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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05319-02

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-05319-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de abril de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Richard Giovanny Suárez Torres, identificado con cédula de ciudadanía 79.576.294 de Bogotá y tarjeta profesional 103.505 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP, en los términos del poder conferido40. CUARTO: RECONOCER personería adjetiva a la profesional del derecho Sandra Liliana Muñoz Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 34.323.793 y tarjeta profesional 215.697 del C.S de la J., como apoderada sustituta de la UGPP, en los términos del poder otorgado41. QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-05319-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

26 de junio de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05319-02 (4105-2023)
Demandante: Ligia Lizarazo de Franco

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-42-000-2016-05319-02 (4105-2023)
Demandante: Ligia Lizarazo de Franco
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución – caducidad - intereses moratorios

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia 26 de
abril de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que declaró no probadas las excepciones de
pago y compensación, y ordenó seguir adelante con la ejecución a favor de la
señora Ligia Lizarazo de Franco.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1

2. La señora Ligia Lizarazo de Franco formuló demanda ejecutiva con el fin de
lograr el cumplimiento de las sentencias del 8 de abril de 2005 proferida por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, confirmada el 7 de junio de 2007 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento radicado 25000-23-25-000-2002-11464-00 instaurado contra la
Caja Nacional de Previsión Social.

1 Folio 3 del expediente.

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Demandante: Ligia Lizarazo de Franco

3.En esas decisiones ordenaron a la autoridad administrativa reliquidar la
pensión de jubilación de la interesada con la inclusión de los factores salariales
certificados en el expediente devengados durante el último año de prestación de
servicios, también reconocieron el pago de las diferencias de mesadas
pensionales entre lo pagado y lo que realmente se debió cancelar, con la
consecuente indexación de los valores reconocidos.

4. La ejecutante consideró que el pago ordenado en el fallo se realizó de forma
parcial, dado que en el retroactivo se incluyeron las mesadas atrasadas e
indexación, no obstante, se omitió sufragar los intereses moratorios en los
términos del inciso 6° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo que
fueron ordenados en los fallos.

5.Razón por la cual, solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de
la UGPP por la suma de $124.096.081 por dicho concepto con su
correspondiente indexación.

1.2. Mandamiento de pago

6.El tribunal por auto del 22 de enero de 20182, libró mandamiento ejecutivo en
contra de la UGPP y a favor de Ligia Lizarazo de Franco por la suma de
$81.654.871, correspondiente a los intereses moratorios causados entre el 26 de
enero de 2008 y el 31 de marzo de 2012.

7. Indicó que el pago realizado por el órgano de previsión social atendió el
reconocimiento de las mesadas pensionales, su indexación y los descuentos en
salud, sin embargo, no canceló ningún valor en lo que respecta a los intereses
moratorios.

8. Advirtió que la liquidación se llevó a cabo con base al capital a la fecha de
ejecutoria del fallo, correspondiente al valor de $80.002.117,15 y que luego de
determinarse los descuentos en salud, la suma a reconocer por los intereses
moratorios ascendió a $81.654.871,90.

1.3. Contestación de la demanda

9. La UGPP presentó escrito de defensa3 con las siguientes excepciones:

10. Caducidad de la acción, aseguró que la demanda ejecutiva se radicó luego

de 8 años, 9 meses y 9 días, en tal orden, la presentación fue extemporánea, el
proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social no suspendió los
términos.

2 Folios 77 a 81 del expediente.
3 Folios 117 a 124, ídem.

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11. Carencia de exigibilidad del título, detalló que los requisitos formales se

refieren a que el título o los documentos sean auténticos, emanen del deudor o
su causante, de una sentencia u otra providencia que tenga fuerza ejecutiva, es
decir, sea prueba en contra del obligado, de otro lado, especificó que los
requisitos sustanciales giran en torno a que la obligación sea clara, expresa y
actualmente exigible, por ello, determinó que el título ejecutivo no cumplía el
requisito de exigibilidad.

12. Genérica, señaló que en virtud de los poderes oficiosos del juez se declararan

probadas las excepciones que se encontraran probadas.

13. Compensación, indicó que debía aplicarse sobre lo cancelado por la
institución a la ejecutante en relación con cualquier eventual condena que se
pudiera derivar en el proceso, destacando que la excepción no implicaba la
aceptación de la pretensión de la demanda.

14. Pago, aseveró que a través de la Resolución UGM 001760 de 25 de julio de

2011 se cumplió la sentencia objeto de ejecución, para lo cual, se allegó cupón
de pago 2561156 y liquidación del cumplimiento con fecha de 12 de octubre de
2022.

II. SENTENCIA APELADA

15. El tribunal dictó sentencia el 26 de abril de 20234, ordenando seguir adelante

con la ejecución en contra de la UGPP, declaró no probadas las excepciones de
pago y compensación, así mismo, dispuso que las partes presentaran la
liquidación del crédito de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 446 de la Ley
1564 de 2012 y no condenó en costas.

16. Aclaró que en virtud de la providencia dictada el 23 de enero de 2023 se

rechazaron por improcedentes las excepciones de caducidad de la acción,
carencia de exigibilidad del título ejecutivo y genérica, precisando que se
analizaría la prescripción haciéndose diferencia con la caducidad.

17. Así pues, mencionó que, si bien la demanda se ejerció en vigencia de la Ley

1437 de 2011, el fallo invocado como título ejecutivo ordenó que para su
cumplimiento se atendiera lo contemplado por el artículo 177 del Decreto 01 de
1984.

18. No obstante, conforme al inciso 6° de la disposición en comento, especificó

que al cumplirse seis meses desde la ejecutoria de la sentencia sin que el
beneficiario hubiere reclamado el cumplimiento, cesará la causación de intereses
hasta que se presente la petición.

4 Folios 177 a 189 del expediente.

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19. En ese sentido, como la decisión cobró ejecutoria el 25 de enero de 2008 y la

accionante radicó el 8 de junio de la misma anualidad ante CAJANAL la solicitud
de cumplimiento de la sentencia, concluyó que no cesó la generación de
intereses, pues la reclamación se realizó previo a los seis meses. Por lo tanto, su
causación acaeció durante el lapso de 26 de enero de 2008 a 31 de marzo de
2012, día anterior al mes de inclusión en nómina del pago.

20. En consecuencia, determinó que el título ejecutivo contenía una obligación

clara, expresa y exigible de reconocer y pagar los intereses moratorios sobre el
capital indexado de la condena, la cual se encontraba pendiente de pago.

21. Ahora bien, en lo atinente a las excepciones de pago y compensación verificó

que a pesar de ser liquidados los intereses moratorios mediante la Resolución
UGM 014261 de 20 de octubre de 2011 que modificó a la Resolución UGM
001760 de 25 de julio de 2011, en los comprobantes de pago aportados al
expediente no se evidenció el correspondiente pago.

22. De otro lado, en lo concerniente a la prescripción extintiva del derecho y la

caducidad de la acción detalló que los términos de las obligaciones a cargo de la
Caja Nacional de Previsión Social se suspendieron a partir del 12 de junio de
2009 y hasta el 11 de junio de 2013, día en el que se reanudó el cómputo de 5
años para la presentación de la demanda ejecutiva.

23. Además, explicó que la prescripción no podía alegarse en el trámite ejecutivo

por el cobro forzado de unas sumas o intereses y si bien la Ley 1564 de 2012
admitía su formulación, se refería al derecho de cobro del título con una
regulación específica en los artículos 2512, 2535 y 2536 del Código Civil que, en
el evento de no ejercerse la acción ejecutiva, la obligación se extingue por el
transcurso del tiempo.

24. De manera que cumplido el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del

Código Contencioso Administrativo, la exigibilidad se extendió hasta el 25 de julio
de 2009, instante en el que se encontraban suspendidos los términos, la
interesada contaba con el período de 11 de junio de 2013 a 11 de junio de 2018
para radicar la demanda y como la misma se presentó el 2 de noviembre de 2016,
su radicación se hizo dentro del término legal.

25. Verificado lo anterior explicó lo siguiente:

26. Capital sobre el que se liquidaban los intereses: el capital derivado de la

reliquidación de las mesadas y su indexación sobre el que se realizó el cálculo
correspondió a $89.215.395,17 menos los descuentos a salud por $9.213.278,02,
de ahí que, el capital neto fue de $80.002.117,05.

27. Período de causación de los intereses reclamados: 26 de enero de 2008

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(día siguiente a la fecha de ejecutoria) hasta el 31 de marzo de 2012 por ser el
día anterior al mes de inclusión en nómina.

28. Tasa de interés bancario: 1.5 veces del interés bancario certificado por la

Superfinanciera y atendiéndose los parámetros de la fórmula establecida en el
artículo 2.8.6.6.2 del Decreto 2469 de 2015, la cual se tomaba de forma
independiente de la tasa de mora utilizada para su cálculo.

29. Así las cosas, constató que el monto por el cual se continuaría adelante con la

ejecución correspondió a $81.654.871,09.

30. Por último, aseveró que no procedía la indexación de los intereses moratorios

en tanto son incompatibles con los intereses moratorios puesto que tienen una
causa idéntica como lo es devaluación del dinero.

III. RECURSO DE APELACIÓN

31. Laparte ejecutada5 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:

32. Enfatizó que la acción ejecutiva estaba caducada, ya que, desde la ejecutoria

de la sentencia, ocurrida el 5 de julio de 2009, hasta la presentación de la
demanda ejecutiva, el 1° de noviembre de 2016, trascurrieron 7 años y 4 meses,
siendo superado el término de presentación de la demanda.

33. Aseguró que la entidad pública no estaba obligada a reconocer y pagar los

intereses moratorios reclamados, ya que, el proceso de liquidación de CAJANAL
que tuvo lugar entre el 11 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, constituyó
un evento de fuerza mayor, lo que excluía la posibilidad de que se causaran
intereses durante ese período, en ese sentido, citó el artículo 1616 del Código
Civil, según el cual la mora originada en circunstancias de fuerza mayor no
genera derecho a indemnización.

34. Por lo anterior, señaló que el Decreto 2555 de 2010 contempló en el artículo

9.1.3.2.8 que las obligaciones de una entidad liquidada se compensarán
únicamente con el pago de la desvalorización monetaria de los créditos y que en
el artículo 9.1.3.5.8 del citado decreto se señalaron las reglas para determinar el
pago de la compensación. En consecuencia, durante la liquidación de CAJANAL
no se causaron intereses moratorios.

35. Así, refirió que la liquidación realizada por el a quo desconoció las reglas de

los artículos precitados del Decreto 2555 de 2010, por lo siguiente: i) se

5 Folios 206 a 211 del expediente.

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incluyeron mesadas pensionales causadas con posterioridad a la ejecutoria del
título ejecutivo y que se cancelaron en los términos de las órdenes de la
sentencia, motivo por el que no podían generar nuevos intereses; ii) se liquidaron
intereses moratorios después de la fecha de pago; iii) el juez determinó la
suspensión de los términos de caducidad, sin embargo, liquidó los intereses de
corrido; iv) se desconoció la aplicación de la sanción de que trata el artículo 177
del CCA por la no presentación oportuna y en debida forma de la solicitud de
cumplimiento.

36. Argumentó que no procedía el cobro de intereses moratorios, más la
indexación, ya que su cobro simultaneo es incompatible, teniendo en cuenta que
ambas figuras jurídicas buscan impedir la pérdida de poder adquisitivo del dinero
con el paso del tiempo.

37. Indicó que no había lugar a la condena costas, dado que, su imposición debe

atender a unos criterios como lo son la conducta de las partes y que se
encuentren causadas y comprobadas, en ese sentido, el artículo 365 del Código
General del Proceso no contempló una apreciación objetiva, descartando que el
sujeto procesal vencido en el debate se condene en costas, determinación que
adoptó el juez de primera instancia sin verificar las actuaciones de los
intervinientes, pues, dentro trámite no se advirtió temeridad ni mala fe de la
UGPP. Del mismo modo, el artículo 280 del Código General del Proceso
preceptuó que en la sentencia «el juez siempre deberá calificar la conducta
procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella».

1.7 Trámite de segunda instancia

38. El 20 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación6 y se dispuso que,

de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

39. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7, y 322 del CGP.

6 Folio 228 del expediente.
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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40. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

4.2. Cuestión previa

4.2.1. Indexación de los intereses moratorios y condena en costas
41. La parte recurrente explicó que era improcedente la indexación de los
intereses moratorios, no obstante, la Corporación evidencia que en la primera
instancia no se indexó el concepto reconocido, pues el Tribunal señaló que «no
hay lugar a la indexación de los intereses moratorios solicitada por la parte actora,
toda vez que como lo precisa el Consejo de Estado, “[…] tanto la indexación como
el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es
la devaluación del dinero, son incompatibles […]” si se ordena a la parte
ejecutada el reconocimiento de la indexación de los intereses moratorios, se la
estaría condenando a un doble pago por la misma causa».

42. Por consiguiente, es un aspecto que le fue favorable al órgano de previsión

social y en ese sentido esta instancia no emitirá pronunciamiento al respecto.

43. Igualmente, se controvirtió una presunta condena en costas, sin embargo, se

advierte a partir de la lectura de la sentencia proferida el 26 de abril de 2023 que
no se impuso ninguna condena en costas8, motivo suficiente para no resolver
este punto de la apelación.

4.3. Problema jurídico
44. Le corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

45. ¿en este caso ocurrió el fenómeno extintivo de la caducidad y si con ello, debe

revocarse la providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, respecto
de los intereses moratorios señalados en el artículo 177 del CCA, derivados de
la sentencia de 7 de junio de 2007 proferida por la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por el
Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento identificado
con el radicado 25000-23-25-000-2004-09433-01?

46. De resolverse desfavorablemente lo anterior, se analizará sí durante el
procedimiento administrativo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social, cesó para la Administración la obligación de pagar los intereses
moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo
derivados de la sentencia objeto de ejecución, en el entendido de que el trámite

8 En el ordinal 4 de la parte resolutiva expresamente se señaló «Sin condena en costas en esta instancia»

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administrativo configura fuerza mayor o caso fortuito según los términos del
artículo 1616 del Código Civil.

4.4. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

47. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»9.

48. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».10 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 11 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
49. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.12 La autenticidad se refiere a la plena

9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
10 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
11 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en

documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
12 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2016-05319-02 (4105-2023)
Demandante: Ligia Lizarazo de Franco

identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió13.

50. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido14.

51. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 15,
antes 497 del CPC16.

52. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo

03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
15«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
16 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
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dispone el artículo 422 del CGP17, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

4.5. El fenómeno de la caducidad en los procesos ejecutivos

53. En primer lugar, debe recordarse que la caducidad es un fenómeno jurídico

cuyo término previsto por la ley se convierte en presupuesto procesal a través del
cual se limita el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los
administrados para la reclamación judicial de los mismos, en desarrollo del
principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia
temporal18.

54. Específicamente para el caso de los procesos ejecutivos, el ordenamiento

jurídico colombiano estableció que cuando se pretenda la ejecución con títulos
derivados de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, el término para solicitar su ejecución es de cinco años contados a
partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida19 y podrán ser cobradas
en diferentes oportunidades, según la norma procesal con la que hayan sido
concebidas.

55. En efecto, si la providencia se expidió bajo el sistema descrito en el Decreto

01 de 1984, sus mandatos relacionados con el pago o devolución de dinero por
parte de una entidad pública podrán ser reclamados cuando hayan trascurrido 18
meses a partir de la ejecutoria de la decisión judicial, en virtud de lo establecido
en el artículo 177 del CCA, que dispone:

«Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se
condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de
la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio
público frente a la entidad condenada.

17 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
18 Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra “Corelca S.A.” y otro, radicación

No. 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), Consejo de Estado, Sección Tercera, Mag. Pte. Ruth Stella
Correa Palacio.
19 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 164, literal k), antes

numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Este precepto tuvo su antecedente
remoto con el artículo 44 de la ley 446 de 1998, pues fue sólo con esta norma que se instituyó un término
especial de caducidad en títulos ejecutivos para la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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[…]
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los
presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas
más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la
justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria».

56. Por su parte, si el fallo fue expedido según las reglas del CPACA, su
cumplimiento podrá demandarse en momentos diferentes, según el tipo de
condena impuesta a la Administración: cuando consista en pagar o devolver una
suma de dinero, su cobro jurisdiccional podrá iniciarse cuando hayan transcurrido
10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia; sin embargo, cualquier otro
tipo de prestación, podrá reclamarse ante un juez al término de 30 días siguientes
a la ejecutoria de la respectiva condena tal como lo dispone el artículo 192 del
CPACA:

«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique
el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien
corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde
su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez
(10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal
efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la
entidad obligada […]».
57. Como se aprecia de todo lo anterior, a efectos de verificar si ocurrió el
fenómeno de la caducidad debe determinarse en primer lugar la norma aplicable
al caso, la fecha de exigibilidad del título ejecutivo y en el caso de regirse por la
Ley 1437 de 2011, deberá determinarse si se cumplen los plazos establecidos
en la norma dependiendo del tipo de obligación cuyo cumplimiento se persigue.

4.6. Suspensión de la caducidad para iniciar procesos ejecutivos contra de
Cajanal en Liquidación

58. Esta Corporación en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre el
procedimiento liquidatorio de Cajanal y sus implicaciones frente a los procesos
ejecutivos contra dicha entidad20. En efecto, en primer lugar, a través de auto de
30 de junio de 2016, proferido dentro del proceso 25000-23-42-000-2013-06595-
01 (3637-2014)21 se realizó un detallado análisis normativo del proceso de

20 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, auto de 29 de

marzo de 2016, proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2015-01601-01 (5042-2015), con ponencia de la
consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez; y de la subsección A: proveído de 25 de agosto de 2015, expediente
25000-23-42-000-2015-01327-01 (1777-2015), C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E); y sentencia de 17
de noviembre de 2016, proceso 11001-03-15-000-2016-02902-00(AC), C. P. Rafael Francisco Suarez
Vargas; sentencia de 2 de julio de 2020 dentro del proceso radicado 76001233300020180078901 (2930-
19), con ponencia del consejero William Hernández Gómez.
21 Con ponencia del consejero William Hernández Gómez.

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liquidación de Cajanal y sus implicaciones frente a la figura de la caducidad de
los medios de control, a partir de lo cual se indicó:

«[…]
En consecuencia, resulta adecuado jurídicamente extender la norma suspensiva
de caducidad a los créditos analizados, pero solo durante los lapsos en los cuales
las personas se vieron imposibilitadas para acudir a la jurisdicción por la misma
actuación errática de esta cuando decidió terminar y remitir los procesos
ejecutivos a la liquidación, así como de la misma entidad en liquidación al recibir
estos asuntos, negar su inclusión en la masa de liquidación y retardar o negar el
cumplimiento a través de la UGM.

Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta
de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena
contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro
(4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos
casos con características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió
que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación contra
CAJANAL o la UGPP22.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos
condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se radicaron
con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que:

a- Frente a ellas solo puede operar la suspensión del término de caducidad hasta el
8 de noviembre de 2011, momento hasta el cual sólo era viable acudir ante
CAJANAL EN LIQUIDACIÓN para tal efecto23.

b- A partir de esa fecha la obligación de satisfacer el crédito recayó legalmente en la
UGPP, conforme lo dispuso el Decreto 4269 de 2011 y las personas estaban
habilitadas legalmente para ejecutar las condenas en contra de la UGPP.

c- Por ello, tampoco resultaría proporcional para el Estado deudor el extender los
efectos de suspensión de la caducidad por cuatro años, como sí sucede con los
casos anteriores.

De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento
se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo
efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o
UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se suspenderá
sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE
y se reactivará:

a- El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía
atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o,

b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a
CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de

22 En efecto, se referían a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN que

reconocían derechos pensionales y que fueron dictadas antes del 8 de noviembre de 2011; la reclamación
de cumplimiento del fallo se hizo con anterioridad o en vigencia del proceso liquidatorio, pero en todo caso
hasta el 8 de noviembre de 2011 y por tanto la competencia para su cumplimiento era de esta entidad y
mientras duró el proceso liquidatorio en muchos casos no fue posible adelantar cobros ejecutivos y el propio
liquidador negó su inclusión en la masa de acreedores.
23 Ello en virtud del Decreto 4269 de 2011 y las normas propias del proceso de liquidación.

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junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella
entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP.
[…]». (Negrilla de la Sala).

59. Tanto la providencia judicial en cita como a las que se hace alusión en el pie

de página, advirtieron que durante el lapso en el que se llevó a cabo la liquidación
de la extinta Caja de Previsión Social se vio restringida la posibilidad de quienes
obtuvieron la declaratoria judicial de sus derechos mediante sentencia
ejecutoriada y que al momento de hacerla efectiva se encontraban con un
panorama incierto debido a la desorganización de la administración y a la
ausencia de reglas uniformes sobre la forma de exigir la efectividad de la
condena.

60. En ese contexto dados los diferentes escenarios y períodos en que opera la

referida suspensión, se ha concluido que no es posible suspender con
uniformidad el curso de la caducidad, debido a que, en torno al desordenado
proceso de liquidación de Cajanal, se suscitaron diversas hipótesis y situaciones
fácticas, merecedoras de trato diferenciado, por lo que corresponde al juez
identificar a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha
en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante
CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de la acción se
suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de
CAJANAL EICE y se reactivará:

a) El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y
competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011.

b) Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía
atender a CAJANAL en liquidación, la reactivación será el 12 de junio de
2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella
entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP.

4.7. Intereses moratorios

61. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta, por lo anterior, su carácter es punitivo y resarcitorio, de ahí que, se
entienden como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento
de la prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago
alguno y tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.

62. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto

con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca loe debido, en
consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.
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4.8. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

63. Se procederá a resolver la alzada presentada por la parte ejecutante teniendo

en cuenta las siguientes premisas:

64. La subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca a través de sentencia de 8 de abril de 200524 dictada en el proceso
de nulidad y restablecimiento identificado con radicado 25000-23-25-000-2002-
11464-00 ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Ligia
Lizarazo de Franco «[…] incluyendo los factores correspondientes debidamente
certificados al expediente, que hayan sido devengados por la demandante,
durante el último año de prestación de sus servicios, en especial los certificados
a folios […] que deberán ser tenidos en cuenta en su valor total».
65. Igualmente ordenó el «pago de las […] diferencias de mesadas pensionales

entre lo pagado […] y, lo debido de pagar por inclusión del valor total de los
factores correspondientes, debidamente certificados […], incluyendo los
correspondientes ajustes de ley tal y como lo dispone el artículo 178 del C.C.A.,
valores que deben ser indexados […] conforme con los índices de inflación
certificados por el DANE», además dispuso que el cumplimiento de las órdenes
se realizaría de acuerdo al artículo 176 del Decreto 01 de 1984.
66. La anterior decisión fue confirmada por el Consejo de Estado a través de

sentencia dictada el 7 de junio de 200725.
67. Posteriormente, se solicitó el cumplimiento de los fallos mediante petición
radicada el 9 de junio de 2008 . 26

68. En virtud de lo precedente se expidió la Resolución UGM 001760 de 25 de

julio de 201127 que reliquidó la pensión de jubilación de Ligia Lizarazo de Franco
y dio cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias que se acreditaron como
título ejecutivo, con posterioridad fue modificada a través de la Resolución UGM
014261 de 20 de octubre de 201128 en el sentido de ordenar que la mesada
pensional se incrementara de $860.696,84 a $860.713,71, decisión que fue
incluida en nómina de abril de 2012.

69. En el caso concreto, la recurrente cuestionó el cómputo de términos realizado

por el a quo que concluyó que la demanda ejecutiva se presentó oportunamente.

70. En este punto es importante recordar que, de acuerdo con el marco jurídico

desarrollado en el acápite anterior y lo señalado por esta Subsección 29, la

24 Folios 12 a 28 del expediente.
25 Folios 29 a 37, ídem.
26 Folios 63 y 64, ídem.
27 Folios 38 a 43, ídem.
28 Folio 62, ídem.
29 Auto de 22 de junio de 2023, dictado dentro del proceso ejecutivo radicado: 25000-23-42-000-2017-01453-

01 (2456-2023) CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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oportunidad para formular la demanda cuando se pretende la ejecución de una
sentencia judicial proferida por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
«[…] es de 5 años contados a partir de la exigibilidad de la obligación contenida
en la providencia judicial de condena, en los siguientes términos:

71. a)18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si fue dictada de
conformidad con el CCA o Decreto 01 de 1984. b) 10 meses siguientes a la
misma ejecutoria, si se trata de sentencia dictada en procesos regidos por el
CPACA o Ley 1437 de 2011, en la cual se condene al pago de sumas dinerarias.
c) 30 días siguientes a su comunicación, cuando la condena no implique el pago
o devolución de una cantidad líquida de dinero en procesos regidos por el
CPACA o Ley 1437 de 2011 – art. 192 inciso 1.º ib. –.».

72. Así las cosas, no es de recibo la tesis expuesta en el recurso de apelación

comoquiera que debe efectuarse una interpretación integral entre el numeral 11
del artículo 136 del CCA y el artículo 177 de la misma codificación procesal por
cuanto el primero señala que los 5 años inician a partir de la exigibilidad del
derecho y esta se presenta una vez transcurran, precisamente, los 18 meses de
esta última disposición, los cuales corren una vez adquiera ejecutoria el título
judicial.

73. Así entonces, como la sentencia de 8 de abril de 2005 dictada por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, confirmada por esta corporación el 7 de junio de 2007, quedó
ejecutoriada el 25 de enero de 200830, la entidad tenía 18 meses para dar
efectivo cumplimiento, es decir hasta el 25 de julio de 2009.

74. Esto a la luz de lo establecido por el Decreto 01 de 1984, artículo 177, cuyo

plazo era de 18 meses. Sin embargo, en virtud del Decreto 2196 de 2009 y
conforme a las reglas fijadas en precedencia, los términos de caducidad de las
acciones frente a obligaciones a cargo de la entidad liquidada fueron
suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, esto es,
por espacio de 4 años.

75. De acuerdo con lo anterior, la exigibilidad de la obligación ocurrió dentro del

plazo de suspensión; por tanto, a partir del 12 de junio de 2013 se contabilizan
los cinco años de la caducidad, los cuales fenecían el 12 de junio de 2018.

76. En este caso se tiene que la demanda se interpuso el 3 de noviembre de

201631, por lo que, se advierte que en este caso no operó el fenómeno jurídico
de la caducidad, tal como lo advirtió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de ahí que, este reparo no tiene vocación de prosperidad.

30 Así se indicó en el sello secretarial consignado en el reverso del fallo de segunda instancia con fecha de

7 de junio de 2007 que confirmó la decisión recurrida, folio 37 del expediente.
31 Fecha extraída del índice 1 de sistema de gestión judicial Samai del Tribunal Administrativo.

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4.9. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico

77. El artículo 1616 del Código Civil sobre la responsabilidad del deudor en la

causación de intereses moratorios contempló que «la mora producida por fuerza
mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios»32.

78. A pesar de que el Consejo de Estado en múltiples decisiones ha interpretado

que la toma de posesión con el propósito de liquidar una sociedad «constituye
fuerza mayor a la que no puede resistirse la sociedad objeto de la misma, y esta
circunstancia tal como lo declara la norma citada excluye el reconocimiento de
intereses moratorios»33, el debate giró en torno a la liquidación de sociedades
como consecuencia de procesos de liquidación forzosa administrativa, cuya
naturaleza es divergente al procedimiento que finalizó con la extinción de
CAJANAL.

79. Debido a ello, no le asiste la razón a la UGPP en su reproche puesto que la

liquidación de la referida institución se originó en una decisión del presidente de
la República por razones político-administrativas, cuyos riesgos y en atención al
principio de responsabilidad del Estado, no pueden ser asumidos por el acreedor
particular, pues se afectaría el equilibrio de las cargas públicas, generándose un
daño antijurídico.

80. La
Corporación34 en los casos en los que el órgano de previsión social
demandado argumentó que no se causaron intereses moratorios como

32 Artículo 1616 del Código Civil. Responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios. «Si no se

puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al
tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia
inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.
La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios.
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas».
33 Entre otros pronunciamientos, se pueden consultar los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección cuarta: i) sentencia de 25 de junio de 1999, radicación 25000-23-27-
000-12248-01 (9425), CP Daniel Manrique Guzmán. En esta providencia se reitera el criterio expuesto en
fallo de 15 de febrero de 1985, también de la sección cuarta de esta Corporación, expediente 8872, CP
Carmelo Martínez Conn, en la que se concluyó: «El acto demandado, especialmente la Resolución 4513
de 12 de agosto de 1981, invoca como fundamento legal de la negativa a ordenar el pago de intereses
moratorios, el artículo 822 del Código de Comercio, conforme al cual “los principios que gobiernan la
formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de
extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a
menos que la ley establezca otra cosa”, de suerte que como según la ley civil -artículo 1° de la Ley 95 de
1890-, constituye fuerza mayor, “los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos”, y conforme al
inciso 2° del artículo 1616 del Código Civil, “la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar
a indemnización de perjuicios”, se concluye que la toma de posesión de los haberes y de la administración
de una empresa por parte de la Superintendencia Bancaria, constituye fuerza mayor, la que no genera
intereses de mora a cargo de la persona intervenida conforme lo declara el citado inciso 2° del artículo 1616
del Código Civil»; (ii sentencia de 14 de octubre de 2004, radicación 25000-23-27-000-2001-2277-
01(13926), CP María Inés Ortiz Barbosa; y iii) sentencia de 26 de julio de 2007, expediente 25000-23-27-
000-2003-00369-01(15002), CP Juan Ángel Palacios Hincapié y de la sección primera: (i sentencia de 10
de julio de 2014, radicación 13001-23-31-000-2004-01258-01, CP Marco Antonio Velilla Moreno; y ii) fallo
de 16 de abril de 2015, expediente 08001-23-31-000-2007-00734-01, CP María Claudia Rojas Lasso.
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 10 de marzo de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020). CP Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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Demandante: Ligia Lizarazo de Franco

consecuencia del procedimiento liquidatorio de CAJANAL, ha señalado lo
siguiente:

«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».

81. Por lo tanto, como en las sentencias invocadas como título ejecutivo se analizó

el derecho a la reliquidación de pensión de jubilación, su naturaleza exige un
examen diferenciado para salvaguardar las garantías mínimas y la seguridad
social en pensiones, lo cual imposibilita que por razones de fuerza mayor se
aplique el artículo 1616 del Código Civil para evitar el pago de intereses
moratorios causados en la demora de cumplimiento de una obligación de índole
laboral, toda vez que CAJANAL ostentaba la categoría de institución pública y
sus condiciones de liquidación no la exoneraron del pago.

82. Así las cosas, no prospera el cargo planteado por la parte ejecutada en el

sentido de que se suspendió la generación de intereses en el período de 11 de
junio de 2009 y hasta el 12 de junio de 2013, se resalta que la Sala en reciente
decisión adoptó la misma posición35.

83. Tampoco es cierto lo sostenido por la entidad ejecutada de que los artículos

9.1.3.2.836 y 9.1.3.5.837 del Decreto 2555 de 201038 respecto a las reglas para
compensar la pérdida del poder adquisitivo por la falta de pago oportuno son
aplicables en el caso, dado que, éstos tienen efectos en el trámite de liquidación

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia

de 23 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
36 Pérdida del poder adquisitivo. «Con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por la

falta de pago oportuno, una vez atendidas las obligaciones excluidas de la masa y a cargo de ella, así como
el pasivo cierto no reclamado, si hay lugar a él, si quedare un remanente se reconocerá y pagará
desvalorización monetaria a los titulares de los créditos que sean atendidos por la liquidación, cualquiera
sea la naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que correspondan a
gastos de administración. La cuantía por este concepto y su exigibilidad se determinará según las reglas
dispuestas en el artículo 9.1.3.5.8 del presente decreto.
Para efectos de la notificación de la resolución que reconozca la pérdida de poder adquisitivo, así como de
los recursos interpuestos contra la misma, se atenderá el procedimiento previsto en los artículos 9.1.3.2.5 y
9.1.3.2.6 del presente decreto».
37 Reglas para determinar y pagar la compensación por la pérdida de poder adquisitivo. «Si después

de cancelados los créditos a cargo del pasivo cierto no reclamado subsistieren recursos, de conformidad
con lo establecido en el numeral 17 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado
por el 24 de la Ley 510 de 1999, se procederá a cancelar la compensación por la pérdida de poder adquisitivo
sufrida por los titulares de los créditos atendidos en la liquidación debido a la falta de pago oportuno
cualquiera sea la naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que
conforme al presente decreto correspondan a gastos de administración.
[…]».
38 «Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado

de valores y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-05319-02 (4105-2023)
Demandante: Ligia Lizarazo de Franco

forzosa administrativa39 y tal como se estableció en los párrafos anteriores la
liquidación de CAJANAL tuvo su origen en una decisión del presidente de la
República por razones político administrativas.

84. De todos modos, la discusión de primera instancia giró en torno a la
generación de intereses moratorios derivados del incumplimiento en el pago del
derecho reconocido en una sentencia judicial y no dentro del procedimiento
administrativo liquidatorio, que sobre el particular y como lo estableció el juez de
primer grado, la disposición aplicable era el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.

85. De otro lado, se observa que el órgano de previsión social aseveró que se

incluyeron mesadas pensionales causadas con posterioridad a la ejecutoria de
la sentencia pagadas según las órdenes del título ejecutivo, motivo por el que no
podían generar nuevos intereses, así mismo, señaló que se liquidaron intereses
moratorios con posterioridad a la fecha de pago y se desconoció la sanción
establecida en el artículo 177 ídem por la no presentación oportuna y en debida
forma de la solicitud de cumplimiento, sin embargo, no refutó la liquidación
efectuada por el a quo y tampoco especificó información concreta que replicara
lo determinado en primera instancia, es decir, no controvirtió ni allegó algún
elemento probatorio que permita variar lo resuelto por el Tribunal, razón por la
cual no hay lugar a variar lo resuelto.

4.10. De la condena en costas en segunda instancia

86. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración

objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.

87. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia, no

se condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas
en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

39 Toda vez que los artículos 9.1.3.2.8 y 9.1.3.5.8 integran el título 3 del Decreto 2555 de 2010 sobre

liquidación forzosa administrativa.
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Demandante: Ligia Lizarazo de Franco

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de abril de 2023 proferida por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución,
de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Richard Giovanny
Suárez Torres, identificado con cédula de ciudadanía 79.576.294 de Bogotá y
tarjeta profesional 103.505 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP,
en los términos del poder conferido40.

CUARTO: RECONOCER personería adjetiva a la profesional del derecho Sandra
Liliana Muñoz Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 34.323.793 y tarjeta
profesional 215.697 del C.S de la J., como apoderada sustituta de la UGPP, en
los términos del poder otorgado41.

QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

40 Poder general visto en el índice 26 de Samai.
41 Sustitución de poder vista en el índice 26 de Samai.

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