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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00665-02

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00665-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, por lo dicho en la motivación. SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, conforme la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2015-00665-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de febrero de 2026

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00665-02 (2225-2025)
Demandante: Clara Inés Fonseca De Mesa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 15001-23-33-000-2015-00665-02 (2225-2025)
Demandante: Clara Inés Fonseca De Mesa
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

Tema: Excepciones de pago y compensación

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra la sentencia del
27 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas y se ordenó seguir
adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda

2. La señora Clara Inés Fonseca de Mesa, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda ejecutiva con el fin de obtener el cumplimiento de las órdenes
impartidas a su favor —y en contra de Colpensiones— contenidas en la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 24 de agosto de 2016,
modificada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del 8 de octubre de 2020.

3. En ese contexto, solicitó que se librara mandamiento de pago por las
siguientes sumas: i) $165.538.290, por concepto de mesadas pensionales
dejadas de percibir entre julio de 2013 y junio de 2020; ii) $13.513.267, por
concepto de mesadas adicionales dejadas de pagar entre los años 2013 y 2019;
iii) $24.293.469, por concepto de indexación de la condena; iv) $3.189.898,00,
por concepto de intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF, causados
entre el 26 de octubre de 2020 y el 26 de agosto de 2021; v) $147.411.508,00,
por concepto de intereses moratorios a tasa comercial, causados entre el 27 de

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Demandante: Clara Inés Fonseca De Mesa

agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, derivados del título base de
recaudo; y vi) $2.598.794,00, por concepto de costas y agencias en derecho.
Asimismo, solicitó que se librara mandamiento de pago por las costas y agencias
en derecho que se causaran dentro del proceso.

4. En cuanto a los hechos, indicó que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Clara Inés Fonseca de
Mesa contra Colpensiones, el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió
sentencia el 24 de agosto de 2016 —modificada por el Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, el 8 de
octubre de 2020— en la cual declaró la nulidad de los actos demandados1 y
ordenó la reliquidación de la pensión de la actora, con inclusión de los factores
salariales sobre los que realizó aportes, esto es, únicamente la asignación
básica, correspondiente al año anterior a aquel en el que acreditó los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación, sin necesidad de demostrar retiro del
servicio oficial docente. De igual manera, se ordenó el pago del retroactivo
pensional causado a su favor, su indexación y los intereses moratorios que se
generaran a partir de la fecha de consolidación del estatus pensional, esto es,
desde el 30 de junio de 2013.

5.La sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado quedó
debidamente ejecutoriada el 26 de octubre de 2020.

6. Posteriormente, la parte actora solicitó el cumplimiento del fallo el 1.º de
octubre de 2021, reiterando dicha solicitud mediante escritos presentados el 9 de
junio, 21 de octubre y 23 de noviembre de 2022, así como el 28 de septiembre
de 2023; sin que, a la fecha de presentación de la demanda, hubiese expedido
el acto administrativo correspondiente.

7.Al margen de lo anterior, con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia, la entidad expidió la Resolución 1223391 del 5 de junio de
2020, de la cual se ordenó la reliquidación de la pensión por retiro definitivo del
servicio de la demandante como docente del Colegio Boyacá, incluyéndola en
nómina a partir del 1.º de febrero de 2020.

1.2. Mandamiento de pago

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto del 29 de agosto de 2024,
libró mandamiento de pago contra Colpensiones y a favor de la parte ejecutante
por los siguientes conceptos:

1 En concreto, se declaró la nulidad de los artículos 1º, 2º y 5º de la Resolución GNR 268807 del 28 de julio

de 2014; la nulidad de la Resolución GNR 348447 del 3 de octubre de 2014 y la nulidad parcial de la
Resolución VPB 24663 del 14 de marzo de 2015, por la cuales se negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación a la señora Clara Inés Fonseca de Mesa.
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«- Por la suma de $170.942.158 por concepto de capital insoluto generado con ocasión al
incumplimiento de la sentencia base del título judicial.
• Por la suma de $119.780.011 por concepto de intereses moratorios causados hasta el 31
de diciembre de 2023, y los que se causen con posterioridad al 1º de enero de 2024 y hasta
que se efectúe el pago total de la obligación.
• Se negó el mandamiento de pago por concepto de costas y agencias en derecho, solicitado
por la ejecutante».

9. Para arribar a esta conclusión, el a quo sostuvo que debía negarse la solicitud
de librar mandamiento de pago por las costas procesales ordenadas en la
sentencia base de recaudo, toda vez que dicho valor ya había sido consignado
por Colpensiones «a la cuenta dispuesta en el Banco Agrario de Colombia a
órdenes de este despacho» el 7 de febrero de 2023.

10. Asimismo, precisó que en los cálculos presentados con la demanda no se

tuvieron en cuenta los descuentos a salud aplicables sobre las mesadas
pensionales, ni el hecho de que la actora fue incluida en nómina a partir de
febrero de 2020, en virtud de la Resolución SUB 122391 del 5 de junio de 2020.

11. De igual forma, indicó que la solicitud de la parte actora no consideró que la

petición de cumplimiento de la sentencia fue presentada una vez transcurrido el
término máximo de tres (3) meses previstos en el artículo 192 del CPACA, lapso
dentro del cual la entidad condenada debe cumplir el fallo para evitar la causación
de intereses moratorios. En efecto, la sentencia base de recaudo quedó
ejecutoriada el 26 de octubre de 2020, mientras que la solicitud de cumplimiento
fue elevada el 1.º de octubre de 2021. Por tal razón, el cálculo de los intereses
fue ajustado a la realidad procesal del asunto.

12. Con fundamento en lo anterior, y con el apoyo del área contable de esa
corporación judicial, estableció el saldo insoluto de la obligación con corte al 31
de diciembre de 2023, en los siguientes términos:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL VALORES LIQUIDADOS
CRÉDITO A 31/12/2023
Diferencia de mesadas a fecha de ejecutoria $ 167.762.302
Diferencia mesadas adicionales $0
TOTAL DIFERENCIAS DE MESADAS $ 167.762.302
(+) Indexación $ 21.689.740
(-) Descuentos a salud a fecha de ejecutoria $ 18.509.884
(+) Intereses DTF y moratorios a 31/12/2023 $ 119.780.011
TOTAL CRÉDITO A 31/12/2023 $ 290.722.169

1.3. Contestación de la demanda

13. Colpensiones contestó la demanda en la cual propuso las siguientes
excepciones de mérito:

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14. Pago: Explicó que la entidad, mediante la Resolución SUB 238798 del 26 de

julio de 2024, procedió a reconocer, liquidar y pagar la pensión de vejez en favor
de la actora, en cumplimiento de la sentencia judicial base de recaudo. En
consecuencia, se reliquidó la mesada pensional, fijándola en la suma de
$3.010.212, con efectos a partir del año 2024.

15. Compensación y deducción de pagos realizados: Sin que ello implique el

reconocimiento de las pretensiones de la parte actora, solicitó que, en el evento
de no prosperar la excepción de pago, se declare probada la excepción de
compensación y, en consecuencia, se tenga por cumplida la obligación
reclamada en la demanda.

16. Lo anterior, en la medida en que la entidad ya reliquidó la pensión de la actora

mediante la Resolución SUB 238798 del 26 de julio de 2024, en cumplimiento del
título ejecutivo. Agregó que los pagos efectuados por concepto de retroactivos
deben imputarse, en primer lugar, a capital y, posteriormente, a intereses,
conforme a lo dispuesto en la sentencia del 30 de mayo de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente con
radicado 25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).

17. Prescripción: Esta excepción se propuso respecto a cualquier derecho que

eventualmente tuviese la actora.

II. SENTENCIA APELADA

18. El Tribunal profirió sentencia dentro del asunto de la referencia el 27 de junio

de 2025. En dicha providencia se declararon no probadas las excepciones
propuestas y se ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos
indicados en el mandamiento de pago, además de condenar en costas
procesales a la entidad ejecutada. Para arribar a esa conclusión, el a quo estudió
cada una de las excepciones propuestas por la ejecutada, así:

19. En primer lugar, negó la excepción de pago de la obligación, por cuanto, si

bien mediante la Resolución SUB 238798 del 26 de julio de 2024 la entidad
reliquidó la mesada pensional de la actora —fijándola en la suma de $3.010.212
a partir del año 2024—, en dicho acto administrativo no se impartió orden alguna
dirigida a reconocer y pagar las mesadas atrasadas causadas desde la fecha de
consolidación del estatus pensional (30 de junio de 2013), ni los intereses
generados por el pago tardío de las obligaciones contenidas en la sentencia
constitutiva del título ejecutivo. En consecuencia, las obligaciones por las cuales
se libró mandamiento de pago no habían sido satisfechas ni reconocidas por la
entidad demandada.

20. En lo que concierne a la excepción de compensación, recordó que esta solo

se configura cuando entre las partes existen obligaciones recíprocas, en las que

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ambas ostentan simultáneamente la calidad de deudoras. No obstante, a partir
del acervo probatorio obrante en el expediente, únicamente se evidenció que la
entidad adeuda a la actora sumas por concepto de retroactivo pensional e
intereses, sin que esta última sea titular de obligación alguna pendiente de pago
a favor de Colpensiones. Por ende, concluyó que dicha excepción no se
encontraba acreditada.

21. Finalmente, respecto de la excepción de prescripción, consideró que esta no

fue sustentada a partir de un análisis concreto del caso, razón por la cual carecía
de vocación de prosperidad. Adicionalmente, del estudio del material probatorio
se desprendía que la demanda ejecutiva no fue presentada por fuera del término
previsto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de
modo que tampoco por esta vía se configuraba la excepción propuesta.

III. RECURSO DE APELACIÓN

22. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia, con el propósito de que se revocara la decisión adoptada y, en su lugar,
se le absolviera de las pretensiones formuladas por la parte actora. Para
sustentar su inconformidad, expuso los siguientes argumentos:

23. Reiteró que la entidad, mediante la Resolución SUB 238798 del 26 de julio de

2024 y en cumplimiento de las órdenes judiciales contenidas en el título ejecutivo,
dispuso la reliquidación de la pensión de la actora, elevando su cuantía a
$3.010.212, con efectos a partir del mes de agosto de 2024.

24. Agregó que, a su juicio, en el presente caso debía aplicarse al reconocimiento

pensional efectuado mediante la Resolución SUB 238798 del 26 de julio de 2024
el criterio fijado en la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente con radicado
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022), en la cual se estableció que, en
los procesos orientados al pago de retroactivos pensionales y sus respectivos
intereses, los pagos realizados por las entidades del Estado deben imputarse, en
primer término, a capital y, posteriormente, a intereses.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

25. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación

interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, y 322 del CGP.

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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26. De tal modo que, como en este asunto solamente recurrió la decisión proferida

en primera instancia la parte ejecutada, la competencia se limitará a los reparos
efectuados en su recurso.

4.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos planteados por el apelante, le corresponde a

esta Sala de subsección responder el siguiente interrogante:

28. ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante

con la ejecución, por cuanto Colpensiones demostró haber pagado totalmente la
obligación con la expedición de la Resolución SUB 238798 de 26 de julio de
2024?

4.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

4.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo y los requisitos del título
ejecutivo

29. El proceso ejecutivo ha sido definido como el medio procesal para que un

acreedor, de modo coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que
es titular ante un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, «es el medio
para que el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado título ejecutivo) mediante la ejecución forzada»3.

30. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de un derecho
subjetivo, sino que está dirigido a obtener el cumplimiento de una obligación que
consta en un documento que da plena fe de su existencia, siendo el título «el
documento principal a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo».4 Su
definición y requisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 5 del
CPC, en los siguientes términos:

«TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor

3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de 2017, radicado 54001 23 33 000

2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección
Primera, providencia del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María Elizabeth
García González.

4 Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
5 «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares
de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.»
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o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de
otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el
artículo 184».

31. La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.

Los primeros hacen referencia a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.6 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y el
juez tenga certeza de quién lo suscribió7.

32. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del ejecutante

una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se encuentra especificada
en el título y no es el resultado de una presunción legal o de una interpretación;
clara si sus elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente inteligible y se
entiende en un solo sentido; y, exigible si la ejecución no depende del
cumplimiento de un plazo o condición o siempre que estos se hubiesen
cumplido8.

33. Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos enunciados,

de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia de la obligación,
su claridad y que ya es exigible. Así entonces cuando el juez verifica que el
documento cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago

6 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-
00548 01 (2586 – 2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «[…] que se trate de documentos
que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio
ejecutado o causante cuando aquel sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca
a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara
expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma
de dinero». Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María Elizabeth García González, Radicación: 11001
03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que además de
esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que proceda del
deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier otra providencia judicial
que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio
de 2016, radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicado 33.586.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejera ponente Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan
Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
También puede consultarse la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31 000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez
Vargas.
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en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430 del CGP 9,
antes 497 del CPC10.

34. De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es el documento necesario para

que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además, conforme lo
dispone el artículo 422 del CGP11, antes 488 del CPC, i) es la prueba de la
existencia de la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala
con certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido, debe entenderse que
las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad al pago de suma de
dinero constituyen un título ejecutivo.

4.4. Análisis de la Sala al problema jurídico

35. Para resolver el problema jurídico planteado, la Subsección reiterará los
principales supuestos fácticos relevantes del caso:

36. En primer lugar, se recuerda que Colpensiones, mediante la Resolución GNR

268807 del 28 de julio de 2014, ordenó el reconocimiento y pago a favor de la
actora de una pensión de jubilación en cuantía de $1.751.480 para el año 2014,
al acreditar 1.642 semanas cotizadas. Para el efecto, se aplicó una tasa de
reemplazo del 75%, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, sobre un
ingreso base de $2.335.306. No obstante, dicha pensión fue suspendida hasta
tanto la actora acreditara el retiro del servicio como docente. Posteriormente,
mediante las Resoluciones GNR 348447 del 3 de octubre de 2014 y VPB 24663

9«Artículo 430. Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste

mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma
pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.
Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido
planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
Cuando como consecuencia del recurso de reposición el juez revoque el mandamiento de pago por ausencia
de los requisitos del título ejecutivo, el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
del auto, podrá presentar demanda ante el juez para que se adelante proceso declarativo dentro del mismo
expediente, sin que haya lugar a nuevo reparto. El juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la
admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado en el proceso ejecutivo.
Vencido el plazo previsto en el inciso anterior, la demanda podrá formularse en proceso separado.
De presentarse en tiempo la demanda declarativa, en el nuevo proceso seguirá teniendo vigencia la
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generados en el proceso ejecutivo.
El trámite de la demanda declarativa no impedirá formular y tramitar el incidente de liquidación de perjuicios
en contra del demandante, si a ello hubiere lugar».
10 «Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el

juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal».
11 «Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben
liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale
la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184».
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Radicado: 15001-23-33-000-2015-00665-02 (2225-2025)
Demandante: Clara Inés Fonseca De Mesa

del 14 de marzo de 2015, Colpensiones confirmó esa determinación al resolver
los recursos de reposición y apelación, respectivamente.

37. Los anteriores actos administrativos fueron demandados por quien ahora
actúa como ejecutante. Como resultado de ello, el Tribunal Administrativo de
Boyacá y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, profirieron sentencias de primera y segunda instancia
el 24 de agosto de 2016 y el 8 de octubre de 2020, respectivamente. En dichas
providencias se declaró la nulidad de las Resoluciones GNR 268807 del 28 de
julio de 2014 y GNR 348447 del 3 de octubre de 2014, así como la nulidad parcial
de la Resolución VPB 24663 del 14 de marzo de 2015, en consecuencia, se
ordenó a Colpensiones reconocer y pagar a la actora una pensión de jubilación
conforme a la Ley 33 de 1985, en cuantía equivalente al 75% de la asignación
básica devengada durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional,
esto es, al 30 de junio de 2013, y que su pago se efectuara a partir de esa fecha.

38. Duranteel trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Colpensiones expidió la Resolución SUB 122391 del 5 de junio de 2020,
modificando la cuantía en la suma de $2.583.946 de la pensión de jubilación
reconocida a la actora, con efectos a partir del 1.º de febrero de 2020.

39. Posteriormente, la actora promovió demanda ejecutiva con el fin de obtener el

pago del retroactivo pensional causado desde el mes de julio de 2013 —esto es,
a partir del día siguiente a la adquisición del estatus pensional, ocurrida el 30 de
junio de 2013— y hasta el mes de junio de 2020, momento en el cual la entidad
reliquidó nuevamente la mesada pensional mediante la Resolución SUB 122391
del 5 de junio de 2020.

40.Ahora bien, se recuerda que Colpensiones sostuvo en el recurso de apelación
que, mediante la Resolución SUB 238798 del 26 de julio de 2024, dio
cumplimiento a las órdenes contenidas en las sentencias que constituyen el título
ejecutivo, razón por la cual solicitó revocar la decisión de primera instancia y
declarar satisfechas las obligaciones a su cargo.

41. Al respecto, se observa que la entidad ejecutada, al contestar la demanda y

proponer las excepciones de mérito, allegó copia de la Resolución SUB 238798
del 26 de julio de 2024, a través de la cual, en cumplimiento de las sentencias
que conforman el título ejecutivo, reliquidó la mesada pensional de la ejecutante
para el año 2024 en cuantía de $3.010.212. Sin embargo, este acto administrativo
no satisface integralmente la condena impuesta en las sentencias base de
recaudo, pues no efectuó pronunciamiento alguno sobre el reconocimiento y
pago del retroactivo pensional ni de los intereses causados con anterioridad a
dicha fecha, limitándose a reliquidar la mesada pensional con corte al año 2024.

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42. Adicionalmente, la Subsección no advierte en el expediente manifestación
distinta de la entidad, ni constancia de liquidación o pago del retroactivo pensional
debidamente indexado, junto con los intereses causados, que permita concluir —
como se afirma en el recurso de apelación— que las obligaciones impuestas en
el título ejecutivo se encuentran satisfechas en el estado actual del proceso.

43. Lo anterior resulta suficiente para desvirtuar el argumento de Colpensiones

según el cual, mediante la Resolución SUB 238798 del 26 de julio de 2024, se
habría acreditado el cumplimiento de las órdenes impartidas en el título ejecutivo.

44. Respecto al reparo de la imputación de pagos a la que se aludió en el recurso

de alzada, la Sala se abstendrá de pronunciarse dado que la decisión apelada
declaró no probada la excepción de pago que aquí se confirma, por no
acreditarse pago alguno, sin que se efectuara argumento alguno de imputación
de pagos.

4.5. De la condena en costas en segunda instancia

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

47. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de procesos ejecutivos, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. Bajo ese entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la
parte vencida, es decir, a Colpensiones. Para el efecto, conforme con el artículo
366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de
la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
de primer grado.

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Demandante: Clara Inés Fonseca De Mesa

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se ordenó seguir adelante
con la ejecución, por lo dicho en la motivación.

SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, conforme la parte
motiva de esta sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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