de la Rama Judicial se encuentra regulado
por los decretos anuales expedidos por el gobierno nacional, en desarrollo de la
competencia prevista en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución.
Por lo tanto, la administración se limitó a aplicar estas disposiciones, que fijaron
tanto la asignación básica mensual como el porcentaje correspondiente a la prima
especial.

6.2. No contaba con la competencia para alterar la estructura salarial ya que su
función es meramente ejecutiva, de modo que no puede reconocer valores
diferentes a los establecidos en los decretos salariales ni modificar la forma en que
estos regulan la remuneración de los funcionarios judiciales. En todo caso, la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 fue concebida
expresamente como un reconocimiento económico sin carácter salarial, por lo que
no puede integrar la base para liquidar prestaciones sociales.

9 Folios 3 al 8 del documento 3 del expediente digital en la primera instancia de Samai.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).
Sentencia del 29 de abril de 2014. C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz.
11 Documento 27 del expediente digital en la primera instancia de Samai.

3

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

6.3. Son procedentes las excepciones de imposibilidad presupuestal de reconocer
los derechos reclamados por el actor al encontrarse en servicio activo; falta de
integración del litis consorcio necesario12; y prescripción trienal.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en sentencia proferida
el 16 de diciembre de 202413, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. La parte resolutiva es del siguiente tenor:

«PRIMERO: ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación
-SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Declárense [IMPROSPERAS] las excepciones propuestas por la
demandada de i). Imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamos por el
actor al encontrarse en servicio activo, ii). Integración de litis consorcio necesario, iii).
Prescripción trienal laboral e, iv); Innominada, y en consecuencia declárese la nulidad
de los siguientes actos administrativos:

• Resolución DESAJMAR19-1705 de 23 de diciembre de 2019.
• Resolución DESAJMAR20-63 de 12 de febrero de 2020.
• Acto administrativo ficto presunto negativo.

TERCERO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, solo
constituye FACTOR SALARIAL respecto a la pensión de jubilación y, en
consecuencia;

a). NEGAR todas las pretensiones encaminadas a ordenar a la demandada reliquidar
las prestaciones sociales causadas incluyendo la prima especial de servicios regulada
por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial.

b). ORDENAR a la entidad demandada RELIQUIDAR todos los aportes a pensión,
causados por los periodos siguientes; i). Desde el 17 de julio de 2017 y hasta el 3 de
septiembre de 2018 y (ii). Del 30 de septiembre de 2019 y hasta la fecha de ejecutoria
de esta sentencia, o hasta la fecha de retiro definitivo del cargo de Juez de la República
que desempeña el demandante, teniendo en cuenta la prima especial de servicios
regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, tomando el 100%
del salario básico y no del 70% como se hizo y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
artículo 23 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: NEGAR la condena en costas solicitada.
[…] [sic]».

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

12 En el sentido de vincular a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y al
Departamento Administrativo de la Función Pública.
13 Documento 35 del expediente digital de la primera instancia en Samai tribunales y juzgados.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

8.1. A través de los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional
para fijar la remuneración mensual de los servidores públicos de la Rama Judicial
desde el año 1993, se indicó que el 30% de la asignación básica mensual sería
considerada como la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992.

8.2. En consecuencia, el demandante tenía derecho al «reconocimiento de la prima
especial de servicios [referida] y a la reliquidación de su salario y de las prestaciones
sociales tomando como base el 100% de su salario y no el 70%, como se hizo, y pagar las
diferencias adeudadas» por todo el tiempo en el que se ha desempeñado como juez
por no haber operado el fenómeno de la prescripción.

8.3. La demandada también deberá pagar los aportes deficitarios a pensión «desde
el 21 de enero de 2019» de acuerdo con el 100% del salario más la prima especial de
servicios que solo es factor de salario para calcular el monto de dichos aportes. No
se configuró la prescripción trienal de los emolumentos discutidos por haber sido
reclamados dentro de los 3 año siguientes a su causación.

1.4. Los recursos de apelación

9. Tanto la parte demandante como la demandada apelaron la decisión de primera
instancia, de acuerdo con los siguientes argumentos:

10. La parte demandante14

10.1. El Tribunal Administrativo de Caldas interpretó erróneamente la sentencia del
Consejo de Estado15 porque, aunque es cierto que la prima especial de servicios
solo es factor de salario para el cálculo de los aportes a pensión, sí hay lugar a
ordenar el pago del porcentaje del salario dejado de pagar y la reliquidación de las
prestaciones sociales causadas.

10.2. A pesar de que en la parte considerativa se adoptó la posición fijada por el
Consejo de Estado y se anunció que se ordenaría la reliquidación pedida, solo se
ordenó el pago de los aportes deficitarios a pensión.

11. La parte demandada16

11.1. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no
tiene carácter salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales, salvo en

14 Documento 36 del expediente digital de la primera instancia en Samai tribunales y juzgados.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07).
Sentencia del 29 de abril de 2014. C.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz.
16 Documento 38 del expediente digital de la primera instancia en Samai tribunales y juzgados.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

materia pensional, de modo que no es procedente incluir ese porcentaje en la base
de liquidación.

11.2. Los salarios y demás emolumentos de los jueces de la República se han pagado
de acuerdo con el tope establecido en el Decreto 1251 de 2009 por lo que cumplir
la condena impuesta en la sentencia de primera instancia implicaría superar los
porcentajes fijados en el Decreto 1251 de 2009.

11.3. Lossalarios y prestaciones sociales se han pagado de acuerdo con lo
expresamente ordenado por el gobierno nacional a través de los decretos salariales
anuales, en los que se ha dispuesto que el 30% del salario fijado obedece a la prima
especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

1.5. Alegatos en segunda instancia

12. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar17.

1.6. El Ministerio Público

13. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad18.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia19, se circunscribe a establecer

17 Como se indicó en el auto admisorio del 31 de marzo de 2025. Documento 4 del expediente digital

de la segunda instancia.
18 Constancia en el documento 7 del expediente digital de la segunda instancia.
19 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

si ¿Pedro Alejandro Jiménez Morales tiene derecho al pago de la prima especial de
servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un emolumento adicional al
salario y no como parte integrante de él, con la consecuente reliquidación de sus
prestaciones sociales? y si ¿el cumplimiento de la sentencia de primera instancia
implicaría superar los topes fijados por el gobierno nacional?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial20 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen

20 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

20. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200721, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar22».

21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del

21 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
22 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201923, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

9

Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201924.

25. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201425 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
25 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

26. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 26 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

27. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

28. En la sentencia del 2 de septiembre de 200927, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

29. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

30. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que

26 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior28 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

33. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0529 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

34.1. Pedro Alejandro Jiménez Morales fue nombrado, en provisionalidad, como juez
promiscuo de familia del circuito de Manzanares (Caldas), a través de la Resolución
604 del 10 de julio de 201730, cargo que desempeñó hasta el 4 de septiembre de
2018, de acuerdo con la renuncia que le fue aceptada a través de la Resolución 152
del 3 de septiembre de ese año31. Luego fue nombrado como juez promiscuo
municipal de Puerto Boyacá (Boyacá), por conducto de la Resolución 117 del 26 de

28 ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
29 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)
30 Folios 1 y 2 del documento 10 del expediente digital de la primera instancia.
31 Folio 4 del documento 10 del expediente digital de la primera instancia.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

septiembre de 201932, empleo del que tomó posesión el 30 de septiembre siguiente
y que desempeñó hasta la presentación de la demanda.

34.2. De acuerdo con el certificado salarial del 27 de noviembre de 202033 proferido
por el Área de Talento Humano de la DESAJ Manizales, durante los periodos en los
que Pedro Alejandro Jiménez Morales se desempeñó como juez de la República
durante los años 2017 a 2020, percibió los siguientes salarios y primas especiales
de servicios:

Prima
Asignación Asignación
Decreto especial de
Anualidad básica básica
Salarial servicios
decretada pagada
pagada
2014 194 $6.093.848 NA NA
2017 997 $7.338.332 $5.644.100 $1.693.230
201834 338 $7.711.852 $5.931.385 $1.779.415
201935 991 $6.261.981 $4.816.913 $1.445.075
2020 301 $6.582.594 $5.063.539 $1.519.062

34.3. El 12 de diciembre de 201936, solicitó a la DESAJ Manizales el pago de la prima
especial de servicios en cuantía del 30% de la asignación básica y la reliquidación
de los salarios y prestaciones sociales de acuerdo con el 30% del salario básico que
le fue deducido y pagado a título de prima especial de servicios.

34.4. LaDESAJ Manizales emitió la Resolución DESAJMAR19-1705 del 23 de
diciembre de 2019, mediante la cual negó lo pretendido por el demandante con
fundamento en que su función es netamente administrativa y pagadora de los
salarios en la cuantía establecida por el gobierno nacional, de modo que no podía
reconocer sumas adicionales a las ya pagadas37.

34.5. El 20 de enero de 2020, el demandante presentó recurso de apelación en el
que insistió en el derecho que le asistía al reconocimiento y pago de los haberes
reclamados38. La DESAJ concedió la alzada por medio de la Resolución
DESAJMAR20-63 del 12 de febrero de 202039, pero no la resolvió.

32 Folios 5 y 6 del documento 10 del expediente digital de la primera instancia.
33 Documento 11 del expediente digital de la primera instancia.
34 Salario devengado hasta el 4 de septiembre de 2018.
35 Salario correspondiente al mes de octubre de 2019, cuando desempeñó el empleo de juez
municipal
36 Documento 5 del expediente digital de la primera instancia.
37 Documento 6 del expediente digital de la primera instancia.
38 Documento 7 del expediente digital de la primera instancia.
39 Documento 8 del expediente digital de la primera instancia.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

2.4. Análisis sustantivo

38. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que el
Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, declaró la nulidad de los
actos administrativos demandados y ordenó a la DEAJ reliquidar los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones a favor de Pedro Alejandro Jiménez
Morales de acuerdo con el 100% del salario más la prima especial de servicios en
cuantía del 30% de la asignación básica mensual entre el 17 de julio de 2017 y el 3
de septiembre de 2018 y desde el 30 de septiembre de 2019 hasta que el
demandante tuviera derecho a percibir la aludida prestación y negó las demás
pretensiones de la demanda.

39. Pedro Alejandro Jiménez Morales apeló la sentencia de primera instancia por
considerar que sí había lugar a ordenar el pago de la prima especial de servicios y
la reliquidación de sus prestaciones sociales, no en razón del porcentaje de ese
emolumento, sino del porcentaje del salario que fue fraccionado y pagado como
prima especial de servicios sin carácter salarial.

40. Por su parte, la demandada recurrió el fallo y afirmó que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial y que cumplir la condena impuesta implicaría
superar los topes establecidos por el gobierno nacional.

41. Pues bien, tal y como se expuso en el marco normativo de esta decisión la Ley
4ª de 1992 creó una prima especial de servicios «no inferior al 30% ni superior al 60%
del salario básico, sin carácter salarial» para unos servidores de Rama Judicial, con
efectos a partir del 1° de enero de 1993.

42. En este proceso se demostró que Pedro Alejandro Jiménez Morales se
desempeñó como juez de la República entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de
septiembre de 2018 y desde el 30 de septiembre de 2019 en adelante. En
consecuencia, tenía derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de que
trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada por la Ley 332 de 1996 por ser
una prima prevista a favor de los servidores de la rama judicial.

43. Sin embargo, el demandante afirma que durante los citados periodos su salario
fue fraccionado debido a que el referido beneficio prestacional le fue reconocido
como parte de este y no como un aumento y que por lo tanto las prestaciones
sociales fueron liquidadas y pagadas sobre el 70% del salario y no sobre el 100%.

44. Pues bien, luego de contrastar los decretos anuales que fijaron la asignación
básica salarial para los jueces del circuito y municipales y los certificados de salarios
expedidos por el Área de Recursos Humanos de la DESAJ Manizales se encontró

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

que el salario de Pedro Alejandro Jiménez Morales sí fue fraccionado en forma
indebida.

45. Lo anterior resulta evidente porque para el año 2017 el salario básico establecido
para los jueces del circuito fue de $7.338.332. Sin embargo, durante ese año a
Pedro Alejandro Jiménez Morales se le pagó por concepto de sueldo básico la suma
de $5.644.100, es decir una cifra inferior a la establecida en la norma y, por su parte,
a título de prima especial de servicios se le pagó $1.693.230. Al sumar los anteriores
valores se advierte que el resultado corresponde al fijado en el decreto anual como
asignación básica.

46. Ahora bien, durante los años 201840, 201941 y 2020 el salario fijado por el
gobierno nacional para esas anualidades solo se alcanza al sumar lo pagado por
concepto de asignación básica más la prima especial de servicios, lo que quiere
decir que la entidad demandada pagó el 30% de la asignación básica salarial como
si se tratara de la prima especial de servicios lo cual generó una disminución del
monto a partir del cual se calculan, entre otros, los aportes a seguridad social,
circunstancia que contraría el principio de progresividad laboral y el propósito del
legislador de adicionar la prima especial a la asignación básica salarial.

47. En ese sentido, de acuerdo con la posición del Consejo de Estado sobre el
particular, la prima especial de servicios debe ser reconocida de manera adicional
al salario básico fijado por el gobierno nacional para cada anualidad y no debe
entenderse contenida en la asignación básica. La anterior posición fue la
establecida en la sentencia de primera instancia; no obstante, al momento de
ordenar el restablecimiento del derecho el a quo solo ordenó el pago de los aportes
deficitarios a pensión, es decir, negó lo relativo al porcentaje del salario fraccionado
y la reliquidación de las prestaciones sociales.

48. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que le asiste razón a la parte
demandante en su recurso de alzada, razón por la que se adicionará el fallo apelado
en el sentido de ordenar el pago del 30% del salario básico que fue fraccionado y la
reliquidación de las prestaciones sociales que se calculan con base en el salario de
acuerdo con esa porción de la asignación básica que fue pagada a título de prima
especial de servicios.

49. Lo anterior es así porque la orden de reliquidación de las prestaciones sociales
percibidas por el demandante no está relacionada con la prima especial de servicios
que no es factor de salario más que para los aportes a pensión, sino con el
porcentaje del salario que se le dejó de pagar y cuyo reconocimiento se ordenará

40 Hasta el 4 de septiembre de 2018.
41 Desde el 30 de septiembre de ese año.

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

en esta oportunidad.

50. Ahora bien, frente al argumento de la entidad demandada relativo a la supuesta
superación de los topes fijados por el Gobierno nacional, la Sala debe decir que el
reconocimiento de la prima especial de servicios no puede efectuarse de manera
aislada del régimen salarial aplicable a los servidores de la Rama Judicial, sino en
armonía con las disposiciones expedidas por el Gobierno nacional en materia
salarial y prestacional.

51. En ese sentido, el reconocimiento del 30% de la prima especial de servicios a
favor de la parte demandante no implica, por sí mismo, el desconocimiento de los
parámetros remuneratorios fijados por el Gobierno nacional, toda vez que
corresponderá a la entidad encargada de efectuar la liquidación y pago de las
acreencias adoptar las medidas necesarias para que dicho reconocimiento se
materialice con observancia de los topes y límites salariales previstos en el
ordenamiento jurídico.

52. Por lo anterior, se advertirá a la demandada que el cumplimiento de la condena
impuesta estará condicionado a que verifique que no haya realizado pagos previos
en favor del demandante por los mismos conceptos.

2.5. Costas

53. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

54. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

55. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.42

56. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

57. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

58. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que debe revocarse el literal
a) del ordinal tercero de la sentencia de primera instancia y adicionarlo en el sentido
de ordenar el pago del 30% del salario que fue fraccionado y la reliquidación de las
prestaciones sociales del demandante de acuerdo con esa porción de la asignación
básica pagada a título de prima especial de servicios. Además, se advertirá a la
demandada que el cumplimiento de la condena estará condicionado a que no haya
realizado pagos previos a la parte demandante por los mismos conceptos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar el literal a) del ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia que negó la reliquidación de las prestaciones sociales del demandante,
para en su lugar concederla de conformidad con el 30% del salario fraccionado y no
de la prima especial de servicios y adicionarlo en el sentido de ordenar el pago del
30% del salario que fue fraccionado y la reliquidación de las prestaciones sociales
del demandante de acuerdo con esa porción de la asignación básica pagada a título
de prima especial de servicios. El ordinal quedará así:

Tercero: Declarar que la prima especial de servicios que se reclama debió pagarse como
un emolumento adicional al salario básico y no como parte de él y que solo constituye
factor salarial respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia:

42En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 17001-23-33-000-2021-00006-02 (0353-2025)
Demandante: Pedro Alejandro Jiménez Morales

a). Ordenar a la DEAJ reconocer y pagar a Pedro Alejandro Jiménez Morales el 30%
del salario básico que le fue fraccionado o pagado a título de prima especial de servicios
sin carácter salarial.

b). Ordenar a la entidad demandada reliquidar las prestaciones sociales del demandante
de acuerdo con la porción del salario reconocida y todos los aportes a pensión, causados
por los siguientes periodos; i) desde el 17 de julio de 2017 y hasta el 4 de septiembre de
2018; y ii) del 30 de septiembre de 2019 y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia,
o hasta la fecha de retiro definitivo del cargo de juez de la Republica que desempeña el
demandante, teniendo en cuenta la prima especial de servicios regulada por el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, tomando el 100% del salario básico y no
del 70% como se hizo y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 100
de 1993.

Para efectos de lo anterior, se advierte que la prima especial de servicios sumada con la
bonificación por compensación y las demás prestaciones percibidas no pueden superar
los topes establecidos por el gobierno nacional. Además, el cumplimiento de la sentencia
estará condicionado a que la entidad demandada verifique que no haya realizado pagos
previos en favor del demandante por los mismos conceptos.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 16 de diciembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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