RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-02707-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02707-02

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-02707-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de caducidad y prescripción y se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP, en los términos del poder conferido26. 25 Toda vez que los artículos 9.1.3.2.8 y 9.1.3.5.8 integran el título 3 del Decreto 2555 de 2010 sobre liquidación forzosa administrativa. 26 Poder general visto en el índice 14 de Samai. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022) Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Michael Stiven Gaviria Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.532.623 de Florencia y tarjeta profesional 350.692 del C.S de la J., como apoderado sustituto de la UGPP, en los términos del poder otorgado27. QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-02707-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

3 de julio de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante con la
ejecución - intereses moratorios

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia de 10
de junio de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó seguir adelante con la
ejecución a favor de la señora Ana Beatriz Bustos de Amaya y declaró no
probadas las excepciones de caducidad y prescripción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1

2.La señora Ana Beatriz Bustos de Amaya, formuló demanda ejecutiva con el fin
de lograr el cumplimiento de la sentencia de 16 de noviembre de 2006 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 25000-
23-25-000-2004-9406-00 instaurado contra la Caja Nacional de Previsión Social.

1 Folio 35 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

3. La sentencia ordenó reliquidar la pensión gracia con el 75% del promedio
mensual percibido en el último año que adquirió el derecho a la prestación
periódica con la inclusión de los factores salariales, además de la asignación
básica, las primas de navidad, de habitación, de vacaciones y de alimentación,
incluyendo los reajustes conforme a lo contemplado en la Ley 100 de 1993;
igualmente, declaró prescritas las mesadas pensionales con anterioridad al 20 de
octubre de 2000; indexarlas y dar cumplimiento a la providencia en los términos
de los artículos 176, 177 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

4. La ejecutante consideró que el pago ordenado en el fallo se realizó de forma
parcial, dado que, desde la ejecutoria de la decisión y hasta su pago se generaron
intereses moratorios a partir del día 15 de diciembre de 2006, los cuales la
entidad pública no ha sufragado a pesar de que el título ejecutivo contiene dicha
orden.

5. Razón por la cual, solicitó que se librara mandamiento de pago contra la UGPP
por la suma de $29.843.928 por concepto de intereses moratorios con su
correspondiente indexación desde el 15 de diciembre de 2006 y hasta que se
verifique el pago, adicionalmente, requirió que se condena en costas a la parte
ejecutada.

1.2. Mandamiento de pago

6. El tribunal por auto del 26 de febrero de 20192, libró mandamiento ejecutivo en
contra de la UGPP y a favor de Ana Beatriz Bustos de Amaya por lo siguiente: i)
$7.823.262,67, correspondiente a los intereses moratorios causados entre 15 de
diciembre de 2006 y el 25 de noviembre de 2007; ii) la indexación del valor citado
entre el 16 de noviembre de 2007 y hasta su pago; iii) la suma de $6.128.805,78
por concepto de los intereses moratorios generados durante el período de 26 de
noviembre de 2007 a 25 de julio de 2014 y iv) la indexación de la anterior suma
desde el 26 de julio de 2014 y hasta su pago.

7. Especificó que a través de la Resolución 1968 de 27 de agosto de 2007 se
cumplió parcialmente el fallo reconociéndose la suma de $28.698.363 por
diferencias pensionales que se incluyeron en nómina de pago de noviembre de
la misma anualidad, así mismo, con posterioridad mediante la Resolución 30752
de 2010 se reconoció el pago de $3.178.675 incluido en nómina de julio de 2014,
motivo por el que el cálculo de los intereses moratorios se efectuaría sobre dos
capitales distintos y en dos momentos diferentes.

8.Así, estableció que los intereses se determinarían sobre el capital de
$31.877.088 entre la ejecutoria de la sentencia y el 25 de noviembre de 2007,
con su correspondiente indexación hasta el momento de pago.

2 Folios 95 a 102 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

9.De la misma manera, indicó que se reconocerían intereses respecto al capital
de $3.178.675, causados en el lapso de 26 de noviembre de 2007 a 25 de julio
de 2014.

1.3. Contestación de la demanda

10. La UGPP presentó escrito de defensa3 con las siguientes excepciones:

11. Caducidad de la acción ejecutiva, citó el artículo 624 del Código General del

Proceso y el inciso 2° del artículo 299 de la Ley 1437 de 2011, concluyendo que
si la demanda se presentó con posterioridad al 1° de julio de 2015, su radicación
fue extemporánea.

12. Así mismo, explicó que la suspensión de la caducidad con base al argumento

del proceso liquidatorio de CAJANAL no era aplicable al asunto por lo siguiente:
i) la Ley 550 de 1999, norma en la que el Consejo de Estado fundamentó el auto
de 11 de octubre de 20064, es aplicable a la liquidación de entidades territoriales;
ii) el Decreto Ley 254 de 22 de febrero de 2000 que estableció el régimen de
liquidación de las entidades del orden nacional, categoría a la que pertenece
CAJANAL, no contempló la posibilidad de la suspensión de la caducidad de las
entidades objeto de liquidación.

13. Argumentó que, de aceptarse la no configuración de la excepción de la
caducidad, se debería considerar que el pago de las obligaciones a cargo de
CAJANAL se encontraba suspendido, derivándose en la imposibilidad de la
generación de intereses moratorios. Toda vez que, la liquidación de una entidad
pública constituye un evento de fuerza mayor, pues suprime su capacidad de
pago y genera un régimen especial para la satisfacción de sus obligaciones, lo
que excluye la posibilidad de exigir intereses moratorios por la mora en el
cumplimiento de las sentencias judiciales.

14. Prescripción, mencionó que de acuerdo al artículo 102 del Decreto 1848 de

1969 las prestaciones sociales prescriben en el término de 3 años, contabilizados
desde la última petición, de igual manera, a pesar de que la jurisprudencia ha
sostenido que la pensión de jubilación y su reajuste no prescribe, lo cual no es
extensible a las mesadas pensionales, por lo tanto, prescribirán todas las
obligaciones pensionales, intereses moratorios e indexación que se hubieren
causado previo a los 3 años de presentación de la demanda.

15. Genérica, señaló que en virtud de los poderes oficios del juez se declararan

probadas las excepciones que se encontraran probadas.

3 Folios 106 a 112 del expediente.
4 Dictado dentro del expediente 15001-23-31-000-2001-00993-01 (30566).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

II. SENTENCIA APELADA

16. El tribunal dictó sentencia el 10 de junio de 2021, ordenando seguir adelante

con la ejecución contra la UGPP, declaró no probadas las excepciones de
caducidad y prescripción, así mismo, dispuso que las partes presentaran la
liquidación del crédito de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 446 de la Ley
1564 de 2012 y no condenó en costas.

17. Aclaró que de las excepciones invocadas solamente procedía la prescripción

en contra del mandamiento de pago, dicha excepción y la caducidad se
fundamentaron en el transcurso del tiempo desde la ejecutoria del fallo objeto de
ejecución y hasta la fecha de presentación de la demanda.

18. Sobre la excepción de caducidad rememoró que se había declarado, no
obstante, el Consejo de Estado revocó esa decisión, por considerar que la
demanda se había interpuesto en término. Razón por la cual, expresó que no era
posible pronunciarse al respecto, en tanto existe un pronunciamiento Inter partes
que no puede ser desconocido.

19. De otro lado, aseveró que era cierto que el mandamiento de pago también se

libró por la indexación de los intereses causados hasta la fecha de pago de las
sumas determinadas, no obstante, no se continuaría adelante con la ejecución
por dicho concepto, pues los intereses por la demora en el pago de una sentencia
judicial son liquidados a la luz del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo, esto es, 1.5 veces el interés bancario corriente, suma con la cual
se entiende suficientemente compensada la pérdida de poder adquisitivo del
dinero.

20. En esos términos, determinó que se declararían no probadas las excepciones

propuestas por la UGPP y se seguiría adelante con la ejecución.

1.6. Recurso de apelación

21. Laparte ejecutada5 presentó escrito de apelación contra la sentencia de
primera instancia, solicitando que fuera revocada. Para tal fin, expuso los
siguientes argumentos:

22. Enfatizó que la acción ejecutiva estaba caducada, ya que, desde la ejecutoria

de la sentencia, ocurrida el 14 de diciembre de 2006, hasta la presentación de la
demanda ejecutiva, el 3 de junio de 2015, trascurrió un término superior a 5 años
que es el establecido por el literal k, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

5 Folios 204 a 206 y 211 a 214 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

23. En el evento de ser aceptado que el proceso liquidatorio del órgano de
previsión social suspendió los términos de caducidad y prescripción, la
suspensión no afectaba el plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo.

24. Aseguró que la entidad pública no estaba obligada a reconocer y pagar los

intereses moratorios reclamados, ya que, el proceso de liquidación de CAJANAL
que tuvo lugar entre el 11 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, constituyó
un evento de fuerza mayor, lo que excluía la posibilidad de que se causaran
intereses durante ese período, en ese sentido, citó el artículo 1616 del Código
Civil, según el cual la mora originada en circunstancias de fuerza mayor no
genera derecho a indemnización.

25. Afirmó que la obligación que se pretendía ejecutar no hizo parte de la masa

liquidatoria de CAJANAL, dado que, los intereses moratorios derivados de la
sentencia, su origen correspondió al reconocimiento de un derecho en el sistema
pensional, lo cual se relaciona directamente con recursos de la seguridad social
que fueron excluidos de la misma por el artículo 21 del Decreto 254 de 2000,
motivo por el que el término de caducidad tampoco se suspendió.

26. Además, manifestó que el reconocimiento de los intereses debía tramitarse

dentro del proceso liquidatorio de CAJANAL y que, si la demandante no formuló
su reclamación en esa etapa, no podía posteriormente exigir su pago a la UGPP.

27. Expresó que en los artículos 9.1.3.2.8 y 9.1.3.5.8 del Decreto 2555 de 2010 se

establecieron reglas para proteger el retraso en el pago de las obligaciones a
cargo de una entidad en liquidación contemplándose el pago de la
desvalorización monetaria (compensación por la pérdida de poder adquisitivo).
En consecuencia, durante la liquidación de CAJANAL no se causaron intereses
moratorios.

1.7 Trámite de segunda instancia

28. El 25 de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación6 y se dispuso que, de

no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el proceso regresaría al
despacho para fallo.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a
resolver la alzada, previas las siguientes,

6 Folio 190 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

29. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7, y 322 del CGP.

30. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

2.2. Cuestión previa - excepción de caducidad de la acción

31. El a quo en providencia de 23 de julio de 2015, rechazó la demanda ejecutiva

por caducidad de la acción ejecutiva; pues la ejecutoria de la sentencia base de
ejecución ocurrió el 14 de diciembre de 2006; y contando los 18 meses para que
la Administración cumpliera la condena, la ejecutante tenía hasta el 14 de junio
de 2013 para presentar la demanda, lo que solo efectuó el 27 de mayo de 2015.

32. Esa decisión fue apelada y revocada por auto de 21 de junio de 2018 de esta

Subsección, al considerar que el período ocurrido entre el 12 de junio de 209 y el
11 de junio de 2013, hubo suspensión de términos por el proceso de liquidación
de CAJANAL que se llevó a cabo en ese lapso; por lo tanto, la presentación de
la demanda ejecutiva se hizo dentro del plazo legal.

33. Deallí que el tribunal por auto de 26 de febrero de 2019 haya librado el
mandamiento de pago, contra el cual la parte ejecutada presentó, entre otras
excepciones, la de caducidad.

34. En ese sentido, se estima que ya hubo un pronunciamiento al respecto, tal y

lo advirtió el Tribunal, no siendo dable reabrir el debate sobre si se configuró o
no la caducidad en el caso concreto, ya que, se insiste, a través del auto de 21
de junio de 20188, proferido en segunda instancia por el Consejo de Estado se
concluyó que la demanda ejecutiva había sido presentada oportunamente.

35. En gracia de discusión, por ser una excepción propuesta luego de trabada la

litis, se advierte que en el escrito por el cual la recurrente descorrió el traslado
otorgado en el auto que libró el mandamiento de pago, se propuso entre otras, la
excepción de caducidad, empero se limitó a citar el artículo 624 del Código
General del Proceso y el inciso 2° del artículo 299 de la Ley 1437 de 2011 bajo
el supuesto de que si la demanda se ejerció después del día 1° de julio de 2015

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 Folios 85 a 88 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

operó la caducidad de la acción, pero sin manifestar las razones por las cuales
en el caso bajo estudio se estructuraba el medio exceptivo propuesto; de ahí que
mal puede la Sala pronunciarse al respecto.

36. Y si bien es cierto en el recurso de apelación se traen unos argumentos sobre

los cuales se soporta el medio exceptivo, tal etapa no es la oportunidad procesal
para esos efectos. Razón por la cual, la Sala se abstendrá de pronunciarse de
fondo sobre el particular.

2.3. Problema jurídico

37. Le corresponde a la Sala resolver sí por el proceso de liquidación de la Caja

Nacional de Previsión Social, ¿cesó para la administración la obligación de pagar
los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo derivados de la sentencia objeto de ejecución, en el entendido de
que el trámite administrativo configura fuerza mayor o caso fortuito según los
términos del artículo 1616 del Código Civil?

2.4. Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

38. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»9.

39. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».10 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 11 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una

9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.
10 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
11 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en

documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

40. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.12 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió13.

41. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido14.

42. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago

12 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 15,
antes 497 del CPC16.

43. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP17, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.5. Intereses moratorios

44. Los intereses por mora constituyen la sanción en cabeza del deudor que
incumple la obligación de pagar a tiempo una suma de dinero y se reconoce a
título indemnizatorio, bajo la modalidad de lucro cesante, a favor del acreedor de
esta, por lo anterior, su carácter es punitivo y resarcitorio, de ahí que, se
entienden como la indemnización de perjuicios por la demora en el cumplimiento
de la prestación y se causan por ministerio de la ley, sin ser necesario pago
alguno y tampoco se requiere prueba del perjuicio más allá del retardo.

45. Igualmente, otro elemento distintivo de dicho concepto es su exigibilidad junto

con la obligación principal y se adeudan mientras no se reconozca loe debido, en

15«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar. »
16 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
17 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

consecuencia, tienen un propósito compensatorio del daño generado por el
acreedor a través de la fijación de una tarifa consagrada por el legislador.

2.6. Análisis de la Sala

46. El artículo 1616 del Código Civil sobre la responsabilidad del deudor en la

causación de intereses moratorios contempló que «la mora producida por fuerza
mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios»18.

47. A pesar de que el Consejo de Estado en múltiples decisiones ha interpretado

que la toma de posesión con el propósito de liquidar una sociedad «constituye
fuerza mayor a la que no puede resistirse la sociedad objeto de la misma, y esta
circunstancia tal como lo declara la norma citada excluye el reconocimiento de
intereses moratorios»19, el debate giró en torno a la liquidación de sociedades
como consecuencia de procesos de liquidación forzosa administrativa, cuya
naturaleza es divergente al procedimiento que finalizó con la extinción de
CAJANAL.

48. Debido a ello, no le asiste la razón a la UGPP en su reproche, puesto que la

liquidación de la referida institución se originó en una decisión del presidente de
la República por razones político-administrativas, cuyos riesgos y en atención al
principio de responsabilidad del Estado, no pueden ser asumidos por el acreedor
particular, pues se afectaría el equilibrio de las cargas públicas, generándose un
daño antijurídico.

18 Artículo 1616 del Código Civil. Responsabilidad del deudor en la causación de perjuicios. «Si no se

puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al
tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron consecuencia
inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento.
La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios.
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas».
19 Entre otros pronunciamientos, se pueden consultar los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección cuarta: i) sentencia de 25 de junio de 1999, radicación 25000-23-27-
000-12248-01 (9425), CP Daniel Manrique Guzmán. En esta providencia se reitera el criterio expuesto en
fallo de 15 de febrero de 1985, también de la sección cuarta de esta Corporación, expediente 8872, CP
Carmelo Martínez Conn, en la que se concluyó: «El acto demandado, especialmente la Resolución 4513
de 12 de agosto de 1981, invoca como fundamento legal de la negativa a ordenar el pago de intereses
moratorios, el artículo 822 del Código de Comercio, conforme al cual “los principios que gobiernan la
formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de
extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a
menos que la ley establezca otra cosa”, de suerte que como según la ley civil -artículo 1° de la Ley 95 de
1890-, constituye fuerza mayor, “los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos”, y conforme al
inciso 2° del artículo 1616 del Código Civil, “la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar
a indemnización de perjuicios”, se concluye que la toma de posesión de los haberes y de la administración
de una empresa por parte de la Superintendencia Bancaria, constituye fuerza mayor, la que no genera
intereses de mora a cargo de la persona intervenida conforme lo declara el citado inciso 2° del artículo 1616
del Código Civil»; (ii sentencia de 14 de octubre de 2004, radicación 25000-23-27-000-2001-2277-
01(13926), CP María Inés Ortiz Barbosa; y iii) sentencia de 26 de julio de 2007, expediente 25000-23-27-
000-2003-00369-01(15002), CP Juan Ángel Palacios Hincapié y de la sección primera: (i sentencia de 10
de julio de 2014, radicación 13001-23-31-000-2004-01258-01, CP Marco Antonio Velilla Moreno; y ii) fallo
de 16 de abril de 2015, expediente 08001-23-31-000-2007-00734-01, CP María Claudia Rojas Lasso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

49. LaCorporación20 en los casos en los que el órgano de previsión social
demandado argumentó que no se causaron intereses moratorios como
consecuencia del procedimiento liquidatorio de CAJANAL, ha señalado lo
siguiente:

«[…] Con fundamento en el anterior lineamiento, se concluye que en el presente
caso la UGPP no podía soportarse en razones de fuerza mayor para sustraerse
del pago de los intereses moratorios derivados de la tardanza en el cumplimiento
de una obligación de carácter laboral impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ya que Cajanal era una entidad de naturaleza pública, cuyas
condiciones de liquidación no la exoneraban de ese pago, so pena de poner en
riesgo el equilibrio ante las cargas públicas».

50. Por lo tanto, como en la sentencia invocada como título ejecutivo se analizó

el derecho a la reliquidación de la pensión gracia, su naturaleza exige un examen
diferenciado para salvaguardar las garantías mínimas y la seguridad social en
pensiones, lo cual imposibilita que por razones de fuerza mayor se aplique el
artículo 1616 del Código Civil para evitar el pago de intereses moratorios
causados en la demora de cumplimiento de una obligación de índole laboral,
toda vez que CAJANAL ostentaba la categoría de institución pública y sus
condiciones de liquidación no la exoneraron del pago.

51. Así las cosas, no prospera el cargo planteado por la parte ejecutada en el

sentido de que se suspendió la generación de intereses en el período de 11 de
junio de 2009 y hasta el 12 de junio de 2013, se resalta que la Sala en reciente
decisión adoptó la misma posición21.

52. Tampoco es cierto lo sostenido por la entidad ejecutada de que los artículos

9.1.3.2.822 y 9.1.3.5.823 del Decreto 2555 de 201024 respecto a las reglas para
compensar la pérdida del poder adquisitivo por la falta de pago oportuno son

20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 10
de marzo de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2016-05723-01 (2459-2020). CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 23
de abril de 2025, radicado: 25000-23-42-000-2015-02056-02 (0124-2025). CP Jorge Iván Duque Gutiérrez.
22 Pérdida del poder adquisitivo. «Con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por la

falta de pago oportuno, una vez atendidas las obligaciones excluidas de la masa y a cargo de ella, así como
el pasivo cierto no reclamado, si hay lugar a él, si quedare un remanente se reconocerá y pagará
desvalorización monetaria a los titulares de los créditos que sean atendidos por la liquidación, cualquiera
sea la naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que correspondan a
gastos de administración. La cuantía por este concepto y su exigibilidad se determinará según las reglas
dispuestas en el artículo 9.1.3.5.8 del presente decreto.
Para efectos de la notificación de la resolución que reconozca la pérdida de poder adquisitivo, así como de
los recursos interpuestos contra la misma, se atenderá el procedimiento previsto en los artículos 9.1.3.2.5 y
9.1.3.2.6 del presente decreto».
23 Reglas para determinar y pagar la compensación por la pérdida de poder adquisitivo. «Si después

de cancelados los créditos a cargo del pasivo cierto no reclamado subsistieren recursos, de conformidad
con lo establecido en el numeral 17 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado
por el 24 de la Ley 510 de 1999, se procederá a cancelar la compensación por la pérdida de poder adquisitivo
sufrida por los titulares de los créditos atendidos en la liquidación debido a la falta de pago oportuno
cualquiera sea la naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que
conforme al presente decreto correspondan a gastos de administración.
[…]».
24 «Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado

de valores y se dictan otras disposiciones».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

aplicables en el caso, dado que, estos tienen efectos en el trámite de liquidación
forzosa administrativa25 y tal como se estableció en los párrafos anteriores la
liquidación de CAJANAL tuvo su origen en una decisión del presidente de la
República por razones político-administrativas.

53. De todos modos, la discusión de primera instancia giró en torno a la
generación de intereses moratorios derivados del incumplimiento en el pago del
derecho reconocido en una sentencia judicial y no dentro del procedimiento
administrativo liquidatorio, que sobre el particular y como lo estableció el juez de
primer grado, la disposición aplicable era el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.

2.7. De la condena en costas en segunda instancia

54. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración

objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.

55. En ese orden, pese a que se confirmará la sentencia de primera instancia, no

se condenará en costas en esta instancia, toda vez que las premisas plasmadas
en el recurso de alzada se esgrimieron en defensa de los intereses de la parte
recurrente, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.

56. En
mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones
de caducidad y prescripción y se ordenó seguir adelante con la ejecución, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Trujillo Polanía,
identificado con cédula de ciudadanía 1.117.507.855 de Florencia y tarjeta
profesional 201.792 del C.S de la J., como apoderado judicial de la UGPP, en los
términos del poder conferido26.

25 Toda vez que los artículos 9.1.3.2.8 y 9.1.3.5.8 integran el título 3 del Decreto 2555 de 2010 sobre

liquidación forzosa administrativa.
26 Poder general visto en el índice 14 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2015-02707-02 (1363-2022)
Demandante: Ana Beatriz Bustos de Amaya

CUARTO: RECONOCER personería adjetiva al profesional del derecho Michael
Stiven Gaviria Caicedo, identificado con cédula de ciudadanía 1.117.532.623 de
Florencia y tarjeta profesional 350.692 del C.S de la J., como apoderado sustituto
de la UGPP, en los términos del poder otorgado27.

QUINTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVAN DUQUE GUITÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

27 Sustitución de poder vista en el índice 14 de Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.