Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04800-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04800-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-04800-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de junio de 2025
Radicado: 25000-23-42-000-2016-04800-02 (0037-2022)
Demandante: Aura Judith Sarmiento Acosta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04800-02 (0037-2022)
Demandante: Gilma Rosa Sanabria León
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución- legitimación en la causa por pasiva, intereses
moratorios
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de 10
de junio de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó seguir adelante con la
ejecución a favor de la señora Gilma Rosa Sanabria León, declaró no probadas
las excepciones de falta de legitimación en la causa, prescripción y caducidad.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2.La señora Gilma Rosa Sanabria León, formuló demanda ejecutiva con el fin
de lograr el cumplimiento de las sentencias del 2 de noviembre de 2006 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 25000-
23-25-000-2004-8132-01 instaurado en contra de la Caja Nacional de Previsión
Social.
1 Folio 35 del expediente.
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3. La sentencia ordenó reliquidar la pensión gracia con el 75% del promedio
mensual percibido en el último año en que adquirió el derecho a la prestación
periódica, con la inclusión de los factores salariales ya reconocidos, así como, la
prima especial, prima de vacaciones y prima de navidad, incluyendo los reajustes
conforme a lo contemplado en la Ley 100 de 1993; igualmente, dispuso indexar
las diferencias de las mesadas pensionales y dar cumplimiento a la providencia
en los términos de los artículos 176, 177 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.
4. La ejecutante consideró que el pago ordenado en el fallo se realizó de forma
parcial, dado que, desde la ejecutoria de la decisión y hasta su pago se generaron
intereses moratorios durante el período de 6 de marzo de 2007 a 31 de enero de
2012, los cuales la entidad pública no ha sufragado a pesar de que el título
ejecutivo contiene dicha orden.
5. Razón por la cual, solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de
la UGPP por la suma de $30.334.775 por concepto de intereses moratorios con
su correspondiente indexación a partir del 1° de marzo de 2012 y hasta que se
verifique el pago, adicionalmente, requirió que se condena en costas a la parte
ejecutada.
1.2. Mandamiento de pago
6. El tribunal por auto del 11 de septiembre de 20192, libró mandamiento ejecutivo
en contra de la UGPP y a favor de Gilma Rosa Sanabria León por la suma de
$42.307.555, correspondiente a los intereses moratorios causados entre el 6 de
marzo de 2007 y el 31 de enero de 2012, así mismo, libró orden de pago por la
indexación del anterior valor desde el 1° de febrero de 2012 y hasta la
cancelación efectiva de la obligación.
7. En ese sentido, aseguró que la condena se pagó de forma tardía y sin el
reconocimiento de los intereses por la demora en el pago del derecho, penalidad
que es procedente indexar para evitar la pérdida de valor adquisitivo del dinero.
1.3. Contestación de la demanda
8. La UGPP presentó escrito de defensa3 con las siguientes excepciones:
9. Falta de legitimación en la causa, manifestó que no le asistía obligación en
el pago de los intereses moratorios reclamados por la señora Gilma Rosa
Sanabria León, razón por la que la responsabilidad de su pago correspondía a la
extinta Caja Nacional de Previsión Social-CAJANAL, en liquidación, y que
2 Folios 102 a 107 del expediente.
3 Folios 115 a 122, ídem.
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cualquier reclamación debía haberse presentado dentro del proceso liquidatorio
correspondiente.
10. Caducidad de la acción ejecutiva, afirmó que según el artículo 44 de la Ley
446 de 1998 el término de presentación de la demanda es de 5 años
contabilizados a partir de la exigibilidad del derecho, no obstante, aclaró que
debía tenerse en cuenta el período de suspensión durante el período de 12 de
junio de 2009 a 11 de junio de 2013 con ocasión de la expedición del Decreto
2591 de 2009.
11. Prescripción, sostuvo que la prescripción extintiva era la forma de extensión
o desaparición de un derecho cuando por el transcurso del paso del tiempo
regulado en la ley no se ejercieron ciertos actos para ejercerlo, en tal razón,
solicitó declarar su configuración si se consolidó el tiempo contemplado en la
legislación.
12. Genérica, señaló que en virtud de los poderes oficios del juez se declararan
probadas las excepciones que se encontraran probadas.
II. SENTENCIA APELADA
13. El tribunal dictó sentencia el 10 de junio de 2021, ordenando seguir adelante
con la ejecución en contra de la UGPP, declaró no probadas las excepciones
propuestas, así mismo, dispuso que las partes presentaran la liquidación del
crédito de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 446 de la Ley 1564 de 2012
y no condenó en costas.
14. Sobrela excepción de caducidad de la acción rememoró que se había
declarado, no obstante, el Consejo de Estado revocó esa decisión, por considerar
que la demanda se había interpuesto en término. Razón por la cual, expresó que
no era posible pronunciarse al respecto en tanto existe un pronunciamiento inter
partes que no puede ser desconocido.
15. Luego, especificó que a pesar de que la legitimación en la causa por pasiva
no constituía una excepción de fondo se emitiría decisión para salvaguardar el
principio de legalidad; y señaló que conforme a los Decretos 2196 de 2009 y 4269
de 2011, era claro que la Caja Nacional de Previsión Social se sometió a un
proceso de liquidación que culminó con su extinción, siendo asumida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social la atención de las solicitudes de
reconocimiento pensional y de prestaciones económicas a cargo de CAJANAL y
que fueron radicadas a partir de 8 de noviembre de 2011, así como, la atención
de pensionados, peticiones y usuarios, y la administración e inclusión en nómina
de pensionados a partir del mes de noviembre de 2011.
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16. En consonancia con lo anterior y en virtud del Decreto 575 de 22 de marzo de
2013, la UGPP asumió en su totalidad las obligaciones pensionales que había
adquirido CAJANAL, por lo tanto, la UGPP fue la institución encargada de
continuar atendiendo las obligaciones de tipo pensional del régimen de prima
media con prestación definida. Así, la precitada entidad se encontraba legitimada
en la causa por pasiva para responder por el pago de los intereses moratorios
reclamados en la demanda ejecutiva.
17. De otro lado, aseveró que era cierto que el mandamiento de pago también se
libró por la indexación de los intereses entre el 1° de febrero de 2012 (día
siguiente a la inclusión en nómina del pago del capital adeudado) y hasta la fecha
de pago efectivo, no obstante, no se continuaría adelante con la ejecución por
dicho concepto, pues los intereses por la demora en el pago de una sentencia
judicial son liquidados a la luz del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, esto es, 1.5 veces el interés bancario corriente, suma con la cual
se entiende suficientemente compensada la pérdida de poder adquisitivo del
dinero.
18. En esos términos, determinó que se declararían no probadas las excepciones
propuestas por la UGPP y se seguiría adelante con la ejecución.
1.6. Recurso de apelación
19. Laparte ejecutada4 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:
20. Enfatizó que la acción ejecutiva estaba caducada, ya que, desde la ejecutoria
de la sentencia, ocurrida el 5 de marzo de 2007, hasta la presentación de la
demanda ejecutiva, el 10 de octubre de 2016, trascurrieron 9 años, 7 meses y 5
días, siendo superado el término de 5 años preceptuado en el literal k, del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011.
21. En el evento de ser aceptado que el proceso liquidatorio del órgano de
previsión social suspendió los términos de caducidad y prescripción, la
suspensión no afectaba el plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, en todo caso, si se realizara el cómputo a
partir del 12 de junio de 2013 se superaría el límite temporal consagrado por el
legislador para la ejecución de las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo.
22. Aseguró que la entidad pública no estaba obligada a reconocer y pagar los
intereses moratorios reclamados, ya que, el proceso de liquidación de CAJANAL
que tuvo lugar entre el 11 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, constituyó
4 Folios 204 a 206 y 211 a 214 del expediente.
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un evento de fuerza mayor, lo que excluía la posibilidad de que se causaran
intereses durante ese período, en ese sentido, citó el artículo 1616 del Código
Civil, según el cual la mora originada en circunstancias de fuerza mayor no
genera derecho a indemnización.
23. Afirmó que la obligación que se pretendía ejecutar no hizo parte de la masa
liquidatoria de CAJANAL, dado que, los intereses moratorios derivados de la
sentencia, su origen correspondió al reconocimiento de un derecho del sistema
pensional, lo cual se relaciona directamente con recursos de la seguridad social
que fueron excluidos de la misma por el artículo 21 del Decreto 254 de 2000,
motivo por el que el término de caducidad tampoco se suspendió.
24. Igualmente, destacó que el título ejecutivo no era exigible toda vez que la
ejecutante no presentó en término la demanda ejecutiva.
25. Además, manifestó que el reconocimiento de los intereses debía tramitarse
dentro del proceso liquidatorio de CAJANAL y que, si la demandante no formuló
su reclamación en esa etapa, no podía posteriormente exigir su pago a la UGPP.
26. Finalmente, sostuvo que era procedente la excepción de falta de legitimación
en la causa, dado que, la UGPP no es sucesora universal de CAJANAL, pues,
solamente, lo es de ciertas obligaciones relacionadas con el pago de pensiones,
más no de aquellas derivadas de condenas judiciales que impongan intereses
moratorios.
1.7 Trámite de segunda instancia
27. El 17 de febrero de 2022 se admitió el recurso de apelación5 y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
28. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6, y 322 del CGP.
5 Folio 228 del expediente.
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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29. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida
en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.
2.2. Cuestión previa
2.3. Excepción de caducidad de la acción
30. La parte recurrente explicó que se configuró la excepción de caducidad de la
acción en razón a la presentación extemporánea de la demanda ejecutiva.
31. Frente a ello, la Sala estima que hubo pronunciamiento de oficio en la primera
instancia declarándose la caducidad de la acción ejecutiva; decisión que fue
revocada en segunda instancia por auto de 9 de mayo de 2019, bajo el supuesto
de que para la fecha de presentación de la demanda no habían transcurrido los
cinco años para que se configurara la misma.
32. El a quo tuvo que volver a tomar la decisión, y en ella no declaró la caducidad.
Proponiéndose esta como excepción de mérito por la ejecutada.
33. En ese sentido, se estima que ya hubo un pronunciamiento al respecto, tal y
lo advirtió el Tribunal, no siendo dable reabrir el debate sobre si se configuró o
no la caducidad en el caso concreto, ya que, se insiste, a través del auto de 9 de
mayo de 20197, proferido en segunda instancia por el Consejo de Estado se
concluyó que la demanda ejecutiva había sido presentada oportunamente.
34. En gracia de discusión, al revisarse el escrito por el cual la recurrente
descorrió el traslado otorgado en el auto que libró el mandamiento de pago,
propuso entre otras, la excepción de caducidad, empero se limitó a citar el artículo
44 de la Ley 446 de 1998 y al parecer un aparte de una providencia no
identificada, sin manifestar las razones por las cuales en el caso bajo estudio se
estructuraba el medio exceptivo propuesto; de ahí que mal puede la Sala
pronunciarse al respecto. Y si bien ello fue fundamentado en el recurso de
apelación, esa no es la oportunidad procesal para esos efectos. Razón por la
cual, la Sala se abstendrá de pronunciarse de fondo sobre el particular.
2.4. Problema jurídico
35. Le corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
36. En primer lugar, se analizará si ¿la UGPP está legitimada en la causa por
pasiva para satisfacer la obligación que se ejecuta?
7 Folios 94 a 97 del expediente.
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37. De ser así, se estudiará si por el proceso de liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social, ¿cesó para la administración la obligación de pagar los
intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo derivados de la sentencia objeto de ejecución, en el entendido de
que el trámite administrativo configura fuerza mayor o caso fortuito según los
términos del artículo 1616 del Código Civil?
2.5. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo
38. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un
acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»8.
39. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».9 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 10 del
CPC, en los siguientes términos:
«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».
40. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.11 La autenticidad se refiere a la plena
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000
2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
9 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
10 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
11 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04800-02 (0037-2022)
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identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió12.
41. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante
una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido13.
42. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,
de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 14,
antes 497 del CPC15.
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen
Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
14«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste
mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar. »
15 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el
juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
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Demandante: Gilma Rosa Sanabria León
43. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para
que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP16, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.
2.6. Intereses moratorios
44. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta, por lo anterior, su carácter es punitivo y resarcitorio, de ahí que, se
entienden como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento
de la prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago
alguno y tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.
45. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto
con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca loe debido, en
consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.
2.7. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
46. La UGPP señaló que no era sucesora universal de CAJANAL, únicamente lo
era de ciertas obligaciones relacionadas con el pago de pensiones, más no de
las derivadas de condenas judiciales que impongan intereses moratorios.
47. Se observa que la sentencia objeto de ejecución estableció una obligación a
cargo de la Caja Nacional de Previsión Social, liquidada en virtud del Decreto
2196 de 2009.
48. Así mismo, el artículo 64 del Decreto 4107 de 201117 contempló que CAJANAL
en liquidación, continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3°
16 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
17 «Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se
integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
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del Decreto 2196 de 200918 hasta en tanto fueran asumidas por la UGPP. El
proceso de liquidación culminó el 11 de junio de 201319, por ende, los procesos
judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del
cierre de la liquidación fueron asumidos por la UGPP.
49. En ese orden, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta CAJANAL
en sus funciones misionales, atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en su contra como administradora del sistema
pensional.
50. En consecuencia, al desaparecer CAJANAL y ser sustituida totalmente por la
UGPP por mandato legal, en su condición de sucesor de derechos y obligaciones
relacionadas con la administración del régimen pensional del órgano de previsión
social, debió continuar con el ejercicio de sus funciones y ser llamada a asumir
la defensa de los procesos, así como a dar cumplimiento a las sentencias en
materia pensional con sus correspondientes pagos accesorios, como los
intereses moratorios. Razón por la cual, tiene legitimación en la causa por pasiva
en este asunto la recurrente.
2.8. Análisis de la Sala frente al segundo problema jurídico
51. Si bien durante el trámite de liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social que se ordenó a través del Decreto 2196 de 2009 con efectos a partir del
12 de junio de 2009, lo cual implicó la suspensión del término de caducidad 20
hasta el día 11 de junio de 2013, fecha en la que culminó el trámite liquidatorio
de acuerdo con el Decreto 877 de 2013, ello no se puede extender a la causación
de intereses moratorios derivados de las condenas impuestas en providencias
judiciales. Por lo tanto, la suspensión del término de presentación de la demanda
ejecutiva no afectó la generación de intereses por la demora en el pago de la
condena.
52. La corporación,21 en los casos en los que la ejecutada ha efectuado reparos
frente a los intereses moratorios que se reconocen por el no pago de
obligaciones, a pesar del proceso liquidatorio que afrontó CAJANAL, ha
señalado lo siguiente:
18 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación,
se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
19 Decreto 877 de 2013, «por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión
Social Cajanal EICE en Liquidación y se dictan otras disposiciones».
20 Esto con ocasión de la exclusión de los créditos pensionales de la masa liquidatoria de Cajanal EICE,
situación que impidió su cobro oportuno por no estar sujetos al proceso de liquidación. Frente al tema se
puede consultar el auto de 30 de junio de 2016 dictado por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-14), CP William
Hernández Gómez.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 10 de marzo de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020). CP Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».
53. En consecuencia, el procedimiento de liquidación de la entidad ejecutada no
es razón legal para impedir la causación de intereses moratorios, frente a la no
satisfacción completa u oportuna de la obligación reclamada; conforme a la línea
jurisprudencial de esta Subsección y lo dispuesto en el artículo 177 del CCA. Por
consiguiente, no prospera el cargo planteado por la parte ejecutada, pues en el
período comprendido entre el 11 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013, sí
hubo causación de intereses a favor de la ejecutante22.
2.6. De la condena en costas en segunda instancia
54. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
55. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia, no
se condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas
en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones
propuestas por la UGPP y se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
de 23 de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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Radicado: 25000-23-42-000-2016-04800-02 (0037-2022)
Demandante: Gilma Rosa Sanabria León
TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía,
identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta
profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP, en los
términos del poder conferido23.
CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Michael
Stiven Gaviria Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.532.623 de
Florencia y tarjeta profesional 350.692 del C.S de la J., como apoderado sustituto
de la UGPP, en los términos del poder otorgado24.
QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
23 Poder general visto en el índice 15 de Samai.
24 Sustitución de poder vista en el índice 15 de Samai.
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