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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2011-00332-02

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2011-00332-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en su lugar, SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN contra la UGPP hasta que, en la etapa de liquidación del crédito, se determinen los valores insolutos adeudados, conforme lo expresado en la motivación. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 13001-23-31-000-2011-00332-02 (2495-2025) Demandante: Julio Cesar Villanueva Muñoz TERCERO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada UGPP, conforme la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-31-000-2011-00332-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

Radicado: 13001-23-31-000-2011-00332-02 (2495-2025)
Demandante: Julio Cesar Villanueva Muñoz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Ejecutivo
Radicación: 13001-23-31-000-2011-00332-02 (2495-2025)
Demandante: Julio César Villanueva Muñoz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP1

Tema: Excepción de pago – oportunidad para acreditar la
excepción de pago

Decisión: Confirma parcialmente sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia del
30 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante la cual se declararon no probadas las excepciones de mérito y ordenó
seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda

2. El señor Julio César Villanueva Muñoz, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda ejecutiva con el fin de obtener el cumplimiento total de las
órdenes impartidas a su favor —y contra la UGPP— contenidas en la sentencia
proferida el 31 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
Especial de Descongestión 003, confirmada parcialmente por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

1
En adelante UGPP

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Demandante: Julio Cesar Villanueva Muñoz

en sentencia del 19 de julio de 2017, adicionada y aclarada mediante providencia
del 9 de agosto de 2017, que quedó ejecutoriada el 9 de agosto de 2017.

3. A través de las sentencias base de recaudo, se declaró la nulidad del acto
administrativo acusado proferido por Cajanal E.I.C.E. en liquidación —hoy
representada por la UGPP— y, como consecuencia, se ordenó la reliquidación
de la pensión de jubilación recibida por el señor Villanueva Muñoz a partir del 1
de mayo de 2008, en cuantía equivalente al 75% de los factores salariales
devengados en el último año de servicio, esto es: asignación básica, bonificación
por servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, servicios especiales, prima
semestral y quinquenio. De igual modo, ordenó el reconocimiento y pago, a cargo
de la entidad y en favor del actor, de las diferencias que resultaran entre la
pensión que recibía y la que debía reliquidarse correctamente a partir del 1 de
mayo de 2008.

4. El actor presentó ante la UGPP solicitud de cumplimiento de fallo. Como
respuesta, la entidad expidió la Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018,
en la que adujo dar alcance a las órdenes impuestas. Sin embargo, este acto no
incluyó en la reliquidación de la mesada pensional el factor correspondiente a la
prima de vacaciones recibida durante el servicio, con el argumento de que esta
no se podía incluir debido a que su valor era muy alto en comparación con lo
recibido por el ejecutante por concepto de asignación básica.

5. Frente a lo anterior, el 12 de marzo de 2018, el ejecutante presentó
nuevamente petición a la UGPP, en la que solicitó la liquidación detallada de
todos los factores —y sus valores— que se tuvieron en cuenta para el
cumplimiento de la sentencia. Como respuesta, la UGPP en oficio
201814301119921 del 26 de marzo de 2018, explicó que no tuvo en cuenta la
prima de vacaciones para el cálculo pensional y consideró que, a través de la
Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018, se había dado alcance a las
órdenes del título, al elevar la cuantía de su mesada pensional a $2.748.193.

6. Nuevamente, el actor presentó petición ante la UGPP para que le entregara la
liquidación de los factores y valores tenidos en cuenta para calcular su mesada
pensional, lo cual le fue explicado en el oficio 2018143001826311 del 9 de abril
de 2018, en una tabla con los factores de los años 2008 y 2009, en la que se
advertía la no inclusión de la prima de vacaciones.

7. Respecto de las sumas pagadas por la UGPP producto de la expedición de la
Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018, indicó que, conforme a la
certificación expedida por el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de
Colombia —FOPEP— del 2 de abril de 2018, concluyó que la entidad le reconoció
y pagó un total de $109.988.651,34, los cuales detalló así:

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«(…)
1. En ese valor va incluida la mesada del mes por valor de $3.816.534,92, la reliquidación por pago
único al 12% por $90.695.931,79 y la reliquidación por pago único MSDA ADIC 0% por
$15.476.184,63.

2. Se descuenta por concepto de REINTEGROS NACIÓN DESCUENTOS POR APORTES la suma
de $48.399.146,00 у por SALUD TOTAL EPS la suma $11.346.600,00.

3. 3. Es decir, recibió $50.242.905,34 valor al que se le debe restar la mesada del mes valor de
$3.816.534,92, recibiendo así por concepto de reliquidación la suma de $46.426.370,42 (…)».

8. No obstante, explicó que esos montos no abarcaron en su totalidad la
obligación impuesta en el título ejecutivo. De allí que haya solicitado se librara
mandamiento de pago contra la UGPP, a efecto de que le diera cumplimiento
total a las órdenes emanadas del título ejecutivo y, en detalle, por los siguientes
conceptos: i) la suma de $63.934.551 por concepto de retroactivo pensional
dejado de percibir, producto de la indebida reliquidación pensional realizada por
la entidad en el acto de ejecución, en cumplimiento de las sentencias constitutivas
del título; ii) los intereses moratorios sobre el capital anterior, causados desde la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia base de recaudo —esto es, el 9
de agosto de 2017— hasta que se satisfaga totalmente la obligación. Asimismo,
solicitó que se condenara a la UGPP al pago de las costas y agencias en derecho.

1.2. Mandamiento de pago

9. El Tribunal Administrativo de Bolívar a través de auto del 20 de agosto de 2019,
libró mandamiento de pago contra la UGPP y a favor del ejecutante por los
siguientes conceptos:

1. $45.716.265 como capital adeudado debidamente indexado a corte de ejecutoria
del título base de ejecución.

2. $13.559.943 por concepto de intereses moratorios causados sobre el capital
consolidado a corte de ejecutoria de la sentencia base de recaudo, liquidados
entre el 9 de agosto de 2017 y el 31 de mayo de 2019.

3. Por concepto de capital adeudado como diferencias de mesadas pensionales
causadas posterior a la ejecutoria del título base de ejecución.

4. «las sumas que en lo sucesivo se causen hasta que la entidad ejecutada dé
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia que se ejecuta».

10. Para concluir lo anterior, el Tribunal explicó que se cumplían los presupuestos

formales y sustanciales para librar mandamiento de pago debido a que la UGPP
a la fecha de expedición de este auto no había cumplido las órdenes dadas en
las sentencias constitutivas del título. Si bien la entidad profirió la Resolución
003311 del 30 de enero de 2018, en ella no se reconoció el total del retroactivo
pensional ni se incluyó el cálculo de los intereses moratorios que se generaron
sobre el capital, por lo que no se dio cumplimiento al título ejecutivo.

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11. Para sustentar el valor total de la obligación, se tuvo en cuenta la liquidación

realizada por la autoridad contable de esa Corporación, de modo que se rechazó
la liquidación presentada por la parte actora.

12. Posteriormente, a través de auto del 10 de mayo de 2022, el a quo —frente a

solicitud de adición y corrección del ejecutante— adicionó la decisión tomada en
el auto del 20 de agosto de 2019, precisando que el cumplimiento del título no se
predicaba únicamente del pago del capital e intereses, sino también de la correcta
reliquidación de la mesada pensional del ejecutante, debido a que la UGPP, en
la Resolución 003311 del 30 de enero de 2018, tasó la mesada en un valor inferior
al establecido judicialmente2.

1.3. Contestación de la demanda

13. La UGPP propuso las siguientes excepciones de mérito:

14. Pago: Explicó que mediante la Resolución 8633 del 23 de febrero de 2009 se

reconoció una pensión de jubilación en favor del actor en cuantía de
$1.947.083,51 a partir del 1 de mayo de 2008, condicionada a la demostración
del retiro de servicio. Posteriormente, a través de la Resolución 11403 del 30 de
agosto de 2010, reliquidó la pensión en cuantía de $2.106.102,40, efectiva a partir
del 1 de junio de 2009.

15. Debido a la expedición de la sentencia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que ordenó la reliquidación de la mesada pensional
de la demandante, la entidad expidió la Resolución RDP 003311 de 30 de enero
de 2018, elevando la cuantía de la mesada pensional a $2.748.193.

16. Consideró que la prima de vacaciones recibida por el actor en el último año de

su servicio no podía incluirse en la liquidación, debido a que su monto era «muy
alto conforme la asignación básica», por lo cual requería aclaración.

17. Encuanto a los intereses moratorios, resaltó que en la Resolución RDP
003311 de 30 de enero de 2018 también se hizo su reconocimiento por
$13.814.538,51, los cuales seguían a fecha de la contestación de la demanda
pendiente de pago por disponibilidad presupuestal.

18. Prescripción: Esta excepción se propuso respecto a cualquier derecho que

eventualmente tuviese el actor.

2
En la parte motiva de esa providencia se dijo lo siguiente al respecto: «(…) Sin embargo, tal como señala el demandante,
omitió el Despacho pronunciarse en el citado auto sobre la pretensión referente a ordenar “el cumplimiento total e
inmediato de la sentencia judicial”; teniendo en cuenta que, en la liquidación realizada por la contadora liquidadora al
incluirse el factor de la prima de vacaciones, arroja una cuantía de la mesada pensional diferente a la obtenida en la
reliquidación efectuada por la UGPP. En ese sentido, es procedente ordenar el cumplimiento integral de la sentencia, que
implica el pago de las mesadas actualizadas con todos los factores ordenados en las providencias objeto de ejecución»

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19. Cobro de lo no debido: Consideró que la entidad cumplió las órdenes
establecidas en el título de manera integral, por lo que no hay lugar al pago de
las pretensiones de la demanda. En detalle, consideró que la entidad cumplió
todas las obligaciones contenidas en la sentencia a excepción de la inclusión de
la prima de navidad, procedimiento que se hizo en protección de la sostenibilidad
financiera del sistema.

20. Buena fe: debido a que la entidad consideró que actuó con buena fe.

II. SENTENCIA APELADA

21. El Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia el 30 de agosto de 2024,

declaró no probadas las excepciones de pago de la obligación, cobro de lo no
debido y caducidad. En consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución
por la suma de $49.855.844,00 y se abstuvo de condenar en costas.

22. Para arribar a la anterior conclusión en primer lugar, estimó que la excepción

denominada prescripción se estudiaría como excepción de caducidad, en
garantía del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y el
derecho a la defensa.

23. Así las cosas, al adentrarse en su estudio consideró que dicha excepción no

estaba probada, pues la demanda ejecutiva se presentó dentro de la oportunidad
legal. En efecto, la sentencia base de recaudo quedó ejecutoriada el 9 de agosto
de 2017; por lo que los 18 meses siguientes a esa fecha, con los que contaba la
entidad para cumplir con la sentencia, según el artículo 177 del CCA,
transcurrieron hasta el 10 de febrero de 2019, y los 5 años siguientes con que
contaba el actor para presentar la demanda se cumplieron el 10 de febrero de
2024, momento para el cual ya se había incoado la demanda (30 de noviembre
de 2018).

24. En segundo lugar, estudió las excepciones de pago y cobro de lo no debido.

Al respecto, recordó que el mandamiento de pago se había librado en auto del
20 de agosto de 2019 por «la suma de $59.276.208, de los cuales $45.716.265
corresponden al capital, y $13.559.943 corresponden a los intereses moratorios
causados hasta el 31 de mayo de 2019» (sic), así como por la orden de que la
entidad, en lo sucesivo, procediera a pagar la mesada pensional al actor en los
términos de la sentencia judicial, esto es, con la inclusión de la prima de
vacaciones en la liquidación de la mesada pensional.

25. No obstante, indicó que las operaciones realizadas en esa providencia debían

variarse, en especial lo relacionado con la imputación de los intereses moratorios.
Precisó que, aunque en un principio se consideró que los intereses moratorios
debían calcularse primero a intereses y luego al capital, como dispone el artículo
1653 del Código Civil, en atención a la sentencia del 30 de mayo de 2024,

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proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado3, la
imputación del pago debía modificarse para que primero se cubriera el capital y
luego los intereses. Para ello, se tuvieron en cuenta las operaciones aritméticas
realizadas por el apoyo contable de esa corporación judicial.

26. Se indicó que la UGPP, con la expedición de la Resolución RDP 003311 del

30 de enero de 2018, en marzo de 2018, reconoció la suma de $46.754.353 en
favor del actor como neto recibido.

27. Posteriormente, la entidad aportó el 3 de octubre de 2022, cupón de pago por

$39.316.779,06 en favor del ejecutante, «de los cuales se descontó $4.118.400
por concepto de Salud Total EPS, $1.432.000 del Banco Davivienda S.A. y
$11.742.676 por concepto de reintegros descuentos por aportes», por lo cual
recibió un total de $22.023.703.

28. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que la UGPP en el primer acto de
cumplimiento —Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018—, no incluyó
en su liquidación la prima de vacaciones; sin embargo, en el segundo acto —
Resolución 017649 del 12 de julio de 2022— sí lo hizo, de modo que modificó en
ese sentido la primera resolución, con el fin de reliquidar la mesada pensional del
actor a partir del 1 de junio de 2009, en cuantía de $2.883.354, lo que se ajusta
a derecho.

29. El Tribunal estimó que las diferencias de las mesadas pensionales indexadas
no pagadas por la entidad, causadas desde junio de 2009 hasta la ejecutoria de
la sentencia —agosto de 2016—, ascendían a $108.376.515. Desde la ejecutoria
de la sentencia se causaron intereses, tanto sobre el capital consolidado —
$108.376.515— como sobre las diferencias de mesadas causadas, mes a mes,
entre el día siguiente a la ejecutoria y el 31 de marzo de 2018, fecha del primer
abono realizado. Dichas mesadas, calculadas de manera conjunta hasta el 31 de
marzo de 2018, ascendían a $115.602.252, y sus intereses a $19.789.533.

30. Teniendo en cuenta que la entidad realizó un pago en favor del actor en el mes

de marzo de 2018, luego de descuentos por $46.754.353, este se imputó primero
a capital y luego a intereses; por lo tanto, quedó como capital resultante, luego
de la imputación de pagos, la suma de $20.448.7534.

31. Posteriormente, se calcularon los intereses moratorios sobre el capital

3
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda, Subsección B consejero ponente: Juan
Enrique Bedoya Escobar Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Ejecutivo
Radicación: 25000- 23-42-000-2016-2688-01 (0230-2022)

4

Información de la liquidación realizada por el área contable del Tribunal.

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resultante con corte a marzo de 2018 —$20.448.753— y las sumas que se
siguieron causando hasta el segundo pago realizado por la entidad en septiembre
de 2022. Para ello, se tuvo en cuenta que, en el primer acto de cumplimiento —
Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018—, no se había incluido en la
mesada pensional los valores correspondientes a la prima de vacaciones, por lo
que aún existían diferencias causadas por capital, cuya causación solo cesó en
septiembre de 2022, cuando se reliquidó correctamente la mesada pensional del
actor.

32. En consecuencia, se calcularon los intereses sobre el capital existente a marzo

de 2018 y el que se siguió causando hasta septiembre de 2022. Para este último
período ascendía a $31.733.719 —$19.991.043 menos descuentos—. Por lo
tanto, por intereses se debían a $48.906.161. Por su parte, el capital se imputó
sobre el abono realizado en septiembre de 2022 —efectuado por nómina por
$19.406.211—, lo que arrojó como capital excedente, luego de sustraerse el
abono, $584.8325.

33. Los intereses moratorios sobre el capital resultante —$584.832— se
calcularon entre el mes de octubre de 2022 y el 26 de agosto de 2024. Ello arrojó
que, como intereses totales aún por reconocer, se tenía para esa fecha la suma
de $49.271.012, valor que, sumado al capital insoluto por $584.832, llevaba a
que se declararan no probadas las excepciones de pago y cobro de lo no debido
y se siguiera adelante con la ejecución.

1.6. Recurso de apelación

34. LaUGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, con el propósito de que sea revocada, y en su lugar, se nieguen las
pretensiones formuladas por la parte actora. Para sustentar su inconformidad,
expuso los siguientes argumentos:

35. Consideró que la orden de la sentencia relativa a seguir adelante con la
ejecución por la suma de $49.855.844, correspondiente a intereses moratorios
debe ser revocada. A su juicio, en el expediente obran documentos que prueban
el pago total de la obligación, tales como el depósito judicial que realizó en favor
del actor por la suma de $39.989.713,90, con corte al 30 de junio de 2023.

36. A lo anterior se suman los pagos realizados por la entidad en nómina de 2018,

por la suma de $109.985.651,34 y, en total neto, por $50.242.905,34, luego de
descuentos; así como el pago realizado por $39.316.779,06, menos los

5
Información de la liquidación realizada por el área contable del Tribunal.

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descuentos efectuados por $11.742.676. Dichos valores no fueron tenidos en
cuenta por el contador de la corporación judicial para calcular el saldo insoluto de
la obligación y, de haberse considerado, se habría concluido que la obligación
fue cumplida integralmente.

37. De otro lado, respecto de la orden de reliquidar correctamente la mesada

pensional del actor, indicó que a través del Auto ADP 003338 del 7 de junio de
2023, la entidad explicó la manera en que calculó la mesada y realizó los
descuentos. En resumen, al actor le fueron reconocidos $39.989.713,90 por
intereses moratorios y $140.886.377,77 por concepto de capital, menos
$60.141.821,47, conforme se evidencia en los certificados FOPEP. En suma,
dichos valores son suficientes para satisfacer completamente la obligación, por
lo que deben declararse probadas las excepciones y dar por terminado el
proceso.

1.7. Trámite de segunda instancia

38. El auto que admitió el recurso de apelación se expidió el 23 de enero de 2026.

En esa oportunidad, se dispuso que el Ministerio Público podría emitir concepto
desde que se admitiera el recurso hasta antes de que el proceso ingresara al
despacho para proferir sentencia. Sin embargo, dicha entidad guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

39. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6, y 322 del CGP.

40. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

2.2. Problema jurídico

41. De acuerdo con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde a

esta Sala determinar si se encuentra probada la excepción de pago total de la
obligación conforme los argumentos expuestos en el recurso de apelación, o por
el contrario debe confirmarse la sentencia apelada.

6
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Demandante: Julio Cesar Villanueva Muñoz

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo

42. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»7.

43. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».8 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 9 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor
o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

44. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.10 La autenticidad se refiere a la plena
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140
01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 12 de
julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth García González.
8
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
9
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación
de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio
previsto en el artículo 294.»
10
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 – 2013).
Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos que tengan autenticidad, que emanen
de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de
este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado
o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si
se trata de pagar una suma de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001 03
15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de
una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086
01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).

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identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió11.

45. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido12.

46. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago
en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 13,
antes 497 del CPC14.

47. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP15, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las

11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos.
(2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio
de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
13
«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito
ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento
ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de
dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia de los
requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto, podrá
presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo expediente, sin que haya
lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado
a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la interrupción de la
prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios en contra del
demandante, si a ello hubiere lugar».
14
«Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará
mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que
aquél considere legal».
15
«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».

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providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

2.4. Análisis de la Sala al problema jurídico

48. Para resolver el problema jurídico planteado, la Subsección reiterará los
principales supuestos fácticos relevantes del caso:

49. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Especial de Descongestión, dictó

sentencia el 31 de julio de 2013, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho adelantado por el ejecutante, Julio Cesar Villanueva Muñoz, contra
Cajanal E.I.C.E. en liquidación, bajo el radicado 13-001-23-31-002-2011-00332-
00. En la parte resolutiva de esta providencia declaró la nulidad del acto acusado,
a través del cual se había reconocido una pensión mensual vitalicia en favor del
actor. Como consecuencia de ello, ordenó la reliquidación de la pensión recibida
«a partir del 1 de mayo de 2008, con el promedio del 75% de los factores
salariales devengados en el último año de servicio, teniendo en cuenta para su
cálculo, además de la asignación básica ya incluida, la bonificación por servicios
prestados, prima de vacaciones y prima de navidad». Asimismo, se condenó a
Cajanal E.I.C.E. en liquidación a pagar las diferencias que resultaran entre la
mesada pensional recibida por el demandante y la que debió recibir, a partir del
1 de mayo de 2008. También se ordenó realizar las deducciones por concepto
de aportes sobre los valores a reliquidar «si no se hubieren realizado durante el
último año de servicios del actor» y pagar los intereses moratorios con base en
el artículo 178 del CCA.

50. ElConsejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, resolvió en sentencia de segunda instancia del 29 de
agosto de 2016, los recursos de apelación propuestos por las partes. En la parte
motiva de la sentencia explicó que era procedente confirmar parcialmente la
decisión de primera instancia, debido a que el Tribunal no incluyó, dentro de los
factores salariales que debían tenerse en cuenta para reliquidar la mesada
pensional del actor —esto es, el 75% de los factores salariales recibidos en el
último año de servicio—, la prima semestral y el quinquenio16. Así las cosas, la
parte resolutiva de la sentencia dispuso la confirmación parcial de la sentencia
de primera instancia.

51. Posteriormente,
el 19 de julio de 2017, la Subsección dictó sentencia
complementaria, cuya parte resolutiva determinó los factores sobre los cuales se

16
En detalle, la parte resolutiva de la providencia explicó lo siguiente: «Habida cuenta de que el a quo reconoció además
de la asignación básica, la bonificación de servicios prestados, la prima de vacaciones, la prima de navidad, pero, que el
demandante también solicitó la prima semestral y el quinquenio que está comprobado que devengó, estos últimos factores
igualmente habrán de reconocerse, no así el reconocimiento mensual por encargo ni el sobresueldo del 20%, porque no
obra prueba al interior del proceso que acredite que constituyeron factor salarial, como tampoco el auxilio por retiro
definitivo y el incremento por antigüedad, porque no está comprobado que los haya percibido en el último año de labor.
Tampoco el concepto de servicios especiales, como quiera que no fue solicitado en la demanda».

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debía reliquidar la mesada pensional del actor, así: «TÉNGANSE en cuenta los
siguientes factores salariales como base para la reliquidación pensional de JULIO
CESAR VILLANUEVA MUÑOZ: asignación básica, la bonificación por servicios,
la prima de vacaciones, la prima de navidad, servicios especiales, la prima
semestral y el quinquenio». Esta providencia quedó ejecutoriada el 9 de agosto
de 2017, según la constancia de ejecutoria proferida el 16 de enero de 2018 por
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

52. Según el expediente administrativo aportado al proceso, se evidencia que el

actor presentó el 25 de enero de 2018, memorial de cumplimiento de fallo.

53. La UGPP expidió la Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018, a través

de la cual «se reliquida una pensión de vejez en cumplimiento de un fallo judicial
proferido por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda Subsección A». En este acto se explicó que el señor Villanueva
Muñoz adquirió el derecho pensional el 26 de febrero de 2004 y que, en
cumplimiento de las órdenes contenidas en el título ejecutivo determinó que la
liquidación de la mesada pensional debía realizarse conforme a los siguientes
factores de forma proporcional a los años 2008 y 2009:

VALOR VALOR IBL
AÑO FACTOR VALOR IBL
ACUMULADO ACTUALIZADO

ASIGNACION
2008 31,958,404.00 18,642,402.00 18,642,402.00
BASICA MES

BONIFICACION
2008 SERVICIOS 936,053.00 936,053.00 936,053.00
PRESTADOS

PRIMA DE
2008 3,723,593.00 2,172,096.00 2,172,096.00
NAVIDAD

PRIMA
2008 3,283,128.00 273,594.00 273,594.00
SEMESTRAL

SERVICIOS
2008 6,052,917.00 3,530,868.00 3,530,868.00
ESPECIALES

ASIGNACION
2009 11,287,060.00 11,287,060.00 11,287,060.00
BASICA MES

PRIMA DE
2009 1,122,639.00 1,122,639.00 1,122,639.00
NAVIDAD

PRIMA
2009 1,946,180.00 1,946,180.00 1,946,180.00
SEMESTRAL

2009 QUINQUENIO 1,802,779.00 1,802,779.00 1,802,779.00

SERVICIOS
2009 2,257,410.00 2,257,410.00 2,257,410.00
ESPECIALES

54. A partir de los anteriores factores, se tuvo que el ingreso base de
liquidación de la pensión del actor correspondía a $3.664.257 y su 75% a
$2.748.193, valor por el cual se reliquidó la pensión del actor.
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55. El acto administrativo, en su parte motiva, también explicó que no era
procedente tener en cuenta la prima de vacaciones para la liquidación, debido a
que «(…) es muy alto conforme a la ASIGNACIÓN BASICA, razón por la cual se
requiere se aclare el periodo que corresponde al valor de la prima de vacaciones
para cada año».

56. El artículo segundo de la parte resolutiva también dispuso que las diferencias

que se hubieran causado entre la mesada reconocida previamente al
demandante y aquella reliquidada serían pagadas por el Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional – FOPEP.

57. La subdirectora de nómina de pensionados de la UGPP informó a través de

oficio del 20 de abril de 2018 que la reliquidación de la mesada pensional
realizada mediante la Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018 —en
cuantía de $2.748.193, con efectividad del 1 de junio de 2009— ingresó en
nómina en el mes de marzo de 2018. Se reportó, por concepto de mesadas
pensionales atrasadas la suma de $90.258.966.51 y por indexación de esta cifra
$15.913.151.07 —en el período comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 9
de agosto de 2017—, para un total reconocido por $106.172.117.58.

58. Reposa en el expediente cupón del Consorcio FOPEP del mes de marzo de

2018, a nombre del señor Julio Cesar Villanueva Muñoz, con fecha de pago hasta
el 26 de junio de 2018, por la suma neta a pagar de $106.442.116,42 y, luego de
descuentos, por $47.154.354,61, los cuales fueron sustentados de la siguiente
forma:

CONCEPTO VALOR

Reliquidación pago único 12% 90.965.931,79

Reliquidación pago único mesada adicional 0% 15.476.184,63

TOTAL DEVENGADO POR RELIQUIDACIÓN 106.442.116,42

(-) menos aportes de salud por reliquidación 10.888.615,81

(-) reintegros a la Nación por descuento de
48.399.146,00
aportes sobre factores salariales incluidos

NETO RECIBO POR CONCEPTO DE
47.154.354,61
RELIQUIDACIÓN

59. A través del oficio radicado 201814201096391 del 22 de marzo de 2018, la

UGPP le indicó al ejecutante que la inclusión en nómina de la reliquidación
pensional realizada en la Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018
estaba prevista para el mes de marzo de 2018.

60. A través del oficio radicado 201814301119921 del 23 de marzo de 2018, la

UGPP respondió el derecho de petición del 12 de marzo de 2013, precisando que
para reliquidar la mesada pensional de acuerdo con lo ordenado en la sentencia
judicial constitutiva del título ejecutivo no se tuvo en cuenta la prima de
vacaciones.

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61. A través del oficio radicado 201814301826311 del 9 de abril de 2018, la UGPP

reiteró la información relacionada con los factores utilizados para la reliquidación
pensional consignada en la Resolución RDP 003311 del 30 de enero de 2018.

62. La parte actora presentó la demanda ejecutiva el 30 de noviembre de 2018.

63. El auto que libró mandamiento de pago se profirió el 20 de agosto de 2019.

Posteriormente, esa providencia se adicionó a través del auto del 10 de mayo de
2022, cuya notificación se surtió el 27 de mayo de 2022. Por lo tanto, el plazo con
el que contaba la entidad para contestar la demanda y proponer excepciones de
mérito vencía el 15 de junio de 202217. Lo cual se realizó en esa data.

64. Junto con el memorial del 3 de octubre de 2022, la UGPP también aportó la

Resolución RDP 017649 del 12 de julio de 2022, la cual modificó la Resolución
RDP 003311 del 30 de enero de 2018, en el sentido de incluir en la reliquidación
de la mesada pensional de la demandante el valor correspondiente a la prima de
navidad recibida en el último año de su servicio, en cumplimiento de lo
establecido en la sentencia base de recaudo y el mandamiento de pago expedido
en el proceso ejecutivo que ahora se conoce. Esto conllevó a que la primera
mesada del ejecutante —1 de junio de 2009— ascendiera a $2.883.354,00. La
parte resolutiva de esta disposición indicó lo siguiente:

«R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: Modificar la parte motiva pertinente y los artículos primero,
tercero, octavo y noveno de la Resolución No. RDP 003311 del 30 de enero de 2018, los
cuales quedaran así: () ARTICULO PRIMERO: En cumplimiento al fallo proferido por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, de fecha 29 de agosto de 2016, se Reliquida la pensión de VEJEZ del (a)
señor(a) VILLANUEVA MUÑOZ JULIO CESAR, ya identificado (a), en los siguientes
términos:
Cuantía: $2,883,354
(…)
Fecha Efectividad: 1 de junio de 2009
(…)
ARTICULO SEGUNDO: Los demás apartes y artículos de la Resolución No. RDP 003311
del 30 de enero de 2018, no sufren modificación alguna y deberá dárseles estricto
cumplimiento.
(…)

ARTICULO CUARTO: Remitir a la Subdirección de Nómina de pensionados a fin de
liquidar los intereses moratorios en los términos del artículo 177 del CCA, sobre el
retroactivo que se cause con ocasión de la presente resolución y según lo ordenado en
el artículo séptimo de la resolución No. RDP 3311 del 30 de enero de 2018.

(…)

ARTICULO OCTAVO: Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho el(a)
señor(a) VILLANUEVA MUÑOZ JULIO CESAR, la suma de SESENTA MILLONES
CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS pesos ($ 60,141,822.00
m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados. Lo
anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se determine que el pensionado adeuda

17
Los dos días siguientes a la notificación ocurrieron el 31 de mayo (lunes) y el 1 de junio (martes); posteriormente, los
diez días hábiles para contestar la demanda y proponer excepciones de mérito, conforme el artículo 442 del CGP,
transcurrieron entre el 2 de junio (miércoles) y el 15 de junio de 2022 (martes).

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valores adicionales o superiores por el referido concepto, o se establezca que los aportes
inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación de algún tipo de actualización
o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda a adelantar su cobro, para lo cual se
deberá enviar una copia de la presente resolución al área competente. Igualmente, la
Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los valores previamente
ordenados y descontados en actos administrativos anteriores por el mismo concepto, con
ocasión del artículo octavo de la resolución No. RDP 3311 del 30 de enero de 2018.

PARAGRAFO: En el evento que el descuento sobre el retroactivo generado por mesadas
no resulte suficiente para cubrir los aportes para pensión sobre factores no cotizados, la
Unidad continuará efectuando el descuento al pensionado sobre las mesadas futuras
hasta cubrir el total de lo adeudado sin exceder los montos establecidos por la ley.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución al área competente para
que efectúe los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de aporte
patronal por INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, por un monto de CIENTO
OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO pesos ($180,425,464.00 m/cte), a quienes se les notificará del
contenido el presente artículo informándoles que contra el mismo proceden los recursos
de reposición y apelación ante LA SUBDIRECTORA DE DETERMINACIÓN DE
DERECHOS PENSIONALES. De estos recursos podrán hacerse uso dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de
inconformidad, según el C.P.A.C.A. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se
determine que se adeudan valores adicionales o superiores por el referido concepto, o
se establezca que la suma indicada debe ser objeto de la aplicación de algún tipo de
actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se deba proceder a adelantar su
cobro. Igualmente, la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los
valores previamente ordenados y descontados en actos administrativos anteriores por el
mismo concepto».

65. La UGPP aportó al proceso ejecutivo memorial el 3 de octubre de 2022, a

través del cual allegó cupón de pago FOPEP que evidencia el pago realizado en
favor del actor por la suma de $39.316.779,06, sin incluir descuentos. Por lo tanto,
solicitó que dicho pago se tuviera en cuenta en el curso del proceso.

66. Encorreo del 4 de septiembre de 2023, la UGPP allegó al proceso la
constancia del depósito judicial realizado en el Banco Agrario de Colombia en
favor del ejecutante «por la suma de $13.814.538,51 y por valor de
$26.175.175,39 (…) Lo anterior, conforme lo señalado en las resoluciones RDP
3311 del 30/01/2018 y RDP 17649 del 12/07/2022 para la ordenación de gastos
por concepto de intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA o 192
del CPACA».

67. Precisado lo anterior, la Subsección estima que los elementos que reposan en

el expediente no son suficientes para tener por probadas las excepciones de
pago y de cobro de lo no debido como se pretende en la apelación.

68. En efecto, la UGPP al proponer la excepción de pago indicó que estaba
probaba porque había expedido el 30 de enero de 2018 la Resolución RDP
003311, a través de la cual, en cumplimiento de las sentencias base de recaudo,
reliquidó la mesada pensional a la que tenía derecho el demandante a partir del
1 de junio de 2009, en cuantía de $2.748.193. La entidad le pagó en nómina de
marzo de 2018, la suma de $47.154.354,61, luego de descuentos, tal y como
deja constancia el cupón del Consorcio FOPEP a nombre del ejecutante.

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69. Para la Subsección el pago de estos conceptos no son suficientes para
acreditar la excepción de pago, en razón a que de la lectura de la sentencia base
de recaudo18, fácil se evidencia que en ella se ordenó la reliquidación de la
mesada pensional que devengaba el ejecutante, a partir del 1 de junio de 2009,
con base en el 75% del valor total resultante de los factores salariales recibidos
en el último año, los cuales eran los siguientes: asignación básica, la bonificación
por servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, servicios especiales,
la prima semestral y el quinquenio.

70. No obstante, la entidad al expedir la Resolución RDP 003311 el 30 de enero

de 2018, directamente indicó que para el cálculo de la primera mesada pensional
no incluyó el factor correspondiente a la prima de vacaciones devengada por el
actor en el último año de servicio; lo que a su vez se corroboró con los oficios del
22 de marzo de 2018 y 23 de marzo de 2018 expedidos por la entidad a peticiones
presentadas por el actor.

71. Por ese motivo, es palmario concluir que la entidad al reliquidar la mesada

pensional en el acto de ejecución del 30 de enero de 2018, y posteriormente al
reconocer y pagar el retroactivo pensional por la suma —luego de descuentos—
de $47.154.354,61, no le dio alcance total a la sentencia base de recaudo.

72. No solo porque en dicho acto administrativo no se incluyó un factor que recibió

el actor durante el último año de servicio —prima de vacaciones— y que fue
ordenada en el título ejecutivo, sino también porque del contenido del acto de
ejecución, ni de las operaciones realizadas por la entidad para sustentar los
valores pagados por retroactivo pensional, se incluyeron los conceptos
correspondientes a los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la
sentencia. En esa medida, a fecha en que se trajo al proceso el memorial de
excepciones de mérito, existían conceptos pendientes de cancelar tanto por
capital como por intereses moratorios.

73. En consecuencia, no es posible concluir que, para la fecha en que se propuso

la excepción hubiese satisfecho completamente la obligación reclamada en la
demanda.

74. Ahora bien, la Subsección no desconoce que, posterior al período con que se

contaba para proponer las excepciones de mérito —15 de junio de 2022—, la
UGPP realizó actuaciones y canceló rubros en favor del actor en cumplimiento
de la sentencia base de recado.

75. Por ejemplo: i) en memorial del 3 de octubre de 2022 expidió la Resolución

017649 del 12 de julio de 2022 a través de la cual modificó la Resolución RDP
003311 del 30 de enero de 2018, en el sentido de reliquidar la primera mesada
pensional del ejecutante, ahora con la inclusión de la prima de vacaciones
devengada en el último año. Ello condujo que, para el 1 de junio de 2009, la

18
Sentencia proferida el 29 de agosto de 2016 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, adicionada en providencia del 19 de julio de 2017.

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Demandante: Julio Cesar Villanueva Muñoz

primera mesada pensional ascendiera a $2.883.354,00; ii) con el memorial del 3
de octubre de 2022, se allegó cupón de pago FOPEP del mes de septiembre de
2022 en favor del actor por $39.316.779,06, sin incluir descuentos; iii) en
memorial del 4 de septiembre de 2023 la UGPP indicó que se había realizado
depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia en favor del actor por dos
sumas $13.814.538,51 y $26.175.175,39 con el fin de cubrir los intereses
moratorios que se causaren en el curso del proceso.

76. No obstante, la Sala considera que estos documentos no pueden ser
valorados como prueba para fundamentar la excepción de pago total de la
obligación, toda vez que el ordenamiento jurídico establece diferentes
oportunidades para que la parte demandada presente y aporte pruebas al
proceso, a saber: la contestación de la demanda y su reforma, la respuesta a la
demanda de reconvención, las excepciones, e incidentes solo para probar los
asuntos relacionados al mismo19.

77. De manera que, los documentos y las actuaciones creadas, aportadas o
gestionadas en una oportunidad posterior a los anteriores momentos procesales,
son extemporáneas para acreditar el pago de la obligación, bien sea como
mecanismo de respuesta al mandamiento de pago —conforme dispone el artículo
431 del CGP— o como sustento para probar la excepción de pago.

78. Así las cosas, la reliquidación de la mesada pensional hecha con la Resolución

017649 del 12 de julio de 2022, el pago que con motivo a ella se hizo por
$39.316.779,06 y los depósitos judiciales que se realizaron posteriormente en
favor del actor en el Banco Agrario de Colombia por $13.814.538,51 y
$26.175.175,39, no pueden fundamentar las excepciones de mérito propuestas
en este proceso, tal como lo solicita la UGPP en el recurso de alzada, en tanto,
se reitera, fueron creados y expedidos posterior a la oportunidad procesal que
tuvo la entidad para desvirtuar el mandamiento de pago.

79. En todo caso, la Subsección estima que esos valores pagados en favor del

actor en el curso del proceso —así como aquellos que fueron depositados a su
favor en el Banco Agrario— deberán tenerse en cuenta en el instante preciso en
que se realizó la consignación de cada uno de esos abonos, pero al momento de
realizar la liquidación del crédito, conforme dispone el artículo 446 y siguientes
del CGP. Por lo tanto, se revocará el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma determinada
de $49.855.844,00.

80. Asílas cosas, se confirmará parcialmente la decisión apelada, pues la
ejecución deberá continuarse hasta que, en la etapa de liquidación del crédito,
se determinen los valores insolutos adeudados.

19
Artículos 103 numeral 4 del CPACA y artículos 167 del CGP y 1757 del CC.

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2.6. De la condena en costas en segunda instancia

81. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

82. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de

2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

83. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites

de procesos ejecutivos, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

84. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación

y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

85. Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en segunda instancia a

la parte vencida, es decir, a la UGPP. Para el efecto, conforme con el artículo 366
del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
de primer grado.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 30 de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en su lugar, SEGUIR
ADELANTE CON LA EJECUCIÓN contra la UGPP hasta que, en la etapa de
liquidación del crédito, se determinen los valores insolutos adeudados, conforme
lo expresado en la motivación.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de agosto de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

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Demandante: Julio Cesar Villanueva Muñoz

TERCERO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada
UGPP, conforme la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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