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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00049-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00049-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se declaró no probada la excepción de pago. En su lugar, DECLARAR que no existe la obligación reclamada en el título ejecutivo, en consecuencia, DAR POR TERMINADO el proceso y LEVANTAR las medidas cautelares que se hubieren declarado; conforme lo expresado en la motivación. SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la ejecutante, por lo ya dicho. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2024-00049-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

Radicado: 25000-23-42-000-2024-00049-01 (1245-2025)
Demandante: Teresa de Jesús Hernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Proceso ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2024-00049-01 (1245-2025)
Demandante: Teresa De Jesús Hernández Barreto
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio / Bogotá
D.C. – Secretaría de Educación / Fiduciaria La Previsora
S.A.

Tema: Ausencia de requisito formal que configura la inexistencia del
título

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1.Corresponde a esta Subsección estudiar la apelación interpuesta por la
entidad ejecutada contra la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró
impróspera la excepción de pago propuesta por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio —Fomag— y, en consecuencia, se ordenó
seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda

2. La señora Teresa de Jesús Hernández Barreto, por conducto de su apoderado
solicitó que se librara mandamiento de pago por la suma de $43.374.030, por
concepto de cesantías parciales retroactiva reconocidas en las sentencias de 22
de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección «B», confirmada el 31 de julio de 2020 por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección «B».

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Ejecutante: Teresa De Jesús Hernández Barreto

3.Afirmó que, en ellas se ordenó al Fomag expedir un acto administrativo en el
que reliquidara de manera retroactiva las cesantías, tanto parciales como
definitivas.

1.2. Mandamiento de pago

4. El Tribunal libró mandamiento de pago el 31 de octubre de 2024 por la suma
de $36.027.296,00, por concepto de «diferencias de cesantías retroactivas
parciales», por el período comprendido entre el 14/02/1989 (fecha de
vinculación) y el 31/12/2013 (período liquidado según la Resolución 0800 del
18/02/2015)». En ese sentido, la autoridad contable realizó los siguientes
cálculos:

1.3. Contestación de la demanda

5. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag, a través de su apoderado, propuso la
excepción de pago expresando que mediante la Resolución 800 de 2015 se
reconocieron cesantías parciales en favor de la actora bajo el régimen
anualizado, en cuantía de $36.131.499, liquidadas entre el 8 de febrero de 1993
y el 30 de diciembre de 2013, con un capital neto de cesantías de $32.335.596.
Señaló que dicha suma, al ser indexada y descontarse el valor correspondiente

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a los intereses a las cesantías pagados a la actora ($42.445.579), arrojó un saldo
negativo en su contra de -$10.109.983.

6. Que el fallo judicial objeto de recaudo ordenó liquidar tanto las cesantías
parciales como las definitivas aplicando el régimen retroactivo para posteriores
solicitudes, una vez descontado el valor de los intereses a las cesantías
previamente cobrados. En ese sentido, sostuvo que las sentencias que sirven de
base al recaudo han sido debidamente cumplidas.

II. SENTENCIA APELADA

7.El Tribunal profirió sentencia el 13 de diciembre de 2024, en la cual declaró
no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución, al
considerar que la entidad ejecutada no aportó pruebas que evidenciaran pagos
en favor de la ejecutante correspondientes a las sumas por las cuales se ordenó
continuar con la ejecución. Finalmente, no condenó en costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN

8.La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, reiterando lo dicho en la excepción de pago total
de la obligación. Expresó que al contrastar el valor reconocido (Resolución 800
de 2015) e indexado con las sumas pagadas a favor de la ejecutante por
concepto de intereses a las cesantías, se obtuvo un saldo en su contra por -
$10.109.983. En consecuencia, no procede el pago de sumas adicionales por
concepto de intereses a las cesantías.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

9. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, y 322 del CGP.

4.2. Problema jurídico

10. Previo a resolver los reparos del apelante, la Subsección considera necesario

estudiar, en primer lugar, si de acuerdo con lo solicitado en la demanda y los
documentos que reposan en el plenario, si se encuentran acreditados todos los
requisitos para la conformación del título ejecutivo, para el caso de una sentencia
judicial. Solo de ser afirmativo lo anterior, se estudiará si, conforme los

1
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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planteamientos del recurso de alzada, se acreditó o no la excepción de pago de
la obligación.

4.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

4.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo

11. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»2.

12. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho

subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».3 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 4 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del
deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión
hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que
conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

13. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.5 La autenticidad se refiere a la plena

2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
3
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
4
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
5
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013).
Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero
de este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del
ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación
aritmética si se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González,

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identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió6.

14. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del
ejecutante una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra
especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una
interpretación; clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no
hay duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente
inteligible y se entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende
del cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido7.

15. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 8,
antes 497 del CPC9.

16. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP10, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala

Radicación: 11001 03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además
de esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o
de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza
ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23
31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
8
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra
del demandante, si a ello hubiere lugar».
9
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
10
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de
la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

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con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

4.4. Análisis de la Sala

17. Para resolver, es necesario exponer los supuestos fácticos que componen

este caso en los siguientes términos:

18. La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá a través de su directora de

Talento Humano, expidió la Resolución 0800 del 18 de febrero de 2015,
mediante la cual reconoció y ordenó el pago de una «cesantía parcial para
liberación de gravamen hipotecario» en favor de la docente Teresa de Jesús
Hernández Barreto11.

19. En ese acto administrativo se indicó que ella presentó solicitud —radicado

2014-CES-047659 del 16 de diciembre de 2014— de reconocimiento y pago de
una cesantía parcial y que, en respuesta, estas le fueron reconocidas de manera
anualizada por la suma de $36.313.499, con un valor neto de $29.794.18612.

11
Pág. 78 demanda y anexos.
12
En dicho acto se dijo lo siguiente:
«(…) con destino a Liberación de Gravamen Hipotecario, que le corresponde por los servicios prestados como
docente de vinculación Distrital-Recursos Propios, IED Agustín Fernández (…)
Que según certificación 167360 de fecha 22/10/2014, expedida por el Jefe de Grupo de Certificaciones Laborales
de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. se comprobó que ha prestado sus servicios como docente activo
desde el 08/02/1993 con reportes de cesantías a 30/12/2013.
Que las cesantías reportadas que sirvieron de case para la liquidación son:
+ Cesantía año 1993 $235.321
+ Cesantía año 1994 $334.614
+ Cesantía año 1995 $518.386
+ Cesantía año 1996 $722.805
+ Cesantía año 1997 $1.005.862
+ Cesantía año 1998 $1.251.228
+ Cesantía año 1999 $1.438.888
+ Cesantía año 2000 $1.571.259
+ Cesantía año 2001 $1.643.816
+ Cesantía año 2002 $1.724.027
+ Cesantía año 2003 $1.813.840
+ Cesantía año 2004 $1.901.804
+ Cesantía año 2005 $2.006.395
+ Cesantía año 2006 $2.106.707
+ Cesantía año 2007 $2.201.503
+ Cesantía año 2008 $2.326.759
+ Cesantía año 2009 $2.505.210
+ Cesantía año 2010 $2.555.311
+ Cesantía año 2011 $2.636.310
+ Cesantía año 2012 $2.768.118
+ Cesantía año 2013 $2.863.336
Total cesantías $36.313.499
Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 de la Ley 962 de 2005 y 4 del Decreto 2831 de 2005, la
Fiduciaria La Previsora S.A., como entidad administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, aprobó mediante hoja de revisión con identificador No 1301504 de fecha 13/01/2015, el
proyecto de resolución mediante el cual se reconoce la presente prestación incluyendo la anterior liquidación, cuyo
pago se realizara surtido el trámite señalado en el Decreto 2831 de 2005, una vez corresponda el turno de atención
y exista disponibilidad presupuestal.
Que son normas aplicables entre otras la Ley 91 de 1989, el Acuerdo 34 de 1998, la Ley 962 de 2005, el Decreto
2831 de 2005 y la Resolución 1352 de 2010.
En consecuencia,
RESUELVE

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20. Dicho acto fue demandado por la señora Teresa de Jesús Hernández Barreto,

quien solicitó su nulidad y que le reconocieran las cesantías parciales de manera
retroactiva, tomando como base el tiempo de su servicio como docente a partir
del 14 de febrero de 1989 con fundamento en el último salario devengado y con
la totalidad de factores.

21. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia de primera instancia el 22 de febrero de 2018, declarando la nulidad
parcial de la Resolución 800 del 18 de febrero de 2015, «en el sentido de indicar
que el régimen aplicable es el de cesantías retroactivas, consagrado en la Ley
6ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto
Reglamentario 1160 de 1947». A título de restablecimiento del derecho, ordenó
a la Secretaría de Educación de Bogotá – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio que reconociera las cesantías parciales y definitivas de
la demandante con base en el régimen retroactivo, en los siguientes términos:

«PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad parcial de la RESOLUCIÓN No. 800 DE 18 DE
FEBRERO DE 2015, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Bogotá
reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial para liberación de gravamen
hipotecario a la demandante, en el sentido de indicar que el régimen aplicable es el de
cesantías retroactivas, consagrado en Ley 6° de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley
65 de 1946 y Decreto Reglamentario 1160 de 1947.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, la Secretaría de Educación de Bogotá - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, deberá reconocer y pagar en favor de la Señora TERESA
DE JESÚS HERNÁNDEZ BARRETO (…) sus cesantías tanto parciales como
definitivas con el régimen retroactivo consagrado en Ley 6ª de 1945, el Decreto
2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1947, conforme
las previsiones efectuadas en la presente providencia.

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretaría de la Sección
devuélvase al interesado el remanente de la suma que se ordenó pagar para gastos
ordinarios del proceso, si los hubiere y archívese el expediente dejando las constancias
del caso».

22. Para sustentar esta decisión, el Tribunal explicó que, comoquiera que la
vinculación de la ahora ejecutante ocurrió con anterioridad al 1.º de enero de
1990, la liquidación de sus cesantías debía efectuarse con fundamento en el
régimen retroactivo, conforme a la Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la
Ley 65 de 1946 y el Decreto Reglamentario 1160 de 194713.

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la docente TERESA DE JESUS HERNANDEZ BARRETO, identificada con la
Cédula de Ciudadanía número 20.571.488, la suma de $36.131.499, por concepto de liquidación parcial de
Cesantías, correspondiente al tiempo de servicio por el periodo comprendido entre el 08/02/1993 y el 30/12/2013.
PARÁGRAFO: El pago se realizará cuando le corresponda turno y exista la disponibilidad presupuestal, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: Pagar un valor neto de $29.794.186 a FONDO NACIONAL DEL AHORRO (…).
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario debe comprobar la inversión de las cesantías que se le anticipa dentro de los
tres (3) meses siguientes a la fecha de pago ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá D.C.
ARTÍCULO CUARTO: El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pagará al interesado las sumas
a las que se refieren los artículos anteriores, previas deducciones ordenadas por la Ley (…)».
13
Esto fue explicado por el Tribunal en los siguientes términos: «Siendo así, se observa que la vinculación de actora
como docente territorial, se produjo con anterioridad al 01 de enero de 1990, por tanto, la liquidación de sus cesantías

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23. Asimismo, se refirió al pago de las cesantías realizado por la entidad
demandada, en cumplimiento de la Resolución 800 del 18 de febrero de 2015, a
favor de la actora por la suma de $29.794.186. Al respecto, explicó que dicho
pago se efectuó con base en el certificado de deuda hipotecaria expedido por el
Fondo Nacional del Ahorro; y precisó que el acto administrativo realizó el
reconocimiento por $36.131.499, por un valor superior al solicitado por la
demandante como cesantías parciales.

24. Como consecuencia, concluyó que, si bien procedía el reconocimiento de las

cesantías parciales conforme al régimen retroactivo —y no anualizado, como se
dispuso en el acto administrativo parcialmente anulado—, el valor por el cual la
demandante solicitó el retiro parcial de las cesantías era inferior al reconocido
por la entidad en el acto administrativo demandado. De modo que la
demandante no tenía derecho al pago de diferencia alguna por concepto
de cesantías parciales ni a su indexación, sin perjuicio de la obligación que
tenía la entidad de reconocer, en lo sucesivo, el pago de las cesantías conforme
al régimen retroactivo. Estos argumentos fueron expuestos por el Tribunal en la
parte motiva de la sentencia, así:

«Ahora, de la Resolución No. 800 de 18 de febrero de 2015 esta Sala evidencia que la
parte actora solicitó el pago de sus cesantías parciales con destino a liberación de
gravamen hipotecario por la suma de $29.794.186 conforme el certificado de deuda
hipotecaria expedido por el Fondo Nacional del Ahorro. Igualmente, en el acto
administrativo objeto de control de legalidad, se observa que a la demandante se le
liquidaron parcialmente sus cesantías por un valor de $36.131.499, esto es, por un
valor mayor al solicitado para la liberación de gravamen hipotecario.

Por lo anterior, si bien la liquidación de las cesantías se efectuó con el régimen
anualizado y no con el retroactivo, conforme quedó establecido en precedencia cierto
es que el valor solicitado por la docente Teresa de Jesús Hernández Barreto era inferior
al reconocido aún con la liquidación de forma anualizada. Por lo que no habrá lugar
al pago de diferencia alguna ni a su indexación, tratándose de las cesantías
parciales.

Pese a lo anterior, el acto administrativo deberá modificarse en el sentido de efectuar
la correcta liquidación de las cesantías dando aplicación al régimen retroactivo de las
mismas, sin que dicha condena implique, como se dijo anteriormente, el pago de alguna
suma de dinero por concepto de diferencias o indexación de valores.

Finalmente, se indica a las partes que en el futuro, las cesantías bien sean parciales
definitivas de la docente Teresa de Jesús Hernández Barreto, deberán ser liquidadas

se encuentra regida por lo normado en la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto
Reglamentario 1160 de 1947, disposición que, según quedó visto en precedencia, consagra un régimen de liquidación
retroactivo de cesantías.
La situación particular de la accionante, en criterio de la Sala, se enmarca dentro del supuesto fáctico descrito por la
norma citada, pues la misma tiene como referencia la vinculación docente en general a partir del 01 de enero de 1990,
sin condicionar el término "vinculación" a una modalidad particular de ingreso al servicio público educativo oficial, sea
esta territorial o nacionalizada.
De acuerdo con los razonamientos precedentes, se concluye que a la parte demandante le asiste derecho al
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales en forma retroactiva, por tanto, se accederá a las pretensiones de la
demanda.
En consecuencia, se decretará la nulidad de la Resolución No. 800 de 28 de febrero de 2015 y se condenará a la entidad
demandada a reconocer y pagar las cesantías de la demandante, tanto las parciales como definitivas con el régimen
retroactivo consagrado en la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto Reglamentario
1160 de 1947. Para dicho efecto las cesantías deben reconocerse con el último salario devengado».

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con el régimen retroactivo consagrado en la Ley 6ª de 1945, el Decreto 2767 de 1945,
la Ley 65 de 1946 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1947.
No habrá lugar a condena en costas por no reunirse los presupuestos exigidos en el
artículo 188 de la ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 365 del Código
General del Proceso». Negrillas de la Sala.

25. Contra dicha decisión, la Secretaría de Educación del distrito de Bogotá
interpuso recurso de apelación, alegando únicamente su falta de legitimación en
la causa por pasiva para responder por la condena impuesta por el Tribunal14, el
cual fue resuelto desfavorablemente por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección «B», mediante
sentencia el 31 de julio de 2020, en la que decidió que la entidad si estaba
legitimada en la causa por pasiva15.

26. Con fundamento en esas decisiones la ejecutante solicitó su cumplimiento
inicialmente ante la entidad el 28 de enero de 202216.

27. Luego en la demanda ejecutiva, pidió el cumplimiento de esos fallos por
obligación de hacer «(expedición del Acto Administrativo – Resolución –
correspondiente), a la orden de la reliquidación de la(s) cesantía(s) tanto
parcial(es) como definitiva(s) de manera retroactiva», así como el pago de
$43.374.030 por concepto de cesantías parciales retroactivas.

28. En ese orden de ideas, la Subsección considera que la obligación que reclamó

la parte ejecutante con la demanda no se soporta en la sentencia que consideró
como título ejecutivo en este caso.

29. Enefecto, obsérvese que, en la sentencia del 22 de febrero de 2018, el
Tribunal declaró la nulidad parcial de la Resolución 800 de 2015, por considerar
que la actora tenía derecho a que se le reliquidaran las cesantías conforme al
régimen retroactivo. Sin embargo, en esa oportunidad se estimó de manera clara
que la nulidad del acto administrativo versaba únicamente sobre el régimen de
cesantías aplicable a su caso —retroactivo y no anualizado—, y no sobre el pago
de sumas retroactivas reclamadas en este proceso ejecutivo.

30. En otras palabras, la Subsección —contrario a lo solicitado por la ejecutante

y a lo decidido por el a quo— considera que las sentencias invocadas como título

14
Para ello desarrolló los siguientes argumentos: «El recurso de apelación (ff. 181 a 183). Inconforme con la anterior
sentencia, Bogotá, D. C., secretaría de educación, por intermedio de apoderada, interpuso recurso de apelación, puesto
que «[...] si bien interviene en la elaboración o proyección del acto administrativo en este caso del reconocimiento de las
cesantías ya sea parciales o definitivas, es el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio quien aprueba el mismo y
la Fiduprevisora como administradora de esa cuenta especial y a quien compete el análisis sobre el pago [...]», por lo
tanto, «[...] carece de legitimación en la causa por pasiva en el caso que nos ocupa [...]».
15
«En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por Bogotá, D. C., secretaría de educación, resulta indispensable su
vinculación como parte pasiva en la presente controversia, con el objeto de que, en caso de ser pertinente, concurra en
el eventual pago, con el régimen de retroactividad, de las cesantías de la demandante causadas y no sufragadas antes
del 29 de diciembre de 1989, conforme a lo indicado en el artículo 2º. de la Ley 91 de 1989. Por ende, los argumentos
del recurso de apelación carecen de prosperidad.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda».
16
Pág. 41 demanda y anexos.

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ejecutivo no contienen la obligación que la actora pretende a cargo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como consecuencia de la
nulidad parcial del acto enjuiciado en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Por el contrario, en dichas providencias únicamente se precisó que,
en lo sucesivo, el reconocimiento de las cesantías de la ejecutante debía
efectuarse conforme al régimen retroactivo, mas no se ordenó el pago de suma
alguna de dinero a su favor.

31. Loanterior se corrobora con el hecho de que, en la parte motiva de la
sentencia proferida por el Tribunal el 22 de febrero de 2018, se precisó que la
demandante no tenía derecho al pago de suma adicional alguna por concepto
de cesantías, en la medida en que el valor cuyo retiro parcial solicitó a la entidad
($29.794.186) fue inferior al reconocido en el acto administrativo demandado
($36.131.499). Por ello, en esa oportunidad, no había lugar al reconocimiento de
dineros adicionales por dicho concepto.

32. En ese contexto, se concluye que el sentido literal de la sentencia aludida

como título no contiene elementos jurídicos y/o fácticos que conlleven al
reconocimiento y pago de las sumas que se consideraron adeudadas en la
sentencia de primera instancia y, por lo cual, se declaró impróspera la excepción
de pago.

33. Antes bien, conforme lo precedente, es evidente que la sentencia proferida el

22 de febrero de 2018, no tiene los elementos sustanciales que debe contener
todo título ejecutivo del cual se busca su cumplimiento, relativos a que en él se
refleje una obligación clara, es decir, que esté diáfanamente identificada en el
documento que se alude como título; expresa, esto es, que los elementos de la
obligación insoluta estén señalados en favor del ejecutante y a cargo del deudor;
y, mucho menos, exigible, dado que al no cumplirse los dos presupuestos
anteriores, es evidente que lo que se pidió en la demanda no se soportaba en
una sentencia judicial que de forma clara y expresa determinara una obligación
a su favor cuyo cumplimiento fuera puro y simple; estuviera sometido a un plazo
o una condición y cualquiera de ellas se hubiera cumplido.

34. Debe precisarse que el análisis que realiza en esta instancia, relativo al
estudio de los elementos sustanciales que, de acuerdo con lo anterior, se probó
que no cumplió las pretensiones de quien ejecutiva en relación con la sentencia
judicial que se adujo como título ejecutivo, no materializa una extralimitación
judicial por parte de la Subsección. Por el contrario, hace efectivo la potestad-
deber con la que cuenta el juez del ejecutivo para analizar, en cualquier etapa
del proceso, la debida conformación del título, posición que se dilucida del marco
juridico y conceptual que regula a este procedimiento y ha sido compartido esta
Corporación y la Corte Suprema de Justicia17.

17
Al respecto, puede verse que la potestad-deber del juez de analizar los elementos que componen el título en diferentes
providencias de esta corporación, para efectos prácticos solo se destaca que, recientemente, la Sección Tercera en su
Subsección C, en sentencia del 21 de agosto de 2025, rad. 25000-23-36-000-2016-02561-01, C.P: William Barrera
Muñoz, y la Subsección B en sentencia del 27 de febrero de 2026, rad. 25000-23-26-000-2005-00572-02 (71932) C.P:

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35. En consecuencia, como es palmario que no existe la obligación reclamada en

las sentencias traídas al proceso por la ejecutante, la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que declaró impróspera la excepción de pago y en su lugar,
se dará por terminado el proceso y se levantarán las medidas cautelares que se
hubieren decretado.

4.5. De la condena en costas en ambas instancias

36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de
los demás asuntos, como es el caso de los trámites de procesos ejecutivos, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

Alberto Montaña Plata, destacaron el deber oficioso que tiene el juez de analizar, en cualquier estado del proceso
ejecutivo, los elementos que componen el título, pues de no acreditarse estos, la consecuencia es terminación del
proceso por «inexistencia del título».
De similar manera, la Corte Suprema de Justicia ha preceptuado que, en atención a la competencia que da el CGP para
el estudio oficioso de la legalidad del título, el juez está en la obligación de analizar sus requisitos esenciales: «todo
juzgador, no cabe duda, está habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin límite en cuanto atañe con ese
preciso tópico, el título que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar,
por vía de impugnación, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como también a la
hora de emitir el fallo con que finiquite lo atañedero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto
relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicción, ya sea a través del juez a quo, ora por el ad quem» Sentencia
STC18432-2016 del 15 de diciembre de 2016.
Asimismo, sobre la Corte Suprema de Justicia se destacan sobre este particular el siguiente planteamiento: «Bajo ese
criterio, la jurisprudencia de esta Corporación ha venido sosteniendo que la oportunidad para verificar las formalidades
del título ejecutivo, no concluyen con la decisión del recurso de reposición o definición de las excepciones previas
referidas a la ineptitud de la demanda, sino que se extienden al momento de dictar el fallo, pues en ese escenario, no
sólo en el marco de las excepciones de fondo que para el efecto se plantearon, sino inclusive de oficio, el juzgador está
llamado a volver a revisar los requisitos del título ejecutivo y los parámetros del mandamiento de pago, ello, en razón a
que:
«(…) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que
los diversos litigios, teleológicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa
(artículos 228 de la Constitución Política y 11 del Código General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los
juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las
actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panorámica
propia de la estructura que constituye el sistema jurídico, mas no desde la óptica restricta derivada de interpretar y aplicar
cada aparte del articulado de manera aislada.
Entre ellas, y en lo que atañe con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el título ejecutivo que se presenta
ante la jurisdicción en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del Código
General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que «[l]os requisitos formales
del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá
ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En
consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia
o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso», lo cierto es que ese fragmento también debe
armonizarse con otros que obran en esa misma regla, así como también con otras normas que hacen parte del entramado
legal, verbigracia, con los cánones 4º, 11, 42-2 y 430 inciso 1º ejusdem, amén del mandato constitucional enantes
aludido» (CSJ STC18432-2016, 15 dic., rad. 00440-01, reiterada y citada en STC4808-2017, 5 abr., rad. 00694-00;
STC12818-2021, 29 sep., rad. 01824-01; STC13970-2021, 19 oct., rad. 00605-01, entre otras)»

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38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a

la ejecutante, dado que fue la parte vencida en este proceso.

40. Para el efecto, conforme con el artículo 366 del CGP las agencias en derecho

serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal de primer grado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se declaró no
probada la excepción de pago. En su lugar, DECLARAR que no existe la
obligación reclamada en el título ejecutivo, en consecuencia, DAR POR
TERMINADO el proceso y LEVANTAR las medidas cautelares que se hubieren
declarado; conforme lo expresado en la motivación.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la ejecutante, por lo
ya dicho.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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