Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-00572-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-00572-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2005-00572-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 27 de febrero de 2026
Radicación: 25000-23-26-000-2005-00572-02 (71932)
Ejecutante: Unión Temporal CREINCO – PCI
Ejecutado: Bogotá DC – Secretaría Distrital de Movilidad - Fondatt
Referencia: Proceso ejecutivo
Temas: Proceso ejecutivo – título ejecutivo complejo – excepciones procedentes –
requisitos del título ejecutivo – deber de revisar los requisitos del título ejecutivo –
pago – compensación – inexistencia de la obligación y del título ejecutivo
Síntesis del caso: se pretende el pago de una obligación contenida, según la
ejecutante, en una sentencia proferida en un proceso de controversias
contractuales.
Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante en
contra de la Sentencia proferida el 18 de septiembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la que
declaró probada la excepción denominada “inexistencia de la obligación”.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte ejecutante – 1.2. Mandamiento de pago – 1.3.
Posición de la parte ejecutada – 1.4. Trámite relevante en primera instancia – 1.5.
Sentencia de primera instancia – 1.6. Recurso de apelación
1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000-23-26-000-2005-00572-02 (71932)
Ejecutante: Unión Temporal CREINCO – PCI
Ejecutado: Bogotá – Secretaría Distrital de Movilidad - Fondatt
Referencia: Proceso ejecutivo
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
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1.1. Posición de la parte ejecutante
1. El 30 de junio de 2022, la Unión Temporal CREINCO – PCI [en adelante,
la Unión Temporal]2 presentó demanda ejecutiva3 en contra de Bogotá DC
– Secretaría Distrital de Movilidad – Fondo de Educación y Seguridad Vial [en
adelante, el Fondatt], con las siguientes pretensiones (se trascribe):
“Se solicita […] librar mandamiento ejecutivo en contra de la [parte ejecutada]
y en favor de [la parte ejecutante].
PRIMERA: Por la suma […] ($205.000.000) correspondientes a la multa impuesta
por el Fondo de Educación y Seguridad Vía – FONDATT.
SEGUNDA: Por los intereses moratorios causados desde el 20 de diciembre de
2016 hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago total de la
obligación, en los términos del inciso 4º del artículo 195 del CPACA.
TERCERA: Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada”.
2. La parte ejecutante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
3. 1) La Unión Temporal y el Fondatt celebraron el contrato de obra 162
de 2003, cuyo objeto fue “la construcción de las obras civiles necesarias
para la semaforización de intersecciones viales de Bogotá”.
4. 2) Mediante la Resolución 192 de 26 de junio de 2004, confirmada en
la Resolución 325 de 25 de septiembre de 2004, el Fondatt le impuso a la
Unión Temporal una multa de $205.000.000.
5. 3) El 8 de julio de 2016, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones mencionadas.
6. 4) El 5 de abril de 2017 “se radicó en la Secretaría Distrital de Hacienda
[…] la solicitud de pago de la sentencia […] sin embargo, a la fecha no ha
sido pagada la sentencia”. Se indicó que, luego de realizar distintos
requerimientos y de presentar una acción de tutela, la parte ejecutada “se
2 Integrada por Infracol Ltda. y PCI Colombia Ltda.
3 Samai del Tribunal, índice 2, archivo zip “4_ED_RV__REMISION_EXPEDIE” y archivo pdf “01.- 16-12-2021 DEMANDA”.
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vio obligada a reconocer que el expediente contractual se había perdido,
por lo que radicaron una denuncia penal el 14 de febrero de 2019”.
7. 5) Según se indicó, “la entidad contaba con la suma de $209.405.309
para realizar la ‘compensación del pago de la multa’”. Dicho valor
correspondía a $101.685.309 por concepto de “la factura del corte 10” que
la ejecutada no habría pagado y $107.720.000 por concepto de “la
devolución de la retención en garantía, que según el literal b) la cláusula
quinta -forma y condiciones de pago- del contrato 162 de 2003,
correspondía al 5% del valor del contrato”. De lo anterior, concluyó que “el
Fondatt aplicó el pago por compensación contra los saldos adeudados al
contratista […], por lo cual aplica lo ordenado por el juez del contrato al
señalar que ‘Fondatt deberá reintegrar las sumas canceladas’”.
1.2. Mandamiento de pago
8. El 29 de agosto de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago4 en
contra de la parte ejecutada, en estos términos (se trascribe):
“PRIMERO.- Librar mandamiento de pago en contra de [la parte ejecutada],
por la suma de […] ($205.000.000), más los intereses moratorios, causados a
partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia del 19 de diciembre de
2016, proferida por el Consejo de Estado, hasta la fecha del pago total […]”.
1.3. Posición de la parte ejecutada
9. La parte ejecutada formuló las siguientes excepciones5: 1)
“excepción de mérito de pago total de la obligación”, donde relacionó 10
pagos que, según el “acta de corte No. 109 Contrato 162 de 2003”, la
ejecutada habría realizado a la ejecutante, por valor de $2.046.297.712. En
consecuencia, afirmó que dicho documento, suscrito por las partes, “sirve
de evidencia de que el extinto Fondatt efectuó los pagos del valor total del
contrato, sin encontrar prueba alguna dentro del mismo de que estos pagos
se hubiesen compensado como bien lo refiere el ejecutante”.
4 Samai del Tribunal, índice 5.
5 Samai del Tribunal, índice 12, documento pdf “14_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA”.
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10. 2) “Inexistencia de la obligación – Deberá ser clara, expresa y
exigible”. Comenzó por trascribir un extracto de la Sentencia de 19 de
diciembre de 2016 en el que se afirma que “‘no obra en el proceso prueba
alguna que permita inferir que el valor de la sanción fue efectivamente
cancelado por el consorcio, o que esta hubiese sido descontada por la
entidad al momento de la realización de algún pago, como durante el
trámite procesal lo afirmó la parte demandante’”, del cual concluyó que la
obligación objeto de ejecución no era clara, pues no están determinados
“sus elementos” ni estos podían “inferirse de una simple revisión del título”.
11. En relación con la exigibilidad, afirmó que no podía hacerse “exigible
una obligación que se encontraba condicionada como menciona el título:
‘en caso de haberlo hecho’, toda vez que no se encuentra evidencia de
que se haya probado dicha condición”. Con base en una argumentación
similar a esta, formuló la 3) excepción de “carga de la prueba”.
1.4. Trámite relevante en primera instancia
12. La Unión Temporal se pronunció sobre las excepciones formuladas por
la parte ejecutada6. Frente a la excepción de “pago total de la obligación”,
indicó que la ejecutada: a) no aportó “comprobantes de pago adicionales
[al] acta de corte que cita”; b) “falta a la verdad y pretende hacer incurrir
al error al Tribunal, toda vez que el ‘Acta de corte No. 109 Contrato 162 de
2003’ no contiene el total desembolsado ni la casilla del valor total del
contrato, incluso, la casilla final de esa acta se titula ‘total a pagar’ no ‘total
desembolsado’ como lo pretende hacer ver el demandado”; c) por último,
reiteró lo señalado en el hecho quinto de la demanda -ver párrafo 7-.
13. Sobre la “inexistencia de la obligación”, sostuvo que esta constaba en
la Sentencia de 8 de julio de 2016. Agregó que, si bien allí “no se consignó la
suma a pagar”, esta podía determinarse con “el certificado de supervisión
o interventoría del 18 de enero de 2004 […], el acta de finalización y recibo
6 Samai del Tribunal, índice 18, documento pdf “18_RECIBEMEMORIALES_PRONUNCIAMIENTO_EXCE”.
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final de las obras […] del 6 de diciembre de 2004 […], la comunicación de
la interventoría […] del 5 de mayo de 2005 […] y la comunicación de 4 de
septiembre de 2006 […] suscrita por la supervisora del contrato”.
14. Respecto de la excepción de “carga de la prueba”, alegó que se
“pretende trasladar la carga de [la] prueba de acreditar el pago a mis
poderdantes, bajo la excusa de que no cuenta con copia del expediente
contractual”, cuando la ejecutada tenía el deber de conservarlo.
1.5. Sentencia de primera instancia
15. El 18 de septiembre de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió la Sentencia de primera
instancia7, en la que declaró probada la excepción de “inexistencia de la
obligación”, ordenó “cancelar las medidas cautelares de embargo si
hubieran sido ordenadas” y condenó en costas a la parte ejecutante.
16. Trascribió la parte resolutiva de la Sentencia de 8 de julio de 2016, en
especial el numeral cuarto, en el que se dispuso “declarar que la [Unión
Temporal] no tiene la obligación de pagar las sumas contenidas en los actos
administrativos anulados. En caso de haberlo hecho, [el] Fondatt deberá
reintegrar las sumas canceladas”, así como una de las consideraciones
contenidas en dicha providencia, según la cual “‘no obra en el proceso
prueba alguna que permita inferir que el valor de la sanción fue
efectivamente cancelado por el consorcio, o que esta hubiese sido
descontada por la entidad al momento de la realización de algún pago,
como durante el trámite procesal lo afirmó la parte demandante’”.
17. Señaló que, por lo anterior, “le correspondía al demandante acreditar
que pagó el valor de la multa o demostrar que el mismo fue compensado
por la entidad, como lo afirma, sin embargo, no obra prueba de ello”.
7 Samai del Tribunal, índices 38 y 43. Se trascribe la parte resolutiva de la sentencia apelada: “PRIMERO. Declarar
probada la excepción de inexistencia de la obligación, por lo expuesto. SEGUNDO. Cancelar las medidas
cautelares de embargo si hubieran sido ordenadas. […] TERCERO: Condenar en costas a la parte demandante”.
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18. A su juicio, la Unión Temporal no demostró que hubiera realizado el
pago de la multa que se le impuso a través de las resoluciones que fueron
declaradas nulas o que respecto de esta hubiera operado la
compensación. Agregó que “su solicitud de mandamiento ejecutivo nace
de unas sumas de dinero que no fueron pagadas en ejecución del contrato
No. 162 de 2003, haciendo referencia a una compensación que realizó la
entidad de sumas que le adeudaba”; sin embargo, “el proceso ejecutivo no
es el medio para debatir vicisitudes objeto de un contrato”.
19. Concluyó que el título ejecutivo no reunía los requisitos sustanciales, ya
que la obligación no era clara, pues “hay confusión sobre la compensación
a la que hace referencia la demandante y de la cual no hay certeza”; ni
expresa, “toda vez que el ejecutante pretende que se supon[ga] o se
deduzca de un cruce de cuentas de la ejecución del contrato”; ni exigible,
comoquiera que “no hay prueba del pago ni de la compensación”.
1.6. Recurso de apelación
20. La parte ejecutante presentó un recurso de apelación8, con base en
los siguientes reparos: a) “la compensación de antaño ha sido […] un
método de extinguir las obligaciones, por lo que el pago no necesariamente
tiene que ser un pago que salga del patrimonio de mi poderdante para que
se acredite que se pagó la obligación”; b) la Secretaría Distrital de
Hacienda, al responder un requerimiento realizado por el Tribunal, reconoció
que “en su momento se registró una provisión contable por el valor de
$96.166.000, después dice que en el traslado del expediente del Fondatt a
la Secretaría de Movilidad se quitó la provisión, no dice por qué ni las razones
que les dieron motivo a cancelarla, entonces sí había una provisión contable
de $96.166.000 […] como suma adeudada a la Unión Temporal”; c) se
demostró que, “primero, el Acta No. 10 que se le debía a mi poderdante
nunca se le pagó; en segundo lugar, si bien acá en este debate […] no se
trata de un medio de control de controversias contractuales en donde se
busque la liquidación judicial de un contrato, lo mismo es en razón a que la
8 Samai del Tribunal, índices 38 y 43.
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nulidad de la multa fue decretada 10 años después de terminado el
contrato y en su momento pues era imposible […] que se cobraran las actas
y las sumas que le debían a mi poderdante ya que la entidad las pretendía
compensar”; y d) dentro de las excepciones contenidas en el artículo 442.2
del CGP no está prevista la relativa a la inexistencia de la obligación.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Condena en costas
2.1. Análisis sustantivo
21. La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia. Luego de
establecer que el juez del proceso ejecutivo tiene el deber de revisar los
requisitos sustanciales del título ejecutivo –incluso de oficio, al momento de
proferir la sentencia– y de declarar la inexistencia de este cuando no estén
acreditados (1), se expondrán las razones por las cuales la obligación de
“reintegrar las sumas canceladas”, que la parte demandante pretendió
extraer de la sentencia que puso fin al proceso de controversias
contractuales con radicado 25000-23-26-000-2000-05572-01, no existe y, por
lo tanto, tampoco existe el título ejecutivo (2).
22. 1) Si bien el artículo 442.2 del CGP lista y limita las excepciones
procedentes “cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional”, ello no implica que el juez tenga vedado el análisis oficioso
de los requisitos sustanciales del título ejecutivo en tales casos.
23. Por el contrario, el artículo 422 del mismo estatuto procesal dispone
que “solo pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,
claras y exigibles”, sin distinguir en función del origen de la obligación que se
pretenda ejecutar9. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado y
9 Se trata de “requisitos que ha de reunir todo título ejecutivo, no importa su origen”. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 30 de agosto de 2022 (NI. 67633).
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la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia han
sostenido de forma reiterada que el juez tanto de primera como de segunda
instancia tienen el deber de verificar, incluso de oficio, la concurrencia de
los requisitos de existencia del título ejecutivo10-11. Esto cobra sentido cuando
se advierte que, solo a partir de esa verificación, el juez define si la
obligación puede “demandarse ejecutivamente” o no y si, en
consecuencia, hay lugar a librar mandamiento de pago o a seguir adelante
con la ejecución.
24. En este caso, aunque la “inexistencia de la obligación” se declaró con
ocasión de una de las excepciones formuladas por la parte ejecutada, la
cual no está prevista en el artículo 442.2 del CGP como una de las que
puedan ser alegadas, lo cierto es que, incluso de no haberse planteado ese
cuestionamiento, el juez de primera instancia debía realizar el mismo análisis
de los requisitos sustanciales del título ejecutivo y, al no encontrarlos
acreditados, declarar la inexistencia de este, como en efecto lo hizo.
25. (2) A esa misma conclusión llegará la Sala, pues la obligación que se
alega de “reintegrar las sumas canceladas” no existe y, por lo tanto,
tampoco existe un título ejecutivo, que en este caso era complejo porque,
además de la Sentencia de 8 de julio de 2016, se requería prueba del pago
de dichas sumas o de la compensación que habría operado frente a ellas.
26. En el numeral cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia de 8 de
julio de 2016, que puso fin al proceso de controversias contractuales en el
que se declaró la nulidad de las Resoluciones 192 y 325, la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso lo siguiente (se trascribe):
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, la Sentencia de 8 de
junio de 2022 (NI. 56907); y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia de 5 de abril
de 2017 (rad. 11001-02-03-000-2017-00694-00).
11 “[A]ún en la ausencia de un ataque directo al derecho que se pretende ejecutar, el juez de la ejecución debe
tener certeza sobre los requisitos de existencia del título, de tal manera que no exista equívoco en que se trate de
una obligación clara, expresa y exigible, que permita el cumplimiento del derecho mediante la fuerza del Estado”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de agosto de 2004
(NI. 21177). Incluso, frente a la excepción de inexistencia del título ejecutivo en particular, se ha afirmado que “si
bien no puede ser alegada como excepción cuando el título ejecutivo está conformado por una providencia
que de lugar a su ejecución, lo cierto es que uno de los puntos que se deben estudiar al resolver el recurso de
apelación contra la sentencia ejecutiva es precisamente la existencia del título”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de marzo de 2010 (NI. 22339).
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“CUARTO: Declarar que la Unión Temporal Creinco-PCI no tiene la obligación de pagar las sumas
contenidas en los actos administrativos anulados. En caso de haberlo hecho, [el] FONDATT deberá
reintegrar las sumas canceladas”.
27. A juicio de la Sala, la obligación de “reintegrar las sumas canceladas”,
que la parte demandante pretendió extraer de la mencionada decisión,
nunca surgió porque, como se pasa a ver, la Unión Temporal no pagó “las
sumas contenidas en los actos administrativos anulados” ni respecto de estos
valores operó la compensación que se alega.
28. El pago de la multa impuesta mediante las Resoluciones 192 y 325 de
2004 ni siquiera fue alegado por la ejecutante en los términos de los artículos
1626 y siguientes del Código Civil. Sus esfuerzos, en cambio, estuvieron
centrados en demostrar que la obligación contenida en los mencionados
actos administrativos se extinguió con la compensación que habría operado
por los conceptos de “factura del corte 10” y “devolución de la retención
en garantía”, los cuales, según indicó, eran adeudados por la parte
ejecutada y ascendían a $209.405.309.
29. En el recurso de apelación se sugirió que el Tribunal desconoció la
compensación como modo de extinguir las obligaciones; sin embargo, ello
no fue así, pues esta figura se analizó de forma expresa, pero no se encontró
acreditada, aspecto que la Sala comparte, por las siguientes razones:
30. Para comenzar, se debe tener presente la conclusión a la que llegó el
juez del proceso declarativo en la Sentencia de 8 de julio de 2016, que fue
utilizada por el Tribunal para sustentar su decisión y frente a la cual no se hizo
ningún pronunciamiento en el recurso de apelación (se trascribe):
“31. Valga advertir que no obra en el proceso prueba alguna que permita inferir
que el valor de la sanción fue efectivamente cancelado por el consorcio, o que
esta hubiese sido descontada por la entidad al momento de la realización de
algún pago, como durante el trámite procesal lo afirmó la parte demandante”.
31. En segundo lugar, en el hecho quinto de la demanda se afirmó que
“la Administración decidió realizar la liquidación unilateral [del contrato 162]
donde realizó una ‘compensación’ restando de los saldos pendientes de
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pagar al entonces contratista con el valor de la multa”. A pesar de esta
manifestación, la liquidación unilateral a la que se hizo referencia no fue
aportada al proceso, por lo que, de entrada, la Sala desconoce lo que en
ese documento se haya señalado respecto de la supuesta compensación.
32. Lo anterior también implica que la Sala desconoce el cruce de
cuentas que se habría realizado, lo cual resultaba relevante para establecer
si, en efecto, las partes eran recíprocamente deudoras, como lo exige el
artículo 1716 del Código Civil. Aunque es claro que, antes de que fueran
declaradas nulas las Resoluciones 192 y 325 de 2004, la Unión Temporal
adeudaba al Fondatt $205.000.000 por la multa que se le impuso, no ocurre
lo mismo desde la perspectiva del Fondatt hacia la Unión Temporal.
33. En efecto, no hay certeza respecto de la obligación que la Unión
Temporal alega a su favor y a partir de la cual pretende que se considere
que operó la compensación, pues, por la misma circunstancia de no haber
aportado la liquidación unilateral, no es posible establecer lo que allí se
habría definido respecto de la “factura del corte 10” y la “devolución de la
retención en garantía” y, en particular, si es cierto que a la finalización del
contrato la Unión Temporal tenía derecho a que se le pagaran estos
conceptos y en la cuantía que asegura, es decir, $209.405.309.
34. En tercer lugar y sin perjuicio de lo considerado sobre la liquidación,
debe señalarse que las pruebas aportadas12 por la Unión Temporal no
permiten tener por probada la obligación que alega a su favor13: a) las
comunicaciones de 5 de mayo de 2005 y de 4 de septiembre de 2006,
suscritas por la interventoría y por la supervisora del contrato,
respectivamente, no dan cuenta de ninguna obligación a cargo del
Fondatt; b) lo propio ocurre con el “acta de finalización y recibo final de las
obras del contrato”, donde solo se relacionaron obras ejecutadas y
pendientes, así como las “actas de corte de obra” y el “valor pagado ($)”
por cada una, entre las que se encuentra el “acta 10”, que supuestamente
se adeuda; y c) respecto del “certificado de supervisión o interventoría del
12 Samai del Tribunal, índice 52, archivo zip “50Envioconsejod_ANEXOSDDAEJECUTIVAUT”.
13 Carga de la prueba que tenía según los artículos 167 del Código General del Proceso y 1757 del Código Civil.
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18 de enero de 2004”, la misma ejecutante advierte que “aún faltaba la
aprobación del supervisor del Fondatt para que se efectuara el pago”,
habida cuenta de que el referido “certificado” no estaba suscrito por él.
35. De igual forma, se destaca que en la cláusula quinta14 del contrato se
estableció que el pago de cada corte de obra y de la retención en garantía
se iba a realizar previa radicación de la respectiva factura de cobro en el
Fondatt –además de otras condiciones–; sin embargo, al proceso tampoco
se aportó alguna factura relacionada con el contrato 162 de 2003.
36. Si bien en la demanda se afirmó que la ejecutada “se vio obligada a
reconocer que el expediente contractual se había perdido”, lo cual, según
se indicó al descorrer el traslado de las excepciones, es una “falta de
diligencia en la gestión documental, que podría considerarse como una
falla en el servicio”, lo cierto es que tales aspectos no son objeto del proceso
ejecutivo, donde debe existir certeza de las obligaciones que se alegan.
37. En último lugar, la parte ejecutante formuló un reparo según el cual la
Secretaría Distrital de Hacienda reconoció que “en su momento se registró
una provisión contable por el valor de $96.166.000”, que luego fue
cancelada; a partir de esto, se cuestionó que no se hubieran explicado las
razones de la cancelación, y se dedujo que “entonces sí había una provisión
contable de $96.166.000 […] como suma adeudada a la Unión Temporal”.
38. Aunque no sea claro el objeto del reparo, lo cierto es que este no
sustenta la compensación que se ha alegado durante este proceso.
Primero, en el oficio de 9 de marzo de 202315 –al que se hace referencia con
el reparo– no se indicó que la mencionada provisión se hubiera registrado
“como suma adeudada a la Unión Temporal”; segundo, en el documento
14 “a. Se pagará el noventa y cinco (95%) por ciento del valor correspondiente a los trabajos ejecutados
mensualmente -con base en los cortes suscritos entre el contratista y la interventoría dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la radicación de la factura de cobro en debida forma en la tesorería de la entidad, previa
suscripción por parte del interventor del contrato, del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas y recibidas
a entera satisfacción por este. B. El cinco (5%) por ciento restante del valor correspondiente a los trabajos
ejecutados en cada corte mensual, se retendrá como garantía y se cancelará al finalizar el contrato, dentro de
los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura de cobro en debida forma en la tesorería
de la entidad, previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del interventor”.
15 Samai del Tribunal, índice 19.
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Radicación: 25000-23-26-000-2005-00572-02 (71932)
Ejecutante: Unión Temporal CREINCO – PCI
Ejecutado: Bogotá – Secretaría Distrital de Movilidad - Fondatt
Referencia: Proceso ejecutivo
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
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no se indicó con claridad el concepto por el cual se registró la provisión y,
en todo caso, del mismo no puede concluirse que se hubiera registrado por
la “factura del corte 10” y la “devolución de la retención en garantía”, que
son los conceptos respecto de los cuales se afirma que operó la
compensación; tercero, prueba también de que la provisión no fue con
ocasión de dichos conceptos es que el valor de la primera no coincide con
el de estos; y, cuarto, como se afirma en el recurso de apelación, la provisión
fue eliminada, sin que exista certeza de las razones que condujeron a ello.
39. En ese orden de ideas, comoquiera que la Unión Temporal no
demostró que la multa impuesta a ella hubiera sido pagada o compensada,
la obligación de “reintegrar las sumas canceladas” es inexistente y, en
consecuencia, también es inexistente el título ejecutivo, por lo que la Sala
confirmará la Sentencia de primera instancia.
2.2. Condena en costas
40. De conformidad con el artículo 365.1 del CGP, aplicable por remisión
de los artículos 298 y 306 del CPACA, se condenará en costas de esta
instancia a la ejecutante, porque no prosperó su recurso de apelación. Las
costas serán liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de origen.
3. DECISIÓN
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 25000-23-26-000-2005-00572-02 (71932)
Ejecutante: Unión Temporal CREINCO – PCI
Ejecutado: Bogotá – Secretaría Distrital de Movilidad - Fondatt
Referencia: Proceso ejecutivo
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia
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RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 18 de septiembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte ejecutante, que serán
liquidadas por el Tribunal de origen.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
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