RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-02139-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02139-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02139-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el Treinta (30) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: 37 «Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024. 25 Interno: 0933-2022 Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen Demandada: Nación – Rama Judicial SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE las excepciones de ausencia de causa petendi y prescripción de lo reclamado con antelación al Doce (12) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), salvo los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, respecto de los cuales, la entidad demandada deberá efectuar la reliquidación y pago de las cotizaciones correspondientes sobre el 100% de la asignación básica más el 30% de la prima especial de servicios, desde el Doce (12) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), fecha en que el demandante se vinculó como magistrado auxiliar, y hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, siempre que para ese momento, el demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto hasta su desvinculación, y tales cotizaciones no hubieren sido efectuadas previamente, por las razones expuestas. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto (4) de la sentencia proferida el Treinta (30) de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02139-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Trece (13) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 25000 23 42 000 2018 02139 02 (0933-2022)1.
Demandante Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión Sentencia de segunda instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis, en
contra de la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021), proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda2.

1.1 Pretensiones3.

1. El señor Carlos Alberto Mantilla Namen, por conducto de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el propósito de obtener la nulidad de la
Resolución No. 2579 del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), a través
de la cual, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le negó el reconocimiento y
pago de la liquidación de las prestaciones con el 100% de lo devengado mensualmente,
sin incluir la bonificación por compensación y la prima especial de servicios del 30%.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió se condene a la entidad demandada
a reliquidar y pagarle desde el Doce (12) de marzo de Dos Mil Catorce (2014) hasta el

1
Expediente híbrido
2
Expediente físico - folios 22-36.
3
Expediente físico – folios 22-23

2

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), todas las prestaciones sociales,
salariales y laborales teniendo como base para la liquidación el 100% del sueldo básico
mensual legal, porque el 30% de la asignación básica no se ha tenido en cuenta, en razón
a que, se ha computado por la administración, como la prima especial de servicios sin
carácter salarial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y la bonificación por
compensación si carácter salarial, establecida en el Decreto 610 de 1998.

3. Asimismo, solicita condenar a la accionada a reconocer y pagarle desde el Doce
(12) de marzo de Dos Mil Catorce (2014) hasta el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos
Mil Dieciséis (2016), las diferencias salariales, laborales, prestacionales existentes entre
la liquidación realizada con el setenta por ciento (70%) del salario básico y el valor que
resuelte de reliquidar todas las prestaciones sociales como laborales que puedan tener
incidencia y se causen en el futuro, teniendo como base para la liquidación el 100% de
la remuneración básica mensual, con la inclusión del 30% del sueldo básico que no se
incluyó, porque se ha computado como prima especial sin carácter salarial. De igual
forma, se le condene al pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, como un plus o adicional al salario básico mensual.

4. Finalmente, solicitó el pago de la indexación de las sumas adeudadas, los ajustes
previstos en la Ley 1437 de 2011, así como, la condena en costas y perjuicios a cargo de
la entidad demandada.

1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

5. El señor Carlos Alberto Mantilla Namen, desde el Doce (12) de marzo de Dos Mil
Catorce (2014) hasta el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), se
desempeñó en el cargo de magistrado auxiliar del Consejo de Estado.

6. Manifestó que, desde su vinculación ha recibido como remuneración mensual un
sueldo básico, el cual, sirve como base de liquidación para las prestaciones de ley,
además, mensualmente recibe una prima especial de servicios correspondiente al 30%
del sueldo básico y una bonificación por compensación, las cuales están reconocidas por
la Ley 4 de 1992 y el Decreto 610 de 1998 respectivamente.

7. Aduce que, para la liquidación de las prestaciones salariales, solo se tuvo en cuenta
el sueldo básico, a pesar de devengar de manera frecuente la prima especial del 30% y
la bonificación por compensación.

3

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

8. Solicitó a la accionada, el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,
teniendo en cuenta el 100% de sus ingresos mensuales, toda vez que, solo se atendió el
salario básico; sin embargo, por medio de la Resolución No. 2579 del Dieciséis (16) de
febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, le
negó lo pedido.

1.3 Normas violadas y concepto de violación4.

9. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, los artículos 1, 2°, 13, 25, 53,
55 y 58 de la Constitución Política; los artículos 2, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; el numeral
7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996, y el Decreto 10 de 1993.

10. Como concepto de violación, sostuvo que, el acto administrativo demandado
desconoció el régimen constitucional y legal aplicable a la remuneración del demandante,
al reducir indebidamente la asignación básica mensual mediante la exclusión del treinta
por ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios, de la base salarial
para liquidar las prestaciones sociales, desconociendo que dicho porcentaje constituye
salario.

11. Señaló que, cancelar el salario básico con un 30% menos de su importe y tener dicha
suma como prima especial, desconoce sus derechos laborales, por lo tanto, se debe
corregir la falencia y como consecuencia de ello, ordenar la reliquidación tanto del salario
básico aumentado el 30% que se disminuyó, como de las prestaciones sociales, teniendo
en cuenta el salario reajustado.

12. Lo anterior, al considerar que, la interpretación de la accionada, implicó una
desmejora de sus condiciones salariales como prestacionales, vulneró los principios de
igualdad, progresividad, favorabilidad, respeto por los derechos adquiridos, así como, los
convenios internacionales sobre protección del salario y no discriminación laboral que
integran el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual,
estableció que, la prima especial de servicios, constituye un incremento de la
remuneración y no un factor que disminuya el salario.

4
Expediente físico – folios 24-35

4

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

13. Por otra parte, sostiene que el «Decreto 610 de 1998 creó la Bonificación por
compensación, la cual, tiene como finalidad nivelar los sueldos devengados por los
magistrados y otros funcionarios, hasta un porcentaje (80% hoy en día), de lo devengado
por los Magistrados de las Altas Cortes; sin embargo, esta bonificación también fue
afectada por la norma en cuanto a que dispuso que solo constituirá factor salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos
términos que la prima especial»

14. Alega que, la prima especial de servicios, como la bonificación por compensación,
tienen carácter salarial, en razón a que, las recibe habitual y periódicamente como
contraprestaciones del servicio prestado.

2. Contestación de la demanda5.

15. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó negarlas, al considerar que, el acto administrativo
acusado se encuentra expedido conforme al ordenamiento jurídico vigente. De cara a los
hechos, sostuvo que, únicamente son ciertos, el cargo desempeñado por el actor, la
petición realizada en sede administrativa y la expedición del acto sometido a control de
legalidad.

16. Señala que, la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, se estableció sin carácter salarial, razón por la cual, no es procedente la
reliquidación pretendida por el demandante.

17. Sobre la bonificación por compensación, expone que, fue creada por medio del
Decreto 610 de 1998, la cual, si bien constituye un ingreso laboral, no es menos cierto
que, tampoco tiene carácter salarial.

18. Aduce que es improcedente otorgar carácter salarial a la prima especial de servicios
y la bonificación por compensación.

19. De igual forma, sostiene que «no hay lugar al reconocimiento de la prima especial
para los Magistrados del Tribunal y equivalentes, teniendo en cuenta que tal como lo
manifestó el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, de ordenarse la

5
Expediente físico – folios 80-86

5

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

reliquidación del salario básico y/o asignación básica de magistrados de tribunales y
homólogos en un 30% se desbordaría el marco legal, en razón a que, como se previó en
el Decreto 610 de 1998, el mismo fue expedido en el desarrollo de la Ley 4ª de 1992, y
en él se estableció la referida nivelación. De manera que los ingresos laborales de sus
destinatarios a partir del año 2001 serían iguales al ochenta por ciento (80%) de lo que
por todo concepto devenguen anualmente los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado, con lo cual se encuentran ya ajustados y nivelados los salarios (…).»

20. Finalmente, propuso las excepciones de «ausencia de causa petendi, cosa juzgada
constitucional, prescripción e innominada.»

3. Sentencia de primera instancia6.

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria,
mediante sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021), resolvió:

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en
la sentencia del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anuló el Decreto
4040 del 3 de diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el
día 02 de septiembre de 2019, por las razones expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE las excepciones de causa
petendi y prescripción de lo reclamado con antelación al 12 de mayo de 2014, por
las razones expuestas.

TERCERO: DECLARAR PARCIALMENTE la nulidad de la Resolución No. 2579
del 16 de febrero de 2018, en cuanto negó el reconocimiento, liquidación y pago
de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiaria de la prima
especial de servicios al señor Carlos Alberto Mantilla Namen, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y
PAGAR en favor del señor Carlos Alberto Mantilla Namen retroactivamente la
diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de
ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico. El 30%
de acuerdo a la prima especial de servicios. Las prestaciones sociales liquidadas
sobre la base de todo el salario básico, es decir teniendo en cuenta el 30% del
salario básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación. De
acuerdo con la prescripción parcial aquí decretada y hasta tanto, funja o haya
fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
frente a la Rama Judicial. Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo

6
Expediente físico - folios 375-383

6

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, y debiéndose descontar lo
pagado efectivamente por estos mismos conceptos.

Debiendo descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones conforme con lo expuesto en la parte
motiva.

SÉPTIMO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

OCTAVO: La Nación- RAMA JUDICIAL dará cumplimiento al presente fallo en el
término estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[…]».(sic)

22. El Tribunal consideró que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente y en los
hechos que no fueron objeto de controversia, el señor Carlos Alberto Mantilla Namen,
estuvo vinculado a la Rama Judicial, como magistrado auxiliar del Consejo de Estado,
desde el Doce (12) de marzo de Dos Mil Catorce (2014) al Treinta y Uno (31) de octubre
de Dos Mil Dieciséis (2016), en consecuencia, según la normatividad aplicable al sub
examine, es beneficiario de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992 y de la bonificación por compensación establecida en el Decreto
610 de 1998.

23. El demandante indicó que tiene derecho a recibir el 30% de la remuneración mensual
faltante y las consecuentes prestaciones sociales que generen dicho porcentaje por los
períodos reclamados, solicitud que fue negada a través de la Resolución No. 2579 del
Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018) y el sustento de la entidad para tal
proceder se basó en un concepto del Ministerio de Hacienda, en el cual, se indicó que, la
sentencia del Consejo de Estado que anuló decretos salariales no es un título constitutivo
de gasto, y que los fallos de acciones de nulidad y restablecimiento del derecho solo
producen efectos de cosa juzgada para quienes ejercieron la acción, de lo cual, infirió
que no fueron correctamente liquidados los ingresos mensuales de acuerdo con la
jurisprudencia y la ley.

24. Con relación a la excepción de prescripción trienal extintiva de los derechos laborales,
sostuvo que, el derecho a disfrutar de la prima especial de servicios es exigible desde el
momento de la vinculación del reclamante -Doce (12) de marzo de Dos Mil Catorce

7

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

(2014), luego entonces, al ser presentada la petición el Doce (12) de mayo de Dos Mil
Diecisiete (2017), concluyó que había operado el fenómeno de la prescripción de lo
reclamado con antelación al Doce (12) de mayo de Dos Mil Catorce (2014).

25. Señaló que, el señor Carlos Alberto Mantilla Namen, tiene derecho a que, le paguen
las diferencias entre lo recibido y lo dejado de percibir desde el Doce (12) de mayo de
Dos Mil Catorce (2014) hasta el Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016),
o, hasta tanto labore en la Rama Judicial en alguno de los cargos establecidos en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

26. En consecuencia, sostuvo el A quo, que la accionada debe reconocer, reliquidar y
pagar al actor, sus ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el
30% de la prima especial de servicios y las prestaciones serán liquidadas sobre la base
de todo el salario básico, sin sumar o restar el 30% equivalente a la prima especial, toda
vez que, dicha prestación social no tiene carácter salarial.

27. Con relación a la pretensión de liquidar las prestaciones sociales, teniendo en cuenta
la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como factor salarial,
precisó que, los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, expresamente prohibieron el
carácter salarial de dichos emolumentos, lo cual, fue ratificado por la Corte Constitucional
al declarar exequibles la expresión «sin carácter salarial». Por tanto, estos emolumentos
no pueden ser incluidos para determinar la base sobre la cual se van a liquidar las
prestaciones sociales del demandante, de ahí que resulte probada parcialmente la
excepción de ausencia de causa petendi.

4. Del recurso de apelación.

28. La entidad demandada7, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación, en el cual, sustenta que, se configuró la caducidad del medio de control, en
tanto y por cuanto, entre las fechas de notificación del acto acusado y la presentación de
la demanda, transcurrieron más de los cuatro (4) meses que dispone el artículo 164,
numeral 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

7
Expediente físico – folios 129-132

8

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

29. Considera que, en caso de no proceder la caducidad del medio de control de la
referencia, pasó a transcribir algunos apartes de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 y de
sus efectos vinculantes, sin que en ninguno de estos acápites expusiera argumentos que
implicara inconformidad o desacuerdo con la sentencia atacada.

30. Seguidamente, expuso que, la reclamación de reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por parte de
magistrados de tribunal y servidores judiciales de cargos equivalentes, no es posible
tenerla en cuenta como un 30% adicional, ni la liquidación de las prestaciones sociales,
toda vez que, reconocer las pretensiones en dichos términos, superaría el tope
establecido por el Gobierno nacional, frente a lo que, por todo concepto percibe
anualmente un magistrado de Alta Corte.

5. Trámite de segunda instancia

31. Mediante auto del Veinte (20) de octubre de Dos Mil Veintidós (2022)8, los
magistrados de la sección segunda, Subsección B, se declararon impedidos para conocer
del medio de control de la referencia en razón a que, les asistía interés directo en el
resultado del proceso.

32. Por auto del Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Veintitrés (2023), la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, declaró fundado el
impedimento de los magistrados de la Subsección B y, a la vez, estos también se
declararon impedidos9.

33. El expediente se remitió a los conjueces, quienes por medio de auto del Seis (6) de
junio de Dos Mil Veintitrés (2023), declararon fundado el impedimento manifestado por
los magistrados de la Sección Segunda, Subsección A10.

34. Por auto del Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), el conjuez admitió el
recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis en contra de la sentencia
del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021)11.

8
Expediente físico – folio 142 y reverso
9
Expediente físico – folios 144-145
10
Expediente físico – folio 147
11
Expediente físico – folio 149

9

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

35. Posteriormente, por auto del veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025)12,
el conjuez ponente ordenó remitir el expediente al despacho del consejero Jorge Edison
Portocarrero Banguera, para que determinara si operaba el desplazamiento de los
conjueces, conforme a lo previsto en el artículo 116 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en atención a la modificación de la
integración de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

36. Finalmente, por auto del Ocho (8) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026), el Despacho
sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y dispuso continuar con
el trámite para proferir la decisión correspondiente13.

37. La parte accionada, presentó escrito de alegatos de conclusión, en el que, reiteró los
argumentos bajo los cuales sustentó el recurso de apelación14.

6. Concepto del Ministerio Público.

38. El representante del Ministerio Público delegado ante el H. Consejo de Estado, se
abstuvo de rendir concepto de fondo.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.

39. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)15, el juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico.

12
Expediente híbrido - índice 072 Samai
13
Expediente híbrido – índice 076 Samai
14
Expediente híbrido – índice 067 Samai
15
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

10

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

40. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i. ¿Al momento de ser presentado el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de la referencia, esto es, el Catorce (14)
de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), se encontraba
configurado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad?

ii. De resultar negativa la respuesta al anterior interrogante, se
establecerá ¿Al señor Carlos Alberto Mantilla Namen, en su calidad
de magistrado auxiliar del Consejo de Estado, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, prevista en
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

iii. ¿El reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en los términos ordenados por
el Tribunal, supera el tope establecido por el Gobierno nacional, frente
a lo que, por todo concepto percibe anualmente un magistrado de Alta
Corte?

41. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.4) caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, 2.5) prima especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, 2.6) el caso concreto, y 2.7) la condena en costas.

2.3. Del fenómeno jurídico procesal de la caducidad.

42. La Sala, reitera en esta oportunidad, el marco normativo y jurisprudencial esbozado
sobre la caducidad, en casos de supuestos fácticos y jurídicos similares al sub examine,
en el que, ha señalado lo siguiente16:

«La caducidad se configura cuando expira el plazo legal para interponer un medio de
control, impidiendo que se ejerza el derecho de acción correspondiente. Esta figura
jurídica actúa como una sanción por la inactividad del titular del derecho, limitando su
acceso a la jurisdicción cuando no actúa dentro del término preclusivo.

El fundamento de la caducidad radica en el principio de seguridad jurídica, el cual exige

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, magistrada ponente Dra: Elizabeth
Becerra Cornejo, sentencia del catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026), expediente 68001-23-33-000-2016-01253-02 (3409-
2025)

11

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

que los litigios sean resueltos en un tiempo razonable. Por ello, el legislador establece
plazos específicos para que cualquier persona acuda a la jurisdicción y obtenga una
decisión definitiva sobre sus pretensiones. Esta medida busca evitar la prolongación
indefinida de situaciones jurídicas inciertas, garantizando el equilibrio y la estabilidad
en el ordenamiento legal.

En este sentido, la ley impone a los interesados la carga de actuar diligentemente en
la defensa de sus derechos, exigiéndoles el ejercicio del derecho de acción dentro del
término previsto. Además, la caducidad se considera una institución procesal de orden
público, lo que significa que no puede ser modificada, desconocida o alterada por
acuerdo entre las partes, asegurando así su carácter imperativo en la regulación del
acceso a la justicia.

Ahora bien, en punto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
el numeral 2, literal d, del artículo 164 del CPACA, dispone que:

«d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales.»

De lo anterior es claro que el término de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es de 4 meses, contados a partir del día siguiente a la
publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

En relación con este término, resulta fundamental tener en cuenta la suspensión del
plazo que opera al agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial,
previsto en el artículo 20 de la Ley 640 de 200117, que establece:

«Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con
la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en
derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible, y, en todo caso,
tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación
de la solicitud. […]»

A su turno, el artículo 21 ibidem, dispone: Suspensión de la prescripción o de la
caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante
el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso,
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya
registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se
expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se
venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra
primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

17
La norma aplicable a este trámite es la Ley 640 de 2001, por ser la vigente al momento de la radicación de la solicitud de conciliación
prejudicial en el caso de la referencia.

12

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

De conformidad con los artículos transcritos, una vez radicada la solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, el término de
caducidad del medio de control se suspende hasta que: a) se logre el acuerdo
conciliatorio entre las partes; b) el acta de conciliación esté debidamente registrada en
los casos que así lo exija la ley; c) cuando se expidan las constancias que refiere el
artículo 2.° ibidem18; o d) venza el término de los tres (3) meses señalado en el artículo
20 de la misma ley, lo que ocurra primero.

Ahora bien, resulta pertinente aclarar que en los asuntos en los que se reclama el
reconocimiento y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión, en
atención a su naturaleza periódica, imprescriptible e irrenunciable, la Sección Segunda
del Consejo de Estado ha considerado que respecto de ellos no opera la excepción de
caducidad. Por ejemplo, frente a controversias en las que se pretende el
reconocimiento de relaciones laborales encubiertas, la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201619, precisó lo
siguiente:

En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al
sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la
prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el
artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y
demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede
sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en
condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha
servido al Estado mediante una relación de trabajo.

[…]

3.5 Síntesis de la Sala. A guisa de corolario de lo que se deja consignado, respecto
de las controversias relacionas con el contrato realidad, en particular en lo que
concierne a la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes reglas
jurisprudenciales:
[…]

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y

18
«ARTICULO 2o. CONSTANCIAS. El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación
de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de
conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo. 2.
Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse expresamente las excusas
presentadas por la inasistencia si las hubiere. 3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de
conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse
dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud. En todo caso, junto con la constancia se devolverán los
documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las
constancias que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.

13

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de
control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

Aunque las anteriores consideraciones se realizaron en el ámbito de controversias en
las que discute si existió o no una relación laboral encubierta, a juicio de la Sala
resultan aplicables en los asuntos en los que se reclama el reconocimiento de aportes
pensionales, en atención a que es la naturaleza especial de ellos la que permite el
tratamiento especial para pedir su protección en cualquier tiempo, sin imponerle a sus
beneficiarios cargas adicionales para solicitar su garantía efectiva, en especial, cuando
tienen incidencia en el reconocimiento de la pensión y, por consiguiente, de los
derechos fundamentales asociados a esta.

La referida precisión es relevante, comoquiera que entre las diferencias reclamadas,
relacionadas con la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se
encuentran los aportes a pensión, circunstancia que a juicio de la Sala justifica que se
tenga en cuenta su naturaleza especial respecto de la excepción de caducidad que fue
declarada en primera instancia; perspectiva de análisis que difiere de la que en otras
oportunidades ha desarrollado esta Sala frente a asuntos similares 20, sin ahondar en
los aspectos antes mencionados.

A partir de lo expuesto, en el acápite del caso en concreto se analizará de qué manera
operó la excepción de caducidad respecto de las acreencias reclamadas.»

2.4. Marco normativo y jurisprudencial – prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades.

43. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un
incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin carácter
salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor salarial solo
para el pago de aportes pensionales.

44. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección Segunda
de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (02) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

20
Por ejemplo, en: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de abril de 2026, exp. 76001-23-33-000-
2017-00586-02 (3628-2024), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. En esta providencia, en la que también se resolvió una controversia
relacionada con el reconocimiento de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se confirmó la sentencia de
primera instancia que declaró la excepción de caducidad frente a la totalidad de las prestaciones formuladas.

14

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

45. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.
En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La
prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30%
que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás,
nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

2.3.1. De la prescripción

15

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

46. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)21, el Consejo
de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicio, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que22:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»

47. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior23, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con
la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

48. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello, podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

49. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.

50. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
23
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

16

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.

2.3. Hechos probados.

51. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que, rige la materia. En ese sentido, y con base
en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos
constatados, se destaca:

-. Petición dirigida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Doce (12)
de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), en la cual, el demandante solicita, el pago de
la prima especial del 30% y la bonificación por compensación como remuneración
mensual con carácter salarial24.

-. Resolución No. 2579 del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018),
por medio de la cual, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial,
resolvió de manera negativa la totalidad de lo solicitado por el demandante y en esta
respuesta, se indicó que el señor Carlos Alberto Mantilla Namen fungió como
magistrado auxiliar del H. Consejo de Estado en cuatro periodos, así: i) Doce (12)
de marzo de Dos Mil Catorce (2014) al Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Catorce
(2014), ii) Ocho (8) de agosto de Dos Mil Catorce (2014) al Treinta y Uno (31) de
octubre de Dos Mil Quince (2015), iii) Primero (1) de noviembre de Dos Mil Quince
(2015) al Treinta (30) de noviembre de Dos Mil Quince (2015), y, iv) Primero (1) de
diciembre de Dos Mil Quince (2015) al Treinta y Uno (31) de octubre de Dos Mil
Dieciséis (2016)25. Decisión que fue notificada a la parte actora el Veintiséis (26) de
febrero de Dos Mil Dieciocho (2018) y contra ella solo precedía el recurso de
reposición26.

-. Acta de audiencia de conciliación extrajudicial27 y constancia emitida por la
Procuradora 50 Judicial II para Asuntos Administrativos28, en el cual indica que, la

24
Expediente físico – folios 2-5
25
Expediente físico – folios 8-18
26
Expediente físico – folios 6-7
27
Expediente físico – folios 19-20
28
Expediente físico – folio 21

17

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

audiencia de conciliación celebrada el Cinco (5) de septiembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), se declaró fallida ante la falta de ánimo conciliatorio entre las partes.

-. Certificado expedido por el director administrativo de la División de Asuntos
Laborales de la Unidad Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en la cual se hace constar, que el señor Carlos Alberto
Mantilla Namen, registra vinculación a la Rama Judicial desde el Doce (12) de marzo
de Dos Mil Catorce (2014) y ha desempeñado los siguientes cargos:

Cargo Estado Despacho Fecha inicial Fecha final
funcionario
Magistrado Descongestión Consejo de 12/03/2014 31/07/2014
auxiliar 00 Estado – sección
tercera
Magistrado Descongestión Consejo de 08/08/2014 31/10/2015
auxiliar 00 Estado – sección
tercera
Magistrado Descongestión Consejo de 01/11/2015 30/11/2015
auxiliar 00 Estado – sección
tercera
Magistrado Descongestión Consejo de 01/12/2015 31/10/2016
auxiliar 00 Estado – sección
tercera

2.5. Caso concreto

52. Como punto de partida, se recuerda que el A quo, por medio de la sentencia del treinta
(30) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y ordenó a favor del señor Carlos Alberto Mantilla Namen, el reconocimiento,
liquidación y pago de diferencias salariales del ingreso mensual correspondiente al 30%
de la base del salario básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación,
las prestaciones sociales liquidadas al 100% del salario y la prima especial que
corresponde a un 30% adicional.

53. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada presentó recurso de
apelación, por medio del cual, solicita se revoque, pues, considera que, al momento de
presentarse el medio de control de la referencia, se había configurado la caducidad.
54. Asimismo, precisa que, en el evento de no encontrarse acreditada dicha excepción,
tampoco, hay lugar a conceder las pretensiones bajo lo expuesto en la sentencia objeto
del recurso de apelación, en razón a que, al actor no le asiste el derecho a la prima
especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues, de acceder a
ello, superaría los topes fijados por el Gobierno nacional.

18

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

55. De cara a dilucidar el argumento que atañe a la excepción de caducidad, resulta
oportuno precisar que, revisada las actuaciones surtidas en primera instancia, advierte la
Sala que, el extremo pasivo de la litis al momento de contestar la demanda no expuso
los argumentos bajo los cuales, en sede del recurso de apelación pretende se declare
probada dicha excepción y, por contera, se despachen desfavorablemente las
pretensiones de la demanda, lo que, en principio puede llevar a considerar su
extemporaneidad.

56. No obstante, garantes del principio de acceso efectivo a la administración de justicia,
dicha omisión, no es óbice para entrar a analizar la tesis expuesta por el recurrente, toda
vez que, el artículo 187 del CPACA, en su inciso segundo expresamente dispone que,
«En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada», amén que, la entidad accionada en el listado de
excepciones que formuló en la contestación de la demanda, incluyó la innominada bajo
lo dispuesto en el artículo 187 en mención.

57. Con el objeto de resolver el argumento del recurso de apelación, procede la Sala a
determinar si en el sub examine, se configuró o no, la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

58. Para ello, resulta importante establecer con meridiana claridad, las circunstancias de
tiempo bajo las cuales acaeció: i) la notificación del acto administrativo objeto de control
de legalidad, ii) la solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
General de la Nación para asuntos administrativos, iii) la expedición de la constancia
emitida por el órgano de control y iv) la presentación del medio de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

59. El material documental que reposa en el expediente, permite tener por acreditado
que, la accionada por medio de la Resolución No. 2579 del Dieciséis (16) de febrero de
Dos Mil Dieciocho (2018), resolvió la petición de la parte actora, en el sentido de negar
el pago de la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la
bonificación por compensación a la luz de lo establecido en el Decreto 610 de 1998 29.

29
Expediente físico – folios 8-18

19

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

60. A través del canal para recibir notificaciones informado por el actor, la accionada surtió
la notificación de la Resolución No. 2579 del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil
Dieciocho (2018), por medio de correo electrónico el Veintiséis (26) de febrero de Dos
Mil Dieciocho (2018)30.

61. El Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), la parte demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación
para asuntos administrativos, bajo el radicado No. 193-201831.

62. La audiencia de conciliación extrajudicial, fue realizada el Cinco (5) de septiembre
de Dos Mil Dieciocho (2018), por la Procuradora 50 Judicial II para asuntos
administrativos, la cual, culminó de forma fallida, en razón a la falta de ánimo conciliatorio
entre las partes32.

63. La Procuradora 50 Judicial II para asuntos administrativos, el Diez (10) de septiembre
de Dos Mil Dieciocho (2018), expidió la certificación por medio de la cual, hizo constar
«El día de la audiencia celebrada el 05 de septiembre de 2018, la conciliación se declaró
FALLIDA ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por no existir ánimo conciliatorio
entre las partes33.»

64. A tono con lo anterior, señala el recurrente que, la Resolución No. 2579 del Dieciséis
(16) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), fue notificada a la parte demandante el
Veintiséis (26) de febrero del Dos Mil Dieciocho (2018), razón por la cual, a partir del día
siguiente empezaron a contar los cuatro (4) meses para presentar el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, hasta el Veintisiete (27) de junio del Dos
Mil Dieciocho (2018).

65. Resalta que, el Veintiuno (21) de junio del Dos Mil Dieciocho (2018), se suspendieron
los términos faltando seis (6) días para que se declarara la caducidad del medio de
control, pues, el demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial y
seguidamente en audiencia celebrada el Cinco (5) de septiembre del Dos Mil Dieciocho
(2018), la Procuraduría 50 Judicial II para Asuntos Administrativo, la declaró fallida.

30
Expediente físico – folios 6-7
31
Expediente físico – folios 19-20
32
Expediente físico – ibidem
33
Expediente físico – folio 21 y reverso

20

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

66. En tal razón, indica que los términos se reanudaron el Seis (6) de septiembre del Dos
Mil Dieciocho (2018), razón por la cual, la parte demandante debió presentar el medio de
control de la referencia dentro de los seis días siguientes, es decir, a más tardar el Once
(11) de septiembre del Dos Mil Dieciocho (2018), empero, solo fue presentado el Catorce
(14) de septiembre del Dos Mil Dieciocho (2018), esto es, cuando había operado la
caducidad.

67. Establecido el marco normativo y jurisprudencial del fenómeno jurídico procesal de la
caducidad, los extremos temporales de las actuaciones antes enlistadas y los
argumentos del recurrente, colige la Sala que, el cargo de apelación no tiene vocación
de prosperidad, toda vez que, para el caso concreto, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 21 de la Ley 640 de 200134, la suspensión del término de caducidad, no se
extendió hasta la fecha en que se realizó la audiencia de conciliación extrajudicial, sino
hasta tanto, la Procuradora 50 Judicial II para asuntos administrativos, expidió la
certificación el Diez (10) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por medio de la cual,
hizo constar la realización de la audiencia y su culminación de forma fallida por no existir
ánimo conciliatorio entre las partes.

68. Siendo así las cosas, en el sub lite, no operó el fenómeno de la caducidad al momento
de ser presentado el medio de control de la referencia, pues, nótese que, el acto
administrativo objeto de control de legalidad, fue notificado a la parte actora el Veintiséis
(26) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), motivo por el cual, los cuatro (4) meses
que dispone el numeral 2, literal d, del artículo 164 del CPACA, iniciaron su conteo desde
el Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), por lo que, en principio,
dicho término vencía el Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018).

69. No obstante, la solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial fue radicada el
Veintiuno (21) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018), lo que suspendió el término de
caducidad hasta dicha fecha, luego de haber trascurrido tres (3) meses y Veinticuatro
(24) días, faltando para alcanzar los 4 meses, seis (6) días.

70. La constancia de no conciliación fue expedida por la Procuradora 50 Judicial II para
asuntos administrativos, el Diez (10) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), lo que,
reanudó el conteo del término de caducidad por los seis (6) días faltantes, que fenecían

34
La norma aplicable a este trámite es la Ley 640 de 2001, por ser la vigente al momento de la radicación de la solicitud de conciliación
prejudicial en el caso de la referencia.

21

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

el dieciséis (16) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), pero al ser un domingo, es
decir inhábil, el término se corre al primer día hábil, este es el Diecisiete (17) de
septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018).

71. Finalmente, el medio de control de la referencia, según se corrobora con el acta de
reparto, fue presentado el Catorce (14) de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018)35,
es decir, dentro de la oportunidad legal, por lo tanto, no hay lugar a declarar probada la
excepción de caducidad en los términos pretendidos por el apelante. Además, se
recuerda que, entre las diferencias reclamadas, relacionadas con la prima especial
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se encuentran los aportes a pensión, sobre
lo cual, no opera el fenómeno de la caducidad, tal como lo ha considerado la Sala, en
asuntos similares.

72. Dilucidado el primer problema jurídico, pasa la Sala a establecer, si al actor en su
calidad de magistrado auxiliar del Consejo de Estado, le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, en los términos que le fue concedido por el A quo.

73. Como primera medida, precisa la Sala que, la entidad accionada por medio de la
Resolución No. 2579 del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), negó al
demandante el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, al considerar:

«[...] Hechas las anteriores aclaraciones, y una vez estudiado el informativo a la luz de
la normatividad jurídica existente, en especial lo señalado en la Constitución Política,
las leyes 4ª de 1992, 270 de 1996, 332 de 1996, 1437 de 2011, los Decretos expedidos
anualmente desde el año 1993 por el Ejecutivo para fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, es del caso referirnos, a
pesar de que no fue invocada por el apoderado, a la sentencia proferida el 29 de abril
de 2014 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Sala de Conjueces, en conocimiento de la demanda de Nulidad instaurada
por el Dr. Pablo Cáceres Corrales, No. Interno: 1686-07, Expediente No. 11001-03-
25-000-2007-00087-00, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz, proveído
que declaró la nulidad con los efectos previstos en su parte motiva, de los artículos
que en los decretos anuales de salarios de la Rama Judicial de los años 1993 a 2007
dispusieron que el 30% de la asignación básica de los cargos allí enlistados, entre
ellos el de Magistrado Auxiliar de Alta Corte, se consideraba como Prima sin carácter
salarial, porque con las prescripciones lo que realmente se hizo fue restarle ese
porcentaje al sueldo básico mensual de dichos servidores y como consecuencia
también a sus prestaciones sociales, concluyendo la Sala que la Prima en cuestión
debe reconocerse como una retribución adicional, en el equivalente al 30% del valor
fijado por el Gobierno Nacional como asignación básica mensual en los decretos
35
Expediente físico – folio 38

22

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

anuales de salarios para los cargos beneficiarios de la misma, sin pronunciarse sobre
su carácter salarial, significando con ello que el contenido del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 permanece incólume, en cuanto que la prima especial no constituye factor de
salario.

Sobre los efectos vinculantes que para la administración pueda tener el citado fallo es
del caso manifestarle al interesado, que una vez se conoció que la providencia quedó
ejecutoriada el 22 de julio de 2014, la administración judicial procedió a calcular el
monto de las obligaciones que se pudieran derivar de su cumplimiento y requirió a los
organismos competentes instrucciones para acatarla, así como la adición
presupuestal del caso al Ministerio de Hacienda.

[...] De manera que como a la fecha del presente pronunciamiento la posición del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha variado en relación a los efectos
vinculantes de las sentencias de simple Nulidad, ni sobre la solicitud de adición de
recursos para cubrir las obligaciones que se pudieran derivar del fallo del 29 de abril
de 2014, esta instancia considera que NO ES VIABLE acceder a las pretensiones del
interesado a través de apoderado, decisión que tiene sustento en el marco legal que
impone este actuar en materia de afectación y ejecución presupuestal, normas éstas
que deben amparar todas las actuaciones públicas de la administración en cuanto a
la ordenación del gasto [...]»

74. De lo expuesto, queda claro que, la accionada no desconoce que el actor es
beneficiario de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, en tanto y por cuanto, el periodo dentro del cual, reclama su reconocimiento y pago,
corresponde al tiempo en el que, prestó sus servicios a la Rama Judicial, en calidad de
magistrado auxiliar de Alta Corte, luego entonces, los argumentos presupuestales, no son
de recibo, pues, con ellos se desconoce que la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, corresponde a un valor adicional al ingreso de los
servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no
puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte
negativamente los derechos del trabajador.

75. Así, es claro el derecho que tiene la parte actora a percibir la prima especial de
servicios no como una disminución de su asignación básica, sino como, un valor adicional
a este, por lo tanto, no le asiste razón a la accionada al negar dicho derecho, por medio
del acto administrativo objeto de control de legalidad, lo que hace procedente la
declaratoria de nulidad decretada por el A quo, pues, en efecto, la administración acogió
una interpretación errada del marco normativo que regula dicha prestación.

76. Finalmente, respecto al tercer problema jurídico, este es, sobre los topes
remuneratorios, tampoco tiene vocación de prosperidad, toda vez que, la jurisprudencia
de esta Corporación36 ha sido enfática al precisar que, el pago de las diferencias

36
C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del veinticuatro (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), radicado
17001233300020210006102 (2642-2025).

23

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

salariales y prestacionales que surjan con ocasión a la debida aplicación de la prima
especial de servicios como un incremento a la asignación básica con carácter no salarial,
debe realizarse garantizando por la entidad nominadora que no sean superados los topes
salariales establecidos por el Gobierno nacional; tal como, fue dispuesto por el A quo en
la sentencia recurrida, la cual, en todo caso se adicionara, para indicar que, el
cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí
reconocidos.

77. Asimismo, se precisará en esta oportunidad, en torno a dar claridad a las órdenes
judiciales, que uno de los porcentajes del 30 % corresponde al salario (con incidencia
prestacional) y el otro, a la prima especial adicional al salario, luego entonces, bajo estos
términos se deben conceder las pretensiones a título de restablecimiento del derecho.

78. Aunque las razones que anteceden serían suficientes para resolver los argumentos
de la apelación, la Sala no puede pasar por alto que el A quo, omitió exceptuar del
fenómeno prescriptivo, los aportes a seguridad social en pensiones, cuando es claro que
la Ley 332 de 1996, señala que, la prima especial de servicios constituye factor salarial
para efectos de los aportes al sistema pensional, respecto de los cuales, no opera la
prescripción en la misma forma de las acreencias laborales periódicas.

79. A tono con lo anterior, de oficio se modificará y adicionará el ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, para precisar que, el pago de los aportes
a pensión deberá efectuarse, desde el Doce (12) de marzo de Dos Mil Catorce (2014),
fecha de vinculación del demandante como magistrado auxiliar de Alta Corte, sobre el
100% de la asignación básica, más el 30% correspondiente a la prima especial de
servicios, y hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021,
siempre que para ese momento, el demandante continúe prestando el servicio en cargos
que generen el derecho a dicha prima, o en su defecto hasta su desvinculación sin que
opere la prescripción.

80. Lo anterior, porque el pago de aportes pensionales está ligado al derecho pensional,
el cual, es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene decantado de

24

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

manera pacífica esta Subsección37.

81. Siendo así las cosas, aun cuando los argumentos del recurso de apelación no tienen
vocación de prosperidad, la Sala de oficio, modificará y adicionará la sentencia de primera
instancia, para garantizar que la orden judicial, se ajuste al ordenamiento jurídico vigente
que regula la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

2.6. Condena en costas.

82. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

2.7. Conclusiones.

83. El demandante, en su calidad de magistrado auxiliar de Alta Corte, le asiste el derecho
al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, en los términos dispuestos por el A quo. En todo caso, la Sala
adicionará y modificará la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para
precisar la orden del restablecimiento del derecho, ordenar el pago de los aportes a
pensión y el límite del derecho reclamado a la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: ADICIONAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el Treinta (30) de
julio de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, el cual quedará así:

37
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

25

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE las excepciones de
ausencia de causa petendi y prescripción de lo reclamado con antelación
al Doce (12) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), salvo los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, respecto de los
cuales, la entidad demandada deberá efectuar la reliquidación y pago de
las cotizaciones correspondientes sobre el 100% de la asignación básica
más el 30% de la prima especial de servicios, desde el Doce (12) de marzo
de Dos Mil Catorce (2014), fecha en que el demandante se vinculó como
magistrado auxiliar, y hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en
el Decreto 272 de 2021, siempre que para ese momento, el demandante
continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha
prima, o en su defecto hasta su desvinculación, y tales cotizaciones no
hubieren sido efectuadas previamente, por las razones expuestas.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto (4) de la sentencia proferida el Treinta (30) de
julio de Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, el cual quedará así:

«CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se
ORDENA a LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL, proceda: a). Pagar la prima
especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario de la demandante
desde el Doce (12) de mayo de Dos Mil Catorce Doce (2012), en atención a
la prescripción trienal y mientras ocupe el cargo de magistrado auxiliar en Altas
Cortes u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), fecha en la
cual, en virtud del Decreto 272 de 2021 se inició a pagar la prima especial
como una adición al salario siempre que para ese momento, el demandante
continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha
prima, o en su defecto hasta su desvinculación; b). Reliquidar las prestaciones
sociales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni
restarle el 30% de la citada prima especial de servicios, a partir del Doce (12)
de mayo de Dos Mil Catorce Doce (2012) hasta la entrada en vigencia del
Decreto 272 del 2021 siempre que, para ese momento, el demandante
continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a dicha
prima, o en su defecto hasta su desvinculación. Es de señalar que las
diferencias a pagar deben atender a los periodos estrictamente señalados, sin
que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para el cargo de magistrado
auxiliar de alta corte. El cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la
parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos.»

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el Treinta (30) de julio de
Dos Mil Veintiuno (2021), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

26

Interno: 0933-2022
Demandante: Carlos Alberto Mantilla Namen
Demandada: Nación – Rama Judicial

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.